Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00464-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2019-00464-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2019-00464-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
30 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 250002336000-2019-00464-01 (71607)
Demandante: Consorcio CB-2014
Demandado: Municipio de Soacha
Medio de control: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: CADUCIDAD EN LA PRETENSIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
– Conforme al artículo 164 del CPACA, la oportunidad para presentar la demanda es de
dos años contados a partir del día siguiente de su perfeccionamiento, o mientras se
encuentre vigente el contrato. / VARIACIÓN DE LA CAUSA PETENDI – El juez de segunda
instancia debe fallar de forma congruente con la demanda, la sentencia de primera instancia
y el recurso interpuesto, por lo que no puede abordar materias que se señalan en la
apelación y que correspondan a nuevos cuestionamientos que no fueron planteados en las
etapas procesales previstas legalmente para ello. / ACTO QUE NIEGA LA SOLICITUD
REVOCATORIA DIRECTA – No es susceptible de control judicial por cuanto no genera una
situación diferente a la contenida en el acto que se pretende revocar, al no tener incidencia
alguna en la decisión tomada por la administración bajo este último.
Surtido el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
La controversia se circunscribe a la presunta nulidad absoluta del contrato de obra
884 de 2014 y de los actos administrativos mediante los cuales la entidad
contratante declaró su incumplimiento total, hizo efectiva la cláusula penal, resolvió
el recurso de reposición, negó una solicitud de revocatoria directa y liquidó
unilateralmente el contrato.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 13 de abril de 2023, en la
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
negó las pretensiones de la demanda presentada el 21 de junio de 2019 1 por el
Consorcio CB- 2014, conformado por las empresas Cabar Construcciones S.A.S. y
Construcciones Benavides Ingenieros Contratistas LTDA. (el contratista, parte
1 Cuaderno 1, folios 2 - 9.
Expediente: 25000233600020190046401 (71607)
Demandante: Consorcio CB- 2014
Demandado: Municipio de Soacha
Acción: Controversias contractuales
actora o recurrente), en contra del municipio de Soacha, Cundinamarca, cuyos
fundamentos de hecho, de derecho y pretensiones se describen a continuación.
Hechos
2. Como supuestos fácticos de sus pretensiones, la demandante indicó que el
16 de octubre de 2014, el municipio de Soacha publicó en la plataforma SECOP los
documentos previos de la licitación pública 022-20142; luego, por medio de la
Resolución 1594 del 31 de diciembre se adjudicó el proceso al Consorcio CB -2014
y ese mismo día se suscribió el contrato de obra pública 884 cuyo objeto fue realizar
el estudio, diseño y reposición de la infraestructura de la ESE Hospital Mario Gaitán
Yanguas III Nivel, en el municipio de Soacha.
3. En la cláusula cuarta se pactó que el valor del contrato sería de
$48.705’129.174,48, incluido el A.I.U. e impuestos, los cuales se dividirían en
$2.766’630.839,67 para los estudios, diseños técnicos, licencias y permisos, y
$45.938’498.335,81 para la obra. Así mismo, se estipuló que el valor se pagaría por
etapas. Para la etapa de estudios y diseños se haría un primer pago
correspondiente al 50% del valor del diseño, una vez radicado el proyecto ante el
Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) cumpliendo con los parámetros
solicitados en el anexo técnico y los establecidos por esa cartera ministerial3.
Adicionalmente, en la cláusula 24 se estipuló que la supervisión de la ejecución y
cumplimiento del contrato estaría a cargo de la Secretaría de Infraestructura,
Valorización y Servicios Públicos y de la Secretaría de Salud, asimismo, en la
cláusula 25 se dispuso que la Interventoría del contrato estaría a cargo del
proponente que resultara seleccionado mediante el concurso de méritos no. 36 de
2014.
4. Como la entidad no había contratado al interventor, solo hasta el 23 de julio
de 20154 se suscribió el acta de inicio por parte del consorcio contratista, la
supervisión y la interventoría, donde se dispuso que el plazo del contrato vencía el
22 de junio de 2016.
5. El contrato se suspendió en dos ocasiones: del 13 de octubre de 20155 al 28
de marzo de 20166 y del 4 de abril de 2016 al 13 de septiembre de 20167. El 14 de
septiembre de 2016 se suscribió una prórroga ampliando el plazo en cinco (5)
meses y quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente a la fecha
del vencimiento del plazo inicialmente pactado, el cual se distribuiría en ocho (8)
2 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “02
TRASLADOPRUEBASANEXOS”, paginas 90-128.
3 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “02
TRASLADOPRUEBASANEXOS”, paginas 429-445.
4 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “02
TRASLADOPRUEBASANEXOS”, página 455.
5 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “19
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_17528133.pdf”
6 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “20
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22105544”
7 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “22
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22181827.
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Expediente: 25000233600020190046401 (71607)
Demandante: Consorcio CB- 2014
Demandado: Municipio de Soacha
Acción: Controversias contractuales
meses y quince (15) días contabilizados desde el acta de inicio para la etapa de
diseños, y ocho (8) meses para la ejecución de obras8.
6. Durante la ejecución del contrato, el contratista tuvo que tramitar una licencia
de exploración arqueológica ante el ICANH9 -el 14 de septiembre de 2015-, la cual
no fue pagada por el municipio. Además, el contratista entregó a la interventoría de
tres (3) versiones de los diseños del proyecto, los cuales fueron objeto de ajustes
en virtud de las observaciones presentadas por el MSPS, lo que implicó realizar un
nuevo diseño durante la ejecución, al pasar el proyecto de un área de diecinueve
mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados (19.450 m2) a veintidós mil metros
cuadrados (22.000 m2).
7. El 27 de febrero de 2017 las partes suscribieron un documento explicativo
del acta de reinicio suscrita el 13 de septiembre, así como un otrosí aclaratorio de
la prórroga, en el sentido de indicar que la etapa de estudios y diseños finalizaba el
2 de marzo de 2017.
8. La entidad inició un proceso sancionatorio en contra del contratista, con base
en el informe de un presunto incumplimiento presentado por el supervisor del
contrato el cual había sido utilizado previamente en otro proceso sancionatorio
(también adelantado en su contra), el cual concluyó el 20 de junio de 2017 con la
expedición de la Resolución 603, mediante la cual se declaró el incumplimiento
definitivo y se hizo efectiva la cláusula penal por el 10% del valor total del contrato.
9. El 27 de junio de 2017 la entidad profirió la Resolución 650 de 2017 con la
cual resolvió el recurso de reposición presentado por la aseguradora en contra de
la Resolución 603 del mismo año, confirmando la decisión del incumplimiento y la
imposición de la cláusula penal; a su vez, el contratista presentó solicitud de
revocatoria directa, la cual fue negada mediante la Resolución 965 del 15 de
septiembre de 2017.
10. El 3 de abril de 2018 por medio de la Resolución 312, el municipio liquidó
unilateralmente el contrato en ceros.
11. El 30 de mayo de 2018 la Sociedad Colombiana de Arquitectos emitió
concepto de las actividades realizadas por el consorcio contratista, donde se
evidenciaba que se elaboraron 3 estudios diferentes en virtud de la modificación de
las áreas médicas del proyecto, toda vez que cada variación requiere un nuevo Plan
Médico Arquitectónico (PMA) implicando una modificación general del diseño, lo
cual no estaba contemplado dentro del contrato suscrito.
8 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “23
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22181982.
9 Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
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Expediente: 25000233600020190046401 (71607)
Demandante: Consorcio CB- 2014
Demandado: Municipio de Soacha
Acción: Controversias contractuales
Fundamentos de derecho
12. La parte actora sostuvo que el contrato está viciado de nulidad absoluta, por
cuanto: (i) la entidad contratante desconoció el principio de planeación al no contar
con las partidas presupuestales y estudios previos; (ii) la interventoría se contrató
seis meses después de suscrito el negocio jurídico que suscita la controversia; y (iii)
la contratante no realizó los análisis necesarios para determinar los plazos reales
de ejecución, así como los trámites y mesas de trabajo que debían adelantarse con
otras entidades para lograr la ejecución del objeto contratado.
13. Igualmente, señaló que las resoluciones con las que se declaró el
incumplimiento y se hizo efectiva la cláusula penal están viciadas de nulidad por
cuanto el plazo previsto inicialmente para la etapa de diseños no era suficiente y
había actividades que dependían de la decisión de terceros, el MSPS finalmente
aprobó los estudios y diseños en abril de 2018, a pesar de lo cual, el municipio
procedió a realizar la liquidación unilateral del contrato en ceros, desconociendo las
actividades realizadas por el contratista, sin balance financiero y sin cuantificación
de perjuicios a su favor.
14. Por último, consideró que se configuró un enriquecimiento sin causa y una
violación al principio de buena fe, pues pesar de que el municipio obtuvo los estudios
y diseños para la reposición de la infraestructura y la licencia de exploración
arqueológica, no se le reconoció ese valor.
Pretensiones
15. Con fundamento en lo anterior, la parte actora solicitó: (i) declarar la nulidad
absoluta del contrato 884 del 31 de diciembre de 2014, por objeto ilícito; (ii) declarar
la nulidad de las resoluciones 603, 650, 965 de 2017 y 312 de 2018; (iii) condenar al
municipio a pagar a favor del contratista, indexadas y con intereses de mora, las
sumas no canceladas por los estudios y diseños realizados, el valor de los PMA 2 y
3, y el total del AIU del contrato; y (iv) condenar en costas a la entidad contratante10.
10 PRIMERA: Que el contrato 884 del 31 de diciembre de 2014, es nulo por objeto ilícito toda vez que está
inmerso en las causales de nulidad contenidas en el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. SEGUNDA:
Que es nula la Resolución No. 603 del 20 de junio de 2017 mediante la cual se declaró el incumplimiento total
del contrato 884 del 31 de diciembre de 2014, hizo efectivas la cláusula penal, se afectaron las garantías y se
ordenó la liquidación del contrato.", toda vez que son falsas las motivaciones que asistieron a la administración
para adoptar las decisiones allí contenidas. TERCERA: Que es nula la Resolución No. 650 del 27 de junio de
2017 mediante la cual el Municipio de Soacha confirma las decisiones adoptadas mediante la Resolución 603
del 20 de junio de 2017, teniendo en cuenta que son falsas las motivaciones que asistieron al Municipio de
Soacha para declarar el incumplimiento del contrato e imponer las multas correspondientes. CUARTA: Que es
nula la Resolución No.965 del 15 de septiembre de 2017 por medio de la cual se niega la solicitud de Revocatoria
Directa de la Resolución 603 de 20 de junio de 2017. QUINTA: Que es nula la Resolución No. 312 del 3 de abril
de 2018, mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato de obra 884 del 31 de diciembre de 2014, por
tener una falsa motivación además de no cumplir con los requisitos legales vigentes y hacer uso abusivo del
poder dominante que le asiste. SEXTA: Que se condene al Municipio de Soacha al pago de todos los gastos,
expensas, perjuicios y daño reputacional causados a mi representada con ocasión de la suscripción del contrato
884 de 2014, la expedición de las resoluciones demandadas, los estudios, trámites y obtención de la licencia
de exploración arqueológica, así como el daño emergente, lucro cesante, los intereses a la tasa más alta
permitida, la corrección monetaria, y demás situaciones que surjan y se prueben dentro del proceso, y cualquier
otro índice de ajuste monetario de tales sumas que sea establecido en la normatividad vigente al momento de
la sentencia. SÉPTIMA: Que se condene al pago de las costas, agencias en derecho y demás gastos del
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Expediente: 25000233600020190046401 (71607)
Demandante: Consorcio CB- 2014
Demandado: Municipio de Soacha
Acción: Controversias contractuales
La contestación de la demanda
16. La entidad contratante se opuso a la prosperidad de las pretensiones 11.
Indicó que el municipio cumplió con los requisitos legales y presupuestales para
adelantar el proceso de selección, incluyendo los correspondientes estudios
previos. Mencionó que si el demandante en su calidad de proponente estimaba que
el plazo era insuficiente o que no estaban dadas las condiciones para ejecutar el
proyecto, le correspondía cuestionar, presentar observaciones y plantear sus
interrogantes en la etapa precontractual, pero no lo hizo.
17. Señaló que el contratista no cumplió con los requisitos técnicos y de calidad
previstos para los estudios y diseños, razón por la que no fueron aprobados por el
MSPS, de manera que se configuró un incumplimiento imputable a su
responsabilidad. Adicionalmente, en virtud de las prórrogas, las necesidades del
proyecto y los documentos técnicos, las partes aceptaron fijar como plazo final de
la etapa de estudios y diseños el 2 marzo de 2017, fecha para la cual no se había
cumplido por el consorcio con las obligaciones a su cargo, por lo que el municipio
debía iniciar el proceso sancionatorio previsto en la ley.
Alegatos en primera instancia
18. El Tribunal a través de proveído del 26 de mayo de 2021 profirió sentencia
anticipada en aplicación del literal c) del numeral 1 del artículo 182A del CPACA 12.
proceso. En la subsanación de la demanda se ajustó la pretensión sexta así: SEXTA: Que se condene al
Municipio de Soacha al pago de: 1. El valor no cancelado por el Municipio de Soacha con cargo a los "estudios
y diseños" conforme establecía la cláusula cuarta del contrato correspondiente a la suma de MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE MIL
PESOS ($1.383.315.420), con sus respetivos intereses a la máxima tasa legal permitida liquidados al momento
de realizarse el pago y debidamente indexada, los cuales fueron entregados en debida forma. 2. El valor total
de las actividades ejecutadas dentro del contrato con cargo al rubro de estudios y diseños correspondiente a la
suma de DOS MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y DOS PESOS ($2.213.304.672) con sus respectivos intereses a la máxima tasa legal permitida liquidados al
momento que se realice el pago y debidamente indexados. 3. El valor de los PMA 2 y PMA 3 correspondiente
a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS ($2.213.304.672) con sus respectivos intereses a la máxima tasa legal permitida al
momento que se efectúe el pago y debidamente indexada. 4. El valor del AIU del contrato 884 de 2014,
correspondientes la suma de CATORCE MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($14.700.000.000.00),
por los recursos dejados de percibir con sus respetivos intereses liquidados a la máxima tasa legal para el día
del pago y debidamente indexada”.
11 Expediente digital, Archivo PDF “005ED_02ContestacionDemand” Índice 5, SAMAI, Tribunal.
12 “Expediente digital, archivo PDF “7AUTOTRASLADOPARTES10DIAS”, a su vez, este auto fue adicionado
del 23 de mayo de 2022 en los términos que a continuación se expresan: PRIMERO: Adiciónese el auto de 26
de mayo de 2021, por medio del cual corre traslado para alegar de conclusión: SEGUNDO: Decretar e incorporar
los medios de prueba aportados por la activa y relacionados en el numeral 3.3 (3.3.1 y 3.3.2). TERCERO: Fijar
el litigio de la siguiente manera: ¿El contrato de obra No 884 de 31 de diciembre de 2014, encuentra inmerso
en causal de nulidad contenida en numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, al haberse celebrado sin
disponer de estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto, como lo dispone el artículo
87 de la Ley 1474 de 2011, o conforme realidad procesal encuentra cumplido este presupuesto normativo y en
consecuencia infundada la pretensión de nulidad absoluta? ¿Las Resoluciones 603 del 20 de junio de 2017;
650 del 27 de junio de 2017; 965 del 15 de septiembre de 2017 y 312 del 3 de abril de 2018, encuentran viciadas
de nulidad por desconocimiento del procedimiento establecido para imponer multas, sanción y declarar el
incumplimiento del contrato, previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, o de acuerdo con la realidad
procesal encuentran desvirtuados los cargos formulados contra los actos administrativos demandados?
Condicionado a que la respuesta a alguno de los anteriores interrogantes sea favorable a la activa: ¿El
MUNICIPIO DE SOACHA, encuentra obligado a reconocer y pagar al CONSORCIO CB 2014 los valores
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Expediente: 25000233600020190046401 (71607)
Demandante: Consorcio CB- 2014
Demandado: Municipio de Soacha
Acción: Controversias contractuales
Una vez vencido el término de traslado otorgado para alegar de conclusión, las
partes reiteraron los argumentos expuestos en el libelo inicial y en la contestación
de la demanda. El Ministerio Público guardó silencio.
Fundamentos de la sentencia de primera instancia
19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas13.
20. Como fundamento de la decisión, el a quo determinó que se probó la
existencia de la viabilidad del proyecto que permitió iniciar el proceso de licitación
pública y la consecuente adjudicación y suscripción del contrato, sin que se
avizorara una violación al principio de planeación o una ausencia de disponibilidad
presupuestal. Además, las modificaciones del área y las solicitudes de corrección
formuladas por el MSPS a las entregas presentadas por el contratista no
comportaron una transformación del objeto contractual, ni crearon circunstancias
diferentes a las que se hicieron públicas desde el procedimiento de selección,
razones para desestimar la pretensión de nulidad absoluta del contrato.
21. Respecto de la nulidad de los actos acusados, concluyó que debía
desestimarse tal pretensión por cuanto fueron debidamente motivados y se acreditó
que atendieron a la realidad de la ejecución del negocio jurídico, toda vez que, al
momento de la culminación de la primera etapa relativa a estudios y diseños, el
contratista no había cumplido con las obligaciones a su cargo, desconociendo el
cronograma estipulado. Sobre este particular, explicó que las entregas del PMA
fueron devueltas en varias oportunidades por no satisfacer las especificaciones
técnicas normativas previstas en la Ley 715 de 2001, la Resolución 2003 de 2014
Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 4445 y 5042 de 1996
proferidas por el Ministerio de Salud, sumado a que la última entrega del PMA se
realizó por el contratista el 16 de junio de 2017, esto es, fuera del término fijado que
correspondía al 2 de marzo de 2017. Además, no se acreditó que los estudios y
diseños fuesen aprobados por el MSPS contrario a lo afirmado en la demanda.
22. En igual sentido, determinó que se desvirtuó el enriquecimiento sin justa
causa y la violación al principio de buena fe, comoquiera que lo ejecutado tuvo
sustento contractual y de contera no había ausencia de causa jurídica, mientras que
el inicio del procedimiento administrativo y su culminación se sustentó en la falta del
cumplimiento de la primera fase del contrato. Además, el contratista fue citado para
pretendidos, o impone ajustar los montos por haberse probado que son inferiores, o hay lugar a condena en
abstracto? CUARTO: Correr traslado por el término de diez (10) días, a efecto que los extremos procesales y el
Ministerio Público, según lo estimen procedente, presentes sus alegaciones finales y emita concepto,
respectivamente. (…)”
13 La parte resolutiva de la sentencia dispuso: “PRIMERO: Aceptar impedimento del Magistrado José Elver
Muñoz Barrera. SEGUNDO: Niega las pretensiones de la demanda, en orden de las valoraciones que
anteceden. TERCERO: Sin condena en costas conforme decantó en el anterior considerando. CUARTO:
Ejecutoriada liquídense por Secretaría los gastos de proceso, y devuélvanse los remanentes al interesado.
Pasados dos (2) años sin que hubieren sido reclamados dichos remanentes, la Secretaría declarará la
prescripción a favor de la Rama Judicial. QUINTO: Cumplido lo anterior, por Secretaría de esta Subsección
ARCHÍVESE el expediente dejando las constancias del caso”.
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Expediente: 25000233600020190046401 (71607)
Demandante: Consorcio CB- 2014
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Acción: Controversias contractuales
efectuar la liquidación bilateral, pero no asistió, habilitando de esa manera a la
entidad a proceder con la liquidación unilateral.
23. Específicamente en lo relativo a la Resolución 312 con la que se liquidó
unilateralmente el contrato, indicó que los cargos invocados por el demandante
también carecían de fundamento probatorio, comoquiera que no se entregaron los
productos pactados y en consecuencia no había lugar a reconocer suma alguna a
su favor, quedando en ceros el balance financiero final del contrato. Explicó que la
ausencia de reconocimientos a favor del contratista tuvo sustento en lo acordado
por las partes, por cuanto el pago estaba condicionado al aval del MSPS del PMA y
la habilitación de la segunda fase, situación que no ocurrió, por lo que las entregas
del demandante no comportaron reconocimiento económico alguno en marco de la
cláusula cuarta del negocio jurídico celebrado.
24. Por último, se abstuvo de condenar en costas al considerar que no se
configuró una manifiesta carencia de fundamento legal en los argumentos del
extremo procesal vencido.
II. EL RECURSO DE APELACIÓN
25. El contratista presentó recurso de apelación contra la anterior decisión con
fundamento en que se configuró un defecto fáctico, al no tenerse en cuenta por el
Tribunal de primera instancia que:
26. (i) la entidad demandada adjudicó un contrato sin contar con las condiciones
mínimas necesarias para su ejecución, como estudios previos adecuados y
licencias, desconociendo el principio de planeación y actuando con desviación de
poder, y, en consecuencia, se configuró la nulidad absoluta del negocio jurídico
aducida en la demanda;
27. (ii)
las variaciones al proyecto inicialmente contratado conllevaron a la
imposibilidad de cumplir con el plazo previsto para la elaboración de los estudios y
diseños;
28. (iii) la entidad contratante no había realizado la titularidad del inmueble por
escritura pública mediante un desenglobe, impidiendo tramitar la licencia de
construcción y retrasando el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista;
29. (iv) durante la ejecución del contrato se requirió suspender las actividades
hasta tramitar una licencia arqueológica ante el ICANH, situación no contemplada
en la matriz de riesgos ni informada previamente al contratista y que le impidió
cumplir el cronograma pactado; y
30. (v) aunque el anexo técnico solo preveía la revisión y aprobación de los
estudios y diseños por parte de la interventoría, la contratante exigió arbitrariamente
que esta se efectuara también por parte de la Gobernación de Cundinamarca, lo
que generó demoras injustificadas y circunstancias atribuibles a un tercero que
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Expediente: 25000233600020190046401 (71607)
Demandante: Consorcio CB- 2014
Demandado: Municipio de Soacha
Acción: Controversias contractuales
impidieron que los plazos de ejecución de las actividades de estudios y diseños se
culminaran en los tiempos establecidos en el contrato.
31. Asimismo, consideró que el a quo incurrió en un defecto jurídico, pues se
acreditó la nulidad de las resoluciones con las cuales se declaró el incumplimiento
y se hizo efectiva la cláusula penal, en la medida que la entidad demandada
sancionó al contratista sin analizar si hubo culpa de su parte y sin valorar que
algunas de sus obligaciones sí fueron cumplidas, por lo que aplicó un régimen de
responsabilidad objetiva y la sanción fue desproporcionada.
III. CONSIDERACIONES
Oportunidad de la demanda
32. Respecto de la oportunidad para solicitar la declaración de nulidad absoluta
del contrato debe darse aplicación al literal j) del artículo 164 del CPACA, el cual
establece que, para tales efectos, el término para presentar la demanda es de dos
(2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al del perfeccionamiento
del negocio jurídico, sin perjuicio de que pueda interponerse mientras este se
encuentre vigente. Para el caso en concreto, se tiene que el contrato se perfeccionó
el 31 de diciembre de 201414 y se liquidó unilateralmente el 3 de abril de 201815, no
obstante, la demanda se presentó el 21 de junio de 201916.
33. A partir de lo anterior, estando acreditado que la demanda se presentó
transcurridos más de tres (3) años después del perfeccionamiento del contrato y
cuando este ya no se encontraba vigente, en el caso en concreto se configuró la
caducidad respecto de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico
celebrado, razón por la cual la Sala declarará de oficio tal circunstancia y se
abstendrá de realizar un pronunciamiento de fondo respecto de los cargos de
apelación relacionados con ese pedimento.
Cuestión preliminar
34. Como se ha expuesto por esta Subsección17, el juez de segunda instancia
debe fallar de forma congruente con la demanda, la sentencia y el recurso
interpuesto.
35. En el recurso de apelación, la parte actora presenta unos cuestionamientos
que no se presentaron en la demanda y que por ende no fueron objeto del litigio. En
este sentido, indicó que: (i) las resoluciones con las que se declaró el incumplimiento
14 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “08
C_PROCESO_14-1-127438_225754011_20633764”.
15 Expediente digital, Archivo PDF “007ED_04SUBSANACIONpdf”, paginas 87-93.
16 El trámite conciliatorio inició el 19 de diciembre de 2017 y culminó con audiencia de conciliación del 26 de
febrero de 2018 (Expediente digital, Archivo PDF “007ED_04SUBSANACIONpdf”, paginas 9-11).
17 Criterio reiterado por esta Subsección, entre otras, en las sentencias del 24 de octubre de 2016, Exp. 34357.
C.P. Hernán Andrade Rincón, del 14 de febrero de 2019, Exp. 58894. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, del 20
de febrero de 2020, Exp. 54407. C.P. María Adriana Marín, del 20 de noviembre de 2020, Exp. 64865, C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico, del 30 de julio de 2021, Exp. 50728. C.P. José Roberto Sáchica Méndez, del 13
de agosto de 2021, Exp. 65589, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, del 12 de julio de 2024, Exp. 69.817. C.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez.
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Expediente: 25000233600020190046401 (71607)
Demandante: Consorcio CB- 2014
Demandado: Municipio de Soacha
Acción: Controversias contractuales
y se hizo efectiva la cláusula están viciadas de nulidad, por cuanto en tales
resoluciones se determinó su responsabilidad sin un análisis de su culpabilidad y
sin considerar que cumplió parcialmente con sus obligaciones, y por ende, bajo un
régimen objetivo y con desconocimiento del principio de proporcionalidad, (ii) la
contratante exigió sin justificación que los estudios y diseños no solo se aprobaran
por la interventoría sino también por parte de la Gobernación de Cundinamarca, lo
que impidió que los plazos de ejecución culminaran en los meses establecidos en
el contrato. Estos argumentos no fueron propuestos desde el inicio del proceso, sino
que corresponden a cargos nuevos introducidos en el recurso de apelación, por lo
que la Sala se abstendrá de considerarlos en esta instancia.
36. Respecto del primero de estos cargos, la parte actora no hizo alusión alguna
en la demanda, ni formuló pretensión subsidiaria sobre este aspecto. En relación
con el segundo, no se cuestionó la exigencia de que los estudios y diseños debían
aprobarse por la Gobernación de Cundinamarca. En el hecho 9 de la demanda, se
indicó que la Dirección de Desarrollo de Servicios de esa entidad, en oficio
CE2016522177 del 19 de abril de 2016, informó al Interventor del contrato que los
diseños entregados por el contratista cumplían con todos los requisitos, siendo
procedente radicarlos ante el MSPS para obtener la correspondiente viabilidad y
autorización, “siendo esta situación la que da cumplimiento a la obligación
contractual adquirida”; así mismo, en la página 23 del libelo inicial, se afirmó que “la
nueva administración municipal que iniciaba el 1 de enero de 2016 (..) hizo
modificaciones al proyecto ya aprobado por el Municipio y la Gobernación que era
lo establecido en el anexo técnico del contrato, generando un segundo PMA que
debió ser sometido a todas las aprobaciones necesarias”.
37. Adicionalmente, aunque en el recurso se reiteró que la entidad demandada
“pretendió enriquecerse sin justa causa a expensas del contratista sancionado y de
la compañía aseguradora, pues recibió los diseños”, no se ofrecieron motivos de
disenso respecto de la conclusión del Tribunal que conllevó a desestimar el cago de
enriquecimiento sin causa (pretensión que además no se elevó de manera
subsidiaria sino de forma incompatible con las principales presentadas), consistente
en que lo ejecutado tuvo sustento contractual descartando la ausencia de causa
jurídica como elemento cardinal para su procedencia, de manera que esa sola
manifestación del apelante, no configura un cuestionamiento frente a lo decidido por
el a quo sobre el particular y que sea susceptible de ser analizado en esta instancia.
38. Igualmente, la parte actora solicitó en su demanda declarar la nulidad de la
Resolución 965 de 2017 por medio de la cual se resolvió de manera negativa la
solicitud de revocatoria directa de la Resolución 603 de 217. Ignora el actor que esta
Corporación18 ha señalado reiteradamente que este tipo de actos no son
susceptibles de control judicial por cuanto con ellos no se genera una situación
18 Consultar entre otras las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 5 de mayo de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación:
25000232400020100026001, Consejo de Estado Sección Primera, de 23 de octubre de 2014, Radicación
25000-23-41-000-2014-00674-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 11 de abril de 2019, Radicación 25000-23-41-
000-2017-01391-01, C.P. Oswaldo Giraldo López; y 30 de mayo de 2019, Radicación: 76001-23-33-002-2016-
00839-01, C.P. Oswaldo Giraldo López.
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diferente a la contenida en el acto que se pretende revocar, pues no tienen
incidencia alguna en la decisión tomada por la administración bajo este último. En
consecuencia, la Sala se abstendrá de analizar y negará la pretensión de nulidad
de la Resolución 965 de 2007.
39. Por otro lado, se debe dejar consignada la imperfecta formulación de las
pretensiones de la demanda, asunto frente al cual el Tribunal dejó de observar los
deberes que le correspondían para evitar nulidades o fallos inhibitorios. Se constata
que las pretensiones se excluyen unas a otras, pues si el actor pretendía la nulidad
del contrato, no podía de manera coetánea pretender declaraciones propias de un
contrato válido, o fundadas en derechos y deberes bajo el mismo, en particular,
como contratista cumplido, desatendiendo lo dispuesto por el artículo 165 del
CPACA19.
40. La prosperidad de la pretensión de nulidad absoluta del contrato dejaría sin
objeto cualquier análisis sobre la legalidad de los actos posteriores, cuando el
ataque en su contra se funda en motivos distintos a los de la ilegalidad del vínculo
contractual.
41. De igual manera la totalidad de las pretensiones económicas, que abarcan
los conceptos de (a) gastos, expensas, perjuicios y el alegado daño reputacional
derivados de la suscripción del contrato 884 de 2014, los estudios realizados, los
trámites administrativos y la obtención de la licencia de exploración arqueológica; y
(b) daño emergente, lucro cesante, intereses moratorios y corrección monetaria; son
inconexas con lo pretendido en la demanda, toda vez no son propiamente
consecuenciales de las principales, en la medida que no se erigen como una
consecuencia directa e ineludible de la mera declaración de nulidad del contrato o
de la nulidad de los actos administrativos cuestionados. Paralelamente, no se allegó
alguna pretensión explícita de incumplimiento o cualquier otra tendiente a imputar y
establecer alguna responsabilidad en cabeza de la entidad demandada que pudiere
conllevar al pago de los conceptos antes indicados, por lo que sin una base que la
vincule con estos, las pretensiones de pago carecen de un sustento para su
prosperidad.
42. De esta manera la formulación de las pretensiones adolece de una notable
imprecisión y falta de claridad, contraviniendo de manera directa lo dispuesto por el
artículo 162, numeral 2 del CPACA20, en tanto no se identificó cuáles de ellas eran
principales, subsidiarias y consecuenciales.
43. Esta incompatibilidad en las pretensiones plantea una incongruencia
procesal que dificulta la construcción de una sentencia coherente y ajustada a las
normas sustanciales y procesales. Por tanto, la Sala llama la atención sobre este
19 “En la demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho,
relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas y concurran los siguientes requisitos:
(…) 2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias”.
20 “Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: (…) 2. Lo que se pretenda, expresado
con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto
en este mismo Código para la acumulación de pretensiones (…)”
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aspecto, en el sentido de que la claridad, precisión y coherencia en la formulación
de las pretensiones no es un mero formalismo procesal, sino un requisito esencial
e ineludible para garantizar una sentencia justa, consonante con las actuaciones de
las partes y ajustada al ordenamiento jurídico.
44. Sin perjuicio de lo anterior, como el a quo permitió que el proceso llegará a
esta instancia procesal en las condiciones anotadas, sin protesta de la contraparte,
en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial
efectiva de los sujetos involucrados en el proceso, la Sala absolverá los cargos en
los términos allegados por la parte actora en el recurso de apelación, interpretando
que la pretensión de nulidad absoluta del contrato era principal y las demás
subsidiarias.
Problema jurídico
45. La recurrente reprocha la decisión de primera instancia por no haberse tenido
en cuenta las razones ajenas a su responsabilidad que impidieron que para ese
momento se cumpliera con la totalidad de las actividades previstas para la fase de
diseños. Por ende, corresponde a la Sala determinar si los hechos que cita el
apelante, atinentes a que (i) el proyecto fue objeto de importantes variaciones; (ii) no
se había escriturado el predio objeto del contrato, impidiendo tramitar la licencia de
construcción; y (iii) se requirió gestionar una licencia arqueológica, lo que no era un
riesgo informado ni asumido por el demandante; son aspectos que se ubican en la
génesis del incumplimiento que fue declarado en su contra, con efectos sobre la
legalidad de los actos demandados y los perjuicios que reclama sean indemnizados,
que debían ser incluidos dentro de la liquidación del contrato
Sobre las variaciones del proyecto
46. Aunque el demandante afirmó que el plazo de la etapa de estudios y diseños
resultó de imposible incumplimiento, por cuanto tuvo que elaborar tres (3) PMA
distintos con ocasión de que el proyecto pasó de un área de diecinueve mil
cuatrocientos metros cuadrados (19.450 m2) a veintidós mil metros cuadrados
(22.000 m2), las pruebas dan cuenta que las demoras en la aprobación del PMA
obedecieron a que las entregas realizadas por el contratista fueron devueltas por no
satisfacer las especificaciones técnicas normativas exigidas, particularmente, las
previstas en la Ley 715 de 2001 , la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud
y Protección Social y las Resoluciones 4445 y 5042 de 1996 proferidas por el
Ministerio de Salud. Frente a estas exigencias, el demandante no opone probanza
o valoración de que no le eran exigibles tales especificaciones.
47. El anexo técnico que hizo parte de los documentos precontractuales y del
contrato, establecía que el contratista debía “realizar las correcciones y ajustes
solicitados por la Administración municipal y/o interventor y/o las empresas de
servicios públicos dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de la
solicitud”, por lo que tales correcciones y ajustes debían “ser considerados en su
programación” y no lo exoneraban de “cumplir con la entrega de los estudios y
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diseños, debidamente revisados y aprobados por el Interventor, dentro del plazo de
ejecución del contrato”. Así mismo, se determinó que “los costos y gastos que se
generen durante la etapa de estudios y diseños o por concepto de las correcciones
requeridas por la Interventoría, Administración municipal, Curadurías, Empresas
prestadoras de Servicios y otros del orden Municipal” correrían por cuenta del
contratista.
48. El 25 de septiembre de 2015, transcurridos dos (2) meses desde el inicio de
la etapa de estudios y diseños, se llevó a cabo una reunión para abordar el presunto
incumplimiento del contratista con ocasión de los retrasos en las actividades a su
cargo, motivo por el cual, éste se comprometió a presentar un plan de mejoramiento
para corregir los tiempos perdidos y subsanar las observaciones realizadas por la
interventoría frente a los productos entregados para revisión21.
49. Según consta en el acta de reunión del 13 de octubre de 2015, en el plan de
mejoramiento presentado por el contratista, éste se obligó a entregar los productos
con las observaciones corregidas el 8 de octubre de 201522, no obstante, no se
cumplió con algunos de ellos, como los correspondientes a gas natural y al plan de
manejo ambiental.
50. El 4 de abril de 2016 el contratista radicó ante la Secretaría de Salud de la
Gobernación de Cundinamarca el diseño arquitectónico23, y con base en ello,
solicitó a la entidad contratante y a la interventoría la suspensión del contrato hasta
que se llevara a cabo la revisión y aprobación del proyecto24. En virtud de lo anterior,
se dejó constancia de la solicitud realizada y se suscribió la suspensión 2 del
proyecto con el fin de dar continuidad a la ejecución del contrato25.
51. El 2 de agosto de 2016, a través del oficio con radicado 20162131014199931,
el subdirector de prestación de servicios del MSPS informó al secretario de salud
departamental de Cundinamarca, que el anteproyecto para reposición de la
infraestructura del hospital no cumplía con los requisitos mínimos para continuar
con su desarrollo, por lo que se devolvía para que se subsanaran los aspectos
indicados y se radicara posteriormente con el fin de continuar con su evaluación.
Asimismo, se anexó a la comunicación el pronunciamiento técnico realizado por la
dirección de prestación de servicios y atención primaria del Ministerio26.
52. En reunión del 9 de septiembre de 2016, el supervisor del contrato puso de
presente al contratista que no era claro por qué luego de un (1) año de haberse
adjudicado la licitación y aun cuando se había postulado el equipo calificado para la
21 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “02
TRASLADOPRUEBASANEXOS”, página 464-469.
22 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “02
TRASLADOPRUEBASANEXOS”, página 473-475.
23 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “02
TRASLADOPRUEBASANEXOS”, página 509-510.
24 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “02
TRASLADOPRUEBASANEXOS”, página 507.
25 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “02
TRASLADOPRUEBASANEXOS”, página 751.
26 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 1-9.
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ejecución del proyecto, era reiterativa la necesidad de efectuar correcciones a los
diseños. Además, el supervisor planteó su preocupación frente a los requerimientos
del contratista de mayores tiempos para realizar las correcciones, por lo que sugirió
más dedicación por parte del personal experto dispuesto por el contratista para tal
fin27.
53. El 12 de septiembre de 2016 la interventoría en correo electrónico dirigido al
supervisor del contrato indicó: “Teniendo en cuenta el plan de acción presentado
por el contratista vemos con preocupación que el Consorcio CB 2014 no ha
entregado los diseños arquitectónicos de tal manera que se pueda contar con el
aval de la interventoría y estar radicado el miércoles 14 de sept. en la
gobernación”28.
54. El 13 de septiembre de 2016, luego de que el MSPS emitiera
pronunciamiento sobre los aspectos a subsanar en el anteproyecto, se suscribió el
acta de reinicio del contrato29.
55. El 14 de septiembre de 2016, el contratista presentó respuesta a las
observaciones del MSPS con relación al diseño arquitectónico, manifestando que
habían sido resueltas en un 95%, adjuntando un cuadro comparativo con los
comentarios realizados y la solución planteada30. Este mismo día, la interventoría
informó a través de correo electrónico al supervisor, que se estaban verificando los
diseños entregados a esa fecha por el contratista, sin que se hubiera cumplido con
el 100% de las observaciones, por lo que en consecuencia no podían ser radicados
ante la Gobernación de Cundinamarca para contar con su aval31.
56. El mismo 14 de septiembre de 2016 se suscribió la prórroga 1 del contrato,
con el propósito de culminar los estudios y diseños, modificando la cláusula de plazo
de ejecución ampliándolo en cinco (5) meses y quince (15) días, esto, con
fundamento en el cronograma (plan de acción) presentado por el contratista y
avalado por la interventoría32.
57. El 15 de septiembre la interventoría remitió concepto del especialista en
estudios y diseños, en donde se indicó que seguían pendientes algunos ajustes
arquitectónicos, razón por la que no se podía dar el aval y se requería programar
una reunión con la Gobernación de Cundinamarca y el MSPS33. El 16 de septiembre
de 2016 se llevó a cabo la reunión mencionada, contando con la participación del
27 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 27-30.
28 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 32.
29 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “24
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182009”.
30 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 48-52.
31 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 37.
32 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “22
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22181827”.
33 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 38.
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representante del consorcio contratista, quien asumió el compromiso de hacer los
ajustes de acuerdo con las observaciones presentadas y las conclusiones
concertadas34.
58. El 21 de septiembre de 2016 se llevó a cabo mesa de trabajo en la que
participaron representantes del municipio, el contratista, la Gobernación de
Cundinamarca y el MSPS, donde se concluyó: “Las partes (…) quedaron de acuerdo
con las consideraciones surgidas durante la revisión general y adelantaran los
ajustes necesarios. La subdirección de Infraestructura en salud está pendiente de
las mesas de trabajo que sean necesarias en apoyo a las entidades involucradas
(…) para las eventuales reuniones sucesivas se recomienda que las propuestas
arquitectónicas que se presenten cuenten con la concertación previa entre todas las
partes interesadas (…)”35.
59. En virtud de lo anterior, la interventoría envió las observaciones a los diseños
arquitectónicos36 remitidos por el contratista; asimismo, informó al municipio que se
concertó realizar con la Gobernación de Cundinamarca comités de revisión al
proyecto en virtud de la fecha de radicación de los diseños ante el MSPS37.
60. El primero de los comités referenciados se llevaría a cabo el 27 de
septiembre de 2016, por lo cual, conforme a correo remitido al contratista
previamente, este debía llevar impresos los planos una vez subsanadas las
observaciones presentadas en el comité38. No obstante, el 22 de septiembre el
contratista respondió que no era razonable atender la solicitud, teniendo en cuenta
que el proyecto había tenido modificaciones y que gracias a la mesa de trabajo
realizada el día anterior se impartieron directrices claras por parte del MSPS que
iban a ser atendidas, por lo que se sugería postergar la reunión39.
61. El 23 de septiembre de 2016, el municipio solicitó al interventor informar
respecto de la ejecución del contrato, en particular, sobre el seguimiento realizado
al cumplimiento de las actividades del cronograma entregado por el contratista en
su solicitud de prórroga40. Ese mismo día a través de correo electrónico, la
interventoría advirtió al contratista que restaban tres semanas para que se radicaran
ante el MSPS los diseños avalados por las partes de acuerdo con el plan de acción
presentado, pero a pesar de ello, el nivel de avance no era el esperado, por lo que
34 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 42-47.
35 Ayuda de memoria de la mesa de trabajo del 21 de septiembre de 2016, obrante en Expediente digital,
Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25 DA_PROCESO_14-1-
127438_225754011_22182182”, página 65.
36 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 58.
37 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 62.
38 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 63.
39 Ibidem.
40 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 84-87.
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insistió en que se diera cumplimiento dentro de las fechas proyectadas por el mismo
contratista41.
62. El 27 de septiembre de 2016 se adelantó la mesa técnica de revisión de
avance del diseño en la que se plasmó que no se presentaron las correcciones por
parte del contratista, por lo que se aplazaba para el viernes 30 de septiembre 42. El
hoy demandante solicitó a la interventoría realizar un ajuste al cronograma del plan
de acción respecto de las fechas de comienzo de los diseños técnicos, debido a las
observaciones realizadas por las entidades que requerían ajustar parte del diseño
arquitectónico, y resaltó que, con el trabajo conjunto entre el contratista,
interventoría y las entidades, se habían podido reducir los tiempos de revisiones y
ajustes43. A pesar de esto, la interventoría no aprobó la solicitud, por cuanto el
contratista había tenido el tiempo y la claridad suficiente frente a los ajustes a
realizar para determinar las fechas de entrega44.
63. El 30 de septiembre de 2016 se llevó a cabo el comité de seguimiento, el cual
fue suspendido hasta el 3 de octubre de 2016, fecha en la cual el contratista informó
que no asistiría, pues consideraba que podía avanzar en los ajustes que faltaban
de acuerdo con las observaciones y recomendaciones ya realizadas45. El 4 de
octubre de 2016, hizo entrega de algunos planos como respuesta a los ajustes de
diseño de acuerdo con el pronunciamiento técnico hecho por el MSPS.
64. El 5 de octubre de 2016 la interventoría manifestó su preocupación por
cuanto el 11 de octubre debían estar radicados los diseños arquitectónicos con el
aval de la interventoría y la Gobernación de Cundinamarca, a pesar de lo cual no
se habían atendido a la fecha las observaciones efectuadas en las mesas
técnicas46. Igualmente, se presentaron observaciones a los diseños de arborización
y paisajismo que debían ser subsanadas47.
65. El 7 de octubre de 2016, la interventoría presentó observaciones a los
diseños de gases medicinales, reiterando que los productos se estaban radicando
sin cumplir con la calidad respectiva48, igualmente, recordó las fechas del
cronograma que estaban próximas a cumplirse.
66. El 10 de octubre de 2016 la interventoría remitió las observaciones a los
diseños bioclimáticos y diseños geométricos, y, por otra parte, solicitó al municipio
41 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 64.
42 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 92-98.
43 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 107.
44 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 111.
45 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 132-153.
46 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 241-243.
47 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 241-245.
48 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 252.
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contratante el inicio de un proceso administrativo sancionatorio con base en el
incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del contratista, en especial, por
la mora en la entrega de los estudios y diseños en las fechas programadas49.
67. El 11 de octubre de 2016, ante el incumplimiento del contratista, la
interventoría nuevamente lo requirió para que las observaciones a los diseños
fueran solucionadas de manera total y real50.
68. El 12 de octubre de 2016, el municipio contratante hizo la devolución del
anteproyecto presentado por el contratista, pues una vez revisado, se determinó
que los planos entregados seguían pendientes de correcciones y no daban
cumplimiento a los requerimientos planteados por el MSPS y a las observaciones
presentadas en las mesas técnicas51.
69. En virtud del requerimiento realizado por la entidad contratante, la
interventoría a través del informe de incumplimiento del 20 de octubre de 2016 y
con el fin de dar continuidad al inicio del proceso sancionatorio, procedió a dar el
balance de ejecución del contrato conforme al avance de los productos entregados
por el contratista, así: diseño arquitectónico 50%; revisión MSPS 0%; diseño
estructural 10%; licencia de construcción 0%; diseño de aire acondicionado 10%;
diseño hidrosanitario y red contra incendios 0%; diseño eléctrico, voz, y datos 0%;
diseño de gases medicinales 10%; estudios de seguridad humana 10%; diseño
geométrico de vías 10%; diseño de arborización y paisajismo 40%; y estudio
bioclimático 40%; todo lo cual correspondía a un porcentaje de ejecución contractual
total general del 40%. En esa medida, la interventoría reiteró su recomendación de
dar inicio al proceso sancionatorio previsto en la cláusula 13 del contrato, con
fundamento en el reiterado incumplimiento de las obligaciones del hoy
demandante52.
70. El 9 de febrero de 2017, la interventoría se pronunció respecto de los
descargos presentados por el contratista y precisó, entre otros, que: (i) que en el
mes de septiembre de 2016 se acogieron algunas de las observaciones realizadas
por el MSPS, pero posteriormente se continuaron realizando ajustes de los diseños
técnicos complementarios con ocasión de las observaciones que se encontraban
pendientes de resolver por parte del contratista; (ii) se tuvieron que realizar mesas
de trabajo adicionales a las contempladas en el plan de acción, toda vez que el
contratista no atendió en forma y en tiempo las recomendaciones realizadas en cada
una de las mesas de trabajo; (iii) no es cierto que para la fecha en la que se presentó
el informe de incumplimiento el contratista hubiese cumplido con la entrega del
diseño arquitectónico subsanado en un 95%; (iv) los retrasos del contratista no eran
frente a observaciones nuevas, pues se trataba de aspectos técnicos validados
49 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 283-286.
50 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 280.
51 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “25
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182182”, página 290.
52 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “24
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22182009”.
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entre las partes dentro de las mesas de trabajo; y (v) si bien se presentó una
modificación en las áreas, la misma fue definida y conocida por el contratista en el
mes de marzo de 2016, antes de presentar el primer diseño arquitectónico, por lo
que el diseño inicialmente presentado ya incluía los ajustes de área del PMA53 y los
retrasos no tuvieron origen en esa variación.
71. El 27 de febrero de 2017, la prórroga al contrato fue objeto de un otrosí
aclaratorio54 suscrito por ambas partes, en el sentido de establecer que la fecha de
terminación de la etapa de estudios y diseños sería el 2 de marzo de 2017, de
conformidad con lo indicado en el acta de reinicio 255.
72. Para el 2 de marzo de 2017 no se había cumplido con las obligaciones a
cargo del contratista por cuanto no se había entregado al MSPS el proyecto con el
cumplimiento de los requisitos técnicos correspondientes. Según se indicó por la
misma parte actora, solo hasta el 2 de junio de 2017, transcurridos cuatro (4) meses
de haberse vencido la etapa de estudios y diseños, el proyecto arquitectónico fue
radicado ante la interventoría y, posteriormente, el 16 de junio de 2017, se radicó
ante la Gobernación de Cundinamarca.
73. Lo expuesto respecto de los constantes incumplimientos del contratista frente
al cronograma y los compromisos asumidos resulta coincidente con los más de
veinte (20) requerimientos efectuados por la interventoría para que la parte actora
honrara sus responsabilidades, los cuales fueron relacionados en la Resolución 603
de 2017 sin que fueran objetados o desconocidos56, como se detalla a continuación:
● 5/08/2015 - HSC-800/15-006: Se entregó el Informe de revisión a los diseños
arquitectónicos, encontrando observaciones en el sótano, primer, segundo,
tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno piso.
● 1/10/2015 - HSC-800/15-061: Se informó que los diseños radicados el 24 de
septiembre bajo el oficio CON.CB2014-OP-884-079-2015 no presentaban ningún
avance.
● 5/10/2015 - HSC-800/15-140: Se entregó informe de revisión al contratista frente
a los diseños radicados el 4 de octubre. La interventoría veía con preocupación
que no se cumpliría con la radicación de los diseños el 11 de octubre en la
Gobernación de Cundinamarca.
● 19/09/2016 (e-mail): Se solicitó la entrega de los diseños arquitectónicos según
observaciones de la Gobernación de Cundinamarca del 16 de septiembre de
2016.
53 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “02
TRASLADOPRUEBASANEXOS”, página 623- 625.
54Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “33
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_30195085.”
55 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “34
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_30195098.”
56 Aunque en el expediente no se encuentran estas comunicaciones, éstas no fueron objetadas o desconocidas
por la parte actora durante el curso del proceso.
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● 21/09/2016 - HSC-800/15-129”: Solicitando el cumplimiento del protocolo de
diseños arquitectónicos.
● 07/10/2016 - HSC-800/15-143 (email): Requiriendo al contratista dar
cumplimiento al cronograma.
● 11/10/2016 - HSC-800/15-145: Solicitando la entrega de documentación
cumpliendo técnicamente.
● 12/10/2016 (e-mail): Nuevamente solicitando el cumplimiento del cronograma,
así como la entrega de los diseños urbanos.
● 21/10/2016 (e-mail): Se adjuntó informe emitido por el especialista de la
interventoría respecto al proyecto arquitectónico y se solicitó atender dichas
observaciones que eran reiterativas y no permitían dar el aval respectivo.
● 9/11/2016 - HSC-800/15-167: Se solicitó allegar los planos arquitectónicos
firmados por los especialistas junto con sus matrículas profesionales.
● 11/11/2016 - HSC-800/15-169: Solicitando dar cumplimiento al plan de acción.
● 18/11/2016 - HSC-800/15-176: Se solicitó allegar las memorias urbanas y
arquitectónicas debidamente firmadas por los especialistas, además de subsanar
observaciones.
● 18/11/2016 - HSC-800/15-179: Se advirtió que no se habían entregado los
presupuestos de redes para la revisión respectiva.
● 22/12/2016 - HSC-800/15-199: Solicitando informar el estado de avance en los
diseños arquitectónicos conforme a las observaciones del acta del 7 de diciembre
de 2016, solicitud reiterada el 26/12/2016 con oficio HSC-800/15-203, el
30/12/2016 con oficio HSC-800/15-205, el 5/1/2017 (e-mail), el 10/1/2017 con
oficio HSC-800/15-206, el 13/1/2017 con oficio HSC-800/15-209 y el 14/1/2017
(e-mail).
● 25/1/2017 y 27/1/2017 (e-mail): Se enviaron observaciones a los diseños
arquitectónicos por no cumplir técnicamente.
● 1/2/2017 - HSC-800/15-218: Solicitando definir los acabados para las fachadas
del Proyecto.
● 3/2/2017, 17/2/2017 y 2/3/2017 (e-mail): Nuevamente solicitando ajustes a los
diseños arquitectónicos por no cumplir las observaciones del MSPS.
● 3/3/2017 - HSC-800115-233: Ratificando el incumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista en la etapa de diseños.
74. De esta forma, las pruebas allegadas al proceso revelan que la inejecución
de las actividades acordadas bajo la etapa de estudios y diseños a cargo de la parte
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actora en el plazo convenido, tuvo origen en que desde el primer proyecto radicado,
los productos elaborados no cumplían con los requisitos técnicos exigidos por el
MSPS, motivo por el cual se celebró una prórroga al contrato y se instalaron mesas
de trabajo y seguimiento para que este atendiera y realizara los ajustes conforme a
las observaciones presentadas. Sin embargo, el contratista incumplió
reiteradamente con las fechas y plazos contemplados en el plan de acción que él
mismo había propuesto para suscribir la prórroga al contrato y atender las
observaciones realizadas, presentando correcciones incompletas o sin la calidad
exigida por la interventoría y la Gobernación de Cundinamarca conforme a lo
pactado en el contrato.
75. Aunque el demandante afirmó que la variación del área del proyecto le
impidió cumplir con el plazo pactado, las pruebas dan cuenta de que tal modificación
era conocida desde marzo de 2016, antes de que se presentara el primer diseño
arquitectónico, por lo que no constituyó la causa de las demoras presentadas,
aspecto que se evidencia con las razones que motivaron las continuas devoluciones
de los productos entregados, fundadas en el incumplimiento de las especificaciones
técnicas exigidas. Adicionalmente, la variación de las áreas fue un aspecto anterior
a la celebración de la suspensión y del plan de acción propuesto por el contratista,
por lo que de manera alguna justifica el incumplimiento reiterado del cronograma
posteriormente propuesto, la entrega incompleta de información y el
desconocimiento del anexo técnico, que integraba el negocio jurídico celebrado y
conforme al cual, era obligación del contratista realizar las correcciones y ajustes
solicitados dentro de los cinco (5) días calendario siguientes.
76. Paralelamente, el demandante no allegó elementos de prueba para
determinar que las entregas que realizó efectivamente cumplieran con las
especificaciones del contrato, como tampoco acreditó razones fácticas o técnicas
que justificaran que la última entrega se hiciera cuatro (4) meses después de
vencida la etapa de estudios y diseños, a pesar de tener la carga de desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos con los que se declaró el incumplimiento del
contrato y se hizo efectiva la cláusula penal.
77. En consecuencia, se descartará el cargo propuesto por el apelante.
Sobre el trámite de la licencia de construcción
78. Se afirmó por el apelante que no cumplió con las obligaciones a su cargo en
el tiempo programado para la etapa de estudios y diseños, con ocasión de la falta
de escrituras públicas del predio objeto del contrato, aspecto que era esencial para
tramitar la licencia de construcción.
79. Para efectos de analizar dicho planteamiento, debe tenerse en cuenta que el
municipio publicó en la plataforma SECOP I el 16 de octubre de 2014 el aviso de
convocatoria de licitación pública junto con los documentos relacionados con el
proyecto a ejecutar, de los cuales se resaltan el proyecto de pliego de condiciones,
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Expediente: 25000233600020190046401 (71607)
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el concepto de viabilidad, el anexo técnico, el certificado de tradición y libertad del
inmueble, su levantamiento topográfico y la matriz de riesgos57.
80. En los estudios previos definitivos, la entidad determinó con claridad que el
contrato se ejecutaría por etapas, y que la primera correspondería a los estudios
técnicos y diseños, que culminaba con la expedición de la licencia de construcción,
para lo cual era requisito previo la aprobación del proyecto por parte del MSPS. El
anexo técnico (que se entendía como parte integral del contrato) estableció dentro
de la descripción técnica que el proyecto se adelantaba a fin de obtener el
licenciamiento urbanístico ante la curaduría urbana correspondiente, por lo que, en
la etapa de estudios, diseños y licenciamiento, se incluía la aprobación de los
diseños y todos los productos por parte del MSPS para su radicación ante la
curaduría urbana, y finalmente, el otorgamiento de la licencia de construcción.
81. Por tanto, el contratista tenía conocimiento desde la etapa precontractual que
debía gestionar todos los trámites para obtener la licencia de construcción, de ahí
que no es de recibo que aun cuando acreditó ser un experto en la materia, no
observara en la oportunidad correspondiente las supuestas falencias del proyecto
objeto del proceso de selección en relación con la falta de escrituras del predio
donde se adelantaría el PMA y que supuestamente le impidieron cumplir con las
entregas y aprobación de los estudios y diseños en los plazos acordados.
82. Resulta preciso mencionar que la etapa precontractual es reconocida como
la fase de conformación de las voluntades entre la entidad y los proponentes, pues
al lado de la definición por parte de la Administración acerca de las necesidades
que pretende suplir con la contratación a la que aspira llegar, basada en estudios,
autorizaciones, y apropiaciones presupuestales, también se definen las reglas de
participación y las bases del futuro contrato. Frente a éstas, los interesados pueden
pronunciarse en las diferentes oportunidades que prevé la ley solicitando
aclaraciones, complementaciones o ajustes para el mejor curso y definición del
proceso de selección –y deberán hacerlo como expertos en la actividad a contratar,
si advierten yerros o imprecisiones en tales reglas–. De esta manera, aunque la
génesis esta etapa tiene origen en una decisión administrativa, su desarrollo y la
dinámica de participación de los interesados es expresión de la confluencia de
voluntades que antecede y sustenta el contrato estatal.
83. Lo anterior también se relaciona con el principio de buena fe contractual, el
cual implica la responsabilidad en cabeza de los contratistas de examinar los
documentos dispuestos por la entidad en el proceso de selección y, en caso de
identificar ambigüedades, omisiones o inconsistencias, y en especial, alguna
circunstancia que impida ejecutar el contrato, deben manifestarlas oportunamente
durante la etapa precontractual58. Si el contratista no advierte ni comunica las
deficiencias detectadas en los documentos precontractuales, y posteriormente
surgen controversias relacionadas con esas mismas falencias, no podrá alegar
57 LP 22-2014
58Consejo de Estado, Sección Tercera sentencias: i) Subsección B, Consejera ponente: RUTH STELLA
CORREA PALACIO, Radicación número: 21489 del 28 de mayo de 2012, ii) Subsección C Consejero ponente:
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Radicación 31618 del 18 de marzo de 2015.
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desconocimiento o sorpresa, pues esto va en contravía de los postulados de la
debida diligencia y colaboración que se predican en el marco de los contratos
estatales59.
84. De esa manera, si el consorcio contratista consideraba que había falencias
en los documentos existentes para obtener la licencia de construcción, hito que
finalizaba la etapa de estudios y diseños, o inclusive, si tenía dudas sobre el
particular al tratarse de un elemento esencial para la expedición de esa licencia,
según indica el mismo apelante, debió advertirlo en la oportunidad correspondiente
para que la entidad adoptara las medidas y el contrato se ejecutara de acuerdo con
los plazos y condiciones previstos inicialmente.
85. Además, aunque se aceptara que la falta escrituras del predio objeto del
contrato afectó la expedición de la licencia de construcción y que era un asunto
imperceptible o indetectable desde el proceso licitatorio para el proponente y
posteriormente contratista experto en la ejecución de este tipo de proyectos y la
obtención de esa clase de licencias, lo cierto es que la parte actora no llegó a cumplir
con la aprobación del PMA y del proyecto en general por parte del MSPS, que era
requisito previo para solicitar ante la curaduría urbana la licencia de construcción,
por lo que carece de sentido pretender justificar la inejecución de una obligación con
ocasión de un trámite del que no dependía, sino que era posterior a su cumplimiento.
86. En concordancia con lo anterior, se tiene que dentro del plan de acción
propuesto por el contratista con la suscripción de la prórroga del 14 de septiembre
de 2016, este asumió la obligación de adelantar las actividades relativas al
licenciamiento para el 24 de febrero de 2017, esto es, con posterioridad a las
actividades relacionadas con el ajuste y aprobación de los diseños arquitectónicos,
diseño estructural, diseño aire acondicionado, diseño hidrosanitario y aprobación
por parte del MSPS, así:
59 Se ha dicho también por esta Corporación: “(…) los proponentes tienen la carga de analizar la suficiencia y
consistencia de los estudios previos y de los precios presupuestados, en orden a definir su participación en la
licitación y el contenido de su oferta, pues el contratista no puede desconocer los términos y condiciones que
aceptó y mucho menos aquellos que negoció con la entidad pública (…)”. También se pueden consultar:
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de mayo de 2019, rad. 59309, C. P. Marta Nubia Velásquez
Rico; sentencia de 18 de marzo de 2015, rad. 33223, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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87. Se resalta además que el Decreto Reglamentario 1469 de 2010, compilado
en el Decreto 1077 de 2015, vigente para la época en que se suscribió el contrato,
establecía en su artículo 25 que las solicitudes para licencias de construcción
debían estar acompañadas, entre otros, de “copia de la memoria de los cálculos y
planos estructurales, de las memorias de diseño de los elementos no estructurales
y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento
en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente -
NSR- 10 (…) una copia en medio impreso del proyecto arquitectónico, elaborado de
conformidad con las normas urbanísticas y de edificabilidad vigentes al momento
de la solicitud debidamente rotulado y firmado por un arquitecto con matrícula
profesional, quien se hará responsable legalmente de los diseños y de la
información contenida en ellos”.
88. Como se observa, al tenor de lo previsto en el contrato y la normativa
aplicable, el inicio del trámite de obtención de la licencia de construcción ante la
curaduría urbana no podía iniciar sin que hubiese aprobado previamente el PMA
por parte del MSPS, por lo que la falta de esta aprobación no puede estar justificada
en un requisito propio del licenciamiento, que era un momento posterior.
89. Al lado de lo anterior, se resalta que el apelante no indicó, explicó o sustentó
que la falta de escrituras del predio le hubiese impedido ejecutar los diseños del
proyecto y obtener la aprobación del MSPS en el plazo acordado, obligación que
fue la desatendida y que justificó la declaración de incumplimiento definitivo del
contrato.
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90. Respecto de esto último, se encuentra que la Resolución 603 es clara en
señalar que “38) De conformidad con la cláusula 6 – plazo de ejecución del contrato
y cronograma estimado de obra, el contratista no cumplió con la obtención de la
aprobación de estudios, diseños aprobados por el Ministerio de Salud y Protección
Social, la Administración Municipal, Interventoría y Curaduría en el primer plazo
establecido para la fase de estudios y diseños la cual culminó el 2 de marzo de
2017, lo que impidió el inicio de la segunda fase de obra y construcción”, de modo
que los motivos que llevaron a la declaratoria de incumplimiento, y la consecuente
aplicación de la cláusula penal, consistieron en que al finalizar el plazo para ejecutar
la etapa de estudios y diseños el contratista no había obtenido la aprobación del
proyecto por parte del MSPS, y no el hecho de que no se hubiese tramitado la
licencia de construcción, pues el contratista ni siquiera llegó a esa etapa al haber
incumplido con los requisitos previos para ello, descartando la prosperidad del cargo
estudiado.
Sobre la licencia de exploración arqueológica
91. El recurrente señaló que el Tribunal no analizó la variación temporal
ocasionada con el trámite de la licencia de exploración arqueológica ante el ICANH,
afirmando que esta circunstancia no estaba prevista en los documentos previos, en
la matriz de riesgos, ni en el contrato, situación que retrasó el cumplimiento en el
plazo previsto y generó unos sobrecostos que no se le reconocieron.
92. Sobre este particular, dentro de las pruebas documentales se encuentra el
acta de reunión del 13 de octubre de 2015, en la cual se aceptó la solicitud del
contratista de suspender el contrato a partir de la fecha y hasta tanto culminara el
trámite ante el ICANH60. Con base en lo anterior, ese mismo día, las partes
suscribieron el acta 1 de suspensión con el fin de evitar que los tiempos que
implicaban dicha gestión incidieran en los plazos previstos para la etapa de estudios
y diseños, hasta tanto el ICANH profiriera la respuesta correspondiente. En dicha
acta se consignó: “En consecuencia, se procede a la suspensión del contrato hasta
la expedición de la respuesta por parte del ICANH a partir de la fecha de la
suscripción del presente documento. Debido a la necesidad del concepto en
mención para proseguir a la correcta ejecución del contrato 884 de 2014 por los
motivos expuestos. (…) Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no
generará gastos de administración adicionales ni lucro cesante a cargo del
Municipio (…)61.
93. A su vez, el 14 de marzo de 2016 el contratista informó al municipio y al
interventor las actividades realizadas en aras de obtener la licencia, igualmente, que
una vez consultado con el ICANH se pronosticaba obtener respuesta el 21 de marzo
60 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “02
TRASLADOPRUEBASANEXOS”, página 472-474.
61 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “19
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_17528133”.
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de 201462. Una vez se evidenció que se habían superado los motivos que dieron
origen a la suspensión del contrato, se suscribió el acta de reinicio el 28 de marzo
de 201663, mismo día en que el contratista radicó ante la interventoría el proyecto
arquitectónico para su correspondiente revisión64.
94. Tal como se afirmó por la misma demandante, el ICANH expidió la licencia
con el radicado 1293 del 11 de abril de 2016, esto es, más de 10 meses antes de la
culminación de la etapa I del proyecto, por lo que no se observa cómo dicho trámite
pudo impedir que cumpliera con sus obligaciones de cara a la aprobación del PMA
por parte del MSPS en el plazo convenido, especialmente, cuando posteriormente
el plazo fue prorrogado y se obligó a la ejecución de un plan de contingencia, que
en todo caso y como se expuso, incumplió.
95. En ese orden de ideas, el argumento de la parte actora según el cual el
trámite de la licencia de exploración arqueológica le impidió el cumplimiento de la
etapa de estudios y diseños en el plazo acordado, carece de sustento, pues las
partes adoptaron una medida correctiva y oportuna para no afectar la ejecución
contractual de cara a la situación sobrevenida con la necesidad de esa licencia, esto
es, la suspensión del plazo hasta tanto se superara dicha circunstancia, requisito
que por demás se obtuvo mucho tiempo antes del vencimiento del término de
finalización de la primera fase del contrato.
96. En lo relativo a los presuntos sobrecostos por el trámite y obtención de la
licencia arqueológica que no fueron pagados la entidad, resulta improcedente su
reconocimiento al tratarse de una actividad propia del objeto contratado y ante la
ausencia de prueba de su existencia y cuantía.
97. Se precisa que bajo el contrato la parte actora asumió los costos y riesgos
del licenciamiento que requería el proyecto. De hecho, la primera etapa del negocio
se denominó “ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICO, LICENCIAS Y PERMISOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICO, LICENCIAS Y PERMISOS” y en la forma de
pago se acordó el precio pactado incluía “todos los costos y gastos en los que deba
incurrir el Contratista para la cumplida ejecución del contrato”. Adicionalmente, de
conformidad con el Decreto 763 de 200965, en todos los proyectos con
intervenciones que ocupen áreas mayores a una (1) hectárea que requieran licencia
de urbanización, parcelación o construcción, resulta exigible la licencia de
exploración arqueológica, por lo que su obtención no solo era un aspecto previsible
a cargo del contratista, sino también parte de sus obligaciones bajo el precio
pactado, al tratarse de una actividad natural y necesaria dado que el objeto del
62 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “02
TRASLADOPRUEBASANEXOS”, página 488.
63 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “20
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_22105544.
64 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “02
TRASLADOPRUEBASANEXOS”, página 499.
65 “Artículo 57. Tipos de intervención sobre el patrimonio arqueológico. Son tipos de intervenciones sobre el
patrimonio arqueológico, las cuales requieren autorización del ICANH: (…) 2. Intervenciones en proyectos de
construcción de redes de transporte de hidrocarburos, minería, embalses, infraestructura vial, así como en los
demás proyectos, obras o actividades que requieran licencia ambiental registros o autorizaciones equivalentes
ante la autoridad ambiental, o que ocupando áreas mayores a una hectárea requieran licencia de urbanización,
parcelación o construcción”.
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Expediente: 25000233600020190046401 (71607)
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Acción: Controversias contractuales
contrato comprendía un área de diecinueve mil cuatrocientos cincuenta metros
cuadrados (19.450 m2) y la obtención de una licencia de construcción para su
intervención.
98. Además, aunque a la parte actora le correspondía demostrar la existencia de
los presuntos sobrecostos derivados del trámite de la licencia arqueológica y su
cuantía, lo cierto es que no allegó al expediente prueba alguna sobre el particular;
de hecho, ni siquiera indicó a cuánto ascendieron, toda vez que sus pretensiones
se limitaron a estimar “El valor total” y el “valor no cancelado” de “las actividades
ejecutadas dentro del contrato con cargo al rubro de estudios y diseños”, donde
referenció las versiones del PMA, pero sin especificar si se incluía y a cuánto
correspondía lo relativo al trámite de la licencia de exploración arqueológica.
La liquidación del contrato
99. Ante la evidencia de que el contratista incumplió con su obligación de
presentar ante el MSPS el proyecto con el cumplimiento de las exigencias técnicas
correspondientes dentro del plazo acordado, resulta improcedente el
reconocimiento de las actividades ejecutadas conforme a lo pactado expresamente
en el contrato, tal como fue advertido por el Tribunal a quo.
100. En este sentido, la cláusula cuarta sobre el valor del contrato y forma de pago
establecía que el primer pago correspondiente al 50% del valor del diseño sería
efectuado una vez el proyecto fuera radicado ante la autoridad competente
“cumpliendo con los parámetros solicitados en el Anexo Técnico y los establecidos
por el Ministerio de Salud”, condición que no se cumplió, como es aceptado por la
parte actora, y que como se explicó, no estuvo justificado en circunstancias ajenas
a su responsabilidad, contrario a lo indicado en el recurso de apelación. Por su parte,
el anexo técnico reiteró lo dispuesto en la forma de pago bajo el clausulado del
contrato, al determinar que “(…) sólo se pagará al contratista el precio pactado para
la etapa 1. ESTUDIO, DISEÑO y LICENCIAMIENTO siempre y cuando haya
operado la previa aceptación de todos los productos exigidos66”.
101. En consecuencia, el acto administrativo67 que liquidó el contrato en ceros,
ante la inexistencia de rubros a favor del contratista, se ajustó a lo pactado expresa
e inequívocamente bajo el negocio jurídico celebrado.
Conclusiones
102. Se configuró la caducidad respecto de la pretensión de nulidad absoluta del
negocio jurídico celebrado, toda vez que la demanda se presentó transcurridos más
de dos años desde el perfeccionamiento del contrato y cuando este ya no se
encontraba vigente.
66 Expediente digital, Carpeta “07 20201016ContestaDemandaMunicipioSoacha” Archivo PDF “09
DA_PROCESO_14-1-127438_225754011_12069910” página 5.
67 La resolución con la cual se adoptó la liquidación unilateral del contrato se sujeta al régimen de la ley 80 de
1993.
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Expediente: 25000233600020190046401 (71607)
Demandante: Consorcio CB- 2014
Demandado: Municipio de Soacha
Acción: Controversias contractuales
103. Para el 2 marzo de 2017 el proyecto debía estar aprobado por parte del
MSPS y el contratista solo hasta el 16 de junio de 2017 hizo entrega del último PMA,
por lo que se configuró un incumplimiento del contrato, circunstancia que no derivó
de una causa externa a la parte actora que lo justificara, sino de su propia conducta,
en tanto no realizó los ajustes en tiempo y tampoco observó las condiciones técnicas
exigidas.
104. No hay lugar a realizar reconocimiento alguno al contratista por cuanto no
cumplió con la condición pactada para el primer pago, mientras que el trámite de la
licencia de exploración arqueológica era una actividad propia del objeto contratado
y no se probaron los supuestos sobrecostos que ésta conllevó.
105. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia de primera instancia,
declarando la caducidad de la acción respecto de la pretensión de nulidad absoluta
del contrato, manteniendo la improcedencia de las demás pretensiones de la
demanda.
Condena en costas en segunda instancia
106. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la
presente providencia se dispondrá sobre la condena en costas en esta instancia,
cuya liquidación y ejecución se regirán por lo establecido en el artículo 365 del
C.G.P, el cual señala que hay lugar a condenar en costas a quien se le resuelve
desfavorablemente el recurso, que en el caso concreto, corresponde a la parte
actora.
107. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con dispuesto
por el artículo 366 del C.G.P. En relación con las agencias en derecho, éstas se
rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, vigente para la fecha
en que se presentó la demanda, el cual dispone que, en las sentencias dictadas en
procesos declarativos en segunda instancia, como sucede en el caso concreto, se
fijarán entre 1 a 6 SMLMV.
108. Con fundamento en lo anterior, los integrantes del consorcio demandante
serán condenados, solidariamente, al pago de agencias en derecho en los términos
del artículo 2 del Acuerdo PSAA16-10554 de 201668, la cuales se fijan en tres (3)
salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de
esta sentencia, a favor de la parte demandada, teniendo en cuenta la naturaleza,
calidad y duración de su gestión en segunda instancia.
68 “Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro
del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites. “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas
de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general. (…) En segunda instancia. Entre 1 y 6
S.M.M.L.V.”
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Expediente: 25000233600020190046401 (71607)
Demandante: Consorcio CB- 2014
Demandado: Municipio de Soacha
Acción: Controversias contractuales
IV. PARTE RESOLUTIVA
109. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 13 de abril de 2023 proferida por la
Sección Tercera, Subsección “C” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la
cual quedará en los siguientes términos:
PRIMERO: Aceptar <sic> impedimento del Magistrado José Elver
Muñoz Barrera.
SEGUNDO: DECLARAR probada, de oficio, la excepción de caducidad
de la acción frente a la pretensión de nulidad absoluta del contrato.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia al Consorcio CB-2014,
las cuales deberán ser liquidadas de manera concentrada en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. FIJAR las agencias en derecho por la segunda
instancia en tres (3) SMLMV que los integrantes del Consorcio CB-2014,
solidariamente, deberán pagar a favor del municipio de Soacha.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se
recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema SAMAI.
VF
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