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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06304-01

Fecha
28 de enero de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06304-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Revócase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, dispónese: 1º) Concédese el amparo de los derechos fundamentales de la señora Liz Yaneth Valencia Quiceno. 2°) Déjase sin efectos la providencia del 18 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Meta, en el proceso con radicación no. 50001-33-33-001- 2016-00403-01. 3º) Ordénase al Tribunal Administrativo del Meta que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia. 4º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06304-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

28 de enero de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C, veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026).

Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06304-01
Demandante: LIZ YANETH VALENCIA QUICENO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL REVOCA
LA QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE. AMPARA.
COSA JUZGADA

Síntesis del caso: la actora cuestionó las providencias en las que se negaron sus
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho encaminadas a que se le sustituyera
una pensión. Se revocará la sentencia que declaró improcedente por relevancia para, en
su lugar, amparar el derecho invocado, tras evidenciar que se desconocieron los efectos de
la sentencia de un juzgado de familia que declaró la unión marital de hecho y la convivencia
efectiva con el causante.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora en contra de la
sentencia del 20 de noviembre de 2025 proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado en la cual se resolvió:

“1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por Liz Yaneth
Valencia Quiceno contra el Tribunal Administrativo del Meta, acorde con
las consideraciones expuestas”. (mayúsculas y negrillas del original –
archivo disponible en el índice 00018 del aplicativo SAMAI en primera
instancia).

II. ANTECEDENTES

La parte actora promovió proceso de acción de tutela 1 en contra de las sentencias
de 26 de junio de 2020 y 18 de junio de 2025, proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio y el Tribunal Administrativo
del Meta, respectivamente, por medio de las cuales se le negó el derecho a que se
le sustituyera un porcentaje de la pensión en el marco del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la señora Lina Marcela

1
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 7 de octubre de 2025.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06304-01
Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno
Acción de tutela – Impugnación de fallo

Ramírez Ríos en contra suya y de la Caja de Retiro de la Policía Nacional – CASUR
en el proceso no. 50001-33-33-001-2016-00403-00/01, por cuanto, a su juicio,
incurrieron en el defecto fáctico.

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR reconoció en favor
del señor Manuel Enrique Gaviria Grisales una asignación de retiro equivalente al
70% del sueldo y las partidas legalmente computables, a partir del 8 de junio de
2008, no obstante, el señor Manuel Enrique Gaviria Grisales falleció el 28 de mayo
de 2014.

2) El 4 de junio de 2014, la señora Lina Marcela Ramírez Ríos solicitó ante la
CASUR el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro, en calidad de
compañera permanente del causante.

3) Consecutivamente, la señora Liz Yaneth Valencia Quiceno, mediante petición del
4 de agosto de 2014, también solicitó a CASUR el reconocimiento y pago de la
asignación de retiro en calidad de compañera permanente del causante.

4) Mediante la Resolución 11067 del 28 de noviembre de 2014, CASUR suspendió
el trámite de la sustitución de asignación mensual de retiro hasta que se resolviera
ante la jurisdicción sobre los beneficiarios de la prestación solicitada y únicamente
reconoció el 50% de la prestación devengada por el exagente en favor de su hija
Manuela Gaviria Valencia.

5) Contra la anterior decisión la señora Lina Marcela Ramírez Ríos interpuso recurso
de reposición, sin embargo, el director General de la CASUR, mediante Resolución
1020 del 25 de febrero de 2015, lo resolvió de manera negativa y confirmó en todas
sus partes la resolución anterior.

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Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno
Acción de tutela – Impugnación de fallo

6) La señora Lina Marcela Ramírez Ríos promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la señora Liz Yaneth Valencia Quiceno y
de la Caja de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, con el fin de obtener la nulidad
de los anteriores actos administrativos.

7) El Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, mediante sentencia del 26 de
junio de 2020, declaró la nulidad parcial de la Resolución 11067 del 28 de noviembre
de 2014 y la nulidad total de la Resolución 1020 del 25 de febrero de 2015, y
condenó a CASUR al reconocimiento y pago de la sustitución de asignación de retiro
en favor de la señora Lina Marcela Ramírez Ríos, pues, a su juicio, logró acreditar
una convivencia igual o superior a los cinco (5) años anteriores a la muerte del
agente; por otra parte, consideró que las pruebas aportadas no daban cuenta de la
convivencia del causante con la señora Liz Yaneth Valencia Quiceno.

8) La señora Liz Yaneth Valencia Quiceno interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión, al considerar que las pruebas obrantes en el expediente sí
acreditaban la convivencia permanente con el causante, refiriéndose a los
testimonios, la sentencia que declaró la unión marital de hecho con el causante, las
declaraciones rendidas por los hijos del señor Gaviria Grisales, y la prueba
documental de la relación matrimonial entre el señor José Daimer Acevedo Quiceno
y la señora Lina Marcela Ramírez Ríos, durante el tiempo de presunta convivencia
con el causante.

9) El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 18 de junio de 2025,
confirmó el fallo de primera instancia, al encontrar demostrada la convivencia
efectiva y continua de la señora Lina Marcela Ramírez Ríos con el señor Manuel
Enrique Gaviria Grisales durante los cinco (5) años anteriores a su fallecimiento, sin
que se haya acreditado la relación entre la señora Liz Yaneth Valencia Quiceno con
el causante durante ese interregno.

2. Los fundamentos de la vulneración

La actora afirmó que las sentencias cuestionadas incurrieron en el defecto fáctico,
por indebida valoración probatoria.

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Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno
Acción de tutela – Impugnación de fallo

En cuanto al defecto fáctico, señaló que no se valoró en debida forma el contenido
de la sentencia del 26 de abril de 2017, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo
de Familia de Tuluá que declaró unión marital de hecho entre el causante y la señora
Liz Yaneth Valencia Quiceno, desde el mes de octubre de 1998 y hasta el 28 de
mayo de 2014, proceso en el cual tuvo que acreditar la convivencia notoria,
permanente y singular, decisión que no fue recurrida y goza de presunción de
legalidad.

Indicó que la autoridad judicial accionada trajo a colación un precedente
jurisprudencial que no es aplicable a su caso, referente a que el derecho para
acceder a la sustitución pensional va más allá de la acreditación de la situación
jurídica del estado civil, pues lo relevante es probar los cinco años de convivencia
anteriores al fallecimiento, pero en el caso concreto, la unión marital de hecho fue
iniciada y culminada después del fallecimiento del compañero.

El tribunal aludió a una supuesta carencia probatoria para acreditar la convivencia
entre la señora Valencia Quiceno y el causante, sin tener en cuenta que se
trasladaron las pruebas que obraban en el expediente declarativo de la unión marital
de hecho.

La autoridad judicial accionada, ante las dudas que manifestó tener sobre los
testimonios, debió actuar de manera oficiosa y decretar la ratificación de estos en
audiencia.

Precisó que con la presente acción de tutela no pretende constituir una instancia
adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sino poner en
evidencia la configuración de los defectos advertidos en la sentencia acusada, que
negó el reconocimiento pensional a favor de la tutelante, por presuntamente no
haber acreditado el requisito de convivencia, cuando en casos semejantes, la
jurisprudencia ha determinado que puede darse el caso de convivencia simultánea
entre compañeras permanentes.

Que la indebida valoración probatoria conllevó a que se desconociera el precedente
jurisprudencial desarrollado por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional

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Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno
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sobre convivencia simultánea de las dos compañeras permanentes con el causante
y los derechos que les asiste para efectos de la sustitución pensional.

Además, refirió que la falta de valoración adecuada de las pruebas también conllevó
a una violación directa de la Constitución, pues la negativa en el reconocimiento de
la sustitución pensional conlleva la vulneración de los derechos fundamentales a la
seguridad social, protección a la familia y al debido proceso.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, el demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“(...) 1. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META que, tras
dejar sin efecto la Sentencia en segunda instancia del 18 de junio del 2025
dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Proceso
con radicado 50001-33-33-001-2016-00403-00, dentro de un tiempo
perentorio, luego de haber recibido el correspondiente expediente,
profiera una nueva providencia en la que se condene a La Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), a reconocer y pagar a
mi prohijada señora LIZ YANETH VALENCIA QUICENO, la sustitución de
asignación en retiro, como beneficiaria del fallecido señor Manuel Enrique
Gaviria Grisales, a partir del 28 de mayo de 2014, de manera indexada y
en el porcentaje que le corresponda.

2. ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, remitir en un tiempo perentorio, el
expediente del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Proceso con radicado 50001-33-33-001-2016-00403-00, al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META, con miras al cumplimiento del punto
anterior.”. (archivo disponible en medio magnético en el índice 00001 del
aplicativo SAMAI).

4. Actuación en primer grado

Mediante auto del 10 de octubre de 2025 (índice 0004 del aplicativo SAMAI), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió el proceso de acción de tutela,
ordenó la notificación de los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Meta y el titular del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio
y vinculó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR y a la
señora Lina Marcela Ramírez Ríos, por asistirle interés en el resultado del proceso.

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Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno
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5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 20 de noviembre de 2025 (índice 00024 del SAMAI), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de
tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional con fundamento
en que los cuestionamientos formulados están orientados a constituir una tercera
instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió
la sentencia cuestionada.

El a quo resaltó que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho sí se
realizó una debida valoración de todas las pruebas, incluida la sentencia del 26 de
abril de 2017, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Tuluá que
declaró unión marital de hecho entre el causante y la señora Liz Yaneth Valencia
Quiceno, no obstante, la actora pretendía que el juez constitucional revisara
nuevamente la valoración probatoria y la interpretación jurídica realizada en ambas
instancias en torno a la convivencia permanente por más de 5 años anteriores al
fallecimiento del actor, aspectos que fueron debidamente analizados por los jueces
naturales dentro del ámbito de su competencia; la inconformidad del demandante
no constituye, por sí sola, una controversia de naturaleza constitucional.

La acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional,
porque la actora reiteró los argumentos que expuso en el marco del proceso
ordinario, lo que permite evidenciar que la inconformidad de la parte actora se
generó con las conclusiones del juez natural, las cuales no coinciden con sus
intereses.

7. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación (índice 00030 del SAMAI) y le fue
concedida con auto del 4 de diciembre de 2025 (índice 00033 del SAMAI).

Sostuvo que la alegación del defecto fáctico no constituye una tercera instancia,
pues, no se pretende una nueva valoración probatoria al nivel del proceso ordinario,
sino la verificación de un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, el cual,
de configurarse, vulnera directamente derechos fundamentales.

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Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno
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Reiteró que las sentencias acusadas desconocieron i) la sentencia del 26 de abril
de 2017 del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Tuluá, que declaró la unión
marital de hecho entre la accionante y el causante desde octubre de 1998 hasta el
28 de mayo de 2014, ii) las pruebas trasladadas del proceso de unión marital de
hecho que, según la actora, acreditaban la convivencia continua e ininterrumpida, y
iii) el precedente jurisprudencial sobre la posibilidad de convivencia simultánea y el
derecho a la sustitución pensional en estos casos.

Sí se cumple con el requisito de relevancia constitucional al evidenciar la
vulneración de sus derechos fundamentales, máxime si se tiene en cuenta que la
discusión sobre la sustitución de la asignación de retiro no es un mero asunto
económico o de legalidad, sino que está íntimamente ligada al derecho fundamental
a la seguridad social y al mínimo vital.

En el presente caso existe una convivencia simultánea, por lo que, de conformidad
con el precedente constitucional, en estas situaciones, la sustitución pensional debe
ser repartida en partes iguales entre las beneficiarias.

En virtud de lo anterior solicitó revocar la sentencia de primera instancia para, en su
lugar amparar los derechos fundamentales de la actora.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2)
delimitación del asunto y 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce
mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera

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inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o
vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con
ella términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. Delimitación del asunto.

La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra las sentencias
proferidas en las dos instancias del proceso ordinario, lo cierto es que los
argumentos de reproche de la parte actora se dirigieron a controvertir el contenido
de la providencia de segunda instancia, siendo aquella la que def inió el marco de
decisión de la presente providencia.

Lo anterior, aunado a que esa sentencia fue la que finalizó el proceso y ante la
eventualidad de que deba accederse al amparo pretendido la autoridad judicial
encargada de cumplir la orden y dictar una sentencia de reemplazo sería el Tribunal
Administrativo del Meta.

En suma, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo decidido en segunda instancia.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Meta con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la
sentencia proferida por esa autoridad judicial el18 de junio de 2025, por cuanto, a

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su juicio, incurrió en un defecto sustantivo, un defecto fáctico y un desconocimiento
del precedente jurisprudencial.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala revocará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse
con el requisito de relevancia constitucional, para en su lugar amparar los derechos
fundamentales por las razones que procederán a exponerse:

3.1 Análisis de los requisitos generales de procedencia

La acción de tutela cumplió con los requisitos genéricos de procedibilidad
enunciados por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) la cuestión que se
discute resulta de relevancia constitucional, en tanto se indicó que la autoridad
judicial accionada valoró de indebida forma el material probatorio aplicable al caso,
además, dicho debate tiene importantes repercusiones para los derechos
fundamentales del debido proceso, seguridad social y mínimo vital de la
demandante y no constituye una simple reiteración de lo discutido en el proceso,
pues envuelve una discusión de raigambre constitucional relacionada con el
principio constitucional de la cosa juzgada y la seguridad jurídica2; ii) se agotaron
todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; iii) el presente caso no se trata
de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto determinante en
la sentencia y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; iv) la parte
actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos que se transgredieron; v) no se ataca una sentencia de tutela; y
vi) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción
fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia
cuestionada 3.

2
Tal como se ha expuesto por esta misma Sala en asuntos similares, Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia de 27 de julio de 2022, exp. 11001-03-15-000-2022-03134-00
(AC).
3
La providencia fue notificada el 25 de junio de 2025 y el proceso de acción de tutela se presentó el
7 de octubre del presente año.

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Acción de tutela – Impugnación de fallo

3.2 Caracterización del defecto fáctico

1) El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito
específico de acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte
Constitucional ha reconocido que esta tipología tiene dos dimensiones: una negativa
y una positiva.

2) La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i)
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de
oficio en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado
a hacerlo.

3) Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una
valoración por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no
apta para ello, ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas,
si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con
medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en
que se basa la providencia.

3.3 Caracterización del defecto sustantivo

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura
cuando una providencia judicial se sustenta con base en fundamentos jurídicos a
todas luces no subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una
interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.” 4.

La Corte Constitucional estableció5 que el defecto sustantivo abarca múltiples
causas que pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y
que, por tal razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental
del debido proceso de las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por

4
Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015, MP Mauricio González Cuervo.
5
Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.

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la omisión de normas aplicables que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que
gobiernen una determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera
cuando una determinada autoridad judicial:

“i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones
previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto
manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del
que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o
claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –
horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso6.”.

3.4 Análisis conjunto de los defectos invocados en el caso concreto

1) En el asunto sub examine, la demandante alegó que el Tribunal Administrativo
del Meta incurrió en un defecto fáctico al no tener en cuenta la sentencia que declaró
la unión marital de hecho ni los testimonios ni pruebas restantes que daban por
acreditada la convivencia con el causante.

2) Frente a los aludidos cargos, es importante señalar que la sentencia cuestionada
del 18 de junio de 2025 estableció que, si bien existía una sentencia en la que se
declaró la unión marital de hecho, la señora Valencia Quinceno no logró demostrar
la convivencia con el causante durante un periodo mayor a 5 años, así:

“Continuando con el análisis probatorio, obran en el proceso de unión
marital de hecho otras declaraciones extraprocesales de los señores
James Pineda Alzate, María Claudia Burutica Cortés, Yamilet Buritica
Cortés, Luz Maide Márquez Urrea, quienes declararon sobre la
existencia de convivencia continua e ininterrumpida entre la señora
Liz Yaneth Valencia Quiceno y el señor Manuel Enrique Gaviria
Grisales por un tiempo aproximado de quince años (15) siete (7)
meses y doce (12) días

6
Corte Constitucional, sentencia T- 830 de 2012. MP, Jorge Ignacio Pretelt.

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Acción de tutela – Impugnación de fallo

De lo reseñado hasta el momento, se destaca la presunta
convivencia habida entre la señora Liz Yaneth Valencia Quiceno y el
causante, tal como también quedó reconocido mediante sentencia
del 26 de abril de 2017, que resolvió sobre la declaratoria de unión
marital de hecho. No obstante lo anterior, es dable precisar que, según
el testimonio rendido por la señora Manuela Gaviria Valencia, hija de
la demandada con el causante, la convivencia estaba supeditada a
los viajes continuos de su padre a la ciudad de Argelia donde poseía
una finca y vivía con su familia –padres y hermana-,
desconociéndose si en efecto compartían lecho, techo y mesa.

En esos términos, no debe olvidarse que la convivencia como requisito
sine qua non de una relación de pareja, no debe enmarcarse dentro de un
vínculo natural o jurídico sobre el cual se constituya una familia, contrario
sensu debe analizarse a partir de la concreción de una comunidad de vida
que en últimas se materializa con la convivencia efectiva.

(…).

Para la Corte, existe una clara diferencia entre el surgimiento de una
unión marital y de una sociedad patrimonial, pues, mientras la
primera no se constituye por formalismos, la segunda si requiere de
un tiempo específico de convivencia para que llegue a declararse. Sin
embargo, la Alta Corporación fue amplia en señalar que cualquier medio
probatorio serviría para demostrar la existencia de una unión.

Ahora, si bien es cierto dentro del expediente obra un documento que
da cuenta de la presunta unión marital entre la demandada y el señor
Manuel Enrique Gaviria Grisales – sentencia judicial de declaración
de unión marital de hecho -, para esta Sala no resultan procedentes
los argumentos dados por la apoderada de la parte recurrente, pues
la valoración conjunta de todo el material probatorio recaudado si
bien demuestra que ambos compartían en algunas situaciones, ello
no fue permanente, máxime si se tiene en consideración que el
causante constantemente viajaba de un lugar a otro, y la parte
recurrente estuvo por fuera del país durante una temporada según
fue plasmado en los testimonios de Manuela Gaviria y Blanca Adiela
Grisales de Gaviria.”. (archivo disponible en medio magnético en el índice
0002 del aplicativo SAMAI)

3) Como se observa del recuento de la sentencia atacada, el Tribunal Administrativo
del Meta reconoció expresamente que i) existía una sentencia que declaró la unión
marital del hecho y que, además, ii) los testigos aportados por la señora Valencia
Quinceno declararon al unísono que existió una convivencia continua con el
causante por un tiempo aproximado de quince años (15), siete (7) meses y doce
(12) días.

4) Sin perjuicio de ello, optó por no darles valor porque el causante viajaba
constantemente a otra ciudad y la aquí actora también lo hizo al extranjero durante
una temporada.

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Acción de tutela – Impugnación de fallo

5) Al respecto, la Sala debe recordar que la unión marital de hecho, según lo ha
señalado de manera pacífica la Corte Suprema de Justicia7, la Corte Constitucional 8
y esta Corporación 9, origina un “auténtico estado civil”, de manera que trasciende el
plano individual y se ubica en una dimensión colectiva, en donde es objeto de
protección del Estado 10 en la medida que hace parte de la personalidad de todo ser
humano y es inherente a su naturaleza 11.

6) A su vez, la Corte Constitucional ha reconocido que los jueces de familia son los
competentes para conocer sobre la declaración de uniones maritales de hecho 12.
Por esto, salvo que varíen los supuestos de hecho que dieron lugar a la declaración
de una unión marital de hecho por parte de los jueces de familia, esa decisión hace
tránsito a cosa juzgada y sus efectos precisan con certeza la relación jurídica objeto
de litigio13.

7) En consonancia con dicha competencia, la sentencia de 26 de abril de 2017
proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Tuluá Valle tiene efectos
de cosa juzgada y se impone ante terceros, pues allí se decidió sobre el estado civil
de la actora, de modo que las apreciaciones del tribunal accionado sobre la
valoración probatoria del juez de familia, más allá de que no las comparta, no
desvirtúan el efecto de cosa juzgada de dicha decisión, pues esta se encuentra
ejecutoriada en tanto decidió de manera definitiva un litigio14.

7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Autos de 18 de junio de 2008, expediente 00205; de 11 de

noviembre de 2008, radicado 01484; y de 19 de diciembre de 2008, expediente 01200. Sentencias de 11 de
marzo de 2009, expediente 00197; de 5 de junio de 2009, radicado 00025; de 19 de diciembre de 2012,
expediente 00003; de 5 de febrero de 2016, radicado 00443; de 24 de octubre de 2016, expediente 00069; y de
18 de mayo de 2018, radicado 00274. Esto, en concordancia con los artículos 4 de la Ley 169 de 1886 y 7 del
Código General del Proceso, y sentencia C-836 de 2001 de la Corte Constitucional.
8
Corte Constitucional, sentencias C-836 de 2001 de la Corte Constitucional y T-466 de 2023.
9
Consejo de Estado, Exp. 730012331000200700713-01.
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 23 de junio de 2021. M.P. Luis Armando

Tolosa Villabona. Radicación: 05001-31-10-012-2014-01811-01.
11 “[…] la personalidad jurídica (formada por todos sus atributos), está expresamente reconocida por la

Constitución como un derecho del ser humano, como algo inherente a él, de lo cual no puede jamás ser
despojado” Corte Constitucional, sentencia C-004/98.
12
“El legislador quiso regular las uniones maritales de hecho y darles un tratamiento especial que
corresponde a su materia (Derecho de familia), el procedimiento que se fijó para hacer efectivo dicho
tratamiento se estableció justamente en el juez que dentro de la jurisdicción ordinaria conoce de los
asuntos de familia, en tanto se ha visto que la Ley 54 de 1990 es una norma que regula y protege
[…] una de las dos formas que la Constitución ha previsto como posibilidades legales de constituir
una familia, esto es […] la unión marital de hecho>>. Corte Constitucional. Sentencia C-985 de 2005.
13
“Al operar la cosa juzgada, no solamente se predican los efectos procesales de la inmutabilidad y
definitividad de la decisión, sino que igualmente se producen efectos sustanciales, consistentes en
precisar con certeza la relación jurídica objeto de litigio”. Corte Constitucional, sentencia C-100 de
2019.
14
Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-466 de 2023.

14
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06304-01
Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno
Acción de tutela – Impugnación de fallo

8) En efecto, en una oportunidad anterior esta misma Sala de Decisión resolvió un
caso similar en el que también se pretendió desconocer los efectos de una sentencia
de un juzgado de familia por supuestas inconsistencias con la valoración que hizo
del caso dicha jurisdicción y amparó los derechos fundamentales de la parte actora
en el entendido que lo decidido en sede de nulidad y restablecimiento del derecho
“no se trata de un nuevo proceso de familia cuya pretensión sea desconocer la unión
marital de hecho de la actora, sino que se trata de un proceso contencioso
administrativo en donde debe aplicarse la sentencia del juez de familia 15”.

9) Dicha decisión fue confirmada por la Corte Constitucional en la sentencia T -466
de 2023, en la cual la aludida Corporación destacó lo siguiente:

“La sentencia en que se declaró la unión marital de hecho (…) hizo tránsito
a cosa juzgada, al no ser revocada ni modificada (…) Por lo tanto, [el
tribunal] incurrió en un defecto sustantivo al desconocer el artículo 4 de la
Ley 54 de 1990, que establece que la existencia de la unión marital de
hecho entre compañeros permanentes, puede declarase, entre otros
mecanismos, “[p]or sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de
prueba consagrados en el [CPC], con conocimiento de los Jueces de
Familia de Primera Instancia.

(…).

[El tribunal valoró la sentencia] como una prueba más para efectos de
decidir si existió o no la convivencia afectiva, permanente y pública entre
la accionante y el causante. No obstante, conforme al artículo 4 de la Ley
54 de 1990, la sentencia referida definió la relación jurídica determinada
por la unión marital de hecho (…), con efectos de cosa juzgada y oponible
a terceros por constituir una norma jurídica de carácter particular y
concreto.

En consecuencia, el tribunal accionado, sin justificación alguna,
desconoció los efectos de cosa juzgada de una sentencia judicial en firme
proferida por la autoridad competente de acuerdo con el artículo 4 de la
Ley 54 de 1990 y el numeral 20 del artículo 22 del CGP, este último que
dispone que los jueces de familia son competentes, en primera instancia,
de “los procesos sobre declaración de existencia de unión marital de hecho
y de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, sin perjuicio
de la competencia atribuida a los notarios”.

10) Así las cosas, la Sala advierte que no solo se incurrió en un defecto fáctico
en los términos invocados por la parte actora, sino que en aplicación del principio
iura novit curia se observa que el tribunal también incurrió en un defecto sustantivo,
en la medida que pasó por alto los efectos de cosa juzgada de los que estaba dotada

15
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 27 de julio de 2022, exp. 11001-
03-15-000-2022-03134-00 (AC).

15
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06304-01
Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno
Acción de tutela – Impugnación de fallo

la sentencia que declaró la unión marital de hecho entre la señora Liz Yaneth
Valencia Quinceno y el causante, desconociendo que la noción moderna de familia,
en los precisos términos en que lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional,
permiten reconocer la existencia de convivencias simultaneas cuando se prueba,
como en este caso, que el occiso convivía de manera concomitante con dos parejas
con quienes sostenía una relación de afecto, convivencia y apoyo mutuos.

11) Esa decisión de la jurisdicción de familia, de conformidad con la cita que
antecede, es oponible a terceros y no puede ser desconocida con fundamento en
prejuicios basados en apreciaciones individuales, subjetivas o mucho menos en
sesgos ideológicos que desconozcan la noción de familia amparada por la
Constitución Política de 1991, en el marco de un Estado Social de Derecho que
garantice la diversidad y el respeto por las instituciones, entre ellas, precisamente
la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

12) El tribunal no podía afincar su decisión en los reparos que tuviera con la
valoración probatoria del juez de familia, en tanto este ya había declarado la unión
marital de hecho y constatado, en el marco de su competencia y basado en los
principios de autonomía e independencia judicial, que entre la señora Valencia
Quinceno y el causante sí existió una convivencia durante un largo periodo y hasta
su muerte; asimismo, tampoco podía imponer su criterio y desconocer una
sentencia debidamente ejecutoriada y en firme sin desconocer los efectos de la cosa
juzgada fundado en apreciaciones como el hecho de que ambos miembros de la
pareja viajaban a otras ciudades, pues, lejos de desvirtuar la existencia de una
convivencia durante ese lapso, la cual por demás fue acreditada con otras pruebas
como lo reconoció el propio tribunal, ello no descartaba el hecho de que tal
convivencia existió y se prolongó en el tiempo.

13) Por consiguiente, se concederá el amparo de los derechos invocados y, en
consecuencia, se dejará sin efectos la providencia del 18 de junio de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta, en el proceso con radicación no. 50001-33-
33-001-2016-00403-01, y se le ordenará que, en el término de 10 días siguientes a
la notificación de esta providencia, dicte una decisión de reemplazo, en la cual tenga
en cuenta dicha norma y el precedente en la materia.

16
Expediente: 11001-03-15-000-2025-06304-01
Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno
Acción de tutela – Impugnación de fallo

14) No sobra recordar que el amparo aquí decretado, desde luego, no significa en
modo alguno que le corresponde la totalidad de la sustitución de la asignación de
retiro a la señora Liz Yaneth Valencia Quiceno, sino que, por el contrario, debe
analizarse la convivencia simultanea que tuvo el señor Manuel Enrique Gaviria
Grisales tanto con la señora Lina Marcela Ramírez Ríos como con la señora Liz
Yaneth Valencia Quiceno, por lo que, la orden va expresamente dirigida a que el
Tribunal Administrativo de Meta expida una nueva providencia de reemplazo, en el
marco de su competencia y de conformidad con los principios de autonomía e
independencia judicial que le son propios, en la cual tenga en cuenta las
consideraciones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela y, en su lugar, dispónese:

1º) Concédese el amparo de los derechos fundamentales de la señora Liz Yaneth
Valencia Quiceno.

2°) Déjase sin efectos la providencia del 18 de junio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Meta, en el proceso con radicación no. 50001-33-33-001-
2016-00403-01.

3º) Ordénase al Tribunal Administrativo del Meta que en el término de diez (10)
días, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva
decisión que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-06304-01
Demandante: Liz Yaneth Valencia Quiceno
Acción de tutela – Impugnación de fallo

5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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