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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00330-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00330-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de 2 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, objeto de impugnación, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2026-00330-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

6 de agosto de 2026

Radicado: 68001-23-33-000-2026-00330-01
Demandante: Carlos Gerardo Ardila Acevedo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 68001-23-33-000-2026-00330-01
Demandante: Carlos Gerardo Ardila Acevedo
Demandado: Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga
Temas: Cumplimiento de la acción popular. Cosa juzgada. Temeridad

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada, en nombre propio, por el señor Carlos
Gerardo Ardila Acevedo contra la providencia del 2 de junio de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor,
Carlos Gerardo Ardila Acevedo, en contra del Juzgado Quince Administrativo De
Bucaramanga conforme las razones expuestas en la parte motivan de esta providencia».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de mayo de 2026, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Juzgado
Quince Administrativo de Bucaramanga, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales a la información, a la igualdad, al debido proceso, a la salud, al
ambiente sano, a la recreación y a la función social y ecológica del urbanismo. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«4.1 Se ampare mi derecho a la INFORMACIÓN, a la IGUALDAD, al DEBIDO PROCESO
y a un AMBIENTE SANO, entre otros derechos vulnerados.

CONSIDERANDO que, A) el juez mantiene competencia hasta que se cumpla la totalidad
de la sentencia, B) el Estudio Técnico ordenado en la sentencia NO ESTÁ EN EL
EXPEDIENTE y no se le ha dado el traslado por 5 días, C) se siguen violando derechos
colectivos considerando que faltan áreas de cesión tipo A presuntamente por un valor de
77.724.49 m2 que resultan de restar de 107,138.61 m2 en el cuadro en el numeral 1.5 la
cifra de 29,414.12 m2 en el cuadro del numeral 1.4 y D) falta parte de los 7.028,90 m2
ordenados por el Juez compensarlos en obras,

4.2 SOLICITO el ESTUDIO TÉCNICO ordenado en la Sentencia del 31 de octubre de
2013, en el ANEXO 1 adjunta, expedida por Juzgado Sexto Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Bucaramanga, conforme a las explicaciones
anteriores. Es indispensable el ESTUDIO TÉCNICO en el expediente, considerando las
inmensas diferencias PROBADAS en el PLANO TEJAR MODERNO en el ANEXO 6
aportado por el Actor Popular en la Acción Popular de octubre 20 de 2008 con la
información anteriormente explicada que MODIFICA el ÁREA NETA URBANIZABLE y por
lo tanto el ÁREA de CESIÓN tipo A FALTANTE. El área disponible para las cesiones tipo
A que obligan, se continúa reduciendo, incluso algunas fueron construidas

4.3 SOLICITO, A) la presentación del ESTUDIO TÉCNICO DEFINITIVO, B) reunir al
comité de verificación, C) requerir informes de los responsables del cumplimiento de las
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órdenes impartidas, D) reabrir el proceso para verificar el cumplimiento de la sentencia, E)
Soy ingeniero civil con más de 40 años de experticia, y como responsable de la carga de
prueba en el artículo 30 de la ley 472 de 1998, no he sido autorizado ni se me han
proporcionado los recursos para elaborar el ESTUDIO TÉCNICO DEFINITIVO, el que
requiere estudio de títulos, elaboración de planos, el cálculo de las áreas de todos los
predios del denominado Tejar Moderno, de las áreas netas urbanizables, y el cálculo de
las áreas de cesión tipo A y de las faltantes.

4.4 SOLICITO compensar mediante la INVERSIÓN en OBRAS, el área restante
equivalente a 7.025 90 m2, en el numeral 1.10 anterior. Con la información anterior se
concluye que el valor de las obras que compensarán 7.025,90 m2 de Cesión Tipo A suman
$ 13.489’728.000, producto de multiplicar 7.025,90 m2 por el avalúo de $ 1’920.000/m2, y
de acuerdo con la información suministrada por la secretaria de Planeación, se ha invertido
$ 3.089’394.558, POR REVISAR, lo que daría un FALTANTE de $ 10.400’333.442».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Desde el año 1980 se adelantaron distintos proyectos urbanísticos en el sector
denominado «Tejar Moderno», en Bucaramanga, los cuales implicaban la obligación
de los urbanizadores de entregar áreas de cesión tipo A destinadas al espacio público.
Sin embargo, según señaló el señor Carlos Gerardo Ardila Acevedo, dichas entregas
se realizaron de manera parcial y posteriormente fueron suspendidas, sin completar
las áreas exigidas por la normativa urbanística.

Pese a ello, en el sector continuaron autorizándose y desarrollándose nuevos
proyectos de construcción. El señor Ardila Acevedo sostuvo que las autoridades
competentes no verificaron adecuadamente las áreas efectivamente entregadas ni
establecieron cuáles permanecían pendientes de cesión y legalización. Asimismo,
afirmó que existían diferencias entre las áreas que los urbanizadores estaban
obligados a ceder y aquellas que finalmente fueron destinadas al espacio público.

De la acción popular 680012331014-2008-00282-00

En consecuencia, el señor Carlos Gerardo Ardila Acevedo interpuso acción popular
contra el municipio de Bucaramanga con el propósito de obtener la protección de los
derechos colectivos al goce del espacio público, la defensa del patrimonio público y la
realización ordenada de las construcciones y desarrollos urbanos. En concreto,
solicitó que se determinaran y recuperaran las áreas de cesión tipo A que se
encontraban pendientes en el sector «Tejar Moderno».

El 31 de octubre de 2013, el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de
Bucaramanga accedió parcialmente a las pretensiones de la acción popular y declaró
que el municipio de Bucaramanga vulneró los derechos colectivos al goce del espacio
público y a la realización ordenada de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos.

En consecuencia, ordenó al municipio de Bucaramanga, realizar en el término de un
año, un estudio técnico para determinar con exactitud el área de cesión tipo A
pendiente de legalizar en las urbanizaciones del predio denominado «Tejar Moderno»,
la forma en que debían efectuarse dichas cesiones, las personas obligadas a
realizarlas y la entidad encargada de recibirlas. Asimismo, dispuso que las obras que
resultaran necesarias debían ejecutarse en un plazo máximo de cuatro años y

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conformó un comité encargado de verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas,
del cual hizo parte el actor popular.

El 31 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la
sentencia de primera instancia.

Una vez confirmada la decisión, el Juzgado Quince Administrativo de
Bucaramanga asumió, mediante auto de 30 de noviembre de 2017, el conocimiento
del incidente de desacato promovido por el actor popular por incumplimiento de las
órdenes impartidas en la sentencia de la acción popular. En desarrollo de dicho
trámite, celebró audiencias de verificación del cumplimiento los días 30 de octubre y
13 de diciembre de 2018 y 9 de mayo de 2019, en las que requirió a las entidades
involucradas para que informaran sobre el avance del estudio técnico ordenado en la
sentencia.

El 6 de mayo de 2019, el municipio de Bucaramanga remitió las conclusiones del
estudio técnico elaborado por el Área Metropolitana de Bucaramanga y las Curadurías
Urbanas, las cuales fueron presentadas y explicadas en la audiencia celebrada el 9
de mayo siguiente. Según dicho estudio, el déficit de áreas de cesión tipo A ascendía
a 29.414,12 m², de los cuales 17.380,22 m² correspondían a MARVAL S.A. y
12.033,90 m² a Promotora Bolívar Urbanas S.A. Además, el estudio identificó las
personas obligadas a efectuar las cesiones y definió la forma en que estas debían
cumplirse, mediante la entrega de terrenos y la compensación de una parte del área
a través de la ejecución de obras.

Posteriormente, mediante auto de 26 de junio de 2019, el Juzgado Quince
Administrativo de Bucaramanga consideró que con la elaboración y presentación
del estudio técnico se habían satisfecho las órdenes impartidas en la sentencia de la
acción popular, pues ya se había determinado el área de cesión tipo A pendiente de
legalizar, identificado a los responsables de su entrega y establecido el mecanismo
para materializar las cesiones restantes. En consecuencia, se abstuvo de iniciar
incidente de desacato, ordenó el archivo del trámite y dispuso que la Procuraduría
General de la Nación continuara con el seguimiento al cronograma previsto para el
cumplimiento de las obras y entregas pendientes.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte accionante promovió acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la información, a la igualdad, al debido proceso y a un ambiente sano
por parte del Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga y la alcaldía de
Bucaramanga.

Señaló que, mediante sentencia del 31 de octubre de 2013, proferida dentro de una
acción popular relacionada con el predio denominado «Tejar Moderno», se ordenó al
municipio de Bucaramanga, en coordinación con el Área Metropolitana y las
Curadurías Urbanas, realizar un estudio técnico para determinar con exactitud las
áreas de cesión tipo A pendientes por legalizar. Afirmó que dicho estudio no obra en
el expediente ni fue puesto a disposición de las partes, pese a que fue designado
como integrante del comité de verificación del cumplimiento del fallo.

Manifestó que el Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga mediante auto del
26 de junio de 2019, tuvo en cuenta un acta de reunión del 23 de abril de ese año y
determinó que el área de cesión tipo A faltante correspondía a 29.414,12 m². Sin
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embargo, sostuvo que esa cifra no coincide con las conclusiones de un estudio
elaborado en diciembre de 2018, según el cual el déficit ascendía a 107.138,61 m².
En su criterio, el despacho aprobó áreas de cesión que no se ajustaban a las normas
urbanísticas aplicables.

Agregó que existen diferencias entre el plano original del predio «Tejar Moderno» y
los desarrollos urbanísticos efectivamente ejecutados, así como presuntas
inconsistencias en las áreas reconocidas como cesiones. Por ello, consideró
necesario contar con el estudio técnico definitivo para establecer con precisión las
áreas pendientes por legalizar y verificar el cumplimiento integral de la sentencia de
la acción popular.

Con fundamento en lo anterior, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
principalmente, que se ordenara la presentación del estudio técnico definitivo, se
reuniera al comité de verificación, se requirieran informes a los responsables del
cumplimiento y se reabriera el proceso para verificar la ejecución de la sentencia.
Asimismo, pidió que se cumpliera la compensación mediante obras respecto del área
de cesión que, a su juicio, aún se encontraba pendiente.

4. Trámite previo

El 15 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la parte accionante y a la autoridad accionada.

5. Oposiciones

El Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga se opuso a la acción de tutela.
Explicó que asumió el trámite de cumplimiento de la sentencia proferida dentro de la
acción popular y adelantó distintas actuaciones para verificar su ejecución, entre ellas
audiencias de verificación en 2018 y 2019. Señaló que, en ese trámite, las entidades
obligadas presentaron el estudio técnico ordenado en el fallo, en el que se determinó
que el área de cesión tipo A pendiente correspondía a 29.414,12 m² y se identificaron
los responsables y la forma en que debían efectuarse las respectivas cesiones.

Indicó que, mediante auto de 26 de junio de 2019, consideró cumplidas las órdenes
relacionadas con la elaboración del estudio técnico, por lo que se abstuvo de iniciar el
incidente de desacato. Posteriormente, abrió un nuevo trámite para verificar el
cumplimiento de los cronogramas y la entrega material de las obras, el cual cerró el
26 de marzo de 2025 al encontrar acreditada su ejecución1.

Asimismo, manifestó que el actor ha presentado reiteradas solicitudes para cuestionar
los cálculos de las áreas de cesión y reabrir el trámite. Frente a ello, sostuvo que el
incidente de desacato no constituye una tercera instancia para controvertir asuntos ya
resueltos y que el auto de 26 de junio de 2019 se encuentra ejecutoriado, pues no fue
recurrido oportunamente.

Agregó que el señor Carlos Gerardo Ardila Acevedo ya había promovido varias
acciones de tutela relacionadas con los mismos cuestionamientos 2, en las que se

1 Según lo informado por el Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga en la contestación de la acción de tutela. No
obstante, el trámite que, según dicha autoridad, culminó con el auto de 26 de marzo de 2025 no obra en el expediente remitido
a esta actuación ni fue posible verificarlo en el sistema SAMAI.
2 En particular, hizo referencia a las acciones de tutela con radicados 68001-23-33-000-2019-00550-00, conocida por el Tribunal
Administrativo de Santander; 68001-23-33-300-2024-00157-00, conocida por el Tribunal Administrativo de Santander; 68001-23-
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discutieron, entre otros asuntos, el estudio técnico, las áreas de cesión y el acceso a
documentos del proceso. Señaló que esas solicitudes fueron resueltas por el Tribunal
Administrativo de Santander y el Consejo de Estado y que, incluso, en una de ellas se
advirtió la existencia de temeridad por la reiteración de pretensiones encaminadas a
reabrir debates ya concluidos.

Finalmente, afirmó que no vulneró los derechos fundamentales invocados, pues
permitió al accionante acceder a la información y documentación obrante en el
expediente. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la tutela por
incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, dado que las
decisiones cuestionadas se encuentran ejecutoriadas desde 2019 y los mismos
asuntos ya han sido objeto de pronunciamiento judicial. Subsidiariamente, pidió negar
las pretensiones por inexistencia de vulneración de derechos fundamentales.

6. Intervenciones de los terceros con interés

La Secretaría de Planeación del municipio de Bucaramanga se opuso a las
pretensiones de la acción de tutela y solicitó que se declarara su improcedencia.
Sostuvo que el amparo constitucional tiene carácter subsidiario y que el accionante
contó con otros mecanismos judiciales y administrativos para controvertir las
actuaciones que cuestiona dentro de la acción popular. Agregó que no acreditó que
dichos medios fueran ineficaces ni la existencia de un perjuicio irremediable que
justificara la intervención del juez constitucional.

Asimismo, propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva, al señalar que
cumplió las obligaciones que le correspondían en el marco de la acción popular y que
los cuestionamientos formulados por el actor se dirigen contra las decisiones judiciales
adoptadas en ese trámite, respecto de las cuales no tiene competencia para
pronunciarse.

Por último, sostuvo que no desconoció los derechos fundamentales del señor Carlos
Gerardo Ardila Acevedo, pues atendió los requerimientos, incidentes de desacato y
solicitudes formulados por este dentro de la acción popular.

7. Sentencia de primera instancia

El 2 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia de
tutela de primera instancia y declaró improcedente la acción de tutela por temeridad,
al advertir que el accionante ya había promovido otras acciones constitucionales 3
relacionadas con el mismo asunto y dirigidas contra el Juzgado Quince Administrativo
de Bucaramanga. Para determinarlo, comparó la tutela actual con las radicadas en
2025 bajo los radicados 2025-00137 y 2025-00336.

El Tribunal Administrativo de Santander encontró identidad de causa, porque en las
tres tutelas el accionante cuestionó, en esencia, el cumplimiento de la sentencia de
31 de octubre de 2013 dictada dentro de la acción popular relacionada con el predio
«Tejar Moderno». En particular, sus inconformidades se referían a la falta de
incorporación o entrega del estudio técnico, la determinación de las áreas de cesión

33-000-2025-00137-00, conocida por el Tribunal Administrativo de Santander; 68001-23-33-000-2025-00336-00, conocida por el
Tribunal Administrativo de Santander; y 11001-03-15-000-2025-06199-00, conocida por el Consejo de Estado, Sección Primera.
3 Sentencia de 31 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander dentro de la acción de tutela con
radicado 68001-23-33-000-2025-00137-00, y sentencia de 8 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander dentro de la acción de tutela con radicado 68001-23-33-000-2025-00336-00.
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tipo A, el auto de 26 de junio de 2019 y la posibilidad de reabrir el trámite de
cumplimiento.

También encontró identidad de objeto, pues las acciones perseguían sustancialmente
las mismas finalidades: (i) obtener el estudio técnico definitivo; (ii) reabrir el trámite de
cumplimiento o desacato; (iii) revisar nuevamente las áreas de cesión tipo A; y, (iv)
obtener nuevas órdenes relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de la acción
popular.

Asimismo, consideró que no existían hechos nuevos o circunstancias sobrevinientes
que justificaran la presentación de una nueva tutela. Por el contrario, el accionante
continuaba cuestionando las mismas actuaciones que ya habían sido debatidas,
especialmente el auto de 26 de junio de 2019 y la valoración realizada sobre el
cumplimiento de la sentencia popular.

En consecuencia, concluyó que el accionante utilizó reiteradamente la tutela para
reabrir un debate ya planteado y decidido, lo que desconoce su carácter excepcional
y subsidiario, así como los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
constitucional y lealtad procesal. Por ello, al encontrar identidad de partes, hechos y
pretensiones y no advertir circunstancias nuevas, declaró temeraria y, por tanto,
improcedente la acción de tutela.

8. Impugnación

El accionante impugnó la decisión de primera instancia porque consideró que el
Tribunal Administrativo de Santander se equivocó al declarar temeraria la acción de
tutela y no analizó de fondo las irregularidades que planteó respecto del cumplimiento
de la sentencia de la acción popular. A su juicio, la decisión incurrió en errores de
hecho y de derecho y se sustentó en consideraciones inexactas.

En concreto, sostuvo que no existía identidad plena de hechos y pretensiones con las
tutelas anteriores, pues en esta oportunidad planteó asuntos que, según afirma, no
habían sido resueltos y existen circunstancias nuevas. Entre ellas, mencionó la
construcción de nuevas edificaciones de más de cinco pisos, que continuarían
reduciendo el espacio público y afectando la movilidad y el bienestar de los habitantes
del sector.

Asimismo, insistió en que la sentencia de la acción popular no se ha cumplido
integralmente, porque el estudio técnico ordenado para determinar con exactitud las
áreas de cesión tipo A pendientes de legalizar no obra en el expediente ni fue puesto
a disposición de las partes por el término correspondiente. Por ello, cuestionó la
conclusión del Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga según la cual las
órdenes judiciales ya habían sido cumplidas.

También alegó irregularidades en la determinación de las áreas de cesión tipo A.
Señaló que el juez habría aprobado un área inferior a la que resultaba del estudio
técnico, habría incluido terrenos con afectación ambiental o pendientes superiores al
25 % y habría reconocido como cesión gratuita un área que, según el accionante,
había sido adquirida mediante pago. A su juicio, estas cuestiones requerían una
revisión técnica de fondo y no habían sido examinadas por el Tribunal.

Finalmente, rechazó que hubiera actuado con mala fe o dolo, elementos que
considera ausentes en su conducta, y sostuvo que su reiterada actuación judicial
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obedece a la defensa del espacio público y al cumplimiento de sus deberes como
integrante del comité de verificación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por
temeridad, al concluir que el accionante pretendía reabrir un debate previamente
resuelto en otras acciones de tutela relacionadas con el cumplimiento de la sentencia
proferida dentro de la acción popular sobre las áreas de cesión tipo A del sector «Tejar
Moderno», o si, por el contrario, los hechos y pretensiones formulados en esta
oportunidad justifican un nuevo estudio de fondo.

La Sala anticipa que confirmará la decisión adoptada en primera instancia.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) las
actuaciones temerarias en materia de tutela y (ii) el caso concreto.

(i) Las actuaciones temerarias en materia de tutela

El artículo 384 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación es temeraria
cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales.
También señala que, en ese caso, todas las solicitudes se rechazarán o decidirán
desfavorablemente.

Es decir, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se concreta en
la indebida utilización de este mecanismo de protección.

Hay temeridad cuando existe (i) identidad fáctica en relación con otra acción de tutela;
(ii) identidad de demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta por la
misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto demandado, y (iv) falta de

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Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por
la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos
será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar».
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justificación para interponer la nueva acción. Así lo establece la jurisprudencia de la
Corte Constitucional5, que a la letra dice:

(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se
dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo
sujeto en su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o
a través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de
cualquiera de sus representantes legales;
(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio
simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que
le sirvan de causa;
(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la
satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho
fundamental;
(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso
en concreto los tres primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud
de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un
incidente dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un
argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del
derecho de acción.

La figura de la temeridad censura la intención fraudulenta de la persona que ejerce
injustificadamente la misma tutela ante varios jueces. El fundamento de la norma que
sanciona la temeridad se encuentra en los artículos 83 y 95 de la Constitución Política,
que, por una parte, obligan a los particulares y a las autoridades públicas a actuar con
base en el principio de buena fe, y, por otra, imponen el deber de «respetar los
derechos ajenos y no abusar de los propios y colaborar en el buen funcionamiento de
la administración de la justicia».

En el mismo sentido, la Corporación se refirió a aquellos eventos en los que, a pesar
de que se cumpla con los requisitos señalados, no hay lugar a declarar la existencia
de la temeridad, cuando:

«i) en las condiciones del actor que lo coloca en estado de ignorancia o de especial
vulnerabilidad o indefensión en que actúa por miedo insuperable o la necesidad extrema
de defender sus derechos, ii) en el asesoramiento equivocado de los profesionales del
derecho, iii) en nuevos eventos que aparecen con posterioridad a la acción o que se
omitieron en el trámite de la misma u otra situación que no se hubiere tomado como
fundamento para decidir la tutela anterior que involucre la necesidad de protección de los
derechos, y iv) en la presentación de una nueva acción ante la existencia de una sentencia
de unificación de la Corte Constitucional, [cuando el actor] en sus actuaciones siempre
puso de presente a los jueces de tutela la previa existencia de una demanda de igual
naturaleza.»

De lo anterior, se observa que la actuación temeraria se predica en los eventos en
que, sin motivo justificado, una misma persona presenta una acción de tutela ante
varios despachos judiciales con base en los iguales hechos y para obtener la
protección de los mismos derechos.

En reciente providencia esta Sala, al analizar la improcedencia de la acción de tutela
por duplicidad de acciones o por conducta temeraria, indicó:

5
Ver, entre otras, las sentencias T-067 de 2005, T-312 de 2006 y SU-713 de 2006.
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«En armonía con el anterior precepto, se prevé que quien acude a este mecanismo de
protección constitucional, efectúe el juramento de no haber presentado otra petición
idéntica. De esta manera, se busca salvaguardar el principio de seguridad jurídica que
resguarda las decisiones adoptadas por los jueces de la República, así como mantener
los efectos de la cosa juzgada que implica “que las partes no puedan discutir de nuevo sus
pretensiones cuando ellas fueron resueltas, toda vez que dicho principio concede a las
sentencias el carácter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas”.

De acuerdo con ello, para verificar la duplicidad de acciones de tutela corresponde al juez
constitucional establecer los siguientes elementos: identidad de partes, de hechos, de
pretensiones y la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda.

En esa línea, la Corte Constitucional se ha referido a las consecuencias que se derivan
del hecho de presentar acciones de tutela idénticas, ya sea de forma simultánea o
sucesiva, en el sentido que corresponde al juez de tutela declarar la improcedencia sin
que pueda efectuarse un estudio de fondo, pues en esos casos “la acción pierde su
carácter de instrumento preferente y sumario de defensa de derechos fundamentales para
convertirse, en una vía de actuación deshonesta frente al Estado, o bien en una acción
que socave los mínimos de seguridad exigidos a un ordenamiento que pretende dar fin a
los conflictos sociales y a las decisiones”.

Sobre este aspecto, resulta importante señalar que la improcedencia por duplicidad de
acciones de tutela se distingue de la de una acción temeraria, porque en el primero
escenario no existe mala fe por parte de quien acude al mecanismo de protección
constitucional en forma sucesiva o simultánea» 6.

(ii) Caso concreto

Mediante sentencia de 2 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo de Santander
declaró improcedente la acción de tutela. Para ello, consideró que el actor pretendía
reabrir debates que ya habían sido resueltos dentro del proceso de acción popular y
cuestionar providencias judiciales ejecutoriadas relacionadas con la verificación del
cumplimiento de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2013. Asimismo, advirtió
que el accionante había promovido diversas acciones constitucionales sobre el mismo
asunto, circunstancia que evidenciaba una utilización reiterada de la acción de tutela
para insistir en pretensiones previamente analizadas por la jurisdicción constitucional.

Inconforme con esa decisión, el señor Carlos Gerardo Ardila Acevedo la impugnó. En
síntesis, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Santander no analizó los hechos
expuestos en la acción de tutela, insistió en que el estudio técnico ordenado en la
sentencia de acción popular nunca fue incorporado al expediente ni puesto en
conocimiento de las partes y reiteró que el Juzgado Quince Administrativo aprobó
indebidamente el cumplimiento de la sentencia con fundamento en un simple informe
y no en el estudio técnico definitivo. Igualmente, afirmó que no existe cosa juzgada,
porque persiste la vulneración de sus derechos fundamentales y porque, en su criterio,
las decisiones judiciales cuestionadas continúan produciendo efectos.

Antes de abordar los planteamientos formulados por el impugnante, la Sala estima
necesario verificar si la presente acción de tutela satisface los presupuestos de
procedencia, pues del expediente se advierte que el actor ha promovido con
anterioridad otras acciones constitucionales relacionadas con el mismo proceso de
acción popular, circunstancia que obliga a establecer si en el presente asunto se
configura la cosa juzgada constitucional derivada de una actuación temeraria.

6
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 26 de febrero de 2026, exp. nro.
11001-03-15-000-2026-00115-00, C.P. Dr. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2026-00330-01
Demandante: Carlos Gerardo Ardila Acevedo

En efecto, de la comparación entre las acciones de tutela previamente promovidas por
el accionante y la que ahora ocupa la atención de la Sala, se observa lo siguiente:

Tutela 2025-00137- Tutela 2025-00336- Tutela 2026-00330-00
007 008 (actual)
Accionante Carlos Gerardo Ardila Carlos Gerardo Ardila Carlos Gerardo Ardila
Acevedo Acevedo Acevedo
Accionando Juzgado Quince Juzgado Quince Juzgado Quince
Administrativo de Administrativo de Administrativo de
Bucaramanga Bucaramanga Bucaramanga
Origen de la Presunto Presunto Presunto
controversia incumplimiento de la incumplimiento de la incumplimiento de la
sentencia de 31 de sentencia de 31 de sentencia de 31 de
octubre de 2013 octubre de 2013 octubre de 2013
proferida dentro de la proferida dentro de la proferida dentro de la
acción popular sobre acción popular sobre acción popular sobre
las áreas de cesión tipo las áreas de cesión tipo las áreas de cesión tipo
A del sector «Tejar A del sector «Tejar A del sector «Tejar
Moderno». Moderno». Moderno».
Causa petendi Sostiene que el estudio Reitera que el estudio Reproduce los mismos
técnico ordenado por técnico no obra en el cuestionamientos:
la sentencia no fue expediente, insiste en afirma que el estudio
incorporado al que el Juzgado dio por técnico definitivo no
expediente ni puesto cumplida fue allegado al
en conocimiento de las indebidamente la expediente ni
partes; cuestiona el sentencia mediante trasladado a las partes,
auto de 26 de junio de auto del 26 de junio de controvierte el auto de
2019 y afirma que las 2019 y cuestiona 26 de junio de 2019 y
áreas de cesión tipo A nuevamente la sostiene que las áreas
fueron calculadas en determinación de las de cesión tipo A fueron
contravía de las áreas de cesión tipo A. determinadas de
normas urbanísticas. manera errónea y en
contravía de la
normativa urbanística.
Pretensiones Obtener el estudio Obtener el estudio Obtener el estudio
técnico ordenado en la técnico, reabrir el técnico definitivo,
sentencia, revisar el trámite de reunir nuevamente el
cumplimiento del fallo cumplimiento de la comité de verificación,
y adoptar medidas acción popular y reabrir el proceso de
para garantizar la revisar nuevamente las cumplimiento y revisar
correcta áreas de cesión tipo A. la determinación de las
determinación de las áreas de cesión tipo A.
áreas de cesión tipo A.

De lo expuesto, se evidencia que las acciones de tutela presentan una coincidencia
plena en cuanto a las partes, la causa petendi y las pretensiones, sin que el actor haya
aportado una razón válida que justifique la presentación de un nuevo amparo
constitucional sobre el mismo objeto. En efecto, los cuestionamientos que ahora
formula se dirigen nuevamente a controvertir el trámite de cumplimiento de la
sentencia proferida el 31 de octubre de 2013, en particular la incorporación del estudio

7 Revisada la plataforma SAMAI, se constató que en el índice 50 obra un oficio en el que se informa que el expediente no fue
seleccionado por la Corte Constitucional para revisión.
8 Revisada la página de jurisprudencia de la Corte Constitucional, se constató que el expediente correspondiente a este radicado
no fue seleccionado para revisión.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2026-00330-01
Demandante: Carlos Gerardo Ardila Acevedo

técnico al expediente, la determinación de las áreas de cesión tipo A y el auto de 26
de junio de 2019 mediante el cual el Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga
declaró cumplidas las órdenes impartidas en la acción popular, aspectos que ya fueron
sometidos al conocimiento de la jurisdicción constitucional.

En ese sentido, los argumentos expuestos en la impugnación no desvirtúan la
conclusión alcanzada por el Tribunal Administrativo de Santander. Si bien el actor
insiste en que persiste la vulneración de sus derechos fundamentales y que las
decisiones judiciales cuestionadas continúan produciendo efectos, tales afirmaciones
no constituyen hechos nuevos o circunstancias sobrevinientes que justifiquen un
nuevo pronunciamiento del juez de tutela. Por el contrario, corresponden a una
reiteración de las inconformidades planteadas en las acciones constitucionales
promovidas con anterioridad, las cuales ya fueron objeto de estudio y decisión.

Así las cosas, la Sala concluye que la presente acción de tutela constituye un nuevo
intento de reabrir un debate constitucional previamente resuelto, subsidiario y
excepcional de este mecanismo de protección y los principios de seguridad jurídica,
cosa juzgada constitucional y buena fe procesal. En consecuencia, al configurarse la
identidad de partes, causa petendi y objeto, sin que se acrediten hechos nuevos que
justifiquen la interposición de un nuevo amparo, se impone confirmar la sentencia de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por configurarse una
actuación temeraria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de 2 de junio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, objeto de impugnación, conforme a lo expuesto en la
parte considerativa de la providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

11
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