Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06286-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06286-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06286-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06286-00
Accionante: Cecilia Vega González
Accionados: Tribunal Administrativo de Casanare
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento de derecho
Decisión: Negar el amparo porque no se demostraron los defectos
endilgados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por la señora Cecilia Vega González, quien actúa en por
conducto de apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de Casanare, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia, seguridad jurídica, mínimo vital e igualdad con ocasión
de la providencia del 10 de julio de 2025, proferida al interior del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 85001-33-33-001-2019-00273-00 (01).
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El 25 de septiembre de 1961, el señor Ismael Montoya Goyeneche contrajo
matrimonio con la señora Marina Inés Ovalle Montoya.
3. Sin embargo, el 20 de julio de 1983, el señor Montoya Goyeneche inició una vida
en común con la señora Cecilia Vega González, con quien convivió por más de dos
décadas.
4. El 4 de mayo de 1998, mediante escritura pública 1518 otorgada en la Notaría
Segunda del Círculo de Sogamoso, los cónyuges acordaron la separación de
bienes y liquidación de la sociedad conyugal, acto que fue debidamente
protocolizado e inscrito.
5. Con posterioridad, el causante falleció el 8 de octubre de 2016, razón por la que
1 Acción de tutela presentada el 6 de octubre de 2025.
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Acción De Tutela
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Accionante: Cecilia Vega González
el Departamento de Casanare mediante Resolución 0194 del 27 de febrero de
2017, reconoció la sustitución pensional a favor de la señora Cecilia Vega
González, en su calidad de compañera permanente, teniendo en cuenta la
convivencia superior a cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento.
6. Con ocasión de lo anterior, la señora Marina Inés Ovalle Montoya, en su condición
de cónyuge supérstite, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra dicho acto administrativo, al considerar que mantenía vigente la
sociedad conyugal y que, por tanto, debía reconocérsele el derecho a la pensión
de sobrevivientes.
7. El proceso correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal,
donde mediante sentencia del 28 de marzo de 2025, se negaron las pretensiones,
toda vez que la sociedad conyugal había sido disuelta y liquidada en 1998, además
que la convivencia inmediata al deceso no se encontraba acreditada por la
excónyuge.
8. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Casanare a través de
providencia del 10 de julio de 2025, revocó parcialmente la decisión, en
consecuencia, ordenó la redistribución de la pensión de sobrevivientes en un 44%
a favor de la cónyuge y un 56% a favor de la compañera permanente, bajo el
entendido de que en 1998 solo se produjo la liquidación de la sociedad conyugal,
mas no su disolución.
2.2. Fundamento jurídico
9. La parte actora manifestó que la decisión cuestionada adolece de un defecto
sustantivo por indebida aplicación de lo preceptuado en el artículo 47 de la Ley
100 de 1993 relacionado con los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Así
como también, el artículo 1820 del Código Civil, el cual dispone expresamente que
la sociedad conyugal se disuelve, entre otras causales, por el mutuo consentimiento
de los cónyuges, otorgado mediante escritura pública, lo cual ocurrió.
10. A su juicio, el Tribunal incurrió en error, al determinar que únicamente se produjo
la liquidación patrimonial entre el causante y la señora Marina Inés Ovalle, mas no
la disolución del vínculo conyugal, pues, se desconoció la escritura pública 1518 de
1998, al reducirla a un simple acto de liquidación de bienes, circunstancia que
vulnera los derechos fundamentales invocados en protección.
11. Aunado a lo anterior, alegó un desconocimiento de precedente contenido en
la sentencia C 515 de 2019 proferida por la Corte Constitucional, en la medida que
no explicó por qué los parámetros allí fijados se debían inaplicar, pues, «se limitó a
reinterpretar la escritura pública en contravía de su texto y a aplicar la excepción
como si la sociedad conyugal estuviera vigente, sin motivación suficiente ni
coherente.».
12. Adicionalmente, mencionó que el Tribunal desconoció la sentencia SU 149 de
2021 expedida por la misma corte, en la que se indicó que, si bien los jueces
conservaban autonomía interpretativa, dicha autonomía no era absoluta, en la
medida que cualquier apartamiento de un criterio consolidado exigía una carga
argumentativa reforzada, que debía ser clara, suficiente y consistente.
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Acción De Tutela
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Accionante: Cecilia Vega González
2.3. Pretensiones
13. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
9.1.Como medida provisional, se disponga la suspensión inmediata de los
efectos de la redistribución pensional ordenada por el Tribunal, mientras
se profiere la nueva decisión de fondo, a fin de evitar un perjuicio
irremediable, toda vez que la pensión constituye una prestación de carácter
alimentario indispensable para la subsistencia de la accionante y de su
núcleo familiar.
9.2.Amparar los derechos fundamentales de la señora Cecilia Vega
González al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia con respuesta judicial efectiva, a la seguridad jurídica o
confianza legítima en las decisiones judiciales, y a la seguridad social, los
cuales fueron desconocidos por la sentencia de segunda instancia
proferida el 10 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare.
9.3.Como consecuencia de lo anterior, se dejen sin efectos las
determinaciones adoptadas en la providencia judicial accionada, en tanto
que se fundamentaron en una interpretación errada que asimiló la
liquidación de la sociedad conyugal a la inexistencia de disolución, lo cual
condujo a reconocer un derecho pensional en favor de la cónyuge
supérstite sin exigir la carga de acreditar convivencia inmediata,
contrariando el marco legal y jurisprudencial vigente.
9.4.Se ordene al Tribunal Administrativo de Casanare dictar una nueva
sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
la que se aplique de manera estricta el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
con respeto al precedente constitucional trazado en la sentencia C-515 de
2019 y a la regulación legal de las causales y medios para disolver y
liquidar una sociedad conyugal por voluntad de los cónyuges, acorde con
las pruebas relativas a dicha liquidación y a la convivencia efectiva de la
accionante en los cinco años previos al fallecimiento del causante.
9.5. Se solicita que en la nueva providencia se restablezca plenamente el
derecho de la señora Cecilia Vega González a la sustitución pensional,
reconociéndole la totalidad de la prestación en los términos que
corresponden, dado que fue ella quien cumplió con los requisitos de
convivencia efectiva y apoyo mutuo exigidos por la ley y la jurisprudencia
constitucional y contenciosa.» (Sic)
2.4. Intervenciones
14. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 8 de octubre
de 2025 a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Casanare
como accionado y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal,
departamento de Casanare y a la señora María Inés Ovalle de Montoya como
terceros interesados en el resultado del proceso.
15. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Yopal solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia
constitucional, teniendo en cuenta que lo que pretende la parte actora con su
interposición es una instancia adicional para reevaluar su inconformidad con la
decisión que se impartió.
16. La señora María Inés Ovalle de Montoya manifestó que la decisión
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cuestionada en esta sede se fundamentó en las pruebas legalmente allegadas y
valoradas dentro del expediente, además que se encuentra motivada en aplicación
de las normas vigentes y jurisprudencia constitucional aplicable al asunto bajo
estudio, lo que permitió el reconocimiento de la cuota de sustitución pensional a la
cónyuge supérstite.
17. En ese sentido, expresó que el Tribunal respetó los principios de
proporcionalidad y legalidad en materia prestacional porque aplicó la norma en su
tenor literal y conforme al precedente, sin generar trato discriminatorio ni
desmejorar los derechos de la accionante más allá de lo que dispone la ley, lo que
descarta una vulneración de los derechos fundamentales invocados en protección.
18. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
19. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
20. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Casanare, al proferir la sentencia del 10
de julio de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a
la administración de justicia, seguridad judicial, mínimo vital e igualdad, al incurrir
en los defectos sustantivo y desconocimiento de precedente.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
21. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
22. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
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desborda los límites que la Carta le impone.
23. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
24. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que se profirió la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el
10 de julio de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 6 de octubre
de 2025 de la presente anualidad.
3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad judicial, mínimo vital e
igualdad, al incurrir en los defectos sustantivo y desconocimiento de precedente,
los cuales se encuentran fundamentado razonablemente.
3.4. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
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25. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo
de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»2.
26. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables
en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida,
por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta
por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para
los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia
judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso
absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido
y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al
actual Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse
en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii)
porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa
a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se
2Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
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le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»3.
27. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.
3.5. desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
28. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 18964, precisó que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al
imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo
han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
29. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
30. Respecto del precedente vertical5, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
31. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso6.
32. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación7.
33. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
4 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
5 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
6 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
7 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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3.6. Análisis de la presunta configuración de los defectos sustantivo y
desconocimiento de precedente en el caso concreto
34. En el presente asunto, la parte actora alega que la decisión cuestionada adolece
de un defecto sustantivo por indebida aplicación de lo preceptuado en el artículo 47
de la Ley 100 de 1993 relacionado con los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes. Así como también, el artículo 1820 del Código Civil, el cual dispone
expresamente que la sociedad conyugal se disuelve, entre otras causales, por el
mutuo consentimiento de los cónyuges, otorgado mediante escritura pública, lo cual
ocurrió en el presente caso.
35. Aunado a lo anterior, señala un desconocimiento de precedente contenido en la
sentencia C 515 de 2019 proferida por la Corte Constitucional, en la medida que no
explicó por qué los parámetros allí fijados se debían inaplicar, pues, «se limitó a
reinterpretar la escritura pública en contravía de su texto y a aplicar la excepción
como si la sociedad conyugal estuviera vigente, sin motivación suficiente ni
coherente.»
36. Así como también, la sentencia SU 149 de 2021 expedida por la misma corte,
en la que se indicó que, si bien los jueces conservaban autonomía interpretativa,
dicha autonomía no era absoluta, en la medida que cualquier apartamiento de un
criterio consolidado exigía una carga argumentativa reforzada, que debía ser clara,
suficiente y consistente.
37. Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo de Casanare, en la
decisión objeto de cuestionamiento consideró:
«(…)
11.3. Se encuentra probado en este caso, que el señor Ismael Montoya Goyeneche
contrajo matrimonio católico con la señora Marina Inés Ovalle de Montoya, el 25 de
septiembre de 1961 de conformidad con el acta registrada ante la Notaría Primera
de Tunja, y que de común acuerdo elevaron a escritura pública No. 1518 de 4 de
mayo de 1998, la separación de bienes y liquidación de sociedad conyugal de
bienes.
11.4. En la sentencia del Consejo de Estado8 en referencia, se indica que son
distintos los conceptos de disolución del vínculo matrimonial, liquidación de la
sociedad conyugal y la separación de hecho, en los siguientes términos:
“(…) ni la liquidación ni la separación de hecho tienen la fuerza suficiente
para enervar el derecho a que la pensión le sea sustituida, y solo la
disolución hace que desaparezca el vínculo y genera la pérdida del beneficio
prestacional, al que puede acceder de acreditarse la convivencia durante los
últimos 5 años.
(…)
35. Es decir, ni la liquidación de la sociedad, ni la separación de cuerpos
implica la disolución de la sociedad. Al respecto, la Corte Constitucional
explicó que las acciones de disolver y liquidar «corresponden a dos
fenómenos distintos. Por un lado la “disolución” es aquel hecho que extingue
una relación jurídica de ejecución sucesiva, cuya consecuencia es la
generación de un patrimonio liquidable. Los hechos de los que se desprende
la “disolución” de la sociedad conyugal, se recogen en las causales del
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejero
Ponente. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR. Providencia del 3 de octubre de 2024, Radicación: 05001-23-
33-000-2017-02571-02 (1545-2023)
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artículo 1820 del Código Civil. Por otro lado, la liquidación es el fenómeno
mediante el cual se cuantifica una masa partible (se liquida un patrimonio) y
se distribuye para satisfacer los derechos de quienes en ella participaron
(adjudicación)»9. [Se resalta].
(…)
11.5. En lo que respecta a los efectos de la separación de bienes, el artículo 203
del C.C., modificado por el artículo 16 del Decreto 2820 de 1974, dispuso que
“Ejecutoriada la sentencia que decreta la separación de bienes, ninguno de los
cónyuges tendrá desde entonces parte alguna en los gananciales que resulten de
la administración del otro”.
11.6. Así las cosas, la separación de bienes es un régimen económico matrimonial
que permite que los patrimonios de los cónyuges estén diferenciados, por lo que,
cada uno es libre de gestionar y administrar sus bienes y derechos. Sin embargo,
aunque exista la separación de bienes, no es óbice para que los contrayentes se
sustraigan de las obligaciones de contribuir a las cargas matrimoniales.
11.7. El Consejo de Estado10 sobre la separación de bienes y liquidación de la
sociedad conyugal, indicó en sentencia reciente:
“…esta figura solo versa sobre los efectos patrimoniales de los cónyuges y
no lleva implícito el divorcio, la anulación del matrimonio, la cesación de
efectos civiles del matrimonio, o la separación de cuerpos, por lo tanto, se
presume que la pareja siguió unida en su vida marital.”
11.8. En el sub examine, en el clausulado SEXTO de la escritura pública No. 1518
de 1998, se establece que la liquidación de la sociedad conyugal de la pareja
MONTOYA OVALLE, solo versa sobre la masa conyugal de bienes muebles e
inmuebles, sin que lleve implícito, el divorcio, la anulación del matrimonio, o la
cesación de los efectos civiles del matrimonio.
11.9. Atendiendo a las premisas normativas y jurisprudenciales es claro que, la
sociedad conyugal existente entre el señor Ismael Montoya Goyeneche y la señora
Marina Inés Ovalle de Montoya se liquidó pero no se disolvió, por lo que el vínculo
matrimonial seguía vigente, siendo aplicable el literal a) del artículo 47 de la Ley 100
de 1993, por tratarse de cónyuge supérstite, exceptuado de probar la convivencia
con el causante, durante los 5 años previos a su fallecimiento, en tanto el requisito
de convivencia, se puede acreditar en cualquier tiempo, por lo que la demandante
tiene derecho a la sustitución pensional.
(…)
11.15. De acuerdo con el inciso segundo del literal b del artículo 47 de la Ley 100
de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, como en este caso el
señor Ismael Montoya Goyeneche (q.e.p.d.), tenía una compañera permanente y
una sociedad anterior conyugal no disuelta, la pensión en este caso deberá ser
dividida entre las demandantes, en proporción al tiempo de convivencia con el
causante, para ello se tendrá que convivió con la señora Marina Inés Ovalle de
Montoya hasta el 31 de diciembre de 1985 y que inicio a convivir con la señora
Cecilia Vega Gonzáles a partir del 1 de enero de 1986, como quiera que no se
estableció con claridad fechas por parte de los testigos:
(…).
38. A partir de las transcripciones realizadas, la Sala considera que las conclusiones
a las que llegó la autoridad judicial accionada para acceder de manera parcial a las
pretensiones de la demanda relacionadas con el reconocimiento de la pensión de
sobrevinientes a favor de la señora Ovalle de Montoya, no obedecieron a un
capricho o arbitrariedad, ni se fundamentó en su simple voluntad, sino que, por el
9Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejero
Ponente. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR. Providencia del 3 de octubre de 2024, Radicación: 05001-23-
33-000-2017- 02571-02 (1545-2023)
10Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Magistrada
Ponente: Eliuzabeth Becerra Cornejo. Providencia del 10 de abril de 2025. Radicación 18001-23-33-000-2014-
00002-02 (6803-2023)
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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06286-00
Accionante: Cecilia Vega González
contrario, correspondió a un estudio lógico y plausible de lo previsto en el literal b
del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797
de 2003.
39. Al respecto, el Tribunal refiere que la liquidación de la sociedad conyugal, solo
versa sobre la masa conyugal de bienes muebles e inmuebles, sin que lleve
implícito, el divorcio, la anulación del matrimonio, o la cesación de los efectos civiles
del matrimonio.
40. En efecto, para la Sala, la autoridad judicial no incurrió en un defecto sustantivo
como lo alega la parte actora, en la medida que efectuó un análisis detallado del
material probatorio aportado al plenario de manera conjunta con la normatividad
aplicable al asunto, lo que le permitió concluir a la autoridad judicial que el causante
tenía una compañera permanente y una sociedad anterior conyugal no disuelta,
razón por la que la pensión en ese caso debía ser dividida entre las señoras Marina
Inés Ovalle de Montoya y Cecilia Vega González en proporción al tiempo de
convivencia con el señor Ismael Montoya Goyeneche.
41. Finalmente, no es factible entender que se incurrió en un desconocimiento de
precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa, del precedente
judicial contenido en las sentencias C 515 de 2019 y SU 149 de 2021 proferida por
la Corte Constitucional, dado que realizó una interpretación armónica entre dichas
decisión y jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo que le
permitió inferir como se indica en párrafos anteriores que la sociedad conyugal se
encontraba vigente porque no se disolvió sino que se liquidó.
42. Así las cosas, para la Sala, la autoridad judicial accionada no desatendió los
criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto, sino que los integró y aplicó,
dentro del marco de su autonomía judicial.
43. De modo que, no es factible entender que se incurrió en un desconocimiento de
precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o caprichosa, pues, lo que
se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con la conclusión a la
que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la transgresión de
derechos fundamentales.
44. En ese sentido, se concluye que la decisión objeto de cuestionamiento contiene
una carga argumentativa suficiente y razonable, por lo que no es dable considerarla
como constitutiva de defecto alguno, pues, por el contrario, corresponde al ejercicio
de la función prevista a cargo de los jueces, conforme se deduce del contenido
normativo de los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial.
45. De esta manera, lo que se observa es la divergencia de criterios frente al análisis
que se realizó en la decisión objeto de censura, hecho que no puede ser calificado
como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los principios de
autonomía e independencia judicial.
46. Por tal razón, no es posible considerar que la decisión adolece de algún defecto,
sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación
efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad
prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.
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Acción De Tutela
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Accionante: Cecilia Vega González
47. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez11, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso.
48. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante con
la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
confirmar la decisión de primer grado que negó el amparo deprecado, por las
consideraciones expuestas en la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar el amparo deprecado por la señora Cecilia Vega González contra
el Tribunal Administrativo de Casanare, conforme a las consideraciones plasmadas
en esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
11Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
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