Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06203-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06203-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06203-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
5 de diciembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06203-00
Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06203-00
Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
Referencia: Acción de tutela
Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedencia. Legitimación en la causa.
Subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela que interpuso Laura Camila Bermúdez Quimbayo
en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Laura Camila Bermúdez Quimbayo, en nombre propio1, promovió acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y contradicción, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad, al trabajo, al mínimo vital, a la vida digna a la estabilidad laboral reforzada
y a la protección especial por estado de embarazo; garantías que consideró
vulneradas por el Tribunal Administrativo del Antioquia al proferir la sentencia del 30
de julio de 2025, en el trámite de la acción de tutela identificada con el radicado
número 05001-33-33-001-2025-00085-00/01/02, pues no se le vinculó como tercera
con interés.
También reprochó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN,
mediante Resolución núm. 010672 del 17 de septiembre de 20252, dio por
1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 035C3C0D6CDFE7AA FE1AF9A615851D63
F6EF01EFD6626BC1 19C38618010507D3.
2 Visible a PDF 10 contenido en el índice 00002 del aplicativo SAMAI, con certificado núm.
035C3C0D6CDFE7AA FE1AF9A615851D63 F6EF01EFD6626BC1 19C38618010507D3.
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Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo
terminado su nombramiento en provisionalidad en la entidad, a pesar de su estado
de embarazo.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica3:
2.1. Laura Camila Bermúdez Quimbayo expuso que fue vinculada en provisionalidad
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN mediante la Resolución
núm. 2526 del 19 de agosto de 2021, en el cargo de Facilitador IV, Código 104,
Grado 04 en la Seccional de Aduanas de Bogotá en el Aeropuerto El Dorado.
2.2. El 20 de marzo de 2025 el señor Juan David Jiménez Barreto promovió acción
de tutela en contra de la DIAN y la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC, con
la pretensión de que se protegieran sus derechos fundamentales y, en ese orden: i)
se le ordenara a la entidad reportar a la CNSC todas las vacantes surgidas con
posterioridad a la convocatoria del 29 de diciembre de 2022, pertenecientes al
empleo denominado Gestor 01, Código 301 AT – OP3015 y hacer uso de la lista de
elegibles contenida en la Resolución núm. 4162 del 31 de julio de 2024 y ii) ordenar
a la CNSC que efectuara la actualización de la oferta de vacantes y la provisión de
estas con base en la lista de elegibles vigente.
2.3. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Medellín bajo el radicado número 05001-33-33-001-2025-00085-
00/01/02, autoridad que mediante sentencia del 3 de abril de 2025 accedió a la
solicitud de tutela.
2.4. Inconforme con la decisión, la DIAN y los terceros con interés presentaron
escrito de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Antioquia quien en
providencia del 30 de julio de 2025 confirmó la decisión del a quo.
2.5. En cumplimiento de tal orden, la DIAN profirió la Resolución núm. 010672 del
17 de septiembre de 20254, a través de la cual dio cumplimiento al fallo de tutela
referenciado y, ordenó el nombramiento en período de prueba de Daniel Andrés
Peñaloza Gámez, quien se encontraba en primer lugar en la lista de elegibles
conformada en la Resolución núm. 4162 del 31 de julio de 2024 para el cargo Gestor
01, Código 301 AT – OP3015; dispuso la finalización del encargo de Juan Carlos
Velasco Peña, para que regresara a su cargo de carrera de Facilitador IV, Código
104, Grado 04 en la Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto El Dorado y
3 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001333300120250008503050
0123
4 Visible a PDF 10 contenido en el índice 00002 del aplicativo SAMAI, con certificado núm.
035C3C0D6CDFE7AA FE1AF9A615851D63 F6EF01EFD6626BC1 19C38618010507D3.
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Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo
terminar el nombramiento en provisionalidad de la accionante, para que el señor
Velasco Peña reasumiera las funciones del empleo del cual ostenta derechos de
carrera administrativa.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional amparar sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital, a la vida digna,
a la estabilidad laboral reforzada y a la protección especial por estado de embarazo.
Como consecuencia de ello, pidió: i) dejar sin efectos las actuaciones desarrolladas
en el marco de la acción de tutela tramitada ante el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia para que, en su
lugar ii) ordenar a la autoridad judicial que se le vincule como tercera interesada
desde la admisión de la demanda y; iii) suspender los efectos de la Resolución
010672 del 17 de septiembre de 2025, en la que se ordenó su retiro de la entidad.
3.2. Como fundamento de la acción de tutela, manifestó que su desvinculación fue
lesiva, toda vez que no se le vinculó al trámite constitucional, ni se le notificó de
manera preliminar que el cargo desempeñado se encontraba en la lista mencionada
por el señor Jiménez Barreto en su solicitud de amparo, ni se le requirió para que
acreditara alguna condición de estabilidad laboral reforzada, como lo exige la
jurisprudencia.
3.3. De otro lado, explicó que en el mes de abril del año en curso informó
formalmente a la DIAN su estado de gravidez a través del sistema Kactus y
mediante correo electrónico dirigido a su jefe, hecho que no se tuvo en cuenta al
momento de la terminación de su vinculación al cargo en provisionalidad, pues
ostenta la condición de sujeto de especial protección constitucional, lo que implica
que el amparo que se deriva de su estado es temporal y transitorio, por ello los
daños generados por la actuación de la entidad no pueden ser reparados de manera
posterior y eficaz.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 7 de octubre de 20255 se admitió la acción de tutela, se
dispuso la vinculación como parte accionada a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, y como terceros con interés al Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Medellín, al señor Juan David Jiménez Barreto, a la Comisión
Nacional del Servicio Civil – CNSC, a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y a los señores Daniel Andrés Peñaloza Gámez y Juan Carlos Velasco
5 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 258677D0B600AA24 B0075F5C055A70F3
75B2C9BD0388711E 159DD6660025EA23.
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Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo
Peña; asimismo, se decretó la medida provisional solicitada y se ofició al Tribunal
Administrativo de Antioquia y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Medellín para que remitieran al trámite constitucional el expediente identificado bajo
el radicado número 05001-33-33-001-2025-00085-00/01/02.
4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia6 manifestó que se atiene a los
argumentos expuestos en la decisión atacada, por lo que dispuso acatar la decisión
que se adopte en la presente acción.
4.3. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN7 puso de presente
que la orden judicial censurada por la accionante obedeció al cumplimiento del fallo
proferido en el trámite de tutela adelantado bajo el radicado núm. 05001-33-33-001-
2025-00085-00 en la que accedió al amparo promovido por el señor Juan David
Jiménez Barreto, en el sentido de realizar los nombramientos en período de prueba
de los elegibles pendientes de ser nombrados en el empleo Gestor I, Código 301,
Grado 1 Código OPEC 198479 de la AT-OP3015; por lo que procedió a expedir las
respectivas resoluciones de nombramiento en período de prueba.
Añadió que el tribunal avizoró una indebida integración del contradictorio por parte
del juzgado, pues dejó de notificar a los terceros con interés, es decir, a los
servidores de la entidad vinculados en encargo o provisionalidad en el cargo Gestor
I AT-OP3015, así como a los integrantes de la lista de elegibles de la Resolución
14162 de 2024 (OPEC 198479). Por lo anterior, dispuso, como medida de
saneamiento, que el a quo efectuara la notificación personal y continuar con el
proceso.
Sin embargo, la señora Bermúdez Quimbayo no fue notificada dentro de dicho
trámite, toda vez que no se encontraba nombrada en el cargo Gestor I AT-OP3015,
sino que ocupaba temporalmente el empleo de Facilitador IV, en reemplazo del
servidor Juan Carlos Velasco Peña, quien sí estaba en encargo del cargo Gestor I
y fue debidamente notificado dentro del proceso judicial.
Esta situación obedeció a que, para el momento de los hechos, la actora no ocupaba
el cargo objeto directo de los nombramientos ordenados judicialmente, esto es, el
empleo Gestor I, Código 301, Grado 1, OPEC 198479 – Proceso Operación
Aduanera, sino que se encontraba desempeñando temporalmente el cargo de
Facilitador IV, en reemplazo del servidor Juan Carlos Velasco Peña, quien se
hallaba en encargo del cargo Gestor I mencionado
6 Índices 00009, 00010 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 97E94212A613CA99 66E67BC9211D13BB
A27C801EAB95500D 04A8C5243EC15F71.
7 Índice 00011 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 1AA60C3FA9EA9E3A A923DB26FE1ADF95
FCD37E6265573A6B D07A8B66DAC9878D.
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Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo
De cara al asunto de fondo, explicó que la Resolución No. 010672 del 17 de
septiembre de 2025, mediante la cual se formalizó la terminación del nombramiento
provisional de la accionante, se expidió en cumplimiento estricto de la orden judicial
impartida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Medellín,
confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que ordenó ejecutar los
nombramientos en período de prueba de los elegibles de la Resolución CNSC
14162 de 2024. No obstante, reconoció que no solicitó previamente documentos a
la señora Bermúdez Quimbayo para verificar una posible condición de debilidad
manifiesta o estabilidad laboral reforzada, dado que no se previó que su situación
administrativa pudiera verse afectada indirectamente por la terminación del encargo
del señor Velasco Peña.
Sostuvo que en el aludido acto se dispuso de forma expresa que contaba con la
facultad de interponer recurso de reposición. En virtud de ello, la tutelante repuso la
decisión el 7 de octubre de 2025, el cual a la fecha se encuentra en trámite y dentro
de los términos legales para ser resuelto.
En ese orden, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto Ley
927 de 2023, destacó que el acto administrativo de desvinculación no ha adquirido
firmeza, razón por la cual la señora Bermúdez Quimbayo mantiene su vinculación
activa en el cargo Facilitador IV, mientras se decide de fondo el recurso interpuesto.
No obstante, manifestó que, al advertir el estado de gravidez de aquella, puso de
presente que adoptó medidas de acción afirmativa orientadas a preservar la
estabilidad laboral reforzada de la accionante. En tal sentido, al existir una vacante
temporal disponible en el empleo Facilitador IV, ID 5062, procedió a asignarlo a la
señora Bermúdez Quimbayo.
Finalmente, más allá de la situación presentada y el trámite desarrollado en la
acción de tutela objeto de controversia, concluyó que la actora no logró acreditar la
configuración de algún defecto contenido en la providencia atacada, ni demostró un
perjuicio irremediable que ameritara la intervención del juez constitucional, por lo
que solicitó declarar la improcedencia de la acción.
4.4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín8 procedió a
esbozar las actuaciones desarrolladas en el trámite de la acción de tutela, sin que
avizorara vulneración de alguna garantía fundamental de la actora, por lo que
solicitó su desvinculación del presente trámite.
8 Índice 00012 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 70EB5161D68F7349 E7D8CB08D1173879
0551944BFE9F77AA 7A79F1D0C18408CD.
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Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo
4.5. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público9 solicitó su desvinculación del
presente trámite, pues lo pretendido por la accionante desborda su competencia.
4.6. La Comisión Nacional del Servicio Civil10 expuso que, a partir de la lectura
del escrito de tutela, concluyó que no es la autoridad responsable de los actos
cuestionados por la accionante, pues su actuación se limita a la organización y
vigilancia del proceso de selección meritocrático de la DIAN 2022, por lo que no
interviene en la administración de personal, ni en actos como nombramientos,
desvinculaciones, insubsistencias o provisiones temporales. Por lo anterior, solicitó
declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.
4.7. Mediante auto de fecha 12 de noviembre de 202511 el Despacho ponente
requirió a la DIAN para que aportara el acto administrativo que sustentó la medida
adoptada para preservar la estabilidad laboral reforzada de la accionante, así como
los soportes de pago correspondientes a la seguridad social en salud, pensión y
caja de compensación familiar.
El 20 de noviembre de 202512 la entidad presentó memorial en el que puso en
conocimiento la certificación laboral de la accionante, quien en la actualidad funge
en el cargo “facilitador IV grado 04”, así como la planilla de aportes correspondiente
al mes de noviembre de 2025.
4.8. Jimmy Rivera González13 solicitó su reconocimiento como tercero interesado
en la presente acción. Manifestó que es uno de los elegibles de la lista conformada
para el cargo “Gestor I – Ficha AT-093015”, cuyo nombramiento en período de
prueba se efectuó mediante Resolución 010678 del 17 de septiembre de 2025, por
lo que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la accionante, debido a que
no tiene la potestad para reclamar que se anule o retrotraiga una decisión judicial,
pues no ocupaba la mencionada vacante, y la situación en la que se encuentra
obedeció de manera exclusiva a las decisiones administrativas internas de la DIAN,
la cuales no pueden ser imputadas ni al juez que profirió la decisión ni a los
accionantes que promovieron la tutela objeto de censura en esta oportunidad.
9 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 08AD45E65992AA51 8416AD82453E6BC5
DF7AEA38A8927425 E9623B031C696722.
10 Índice 00014 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. A8ADAFC047C53141 6795F91326A8076F
4BB283F0F72BADB7 028920D0E14A1F6A.
11 Índice 00024 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 1747465B9AF8D866 EC74E20E031D5228
49BC478B41F9E7E5 ED493B3A69F234E7
12 Índice 00033 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. D49BF79A6161BF5F 4B247605A8D8D70D
B276E5A3FCCD6EB6 6EF5589F500C08FD.
13 Índice 00028 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 8D992D626AEE81F3 AA66DF7D809D5E7F
7BED6516F383D333 75334F5AAE803EFB.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06203-00
Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo
4.9. Juan David Jiménez Barreto14 sostuvo que actualmente cursan tres acciones
constitucionales con identidad de hechos, partes y pretensiones, por lo que guardan
relación directa entre sí, de manera que solicitó su acumulación.
4.10. James Núñez Dueñas15 en su calidad de elegible en el concurso de méritos
de la DIAN, presentó oposición a la tutela presentada por la señora Bermúdez
Quimbayo, pues consideró que la finalidad de aquella fue interferir con el
cumplimiento del principio de mérito, contenido en la orden impartida por la
jurisdicción contenciosa en Antioquia.
De otro lado, destacó que la provisionalidad es una figura temporal y precaria, que
no otorga derecho a permanecer indefinidamente frente a una lista de elegibles
vigente.
Finalmente, resaltó que cualquier protección laboral reforzada debe garantizarse
mediante su reubicación u otras medidas administrativas, pero sin suspender o
impedir el nombramiento de quienes superaron el concurso.
4.11. Laura Botero16 se pronunció acerca de los hechos y pretensiones de una
acción de tutela diferente al presente asunto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
El artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que “Toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
14 Índice 00028 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 5439F3EA0E8A5FBE 43207B6898098866
E841C2AC00953112 C2C5A7DE52E3DDA5.
15 Índice 00030 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. CD30C1DCC71775B4 9E8F6BCBC7625F7E
5FA56E7B8FA0010E E24FDEE27831C210.
16 Índice 00031 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. C3EF1DBB8E406A14 1677BBDE6142D27A
1B79F2DC42F13ABA D063BCD45D51F123
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Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este
Decreto”.17
Por su parte, el artículo 10 del mismo decreto establece que la acción de tutela
podrá ser interpuesta directamente por la persona que se considera vulnerada, o a
través de apoderado judicial. Al respecto, la Corte Constitucional18 ha indicado que
se encuentra legitimado por activa quien promueva la solicitud de amparo siempre
que se presenten las siguientes condiciones: i) que la persona actúe a nombre
propio, a través de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante
agente oficioso; y ii) procure la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales.
En esta línea, la Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 200319, manifestó
que la acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de
todas las personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona
afectada, quien podrá interponerla directamente o por quien actúe en su nombre.
Por consiguiente, no se “[…] requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos,
ni mucho menos saber escribir, es decir, la Constitución y la ley no exigen calidad
alguna para el sujeto activo de la acción. Inclusive, no es requisito esencial
presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de que la misma se pueda
incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o
sea menor de edad […]”.20
A partir de este marco normativo, en el caso en concreto es preciso señalar que,
conforme a la jurisprudencia constitucional, cuando la tutela se dirige contra
providencias judiciales, están legitimados por activa no solo quienes hayan sido
parte en el proceso en el que se profirió la decisión, sino también quienes
demuestren un interés directo y particular en él21, así como aquellos que no fueron
parte, pero acrediten que la decisión cuestionada les genera efectos lesivos en sus
derechos fundamentales22.
Adicionalmente, el Consejo de Estado ha indicado que “en los casos en los que se
ataque por vía de tutela una providencia judicial, el accionante debe ser parte del
proceso o, de no serlo, acreditar que se podrían ver transgredidos sus derechos
fundamentales por las órdenes o determinaciones adoptadas en la providencia que
se controvierte”23.
17 Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C018 de 1993,
M.P. Alejandro Martínez Martínez.
18 Sentencias T-435 de 2016, T-511 de 2017 y T-165 de 2020
19 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
20 «Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14 del Decreto
2591 de 1991».
21 Sentencias T-019 de 2023 y T-034 de 2014.
22 Sentencia T-256 de 2023.
23 Sección Cuarta, en sentencia de tutela de 18 de junio de 2015, expediente No. 2015-0758-00. Sección Quinta,
en sentencia del 21 de abril de 2016. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-03250-01(AC).
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Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo
2.1. En el presente caso, Laura Camila Bermúdez Quimbayo solicitó dejar sin
efectos la sentencia dictada el 30 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en el trámite de la acción de tutela identificada con radicado núm. 05001-
33-33-001-2025-0008500/01/02 mediante la cual confirmó la decisión de amparar
los derechos fundamentales del señor Juan David Jiménez Barreto, en el sentido
de realizar los nombramientos en período de prueba de los elegibles pendientes de
ser nombrados en el empleo Gestor I, Código 301, Grado 1 Código OPEC 198479
de la AT-OP3015; situación que, a su juicio, vulneró sus garantías fundamentales,
dado que implicó la desvinculación de su cargo así como el desconocimiento de sus
derechos como madre gestante.
También reprochó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN,
mediante Resolución núm. 010672 del 17 de septiembre de 202524, dio por
terminado su nombramiento en provisionalidad en la entidad, a pesar de su estado
de embarazo.
En este punto, la Sala recuerda que la legitimación en la causa es un elemento
esencial para el ejercicio de la acción de tutela, no solo por constituir un requisito
que permite vislumbrar la afectación directa y clara frente a los derechos del
accionante y que justifican el ejercicio de la acción constitucional, sino, además,
porque está intrínsecamente relacionada con el cumplimiento de las exigencias
generales de procedibilidad.
Por lo expuesto, la Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por
activa de Laura Camila Bermúdez Quimbayo al ser la titular de los derechos que
afirmó fueron vulnerados, dada su condición de tercera afectada con la decisión
proferida en el trámite de la acción de tutela adelantada bajo el radicado núm.
41001-33-33-006-2023-00141-00/01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por cuanto actuó como juez dentro del mencionado
proceso, y fue su actuación a la que la parte accionante atribuyó la vulneración de
sus garantías constitucionales. Así como de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales-DIAN pues es la entidad en la que se encuentra vinculada laboralmente
la accionante.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
24 Visible a PDF 10 contenido en el índice 00002 del aplicativo SAMAI, con certificado núm.
035C3C0D6CDFE7AA FE1AF9A615851D63 F6EF01EFD6626BC1 19C38618010507D3.
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Accionante: Laura Camila Bermúdez Quimbayo
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200525 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela26 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto27.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”28.
25 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
26 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
27 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en
los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial
se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A
saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental,
que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d)
defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el
mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
28 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
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4.1. Subsidiariedad
En relación con este requisito, resulta importante destacar que está definido
expresamente en el artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia
de la acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho
presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 29.
La Corte Constitucional30 ha sostenido que es deber de la parte accionante
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le
otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de
interferir en las competencias de las distintas autoridades judiciales. Asimismo, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que:
“(…) Específicamente, tratándose de la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter particular y concreto, la Corte ha indicado que la
excepcionalidad del recurso de amparo se torna especialmente estricta, en
tanto no es el mecanismo idóneo para atacarlos ya que, por su propia
naturaleza, se encuentran amparados por el principio de legalidad, pues se
parte del presupuesto de que la administración, al momento de manifestarse
a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales
a las que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto
administrativo se presuma, obligando a demostrar a quien pretende
controvertirlo que aquel se apartó, sin justificación alguna, del ordenamiento
jurídico, debate que se debe adelantar ante la Jurisdicción Contencioso
Administrativa (…)”31
5. Caso concreto
5.1. Cuestión preliminar
Mediante auto del 7 de octubre de 202532 se ordenó como medida provisional los
siguiente:
“(…) CUARTO: DECRETAR MEDIDA PROVISIONAL consistente en
ORDENAR a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN que,
DE FORMA INMEDIATA, una vez se notifique esta decisión proceda a
asegurar los pagos correspondientes a la seguridad social en salud, pensión
y caja de compensación familiar de la actora, así como la licencia de
maternidad, protección que estará vigente hasta que sea resuelta la presente
29“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
30 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
31 Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2018.
32 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, con certificado núm. 258677D0B600AA24 B0075F5C055A70F3
75B2C9BD0388711E 159DD6660025EA23.
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acción de tutela que, en todo caso, no podrá ser inferior al periodo de
lactancia, como forma de protección de la mujer gestante, en los términos de
la Corte Constitucional. (…)”
Ahora bien, surtida la notificación correspondiente, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN informó que, al dar cumplimiento a la orden impartida
en el fallo de tutela que dictó el Tribunal Administrativo de Antioquia el 30 de julio
de 2025, no efectuó la revisión de las condiciones puestas en conocimiento por
parte de la señora Bermúdez Quimbayo para verificar una posible condición de
debilidad manifiesta o estabilidad laboral reforzada, dado que no se previó que su
situación administrativa pudiera verse afectada indirectamente por la terminación
del encargo del señor Velasco Peña.
En ese orden, al advertir que la actora se encontraba en estado de embarazo adoptó
medidas de acción afirmativa orientadas a preservar su estabilidad laboral reforzada
en el empleo Facilitador IV, ID 5062. Para el efecto, aportó las pruebas mediante
las cuales demostró la acción efectiva de tal medida.
Así las cosas, y en atención a la facultad para “hacer cesar en cualquier momento
… las medidas cautelares que hubiere dictado”, se procederá a levantar la medida
decretada en este asunto, pues a la fecha y en trámite de la acción, la DIAN acreditó
que ejerció las acciones correspondientes para garantizar la estabilidad laboral de
la accionante, así como el pago de la seguridad social y aportes a caja de
compensación familiar; razones por las que desaparece la urgencia e
impostergabilidad con la que se adoptó la medida, pues no resulta proporcional
mantenerla.
Por tanto, se ordenará levantar la medida provisional ordenada en providencia del
7 de octubre de 2025.
5.2. Resolución del caso
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación:
5.2.1. Al revisar el escrito de tutela, se advierte que la parte actora argumentó que
su desvinculación fue lesiva al no haberse integrado de forma debida el
contradictorio, por lo que no tuvo conocimiento de que el cargo en la lista
mencionada por el señor Jiménez Barreto en su solicitud de amparo se encontraba
ofertado, ni se le requirió para que acreditara alguna condición de estabilidad laboral
reforzada, como lo exige la jurisprudencia.
Sin embargo, explicó que en el mes de abril del año en curso informó formalmente
a la DIAN su estado de gravidez por los canales dispuestos para ello, hecho que no
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se tuvo en cuenta al momento de la terminación de su vinculación al cargo en
provisionalidad, situación que configuró la vulneración de sus derechos
fundamentales.
5.2.2. Del análisis de la actuación procesal y de las pruebas incorporadas, la Sala
de Subsección concluye que el propósito de la accionante es la declaración de
nulidad de la Resolución 010672 del 17 de septiembre 2025 proferida por la DIAN,
mediante la cual se declaró su insubsistencia, en cumplimiento de una orden de
tutela. Asimismo, busca el cese de sus efectos con el fin de evitar un perjuicio
irremediable.
Ahora, una vez revisada el mencionado documento, así como el informe presentado
por la DIAN, la Sala constató que en la resolución se estableció que, ante cualquier
inconformidad respecto de su contenido, se puede promover recurso de reposición,
como en efecto la actora lo hizo, el cual se encuentra pendiente de resolución. Por
lo anterior, hasta el momento, el acto no ostenta su firmeza.
5.2.3. Adicionalmente, cabe recordar que este acto administrativo goza de
presunción de legalidad, lo que cualquier controversia respecto de su validez debe
ser tramitada ante la autoridad competente. En este escenario, la interesada podrá
solicitar su nulidad o la suspensión de sus efectos, conforme a los artículos 13933 y
230 [numeral 3] del CPACA34.
En ese sentido, la Sala recuerda que, el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011
establece que la nulidad electoral procede contra: i) actos de elección popular; ii)
33 Ley 1437 de 2011. Artículo 139: “Nulidad electoral. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos
de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las
entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento
para proveer vacantes en las corporaciones públicas. En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas
por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o
de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante deberá
precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto
de elección. En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas
mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley
472 de 1998.
34 Ley 1437 de 2011. Artículo 230: “Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares
podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y
necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar
una o varias de las siguientes medidas: 1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado
en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible. 2. Suspender un
procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez
o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su
adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o
señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o
actuación sobre la cual recaiga la medida. 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto
de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos. 5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de
las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer. PARÁGRAFO. Si la medida cautelar implica el ejercicio
de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir
a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar
su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre
con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
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elecciones de cuerpos colegiados; iii) nombramientos y, iv) llamamientos para
proveer vacantes en las corporaciones públicas. Por tanto, el acto administrativo
que la actora apunta a controvertir en sede de tutela es susceptible de control de
legalidad ante la jurisdicción contencioso-administrativa, dado que se trata de
nombramiento efectuado por una corporación pública. Adicionalmente, una vez
presentada la demanda, la accionante cuenta con la posibilidad de solicitar la
suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, en los términos del
artículo 230 del CPACA.
5.2.4. Según lo expuesto, la Sala concluye que la parte actora incumplió el requisito
de subsidiariedad, pues, de una parte, el trámite se encuentra actualmente en curso
y por otra, cuenta con otro mecanismo judicial para proteger sus derechos
fundamentales, esto es, el medio de control de nulidad electoral ante la jurisdicción
contenciosa, pues el problema aquí planteado debe resolverlo el juez natural del
asunto, sin que corresponda al juez constitucional intervenir en el asunto. En este
contexto, la acción de tutela no puede ser utilizada como un medio alternativo o
sustitutivo de los recursos ordinarios y extraordinarios disponibles, salvo que se
acredite su ineficacia o insuficiencia para la protección de los derechos invocados,
circunstancia que no se acredita en este caso.
Por ende, la Sala considera que la presente acción de tutela es improcedente, pues
aceptar lo contrario, implicaría reemplazar los mecanismos ordinarios previstos por
el legislador para la protección de los derechos, y suplir la inactividad de la parte
que no hizo uso de estos oportunamente. La solicitud de amparo constitucional es
de carácter supletorio y residual, lo que conlleva a que no sea utilizada como un
elemento alternativo de aquellos a los que el legislador ha determinado para
solución de conflictos, por cuanto estos mecanismos establecen las pautas
conforme deben debatirse y darle solución a las controversias que se deriven de
actos administrativos.
5.2.5. Tampoco procede la solicitud de amparo como mecanismo transitorio de
protección, ya que la parte actora no acreditó un perjuicio irremediable que justifique
la flexibilización de la regla de subsidiariedad, pues no basta con la sola mención
de este, sino que debe demostrarse, situación que no ocurrió en este caso.
La mera inconformidad con lo decidido en el acto censurado no faculta al juez
constitucional para examinar los cargos y pruebas que la autoridad judicial contra la
que se dirige la acción consideró o no al resolver el asunto. En este sentido, compete
al interesado demostrar, conforme los requisitos exigidos por la jurisprudencia
constitucional, que la actuación de aquella fue consecuencia de una afectación al
debido proceso, lo que en este caso no se presentó.
Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito de
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subsidiariedad, por lo que procederá a declarar su improcedencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Laura Camila Bermúdez Quimbayo en contra del Tribunal Administrativo de
Antioquia y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN por no
superar el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: LEVANTAR la medida provisional ordenada en auto del 7 de octubre
de 2025, en concordancia con las razones esbozadas en precedencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.
CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
Notifíquese y Cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Magistrado
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
LMMT
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