Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06568-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06568-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06568-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
6 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., seis (06) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06568-00
Accionante: Jeison Daniel Ruíz Vargas
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela. Subtema 1: Naturaleza de la acción de tutela – subsidiariedad.
Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por Jeison Daniel Ruíz Vargas en
contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, del Juzgado 1º Administrativo de
Medellín, de la DIAN y de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
I. ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
El 20 de octubre de 20252, el tutelante interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos de acceso a la administración de justicia,
a la igualdad, a la dignidad, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, al
trabajo y a la seguridad social, los cuales considera vulnerados con ocasión de las
sentencias proferidas el 9 de junio y el 30 de julio de 2025, respectivamente, por el
Juzgado 1º Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia,
dentro de la tutela No. 05001333300120250008500/02. Además, critica el
procedimiento mediante el cual fue desvinculado de su cargo en la DIAN.
2.- Hechos
2.1.- Jeison Daniel Ruíz Vargas, ahora accionante, afirmó que el 18 de diciembre
de 2018 ingresó a la DIAN como funcionario provisional en el cargo de analista II,
código 202, grado 02, en la Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla. Aclaró
1 Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 82135D644FB20F30
D33DEC3BD584D05A BACEF856B653C9B2 D51FFBC8AAAA498B.
2 Obra acta en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 3, con certificado 130FC3280EAF3BD0
C7FCD4A3177CC612 0499C9943BEB9A67 72AF7058340C9EB9.
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que ese cargo no es una vacante definitiva, ya que su titular, Blanca Emilse Cubillos
Galindo, está como encargada en el empleo de gestor I, código 301, grado 013.
2.2.- Por otra parte, Juan David Jiménez Barreto participó en el concurso de méritos
“DIAN 2022” para el cargo de gestor I (OPEC 198479) y ocupó el puesto 275 en la
lista de elegibles. A pesar de que el Decreto 419 de 2023 amplió la planta de la
DIAN con 1.421 cargos, de los cuales 234 correspondían a ese mismo perfil, la
entidad no reportó dichas vacantes a la CNSC para su provisión mediante la lista
vigente, mientras que otras OPEC fueron provistas por orden de mérito y se
realizaron traslados sin conocer la lista4.
2.3.- Con base en esos hechos, Jiménez Barreto pidió el amparo de sus derechos
mediante la tutela No. 05001333300120250008500 y que, en consecuencia, se
ordenara a la DIAN reportar a la CNSC todas las vacantes surgidas después de la
convocatoria de diciembre de 2022, correspondientes al cargo de gestor I, código
301, grado 1, ficha AT-OP3015 (OPEC 198479); además, solicitó que se autorizara
proveerlas con la lista de elegibles conformada por la Resolución 14162 de 2024, y
que se dispusiera que la CNSC actualizara el número de vacantes a cubrir con dicha
lista. Este trámite le correspondió al Juzgado 1º Administrativo de Medellín.
2.4.- El a quo admitió la demanda el 20 de marzo de 2025 y vinculó a la CNSC, al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a los integrantes de la lista de elegibles
de la OPEC 198479 (cargo gestor I AT-OP3015), conformada mediante Resolución
14162 de 2024. En atención a que la DIAN no remitió dicho listado, se ordenó
notificar individualmente a los aspirantes y publicar el auto admisorio en los portales
web de la DIAN y de la CNSC. El 31 de marzo de 2025 se ordenó cargar en la
página web de la Rama Judicial un aviso para informar a la comunidad sobre la
respectiva tutela5.
2.5.- El 3 de abril de 2025 se profirió sentencia de primera instancia. Sin embargo,
el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de lo actuado desde la
notificación inicial y ordenó rehacer el trámite, para que se incluyera a los
funcionarios nombrados en encargo o provisionalidad en el cargo en cuestión. En
3 A folio 2 del escrito de tutela.
4 A folios 75-77 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 03CC84725564705D
57AF7850E1C42356 51DE62E5055485B3 3073FFB1307CCF93.
5 Ibidem, a folios 29-31.
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auto del 4 de junio de 2025 se reconoció formalmente a los mencionados
funcionarios y a los elegibles como partes en el asunto judicial6.
2.6.- El 9 de junio de 2025 el despacho profirió nuevamente fallo de primera
instancia, en el que protegió las garantías de Jiménez Barreto; ordenó a la DIAN
que iniciara el trámite ante la CNSC para reportar y solicitar autorización para usar
la lista de elegibles de la Resolución 14162 de 2024 y proveer las vacantes del cargo
gestor I, código 301, grado 1; requirió a la CNSC para que autorizara el uso de dicha
lista; dispuso que la entidad recaudadora de impuestos debía hacer los
nombramientos en período de prueba, teniendo en cuenta el orden de mérito y la
protección a las personas con estabilidad reforzada; y compulsó copia del
expediente a la Procuraduría y a la Fiscalía para que investiguen el actuar de la
DIAN.
2.6.1.- Lo anterior, por cuanto, en criterio de ese despacho, la entidad había
incumplido el artículo 36 del Decreto 927 de 2023, al no utilizar la lista de elegibles
vigente para proveer 233 vacantes idénticas creadas mediante el Decreto 419 de
2023, y optó en su lugar por designaciones en provisionalidad y en encargo, lo cual
vulneró el principio del mérito. Además, el juzgado inaplicó un parágrafo transitorio
del primero de los decretos mencionados por considerarlo contrario a la
Constitución, ya que otorgaba un privilegio indebido a funcionarios provisionales en
detrimento de quienes ganaron su puesto por concurso.
2.6.2.- Asimismo, el juzgado recordó que los nombramientos provisionales son
excepcionales y no equivalen a los derechos de quienes acceden mediante
concurso, por lo que las garantías de estos últimos deben prevalecer7.
2.7.- Inconformes, la DIAN y 91 terceros con interés presentaron impugnaciones.
Por providencia del 30 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó el fallo atacado. En primer lugar, reiteró la procedencia de la tutela bajo el
argumento de que, ante la omisión de la DIAN de reportar las vacantes al concurso
público, no existía un acto administrativo demandable, por lo que esa vía se erigía
como el único mecanismo eficaz. Además, se configuraba un perjuicio irremediable,
dado que la lista de elegibles tiene vigencia limitada. Sobre el fondo, la Sala
concluyó que la conducta de la DIAN constituía una vía de hecho administrativa por
6 Ibidem.
7 Ibidem, a folios 81-82.
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omisión, al incumplir el artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023, que la obliga a usar
la lista de elegibles vigente. Esta omisión se consideró arbitraria, más aún cuando
la entidad sí nombró provisionalmente a más de 200 personas en los mismos cargos
que omitió reportar, lo que contradecía el alegado plan de provisión gradual.
2.7.1.- La colegiatura también defendió la inaplicación del parágrafo transitorio de
dicho decreto por contrariar el artículo 125 de la Constitución Política. Descartó
argumentos presupuestales y la supuesta afectación a los derechos de los
provisionales, para reafirmar que quienes acceden por concurso tienen un derecho
superior. Además, aclaró que la sentencia del juzgado no desconocía prerrogativas
de personas con estabilidad reforzada, sino que exigía el cumplimiento de la ley y
del principio del mérito.
2.7.2.- El tribunal también rechazó las denuncias sobre los yerros procedimentales,
bajo el argumento de que no hubo vulneración a las garantías de los provisionales.
Finalmente, concluyó que la decisión de primera instancia no fue producto de una
extralimitación, sino una actuación legítima para restablecer los derechos del
afectado y garantizar el acceso a la función pública por mérito.
3.- Fundamentos de la acción de tutela8
El tutelante considera que se vulneraron sus derechos, por cuanto fue desvinculado
de su cargo provisional en la DIAN sin haber sido informado de la acción de tutela
05001333300120250008500/02. Señala que las órdenes constitucionales afectaron
directamente su situación laboral, sin permitirle ejercer su defensa, a pesar de que
en el curso del proceso constitucional se reconoció la necesidad de incluir a terceros
con interés legítimo. Además, afirma que la DIAN no le notificó ni le dio oportunidad
de acreditar su condición de sujeto de especial protección constitucional, por ser
padre cabeza de familia con hijos menores de dos y seis años, ni evaluó alternativas
menos lesivas, como la reubicación, lo que agravó su situación.
Ruiz Vargas argumenta, igualmente, que su rol como único proveedor económico
de un hogar con menores requiere una protección reforzada. La desvinculación sin
análisis individual ni motivación cualificada impone una carga desproporcionada
8 En los argumentos del accionante se usa el término “la sentencia” de forma genérica, sin identificar a cuál de
las dos decisiones dictadas en la acción de tutela se refiere; por ende, como se trata de fallos que coinciden
frente a lo decidido, se entenderá que se refiere a ambos.
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sobre su núcleo familiar. También denuncia que la DIAN no emitió directrices claras
sobre la verificación de estabilidad laboral reforzada ni mecanismos de mitigación,
ni cumplió con su deber de diligencia reforzada para identificar y proteger a sujetos
de especial protección. Alega que su reubicación en un cargo equivalente era viable
legal y materialmente, y que al no considerarla la administración actuó con falsa
motivación, por lo que hubo una desviación de poder y se vulneraron sus derechos.
La parte actora insiste en que perdió su trabajo como resultado de una tutela en la
que no fue vinculado, a pesar de tener un interés directo. Aunque el Tribunal
Administrativo de Antioquia declaró la nulidad parcial por esta omisión, el trámite
subsiguiente siguió sin incluirlo adecuadamente, lo que constituye un defecto
procedimental absoluto que hace inoponible la sentencia y exige declarar la nulidad
desde el auto admisorio de la acción constitucional inicial. Afirma que la
administración, al ejecutar los fallos judiciales, debió respetar el debido proceso con
audiencia previa, pruebas y motivación cualificada, más aún por tratarse de un
padre cabeza de familia. Invoca el artículo 44 de la Constitución Política y tratados
internacionales que exigen especial protección a los niños, y afirma que no se
valoraron medidas menos lesivas ni se aplicó un test de proporcionalidad.
Reitera el convocante que el hecho de perder su trabajo impacta directamente en
los derechos de sus hijos, y que la falta de citación oportuna como tercero con
interés directo vulnera los artículos 29 de la norma normarum y 13 del Decreto 2591
de 1991. Precisa que la jurisprudencia ha establecido que este tipo de omisión
implica la nulidad del proceso y la necesidad de rehacer la actuación. Además,
considera que la DIAN incumplió su deber de promover la corrección del trámite y
garantizar el debido proceso en sede administrativa.
4.- Pretensiones de la acción
En el escrito introductorio se solicitó: (i) declarar la nulidad de lo actuado en el
trámite de tutela a partir del auto admisorio; (ii) modular los efectos de la sentencia
de tutela para evitar afectaciones desproporcionadas a derechos fundamentales de
terceros no vinculados; (iii) disponer la vinculación del convocante al proceso
constitucional como tercero con interés legítimo; (iv) suspender temporalmente la
ejecución de los efectos particulares de la sentencia; (v) ordenar a la DIAN y a la
autoridad ejecutora de las órdenes constitucionales adoptar medidas de mitigación
y menor lesividad, como la continuidad del vínculo o reubicación temporal; (vi)
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precisar que el cumplimiento de los fallos no exonera a la administración de aplicar
un test de proporcionalidad reforzado, identificar sujetos de especial protección ni
autoriza cargas extremas a hogares con niños; (vii) requerir a la DIAN para que
documente alternativas menos gravosas frente a terceros afectados; (viii) ordenar
la notificación eficaz de todos los terceros potencialmente afectados, y solicitar a la
entidad una relación actualizada de estos para garantizar su participación; (ix)
prevenir al juez de primera instancia para que en lo sucesivo asegure la integración
plena del contradictorio cuando sus decisiones puedan afectar a terceros; y (x)
disponer, en caso de mantenerse la decisión de tutela, que se respeten las
situaciones administrativas especiales y derechos de sujetos de especial
protección.
5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1.- Mediante auto del 22 de octubre del 2025 el despacho ponente admitió la
acción de tutela y vinculó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; a quienes
hacen parte de la lista de elegibles conformada mediante Resolución 14162 de 2024
del empleo denominado gestor I, código 301, grado 1, identificado con el Código
OPEC 198479; a los funcionarios de la DIAN nombrados en encargo o
provisionalidad bajo el cargo denominado “GESTOR I ATOP 3015”, que fueron
vinculados al proceso No. 05001333300120250008500/02; y a Juan David Jiménez
Barreto.
5.2.- El Tribunal Administrativo de Antioquia ratificó los argumentos de su sentencia,
pero manifestó su disposición a acatar lo que ordene el despacho judicial
competente.
5.3.- El Juzgado 1º Administrativo de Medellín hizo un recuento de los antecedentes
que estimó relevantes y precisó que, aunque se había ordenado el cumplimiento del
fallo de tutela de junio de 2025, la DIAN no completó su ejecución dentro del tiempo
previsto. Informó que se han presentado 30 tutelas relacionadas con esta misma
acción, todas negadas, excepto una resuelta por la Corte Suprema de Justicia que
anuló las decisiones criticadas por falta de notificación a una funcionaria provisional,
lo que obligó a rehacer el trámite. Explicó que, a raíz de esa decisión, ordenó
reiniciar el proceso, e incluyó la notificación a todos los afectados, tanto elegibles
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como funcionarios en encargo o provisionalidad. Anunció que el proceso
actualmente se encuentra en etapa de traslado para proferir un nuevo fallo.
5.4.- La DIAN solicitó que se deniegue el amparo, porque no es responsable de la
supuesta vulneración a los derechos alegados por el accionante. Señaló que esta
obligación es exclusiva del juez constitucional, según lo dispuesto en el artículo 16
del Decreto 2591 de 1991. Adujo que se limitó a cumplir las órdenes judiciales y
afirmó que no incurrió en ninguna acción u omisión que generara la presunta
afectación. Por ello, consideró que no existe legitimación en la causa por pasiva. En
consecuencia, pidió su desvinculación del trámite o, subsidiariamente, que declare
la improcedencia de este.
5.5.- Jimmy Rivera González, elegible dentro del concurso DIAN 2022 (OPEC
198479) y nombrado en período de prueba mediante la Resolución 010678 del 17
de septiembre de 2025 para el cargo de gestor I (Ficha AT-OP3015), expuso que el
fallo judicial que dio lugar a su nombramiento se limitó expresamente a la provisión
de vacantes definitivas en esa ficha específica, sin extenderse a otros cargos ni
dependencias. Señaló que cualquier movimiento adicional de personal en otras
fichas o denominaciones fue una decisión interna de la DIAN y no parte del
cumplimiento ordenado por los jueces. Defendió que su nombramiento, basado en
el mérito, es legítimo, no recurrible y separado jurídicamente del retiro de
provisionales. Argumentó que en el trámite de tutela se integró adecuadamente el
contradictorio con la participación de los actores relevantes, por lo que exigir la
vinculación de terceros ajenos al objeto litigioso desborda el alcance del proceso.
Asimismo, criticó la conducta dilatoria de la DIAN al condicionar la posesión de los
elegibles a recursos presentados por terceros y a la emisión de actos conjuntos de
nombramiento y retiro, lo cual, en su criterio, vulnera la eficacia de lo dispuesto en
la tutela. Por ello, solicitó que se respeten los fallos judiciales y se garantice el
ingreso inmediato de los elegibles.
5.6.- La CNSC pidió ser desvinculada de la tutela al considerar que no tiene
legitimación en la causa por pasiva, ya que no participó en las decisiones judiciales
cuestionadas ni incurrió en alguna conducta que haya vulnerado derechos
fundamentales. Afirmó que el objeto del litigio escapa a su competencia, por lo que
no tiene interés jurídico directo ni responsabilidad en los hechos. Además, alegó
que su actuación en el proceso de selección de la DIAN se ajustó a las normas y
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principios que rigen los concursos de mérito, sin modificar reglas ni afectar el debido
proceso de los aspirantes. Por tanto, estimó improcedente su inclusión en el trámite.
5.7.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó ser desvinculado de la
tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no ha vulnerado
derechos fundamentales ni tiene competencia sobre las actuaciones de la DIAN.
Explicó que, aunque esa entidad está adscrita al ministerio, cuenta con personería
jurídica, autonomía administrativa y presupuestal. Asimismo, indicó que su función
se limita a la armonización de políticas, sin facultad para intervenir en competencias
legales de las entidades adscritas.
5.8.- Glenia Alejandra Cardona Botello, tercera con interés, se opuso a la tutela, en
tanto su derecho a ser nombrada se deriva de la lista de elegibles conformada
mediante Resolución 14162 de 2024, acto administrativo en firme, y no de la tutela
anulada. Acotó que el decreto de la nulidad de ese asunto eliminó el objeto de la
acción, pues ya fue subsanado por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó
reiniciar el trámite. Además, sostuvo que cualquier afectación a su posesión violaría
su derecho al mérito y la seguridad jurídica. Rechazó que la estabilidad laboral de
un provisional justifique suspender su ingreso. Aclaró que la protección especial a
ciertos provisionales obliga a la DIAN a modular el retiro, pero no impide el ingreso
de elegibles. Así, pidió negar las pretensiones de la tutela por falta de objeto y por
no poder prevalecer la situación del actor sobre un derecho adquirido.
5.9.- Yuly Marcela Castelblanco Pinilla coadyuvó el depreco. Expuso que la DIAN
ejecutó un fallo de tutela que ordenaba el uso de una lista de elegibles para efectuar
nombramientos, lo cual provocó la desvinculación de funcionarios en
provisionalidad, sin respetar el debido proceso ni garantizar su derecho a la defensa.
Aseveró que estas decisiones judiciales y administrativas han causado
desvinculaciones masivas, sin previa notificación ni análisis individualizado de los
afectados. Criticó el uso indiscriminado de listas de elegibles en cargos no
convocados originalmente y la omisión de procedimientos administrativos previos a
las terminaciones de nombramientos, lo que, a su juicio, viola principios
constitucionales. También resaltó que estas actuaciones han generado un
fenómeno de “escalera de encargos”, en el que las decisiones de nombramiento en
un cargo conllevan ceses en secuencia. Adujo que ello constituye un daño
irremediable. Finalmente, solicitó que se declare la nulidad del trámite constitucional
atacado por falta de integración del contradictorio, se amparen los derechos
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Accionante: Jeison Daniel Ruíz Vargas
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fundamentales invocados, se revisen los actos administrativos expedidos y se eviten
nuevas desvinculaciones sin análisis individual.
5.10.- Jean Carlo Sánchez Anillo, también como tercero con interés, requirió que se
nieguen las pretensiones del accionante, en la medida en que su nombramiento
como gestor I en la DIAN se realizó legal y válidamente con base en su inclusión en
la lista de elegibles, la cual tiene fuerza de acto administrativo en firme y le otorga
un derecho subjetivo. Alegó que la eventual nulidad del proceso censurado no
afecta ese derecho. Además, señaló que la desvinculación del accionante fue
consecuencia del principio de mérito. Recalcó que el eventual vicio procesal en la
tutela cuestionada ya fue subsanado por el tribunal, que ordenó la vinculación de
los afectados, y las sentencias posteriores que ampararon el uso de la lista se
emitieron luego de esa subsanación.
5.11.- Andrea del Sagrario López Puentes, funcionaria provisional de la DIAN,
respaldó las pretensiones de Ruiz Vargas y argumentó que su desvinculación, al
igual que la de otros funcionarios, fue producto de una “caída de la escalera”
derivada del cumplimiento de unas órdenes de tutela en la que no fue vinculada ni
notificada. Además, criticó el uso indiscriminado de listas de elegibles para
nombramientos en cargos no ofertados y solicitó la nulidad de lo actuado por falta
de integración del contradictorio, que se amparen los derechos del convocante y de
otros afectados, así como la revisión de los actos administrativos emitidos por la
DIAN en el marco de ese asunto.
5.12.- Juan David Jiménez Barreto, integrante de la lista de elegibles de la OPEC
198479, solicitó que se declare improcedente la tutela, porque el fallo original fue
anulado y el proceso fue reiniciado para garantizar el debido proceso; precisó que
Ruíz Vargas no tiene interés directo en la acción que censura y que no es obligatorio
vincular a todos los provisionales en tutelas sobre uso de listas de elegibles. Agregó
que cualquier desvinculación fue responsabilidad exclusiva de la DIAN.
5.12.1.- En memorial posterior, Juan David Jiménez Barreto solicitó la acumulación
procesal de las tutelas radicadas por Ruiz Vargas, Bermúdez Quimbayo y Alarcón
Pachón, al advertir una identidad de causa petendi y de autoridades accionadas. Se
opuso integralmente a las pretensiones de nulidad, bajo el argumento de la falta de
subsidiariedad, toda vez que la supuesta vulneración no emana de la sentencia que
ordenó el uso de la lista, sino de los actos administrativos de desvinculación
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proferidos por la DIAN. Adujo que los accionantes no tenían que vincularse a la
tutela inicial, pues el fallo base se limitó exclusivamente al cargo de gestor I y no a
los empleos de analista o facilitador que ellos ocupaban. Precisó que la
desvinculación de los actores es un “efecto en cadena” derivado del régimen de
carrera, que obliga al retorno de los titulares de carrera a sus cargos de origen.
Enfatizó que la tutela no puede utilizarse como un mecanismo paralelo para
controvertir decisiones autónomas de la administración en la ejecución de un fallo
que materializa el principio constitucional del mérito.
5.13.- Jimmy Rivera González solicitó negar el amparo por considerar que la
desvinculación del accionante no deriva del fallo de tutela previo, el cual se limitó
exclusivamente a proveer las vacantes de la ficha AT-OP3015 (gestor I), sino de
decisiones administrativas autónomas e internas de la DIAN. Argumentó que el
actor, al ocupar un cargo de analista II en provisionalidad, goza de una estabilidad
relativa que cede ante el mérito. Manifestó que el cumplimiento de las órdenes
judiciales de carrera no puede suspenderse por recursos interpuestos contra actos
de retiro, pues los efectos del nombramiento son escindibles y autónomos.
Finalmente, advirtió que la pretensión del accionante constituye una “tutela contra
tutela” que busca reabrir debates concluidos, por lo que pidió proteger el derecho
de los elegibles a posesionarse sin dilaciones.
5.14.- Irene de los Ángeles Blanco Mestizo, Laura Botero Restrepo, Duván Felipe
Espitia Romero, Alcibiades Escarraga Saavedra, Andrea Carolina Ramos Arteta,
Sebastián Buitrago Ramírez, Junner Alexander Galindo Avila y Raquel Rocío
Hosten Díaz se opusieron integralmente a las pretensiones. Sostuvieron que el
accionante carece de legitimación para cuestionar el fallo base, por cuanto este se
circunscribió exclusivamente a la provisión de cargos de gestor I, mientras que él
ocupaba un cargo distinto en provisionalidad. Precisaron que la desvinculación del
convocante no fue una orden judicial, sino una consecuencia administrativa
autónoma de los movimientos ejecutados por la DIAN. Alegaron que la afectación
denunciada es indirecta y deviene de la movilidad funcional de la planta global,
situación que el juez de tutela original no podía prever ni estaba obligado a vincular
al contradictorio. Advirtieron que acceder a las pretensiones del actor implicaría un
retroceso constitucional intolerable, que afectaría a 115 elegibles con derechos
consolidados. Finalmente, señalaron que la controversia debe ventilarse mediante
los recursos de ley contra el acto administrativo de retiro y no a través de una “tutela
contra tutela”.
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5.15.- El suscrito magistrado ponente, el 21 de noviembre de 2025, dispuso la
remisión de la presente acción al despacho de la magistrada Adriana Polidura
Castillo con el fin de que se estudiara una posible acumulación con la No.
11001031500020250620300, en tanto compartía identidad de supuestos y
pretensiones y se cumplían los requisitos del Decreto 1834 de 2015, el cual no exige
que los accionantes coincidan y ambas, al margen de no tener pretensiones
redactadas iguales, buscaban que se dejara sin efectos actuaciones del proceso de
tutela 05001333300120250008500/02, así como los actos de desvinculación de
cada uno de los actores; no obstante, por auto del 11 de diciembre de 2025 se negó
la acumulación9.
II. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Jeison
Daniel Ruíz Vargas en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, del Juzgado
1º Administrativo de Medellín, de la DIAN y de la Comisión Nacional del Servicio
Civil, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.- Cuestiones preliminares
2.1.- De conformidad con los parámetros fijados por la Corte Constitucional, la
coadyuvancia en materia de tutela debe regirse por las reglas que siguen:
“(i) la participación del coadyuvante debe estar acorde con las posiciones y pretensiones
presentadas por el accionante o el accionado en el trámite de tutela, es decir, no puede
formular pretensiones propias de amparo a sus derechos fundamentales; (ii) la
coadyuvancia puede ser llevada a cabo hasta antes de que se expida la sentencia que
finalice el proceso de tutela, es decir, hasta antes de la sentencia de única, de segunda
instancia o de revisión ante la Corte Constitucional, según sea el caso”10.
En este contexto, se advierte que Yuly Marcela Castelblanco Pinilla y Andrea del
Sagrario López Puentes presentaron argumentos en respaldo de las pretensiones
9 Obra auto y antecedentes en el índice 59 de SAMAI.
10 Auto 410 de 2020.
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formuladas por el accionante. No obstante, también plantearon solicitudes
orientadas a proteger intereses de terceros o propios, más allá de los fines
estrictamente perseguidos en el escrito introductorio. Por tanto, dado que las
solicitudes de coadyuvancia cumplen con los requisitos establecidos por el alto
tribunal constitucional para su admisibilidad, serán aceptadas únicamente en lo que
resulten compatibles con las pretensiones de Ruíz Vargas.
2.2.- Por otra parte, se advierte que, en atención a que se alega la nulidad del trámite
de tutela No. 05001333300120250008500/02 por una supuesta indebida
notificación al actor, esta Sala revisó el referido asunto y notó que el Juzgado 1°
Administrativo de Medellín, el 17 de octubre de 202511, dispuso rehacer el trámite
de la notificación, en cumplimiento de una orden dictada en una tutela tramitada
ante la Corte Suprema de Justicia. No obstante, el 18 de noviembre siguiente, el
despacho, con base en una aclaración dictada por la corte aludida, dejó sin efectos
la decisión de repetir la notificación y dispuso continuar con los trámites de
cumplimiento y desacato frente a los fallos constitucionales dictados en la tutela
05001333300120250008500/02. Por ende, se desvirtúa la carencia de objeto por
un posible hecho superado.
3.- Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.
4.- Requisito general de subsidiariedad
4.1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de sus derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley.
11 Obra auto en el archivo digital subido en el SAMAI de juzgados y tribunales administrativos, en el índice 439,
con certificado ED7D5FEA057F6FF7-40287CC114EDC248-587089945FF4B279-8C6258E77DE646CC, del
expediente No. 05001333300120250008500.
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Conforme con la disposición referida, la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario que solo procede cuando el afectado no tiene otro medio de defensa
judicial para la protección de sus derechos fundamentales. Este requisito, en
principio, impide que se acuda a la solicitud de amparo en el caso de reproches
contra actos administrativos o para generar erogaciones económicas, toda vez que
ese tipo de pretensiones tienen la posibilidad de ser discutidas ante la jurisdicción
de lo contencioso.
Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que
excepcionalmente procede la solicitud de amparo cuando el mecanismo disponible
no salvaguarda de manera eficaz12 el derecho fundamental o este no es idóneo, por
no ofrecer una solución integral y no resolver el conflicto en toda su dimensión13; así
también cuando el tutelante se encuentra ante la presencia de un perjuicio
irremediable14, caso en el cual la tutela funge como mecanismo transitorio.
5.- Procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de una tutela
5.1.- De conformidad con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia
C-590 de 2005 antes referida, por regla general, la acción de tutela resulta
improcedente para confutar sentencias dictadas en el marco del proceso
constitucional definido en el artículo 86 de la norma superior.
No obstante, la guardiana de la Constitución, en la SU-627 del 1 de octubre de
201515, fijó los presupuestos exceptivos a la precitada regla. Para tal efecto, indicó
que la solicitud de amparo constitucional procede, de manera excepcional, en contra
de un fallo de tutela si: (i) es proferido por un juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional; (ii) se cumplen los requisitos genéricos de procedibilidad; (iii) no
comparte identidad procesal con la cuestionada; (iv) se demuestra de manera clara
y suficiente que la decisión adoptada fue producto de una situación de fraude (fraus
12 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece: Causales de
improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
Se entiende por irremediable el perjuicio que s[o]lo pueda ser reparado en su integridad mediante una
indemnización.
13 Sentencia T-471 de 2017.
14 Se tiene como perjuicio irremediable, aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e
impostergabilidad de la medida para proteger el derecho. Sentencia T-1062 de 2010.
15 Corte Constitucional, SU-627 del 1° de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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omnia corrumpit) que da lugar a la cosa juzgada fraudulenta; y (v) no existe otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
El aludido tribunal determinó, también, la procedencia excepcional del amparo en
contra de actuaciones realizadas en el marco de un trámite constitucional igual; para
lo cual manifestó que ello quedará sujeto a la emisión de la sentencia. Sobre el
particular, explicó que si la actuación atacada es previa al fallo, consiste en la
omisión de notificación o vinculación de un tercero y se cumplen los requisitos
generales, la tutela será procedente16; por su parte, si se trata de una circunstancia
posterior y esta tiene relación con el fallo constitucional, no procede, salvo que se
discuta la vulneración de un derecho fundamental derivado del incidente de
desacato, caso en el que será viable siempre que se cumplan los presupuestos
genéricos17.
5.2.- En relación, específicamente, con la cosa juzgada fraudulenta, entendida como
condición sine qua non para estudiar una tutela impetrada en contra de otra, en la
SU-627 de 2015 se expuso lo siguiente:
“4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de que la tutela no procede
contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El principio de cosa juzgada no puede entenderse
en términos absolutos, pues en ciertas circunstancias, como cuando está de por medio el principio
de fraus omnia corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir del
cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión del juez. En el
fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva, es posible distinguir dos partes constitutivas: ‘(i) la
decisión de amparo y (ii) la orden específica y necesaria para garantizar el goce del derecho
protegido’. Respecto de la decisión, ‘el principio de cosa juzgada se aplica en términos absolutos
conforme a la inimpugnabilidad que la caracteriza’, mientras que respecto de la orden, ‘se ha dicho
que puede ser complementada para lograr el cabal cumplimiento del fallo’. En este contexto, es
posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, que ‘se predica de un proceso
que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un
negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la
comunidad’. Este fenómeno es más grave cuando el fraude es cometido directamente por el juez o
con su anuencia. Con este fundamento, al constatar la existencia de fraude en una sentencia de
tutela que no fue objeto de revisión, para evitar que esta se materialice, este tribunal advirtió que si
bien ‘no puede revocar esa providencia, lo que implicaría hacer un análisis de fondo de la misma y
transgredir las consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite de revisión en esta
Corporación’, s[í] puede, como ya lo hizo en la Sentencia T-104 de 2007, ‘hacer que esa decisión,
por consecuencia, quede sin ningún valor jurídico, respetando la prohibición del non bis in ídem,
fundamentando su actuación en el precepto fraus omnia corrumpit’ (…)
4.4.2. En la[s] [s]entencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró la procedencia
excepcional de la tutela cuando se trata de ‘revertir o de detener situaciones fraudulentas y graves,
suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo’. En la primera de
ellas precisó que la cosa juzgada, incluso la constitucional, ‘no es un fin en sí mismo, sino un medio
para alcanzar el valor de la justicia’, de tal suerte que ‘las instituciones del Estado Social de Derecho,
establecidas para la promoción de los valores democráticos, basados en la solidaridad y en la
vigencia de un orden justo, no pueden permitir que se consoliden situaciones espurias, bajo el
argumento de la obediencia ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son producto de
la cosa juzgada fraudulenta’”.
16 Corte Constitucional, SU-627 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
17 Ibídem.
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En punto de lo anterior, en la sentencia T-073 de 2019, el órgano de cierre
constitucional desarrolló el concepto de fraude, bajo las consideraciones que
siguen:
“Un comportamiento puede calificarse como fraudulento cuando la actuación, que en apariencia se
ajusta a la prescripción normativa, en la realidad conlleva una situación manifiestamente contraria a
un principio del ordenamiento superior. De este modo, el fraude se presenta como un supuesto de
infracción indirecta de la ley, por dos razones. Por una parte, los actos realizados en fraude a la ley
no impiden la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir. Por otra, producen una
situación que atenta contra el orden constitucional y los principios que inspiran el reconocimiento de
un derecho previsto por una disposición particular, la cual es empleada para obtener el resultado no
deseado por el legislador.
La esencia de la institución del fraude a la ley es, precisamente, contribuir a la coherencia del
derecho, al ajuste entre las reglas y principios que las fundamentan y limitan, a evitar que se
produzcan ciertas consecuencias contrarias a principios jurídicos, con independencia de la intención
o motivo que condujeron al actor a la aplicación irregular que se censura.
En esa medida, el elemento objetivo de la conducta es lo que determina la existencia del fraude y,
el presupuesto determinante y suficiente para su configuración es que se produzca un daño
antijurídico. Es por eso que, para estar en presencia de fraude no se requiere de un elemento
subjetivo, ya que este puede producirse sin que exista intención por parte del agente. Basta con que
la consecuencia aparezca como injustificada o indebida de acuerdo con los principios superiores, en
tanto el acto fraudulento quebranta la coherencia del ordenamiento (necesaria adecuación entre la
norma y el principio)”.
5.3.- Resulta pertinente resaltar que, con posterioridad a la citada sentencia de
unificación, la Corte Constitucional ha proferido providencias relevantes respecto a
la procedencia de la tutela en contra de otra de la misma naturaleza.
En la sentencia T-093 de 201818 aclaró que “la acción de tutela no puede utilizarse
para reabrir un debate probatorio o sustantivo concluido por los jueces
constitucionales en un trámite de amparo anterior”; en la T-470 de 201819 no
encontró razón para concluir que el juez hubiese incurrido en conductas con
propósitos fraudulentos, ilegales o dolosos que atentaran en contra de la
administración de justicia, en razón a que los argumentos del accionante versaban
sobre una interpretación de derecho que no compartía, circunstancia que revelaba
la intención de la parte convocante de reabrir un debate jurídico ya consolidado; por
otra parte, en la sentencia T-072 de 201820 se hizo énfasis en la improcedencia de
esta vía constitucional cuando se incumple la carga de demostrar la existencia de
una cosa juzgada fraudulenta; así mismo, en la providencia T-322 de 201921 se
señaló que la solicitud de amparo debe generar en el juez constitucional
18 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
19 M.P. Alberto Rojas Ríos.
20 M.P. Carlos Bernal Pulido.
21 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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convencimiento sobre la configuración del fraude alegado, el que tiene que colegirse
de los hechos objetivos y pruebas aportadas y, finalmente, que no basta con que se
noten algunas imprecisiones en las providencias cuestionadas, pues estas deben
ser de tal entidad que impidan reconocer su validez.
6.- El requisito de subsidiariedad en el caso concreto
6.1.- En el caso concreto, el tutelante cuestiona, en esencia, que se vulneraron sus
derechos fundamentales (i) debido a que fue desvinculado de su cargo en la DIAN
sin haber sido notificado del trámite de tutela que dio lugar a su retiro; (ii) aduce que
dicha desvinculación se produjo sin análisis individual ni motivación cualificada,
omitiéndose además su derecho a acreditar su condición de sujeto de especial
protección constitucional y a ser considerado para medidas menos lesivas; (iii)
afirma que esta situación impuso una carga desproporcionada sobre su núcleo
familiar y afectó de manera directa a sus hijos menores de edad; y (iv) sostiene que
la omisión en su citación como tercero con interés directo constituye un defecto
procesal absoluto que invalida la actuación judicial constitucional censurada desde
el auto admisorio.
Como puede observarse, algunos de los cargos formulados se dirigen contra las
decisiones adoptadas por las autoridades judiciales en el marco de la tutela No.
05001333300120250008500/02, mientras que otros cuestionan la forma de
proceder de la DIAN en cumplimiento de dichas órdenes.
6.2.- Ab initio, la Sala advierte que los reproches formulados en la solicitud de
amparo no satisfacen el presupuesto de subsidiariedad. En primer lugar, la
presunta irregularidad en la notificación dentro del trámite de tutela No.
05001333300120250008500/02 debe ser ventilada y alegada mediante un
incidente de nulidad ante los despachos judiciales que conocieron del asunto y
profirieron los fallos cuestionados. Al respecto, es imperativo resaltar que, tras el
examen del expediente de primera instancia de la tutela referenciada, se observa
que existen múltiples solicitudes y actuaciones pendientes respecto del auto de
noviembre de 2025, que ordenó continuar con el trámite de cumplimiento y
desacato de las sentencias del 9 de junio y 30 de julio de 2025. Lo anterior confirma
que el proceso se encuentra en una etapa activa ante su juez natural, escenario
procesal idóneo en el que el actor puede, y debe, agotar los mecanismos de
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defensa destinados a cuestionar la materialización de las órdenes judiciales antes
de pretender la intervención del juez de tutela en una nueva acción.
Por su parte, el acto administrativo de la DIAN que dispuso la desvinculación de
Ruíz Vargas cuenta con un medio de control específico ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, que permite discutir su legalidad. En efecto, debe
precisarse que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no solo
constituye el cauce natural para censurar la motivación, procedimiento y
proporcionalidad del retiro, sino que ofrece la posibilidad de solicitar medidas
cautelares innominadas o de suspensión provisional de los efectos del acto,
conforme a los artículos 229 y siguientes del CPACA.
Dichos instrumentos procesales revisten, por regla general, una eficacia
equivalente al amparo constitucional para salvaguardar los derechos
fundamentales invocados, pues permiten que el juez especializado analice, con el
rigor probatorio del caso, si la entidad administrativa desbordó sus competencias o
pretermitió las garantías del afectado al ejecutar los movimientos de planta. Por
consiguiente, la existencia de esta vía judicial ordinaria, cuya idoneidad no fue
desvirtuada por el actor, desplaza la competencia del juez de tutela, quien no puede
subvertir las formas propias de cada juicio para resolver controversias cuya
naturaleza es eminentemente administrativa.
6.3.- En ese orden de ideas, esta Sala no advierte, prima facie, que las autoridades
convocadas hayan incurrido en una actuación ilegítima. Las pruebas aportadas no
permiten desvirtuar, per se, la presunción de legalidad de la que goza la resolución
que dio por terminado el vínculo. Tampoco se evidencia una afectación grave en el
procedimiento de comunicación de la tutela primigenia que habilite la intervención
excepcional de esta jurisdicción constitucional.
En efecto, la acción de tutela no constituye un mecanismo de control paralelo para
reabrir debates agotados o en curso dentro de otro trámite de igual naturaleza;
tampoco es la vía principal para censurar la motivación o la proporcionalidad de un
acto administrativo de retiro. Tales cuestionamientos deben canalizarse,
respectivamente, a través del incidente anulativo ante el juzgado y el tribunal
accionados, o mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Estos escenarios garantizan un debate probatorio riguroso, el respeto al
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principio de contradicción y, de ser procedente, la adopción de medidas cautelares
o reparativas.
6.4.- Bajo esa misma línea, no se configura un perjuicio irremediable por el solo
hecho de que el actor aduzca la condición de padre cabeza de hogar. Si bien dicha
calidad amerita una especial consideración, esta no conlleva la suspensión
automática de decisiones judiciales ejecutoriadas ni de actos administrativos
válidamente expedidos, mucho menos cuando se halla de por medio la aplicación
del principio de mérito. En el presente asunto, el juez constitucional debe ponderar
que existen derechos de terceros que, tras superar un concurso público, fueron
nombrados en virtud de actos que gozan de firmeza. Desconocer esta realidad sin
el agotamiento de los medios ordinarios implicaría sacrificar la seguridad jurídica
ante una vulneración que no reviste las características de inminencia y gravedad
exigidas por la jurisprudencia.
6.5.- En conclusión, al existir mecanismos judiciales idóneos y eficaces cuya
suficiencia no fue desvirtuada, como la nulidad y la vía contenciosa, el amparo
deviene improcedente. Las eventuales demoras propias de los términos judiciales
no autorizan a los ciudadanos a pretermitir las instancias legales para convertir la
tutela en el único sendero de acceso a la justicia, especialmente cuando se
pretende dejar sin efectos actuaciones judiciales y administrativas que cuentan con
sus propios cauces de impugnación y corrección.
7.- En consecuencia, se declararán improcedentes todos los cargos del amparo.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia elevada por Yuly Marcela
Castelblanco Pinilla y Andrea del Sagrario López Puentes, según las
consideraciones expuestas.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad
con las razones ut supra.
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TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
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