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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06235-00

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06235-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06235-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Raúl Antonio Ruiz Escobar
Parte accionada: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06235-00
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El accionante en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, con el fin de que se
declarara la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se le
negó la reliquidación pensional y, a título de restablecimiento del derecho,
se ordenara el pago de su pensión de vejez de manera retroactiva a partir
del “[…] momento en el que fue desvinculado del sistema y cumplió con
los requisitos para acceder a la misma, con una tasa de reemplazo del
90%, junto con los intereses moratorios e indexados hasta el momento
de su pago efectivo, de conformidad con el Decreto 758 de 1990 […]”.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-06235-00

1.2. El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla,
mediante sentencia de 7 de febrero de 2025, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que no se acreditaron los presupuestos para
reconocer la pensión de vejez bajo la aplicación del Decreto 758 de 1990,
toda vez que el afiliado no realizó cotizaciones al entonces Instituto de
Seguros Sociales y además ya se encontraba pensionado antes del
traslado masivo de usuarios a Colpensiones.

1.3. Contra la decisión de primera instancia la parte accionante presentó
recurso de apelación.

1.4. La Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante decisión
de 18 de julio de 2025, confirmó la sentencia de primera instancia, al
encontrar que el régimen pensional aplicable al demandante era el
regulado en la Ley 33 de 1985 y no el previsto en el Decreto 758 de 1990,
por cuanto a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 no había realizado
cotizaciones ante el Instituto de Seguros Sociales.

1.5. Mediante auto de 30 de septiembre de 2025, la Sección C del Tribunal
Administrativo del Atlántico rechazó el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia promovido por el accionante por no haber
indicado expresamente la sentencia de unificación jurisprudencial que
estimaba desatendida.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante manifestó que el tribunal accionado confirmó el fallo de
primera instancia y negó sus pretensiones aplicando únicamente la Ley 33 de
1985 sin valorar adecuadamente su afiliación al Instituto de Seguros Sociales
en el año 2009 ni las cotizaciones posteriores al estatus pensional.

Aseguró que se incurrió en violación directa a la Constitución porque se
vulneró “[…] el artículo 336 del CGP, por indebida aplicación de la ley y
desconocimiento del principio de constitucional de favorabilidad (art. 53 C.P.)

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[…]”.

Sostuvo que el tribunal accionado incurrió en desconocimiento del precedente
jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia “[…] SL2129-2014, SL4392-
2020, SL3423-2022), que reconoce la posibilidad de aplicar el régimen más
favorable en casos de cotización mixta o posterior al estatus pensional […]”:

Finalmente señaló que se le vulneró el derecho al debido proceso toda vez
que “[…] no se consideraron integralmente las pruebas ni le aplicaron el bloque
de constitucionalidad, desconociéndosele el principio de favorabilidad como
norma de rango superior […]”:

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la justicia.

2. Que se ordene al Tribunal Administrativo del Atlántico dejar sin efectos
la sentencia del 18 de julio de 2025 y se disponga la aplicación del régimen
pensional más favorable conforme al Decreto 758 de 1990.

3. Que se ordene la reliquidación de mi pensión con tasa de reemplazo
del 90%, y el reconocimiento del retroactivo pensional desde la fecha de
desvinculación laboral […]”.

II. INTERVENCIONES

1. La Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico rindió informe en el
que solicitó se declara la improcedencia de la acción constitucional porque lo
pretendido por el accionante es controvertir la decisión de segunda instancia
la cual ya fue objeto de estudio ante el juez natural de la causa como si este
mecanismo se tratara de una tercera instancia.

2. El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla rindió
informe en el que realizó una breve descripción de las actuaciones surtidas en

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el proceso ordinario de primera instancia, señalando que el expediente a la
fecha se encuentra pendiente de ser devuelto por parte del tribunal.

3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP solicitó su desvinculación de la
presente acción constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva
toda vez que esa entidad no causó daño alguno ni puso en peligro el derecho
al debido proceso alegado por la parte accionante.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP solicitó su
desvinculación del presente trámite de tutela.

La Sala considera que, comoquiera que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP fue parte demandada dentro del proceso objeto de tutela, le asiste
interés directo en la decisión de la acción constitucional de la referencia, razón
por la que se negará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

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El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión de segunda
instancia adoptada en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación núm. 08001-33-33-011-2022-
00078-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que, la autoridad accionada no tuvo en cuenta que su pensión se regulaba por
las disposiciones previstas en el Decreto 758 de 1990 al haber efectuado
cotizaciones ante el extinto Instituto de Seguros Sociales, circunstancia que se
traduce en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de
la causa judicial.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad accionada como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la
acción de tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez natural.

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Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social - UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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