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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06235-01

Fecha
23 de enero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06235-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del del 7 de noviembre de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta providencia. Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06235-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

23 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06235-01
Accionante: Raúl Antonio Ruíz Escobar
Accionado: Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico

Tema: acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: régimen de transición. Ley 33 de 1985 y
Decreto 758 de 1990. Subtema 3: reliquidación pensional.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir
la impugnación interpuesta por el señor Raúl Antonio Ruíz Escobar contra la
sentencia de primera instancia del 7 de noviembre de 2025 proferida por la Sección
Primera de esta corporación.

1. Síntesis del caso

El señor Raúl Antonio Ruíz Escobar presentó solicitud de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que
consideró vulnerados por la Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico
con la sentencia del 18 de julio de 2025 proferida dentro del proceso identificado
con el radicado núm. 08001-33-33-011-2022-00078-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

A partir del escrito de tutela1 y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

1 Samai. expediente núm. 11001-03-15-000-2025-06235-00, índice 2, certificado 196FB8AD76E73CF6
338868D602545F3A C759100AD87A06B6 DAF58A7FCC4D7562.

R Radicado: 11001-03-15-000-2025-06235-01
Accionante: Raúl Antonio Ruíz Escobar
Accionado: Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico

1. El señor Raúl Antonio Ruíz Escobar nació el 23 de noviembre de 1953 y laboró
como funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil desde el 30 de
agosto de 1977 hasta el 20 de abril de 2020. En virtud de los traslados masivos
ordenados en el Decreto 2196 de 2009, que suprimió la Caja Nacional de Previsión
Social, fue afiliado en julio de 2009 al Instituto de Seguro Social (ISS), hoy
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

2. Solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) el reconocimiento de la
pensión de vejez el 11 de diciembre de 2012, prestación otorgada en Resolución
núm. RDP013860 del 20 de marzo de 2013, condicionada a demostrar el retiro
definitivo del servicio, y reliquidada en Resolución RDP5427 el 26 de febrero de
2020.

3. El señor Raúl Antonio Ruíz Escobar pidió la reliquidación de su pensión, entre
otras razones, con aplicación del Decreto 758 de 1990. Por su parte, la UGPP emitió
la Resolución RDP 003990 el 19 de febrero de 2021 en la que negó dicha petición,
decisión recurrida en reposición y apelación y confirmada en resoluciones RDP
019071 del 30 de julio de 2021 y 19694 del 4 de agosto siguiente, respectivamente.

4. En consecuencia, el señor Raúl Antonio Ruíz Escobar presentó demanda2 en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la
pretensión de nulidad de las resoluciones RDP 005427 de 2020, RDP 003990, RDP
019071 y RDP 019694 de 20213 y, en consecuencia, que se ordenara a la UGPP el
pago de la pensión de vejez desde que fue desvinculado, con una tasa de reemplazo
del 90% en los términos descritos en el Decreto 758 de 1990, toda vez que cotizó
tiempos de servicio públicos y privados.

5. El asunto correspondió en primera instancia bajo radicado núm. 08001-33-33-
011-2022-00078-00 al Juzgado Once Administrativo Oral de Barranquilla, autoridad
que dictó sentencia el 7 de febrero de 20254 en la que negó las pretensiones de la
demanda. Explicó que a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, el señor Raúl
Antonio Ruíz Escobar contaba con 40 años, motivo por el que era beneficiario del
régimen de transición del artículo 36 ibidem y que le aplicaran los requisitos
previstos en la Ley 33 de 1985.

6. El despacho judicial agregó que no es cierta la afirmación del demandante de
que cotizó tiempos de servicios en el sector público y privado por haber sido
trasladado al ISS, pues ello ocurrió en virtud del Decreto 2196 de 2009. Lo anterior,
ya que el empleador que cotizó durante toda su vida laboral fue la Registraduría
Nacional del Estado Civil, y que, cuando fue trasladado al ISS por la liquidación de
Cajanal, ya había adquirido el estatus de pensionado. De esta forma, concluyó lo
siguiente:

2 Samai. expediente núm. 08001-33-33-011-2022-00078-00, índice 5, certificado 0B9AA176CD2915C3
1E27A0B506EC8830 41B678E8F47C86AB 3A2B38835411D6CC.
3 Samai. expediente núm. 11001-03-15-000-2025-06235-00, índice 2, certificado 196FB8AD76E73CF6

338868D602545F3A C759100AD87A06B6 DAF58A7FCC4D7562, páginas 42 a 83.
4 Samai. expediente núm. 08001-33-33-011-2022-00078-00, índice 27, certificado B0D11C86E50A83E4

D50F5E8C6FECE364 D5F8C81F1A658E0A 118D54DD3C3A5FC4.

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R Radicado: 11001-03-15-000-2025-06235-01
Accionante: Raúl Antonio Ruíz Escobar
Accionado: Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico

Así las cosas, al no encontrarse el demandante, señor Raúl Antonio Ruiz Escobar,
dentro de los afiliados o beneficiarios del seguro de invalidez, vejez y muerte del
Decreto 758 de 1990, y al no haber computado tiempos de servicio públicos y privados
que por vía jurisprudencial le permitiría acceder a la aplicación más favorable del
referido Decreto, no tiene derecho a que el reconocimiento pensional se efectúe bajo
dichos parámetros.

Lo anterior, toda vez que, como bien se estableció en Sentencias CSJ SL2129-2014,
SL4392-2020 y SL3423-2022, para que el actor se apropie de la titularidad de un
régimen pensional por vía de transición se impone, como mínimo, que se haya estado
afiliado al mismo durante su vigencia ordinaria (Decreto 758 de 1990), pues sólo
puede accederse al derecho pensional si se cumplen los supuestos de hecho que la
norma particular que lo regula exige, el primero de los cuales es, que se hubiese
consolidado éste con la calidad de afiliado al mismo, ello por cuanto no es dable
derivar un derecho de una condición que nunca se tuvo.

7. La anterior decisión fue apelada por la parte demandante con el argumento de
que cumplió las condiciones exigidas en el Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758
de 1990, de manera que era beneficiario del régimen más favorable, tal y como lo
ha indicado la Corte Suprema de Justicia en las sentencias «CSJ SL2129-2014,
SL4392-2020 y SL3423-2022».

8. En segunda instancia, la Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico
profirió sentencia el 18 de julio de 20255 en la que confirmó la providencia que negó
las pretensiones de la demanda. Explicó el régimen de transición de la Ley 100 de
1993 y los requisitos previstos en la Ley 33 de 1985 y tuvo en cuenta que el señor
Raúl Antonio Ruíz Escobar sustentó su recurso en el principio de favorabilidad, de
lo cual consideró:

[N]o resulta aplicable, el principio de favorabilidad, pues no se cumplen los
presupuestos para tal efecto, toda vez, que al momento en que se causó el derecho
prestacional del demandante, que dio lugar, a que aquel fuera beneficiario del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, el actor, no había realizado ninguna cotización,
al entonces Instituto de Seguros Sociales, pues para dicha fecha, es decir, el 1° de
abril de 1994, fecha en la cual, entró en vigencia la mencionada norma, el interesado,
estaba cotizando, a la extinta Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal, en razón
de su vinculación con la Registraduría Nacional del Estado Civil […] 6.

9. En ese orden, el Tribunal destacó que el traslado del demandante al ISS se
generó a partir del 1 de julio de 2009, es decir, con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 100 de 1993, de manera que no resultaba aplicable el Decreto 758
de 1990, además de que el régimen aplicable a los empleados públicos era el
dispuesto en la Ley 33 de 1985.

10. Así, enfatizó en que el demandante no tenía expectativa legítima de ser
pensionado con el Decreto 758 de 1990, pues no cotizó al ISS antes de la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993, y que tampoco hacía parte de las personas a las

5 Samai. expediente núm. 08001-33-33-011-2022-00078-01, índice 8, certificado 3229C178B666FBF7
32E49E0B7C119C0C FFD8A39CA00E6EFA 5C138FD903F1F43D.
6 Se transcribe incluso con errores de texto.

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R Radicado: 11001-03-15-000-2025-06235-01
Accionante: Raúl Antonio Ruíz Escobar
Accionado: Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico

que estaba dirigido el referido decreto conforme a lo dispuesto en el artículo 1
ibidem. En los términos expuestos, concluyó lo siguiente:

Vale decir, que la extensión del tiempo del régimen de transición, a través del Acto
Legislativo 1 de 2005, hasta el 31 de julio de 2010, no implicaba, que quienes habían
sido beneficiarios, del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pudieran solicitar,
el cambio de la norma, con la cual, se le reconoció el derecho transicional, pues de
aceptarse tal circunstancia, se admitiría, que el interesado, era beneficiario, antes de
la entrada en vigencia, de la aludida Ley, de dos normas prestacionales;
circunstancia, que como se ha detallado en párrafos precedentes, no se configura en
este caso.

En conclusión, como el demandante, no cumplía con los requisitos, para ser
beneficiario del Decreto 758 de 1990, al no haber sido objeto de dicha norma y al no
haber cotizado al Instituto de Seguros Sociales, antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993; no resultaba pertinente, tal como lo indicó el A - quo, la reliquidación
pensional deprecada, a través del medio de control formulada, pues no es precisa, la
aplicación del principio del favorabilidad, como lo pretende la parte actora; por lo tanto,
se confirmará la sentencia apelada7.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

11. El señor Raúl Antonio Ruíz Escobar solicitó al juez constitucional que amparara
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, que dejara sin efectos la sentencia del 18 de julio de 2025, y que, en
consecuencia, ordenara a la Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico
que profiriera una nueva decisión en la que aplicara el Decreto 758 de 1990 por
favorabilidad y dispusiera la reliquidación de su pensión con una tasa de reemplazo
del 90%. Como sustento de sus pretensiones, expuso que:

4. El Tribunal rechazó la aplicación del Decreto 758 de 1990, ignorando jurisprudencia
relevante de la Corte Suprema de Justicia (SL2129-2014, SL4392-2020, SL3423-
2022), que reconoce la posibilidad de aplicar el régimen más favorable en casos de
cotización mixta o posterior al estatus pensional.

5. Esta decisión vulnera mi derecho al debido proceso, al no considerar integralmente
las pruebas, ni aplicar el bloque de constitucionalidad, y desconoce el principio de
favorabilidad como norma de rango superior8.

2.3. Trámite Procesal

12. La tutela correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado que, a través
del despacho ponente, profirió auto el 14 de octubre de 20259 en el que admitió la
solicitud de amparo; vinculó, como terceros con interés, al Juzgado Once
Administrativo Oral de Barranquilla y a la UGPP; tuvo como pruebas los documentos
aportados y ordenó las notificaciones de rigor.

7 Se transcribe incluso con errores de texto.
8 Samai. expediente núm. 11001-03-15-000-2025-06235-00, índice 2, certificado 196FB8AD76E73CF6
338868D602545F3A C759100AD87A06B6 DAF58A7FCC4D7562.
9 Samai. expediente núm. 11001-03-15-000-2025-06235-00, índice 4, certificado 593699B025524398

5DA3016F424440D3 4E33FBE74441483E 9EEF8CA023346555.

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Accionante: Raúl Antonio Ruíz Escobar
Accionado: Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico

2.4. Intervenciones

13. La Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico contestó que la tutela
resultaba improcedente porque los cargos de amparo fueron resueltos por el juez
natural en segunda instancia10.

14. El Juzgado Once Administrativo Oral de Barranquilla sintetizó las actuaciones
surtidas en el proceso ordinario y afirmó que fue tramitado de manera oportuna, bajo
un examen crítico de las pruebas y con la explicación de los argumentos que
sustentaron las sentencias11.

15. La UGPP solicitó su desvinculación del trámite constitucional, pues consideró
que no tiene legitimación en la causa por pasiva dado que no causó un daño ni puso
en peligro el derecho al debido proceso del tutelante12.

2.5. Sentencia de tutela de primera instancia

16. La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia de primera
instancia el 7 de noviembre de 202513 en la que negó la solicitud de desvinculación
presentada por la UGPP y declaró improcedente la acción por falta de relevancia
constitucional. El juez de tutela afirmó que los argumentos de amparo consisten en
una «mera inconformidad», pues no exponen de qué forma el Tribunal incurrió en
una «arbitrariedad judicial».

2.6. Impugnación

17. El accionante presentó escrito de impugnación14 en contra de la sentencia del
7 de noviembre de 2025, para lo cual manifestó que la tutela cumplía con el requisito
de relevancia constitucional en la medida en que discutía la protección de los
derechos fundamentales a la seguridad social y a la favorabilidad.

18. Reiteró el desconocimiento de las sentencias SL2129-2014, SL4392-2020,
SL3423-2022 de la Corte Suprema de Justicia según las cuales, sostuvo, es posible
aplicar el Decreto 758 de 1990 cuando existen aportes posteriores al estatus
pensional. Solicitó a la Corte Constitucional seleccionar para revisión la presente
acción de tutela y unificar la jurisprudencia sobre la aplicación del principio de
favorabilidad en casos de cotización mixta.

19. El despacho del magistrado ponente de la Sección Primera del Consejo de
Estado concedió el recurso de impugnación en auto del 28 de noviembre de 202515.

10 Samai. expediente núm. 11001-03-15-000-2025-06235-00, índice 10, certificado 3F43493CC8C1C2FB
86CD2FEB9EF291BC A8D1C86E806ADED1 2D3DFAEE7A2F3823.
11 Samai. expediente núm. 11001-03-15-000-2025-06235-00, índice 9, certificado 48C3F207D3CA77AA

0F4515D1CBA9F4AD CF964A43E30D3091 FA33029706D810D5.
12
Samai. expediente núm. 11001-03-15-000-2025-06235-00, índice 8, certificado 314D99C52239DDCD
1B00C5BDE165294F 45A7F22962218EB1 13BC3D3A93359A46.
13 Samai. expediente núm. 11001-03-15-000-2025-06235-00, índice 12, certificado D139CCF1D48A9887

3A95A0CC599D93E8 78ACB32A1CBBD4D2 C78F9C9E15ACF422.
14 Samai. expediente núm. 11001-03-15-000-2025-06235-00, índice 16, certificado 986FD22EED83A713

B65D25258CC09464 810319FC5434088A 2B7AB7ECEC01C677.
15 Samai. expediente núm. 11001-03-15-000-2025-06235-00, índice 18, certificado 210AAF669F49418E

355FF0AA29966035 5CF615AA3315A7CF C091893D8CC2AAC1.

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Accionante: Raúl Antonio Ruíz Escobar
Accionado: Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico

3. Consideraciones

3.1. Competencia

20. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado tiene
competencia para conocer de la impugnación presentada por la parte accionante,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y
en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

3.2. Legitimación en la causa de las partes

21. La legitimación en la causa por activa del señor Raúl Antonio Ruíz Escobar se
encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la sentencia del 18 de julio
de 2025 proferida dentro del proceso con radicado núm. 08001-33-33-011-2022-
00078-01, y, por lo tanto, es el titular de los derechos que consideró fueron
vulnerados.

22. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección C
del Tribunal Administrativo del Atlántico porque es la autoridad que profirió la
anterior providencia, la cual, según afirmó el tutelante, vulneró sus derechos
fundamentales.

23. Ahora bien, la UGPP solicitó su desvinculación al estimar que no está llamada
a responder por la vulneración de los derechos fundamentales alegada por la parte
accionante.

24. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercera con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción. En ese orden, al no acudir a este trámite constitucional como
autoridad accionada, no es posible declarar su falta de legitimación en la causa por
pasiva. Por los motivos expuestos, se confirmará la decisión que negó la solicitud
de desvinculación.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

25. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 16 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional17.

26.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
17 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

27. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso
de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales18 y, por lo
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

28. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico;
ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución19.

3.4. Problema jurídico

29. Al tener en cuenta que la sentencia de primera instancia declaró la
improcedencia de la tutela, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de
amparo supera el requisito de relevancia constitucional. En caso afirmativo, se
deberá verificar el cumplimiento de los demás requisitos de procedibilidad, en
particular, el de suficiencia argumentativa. Finalmente, y si a ello hay lugar, se
tendrá que establecer si el Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró, con la
expedición de la sentencia del 18 de julio de 2025, los derechos invocados por el
accionante.

3.4.1 Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

30. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional20
ha precisado en su jurisprudencia el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad, sobre las razones por las cuales el
asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia21.

18 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
19 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
21 Ibidem.

La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el
requisito de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el

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31. Contrario a lo resuelto por el juez de tutela en primera instancia, la Sala
considera que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez
que el accionante afirma la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia con la sentencia del 18 de julio
de 2025 proferida por la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, puesto
que no ordenó la reliquidación de su pensión con aplicación del Decreto 758 de
1990.

32. En relación con el requisito de exposición suficiente de hechos y argumentos,
es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de tutela tiene un carácter informal. No obstante, la solicitud de amparo
deberá exponer con la mayor claridad posible la acción o la omisión que la motiva,
el derecho que se considera amenazado, el nombre de la autoridad accionada, y la
descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud.

33. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencia judicial, la Corte
Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, incluyó como un requisito general de
procedibilidad que la parte actora identifique de manera razonable los hechos
generadores de la vulneración y los derechos afectados. En igual sentido, el tribunal
constitucional, en sentencia SU-585 de 2017, sostuvo que:

[A] pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto,
resulta de vital importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad
especial, la que de verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la
providencia judicial.

34. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando la acción es presentada contra una
providencia judicial, es necesario que la parte actora cumpla una carga
argumentativa mayor y describa los motivos, causales o defectos en los que incurre
la decisión judicial enjuiciada. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, manifestó que:

[E]sta exigencia se justifica porque de prosperar el amparo se afectaría el principio
de cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de
tutela, y que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se
deduzca con claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos
fundamentales»22.

35. En el asunto bajo estudio, se observa que el accionante en su escrito de tutela
afirmó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso

contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente
legal y/o económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea
exclusivamente económico o que no tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se
discute la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un
aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares más no para el interés general; y iii) que
la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que permita exponer las razones por las
cuales la providencia judicial incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
22 Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de marzo de 2019, expediente núm.

25000-23-36-000-2019-00003-01(AC).

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R Radicado: 11001-03-15-000-2025-06235-01
Accionante: Raúl Antonio Ruíz Escobar
Accionado: Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico

a la administración de justicia. No obstante, limitó su argumentación a indicar que el
Tribunal accionado inaplicó el Decreto 758 de 1990 con desconocimiento de la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoce la aplicación más
favorable en casos de cotización mixta.

36. Al respecto, es preciso recordar que dicho reparo fue expuesto en idénticos
términos en la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y en el recurso de apelación ordinario, y que fue
resuelto por el Juzgado Once Administrativo Oral de Barranquilla y la Sección C del
Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del proceso con radicado núm. 08001-
33-33-011-2022-00078-01.

37. En particular, el reproche del accionante no controvierte las razones de las
autoridades judiciales ordinarias que sustentaron la decisión que negó las
pretensiones de nulidad. Así, esta Subsección observa que el tutelante insiste en
que realizó cotizaciones de tiempos de servicio públicos y privados; sin embargo,
los jueces contencioso-administrativos encontraron probado que el señor Raúl
Antonio Ruíz Escobar laboró durante toda su vida como empleado del sector oficial
para la Registraduría Nacional del Estado Civil, de manera que no era beneficiario
de las disposiciones contenidas en el Decreto 758 de 1990.

38. Además, no se desconoce que la autoridad accionada explicó en la sentencia
del 18 de julio de 2025 que no resultaba aplicable el principio de favorabilidad en el
caso concreto, toda vez que el señor Raúl Antonio Ruíz Escobar no fue beneficiario
del Decreto 758 de 1990 al tener en cuenta que no cotizó desde el sector privado
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

39. En los términos expuestos, la Sala advierte que el tutelante no controvirtió en
el escrito de amparo que solo realizó cotizaciones como empleado del sector oficial
y que no realizó aportes al ISS antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

40. En consecuencia, los cargos de la solicitud de tutela sometidos a discusión en
esta sede constitucional no superan el requisito general de exposición suficiente de
hechos y argumentos, en la medida en que corresponden a los mismos que fueron
abordados y decididos por los jueces naturales al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y, por ende, no están dirigidos a controvertir las
razones que expuso el Tribunal Administrativo del Atlántico para sustentar la
decisión que confirmó la que negó las pretensiones de la demanda.

4. Conclusión

41. La Sala confirmará la sentencia del 7 de noviembre de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente las pretensiones
de amparo, pero por las razones expuestas en esta providencia, esto es, que la
tutela no superó el requisito de exposición suficiente de hechos y argumentos.

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R Radicado: 11001-03-15-000-2025-06235-01
Accionante: Raúl Antonio Ruíz Escobar
Accionado: Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del del 7 de noviembre de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta
providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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