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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06199-00

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06199-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06199-00 Actor: CARLOS GERARDO ARDILA ACEVEDO

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06199-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06199-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: CARLOS GERARDO ARDILA ACEVEDO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
CARENCIA DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ. NO SE ACREDITÓ LA
EXISTENCIA DE UNA SITUACIÓN FRAUDULENTA PARA QUE PROCEDA LA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA PROFERIDA DENTRO DE UNA
ACCIÓN DE LA MISMA NATURALEZA.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO

DE BUCARAMANGA1 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

SANTANDER2.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

1
En adelante el JUZGADO.
2
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06199-00
Actor: CARLOS GERARDO ARDILA ACEVEDO

El señor CARLOS GERARDO ARDILA ACEVEDO, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derecho fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por

el JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido, respectivamente,

las providencias de 26 de junio de 2019 y 8 de julio de 2025, dentro

del trámite incidental adelantado en la acción popular identificada

con el número único de radicación 2008-00282-01 y en la solicitud

de amparo radicada bajo el número 2025-00336-00.

I.2. Hechos

Manifestó que promovió acción popular identificada con el número

único de radicación 2008-00282-00 y que correspondió por reparto

al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN

DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA que, mediante

sentencia de 31 de octubre de 2013 ordenó al MUNICIPIO DE

BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, para que en

coordinación con el Área Metropolitana de Bucaramanga y las

curadurías urbanas núms. 1 y 2, realizaran un estudio técnico que

permitiera determinar con exactitud el área de cesión tipo A

pendiente por legalizar en las urbanizaciones del predio inicialmente

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Actor: CARLOS GERARDO ARDILA ACEVEDO

denominado “Tejar Moderno”.

Indicó que en la sentencia se dio como plazo máximo para el estudio

técnico un año contado a partir de su notificación, asimismo, se

ordenó conformar un comité de verificación, no obstante, no se ha

dado cumplimiento alguno, por lo que presentó incidente de desacato

ante el JUZGADO que, mediante auto de 26 de junio de 2019, se

abstuvo de iniciar el trámite incidental al encontrar cumplidas las

órdenes dadas.

Asimismo, indicó que presentó acción de tutela por dicho

incumplimiento, en la que solicitó, entre otras cosas, reabrir el

debate puesto en conocimiento en la referida acción popular y, con

ello, se emitiera una orden perentoria a fin de realizar el estudio

técnico que, a su juicio, no se realizó.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Señaló que las autoridades accionadas incurrieron en defecto

fáctico. Frente al JUZGADO de abstenerse de iniciar el trámite

incidental, omitir, valorar y requerir las pruebas determinantes que

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daban cuenta del incumplimiento frente a las órdenes impartidas

dentro de la sentencia popular de 31 de octubre de 2013.

Asimismo, manifestó que el TRIBUNAL dentro de la solicitud de

amparo cuestionada no se pronunció ni resolvió sobre la totalidad de

los argumentos que se explicaron y probaron dentro de la acción

popular en comento.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó que se ampare el derecho fundamental

invocado como vulnerado y, en consecuencia:

“[…] PRETENSIÓN 1: Que se cumpla la sentencia del 31 de
octubre de 2013 en la que dice, “El Despacho dispone ordenar al
Municipio de Bucaramanga por intermedio de la Secretaría de
Planeación, para que en coordinación con el Área Metropolitana de
Bucaramanga y las Curadurías Urbanas de Bucaramanga, realicen
un estudio técnico que permita determinar con exactitud cuál es el
área de cesión tipo A que se encuentra pendiente por legalizar,
correspondiente a las urbanizaciones del predio inicialmente
denominado “Tejar Moderno” de Bucaramanga”, ESTUDIO
TÉCNICO que no está en el expediente
Afirma el DIRECTOR DEL DADEP en la audiencia diciembre 13 de
2018 “que el informe técnico consta de 52 páginas, el mismo es un
resumen de los trabajos que se habían adelantado por el ente
territorial, y refleja un sin número de información documental que
reposa en los archivos del DADEP”. Se requiere el ESTUDIO
TÉCNICO ordenado en la sentencia del 31 de octubre de 2013,
COMPLETO, con los anexos y con los cálculos siguientes
explicados en la audiencia del 30 de octubre de 2018, área neta
urbanizable 766.568,90 m2, área de cesión tipo A 156.814,44 m2
y área de cesión tipo A faltante 107.138,61 m2.
PRETENSIÓN 2: Que se compense mediante la inversión en obras
el área restante equivalente a 7.025 90 m2, ordenada en el AUTO

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adjunto en el ANEXO 1, que se abstiene de iniciar trámite
incidental, resuelve otros asuntos, dispone medidas y ordena
archivo del proceso de junio 26 de 2019, las que suman $
13.489’728.000 que resulta de multiplicar 7.025,90 m2 por el
avalúo de $ 1’920.000/m2. Conforme la información suministrada
por la actual secretaria de Planeación se ha invertido $
3.089’394.558, lo que daría un FALTANTE de $ 10.400’333.442,
hecho SOBREVINIENTE sobre el que no se ha pronunciado el Juez.
PRETENSIÓN 3: Que se ordene al Municipio de Bucaramanga
máximo beneficiado con mi trabajo de más de 17 años, como
Ingeniero Civil y Actor Popular, o a quien corresponda, el pago del
INCENTIVO ECONÓMICO correspondiente a los 29.414,12 m2 de
cesión tipo A obtenidos, en cumplimiento de la Ley 472 del 5 de
agosto de 1998, que establece en el artículo 40: “Incentivo
económico en acciones populares sobre moral administrativa. En
las acciones populares que se generen en la violación del derecho
colectivo a la moralidad administrativa, el demandante o
demandantes tendrán derecho a recibir el quince por ciento (15%)
del valor que recupera la entidad pública en razón a la acción
popular, y que tiene cuatro funciones principales, A) recuperar
para el estado y para la comunidad lo que le pertenece, B)
fortalecer y motivar la vigilancia sobre las actuaciones ajustadas a
la ley por parte de los funcionarios, C) condenar la actuación
indebida, y D) reconocer al actor popular su trabajo. […]”.

I.5. Defensa

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que el presente asunto no cumple

con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto el actor no

cumplió con la carga argumentativa que justifique la intervención del

juez constitucional.

Indicó que lo pretendido por el actor es reabrir un debate ya resuelto

en sede de acción popular, aun cuando el juez falló en derecho

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atendiendo las particularidades del caso. Por lo anterior, solicitó que

se declare improcedente la presente acción y/o se denieguen las

pretensiones al no haberse precisado los defectos o reproches contra

la acción de tutela identificada con el número único de radicación

2025-00336-00.

I.5.2.- El JUZGADO indicó que la parte actora pretende utilizar esta

instancia para reabrir un debate ya zanjado, además que no se

evidencia vulneración al derecho fundamental alegado, por lo que

solicitó se declare improcedente la presente acción de tutela.

I.6. Vinculados

I.6.1.- La DEFENSORÍA DEL PUEBLO alegó que no se evidencia

que las pretensiones de la demanda vayan dirigidas en su contra,

además, que las providencias cuestionadas no cumplen con el

requisito de la relevancia constitucional, por lo que la presente acción

no es la idónea para estudiar aspectos que no tienen una clara y

marcada importancia jurídica y que ya fueron resueltos en otros

procesos.

I.6.2.- El ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA manifestó

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que la acción de tutela es un medio de defensa subsidiario y residual

que solo opera en los casos que no exista otro instrumento de

protección judicial, o cuando de existir, se invoque como mecanismo

transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Resaltó que en el presente asunto existen otros mecanismos de

defensa como son el incidente de desacato o los recursos ante

aquellas decisiones tomadas por el juez que conoce del cumplimiento

de la sentencia dentro de la acción popular, además considera

improcedente el amparo alegado e innecesario un pronunciamiento

adicional sobre el presente caso.

I.6.3.- El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE

PLANEACIÓN, señaló que la acción de tutela solo es procedente de

manera supletoria cuando no existan otros mecanismos de defensa,

asimismo, que las partes tuvieron derecho de presentar sus

inconformidades, las cuales fueron resueltas por el juez de

conocimiento.

I.6.4.- La CURADURÍA ÚRBANA NÚM. 1, pese a ser notificada en

debida forma, guardó silencio.

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I.6.5.- La CURADURÍA ÚRBANA NÚM. 2, pese a ser notificada en

debida forma, guardó silencio.

I.6.6.- La sociedad CONARING LTDA., pese a ser notificada en

debida forma, guardó silencio.

I.6.7.- La PROMOTORA BOLIVAR URBANA S.A., pese a ser

notificada en debida forma, guardó silencio.

I.6.8.- La sociedad DAVID PUYANA S.A., pese a ser notificada en

debida forma, guardó silencio.

I.6.9.- La sociedad URBANA S.A., pese a ser notificada en debida

forma, guardó silencio.

I.6.10.- La sociedad MARVAL S.A., pese a ser notificada en debida

forma, guardó silencio.

I.6.11.- El JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE

DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, pese a

ser notificado en debida forma, guardó silencio.

I.6.12.- La SUBSECCIÓN DE DESCONGESTIÓN DEL TRIBUNAL

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ADMINISTRATIVO DE SANTANDER3, pese a ser notificada en

debida forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

3
Que conoció en segunda instancia de la acción popular objeto de controversia.

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asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y

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marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a

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rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente

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en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 26 de junio de 2019 y 8 de julio

de 2025, proferidas, respectivamente, por el JUZGADO y el

TRIBUNAL, dentro del trámite incidental adelantado en la acción

popular identificada con el número único de radicación 2008-00282-

00 y en la solicitud de amparo radicada bajo el número 2025-00336-

00.

A las citadas providencias la parte actora le atribuye la vulneración

del derecho fundamental al debido proceso comoquiera que, a su

juicio, las providencias cuestionadas incurrieron en defecto fáctico.

Frente al JUZGADO de abstenerse de iniciar el trámite incidental,

omitir, valorar y requerir las pruebas determinantes que daban

cuenta del incumplimiento a las órdenes impartidas dentro de la

sentencia popular de 31 de octubre de 2013.

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Asimismo, manifestó que el TRIBUNAL dentro de la solicitud de

amparo cuestionada no se pronunció ni resolvió sobre la totalidad de

los argumentos que se explicaron y probaron dentro de la acción

popular en comento.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que

debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso

cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción

de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si las autoridades judiciales accionadas vulneraron el

derecho fundamental invocado.

Así las cosas, toda vez que la acción de tutela de la referencia está

dirigida a cuestionar la providencia de 26 de junio de 2019, dentro

del trámite incidental adelantado en la acción popular identificada

con el número único de radicación 2008-00282-01 y la sentencia de

8 de julio de 2025, dictada en la solicitud de amparo radicada bajo

el número 2025-00336-00, esta Sala estudiará en primera medida el

incidente de desacato, analizando el término dispuesto por la

jurisprudencia constitucional para hacer uso de la acción de tutela

contra providencia judicial y, posteriormente, se pronunciará sobre

su procedencia para controvertir procesos de igual naturaleza.

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En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en especial, el requisito de la inmediatez.

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

los derechos fundamentales que se consideran vulnerados y que,

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

mecanismo […]”4.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la tutela.

4
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

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Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente

afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 5:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo6:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el

5
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.

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respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.

[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la instauración de

la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe tener

en cuenta los siguientes eventos:

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(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso

fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor

para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de

un hecho nuevo e inesperado, entre otras7;

(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la

vulneración de los derechos fundamentales del interesado8;

(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los

derechos de terceros afectados con la decisión9;

(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de

acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales10;

(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad

manifiesta11.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que de acuerdo con las

constancias obrantes en el trámite incidental origen de la

controversia, la providencia de 26 de junio de 2019, aquí

cuestionada, fue notificada a las partes por estado el 28 de ese mes

7
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
9
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
10
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
11
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.

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y año, tal como se evidencia en su anotación. En efecto:

Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la

referencia se presentó el 2 de octubre de 2025, esto es,

transcurrido más de 6 años y 3 meses, superando así los 6

meses que han sido estimados por la jurisprudencia como término

razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de una

decisión judicial, sin que el actor haya expuesto razón alguna que

justifique la inactividad o tardanza en la presentación de la solicitud

de amparo.

Aunado a lo anterior, la Sala señala que para que proceda el amparo

constitucional como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia

de un perjuicio irremediable, debe ser actual y las medidas que se

requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier

perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran

intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber

jurídico de la persona; y la urgencia y la gravedad determinan que la

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acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene que ser

adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

En ese entendido, teniendo en cuenta que en la presente acción de

tutela no se evidenció situación que se enmarque en alguno de los

supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que

puedan excusar su presentación por fuera del término establecido

por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala concluye que la

solicitud de amparo constitucional se presentó por fuera del término

razonable para cuestionar vía tutela providencias judiciales.

Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201712, la Corte

Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de

inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para

resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses

establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las

particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que

existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la

interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se

observa en el presente caso, razón por la que se declarará

improcedente el amparo por no concurrir el requisito de la

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Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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inmediatez, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

Finalmente, en lo que tiene que ver con la solicitud de amparo

cuestionada, es preciso resaltar que, una vez analizados los medios

de prueba allegados al proceso y las actuaciones allí surtidas, la Sala

encuentra que las pretensiones formuladas por el actor ya fueron

resueltas en el trámite incidental censurado, tal como se reiteró en

la sentencia de tutela cuestionada.

Cabe resaltar que, en lo concerniente a la procedibilidad de la

acción de tutela contra providencias proferidas dentro de una

acción de la misma naturaleza, la Corte Constitucional unificó los

criterios jurisprudenciales sobre este aspecto, en la sentencia SU-

627 de 2015, en los siguientes términos:

“[…] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias de
tutela y contra actuaciones de los jueces de tutelas
anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela,
cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por
distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro
de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia
de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la
sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por

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su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este
evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias,
que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro
juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y
por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada
no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del
proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si
éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y
consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de
informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados
por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí
procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia
y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas
en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se
trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de
tutela puede proceder de manera excepcional […]”
(Destacado fuera del texto original).

De acuerdo con la posición expuesta por la Corte en la sentencia

transcrita en precedencia, la regla general es la de la improcedencia

de la acción de tutela contra sentencias de tutela; sin embargo, la

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jurisprudencia ha establecido como excepción a dicha regla que

cuando la sentencia sea proferida por cualquiera de los jueces o

tribunales de la República, la acción de tutela puede proceder,

siempre y cuando se logre acreditar que existió fraude y, por

tanto, que se está ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,

conforme lo antes expuesto.

En el presente caso, el actor se limitó a manifestar que el TRIBUNAL

dentro de la solicitud de amparo cuestionada no se pronunció ni

resolvió sobre la totalidad de los argumentos que se explicaron y

probaron dentro de la acción popular en comento, no obstante, tales

argumentos no resultan suficientes para demostrar que el juez de

tutela incurrió en una actuación dolosa o extremadamente

negligente, que habilite al examen de fondo de la mencionada

providencia.

En ese sentido, sobre la necesidad de acreditar la existencia de una

situación fraudulenta para que proceda la acción de tutela contra

sentencias proferidas dentro de una acción de la misma naturaleza,

la Corte Constitucional, en sentencia T 322 de 201913, sostuvo:

13
Corte Constitucional, sentencia T-322 de 19 de julio de 2019. Expediente T-6.976.900. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.

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“[…] la jurisprudencia de este Tribunal permite identificar una
línea de interpretación, según la cual, quien pretenda la
revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a
cosa juzgada constitucional debido a su no selección, debe
cumplir con una exigente carga argumentativa dirigida a
demostrar (i) que el juez de tutela incumplió un deber
básico de conducta que se opone a los requerimientos
medulares que se anudan a la tarea de administrar
justicia, manifiesta en una actuación dolosa o
extremadamente negligente y (ii) que la sentencia
cuestionada no puede ser admitida debido a que resulta
evidentemente incorrecta, implicando además -en principio- una
afectación grave del patrimonio público. La Corte advierte que
esta conclusión se desprende del análisis conjunto de las
diferentes providencias que, de una u otra forma se han ocupado
de la materia. En adición a ello, es posible identificar un grupo
de eventos que, en principio, pueden ser considerados indicios
de que se ha configurado una situación fraudulenta.

En este sentido la parte interesada debe demostrar, con
base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes
la situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión
adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental y que
la afectación sea significativa y trascendental (trasgredir de
manera grave el patrimonio público). En este sentido, no
serán de recibo razones o interpretaciones que obedezcan
al disgusto o inconformismo del solicitante por la
sentencia atacada. Ese presupuesto tiene fundamento en
el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada
constitucional […]” (Resaltado fuera del texto original)

Así las cosas, resulta evidente que el reparo ventilado es

improcedente comoquiera que no se acreditó la existencia de una

situación fraudulenta para que proceda la acción de tutela contra

sentencia proferida dentro de una acción de la misma naturaleza.

Por último, se observa que el actor en sus pretensiones pidió que

se diera cumplimiento a lo ordenado en la sentencia popular de 31

de octubre de 2013, no obstante, tal requerimiento resulta

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improcedente, por cuanto aquel tiene a su disposición otro

mecanismo de defensa judicial, esto es, el incidente de desacato.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el

amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de octubre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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