Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06275-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06275-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06275-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-06275-00
Accionante: JAIME ALONSO LONDOÑO CORREA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Tribunal
Administrativo del Bolívar.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Jaime Alonso Londoño Correa, en nombre propio, solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 30 de septiembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del medio de control de
reparación directa con número de radicación 13001-33-33-008-2020-00082-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Señaló que presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, el Instituto Nacional de
Vías y Autopistas del Sol S.A.S., con el fin de que fueran declarados patrimonial y
administrativamente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales
causados en un accidente de tránsito.
2.2. Afirmó que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante
sentencia de 16 de agosto de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
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Accionante: Jaime Alonso Londoño Correa
2.3. Adujo que Autopistas del Sol S.A.S., la Agencia Nacional de Infraestructura y
Segurexpo de Colombia S.A. interpusieron recurso de apelación contra la anterior
decisión y mediante providencia de 30 de septiembre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Bolívar, revocó la sentencia de primera instancia.
2.4. Manifestó que la providencia proferida por la autoridad judicial accionada vulneró
sus derechos fundamentales indicados supra al incurrir en los defectos fáctico y
sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial.
2.5. Frente al defecto fáctico indicó que “[…] El Tribunal otorgó valor prevalente al IPAT
(Informe Policial de Accidente de Tránsito), argumentando que, al ser documento
público, goza de presunción de autenticidad (arts. 251 y 264 CPC), sin considerar que:
• El IPAT no fue ratificado por el agente que lo elaboró, lo que limita su eficacia
probatoria (Corte Constitucional, Sent. T-475/18) […] • El propio Consejo de Estado
ha reiterado que el IPAT es un documento descriptivo, no pericial, por lo que se
constituye en una mera hipótesis, y debe ser valorado en conjunto con otros medios
(CE, Sección Tercera, Exp. 13001-23-31-000-2007-00009-01(58183)) […] Ignorancia
del testimonio directo del copiloto […]”.
2.6. Respecto a lo demás sostuvo que el Tribunal desconoció el precedente judicial
sobre la “[…] responsabilidad estatal por omisión de señalización en obras (CE, Sent.
20001-23-31-000-1998-03931-01(21391) […]” e incurrió en una “[…] Aplicación
irrazonable de normas sobre señalización – art. 101 Ley 769/2002; Manual de
Señalización Vial – Res. 1885/2015; solidaridad en obras públicas; y reglas sobre nexo
causal/carga probatoria. (CE, Sent. 20001-23-31-000-1998-03931-01(21391) […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del accionante.
2. Dejar sin efectos la Sentencia No. 106 del 30 de septiembre 2024 del Tribunal
Administrativo de Bolívar.
3. Restablecer los efectos de la Sentencia No. 0146 del 16 de agosto del 2023
del Juzgado Octavo Administrativo (confirmación), por ser la que respetó los
estándares probatorios y de precedencia.
4. De no acoger el numeral anterior, Subsidiariamente, ordenar a la misma Sala
que, dentro del término que señale el juez constitucional, profiera nueva
sentencia:
• aplicando los estándares de sana crítica y valoración integral;
• exigiendo a las demandadas la acreditación del PMT y del cumplimiento
efectivo del Manual de Señalización Vial (Res. 1885/2015) y art. 101 Ley
769/2002;
• ponderando el testimonio presencial y el contexto de obra;
• analizando el nexo causal conforme a la doctrina de la causa adecuada y el
precedente sobre omisión en señalización […]”.
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Accionante: Jaime Alonso Londoño Correa
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 9 de octubre de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de
terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI, al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, a las sociedades
Autopistas del Sol S.A.S., Previsora S.A. Compañía de Seguros y Segurexpo de
Colombia S.A. y al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, en la medida que “[…] no ha existido arbitrariedad,
defecto sustancial o procesal alguno por parte de esta Casa Judicial al decidir el
asunto que se expuso para su estudio en sede judicial […]”.
5.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó declarar improcedente la acción
de tutela “[…] en atención al carácter excepcional de este mecanismo contra
providencias judiciales las cuales se encuentran amparadas bajos los valores de
cosa juzgada y seguridad jurídica […]”.
5.3. La Agencia Nacional de Infraestructura solicitó su desvinculación de la acción
de amparo y negar la solicitud de amparo como quiera que se pretende crear una
tercera instancia.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
4
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Accionante: Jaime Alonso Londoño Correa
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Agencia Nacional de Infraestructura.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T-1001 de 20067, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]’ […]” (Negrilla fuera del
texto).
9. Teniendo en cuenta que la Agencia Nacional de Infraestructura integra la parte
demandada dentro del medio de control de reparación directa con número de
radicación 13001-33-33-008-2020-00082-00/01, la Sala considera que le asiste el
interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional.
10. Por lo anterior, se negará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante al incurrir presuntamente en los defectos
fáctico y sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06275-00
Accionante: Jaime Alonso Londoño Correa
12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
14. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06275-00
Accionante: Jaime Alonso Londoño Correa
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
19. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
20. El señor Jaime Alonso Londoño Correa, en nombre propio, solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 30 de septiembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro del medio de control de
reparación directa con número de radicación 13001-33-33-008-2020-00082-00/01.
21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
22. El requisito de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el asunto
gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.
23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06275-00
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fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.
24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].
26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.
27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.
18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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28. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
29. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
al incurrir en los defectos fáctico y sustantivo y en un desconocimiento del
precedente judicial.
30. Frente al defecto fáctico indicó que “[…] El Tribunal otorgó valor prevalente al IPAT
(Informe Policial de Accidente de Tránsito), argumentando que, al ser documento
público, goza de presunción de autenticidad (arts. 251 y 264 CPC), sin considerar que:
• El IPAT no fue ratificado por el agente que lo elaboró, lo que limita su eficacia
probatoria (Corte Constitucional, Sent. T-475/18) […] • El propio Consejo de Estado
ha reiterado que el IPAT es un documento descriptivo, no pericial, por lo que se
constituye en una mera hipótesis, y debe ser valorado en conjunto con otros medios
(CE, Sección Tercera, Exp. 13001-23-31-000-2007-00009-01(58183)) […] Ignorancia
del testimonio directo del copiloto […]”.
31. Respecto a lo demás sostuvo que el Tribunal desconoció el precedente judicial
sobre la “[…] responsabilidad estatal por omisión de señalización en obras (CE, Sent.
20001-23-31-000-1998-03931-01(21391) […]” e incurrió en una “[…] Aplicación
irrazonable de normas sobre señalización – art. 101 Ley 769/2002; Manual de
Señalización Vial – Res. 1885/2015; solidaridad en obras públicas; y reglas sobre nexo
causal/carga probatoria. (CE, Sent. 20001-23-31-000-1998-03931-01(21391) […]”.
32. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y, ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia, con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez
natural.
33. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “afectación desproporcionada
a sus derechos fundamentales”.
34. Se considera que la parte accionante no está exponiendo que la providencia
cuestionada haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su
inconformidad gira en torno a que el Tribunal revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06275-00
Accionante: Jaime Alonso Londoño Correa
35. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la
providencia de 30 de septiembre de 2024:
“[…] Bajo este contexto, esta magistratura tendrá que revisar el material
probatorio obrante en el plenario, haciendo especial énfasis en las pruebas
referidas en líneas precedentes, en aras de verificar si, tal como consideró el a
quo, las mismas permiten inferir que el accidente en el que el señor Jaime
Londoño Correa resultó lesionado le es atribuible a las recurrentes.
El extremo actor manifiesta que, el accidente de tránsito objeto de estudio, se
trató de la colisión con otros dos vehículos, y de acuerdo a su criterio, tal
accidente se originó por la falta de señalización e iluminación en la vía.
[…]
Con base en el anterior relato, el a quo llegó a la conclusión de que la
responsabilidad del accidente ocurrido en fecha 12 de marzo del 2018 le era
atribuible a las recurrentes, comoquiera que el testigo señaló que, en efecto, la
vía estaba siendo reparada y no contaba con iluminación, ni señalizaciones que
advirtieran de tales reparaciones, y, aunado a ello, el testigo también narró que
el vehículo en el que se movilizaban él y el aquí demandante, iba 60km por hora,
esto es, a la velocidad permitida por el artículo 108 del Código Nacional de
Tránsito Terrestre.
Sobre este punto, estima la Sala, no le asistió razón al juez de primera instancia
al dar total valor probatorio al testimonio del señor Gorbey Guzmán Solarte, y
justificar la decisión condenatoria únicamente basada en las aseveraciones del
mismo. Ello por cuanto, si bien es cierto el señor Guzmán Solarte, testigo del
demandante, aduce que la causa del accidente que aquí se estudia fue la falta
de señalización, también lo es que, no está acreditado que el testigo cuente con
la experticia para emitir tal aseveración, como quiera que tal análisis requiere
conocimientos en topografía, geometría vial, señalización de tránsito, estudio
de huellas, entre otros.
[…]
Estima la Sala, las documentales que reposan en el expediente respaldan la
información contenida en el Informe Policial de Accidente de Tránsito – IPAT, y
se yuxtaponen a lo expuesto por el señor Gorbey Guzmán Solarte en su
declaración.
Así mismo, debe precisarse que, quedó acreditada la causa adecuada de las
lesiones que reclama el aquí demandante, como fue la infracción de normas de
tránsito en que él mismo incurrió, y aunque se ha intentado atribuir a una falta
de señalización, tal supuesto implicaría remontarse a la totalidad de las causas
antecedentes a la producción del daño, lo que desviaría el análisis sobre la
causa determinante del accidente […]”.
36. La transcripción anterior permite evidenciar que, contrario a lo expuesto en el
escrito de tutela no se observa que la decisión proferida en sede ordinaria hubiese
sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los derechos fundamentales de la parte
accionante en el trámite del medio de control.
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Accionante: Jaime Alonso Londoño Correa
37. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”20.
38. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”;
ya que en “el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones
de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos […]”21. En
esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”22.
39. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por
carecer de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Agencia
Nacional de Infraestructura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
21
Ibidem.
22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06275-00
Accionante: Jaime Alonso Londoño Correa
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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