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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06286-01

Fecha
20 de enero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06286-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

20 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06286-01 (9959)
Accionante: Cecilia Vega González
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: pensión de sobrevivientes. Subtema 3:
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Cecilia Vega González contra la sentencia del 30 de
octubre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A.

1. Síntesis del caso

La señora Cecilia Vega González, por conducto de apoderado, presentó acción de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica, al mínimo
vital e igualdad, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 10 de
julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del
expediente identificado con el radicado núm. 85001-33-33-001-2019-00273-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2. El señor Ismael Montoya Goyeneche contrajo matrimonio con la señora Marina
Inés Ovalle de Montoya, el 25 de septiembre de 1961.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06286-01(9959)
Accionante: Cecilia Vega González
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare

3. El 20 de julio de 1983, el señor Montoya Goyeneche inició una vida en común
con la señora Cecilia Vega González, con quien convivió por más de dos décadas.

4. La Caja de Previsión Social del Casanare, mediante Resolución núm. 123 del
30 de octubre de 1991, reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor
del señor Ismael Montoya Goyeneche.

5. El 4 de mayo de 1998, por medio de escritura pública núm. 1518 otorgada en la
Notaría Segunda del Círculo de Sogamoso, los cónyuges, Montoya-Ovalle,
acordaron la separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, acto que
fue debidamente protocolizado e inscrito.

6. El señor Ismael Montoya Goyeneche falleció el 8 de octubre de 2016, razón por
la cual el departamento de Casanare, mediante la Resolución núm. 0194 del 27 de
febrero de 2017, reconoció y ordenó el pago de la pensión a favor de la señora
Cecilia Vega González, en su calidad de compañera permanente, debido a que
contaba con una convivencia superior a cinco años inmediatamente anterior al
deceso.

7. La señora Marina Inés Ovalle de Montoya presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el referido acto administrativo, al considerar que
mantenía vigente la sociedad conyugal con el causante y, por tanto, debía
reconocérsele el derecho a la pensión de sobrevivientes.

8. El Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, mediante sentencia del 28 de marzo
de 2025, negó las pretensiones de la demanda, con el argumento que la sociedad
conyugal había sido disuelta y liquidada en 1998, además que la convivencia
inmediata al deceso no se encontraba acreditada por la excónyuge. Contra dicha
decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación.

9. El Tribunal Administrativo de Casanare, a través de la providencia del 10 de julio
de 2025, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, ordenó la redistribución
de la pensión de sobrevivientes en un 44% a favor de la cónyuge y un 56% para la
compañera permanente, bajo el entendido que en el 1998 se produjo la liquidación
de la sociedad conyugal, pero «en relación con los bienes muebles e inmuebles»
manteniendo vigente el vínculo matrimonial, es decir, que este último no se disolvió.

10. Por lo anterior, el Tribunal concluyó que, para el caso, resultaba aplicable el
literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, por tratarse de cónyuge supérstite,
exceptuada de probar la convivencia con el causante durante los 5 años previos a
su fallecimiento, en tanto el requisito de convivencia, se puede acreditar en cualquier
tiempo, por lo que a la demandante le asistía el derecho a sustituir al causante en
su mesada pensional.

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Accionante: Cecilia Vega González
Accionado: Tribunal Administrativo de Casanare

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

11. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

9.1. Como medida provisional, se disponga la suspensión inmediata de los efectos
de la redistribución pensional ordenada por el Tribunal, mientras se profiere la nueva
decisión de fondo, a fin de evitar un perjuicio irremediable, toda vez que la pensión
constituye una prestación de carácter alimentario indispensable para la subsistencia
de la accionante y de su núcleo familiar.

9.2. Amparar los derechos fundamentales de la señora Cecilia Vega González al
debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia con respuesta
judicial efectiva, a la seguridad jurídica o confianza legítima en las decisiones
judiciales, y a la seguridad social, los cuales fueron desconocidos por la sentencia
de segunda instancia proferida el 10 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Casanare.

9.3. Como consecuencia de lo anterior, se dejen sin efectos las determinaciones
adoptadas en la providencia judicial accionada, en tanto que se fundamentaron en
una interpretación errada que asimiló la liquidación de la sociedad conyugal a la
inexistencia de disolución, lo cual condujo a reconocer un derecho pensional en
favor de la cónyuge supérstite sin exigir la carga de acreditar convivencia inmediata,
contrariando el marco legal y jurisprudencial vigente.

9.4. Se ordene al Tribunal Administrativo de Casanare dictar una nueva sentencia
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se aplique
de manera estricta el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, con respeto al precedente
constitucional trazado en la sentencia C-515 de 2019 y a la regulación legal de las
causales y medios para disolver y liquidar una sociedad conyugal por voluntad de
los cónyuges, acorde con las pruebas relativas a dicha liquidación y a la convivencia
efectiva de la accionante en los cinco años previos al fallecimiento del causante.

9.5. Se solicita que en la nueva providencia se restablezca plenamente el derecho
de la señora Cecilia Vega González a la sustitución pensional, reconociéndole la
totalidad de la prestación en los términos que corresponden, dado que fue ella quien
cumplió con los requisitos de convivencia efectiva y apoyo mutuo exigidos por la ley
y la jurisprudencia constitucional y contenciosa2.

12. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que la
providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo porque no le dio una
adecuada aplicación al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, toda vez que no tuvo en
cuenta el requisito de la convivencia efectiva en los 5 años previos al fallecimiento,
que le eran exigibles a la señora Marina Inés Ovalle de Montoya, dado que la
sociedad conyugal se había disuelto y liquidado, con anterioridad al deceso del
causante.

13. Asimismo, indicó que el Tribunal accionado desconoció los alcances del artículo
1820 del Código Civil, en cuyo contenido se establece que la sociedad conyugal se
disuelve, entre otras causales, por el muto consentimiento de los cónyuges,
otorgado mediante escritura pública.

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06286-00, índice 2, certificado núm. CCCF4EDF89D23417 CD2F162DD5FE7CB9
62B9AE8157277BC7 68242E3D5F0C0CF2.
2
Se transcribe incluso con errores.
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Accionante: Cecilia Vega González
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14. En criterio de la accionante, el Tribunal incurrió en error, al determinar que
únicamente se produjo la liquidación patrimonial entre el causante y la señora
Marina Inés Ovalle, pero no la disolución del vínculo conyugal, pues, desconoció los
efectos y alcances de la escritura pública 1518 de 1998, al reducirla a un simple
acto de liquidación de bienes, lo cual vulneró los derechos fundamentales
invocados.

15. Por otro lado, afirmó que la providencia acusada desconoció el precedente
contenido en la sentencia C-515 de 2019, proferida por la Corte Constitucional, en
tanto omitió explicar las razones por las cuales no se debían aplicar los parámetros
fijados en dicha providencia, relacionados con la vigencia de la sociedad conyugal,
pues, «se limitó a reinterpretar la escritura pública en contravía de su texto y a
aplicar la excepción como si la sociedad conyugal estuviera vigente, sin motivación
suficiente ni coherente».

16. Finalmente, refirió que el Tribunal tampoco tuvo en cuenta la sentencia SU-149
de 2021 de la Corte Constitucional, en la que se indicó que, si bien los jueces
conservaban autonomía interpretativa, dicha autonomía no era absoluta, en la
medida que cualquier apartamiento de un criterio consolidado exigía desarrollar una
carga argumentativa, que debía ser clara, suficiente y consistente.

2.3. Trámite procesal

17. El despacho ponente de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, mediante auto del 8 de octubre de 20253, admitió la solicitud de amparo,
ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Casanare y puso en
conocimiento el escrito de tutela al Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, al
departamento de Casanare y a la señora Marina Inés Ovalle de Montoya, en calidad
de terceros interesados. Adicionalmente, negó la medida provisional invocada por
la parte actora.

2.4. Intervenciones

18. El Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal4 pidió que se declare improcedente
la tutela, toda vez que no cumple el requisito de relevancia constitucional, debido a
que lo pretendido por la parte actora es promover una instancia adicional para
insistir en sus argumentos e inconformidades, respecto de la decisión adoptada en
el proceso ordinario.

19.La señora Marina Inés Ovalle de Montoya5 afirmó que la providencia
cuestionada no vulneró los derechos fundamentales de la accionantes, pues estuvo

3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06286-00, índice 5, certificado núm. 97CBE4BD5AB2B379 ABB8754075DE4BD8
4E1CC027B7932539 A86024FAB0F8B74D.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06286-00, índice 12, certificado núm. 6D4943531C088FD2 53934DF88DBA1719
E23B6DBDA012435F 2017922FFA0C163A.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06286-00, índice 17, certificado núm 4E047D5802D0E44F F85BD91AAFAAB12B
6BCB4E7C1E1BAC10 D997B09D4A23EBD5.
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fundamentada en los hechos, las pruebas, la normativa y la jurisprudencia aplicable,
que justificaba el reconocimiento de la cuota de sustitución pensional a la cónyuge
supérstite.

20. Asimismo, explicó que el Tribunal respetó los principios de igualdad,
proporcionalidad y legalidad en materia prestacional porque aplicó el artículo 47 de
la Ley 100 de 1993 en su tenor literal, conforme al precedente vigente, sin generar
trato discriminatorio ni desmejorar los derechos de la accionante más allá de lo que
dispone la ley, lo que descarta una vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

21. Agregó que la decisión acusada efectuó una distinción razonada de los
conceptos de disolución y liquidación de la sociedad conyugal, de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. De modo, que la
discrepancia de la tutelante con la interpretación realizada por la autoridad
accionada desnaturaliza la tutela.

22. De igual manera, expuso que la providencia del Tribunal tampoco vulneró el
derecho a la seguridad social, pues la accionante no quedó desprotegida, toda vez
que en el proceso se valoraron las pruebas relativas a su convivencia con el
causante.

23. Por lo expuesto, solicitó que se niegue el amparo invocado por la parte actora.

24.El Tribunal Administrativo de Casanare y el departamento de Casanare
guardaron silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia

25. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del
30 de octubre de 20256 negó la tutela, al considerar que la providencia cuestionada
no incurrió en alguna de las causales específicas de procedibilidad alegadas en la
solicitud de amparo.

26. Al respecto, indicó que los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo
de Casanare en la sentencia del 10 de julio de 2025 para acceder al reconocimiento
parcial de la pensión de sobrevinientes a favor de la señora Marina Inés Ovalle de
Montoya no obedecieron a un capricho o arbitrariedad ni se fundamentó en su
simple voluntad, sino que, correspondió a un estudio lógico y plausible de lo previsto
en el literal b del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de
la Ley 797 de 2003.

27. Así pues, resaltó que la providencia del Tribunal expuso que la liquidación de la
sociedad conyugal solo versa sobre la masa de bienes muebles e inmuebles, sin

6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06286-00 índice 19, certificado núm. B378692209BC8C7 FA219A60FC0018DD
5B58098E0F727420 0C74FF5D4EAB68A7.
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que lleve implícito, el divorcio, la anulación del matrimonio, o la cesación de los
efectos civiles del matrimonio.

28. De este modo, refirió que la autoridad judicial accionada efectuó un análisis
detallado del material probatorio aportado al plenario en conjunto con la
normatividad aplicable al asunto, lo que le permitió concluir al Tribunal que el
causante tenía una compañera permanente y una sociedad anterior conyugal no
disuelta, razón por la que la pensión en ese caso debía ser dividida entre las señoras
Marina Inés Ovalle de Montoya y Cecilia Vega González en proporción al tiempo de
convivencia con el señor Ismael Montoya Goyeneche.

29. Además, precisó que no se desconoció el precedente constitucional, pues el
juez integró de manera armónica las sentencias C-515 de 2019 y SU-149 de 2021
con la jurisprudencia del Consejo de Estado. De manera que la decisión cuestionada
se adoptó dentro de los márgenes de la autonomía judicial y no evidencia
arbitrariedad, sino simplemente un desacuerdo de la parte accionante.

30. En este orden, concluyó que la providencia cuenta con una argumentación
suficiente y razonable, dentro del ejercicio legítimo de la función jurisdiccional bajo
los principios de autonomía e independencia judicial, sin que se hubiese demostrado
la existencia de los defectos alegados por la tutelante. Razón por la cual no era
posible advertir una vulneración de los derechos fundamentales invocados.

2.6. Impugnación

31. La parte actora presentó impugnación7 contra la sentencia del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A. En su escrito, indicó que el fallo de
primera instancia no tuvo en cuenta que la sentencia del Tribunal Administrativo de
Casanare efectuó una indebida interpretación de la escritura pública núm. 1518 de
1998, pues en su contenido consta que la voluntad de las partes no solo se dirigía
a liquidar como lo menciona el título del documento, sino también la disolución de
la sociedad conyugal.

32. Reiteró que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al
desconocer los hechos probados en el trámite judicial y aplicar de forma errónea la
normativa sobre pensión de sobrevivientes, pues consideró que aún se encontraba
vigente una sociedad conyugal que había sido debidamente disuelta y liquidada en
1998. Esta interpretación llevó a distribuir la pensión entre dos personas con
desconocimiento de los derechos fundamentales de la tutelante.

33. Agregó que el Tribunal ignoró el precedente jurisprudencial horizontal y vertical,
este último contenido en el fallo del 18 de noviembre de 2024 (rad.
85001-33-33-002-2017-00232-00), en el cual se dio aplicación a la sentencia C-515
de 2019, cuya subregla establece que solo cuando la sociedad conyugal está
vigente puede ocurrir la distribución de una prestación pensional.

7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06286-00, índice 23, certificado núm. 547291FFE84416A4 C05F14F21E05A9F0
A4D3F52FD6DA36C8 A80B7DD67A4BCABB.
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Accionante: Cecilia Vega González
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34. Asimismo, afirmó que el fallo acusado creó un entendimiento contrario al
ordenamiento al afirmar que en la escritura pública núm. 1518 de 1998 solo se
liquidó y no se disolvió la sociedad conyugal, por lo que desconoció los efectos
constitutivos del instrumento público. Con ello extendió indebidamente a la cónyuge
supérstite un derecho reservado a los casos de la sociedad conyugal vigente.

35. Insistió en que la escritura pública de 1998 constituyó un acto solemne de
disolución y liquidación, que produjo efectos inmediatos entre los cónyuges, cuya
oponibilidad frente a terceros se sujetaba solo a la publicidad registral. El Tribunal
confundió los alcances de los conceptos de disolución (constitutivo) y liquidación
(ejecutivo), lo que alteró la determinación del beneficiario de la pensión y modificó
indebidamente las cargas probatorias.

36. Por otra parte, mencionó que la sentencia cuestionada exoneró a la cónyuge
supérstite de demostrar convivencia efectiva en el quinquenio previo, requisito
indispensable cuando no existe sociedad conyugal vigente. Esta confusión dio lugar
a una «interpretación aditiva prohibida» y a la creación judicial de condiciones no
previstas en la ley, contrariando el artículo 1820 del Código Civil.

37. En concreto, advirtió que la providencia del Tribunal accionado incurrió defecto
sustantivo y un desconocimiento del precedente constitucional, en tanto pasó por
alto el régimen de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Esto, además
vulneró de manera directa derechos fundamentales de la accionante, quien por su
condición de persona de la tercera edad su estabilidad económica depende de la
prestación pensional.

38. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la tutela.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

39. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 30 de
octubre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

40. La legitimación en la causa por activa de la señora Cecilia Vega González está
acreditada porque fue la tercera vinculada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

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Accionante: Cecilia Vega González
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41. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Casanare, debido a que fue la autoridad que profirió la
providencia, objeto de estudio.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

42. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8, y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.

43.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

44. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

45. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución11.

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
11
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
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Accionante: Cecilia Vega González
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3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

46. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

47. Así pues, la Corte Constitucional13 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»14 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»15;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

48. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

49. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

50. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 10 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Casanare, fue notificada el 15 de julio siguiente16, y la demanda de tutela se

12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Samai, exp. 85001-33-33-001-2019-00273-01, índice 15.
9

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presentó el 7 de octubre de 202517, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto
por la jurisprudencia constitucional18 y del Consejo de Estado19 como razonable.

51. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

52. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

53. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con las causales de los defectos sustantivo
y desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de
fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

54. Corresponde a la Sala determinar si en los términos del escrito de impugnación,
el Tribunal Administrativo de Casanare vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica, al
mínimo vital e igualdad de Cecilia Vega González e incurrió en los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente, al proferir la sentencia del 10 de julio
de 2025, mediante la cual se dispuso la redistribución de una pensión de
sobrevivientes entre la tutelante y la señora Marina Inés Ovalle de Montoya.

55. Para el efecto, se estudiarán: (i) las generalidades de los defectos invocados; y
(ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto sustantivo

56. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado20.

57.De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable

17
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06286-00, índice 1.
18
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
20
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
10

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interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

58. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]21.

59. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida
interpretación de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto
inexistente.

60. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).22

3.4.2. El desconocimiento del precedente judicial

61. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas23.

21
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
23 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
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62. Al respecto, la Corte Constitucional24 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido
proceso y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales25.

63. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia26.

64. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»27.

65. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en

en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
24 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.

25 Se transcribe incluso con errores.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
12

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caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela28.

66. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación29.

67. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.5 Caso concreto

68. En el asunto bajo estudio, la señora Marina Inés Ovalle de Montoya presentó
escrito en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el departamento del Casanare y la señora Cecilia Vega González, con la
pretensión de obtener la redistribución de la sustitución de la pensión de vejez que
devengaba el señor Ismael Montoya Goyeneche.

69. En primera instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, mediante
providencia del 28 de marzo de 2025, negó las pretensiones de la demanda.

70. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Casanare emitió
providencia el 10 de julio de 2025 en la que revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la parte demandante.

71. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela que el Tribunal
accionado, al proferir la sentencia del 10 de julio de 2025, incurrió en defecto
sustantivo porque no tuvo en cuenta que la señora Marina Inés Ovalle de Montoya
no cumplió con el requisito de convivencia efectiva durante los cinco (5) años
anteriores al fallecimiento del señor Ismael Montoya Goyeneche, lo cual le era
exigible debido a que la sociedad conyugal con el causante había sido disuelta y
liquidada con anterioridad a su deceso.

28 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
29 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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72. Agregó que la providencia cuestionada desconoció los alcances del artículo
1820 del Código Civil, en cuyo contenido se establece que la sociedad conyugal se
disuelve, entre otras causales, por el muto consentimiento de los cónyuges,
otorgado mediante escritura pública.

73. En este sentido, explicó que el Tribunal omitió valorar los efectos de la escritura
pública 1518 de 1998 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Sogamoso, en
la cual consta la liquidación y disolución de la sociedad conyugal derivada del
vínculo matrimonial que existió entre Ismael Montoya Goyeneche y Marina Inés
Ovalle de Montoya.

74. Adicionalmente, advirtió que el fallo cuestionado desconoció el precedente
contenido en la sentencia C-515 de 2019 porque no tuvo en cuenta que el criterio
fijado en dicha decisión para redistribuir la pensión entre la cónyuge y la compañera
permanente consiste en que existe una sociedad conyugal vigente, lo cual no
ocurrió en el caso bajo estudio.

75. Por otro lado, refirió que la providencia acusada no desarrolló una carga
argumentativa razonable, conforme los criterios de tutela contra providencia judicial
establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-149 de 2021, para
explicar los motivos por los cuales se debía redistribuir la prestación pensional.

76. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela (sentencia
del 10 de julio de 2025), se observa que el Tribunal Administrativo de Casanare
examinó el contenido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y, precisó que la mencionada norma establece la
posibilidad de distribuir la pensión de sobrevivientes entre la cónyuge y la
compañera permanente del causante, proporcional al tiempo de convivencia.

77. Al respecto, el artículo 47 referido, indica lo siguiente:

«[…] Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan
los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción
al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la
compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al
literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando
haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota
parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente […]»

78. Además, la providencia cuestionada indicó que la jurisprudencia del Consejo de
Estado30 al verificar el alcance de la referida norma, en casos de convivencia no

30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 3 de octubre de
2024, radicado núm. 05001-23-33-000-2017-02571-02 (1545-2023). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de marzo de 2023. Radicado. 19001-23-33-000-2018-00014-
01.
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simultanea entre la cónyuge y la compañera permanente, ha reconocido el derecho
pensional a estas dos beneficiarias, bajo el entendido: «[…] el cónyuge separado
de hecho tiene derecho a la pensión de sobrevivientes y esta exceptuado de
demostrar vida en común durante los últimos 5 años a la muerte del afiliado, en los
casos que no se haya disuelto la sociedad conyugal. No obstante, también tiene
derecho a la prestación económica reclamada concomitantemente el compañero
permanente, siempre y cuanto demuestre su convivencia con el causante de la
pensión durante los últimos 5 años previos a su muerte».

79. Aunado a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Casanare resaltó que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado31 se pronunció sobre
los alcances de la sentencia C-515 de 2019 para indicar que: «[…] el legislador en
su margen de libertad de configuración normativa en materia pensional estableció
la vigencia de la sociedad conyugal como una condición necesaria para reconocer
este derecho pensional al cónyuge supérstite, que separado de hecho, mantuvo el
vínculo patrimonial con el causante […]».

80. Posteriormente, la providencia objeto de tutela efectuó una valoración de los
documentos obrantes en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho,
con los cuales constató que: «[…] el señor Ismael Montoya Goyeneche contrajo
matrimonio católico con la señora Marina Inés Ovalle de Montoya, el 25 de
septiembre de 1961 de conformidad con el acta registrada ante la Notaría Primera
de Tunja, y que de común acuerdo elevaron a escritura pública núm. 1518 de 4 de
mayo de 1998, la separación de bienes y liquidación de sociedad conyugal de
bienes».

81. Sobre esto último, el Tribunal Administrativo de Casanare mencionó que el
máximo tribunal de lo contencioso-administrativo aclaró los conceptos de disolución
del vínculo matrimonial, liquidación de la sociedad conyugal y la separación de
hecho. Al respecto, expuso lo que sigue:

11.4. En la sentencia del Consejo de Estado32 en referencia, se indica que son
distintos los conceptos de disolución del vínculo matrimonial, liquidación de la
sociedad conyugal y la separación de hecho, en los siguientes términos:

«[…] ni la liquidación ni la separación de hecho tienen la fuerza suficiente
para enervar el derecho a que la pensión le sea sustituida, y solo la disolución
hace que desaparezca el vínculo y genera la pérdida del beneficio
prestacional, al que puede acceder de acreditarse la convivencia durante los
últimos 5 años.

34. En efecto, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 alude a la situación de un
pensionado que tuviese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta, y sobre la disolución de la sociedad
conyugal el artículo 1820 del Código Civil precisa que esto ocurre por las
siguientes 5 circunstancias: i) por la disolución del matrimonio; ii) por la

31
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 3 de octubre de
2024, radicado núm. 05001-23-33-000-2017-02571-02 (1545-2023) .
32
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejero Ponente. JUAN
ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR. Providencia del 3 de octubre de 2024, Radicación: 05001-23-33-000-2017-02571-02 (1545-
2023)
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separación judicial de cuerpos, salvo que fundándose en el mutuo
consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos manifiesten su
voluntad de mantenerla; iii) por la sentencia de separación de bienes; iv) por
la declaración de nulidad del matrimonio, salvo en el caso de que la nulidad
haya sido declarada con fundamento en lo dispuesto por el numeral 12 del
artículo 140 del CC; y v) por mutuo acuerdo de los cónyuges capaces,
elevado a escritura pública.

35. Es decir, ni la liquidación de la sociedad, ni la separación de cuerpos
implica la disolución de la sociedad. Al respecto, la Corte Constitucional
explicó que las acciones de disolver y liquidar «corresponden a dos
fenómenos distintos. Por un lado, la “disolución” es aquel hecho que extingue
una relación jurídica de ejecución sucesiva, cuya consecuencia es la
generación de un patrimonio liquidable. Los hechos de los que se desprende
la “disolución” de la sociedad conyugal, se recogen en las causales del
artículo 1820 del Código Civil. Por otro lado, la liquidación es el fenómeno
mediante el cual se cuantifica una masa partible (se liquida un patrimonio) y
se distribuye para satisfacer los derechos de quienes en ella participaron
(adjudicación)»33. [Se resalta].

11.5. En lo que respecta a los efectos de la separación de bienes, el artículo 203 del
C.C., modificado por el artículo 16 del Decreto 2820 de 1974, dispuso que
“Ejecutoriada la sentencia que decreta la separación de bienes, ninguno de los
cónyuges tendrá desde entonces parte alguna en los gananciales que resulten de
la administración del otro”.

82. En atención a lo expuesto, la providencia acusada explicó el alcance del
concepto de separación de bienes y, su efecto práctico para determinar la
procedibilidad del reconocimiento de una sustitución pensional a favor de la cónyuge
supérstite, así:

11.6. La separación de bienes es un régimen económico matrimonial que permite
que los patrimonios de los cónyuges estén diferenciados, por lo que, cada uno es
libre de gestionar y administrar sus bienes y derechos. Sin embargo, aunque exista
la separación de bienes, no es óbice para que los contrayentes se sustraigan de las
obligaciones de contribuir a las cargas matrimoniales.

11.7. El Consejo de Estado34 sobre la separación de bienes y liquidación de la
sociedad conyugal, indicó en sentencia reciente:

«[…] esta figura solo versa sobre los efectos patrimoniales de los cónyuges
y no lleva implícito el divorcio, la anulación del matrimonio, la cesación de
efectos civiles del matrimonio, o la separación de cuerpos, por lo tanto, se
presume que la pareja siguió unida en su vida marital».

83. Con base en lo anterior, el Tribunal Administrativo del Casanare verificó el
contenido de la escritura pública núm. 1518 de 1998 e indicó que en la cláusula
sexta de dicho documento se estableció que: «[…] la liquidación de la sociedad
conyugal de la pareja MONTOYA OVALLE, solo versa sobre la masa conyugal de
bienes muebles e inmuebles, sin que lleve implícito, el divorcio, la anulación del
matrimonio, o la cesación de los efectos civiles del matrimonio».

33
Corte Constitucional, sentencia C-700 de 2013.
34
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Magistrada Ponente: Elizabeth
Becerra Cornejo. Providencia del 10 de abril de 2025. Radicación 18001-23-33-000-2014-00002-02 (6803-2023).
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84. Bajo esta consideración, la autoridad judicial accionada concluyó que a la
señora Marina Inés Ovalle de Montoya le era aplicable «el literal a) del artículo 47
de la Ley 100 de 1993, por tratarse de cónyuge supérstite, exceptuada de probar la
convivencia con el causante, durante los 5 años previos a su fallecimiento, en tanto
el requisito de convivencia, se puede acreditar en cualquier tiempo, por lo que la
demandante tiene derecho a la sustitución pensional».

85. En este orden de ideas, se observa que la providencia objeto de tutela efectuó
un análisis razonable del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
13 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con lo dispuesto por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional en la sentencia C-515 de 2019 y del Consejo de Estado,
lo cual le permitió concluir que la cónyuge supérstite tiene derecho a la sustitución
pensional, siempre que el vínculo matrimonial continue vigente con el causante.

86. Ciertamente como se expuso en la sentencia acusada el legislador a través del
artículo 1820 del Código Civil indicó las causales por las cuales se disuelve la
sociedad conyugal, esto es: i) la disolución del matrimonio; ii) la separación judicial
de cuerpos, salvo que fundándose en el mutuo consentimiento de los cónyuges y
siendo temporal, ellos manifiesten su voluntad de mantenerla; iii) la sentencia de
separación de bienes; iv) la declaración de nulidad del matrimonio, salvo en el caso
de que la nulidad haya sido declarada con fundamento en lo dispuesto por el
numeral 12 del artículo 140 del C.C; y v) por mutuo acuerdo de los cónyuges
capaces, elevado a escritura pública.

87. De esta manera, le asiste razón al Tribunal accionado cuando afirmó que la
escritura pública 1518 de 1998, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de
Sogamoso estableció la liquidación de la sociedad conyugal que existió entre los
señores Ismael Montoya Goyeneche y Marina Inés Ovalle de Montoya, en tanto se
limitó a definir la distribución de los bienes muebles e inmuebles de la pareja, sin
hacer referencia al divorcio, la anulación del matrimonio o la cesación de los efectos
civiles de este.

88. En efecto, la lectura del documento referido permite advertir que la voluntad de
las partes fue suscribir la escritura pública con el fin de protocolizar la separación
de bienes sin que se pueda inferir de su contenido declaraciones concretas por parte
los cónyuges sobre su intención de disolver o terminar el vínculo matrimonial. De
modo, que contrario a lo expuesto por la tutelante, el referido instrumento público
no se constituyó para dejar sin efecto el matrimonio, sino para liquidar los bienes
comunes de la pareja.

89. Lo anterior situación permitía dar aplicación al literal a) del artículo 47 de la Ley
100 de 1993, en el sentido de reconocer a favor de la señora Marina Inés Ovalle de
Montoya la cuota parte de la pensión de sobrevivientes en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante, como bien lo hizo el Tribunal
accionado en la providencia objeto de tutela.

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90. Así las cosas, la Sala observa que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de la normativa y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de tutela no resultó favorable a la parte tutelante, esto no significa que se
hayan desconocido sus garantías constitucionales, como lo plantea la parte
accionante.

91. Para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la acción
de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate
jurídico que se surtió dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode
a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusión

92. Por lo anterior, se concluye que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare no vulneró los derechos fundamentales invocados por
la accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario,
infundado o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal,
que constituya una vía de hecho por los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente, que exija la intervención del juez de tutela.

93. En consecuencia, se confirmará la sentencia del 30 de octubre de 2025
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia del 30 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por los motivos
contenidos en esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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