Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06307-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-06307-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06307-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
22 de enero de 2026
Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06307-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., veintidós [22] de enero de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06307-01
Demandante: BEATRIZ ELENA ACEVEDO LOPERA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
SEGUNDA DE ORALIDAD Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la señora Beatriz Elena
Acevedo Lopera contra la sentencia de 13 de noviembre de 2025 por medio de
la cual el Consejo de Estado, Sección Cuarta declaró improcedente la solicitud
de amparo.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Beatriz Elena Acevedo Lopera en ejercicio de la acción de tutela, por
medio de apoderado judicial, señaló que se le vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y al mínimo vital.
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad, al revocar
parcialmente la decisión proferida por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín, que decretó la caducidad de la totalidad de las
pretensiones, y en su lugar, ordenó que se estudie la admisión, respecto de la
solicitud de reliquidación de los aportes al sistema de seguridad social en
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Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
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pensiones, derivados de la relación contractual entre las partes y se confirmó en
todo los demás, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con el radicado 05001-33-33-036-2024-00240-00/01.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
La señora Beatriz Elena Acevedo Lopera prestó sus servicios personales como
instructora al Servicio Nacional de Aprendizaje [en adelante SENA] desde el 10
de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2023, mediante la suscripción de 17
contratos de prestación de servicios.
El 7 de febrero de 2024 adelantó el procedimiento administrativo tendiente al
reconocimiento del contrato realidad y el pago de las acreencias laborales
correspondientes. No obstante, mediante oficio expedido el 16 de febrero de
2024, el SENA negó las pretensiones formuladas.
En desacuerdo con dicha decisión, el 26 de agosto de 2024 ejerció el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual correspondió por
reparto al Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.
Mediante auto de 5 de noviembre de 2024 la autoridad judicial rechazó la
demanda por considerar configurado el fenómeno jurídico de la caducidad, al
estimar que la parte actora contaba hasta el 17 de junio de 2024 para presentar
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Contra esa providencia, la parte demandante interpuso recurso de reposición y,
en subsidio, de apelación. El Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín decidió no reponer la providencia y concedió el recurso de
alzada.
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de
Oralidad revocó1 parcialmente el auto de primer grado, al considerar que las
pretensiones relacionadas con la protección del derecho fundamental a la
seguridad social en pensiones son de carácter irrenunciable e imprescriptible y,
por ende, no están sujetas al término de caducidad de la acción. Sin embargo,
precisó que dicha regla no resulta aplicable respecto de los demás emolumentos
salariales.
1 Mediante providencia de 25 de septiembre de 2025.
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1.3. Peticiones del amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de mi poderdante BEATRIZ
ELENA ACEVEDO LOPERA al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad y mínimo vital.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la providencia del 25 de
septiembre de 2025, proferida por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en lo que respecta a la confirmación del rechazo por
caducidad de las pretensiones de salarios y prestaciones sociales.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia que profiera una
nueva decisión en la que, aplicando el precedente judicial vinculante, revoque en
su totalidad el auto del 5 de noviembre de 2024 del Juzgado 37 Administrativo de
Medellín y, en su lugar, ordene a dicho juzgado admitir la demanda para todas las
pretensiones y continuar con el trámite de ley.2
1.4. Fundamento de la solicitud
La accionante señaló que celebró alrededor de 17 contratos bajo la modalidad
de prestación de servicios, con el objeto de impartir formación como docente en
las áreas de tecnologías en confección industrial, diseño de modas y gestión de
mercadeo, ofrecidas por el SENA.
Fundamentó su argumentación en que el fallo enjuiciado incurrió en un defecto
sustantivo, al aplicar de forma prevalente y descontextualizada la norma relativa
a la caducidad [artículo 164 del CPACA]. Al respecto, indicó que el error consistió
en otorgarle a una norma de naturaleza procesal un alcance que anula por
completo la norma sustancial y la jurisprudencia que protege el derecho laboral,
en particular, la prescripción trienal.
Asimismo, citó la sentencia de unificación SUJ-025-C3-S2-2021 del Consejo de
Estado, señaló que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial, toda
vez que en dicha providencia se estableció que el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado debe reclamarse dentro del término de 3 años contados a
partir de la terminación del vínculo contractual.
Por último, sostuvo que también se configura una violación directa de la
Constitución, al vulnerarse el mandato constitucional relacionado con los
2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.
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principios de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las
normas laborales. En ese sentido, consideró que no se trata de una simple
diferencia de criterio hermenéutico, sino de una decisión arbitraria y apartada del
precedente unificado.
1.5. Trámite e intervenciones
El 14 de octubre de 2025, el despacho sustanciador de primera instancia admitió
el mecanismo constitucional de la referencia, oportunidad en la que dispuso
notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado Treinta y Siete
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, y en calidad de terceros con
interés, al SENA, por ser la entidad demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
1.5.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que la presente acción
de tutela sea declarada improcedente.
Lo anterior, en razón a que la accionante pretende controvertir una decisión
judicial alegando desconocimiento del precedente, sin embargo, dicho
señalamiento no se traduce en una afectación grave y directa al núcleo esencial
de sus derechos fundamentales, sino que, por el contrario, la acción
constitucional se está utilizando como una instancia adicional para reabrir el
debate sobre la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Finalmente, señaló que la decisión judicial reprochada se encuentra
debidamente motivada, fundada en normas vigentes y aplicables, sin que pueda
evidenciarse una actuación susceptible de ser calificada como vía de hecho.
1.5.2. El SENA solicitó ser desvinculado del trámite constitucional, por cuanto la
entidad no había emitido ningún acto administrativo. Lo anterior, en la medida en
que la demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho no ha sido admitida, de manera que la acción de tutela no está llamada
a prosperar, ni siquiera como mecanismo transitorio.
1.5.3. El Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín señaló que no se acredita ninguna de las causales de procedencia de
la acción de tutela frente a providencias judiciales.
Lo anterior, al considerar que dicho mecanismo constitucional se está utilizando
como una tercera instancia. En ese sentido, precisó que la providencia atacada
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no constituye una vía de hecho, ni presenta defecto fáctico o defecto
procedimental absoluto, ni comporta la vulneración de una norma sustancial.
De igual manera, indicó que tampoco se configura el requisito de relevancia
constitucional, de manera que no se justifica exceptuar la aplicación de la
disposición legal cuestionada ni acudir a la excepción de inconstitucionalidad en
el caso concreto.
Por último, remitió el enlace del expediente 05001-33-33-036-2024-00240-00/01.
1.6. Sentencia impugnada
Mediante fallo de 13 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Cuarta declaró improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el
requisito adjetivo de la relevancia constitucional. En la misma providencia, negó
la solicitud de desvinculación presentada por el SENA.
La autoridad judicial fundamentó su decisión en que se evidenció la reiteración
de los mismos argumentos presentados por la parte actora dentro del recurso de
apelación formulado en el proceso ordinario. En ese sentido, precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales es de carácter excepcional, tal
como lo ha rectificado la Corte Constitucional en sentencia SU-590 de 2005.
Asimismo, explicó que el análisis realizado por el tribunal accionado abordó el
fenómeno de la caducidad desde dos perspectivas: (i) respecto de los aportes
pensionales, frente a los cuales concluyó que no operaba la caducidad, y (ii) en
relación con la reclamación de los derechos prestacionales y salariales, asunto
en el que coincidió con el juez de primera instancia al considerar que sí operaba
dicho fenómeno, por no tratarse de una prestación periódica y haberse superado
el término de 4 meses, una vez verificada la fecha de notificación de la decisión
del SENA y la de presentación de la demanda.
En consecuencia, concluyó que la acción de tutela no cumplía con los
presupuestos exigidos para su procedencia, al pretender reabrir un debate
propio del proceso ordinario y no evidenciarse una cuestión de relevancia
constitucional que habilitara la intervención del juez constitucional.
1.7. Impugnación
La señora Beatriz Elena Acevedo Lopera, mediante su escrito de impugnación,
manifestó que no se pretende obtener una tercera instancia dentro del proceso
ordinario.
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Sostuvo que lo que no se encuentra en discusión es la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, así como de los principios de prevalencia del
derecho sustancial y de primacía de la realidad sobre las formalidades.
Asimismo, resaltó que el amparo deprecado en contra de la providencia judicial
tiene como finalidad la protección de los beneficios irrenunciables establecidos
en las normas laborales, en la medida en que se antepuso un presupuesto de
carácter procesal al derecho sustancial derivado de una relación laboral superior
a 15 años.
Finalmente, expresó que no puede pasarse por alto el desconocimiento del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en tanto se está
privando al administrado -quien prestó sus servicios personales, subordinados y
remunerados- de la posibilidad de obtener un pronunciamiento de fondo sobre
sus pretensiones.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
señora Beatriz Elena Acevedo Lopera, de conformidad con el Decreto 2591 de
1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el
Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 13 de noviembre de 2025, en la cual se
declaró improcedente la acción de tutela presentada por la accionante.
Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) generalidades de la acción
de tutela, (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y (iii) el caso en concreto:
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20123
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema4.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de
la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales5.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Ahora bien, frente al estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de
la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022
en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara al requisito de
relevancia constitucional, así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 20147, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración
de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una
vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque
estas controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la
tutela no puede convertirse en una tercera instancia8.
Sobre el particular, se considera, que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.
En primera medida se recuerda que, en el escrito de tutela, se indicó que la
providencia controvertida incurrió en una vía de hecho al desconocer el
precedente y sacrificar el derecho sustancial laboral mediante una interpretación
estrictamente procesal de la caducidad.
Ahora bien, del contenido del libelo se establece que los planteamientos del actor
se enmarcan en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de
septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
8 Énfasis de la sala.
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judicial.
No obstante, es posible concluir que los razonamientos expuestos pretenden
convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia.
Sobre el particular, se itera que en materia de tutelas contra providencias
judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de
la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre iusfundamental esgrimidos por
la parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
motivos de los accionantes frente a la apreciación jurídica del proceso
contencioso expuestos en la solicitud de amparo sin el debido contraste de un
indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, ello atentaría
contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el
mecanismo amparo en una tercera instancia.
En este orden de ideas, para esta Sala el debate que se refiere al defecto
sustantivo9 no cumple con la carga argumentativa necesaria para ser estudiados,
en el marco de la trasgresión de derechos fundamentales, pues no desvirtúa el
análisis realizado por el tribunal.
Al respecto, se resalta que la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
se fundamentó en las siguientes consideraciones:
i) Que operó el fenómeno jurídico de la caducidad respecto de las
acreencias laborales distintas de las correspondientes a la cotización
al sistema de pensiones, por tratarse de pretensiones que no tienen
carácter periódico y que fueron formuladas por fuera del término de 4
meses previstos para el ejercicio del medio de control.
ii) Que, en cambio, las pretensiones relacionadas con el reconocimiento
de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones recaen
sobre un derecho de naturaleza irrenunciable e imprescriptible, razón
por la cual no se encuentra sujeto al término de caducidad, además de
corresponder a una prestación de tracto sucesivo o periódico.
9 La parte actora consideró que la providencia judicial enjuiciada incurrió en el defecto sustantivo,
al aplicar de forma prevalente y descontextualizada la norma relativa a la caducidad [artículo 164
del CPACA]. Al respecto, indicó que el error consistió en otorgarle a una norma de naturaleza
procesal un alcance que anula por completo la norma sustancial y la jurisprudencia que protege
el derecho laboral, en particular, la prescripción trienal.
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Por consiguiente, esta Sala no encuentra que la decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en cuanto declaró operante la caducidad respecto
de las pretensiones salariales y prestacionales, configure una vía de hecho o un
defecto sustantivo susceptible de control constitucional, pues se sustentó en una
interpretación razonable y conforme al ordenamiento jurídico del artículo 164 del
CPACA.
Los reproches formulados por la parte actora se circunscriben a manifestar su
desacuerdo con dicha conclusión, sin aportar elementos que permitan advertir
una afectación iusfundamental que habilite la intervención del juez constitucional.
2.4.2. Ahora bien, en este mismo sentido, se advierte que el cargo de
desconocimiento del precedente judicial tampoco satisface la carga
argumentativa para ser estudiado10 en sede constitucional, en la medida en que
la parte accionante no explicó ni desarrolló un análisis de fondo acerca de la
forma en que la providencia cuestionada habría transgredido sus derechos
fundamentales.
En efecto, la señora Beatriz Acevedo se limitó a citar la sentencia de unificación
SUJ-025-CE-S2-2021 del Consejo de Estado, para afirmar que el Tribunal
Administrativo de Antioquia desconoció la regla según la cual el reconocimiento
del contrato realidad y el pago de las prestaciones derivadas deben reclamarse
dentro del término de 3 años contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, con la interrupción del término de prescripción mediante reclamación
administrativa. No obstante, omitió explicar de qué manera concreta dicha regla
resultaba aplicable al caso examinado, ni cómo su inobservancia habría tenido
incidencia directa a la decisión adoptada o en la eventual vulneración de sus
derechos fundamentales.
En todo caso, conviene precisar que la sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021 regula el régimen de prescripción de los derechos laborales de
naturaleza sustancial derivado del reconocimiento del contrato realidad [relación
laboral encubierta], mas no incide ni sustituye el término de caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 164
del CPACA, el cual constituye un presupuesto procesal autónomo e inderogable.
Por ello, la invocación de dicho precedente resulta insuficiente para estructurar
un cargo por desconocimiento del precedente judicial frente a una decisión que
10 Consultar en similar sentido Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, providencia de 24 de abril de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-01617-
00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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se limitó a aplicar una regla procesal vigente y obligatoria, sin que se derive, por
sí mismo, vulneración alguna de derechos fundamentales.
Por tal razón, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este presupuesto,
en atención a que no se justificó la presencia de una posible trasgresión de las
garantías constitucionales del tutelante, sino que, por el contrario, se advierten
argumentos con el fin de acceder a sus intereses, para, a su vez, disentir del
análisis efectuado por la autoridad judicial de segundo grado demandada.
De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la
controversia planteada por la parte accionante, la Sala advierte que esta no se
encuentra ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional,
máxime cuando sus argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa,
lo que conduce a concluir la improcedencia del amparo solicitado.
Por lo tanto, para esta Sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»11 y por ello, al funcionario
constitucional no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
2.5. Conclusión
Así las cosas, se confirmará la sentencia de 13 de noviembre de 2025, mediante
la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
Por lo tanto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de noviembre de 2025, por medio
de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la improcedencia de
la acción de tutela de la referencia.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-
573 de 2017 y C-590 de 2005.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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