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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00115-00

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00115-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora Melannie Romero Vega, quien actúa en nombre propio, contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia - URNA, por las razones aquí expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00115-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00115-00
Accionante: MELANNIE ROMERO VEGA
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y LA
UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA -URNA

Temas: Tutela contra autoridad judicial y administrativa. Registro de sanción
en proceso disciplinario. Duplicidad de acciones en los términos del
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Melannie Romero Vega, quien actúa en nombre propio,
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia -URNA.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 14 de enero de 2026, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
mínimo vital, al trabajo y de acceso a la administración de justicia, así como el
principio non bis in idem, supuestamente vulnerados por las autoridades
accionadas.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO. Que se declare la nulidad del registro en el URNA de la sanción disciplinaria
impuesta con ocasión de la sentencia de segunda instancia de radicado:
11001250200020220072501 por violar de manera flagrante el principio non bis in idem y
por vulnerar mis derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia.

SEGUNDO. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene eliminar toda anotación
relacionada con dicha sanción en el Certificado de Antecedentes Disciplinarios y en el
registro público correspondiente.

TERCERO. Que se tramite la presente tutela con carácter de urgencia, atendiendo al
perjuicio inminente e irreparable que la suspensión del ejercicio profesión causa a mis
derechos constitucionales”.

2. Hechos

De la lectura del expediente del proceso disciplinario no. 11001-25-02-000-2022-
00725-00 y del escrito de tutela se advierten como relevantes los siguientes hechos:

Radicado: 11001-03-15-000-2026-00115-00
Accionante: Melannie Romero Vega

El origen de la actuación disciplinaria surgió por la compulsa de copias ordenada
por el coordinador del Grupo de Procesos de Reorganización Abreviada de la
Superintendencia de Sociedades en la sesión de audiencia de resolución de
objeciones y confirmación del acuerdo de reorganización del proceso abreviado
celebrada el 19 de octubre de 2021, en el marco del proceso de insolvencia de la
empresa Estructuras Metálicas Castillo SAS, en la que se puso en conocimiento el
posible comportamiento antiético por parte de las abogadas Geraldini Rodríguez
Tovar y Melannie Romero Vega por suplantación de identidad de la primera frente
a la segunda.

El asunto le correspondió por reparto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Bogotá, que mediante auto de 18 de enero de 2024 profirió auto de apertura de
proceso disciplinario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley
1123 de 2007. Posteriormente, la etapa de pruebas y calificación se surtió en
sesiones del 5 de febrero, 11 de abril, 19 de junio y 27 de agosto de 2024. En ese
orden de ideas, la abogada Melannie Romero Vega confesó la conducta, por lo que
en virtud de lo previsto en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007 se siguió con la
audiencia de juzgamiento respecto de la profesional del derecho Geraldini
Rodríguez Tovar.

Mediante providencia de 3 de marzo de 2025, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá sancionó con suspensión de dos meses en el ejercicio de la
profesión a la ahora accionante y con suspensión de cuatro meses a la abogada
Geraldini Rodríguez Tovar, por incurrir en la falta descrita en el numeral 9 del artículo
33 de la Ley 1123 de 2007, en concordancia con el deber previsto en el numeral 6
del artículo 28 de la misma normativa, a título de dolo. La sentencia fue notificada a
las partes mediante correo electrónico enviado el 14 de marzo de 2025. Contra la
anterior determinación, el 19 de marzo de 2025 la defensora de la señora Geraldini
Rodríguez Tovar presentó recurso de apelación. La accionante no interpuso recurso
alguno.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial mediante sentencia de 12 de noviembre
de 2025 confirmó la decisión en lo que fue objeto de apelación.

Ahora bien, en el escrito de tutela, la accionante manifestó que cumplió la sanción
impuesta en primera instancia entre el 8 de abril y el 7 de junio de 2025. Sin
embargo, señaló que, en cumplimiento del fallo de segunda instancia, la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia -URNA registró
nuevamente la sanción el 11 de diciembre de 2025, fijando su vigencia del 11 de
diciembre de 2025 al 10 de febrero de 2026, lo que, a su juicio, configuró una
duplicidad en la ejecución de la sanción y le impidió ejercer la profesión durante ese
segundo período.
Con fundamento en lo anterior, indicó que en el escrito de tutela solicitó como
medida cautelar la suspensión de la sanción disciplinaria impuesta dentro del
proceso disciplinario, “es decir que se levante el registro nacional de abogados,
mientras se decide de fondo lo aquí solicitado”.

Finalmente, precisó que el 23 de diciembre de 2025 radicó la acción de tutela por el
aplicativo de tutelas en línea, no obstante, afirmó que se la devolvieron por
competencia, informándole que debía esperar hasta el 12 de enero de 2026 para
radicarla, debido a que la Rama Judicial se encontraba en vacancia judicial.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que se encontraba pendiente de suscribir un contrato de
prestación de servicios con la Gobernación del Tolima, por lo que la suspensión del
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Accionante: Melannie Romero Vega

ejercicio de la profesión le causaba un perjuicio inminente e irreparable. Asimismo,
señaló que tenía plazo para radicar los documentos necesarios para el contrato
hasta el 2 de enero de 2026, “lo que implica que en caso de que no se haga efectiva
la medida provisional se me estaría causando un perjuicio irremediable, esto, por
cuanto estamos cercanos a la entrada en vigencia de la ley de garantías, lo que
además me dejaría sin la posibilidad de firmar ningún contrato durante la vigencia
de la misma, lo que empeora la situación en la que me encuentro hacia la posible
consecución de un perjuicio irremediable e inminente”.

Señaló que, tratándose de una tutela contra una sanción disciplinaria que le impedía
ejercer su profesión y suscribir contratos se cumplían los presupuestos para la
procedencia excepcional de la acción constitucional, dado el carácter inminente,
grave y urgente del daño. En cuanto al requisito de subsidiariedad, sostuvo que no
existía un medio judicial idóneo y eficaz que brindara una protección inmediata de
sus derechos fundamentales. Respecto del perjuicio irremediable, afirmó que la
ejecución de la sanción la dejaba sin posibilidad de generar ingresos, afectando
directamente sus derechos al trabajo y al mínimo vital. Finalmente, en relación con
la medida cautelar solicitada argumentó que resultaba necesaria y adecuada para
evitar la consolidación de un daño irreparable mientras se adoptaba una decisión
de fondo.

4. Trámite procesal

El despacho del magistrado sustanciador mediante auto de 27 de enero de 2026
admitió la demanda, negó la medida cautelar solicitada y ordenó notificar a la parte
actora y a las autoridades accionadas - Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia -URNA.
Asimismo, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, como tercera
interesada en el resultado del proceso y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General
del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 13485 a 13489 de
29 de enero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión1.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Secretaría de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

El secretario judicial rindió informe en el que señaló que la magistrada sustanciadora
en primera instancia emitió constancia de ejecutoria parcial del 21 de marzo de 2025
respecto de la no apelante Melannie Romero Vega, no obstante, la sentencia de 3
de marzo de 2025 proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá no quedó ejecutoriada en virtud de la apelación presentada por la señora
Geraldini Rodríguez Tovar. Así las cosas, precisó que el recurso fue resuelto
mediante providencia de 12 de noviembre de 2025, a través de la cual la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sanción impuesta.

En cumplimiento de lo anterior, sostuvo que a través de oficio no. SJ_46273_ASI de
4 de diciembre de 2025, la Secretaría de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
comunicó dicha decisión a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia -URNA.

Informó que la accionante presentó acción de tutela no. 11001-02-30-000-2026-
00028-00, la cual fue admitida mediante auto de 19 de enero de 2026 proferido por

1 Índice 7 de Samai.

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Accionante: Melannie Romero Vega

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, explicó
que el magistrado sustanciador de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
mediante auto de 21 de enero de 2026 ordenó al director de la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia -URNA que, de manera inmediata,
eliminara la anotación de la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión
por el término de dos meses a la abogada Melannie Romero Vega.

De conformidad con lo anterior, precisó que se actualizó la información obrante en
los certificados de sanciones vigentes y de antecedentes disciplinarios, la
accionante no registraba sanciones vigentes y en el certificado de antecedentes
disciplinarios se registraba sanción cumplida, la cual rigió entre el 8 de abril y 7 de
junio de 2025. “Lo anterior implica que la situación presentada fue corregida
mediante Auto del veintiuno (21) de enero de dos mil veintiséis (2026), del cual se
adjunta copia, proferido por el Despacho del Magistrado Alfonso Cajiao Cabrera,
dentro del proceso disciplinario No. 11001250200020220072501, decisión que fue
cumplida por la Unidad del Registro Nacional del Abogados y Auxiliares de la
Justicia URNA, conforme a los certificados que se adjuntan al presente informe
secretarial”.

Refirió que notificada dicha decisión, la accionante remitió correo electrónico dirigido
a varias dependencias de la Corporación en el que solicitó que se diera
cumplimiento a lo ordenado en el auto de 21 de enero de 2026. En ese orden de
ideas, manifestó que el Grupo de Sancionados de la Secretaría remitió a la
peticionaria el oficio DP_01332CJMB del 22 de enero de 2026, mediante el cual se
le informó que en virtud de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1123 de 2007 y
lo reglamentado en el Acuerdo PCSJA25-12286 del 14 de marzo de 2025 expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura existían dos tipos de certificados. Y se le
explicó que “se adjunta el certificado de sanciones vigentes No. 20260122-2043344
en el que se puede constatar que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, dio cumplimiento a lo ordenado por esta Corporación
mediante el auto emitido el 21 de enero de 2026 toda vez que a la fecha no cuenta
con sanciones vigentes.”

Insistió en que accionante ya había interpuesto una acción de tutela con la misma
pretensión, la cual actualmente cursa ante la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, y según se verificó en el módulo de consulta de procesos de
la Rama Judicial, aún no ha sido resuelta. En consecuencia, sostuvo que se
encontraba ante una posible actuación temeraria, dado que la accionante promovió
una nueva tutela pese a la prohibición legal de presentar acciones idénticas,
afirmando bajo la gravedad del juramento no haber interpuesto otra por los mismos
hechos. Por ello, solicitó que se examinara la eventual configuración de temeridad
en las actuaciones adelantadas por la tutelante.

Finalmente, solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho
superado, comoquiera que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial profirió auto
que ordenó corregir la situación presentada, por lo que se tornaría inocuo impartir
una orden encaminada a resolver una situación que ya fue resuelta.

5.2. Respuesta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá

La magistrada sustanciadora rindió informe en el precisó que por los mismos hechos
y derechos, en el despacho del magistrado Juan Carlos Espeleta Sánchez de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se tramitó la acción de
tutela promovida por la señora Melannie Romero Vega contra la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia –URNA bajo el radicado no. 11001-02-30-000-2026-00028-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00115-00
Accionante: Melannie Romero Vega

Asimismo, informó que con base en el primer trámite tutelar, el magistrado de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial profirió el auto de 21 de enero de 2026
dentro del proceso disciplinario no. 2022-0725 en el que ordenó al director de la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia –URNA
eliminar la anotación de la sanción impuesta a la accionante.

Finalmente, aclaró que revisado el registro de antecedentes disciplinarios y de
sanciones vigentes para abogados, dicha anotación ya no figuraba.

5.3. Respuesta de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia -URNA

El director de la unidad rindió informe en el que precisó que la señora Melannie
Romero Vega presentó acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia -
URNA, la cual fue admitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia mediante auto de 20 de enero de 2026 dentro del radicado no. 11001-
02-30-000-2026-00028-00.

Manifestó que “la tutelante informó que la primera acción de tutela habría sido
devuelta por competencia y, por tal razón, procedió a radicar, nuevamente, el
amparo mediante el cual pretende la nulidad de la anotación de una sanción, es
decir que, el asunto sometido a conocimiento en esta oportunidad corresponde a la
misma controversia previamente repartida a dicha Corporación”.

De conformidad con lo anterior, advirtió que como se trataba de la misma acción
constitucional, reiteró en su integridad el informe presentado en aquella oportunidad,
tanto en lo relativo a las razones de improcedencia del amparo como en relación
con los argumentos de fondo allí expuestos, los cuales permanecían incólumes en
el presente trámite. Lo anterior, sin perjuicio de las reglas sobre reparto y
conocimiento de las acciones de tutela cuando existe identidad de partes, hechos y
pretensiones, evento en el cual corresponde asumir el conocimiento al despacho
judicial que avocó primero el asunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 148 del
Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 4° del Decreto 306
de 1992 y del artículo 2.2.3.1.3.1 del Decreto 1834 de 2015.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y
la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia -URNA,
vulneró a la parte demandante sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al mínimo vital, al trabajo y de acceso a la administración de justicia, así
como el principio non bis in idem, con la inscripción de la sanción disciplinaria
consistente en la suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos
meses entre el 11 de diciembre de 2025 y el 10 de febrero de 2026, cuando ya se
había cumplido con la misma en el marco del proceso disciplinario con radicado n.º
11001-25-02-000-2022-00725-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00115-00
Accionante: Melannie Romero Vega

3. Improcedencia de la acción de tutela por duplicidad de acciones o por
conducta temeraria

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, “cuando,
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por
la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán
o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes (…)”.

En armonía con el anterior precepto, se prevé que quien acude a este mecanismo
de protección constitucional, efectúe el juramento de no haber presentado otra
petición idéntica. De esta manera, se busca salvaguardar el principio de seguridad
jurídica que resguarda las decisiones adoptadas por los jueces de la República, así
como mantener los efectos de la cosa juzgada que implica “que las partes no
puedan discutir de nuevo sus pretensiones cuando ellas fueron resueltas, toda vez
que dicho principio concede a las sentencias el carácter de inmutables, definitivas,
vinculantes y coercitivas”.

De acuerdo con ello, para verificar la duplicidad de acciones de tutela corresponde
al juez constitucional establecer los siguientes elementos: identidad de partes, de
hechos, de pretensiones y la ausencia de justificación en la presentación de la
nueva demanda.

En esa línea, la Corte Constitucional se ha referido a las consecuencias que se
derivan del hecho de presentar acciones de tutela idénticas, ya sea de forma
simultánea o sucesiva, en el sentido que corresponde al juez de tutela declarar la
improcedencia sin que pueda efectuarse un estudio de fondo, pues en esos casos
“la acción pierde su carácter de instrumento preferente y sumario de defensa de
derechos fundamentales para convertirse, en una vía de actuación deshonesta
frente al Estado, o bien en una acción que socave los mínimos de seguridad exigidos
a un ordenamiento que pretende dar fin a los conflictos sociales y a las decisiones”.

Sobre este aspecto, resulta importante señalar que la improcedencia por duplicidad
de acciones de tutela se distingue de la de una acción temeraria, porque en el
primero escenario no existe mala fe por parte de quien acude al mecanismo de
protección constitucional en forma sucesiva o simultánea.

En esa línea, la Corte Constitucional en sentencia T-057 de 20152, se refirió a los
eventos en los que aun existiendo duplicidad de acciones de tutela no hay lugar a
imponer sanción al actor. Al respecto, expresó:

“No basta que exista duplicidad de demandas de tutela para determinar que
efectivamente se actuó con temeridad. Es necesario, tal y como lo ha previsto la
jurisprudencia constitucional, distinguir aquellos eventos en los que pese a que se
configura la temeridad, no es preciso imponer sanción al accionante, en tanto “el ejercicio
de las acciones de tutela se funda (i) en la ignorancia del accionante; (ii) en el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el sometimiento del
actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos
obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho. En
estos casos, si bien lo procedente es la declaratoria de “improcedencia” de las acciones
de tutela indebidamente interpuestas, la actuación no se considera “temeraria” y, por lo
mismo, no conduce a la imposición de sanción alguna en contra del demandante”.

Con todo, en cada caso concreto se debe establecer con base en las pruebas
aportadas, si la actuación fue temeraria o se presentó duplicidad de acciones.

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M.P. (E) Martha Victoria Sáchica Méndez. Ver también, sentencia T-1103 de 2005, M. P. Jaime Araujo Rentería.
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Accionante: Melannie Romero Vega

4. Estudio y solución del caso concreto

La señora Melannie Romero Vega, quien actúa en nombre propio, interpuso acción
de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia -URNA, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital, trabajo y de
acceso a la administración de justicia, así como el principio non bis in idem, con
ocasión de la inscripción de la sanción disciplinaria consistente en la suspensión en
el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, la cual fue impuesta
mediante sentencia de 3 de marzo de 2025 por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá y confirmada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por
medio de decisión de 12 de noviembre de 2025, prevista para el período
comprendido entre el 11 de diciembre de 2025 y el 10 de febrero de 2026, pese a
que ya había cumplido dicha sanción dentro del proceso disciplinario con radicado
no. 11001-25-02-000-2022-00725-01.

La Sala considera que se debe declarar la improcedencia de la acción de tutela por
configurarse la duplicidad de acciones, pues la solicitud presentada por la
accionante comparte identidad procesal con el radicado n.° 11001-02-30-000-2026-
00028-00.

Al verificar el escrito presentado por la demandante y las contestaciones de las
acciones de tutela, se pudo constatar que en esta oportunidad concurren los tres
elementos previstos en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es decir, identidad
de partes, hechos y pretensiones, lo que se observa de manera clara a continuación:

Radicado 11001-02-30-000-2026-00028-00 11001-03-15-000-2026-00115-00

Accionante Actora: Melannie Romero Vega Actora: Melannie Romero Vega

Accionado Comisión Nacional de Disciplina Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Unidad de Registro Judicial y la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia - URNA la Justicia - URNA
Hechos La accionante indicó que mediante La accionante indicó que mediante
sentencia de 3 de marzo de 2025, la sentencia de 3 de marzo de 2025, la
Comisión Seccional de Disciplina Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá la sancionó Judicial de Bogotá la sancionó
disciplinariamente con suspensión en disciplinariamente con suspensión en
el ejercicio de la profesión por el el ejercicio de la profesión por el
término de dos (2) meses, dentro del término de dos (2) meses, dentro del
proceso disciplinario no. 11001-25-02- proceso disciplinario no. 11001-25-
000-2022-00725-00. Señaló que la 02-000-2022-00725-00. Señaló que la
sanción fue cumplida entre el 8 de sanción fue cumplida entre el 8 de
abril y el 7 de junio de 2025. abril y el 7 de junio de 2025.
Posteriormente, la Comisión Nacional Posteriormente, la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, en sede de de Disciplina Judicial, en sede de
segunda instancia, confirmó segunda instancia, confirmó
íntegramente la decisión adoptada el íntegramente la decisión adoptada el
3 de marzo de 2025, incluida la 3 de marzo de 2025, incluida la
sanción de suspensión por el mismo sanción de suspensión por el mismo
término. término.

Añadió que, en ejecución de la Añadió que, en ejecución de la
sentencia de segunda instancia, la sentencia de segunda instancia, la
Unidad de Registro Nacional de Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia Abogados y Auxiliares de la Justicia
(URNA) registró nuevamente la (URNA) registró nuevamente la
sanción el 11 de diciembre de 2025, sanción el 11 de diciembre de 2025,
fijando su vigencia entre el 11 de fijando su vigencia entre el 11 de
diciembre de 2025 y el 10 de febrero diciembre de 2025 y el 10 de febrero
de 2026. de 2026.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00115-00
Accionante: Melannie Romero Vega

Asimismo, explicó que se encontraba Asimismo, explicó que se encontraba
a punto de suscribir un contrato de a punto de suscribir un contrato de
prestación de servicios con la prestación de servicios con la
gobernación del Tolima, por lo que la gobernación del Tolima, por lo que la
suspensión de su tarjeta profesional le suspensión de su tarjeta profesional le
causaba un perjuicio inminente. causaba un perjuicio inminente.

De conformidad con lo anterior, Finalmente, solicitó como medida
solicitó como medida cautelar la cautelar la suspensión de la sanción
suspensión de la sanción disciplinaria disciplinaria impuesta dentro del
impuesta dentro del proceso proceso disciplinario, “es decir que se
disciplinario, “es decir que se levante levante el registro nacional de
el registro nacional de abogados, abogados, mientras se decide de
mientras se decide de fondo lo aquí fondo lo aquí solicitado”.
solicitado”.

Finalmente, precisó que el 23 de
diciembre de 2025 radicó la acción de
tutela por el aplicativo de tutelas en
línea, no obstante, afirmó que se la
devolvieron por competencia,
informándole que debía esperar hasta
el 12 de enero de 2026 para radicarla,
debido a que la Rama Judicial se
encontraba en vacancia judicial.

Pretensiones Primero: que se declare la nulidad del Primero: que se declare la nulidad del
registro en el URNA de la sanción registro en el URNA de la sanción
disciplinaria impuesta con ocasión de disciplinaria impuesta con ocasión de
la sentencia de segunda instancia de la sentencia de segunda instancia de
12 de noviembre de 2025 proferida por 12 de noviembre de 2025 proferida
la Comisión Nacional de Disciplina por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial. Judicial.

Segundo: que como consecuencia de Segundo: que como consecuencia
lo anterior, se ordene eliminar toda de lo anterior, se ordene eliminar toda
anotación relacionada con dicha anotación relacionada con dicha
sanción en el Certificado de sanción en el Certificado de
Antecedentes Disciplinarios y en el Antecedentes Disciplinarios y en el
registro público correspondiente. registro público correspondiente.

Tercero: Que se tramite la presente Tercero: Que se tramite la presente
acción de tutela con urgencia, acción de tutela con urgencia,
atendiendo al perjuicio inminente e atendiendo al perjuicio inminente e
irreparable. irreparable.

De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que las dos acciones de tutela son
sustancialmente idénticas, en la medida en que existe plena coincidencia de partes,
hechos y pretensiones. Sin embargo, se observa que en el escrito radicado ante
esta Corporación bajo el no. 11001-03-15-000-2026-00115-00, la accionante
explicó que volvió a presentar la solicitud de amparo debido a que al intentar
radicarla inicialmente se le informó que debía hacerlo a partir del 12 de enero de
2026, por encontrarse la Rama Judicial en vacancia. En ese contexto, la nueva
presentación no obedecería a una actuación temeraria, sino a la circunstancia
expuesta por la actora.

No obstante, la Sala advierte que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37
del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela debe presentarse bajo la gravedad
del juramento, en el sentido de que no se ha promovido otra acción de tutela por los
mismos hechos y derechos, requisito que tiene como finalidad garantizar la lealtad
procesal, evitar decisiones contradictorias y preservar la economía y seguridad
jurídica propias del trámite constitucional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00115-00
Accionante: Melannie Romero Vega

En el presente caso, pese a que la accionante manifestó las circunstancias que
rodearon la radicación inicial de su solicitud de amparo durante la vacancia judicial,
lo cierto es que se acreditó la existencia de otra acción de tutela con identidad de
partes, hechos y pretensiones, e incluso un pronunciamiento previo por parte de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En ese contexto, el
juramento adquiere especial relevancia, pues impone al accionante el deber de
informar de manera clara y completa sobre la existencia de trámites constitucionales
paralelos o anteriores, con el fin de evitar la duplicidad de acciones.

Aunado a lo anterior, las autoridades accionadas informaron que la solicitud de
amparo que se tramitó en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia compartía las mismas partes, hechos y pretensiones. Adicionalmente, se
constató que dicha corporación, mediante sentencia de 28 de enero de 2026, negó
el amparo solicitado al considerar que se configuró una carencia actual de objeto
por hecho superado, toda vez que durante el trámite constitucional cesó la
vulneración alegada, en razón a que mediante auto de 21 de enero de 2026 la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó a la URNA cancelar el último
registro sancionatorio, por lo que la tarjeta profesional de la accionante se
encontraba vigente.

De lo expuesto, la Sala evidencia que cursó una acción de tutela ante la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con identidad de partes, hechos
y pretensiones, en la cual se resolvió de fondo la controversia planteada, cuya
pretensión era dejar sin efecto el registro en la URNA de la sanción disciplinaria
impuesta con ocasión de la sentencia de segunda instancia de 12 de noviembre de
2025 y ordenar la eliminación de toda anotación relacionada con dicha sanción en
el Certificado de Antecedentes Disciplinarios.

En ese orden de ideas, al encontrarse acreditada la identidad sustancial entre las
acciones promovidas y existir un pronunciamiento previo sobre la misma
controversia, la Sala concluye que la presente solicitud resulta improcedente por
configurarse la duplicidad de acciones prevista en el artículo 38 del Decreto 2591
de 1991. Por lo que permitir un nuevo pronunciamiento implicaría desconocer los
principios de seguridad jurídica, cosa juzgada constitucional y la racionalidad en el
uso del mecanismo excepcional de la acción de tutela.

Asimismo, la Corte Constitucional en las sentencias T-254 de 2023 y SU-027 de
2021, recordó que el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece la figura
de la temeridad, la cual se configura cuando una misma acción de tutela es
presentada varias veces por la misma persona o por su representante ante
diferentes jueces o tribunales, sin motivo expresamente justificado3. Sin embargo,
también precisó que la mala fe es el elemento esencial para diferenciar la temeridad
de la duplicidad de acciones, “de modo que no toda duplicidad de acciones
semejantes da lugar a la imposición de sanciones”.

No obstante, la Sala evidencia que en esta oportunidad se presentó duplicidad de
acciones de tutela, no una actuación temeraria. Ello, en tanto se presentó una
situación particular que generó una confusión para la señora Melannie Romero
Vega, lo que la llevó a radicar nuevamente la solicitud de amparo.

3
“1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las acciones de tutela presentadas de manera simultánea o
sucesiva tengan una triple identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos hechos y la misma
solicitud. 2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como excepcionales que no constituyen una actuación
temeraria, de acuerdo con lo señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia. 3. Que en caso de presentarse una
solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con la que guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo
diferente) el juez constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes, se sustentan en las
mismas razones y solicitud”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-00115-00
Accionante: Melannie Romero Vega

Al respecto, la Corte Constitucional4 ha reiterado que “cuando a pesar de existir
dicha duplicidad, el ejercicio simultáneo de la acción se funda i) en la ignorancia del
accionante, ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o iii) por
el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones
en que los individuos obran por medio insuperable o por la necesidad extrema de
defender un derecho. En estos casos, si bien lo procedente es la declaratoria de
improcedencia de las acciones de tutela indebidamente interpuestas, la actuación
no se considera temeraria y, por lo mismo, no conduce a la imposición de sanción
alguna en contra del tutelante”.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, por
configurarse la duplicidad de acciones.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Melannie Romero Vega, quien actúa en nombre propio, contra la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia - URNA, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

4
Sentencias T-184 de 2005, T-298 de 2018 y SU-027 de 2021.
10

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