Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06199-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06199-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06199-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06199-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: CARLOS GERARDO ARDILA ACEVEDO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
CARENCIA DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ. NO SE ACREDITÓ LA
EXISTENCIA DE UNA SITUACIÓN FRAUDULENTA PARA QUE PROCEDA LA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA PROFERIDA DENTRO DE UNA
ACCIÓN DE LA MISMA NATURALEZA.
DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE BUCARAMANGA1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER2.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
1
En adelante el JUZGADO.
2
En adelante el TRIBUNAL.
2
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Actor: CARLOS GERARDO ARDILA ACEVEDO
El señor CARLOS GERARDO ARDILA ACEVEDO, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por
el JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido, respectivamente,
las providencias de 26 de junio de 2019 y 8 de julio de 2025, dentro
del trámite incidental adelantado en la acción popular identificada
con el número único de radicación 2008-00282-01 y en la solicitud
de amparo radicada bajo el número 2025-00336-00.
I.2. Hechos
Manifestó que promovió acción popular identificada con el número
único de radicación 2008-00282-00 y que correspondió por reparto
al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA que, mediante
sentencia de 31 de octubre de 2013 ordenó al MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, para que en
coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y las
curadurías urbanas núms. 1 y 2, realizaran un estudio técnico que
permitiera determinar con exactitud el área de cesión tipo A
pendiente por legalizar en las urbanizaciones del predio inicialmente
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Actor: CARLOS GERARDO ARDILA ACEVEDO
denominado “Tejar Moderno”.
Indicó que en la sentencia se dio como plazo máximo para el estudio
técnico un año contado a partir de su notificación, asimismo, se
ordenó conformar un comité de verificación, no obstante, no se ha
dado cumplimiento alguno, por lo que presentó incidente de desacato
ante el JUZGADO que, mediante auto de 26 de junio de 2019, se
abstuvo de iniciar el trámite incidental al encontrar cumplidas las
órdenes dadas.
Asimismo, indicó que presentó acción de tutela por dicho
incumplimiento, en la que solicitó, entre otras cosas, reabrir el
debate puesto en conocimiento en la referida acción popular y, con
ello, se emitiera una orden perentoria a fin de realizar el estudio
técnico que, a su juicio, no se realizó.
I.3 Fundamentos de la solicitud
Señaló que las autoridades accionadas incurrieron en defecto
fáctico. Frente al JUZGADO de abstenerse de iniciar el trámite
incidental, omitir, valorar y requerir las pruebas determinantes que
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daban cuenta del incumplimiento frente a las órdenes impartidas
dentro de la sentencia popular de 31 de octubre de 2013.
Asimismo, manifestó que el TRIBUNAL dentro de la solicitud de
amparo cuestionada no se pronunció ni resolvió sobre la totalidad de
los argumentos que se explicaron y probaron dentro de la acción
popular en comento.
I.4. Pretensiones
La parte actora solicitó que se ampare el derecho fundamental
invocado como vulnerado y, en consecuencia:
“[…] PRETENSIÓN 1: Que se cumpla la sentencia del 31 de
octubre de 2013 en la que dice, “El Despacho dispone ordenar al
Municipio de Bucaramanga por intermedio de la Secretaría de
Planeación, para que en coordinación con el Área Metropolitana de
Bucaramanga y las Curadurías Urbanas de Bucaramanga, realicen
un estudio técnico que permita determinar con exactitud cuál es el
área de cesión tipo A que se encuentra pendiente por legalizar,
correspondiente a las urbanizaciones del predio inicialmente
denominado “Tejar Moderno” de Bucaramanga”, ESTUDIO
TÉCNICO que no está en el expediente
Afirma el DIRECTOR DEL DADEP en la audiencia diciembre 13 de
2018 “que el informe técnico consta de 52 páginas, el mismo es un
resumen de los trabajos que se habían adelantado por el ente
territorial, y refleja un sin número de información documental que
reposa en los archivos del DADEP”. Se requiere el ESTUDIO
TÉCNICO ordenado en la sentencia del 31 de octubre de 2013,
COMPLETO, con los anexos y con los cálculos siguientes
explicados en la audiencia del 30 de octubre de 2018, área neta
urbanizable 766.568,90 m2, área de cesión tipo A 156.814,44 m2
y área de cesión tipo A faltante 107.138,61 m2.
PRETENSIÓN 2: Que se compense mediante la inversión en obras
el área restante equivalente a 7.025 90 m2, ordenada en el AUTO
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adjunto en el ANEXO 1, que se abstiene de iniciar trámite
incidental, resuelve otros asuntos, dispone medidas y ordena
archivo del proceso de junio 26 de 2019, las que suman $
13.489’728.000 que resulta de multiplicar 7.025,90 m2 por el
avalúo de $ 1’920.000/m2. Conforme la información suministrada
por la actual secretaria de Planeación se ha invertido $
3.089’394.558, lo que daría un FALTANTE de $ 10.400’333.442,
hecho SOBREVINIENTE sobre el que no se ha pronunciado el Juez.
PRETENSIÓN 3: Que se ordene al Municipio de Bucaramanga
máximo beneficiado con mi trabajo de más de 17 años, como
Ingeniero Civil y Actor Popular, o a quien corresponda, el pago del
INCENTIVO ECONÓMICO correspondiente a los 29.414,12 m2 de
cesión tipo A obtenidos, en cumplimiento de la Ley 472 del 5 de
agosto de 1998, que establece en el artículo 40: “Incentivo
económico en acciones populares sobre moral administrativa. En
las acciones populares que se generen en la violación del derecho
colectivo a la moralidad administrativa, el demandante o
demandantes tendrán derecho a recibir el quince por ciento (15%)
del valor que recupera la entidad pública en razón a la acción
popular, y que tiene cuatro funciones principales, A) recuperar
para el estado y para la comunidad lo que le pertenece, B)
fortalecer y motivar la vigilancia sobre las actuaciones ajustadas a
la ley por parte de los funcionarios, C) condenar la actuación
indebida, y D) reconocer al actor popular su trabajo. […]”.
I.5. Defensa
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que el presente asunto no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto el actor no
cumplió con la carga argumentativa que justifique la intervención del
juez constitucional.
Indicó que lo pretendido por el actor es reabrir un debate ya resuelto
en sede de acción popular, aun cuando el juez falló en derecho
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atendiendo las particularidades del caso. Por lo anterior, solicitó que
se declare improcedente la presente acción y/o se denieguen las
pretensiones al no haberse precisado los defectos o reproches contra
la acción de tutela identificada con el número único de radicación
2025-00336-00.
I.5.2.- El JUZGADO indicó que la parte actora pretende utilizar esta
instancia para reabrir un debate ya zanjado, además que no se
evidencia vulneración al derecho fundamental alegado, por lo que
solicitó se declare improcedente la presente acción de tutela.
I.6. Vinculados
I.6.1.- La DEFENSORÍA DEL PUEBLO alegó que no se evidencia
que las pretensiones de la demanda vayan dirigidas en su contra,
además, que las providencias cuestionadas no cumplen con el
requisito de la relevancia constitucional, por lo que la presente acción
no es la idónea para estudiar aspectos que no tienen una clara y
marcada importancia jurídica y que ya fueron resueltos en otros
procesos.
I.6.2.- El ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA manifestó
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que la acción de tutela es un medio de defensa subsidiario y residual
que solo opera en los casos que no exista otro instrumento de
protección judicial, o cuando de existir, se invoque como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Resaltó que en el presente asunto existen otros mecanismos de
defensa como son el incidente de desacato o los recursos ante
aquellas decisiones tomadas por el juez que conoce del cumplimiento
de la sentencia dentro de la acción popular, además considera
improcedente el amparo alegado e innecesario un pronunciamiento
adicional sobre el presente caso.
I.6.3.- El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN, señaló que la acción de tutela solo es procedente de
manera supletoria cuando no existan otros mecanismos de defensa,
asimismo, que las partes tuvieron derecho de presentar sus
inconformidades, las cuales fueron resueltas por el juez de
conocimiento.
I.6.4.- La CURADURÍA ÚRBANA NÚM. 1, pese a ser notificada en
debida forma, guardó silencio.
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I.6.5.- La CURADURÍA ÚRBANA NÚM. 2, pese a ser notificada en
debida forma, guardó silencio.
I.6.6.- La sociedad CONARING LTDA., pese a ser notificada en
debida forma, guardó silencio.
I.6.7.- La PROMOTORA BOLIVAR URBANA S.A., pese a ser
notificada en debida forma, guardó silencio.
I.6.8.- La sociedad DAVID PUYANA S.A., pese a ser notificada en
debida forma, guardó silencio.
I.6.9.- La sociedad URBANA S.A., pese a ser notificada en debida
forma, guardó silencio.
I.6.10.- La sociedad MARVAL S.A., pese a ser notificada en debida
forma, guardó silencio.
I.6.11.- El JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE
DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, pese a
ser notificado en debida forma, guardó silencio.
I.6.12.- La SUBSECCIÓN DE DESCONGESTIÓN DEL TRIBUNAL
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ADMINISTRATIVO DE SANTANDER3, pese a ser notificada en
debida forma, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
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Que conoció en segunda instancia de la acción popular objeto de controversia.
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asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
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marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
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rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
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en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 26 de junio de 2019 y 8 de julio
de 2025, proferidas, respectivamente, por el JUZGADO y el
TRIBUNAL, dentro del trámite incidental adelantado en la acción
popular identificada con el número único de radicación 2008-00282-
00 y en la solicitud de amparo radicada bajo el número 2025-00336-
00.
A las citadas providencias la parte actora le atribuye la vulneración
del derecho fundamental al debido proceso comoquiera que, a su
juicio, las providencias cuestionadas incurrieron en defecto fáctico.
Frente al JUZGADO de abstenerse de iniciar el trámite incidental,
omitir, valorar y requerir las pruebas determinantes que daban
cuenta del incumplimiento a las órdenes impartidas dentro de la
sentencia popular de 31 de octubre de 2013.
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Asimismo, manifestó que el TRIBUNAL dentro de la solicitud de
amparo cuestionada no se pronunció ni resolvió sobre la totalidad de
los argumentos que se explicaron y probaron dentro de la acción
popular en comento.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que
debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso
cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si las autoridades judiciales accionadas vulneraron el
derecho fundamental invocado.
Así las cosas, toda vez que la acción de tutela de la referencia está
dirigida a cuestionar la providencia de 26 de junio de 2019, dentro
del trámite incidental adelantado en la acción popular identificada
con el número único de radicación 2008-00282-01 y la sentencia de
8 de julio de 2025, dictada en la solicitud de amparo radicada bajo
el número 2025-00336-00, esta Sala estudiará en primera medida el
incidente de desacato, analizando el término dispuesto por la
jurisprudencia constitucional para hacer uso de la acción de tutela
contra providencia judicial y, posteriormente, se pronunciará sobre
su procedencia para controvertir procesos de igual naturaleza.
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En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en especial, el requisito de la inmediatez.
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados y que,
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
mecanismo […]”4.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
4
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
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Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el
interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 5:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo6:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
5
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.
[…]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la instauración de
la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe tener
en cuenta los siguientes eventos:
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(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras7;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado8;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión9;
(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales10;
(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
manifiesta11.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las
constancias obrantes en el trámite incidental origen de la
controversia, la providencia de 26 de junio de 2019, aquí
cuestionada, fue notificada a las partes por estado el 28 de ese mes
7
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
9
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
10
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
11
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
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y año, tal como se evidencia en su anotación. En efecto:
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 2 de octubre de 2025, esto es,
transcurrido más de 6 años y 3 meses, superando así los 6
meses que han sido estimados por la jurisprudencia como término
razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de una
decisión judicial, sin que el actor haya expuesto razón alguna que
justifique la inactividad o tardanza en la presentación de la solicitud
de amparo.
Aunado a lo anterior, la Sala señala que para que proceda el amparo
constitucional como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, debe ser actual y las medidas que se
requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier
perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona; y la urgencia y la gravedad determinan que la
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acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
En ese entendido, teniendo en cuenta que en la presente acción de
tutela no se evidenció situación que se enmarque en alguno de los
supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que
puedan excusar su presentación por fuera del término establecido
por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala concluye que la
solicitud de amparo constitucional se presentó por fuera del término
razonable para cuestionar vía tutela providencias judiciales.
Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201712, la Corte
Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de
inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para
resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses
establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las
particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que
existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se
observa en el presente caso, razón por la que se declarará
improcedente el amparo por no concurrir el requisito de la
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Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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inmediatez, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
Finalmente, en lo que tiene que ver con la solicitud de amparo
cuestionada, es preciso resaltar que, una vez analizados los medios
de prueba allegados al proceso y las actuaciones allí surtidas, la Sala
encuentra que las pretensiones formuladas por el actor ya fueron
resueltas en el trámite incidental censurado, tal como se reiteró en
la sentencia de tutela cuestionada.
Cabe resaltar que, en lo concerniente a la procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias proferidas dentro de una
acción de la misma naturaleza, la Corte Constitucional unificó los
criterios jurisprudenciales sobre este aspecto, en la sentencia SU-
627 de 2015, en los siguientes términos:
“[…] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias de
tutela y contra actuaciones de los jueces de tutelas
anteriores o posteriores a la sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela,
cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por
distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro
de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia
de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la
sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por
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su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este
evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias,
que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro
juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y
por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada
no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del
proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si
éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y
consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de
informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados
por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí
procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia
y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas
en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se
trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de
tutela puede proceder de manera excepcional […]”
(Destacado fuera del texto original).
De acuerdo con la posición expuesta por la Corte en la sentencia
transcrita en precedencia, la regla general es la de la improcedencia
de la acción de tutela contra sentencias de tutela; sin embargo, la
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jurisprudencia ha establecido como excepción a dicha regla que
cuando la sentencia sea proferida por cualquiera de los jueces o
tribunales de la República, la acción de tutela puede proceder,
siempre y cuando se logre acreditar que existió fraude y, por
tanto, que se está ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
conforme lo antes expuesto.
En el presente caso, el actor se limitó a manifestar que el TRIBUNAL
dentro de la solicitud de amparo cuestionada no se pronunció ni
resolvió sobre la totalidad de los argumentos que se explicaron y
probaron dentro de la acción popular en comento, no obstante, tales
argumentos no resultan suficientes para demostrar que el juez de
tutela incurrió en una actuación dolosa o extremadamente
negligente, que habilite al examen de fondo de la mencionada
providencia.
En ese sentido, sobre la necesidad de acreditar la existencia de una
situación fraudulenta para que proceda la acción de tutela contra
sentencias proferidas dentro de una acción de la misma naturaleza,
la Corte Constitucional, en sentencia T 322 de 201913, sostuvo:
13
Corte Constitucional, sentencia T-322 de 19 de julio de 2019. Expediente T-6.976.900. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
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“[…] la jurisprudencia de este Tribunal permite identificar una
línea de interpretación, según la cual, quien pretenda la
revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a
cosa juzgada constitucional debido a su no selección, debe
cumplir con una exigente carga argumentativa dirigida a
demostrar (i) que el juez de tutela incumplió un deber
básico de conducta que se opone a los requerimientos
medulares que se anudan a la tarea de administrar
justicia, manifiesta en una actuación dolosa o
extremadamente negligente y (ii) que la sentencia
cuestionada no puede ser admitida debido a que resulta
evidentemente incorrecta, implicando además -en principio- una
afectación grave del patrimonio público. La Corte advierte que
esta conclusión se desprende del análisis conjunto de las
diferentes providencias que, de una u otra forma se han ocupado
de la materia. En adición a ello, es posible identificar un grupo
de eventos que, en principio, pueden ser considerados indicios
de que se ha configurado una situación fraudulenta.
En este sentido la parte interesada debe demostrar, con
base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes
la situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión
adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental y que
la afectación sea significativa y trascendental (trasgredir de
manera grave el patrimonio público). En este sentido, no
serán de recibo razones o interpretaciones que obedezcan
al disgusto o inconformismo del solicitante por la
sentencia atacada. Ese presupuesto tiene fundamento en
el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada
constitucional […]” (Resaltado fuera del texto original)
Así las cosas, resulta evidente que el reparo ventilado es
improcedente comoquiera que no se acreditó la existencia de una
situación fraudulenta para que proceda la acción de tutela contra
sentencia proferida dentro de una acción de la misma naturaleza.
Por último, se observa que el actor en sus pretensiones pidió que
se diera cumplimiento a lo ordenado en la sentencia popular de 31
de octubre de 2013, no obstante, tal requerimiento resulta
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improcedente, por cuanto aquel tiene a su disposición otro
mecanismo de defensa judicial, esto es, el incidente de desacato.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de octubre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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