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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06298-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06298-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar el fallo del 5 de noviembre de 2025 que negó el amparo de los derechos fundamentales del señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos, para en su lugar, declarar su improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos Demandado: Consejo de Estado Sección Cuarta Radicado: 11001-03-15-000-2025-06298-01 SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06298-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

5 de marzo de 2026

Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Demandado: Consejo de Estado Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06298-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06298-01
Demandante: GERARDO ALONSO HERRERA HOYOS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Revoca la
decisión de primera instancia que negó el amparo y, en su
lugar, declara la improcedencia por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia
del 5 de noviembre de 2025, por la cual la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó el amparo de los derechos fundamentales
presuntamente alegados en la acción de tutela presentada contra la Sección
Cuarta de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos, actuando en nombre propio, presentó el
7 de octubre de 2025 una acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

Estimó vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la
providencia del 27 de mayo de 2025, mediante la cual la autoridad judicial
rechazó la acción constitucional impetrada contra el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja con radicado 11001-03-15-000-2025-
02626-00.

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Demandante: Gerardo Alonso Herrera Hoyos
Demandado: Consejo de Estado Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06298-01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora pretende:

SE CONCEDA EN DERECHO MI AMPARO DE POBREZA, TAL COMO
LA LEY ME OTORGA TAL BENEFICIOY ES MI VOLUNTAD.
PIDO SE NOMBRE UN ABOGADO DE LA LISTA DE AUXILIARES DE
JUSTICIA QUE OSEA EL TRIBUNALA MI FAVOR.

se le ordene al tutelado de manera inmediata perder competencia de mi
accion y devolver al juezcivil
se ordene al tutelado demostrar cual es mi pretensión contra entidad estatal
o gubernamental
se ordene al juez civil admitir mi accion y si lo decea por fuero de atracción
VINCULE a quien estimepertinente ya que ello no le hará perder
competencia
pido la intervención en derechos el procurador delegado en accionES
populares a mi favor para queme garantice art 29 cn

SE LE ORDENE AL TUTELADO SIEMPRE QUE MENOTIFIQUE DE SUS
DECISIONES PONGA UNCORREO ELECTRONICO OFICIAL
PARARESPONDERLE, Y ASI GARANTIZAR ART 29 CN1.

1.3. Hechos

Revisada el expediente se hallaron los siguientes supuestos fácticos que, a juicio
de la sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente
asunto.

El señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos interpuso medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos contra la Diócesis de Garagoa, Boyacá –
Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Páez2, con radicado 15001-33-33-006-
2025-00071-00, el cual conoció el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja.

En el anterior proceso el actor solicitó la protección de derechos colectivos y
requirió que la autoridad competente ordenara la construcción de una unidad
sanitaria pública idónea para ciudadanos con movilidad reducida que se
desplazaban en silla de ruedas en el cementerio local del municipio de Páez.

1 Transcripción literal del escrito de tutela presentado, con posibles errores.
2 La demanda se radicó ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores; sin embargo, ese

despacho la rechazó por falta de jurisdicción mediante auto del 1º de abril de 2025 y ordenó remitir
el expediente a los Juzgados Administrativos de Tunja, correspondiendo su conocimiento al
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja. Las diligencias se remitieron
mediante oficio del 3 de abril de 2025 al Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos del
Circuito Judicial de Tunja, que las repartió a dicho juzgado el 4 de abril de 2025, conforme al acta
individual de reparto con secuencia 796.
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El 9 de abril de 2025, el juzgado inadmitió la demanda y ordenó a la parte actora
subsanar los defectos detectados dentro de los 3 días siguientes a la
notificación3.

Dentro del plazo otorgado para subsanar, el señor Herrera Hoyos radicó un
escrito en el que manifestó

«PIDO NULIDAD DE TODO LO ACTUADO POR UD
pierda competencia
NUNCA HE DEMANDADO ENTIDAD ESTATAL ALGUNA
EXIJO, EN DERECHO DEVUELVA MI ACCION ANTE EL JUEZ CIVIL DONDE
A PREVENCIÓN ART 16 LEY472 DE 1998 PRESENTE MI ACCION
COMPARAT EL LINK PARA TUTELARLE
solicito en derecho que siempre que me notifique de sus decisiones CONSIGNE
EL CORREOELECTRONICO AL QUE LE PUEDO RESPONDER
DE LO CONTRARIO TUTELARE PA GARANTIZAR ART 29 CN»4

A partir de lo expuesto, el juzgado, mediante auto del 28 de abril de 2025, decidió
rechazar la demanda al concluir que la parte actora no cumplió con los requisitos
señalados en la providencia que ordenó la subsanación. El despacho determinó
que el escrito presentado por el actor popular no atendió las deficiencias
advertidas y se centró, en cambio, en expresar su desacuerdo con la decisión del
Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores, que mediante auto del 1º de abril
de 2025 rechazó la demanda por falta de jurisdicción y ordenó su remisión a los
Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Tunja.

Inconforme con la decisión impetró una acción de tutela el 5 de mayo de 2025
contra la anterior entidad judicial, en la que indicó:

«se conceda en derecho mi amparo de pobreza, tal como la ley me otorga tal
beneficio y es mi voluntad. Pido se nombre un abogado de la lista de auxiliares
de justicia que osea el tribunal a mi favor. Se le ordene de manera inmediata
perder competencia de acción y devolver al juez civil, se ordene al tutelado
demostrar cual es mi pretensión contra entidad estatal o gubernamental, se
ordene al juez admitir mi acción y si lo de[c]ea por fuero de atracción vincule a
quien estime pertinente ya que ello no le hará perder competencia. Pido la
intervención en derechos el procurador delegado en acciones populares a mi
favor para que garantice art 29n»5.

3 Señaló como irregularidades: a) no acreditar el requisito de procedibilidad previsto en el artículo

144 de la Ley 1437 de 2011; no identificar con claridad a los presuntos responsables según lo
exige el literal d) del artículo 18 de la Ley 472 de 1998; omitir la dirección de notificaciones
requerida por el literal f) de la misma norma; y no demostrar el envío simultáneo de la demanda
y sus anexos conforme al artículo 162 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021.
4 Transcripción literal del escrito presentado por el señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos el 22 de

mayo de 2025
5 Transcripción literal del escrito de tutela presentado, con posibles errores.

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Mediante auto del 9 de mayo de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
inadmitió la demanda al considerar que presentaba defectos formales 6 y ordenó
al demandante subsanar dichos yerros dentro del término de 3 días.
El actor contestó el requerimiento por medio de escrito del 16 de mayo de 2025
en los siguientes términos:

«le manifiesto que no se como cumplir sus exigencias para que admita y d[e]
tramite a mi tutela siendo asi, bajo juramento manifiesto no tener trabajo y lo poco
que percibo económicamente lo empleó en mi subsistencia aunado a no ser
abogado. Pido amparo de pobreza para que un abogado me represente a en mi
tutela y me garantice art29n»7.

La Sección Cuarta de la corporación dictó auto el 27 de mayo de 2025, por medio
del cual rechazó la acción constitucional por no corregir la demanda.

El 5 de junio del mismo año el accionante interpuso recurso contra el auto de
rechazo en el que indicó que «apelo su auto de rechazo [y] pido se ordene admitir
mi acci[ó]n de linaje constitucional».

El magistrado ponente8 consideró que el escrito debía entenderse como recurso
de súplica, sustentándose en los principios de informalidad procesal y, en
consecuencia, ordenó concederlo, con auto del 11 de junio de 2025, con el fin de
salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

Lo anterior fue resuelto por los demás integrantes de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado y un conjuez, quienes mediante auto del 25 de septiembre
siguiente confirmaron el rechazo de la acción de tutela porque el demandante no
subsanó los defectos de la demanda y se limitó a solicitar amparo de pobreza 9.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora consideró que el auto del 27 de mayo de 202510 vulneró sus

6 «(i) Exponer de manera clara y concisa los hechos u omisiones puntuales que generan la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales; (ii) explicar cómo esos hechos u omisiones
afectan sus derechos fundamentales; (iii) señalar qué derechos fundamentales estima vulnerados
y, (iv) a partir de lo anterior, señalar cuáles son, en concreto, las pretensiones de la demanda de
tutela. […] El Despacho destaca que, si bien la acción de tutela se caracteriza por la informalidad,
es necesario que exista un mínimo de claridad en el relato de los hechos y en la explicación de
las razones por las que una autoridad o un particular vulneran o amenazan derechos
fundamentales. La falta de mención clara de los hechos y de las razones de la vulneración no
solo dificulta la función del juez de tutela, en orden a entender el fundamento del amparo pedido,
sino que obstaculiza el ejercicio del derecho de la defensa de la parte demandada».
Identificar la providencia judicial a la que le atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales.
Deberá aportar, identificar y sustentar las razones por las que considera que la decisión judicial
señalada vulnera sus derechos fundamentales.
7 Transcripción literal del escrito de tutela presentado, con posibles errores.
8 Wilson Ramos Girón.
9 Dentro del trámite constitucional identificado con el radicado 11001-03-15-000-2025-02626-00.
10 Si bien el actor en su escrito del 5 de junio de 2025 no especifica la fecha del auto si manifiesta

que «apelo su auto de rechazo» por lo que se entiende que la apelación corresponde al auto del
27 de mayo de 2025 que rechaza la demanda.
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garantías constitucionales por cuanto «en dicha acción se rechazó mi acción y
se negó su trámite. No se concedió amparo de pobreza a mi favor y simplemente
me niegan mi acceso a la administración de justicia como ciudadano colombiano
con derechos civiles y legales»11.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

Mediante auto del 9 de octubre del 2025, la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la Sección
Cuarta de esta corporación como demandada y vincular al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja en calidad de tercero con interés.

1.6. Contestaciones

1.6.1. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja

En su calidad de jueza la señora Paula Juliett Fuerte Vargas, presentó y
argumentó los antecedentes procesales relevantes12.

Indicó que el juzgado tuvo conocimiento de una acción popular anterior,
promovida por el mismo accionante contra la Diócesis de Garagoa, en la cual
solicitó la construcción de un baño público destinado a personas que se movilizan
en silla de ruedas.

Argumentó que el 9 de abril de 2025 su despacho inadmitió la demanda, dado
que el actor no cumplió con los requisitos legales, entre ellos agotar el requisito
de procedibilidad e identificar la autoridad responsable.

Relató que el demandante, en lugar de subsanar la demanda, solicitó la nulidad
de lo actuado con el argumento de que nunca dirigió su acción contra una entidad
estatal y pidió que el caso fuera remitido a un juez civil.

Finalmente, la jueza explicó que el 28 de abril de 2025 rechazó la demanda, dado
que el actor no subsanó los errores previamente señalados. Además, sostuvo
que no correspondía a su despacho pronunciarse sobre la solicitud de nulidad,
pues esa decisión ya había sido adoptada por otro juzgado y se encontraba en
firme.

1.6.2. Sección Cuarta del Consejo de Estado

Con escrito del 20 de octubre de 202513, la magistrada ponente rindió informe en
los siguientes términos:

11 Transcripción literal del escrito de tutela presentado, con posibles errores. Índice 2 de Samai

rad. 1001-03-15-000-2025-06298-01.
12 Índice 9 de Samai, rad. 11001-03-15-000- 2025-06298-00.
13 Índice 8 y 10 de Samai, rad. 11001-03-15-000 -2025-06298-00.

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Expuso que el demandante pretende controvertir el auto proferido el 25 de
septiembre de 2025, correspondiente a otro trámite de tutela anterior que había
sido rechazado. Explicó que la jurisprudencia únicamente admite estas acciones
de manera excepcional cuando el juez omite vincular a terceros afectados,
circunstancia que no se presentó en este caso.

Argumentó que la solicitud de amparo no tiene relevancia constitucional, pues el
actor no explicó la vulneración de sus derechos y solo alegó genéricamente la
negación de justicia y de un amparo de pobreza.

Indicó que no se acreditan las causales de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales y que el rechazo previo se basó en el artículo 17 del
Decreto 2591 de 1991, porque el actor no corrigió su demanda, por lo que solicitó
declarar improcedente la acción de constitucional.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 5 de noviembre de 202514, la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el actor.

La sala determinó que no se configuró vulneración alguna de las garantías del
accionante, debido a que la Sección Cuarta del Consejo de Estado adoptó la
decisión de rechazo con fundamento en las normas procesales aplicables.

Precisó que la autoridad judicial inadmitió la demanda, concedió al actor la
oportunidad legal de subsanar los defectos y, ante la omisión de esta carga,
procedió legítimamente al rechazo.

Indicó que al accionante se le garantizó el derecho fundamental al debido
proceso, dado que existió pronunciamiento respecto del recurso de súplica
interpuesto contra el auto de rechazo.

Esa sección, al examinar el escrito de la nueva acción de tutela, señaló que su
extensión resultaba insuficiente y que no permitía identificar con precisión el
alcance de las pretensiones. En consecuencia, concluyó que no se configuraba
irregularidad alguna que ameritara la protección constitucional solicitada.

Precisó que el accionante conservaba la posibilidad de interponer nuevamente la
acción de tutela, siempre que expusiera de manera clara los hechos, en tanto el
rechazo anterior no resolvió el fondo del litigio ni produjo efectos de cosa juzgada.

Asimismo, teniendo en cuenta la manifestación del señor Herrera sobre su

14 Notificada el 30 de enero de 2026 mediante correo electrónico, índice 18 de Samai.

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desconocimiento en materia jurídica, le recomendó acudir a los consultorios
jurídicos de las universidades o a la Defensoría del Pueblo, con el fin de obtener
asesoría y garantizar el ejercicio efectivo de su derecho de acceso a la justicia.

1.8. Impugnación

Mediante escrito allegado vía correo electrónico el 2 de febrero de 202515, la parte
actora impugnó la anterior decisión así: «Gerardo Herrera, [o]brando en la tutela
de la referencia [a]pelo [y] pido se ampare mi ac[c]i[ó]n».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591
de 199116, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del Acuerdo 080 de 201917, de
la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo adoptado en primera instancia, que negó el amparo de los derechos
fundamentales del señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos, en la solicitud de tutela
presentada contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201218, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera

15 Índice 19 de Samai, rad. 11001-03-15-000-2025-06298-00.
16 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política.
17 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
18 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela19; iii)

19 El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 5

de junio de 2025, expediente 76001-23-33-000-2025-00141-01, MP. Omar Joaquín Barreto
Suárez. En esta decisión se recordó que excepcionalmente procede la tutela contra sentencias
de la misma naturaleza, ello con fundamento en la sentencia SU-627 de 2015, en la cual, la Corte
Constitucional consideró: «4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la
acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela
anteriores o posteriores a la sentencia. // 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de
tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella. // 4.6.2.
Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. //
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la
Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este
evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la
Corte Constitucional. // 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o
tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y
cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».
[Negrilla con subrayado de la Sala].
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inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Del requisito de relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para
determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política
o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis
de la Sala)

La sala en sentencia del 29 de septiembre de 202220, modificó la postura que
tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia
constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional.

De esta manera, la sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional
debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29

de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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y acogidos por esta corporación, que en concreto se refieren a:

i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la vulneración de
aquellos;

ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede
convertirse en una tercera instancia.

Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia
atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental
producto de una actuación arbitraria.

Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce
este mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre21.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.5. Caso concreto

La parte accionante estimó que la decisión adoptada el 27 de mayo de 2025 por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la justicia al considerar que esta rechazó la acción
de tutela que presentó sin que se le otorgara el trámite correspondiente.

Además, manifestó que «no se concedió amparo de pobreza a mi favor y
simplemente me niegan mi acceso a la administraci[ó]n de justicia como
ciudadano colombiano [c]on [d]erechos civiles y legales».

El a quo constitucional negó el amparo porque concluyó que el rechazo resultó
legítimo y conforme a la ley. Ello, por cuanto el actor no subsanó los defectos
formales señalados en su demanda inicial y, en consecuencia, manifestó que la

21 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.

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autoridad judicial demandada no incurrió en irregularidad alguna y exigió el
cumplimiento válido de las cargas procesales.

El señor Herrera Hoyos impugnó la decisión así: «obrando en la tutela de la
referencia [a]pelo, pido se ampare mi ac[c]i[ó]n».

Visto lo anterior, la sala anticipa que la presente solicitud de amparo no cumple
con los presupuestos que sirven de criterio para determinar que el asunto tiene
relevancia constitucional, como se indica a continuación.

Como se estableció en líneas anteriores, para determinar si un asunto cuenta con
relevancia constitucional no basta con hacer la simple indicación de su
cumplimiento, pues como presupuesto general de la acción de tutela “…supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple
relación con aquel…”22. De igual manera, se precisa que dicho requisito tiene tres
finalidades, a saber:

… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional23 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad24; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales25 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces26.

En el asunto bajo examen, aunque el demandante requirió «pido se ampare mi
ac[c]i[ó]n», la sala advierte que la parte accionante no demuestra arbitrariedad
judicial en la providencia recurrida, pues su inconformidad se limita a un escrito
breve e insuficiente para interpretar las pretensiones. En consecuencia, no se
configura irregularidad que justifique la intervención excepcional del juez
constitucional. De aceptarse lo contrario, se desbordarían las competencias del
juez natural y se vulneraría la autonomía judicial.

El a quo constitucional tras examinar el trámite surtido dentro del expediente,
estableció que no se evidenciaba vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso ni de acceso a la administración de justicia, y que la decisión
cuestionada se adoptó conforme a las normas procesales, pues en un primer
momento se inadmitió la demanda y se otorgó la oportunidad de subsanar los
defectos señalados, lo cual no ocurrió. Aun así, se garantizó un pronunciamiento
respecto de la impugnación presentada contra el auto que rechazó la solicitud de
tutela al haberle dado trámite de recurso de súplica.

22 Sentencia SU 573 de 2019.
23 “Sentencia C-590 de 2005.”
24 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
25 “Sentencia C-590 de 2005.”
26 “Sentencia T-102 de 2006.”

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Adicionalmente, el juez de primera instancia, al revisar el escrito de tutela, advirtió
que su extensión era reducida y no permitía identificar con claridad las
pretensiones. Con carácter pedagógico, se informó al demandante que, según lo
indicado por la autoridad judicial accionada, podía presentar nuevamente la
demanda de tutela, señalando de manera precisa los hechos y razones de su
solicitud, ya que la anterior no fue decidida de fondo y no produjo efectos de cosa
juzgada.

De igual manera explicó que, ante la falta de conocimientos jurídicos, reconocida
por el propio actor, el señor Herrera Hoyos contaba con la opción de dirigirse a
los consultorios jurídicos de las facultades de derecho o a la Defensoría del
Pueblo, donde recibiría la orientación necesaria para ejercer plenamente su
derecho de acceso a la justicia.

No obstante, pese a la decisión de hacer un estudio de fondo y negar el amparo
solicitado, la sala advierte que el limitado escrito presentado por el actor, al
expresar inconformidad con una decisión judicial y alegar vulneración de
derechos fundamentales, no convierte el asunto en un caso de relevancia
constitucional.

Para que ello suceda, el escrito inicial debe contener argumentos que permitan
ver que la controversia gira en torno al alcance o ejercicio de un derecho
fundamental, lo cual no sucede en este asunto ya que el accionante simplemente
se limitó a alegar que no se le dio trámite a la anterior acción de tutela y que no
se le concedió el amparo de pobreza solicitado, pese a que no cumple con los
parámetros mínimos formales y de argumentación para que la autoridad judicial
pueda admitir la acción constitucional que desea ejercer.

En este punto, resulta necesario destacar que la función del juez de tutela se
restringe a la protección de garantías constitucionales y no a la reapertura de
debates sobre decisiones de los jueces naturales, o como en este caso, de un
anterior juez de tutela que emitió una decisión relativa al rechazo de la solicitud
por incumplir los requisitos formales necesarios para su trámite.

Así, lo que pretende el tutelante, en este caso, es reabrir un debate que se
encuentra superado pues no elevó una argumentación tendiente a demostrar la
grave violación de sus derechos fundamentales y solo plantea un desacuerdo
con lo dispuesto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, autoridad que
determinó que la acción de tutela debía ser rechazada por no subsanar los
defectos formales señalados en el auto inadmisorio respectivo.

Tal circunstancia solo evidencia su intención de que el juez de tutela reevalúe la
postura finalmente adoptada por la autoridad judicial accionada, circunstancia
que es improcedente, máxime cuando la solicitud de amparo no contiene un
ejercicio argumentativo del que se pueda evidenciar cuál o cuáles son los
presuntos yerros de los que adolece la decisión cuestionada, lo cual resulta
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indispensable al tratarse de una acción de tutela contra una providencia judicial
y, más aún, cuando esta fue proferida por una alta corte.

Lo anterior, ya que el escrito aportado por el señor Herrera Hoyos no cumple con
la carga iusfundamental requerida para realizar un estudio específico del auto
censurado, toda vez que sus reproches solamente están dirigidos a insistir en
que se debe dar trámite a sus solicitudes, pero no formuló planteamientos que
permitan deducir con claridad cómo la corporación enjuiciada vulneró sus
derechos fundamentales y desvirtuar las consideraciones que respaldaron la
decisión.

Esto es de especial importancia, por cuanto el juez de tutela no puede realizar
nuevamente el análisis que respaldó la decisión proferida por otra autoridad
judicial, máxime si se tiene en cuenta que los jueces están amparados por los
principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la
cosa juzgada.

Por el contrario, la intención del accionante es imponer una postura que resulte
favorable a sus intereses, lo cual escapa del objeto de la acción de tutela e impide
al juez constitucional realizar un pronunciamiento de fondo sobre el particular.

En esa medida, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.

Por ello, esta sala concluye que no se acreditaron los criterios establecidos por
la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para superar el requisito de
relevancia constitucional, pues resulta evidente que, la acción de tutela impetrada
por el actor refleja únicamente una inconformidad con lo decidido por la Sección
Cuarta de esta corporación.

En consecuencia, la sala revocará el fallo de primera instancia que negó el
amparo de los derechos fundamentales del señor Herrera Hoyos, y en su lugar
declarará la improcedencia de la acción constitucional por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Revocar el fallo del 5 de noviembre de 2025 que negó el amparo de
los derechos fundamentales del señor Gerardo Alonso Herrera Hoyos, para en
su lugar, declarar su improcedencia por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

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SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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