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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06275-01

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-06275-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase el fallo de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Jaime Alonso Londoño Correa por el incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06275-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

22 de enero de 2026

Demandante: Jaime Alonso Londoño Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Segunda de
Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06275-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06275-01
Demandante: JAIME ALONSO LONDOÑO CORREA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma decisión
de primera instancia por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia
del 7 de noviembre de 2025, por la cual la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela presentada por considerar que no se
acreditó el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Jaime Alonso Londoño Correa, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Segunda de
Decisión1 con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

Estimó vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia
del 30 de septiembre de 2024, mediante la cual la autoridad judicial revocó la
providencia del 16 de agosto de 2024, por la que el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cartagena de Indias declaró patrimonial y
solidariamente responsable a la Agencia Nacional de Infraestructura, en adelante
ANI, y Autopistas del Sol S.A.S por los perjuicios causados al actor dentro del
medio de control de reparación directa con radicado 13001-33-33-008-2020-
00082-00/01.

1 Sala integrada por los magistrados José Rafael Guerrero Leal, Marcela de Jesús López Álvarez

y Moisés de Jesús Rodríguez Pérez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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1

Demandante: Jaime Alonso Londoño Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Segunda de
Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06275-01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del accionante.

2. Dejar sin efectos la Sentencia No. 106 del 30 de septiembre 2024 del
Tribunal Administrativo de Bolívar.

3. Restablecer los efectos de la Sentencia No. 0146 del 16 de agosto del
2023 del Juzgado Octavo Administrativo (confirmación), por ser la que
respetó los estándares probatorios y de precedencia.

4. De no acoger el numeral anterior, Subsidiariamente, ordenar a la misma
Sala que, dentro del término que señale el juez constitucional, profiera
nueva sentencia:

• aplicando los estándares de sana crítica y valoración integral;

• exigiendo a las demandadas la acreditación del PMT y del
cumplimiento efectivo del Manual de Señalización Vial (Res.
1885/2015) y art. 101 Ley 769/2002;

• ponderando el testimonio presencial y el contexto de obra;

• analizando el nexo causal conforme a la doctrina de la causa
adecuada y el precedente sobre omisión en señalización2.

1.3. Hechos

La parte actora narró los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala,
resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto.

El señor Guillermo Velasco Echeverry explicó que el día 12 de marzo de 2018 en
ejercicio de sus funciones como conductor de transporte de servicio público sufrió
un accidente de tránsito en la vía concesionada km 69+200 Gambote- Arjona en
el departamento de Bolívar, en la cual había obras en curso.

Indicó que, durante el trayecto, ocurrió una colisión múltiple que le causó varias
lesiones y deformaciones físicas que le ocasionaron una pérdida de capacidad
laboral del 24,99%. Según relató, el siniestro se originó por la deficiente
señalización de la vía, producto de fallas en el plan de manejo de tráfico y del
incumplimiento del manual de señalización. Ante ello, decidió presentar una
acción de reparación directa para reclamar la indemnización de los daños
ocasionados.

El proceso fue tramitado ante el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito

2 Transcripción literal del escrito de tutela presentado, con posibles errores.

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Demandante: Jaime Alonso Londoño Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Segunda de
Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06275-01

Judicial de Cartagena de Indias, que en sentencia del 16 de agosto de 2023 3
declaró responsable solidariamente a la ANI y Autopistas del Sol por falla del
servicio por omisión de señalización.

Como consecuencia de la anterior decisión las sociedades demandadas
presentaron recurso de apelación manifestando que el a quo realizó una indebida
valoración de los medios probatorios, el cual fue resuelto por la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, que por medio de fallo del 30 de
septiembre de 20244 revocó la sentencia proferida por el juzgado por no
encontrar acreditado el nexo causal entre el daño sufrido por el demandante y las
entidades accionadas, determinando que el suceso se debió a la conducta
imprudente del propio actor.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora sostuvo que la providencia cuestionada vulneró su derecho al
debido proceso al incurrir en un defecto fáctico derivado de la apreciación
irrazonable del acervo probatorio. Señaló que la autoridad otorgó un valor
prevalente y absoluto al informe policial, pese a tratarse de un documento
meramente descriptivo que no había sido ratificado por el agente.

Asimismo, alegó que la sentencia desestimó de manera arbitraria el testimonio
presencial del copiloto, bajo el argumento de una supuesta falta de experticia
técnica. A juicio del recurrente, no era necesario contar con calidad de perito para
describir la ausencia de señalización y la falta de iluminación percibidas
directamente.

Señaló la existencia de un desconocimiento del precedente relativo a la
responsabilidad estatal por la omisión de señalización en obras públicas. Indicó
que el Tribunal no exigió a las entidades demandadas acreditar el cumplimiento
del Plan de Manejo de Tráfico ni del Manual de Señalización Vial.

Finalmente criticó que el fallo aplicó un estándar equivocado sobre el nexo causal
al atribuir el accidente únicamente a la conducta del conductor, de igual forma
sostuvo que el tribunal omitió valorar si la ausencia de señalización estatal
constituía el factor determinante que generó el riesgo.

3
Sentencia del 16 de agosto de 2023, Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena.
Juez Enrique Antonio del Vecchio Domínguez. Radicado 13-001-33-33-008-2020-00082-00. De
forma general la sentencia expresó: «[…] SEGUNDO: DECLÁRESE PATRIMONIAL Y
SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -
ANI y AUTOPISTAS DEL SOL S.A.S, por los perjuicios causados al demandante, con ocasión de
las lesiones sufridas por el señor JAIME ALONSO LONDOÑO CORREA, de acuerdo al análisis
contenido en la presente providencia […]».
4 Notificada el 29 de agosto de 2025.

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1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

Mediante auto del 9 de octubre del 2025, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar en calidad de demandado al
Tribunal Administrativo de Bolívar, igualmente dispuso vincular como terceros
con interés a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, al Instituto Nacional
de Vías – INVIAS, a las sociedades Autopistas del Sol S.A.S., Previsora S.A.
Compañía de Seguros y Segurexpo de Colombia S.A. y al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cartagena de Indias.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Juzgado Octavo Administrativo de Bolívar

La secretaria del juzgado allegó informe el 15 de octubre de 20255, en el que
recordó que, en un primer momento, se condenó a la ANI, por la falta de
señalización en una zona de obras viales donde ocurrió un accidente. Sin
embargo, la sentencia fue posteriormente revocada por el superior jerárquico,
quien negó las pretensiones formuladas por el demandante.

Argumentó que las decisiones se fundamentaron en un estudio sistemático de la
legislación y en el respeto a la autonomía judicial. Asimismo, subrayó que la
acción de tutela contra providencias judiciales era de carácter excepcional y
exigía una vulneración flagrante, la cual no se configuró en este caso.

Concluyó que la actuación judicial no constituyó una «vía de hecho» ni un
ejercicio caprichoso de la función pública. El despacho defendió la razonabilidad
de su interpretación legal y el margen de discrecionalidad para valorar las
pruebas conforme a la jurisprudencia, reiterando que el proceso de reparación
directa se tramitó bajo los principios de legalidad y debido proceso.

Por lo anterior solicitó declarar improcedente la acción constitucional al no
encontrar arbitrariedades ni defectos sustanciales en el proceso.

Por ultimó compartió vinculo de Onedrive del proceso con radicado 13001-33-33-
008-2020-00082-00.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Segunda de Decisión

Con escrito del 16 de octubre de 20256, el magistrado sustanciador rindió informe
en los siguientes términos:

Indicó que, no se demostró de manera fehaciente el nexo causal entre la
actuación estatal y el siniestro vial, y que analizó exhaustivamente el material

5 Índice 10 de Samai, rad. 11001-03-15-000-2025-06275-00.
6 Índice 12 y 20 de Samai, rad. 11001-03-15-000-2025-06275-00.

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probatorio y determinó que la decisión de segunda instancia se encontraba
ajustada a derecho.

Asimismo, se destacó que la acción de tutela resultaba improcedente al no
evidenciarse afectaciones reales a los derechos fundamentales del accionante.

Señaló que otorgó plena validez al informe policial de accidente de tránsito, al
considerarlo un documento público auténtico. Dicho informe atribuyó la causa del
siniestro al adelantamiento indebido y a la desatención de las señales de tránsito.

A su vez, explicó que desestimó el testimonio del copiloto por carecer de sustento
técnico especializado, y que no existían pruebas adicionales que corroboraran la
supuesta falta de señalización vial mencionada por el declarante.

Finalmente, el informe solicitó negar el amparo debido a que la providencia
estuvo amparada por la cosa juzgada.

1.6.3. Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

La apoderada de la agencia allegó pronunciamiento7 en el cual manifestó que la
actuación se realizó en todo momento conforme al ordenamiento jurídico y negó
haber sido el sujeto activo de cualquier vulneración a los derechos fundamentales
del accionante.

Afirmó, además, que se llevaron a cabo los trámites necesarios para garantizar
el debido proceso y salvaguardar el interés general dentro del marco de las
competencias asignadas.

Señaló que, el accionante pretende emplear la acción de tutela como una
«tercera instancia» para reabrir un debate probatorio ya resuelto por su juez
natural. Subrayó que la tutela constituye un mecanismo excepcional y que no se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni una vulneración clara de
garantías fundamentales que justificara la intervención del juez constitucional.

Finalmente solicitó que se reconociera la falta de legitimación en la causa por
pasiva y que se dispusiera su salida definitiva del proceso.

Las demás vinculadas al proceso, pese a haber sido notificadas, no emitieron
pronunciamiento alguno.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 7 de noviembre de 2025, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del

7 Índice 16 de Samai, rad. 11001-03-15-000-2025-06275-00.

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Decisión
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requisito general de relevancia constitucional.

La Sala constató que no se cumplió con la condición mínima para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, dado que el accionante no
acreditó una afectación desproporcionada a sus derechos fundamentales, sino
únicamente una inconformidad con la interpretación legal y probatoria realizada
por el juez natural. En consecuencia, la autoridad judicial advirtió que el
demandante pretendía utilizar la tutela como una tercera instancia para reabrir un
debate ya definido en la jurisdicción ordinaria.

Argumentó que, examinó la sentencia recurrida y determinó que el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala Segunda de Decisión no actuó de manera
arbitraria, pues explicó razonadamente que el testimonio del tercero carecía de
la experticia técnica necesaria para desvirtuar las pruebas documentales y el
informe policial de accidente de tránsito.

Subrayó que la acción de tutela no constituye un juicio de corrección del fallo,
sino de validez, y que en este caso la controversia se circunscribía a aspectos
meramente legales y económicos.

1.8. Impugnación

Mediante escrito radicado el 24 de noviembre de 2025, la parte actora impugnó
la sentencia de primera instancia del 7 de noviembre de 2025.

A juicio del solicitante, el caso no es solo un desacuerdo jurídico, sino una
verdadera afectación a sus derechos constitucionales esenciales.

Alegó la vulneración del debido proceso por la falta de valoración completa de las
pruebas y la ausencia de una motivación sólida en la revocatoria; del acceso a la
justicia, al impedir una reparación integral mediante estándares irrazonables
sobre el nexo causal; y del derecho a la vida e integridad, por el incumplimiento
estatal en la señalización vial que quebró la confianza legítima.

Indicó que la sentencia impugnada incurrió en un defecto fáctico, pues el tribunal
otorgó un valor prevalente al informe policial de accidentes de tránsito sin que
este fuera ratificado, contraviniendo la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Asimismo, desestimó el testimonio presencial del copiloto bajo el argumento de
«falta de experticia técnica», estándar considerado inaplicable para testigos
directos y contrario al principio de inmediación.

Señaló, además, la omisión de pruebas técnicas esenciales, como la exigencia
del plan de manejo de tráfico y la verificación del cumplimiento del Manual de
Señalización Vial.

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Igualmente, manifestó que la decisión incurrió en un desconocimiento del
precedente obligatorio, al ignorar la jurisprudencia reiterada del Consejo de
Estado sobre la responsabilidad estatal por omisión en la señalización vial y la
posición de garante del Estado.

Finalmente, advirtió un defecto por falta de aplicación de la carga dinámica de la
prueba, al no implementarse el artículo 167 del CGP para verificar el
cumplimiento normativo por parte del Estado, pese a la trascendencia del caso.

Por último, citó la jurisprudencia del Consejo de Estado con radicados 2021-
02944-00 y 2023-01943-01, en las cuales, frente a defectos fácticos derivados de
la omisión o de la valoración aislada de pruebas, se concedió el amparo
constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591
de 19918, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019, de la
Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo adoptado en primera instancia, que declaró improcedente la acción de tutela
instaurada por el señor Jaime Alonso Londoño Correa contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala Segunda de Decisión, por la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la sentencia de 30 de septiembre de
2024 proferida en el proceso de reparación directa Radicado 13001-33-33-008-
2020-00082-01, por considerar que no se cumplió con el requisito general de
relevancia constitucional.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

8 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.
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2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20129, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

9 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Del requisito de relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para
determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política
o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis
de la Sala)

La Sala en sentencia del 29 de septiembre de 202210, modificó la postura que
tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional
debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la vulneración de
aquellos;

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29

de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede
convertirse en una tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia
atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental
producto de una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce
este mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre11.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.5. Caso concreto

La parte accionante consideró que la decisión adoptada el 30 de septiembre de
2024 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolivar
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la justicia
al incurrir en un defecto fáctico, pues dio valor absoluto a un informe policial
meramente descriptivo y descartó arbitrariamente el testimonio del copiloto.

Además, denunció el desconocimiento del precedente sobre responsabilidad
estatal y la falta de exigencia probatoria a las entidades, y por último que el fallo
aplicó un estándar errado al atribuir el accidente solo al conductor, ignorando la
omisión estatal.

El a quo constitucional declaró improcedente la acción de tutela al concluir que
el caso no cumplía con el requisito de relevancia constitucional, pues el
accionante no demostró arbitrariedad judicial ni afectación desproporcionada de
sus derechos. Señaló que la inconformidad se reducía a la revocación de una
sentencia favorable y que la tutela no podía usarse como tercera instancia.

11 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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Demandante: Jaime Alonso Londoño Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Segunda de
Decisión
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Finalmente, sostuvo que el fallo debía evaluarse en su validez y no en su
corrección, por lo que el recurso fue rechazado.

El señor Londoño Correa impugnó la decisión al considerar que el asunto no se
reducía a una controversia legal, sino que comprometía principios superiores y
derechos fundamentales. Denunció que el Tribunal vulneró el debido proceso al
valorar de manera irrazonable las pruebas, ignorar testimonios relevantes y omitir
la verificación de normas de señalización vial. Sostuvo que se desconoció la
jurisprudencia sobre responsabilidad estatal y que no se aplicó la carga dinámica
de la prueba, configurándose defectos judiciales que habilitaban la tutela.

Luego de analizar los antecedentes, la pretensión constitucional, las
intervenciones, el fallo inicial y su impugnación, la Sala concluye que la acción de
amparo resulta improcedente, al no satisfacer el estándar de relevancia
constitucional. Ello obedece a que el accionante busca reabrir una controversia
ya resuelta en sede ordinaria, sin acreditar una vulneración concreta de sus
derechos fundamentales que justifique la excepcional intervención del juez
constitucional.

La Sala señala que, en ambos escritos, el señor Londoño Correa reitera que la
providencia recurrida incurrió en un defecto fáctico, consistente en la valoración
del informe policial de accidente de tránsito sin ratificación y en la indebida
exclusión del testimonio del copiloto, sustentada en una equivocada alegación de
falta de experticia.

Igualmente, señala la omisión en la exigencia de pruebas sobre el plan de manejo
de tráfico y el incumplimiento del manual de señalización vial en la zona de obra.
Alegó, además, el desconocimiento del precedente en materia de
responsabilidad estatal por omisión y un análisis subjetivo del nexo causal que
desconociendo la posición de garante del Estado.

En cuanto al desconocimiento del precedente alegado, la Sala señala que, el
tribunal fundamentó su decisión en la jurisprudencia del Consejo de Estado de
202412 que otorgó al informe policial de accidente de tránsito plena fuerza
probatoria como documento público, descartando la existencia de un defecto en
la determinación de la causalidad del accidente. Por lo que las sentencias citadas
por el actor13 aunque advertían sobre la necesidad de valorar todas las pruebas
y la responsabilidad por omisión en la señalización, trataban asuntos distintos los
cuales no resultan aplicables al caso. En consecuencia, la Sala no considera la
configuración del defecto denunciado.

Como se estableció en líneas anteriores, para determinar si un asunto cuenta con
relevancia constitucional no basta con hacer la simple indicación de su

12 Sentencia del 17 de junio de 2024 Radicación 18001-23-31-000-2012-00026-01.
13 T‑264/12 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 54001-23-31-000-2011-00258-

01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Demandante: Jaime Alonso Londoño Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Segunda de
Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06275-01

cumplimiento, pues como presupuesto general de la acción de tutela “…supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple
relación con aquel…”14. De igual manera, se precisa que dicho requisito tiene tres
finalidades, a saber:

… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional15 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad16; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales17 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces18.

En el asunto bajo examen, el demandante pidió dejar sin efectos la sentencia del
30 de septiembre de 2024 del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Segunda
de Decisión y restablecer la sentencia del 16 de agosto de 2023 del Juzgado
Octavo Administrativo de Cartagena de Indias, al considerar que esta sí respetó
los estándares probatorios y de precedencia.

Sin embargo, la Sala advierte que la parte accionante no demuestra que la
providencia recurrida haya incurrido en una arbitrariedad judicial, pues su
inconformidad se limita a cuestionar la revocatoria de la decisión de primera
instancia y la consecuente negativa de las pretensiones de la demanda.

Por lo anterior, se observa un desacuerdo con las conclusiones alcanzadas por
la autoridad judicial, situación que no constituye razón suficiente para la
intervención del juez constitucional en la protección de derechos fundamentales.
De aceptarse lo contrario, se desbordarían las competencias del juez natural y
se vulneraría el principio de autonomía judicial.

Por ello, esta Sala concluye que no se acreditaron los criterios establecidos por
la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para superar el requisito de
relevancia constitucional. Pues resulta evidente que, la acción de tutela y el
defecto invocado por la parte accionante reflejan únicamente una inconformidad
con lo decidido por el juez natural y se reducen a una controversia de carácter
económico y legal.

En consecuencia, la Sala confirmará el fallo de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

14 Sentencia SU 573 de 2019.
15 “Sentencia C-590 de 2005.”
16 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
17 “Sentencia C-590 de 2005.”
18 “Sentencia T-102 de 2006.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Demandante: Jaime Alonso Londoño Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Segunda de
Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06275-01

Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Confírmase el fallo de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela interpuesta por Jaime Alonso Londoño Correa por el
incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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13

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