Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06383-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06383-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06383-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
9 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., nueve (09) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06383-00
Accionante: Ana Esther del Rosario Chaves y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
improcedencia / falta de legitimación en la causa por activa.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de
amparo constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 9 de octubre de 2025, el abogado Jhordan Andrey López Jurado, actuando en
calidad de agente oficioso de la señora Ana Esther del Rosario Chaves, en su
condición de representante legal de la sociedad Inversiones Pasto S.A.S., así como
de los señores Juanita y Catalina Chávez Guerrero y Mesías Rafael Chávez
Caicedo, presentó demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño,
en busca de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad. Considera que estos fueron
vulnerados por la autoridad accionada al proferir la sentencia del 28 de febrero de
20252, al interior del proceso de reparación directa3 que promovieron las personas
antes mencionadas en contra de la empresa Centrales Eléctricas de Nariño –
CEDENAR S.A. E.S.P y la Previsora S.A. Compañía de Seguros, cuyo propósito era
la declaración de responsabilidad de las demandadas por los perjuicios que
ocasionaron como consecuencia de un incendio que se asocia a una falla en el
servicio de energía eléctrica.
2.
En la providencia cuestionada el Tribunal Administrativo de Nariño revocó la
decisión del a quo, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda. Estimó
1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2
Notificada el 9 de abril de 2025, según la información visible en el aplicativo SAMAI.
3
Con número de radicado 52001-33-33-005-2017-00286-01.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06383-00
Accionante: Ana Esther del Rosario Chaves y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
que la valoración en conjunto de las pruebas practicadas no permitía establecer con
certeza la ocurrencia de la culpa exclusiva y excluyente de un tercero como causal
eximente de responsabilidad, tema que fue el sustento del recurso de apelación.
Igualmente precisó que no era clara la causa del incendio.
3.
Afirmó que si bien en el predio donde se generó aquel se estaba construyendo un
trapiche sin ningún permiso y constituía un riesgo latente que se podía concretar en
diferentes daños, no existía certeza respecto de la razón por la cual las cuerdas se
trozaron en el mismo punto encima del trapiche. Tampoco se demostró que existiera
acción u omisión por parte de la demandada, que pudiera ser la causa del hecho
dañoso. Y, en el caso había una tercera hipótesis, la cual era la fuerza mayor ante
la inclemencia del clima veraniego, que también pudo causar el incendio.
4.
Sostuvo que en el caso estaba demostrado el daño antijurídico, el cual era el
incendio, y los perjuicios que de él se derivaron. No obstante, no se acreditó la falla
en el servicio que hubiese sido la causa eficiente del daño y menos aún el nexo
causal con la actividad de la administración.
5.
La parte actora manifestó que lo indicado por el Tribunal Administrativo de Nariño
en su decisión era completamente contradictorio, pues a pesar de asegurar que el
asunto debía resolverse a la luz del régimen de riesgo excepcional, negó las
pretensiones por no acreditar la falla en el servicio.
6.
Adujo que, tal como se manifestó en la sentencia de primera instancia, existió un
nexo entre la actividad riesgosa y el daño causado, pues este último se produjo por
las chispas generadas a raíz del cortocircuito, lo cual es probatoriamente claro
dentro del proceso. También quedó acreditado que en la conducción de energía es
usual la generación de cortocircuitos en las redes eléctricas, ya sea por los vientos,
ramas, arboles, animales, etc., lo cual hace parte inherente de dicha actividad y es
justamente la razón por la cual se debe tomar el riesgo excepcional como régimen
jurídico de responsabilidad.
7.
De esa manera, aunque en el proceso se acreditaron los elementos necesarios
para configurar la responsabilidad de la entidad demandada bajo dicho régimen, el
Tribunal exigió una carga probatoria adicional y excesiva.
8.
Indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, en la medida en que
jurisprudencialmente el Consejo de Estado ha establecido que los daños generados
con ocasión del desarrollo de actividades peligrosas deben analizarse bajo el
régimen de responsabilidad objetiva, aplicando la teoría del riesgo excepcional,
como lo es la actividad de conducción de energía eléctrica.
9.
Expresó que incluso se demostró que las entidades demandadas no realizaron el
mantenimiento de la red de baja tensión en los términos exigidos por la normativa.
Y, que a pesar de conocer los riesgos que podía generar la construcción artesanal
levantada en el poste de energía, no adoptaron las medidas necesarias para
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06383-00
Accionante: Ana Esther del Rosario Chaves y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
prevenir o mitigar el peligro. Sin embargo, dicha demostración no era indispensable,
dado que, tratándose de un régimen de responsabilidad objetiva, no se requería
acreditar la falla en el servicio.
10.
Finalmente, manifestó que la parte accionada no logró acreditar ninguna causal
eximente de responsabilidad. Por lo que no hay motivo razonable para que se
exigiera una carga probatoria mayor a lo demostrado.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
11. Mediante auto de 15 de octubre de 20254, se requirió al abogado Jhordan Andrey
López Jurado para que expusiera los motivos por los cuales los señores Ana Esther
del Rosario Chaves, Juanita y Catalina Chávez Guerrero y Mesías Rafael Chávez
Caicedo se encontraban imposibilitados para ejercer directamente la defensa de los
derechos fundamentales cuya protección se invoca en el presente trámite.
12. Para cumplir la anterior carga, el mencionado abogado expresó que los titulares
del derecho se encuentran en una situación de imposibilidad material para ejercer
por sí mismos esta acción, debido a que no cuentan con el nivel de escolaridad ni
los conocimientos jurídicos necesarios para estructurar adecuadamente una tutela
contra una providencia judicial. Además, carecen de acceso a herramientas
tecnológicas e internet, debido a que residen en una zona de difícil acceso y, son
personas extremadamente humildes.
13. Por auto de 4 de noviembre de 20255, se resolvió admitir la demanda, notificar de
su presentación a la autoridad judicial accionada, vincular a la empresa Centrales
Eléctricas de Nariño – CEDENAR S.A. E.S.P y a la Previsora S.A. Compañía de
Seguros, en calidad de terceros con interés, negar el decreto de la solicitud
probatoria, así como comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado. También se requirió al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Pasto para que remitiera copia digital del expediente 52001-33-33-005-
2017-00286-00/01.
(i) Tribunal Administrativo de Nariño6.
14.Expresó que, si bien la jurisprudencia adoptó en forma pacífica la concepción de
que la conducción de energía eléctrica es una actividad peligrosa, no es menos cierto
que en cada proceso judicial se hace necesario establecer, a través de las pruebas,
cuáles fueron las circunstancias en las que se verificó el daño, en tanto puede ocurrir,
como en el caso que es objeto de esta acción, que por falta de prueba no se
demuestre que existió un nexo causal.
15. Señaló que en el escrito de tutela no se enuncia cuáles son aquellos casos que
permitirían deducir la vulneración de los derechos alegados. Agregó que es
necesario relevar que el acceso a la administración de justicia no implica una
4
Notificado el 17 de octubre de 2025.
5
Notificado el 10 de noviembre de 2025.
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Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 14 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06383-00
Accionante: Ana Esther del Rosario Chaves y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
declaración positiva a las pretensiones de los actores, en detrimento de la
normatividad jurídica, constitucional y legal y el desconocimiento del derecho
procesal. Además, no se pueden trasladar las falencias de las demandas y las
pruebas a quienes deciden los procesos.
16. Expresó que la acción de tutela no es una instancia más del proceso ordinario y
que en ningún caso las situaciones que se demostraron en el proceso ordinario se
pueden variar a través de la acción constitucional.
(ii) CEDENAR S.A E.S. P7.
17. Arguyó que al analizar el caso concreto se podía concluir que el Tribunal
accionado no incurrió en alguno de los defectos endilgados al fallo acusado, en la
medida en que realizó el estudio sobre la culpa exclusiva y determinante de un
tercero con base en las pruebas allegadas al proceso. Igualmente aplicó la
jurisprudencia relativa al título de imputación objetivo por riesgo excepcional.
(iii) Agente oficioso - Jhordan Andrey López Jurado-
18. Allegó un memorial en el cual solicitó que se tenga en cuenta como prueba
sobreviniente la sentencia de 31 de enero de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, radicado 52001333300920170003501 acumulado con
52001333300920170002701 (11257), la cual constituye precedente horizontal,
debido a que versa sobre los mismos hechos, involucra a las mismas entidades,
aplica el mismo régimen jurídico y, es emanada del mismo Tribunal, pero diferente
Sala.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Análisis del caso concreto
19. La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo, pues se
encuentra que el actor carece de legitimación en la causa por activa para promover
la presente acción constitucional.
20. Según el artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona puede acudir a
la acción de tutela, bien sea por sí misma o a través de un representante, para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública y, excepcionalmente, de los particulares.
21. En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10° del Decreto 2591 de
1991, por el cual se reglamenta el ejercicio de la acción de tutela, establece que “La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante (…).”
7
Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 30 folios con anexos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06383-00
Accionante: Ana Esther del Rosario Chaves y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
22. De las anteriores normas se desprende que uno de los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela es que quien la solicite se encuentre “legitimado en la causa
por activa” para buscar la protección de sus derechos fundamentales. Es decir, este
requisito exige que los derechos a resguardar estén en cabeza del accionante y no,
en principio, de otra persona. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha
precisado:
«La tutela es un medio de defensa de derechos fundamentales, que toda persona puede
instaurar “por sí misma o por quien actúe a su nombre” (CP art. 86). No es necesario, que
el titular de los derechos interponga directamente el amparo, pues un tercero puede hacerlo
a su nombre. El tercero debe sin embargo tener una de las siguientes calidades: (i)
representante del titular de los derechos, (ii) agente oficioso, o (iii) Defensor del Pueblo o
personero municipal 8 .En específico: (i) representante puede ser, por una parte, el
representante legal (cuando el titular de los derechos sea menor de edad, incapaz absoluto,
interdicto o persona jurídica), y por otra el apoderado judicial (en los demás casos). Para
ser apoderado judicial, la persona debe ser abogado titulado y a la acción debe anexar
poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo9 (ii) Como agente
oficioso puede obrar un tercero “cuando el titular de los mismos [es decir, de los derechos]
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra
deberá manifestarse en la solicitud” (Dcto 2591 de 1991 art. 10). (iii) El Defensor del Pueblo
y los personeros municipales pueden instaurar la tutela conforme a la ley y la jurisprudencia
a nombre de quien se los solicite o esté indefenso»10.
23.Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional indicó que, so pretexto de ejercer la
acción de tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la
representación de otra persona, ni la informalidad propia de este mecanismo de
protección constitucional supone que no existan requisitos mínimos de
procedibilidad como la legitimación en la causa por activa11. Al respecto,
sostuvo:
«Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige que quien
solicita el amparo constitucional se encuentre ‘legitimado en la causa’ para presentar la
solicitud de protección de sus derechos fundamentales. Dicha legitimación puede ser ‘por
activa’ o ‘por pasiva’. Por la primera exige que el derecho cuya protección se invoca sea
un derecho fundamental propio y no, en principio, de otra persona 12 . La segunda se
entiende satisfecha con la correcta identificación de las autoridades responsables de la
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados13, destacando a la vez
que su adecuada integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a
la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda
asistir en los hechos que son materia de la controversia constitucional.
8
Artículo 10, Decreto 2591 de 1991: “[l]a acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí mismo o a través de representantes. Los
poderes se presumirán auténticos. || También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. […] También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales
9
Sentencia T-531 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett). En esa ocasión, la Corte negó la acción de tutela interpuesta
por una persona, entre otras razones porque no tenía la condición de apoderado judicial. Para sostener ese punto, señaló que
el apoderamiento judicial sólo existía allí donde se daban las siguientes condiciones: “[…] Dentro de los elementos del
apoderamiento en materia de tutela la Sala señala que el mismo es (i) un acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por
escrito. (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume auténtico. (iii) El referido poder para promover acciones
de tutela debe ser especial. En este sentido (iv) El poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un
determinado proceso no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento
a estos tengan origen en el proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del
derecho habilitado con tarjeta profesional”.
10
SU-377 de 2014.
11
Corte Constitucional, sentencia T-417 del 8 de julio de 2013.
12
Original de la cita: “Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)”.
13
Original de la cita: “En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: ‘Artículo 13. La acción se dirigirá contra la
autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental [...]’”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06383-00
Accionante: Ana Esther del Rosario Chaves y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
“Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien demanda en causa
propia la protección de derechos fundamentales debe estar debidamente acreditado, pues
de lo contrario carece de legitimidad para instaurar la acción de tutela»14.
24.
En el caso objeto de estudio, se advierte que el señor Jhordan Andrey López
Jurado, actuando en calidad de agente oficioso de la señora Ana Esther del Rosario
Chaves, Juanita y Catalina Chávez Guerrero y Mesías Rafael Chávez Caicedo,
presentó demanda de tutela con el fin de que se deje sin efectos el fallo de 28 de
febrero de 2025, dictado al interior del proceso de reparación directa que
promovieron las personas anteriormente nombradas (no el señor López Jurado) en
contra de la empresa Centrales Eléctricas de Nariño – CEDENAR S.A. E.S.P y la
Previsora S.A. Compañía de Seguros.
25. No obstante, una vez revisado
el expediente se advierte que el señor Jhordan
Andrey López Jurado no actuó como demandante, demandado, tercero con interés,
coadyuvante o sucesor procesal dentro del mencionado proceso tramitado en el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto y el Tribunal Administrativo de
Nariño, bajo el radicado 52001-33-33-005-2017-00286-00/01; sino que fue el
apoderado judicial de la parte demandante, es decir, de Ana Esther del Rosario
Chaves, Juanita y Catalina Chávez Guerrero y Mesías Rafael Chávez Caicedo, sin
que hubiere allegado el correspondiente poder para actuar en el presente trámite
constitucional en su representación.
26.
Para esta Sala es claro que el señor López Jurado no es el directamente afectado
con la decisión a la que le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
invocados, toda vez que el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Nariño tiene
incidencia directa únicamente en los derechos de los demandantes del proceso
ordinario, no en el señor López, quien simplemente es el apoderado judicial de
aquellos dentro del medio de control de reparación directa.
27.
Ahora, si bien el mencionado abogado dijo actuar como agente oficioso de dichas
personas naturales y de una persona jurídica, las razones expuestas no son de
recibo. Concretamente indicó que aquellos (i) no cuentan con el nivel de escolaridad
ni los conocimientos jurídicos necesarios para estructurar adecuadamente una tutela
contra una providencia judicial; (ii) carecen de acceso a herramientas tecnológicas e
internet, debido a que residen en una zona de difícil acceso y; (iii) son personas
extremadamente humildes.
28.
En este punto, cabe recordar que la jurisprudencia constitucional15 ha establecido
ciertos requisitos mínimos necesarios para actuar como agente oficioso, entre los
que se encuentran, que: (i) quien interpone la acción debe manifestar expresamente
que lo hace en calidad de agente oficioso o que de los hechos se haga evidente que
actúa como tal; y (ii) debe inferirse que la persona afectada está imposibilitada para
acudir a la acción de tutela directamente.
14
Corte Constitucional, sentencia T-382 del 19 de julio de 2016.
15
Sentencia T-353 de 2018, T-430 de 2017, SU-055 de 2015, T-072 de 2019, T-528 de 2019 y T-382 de 2021, entre otras.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06383-00
Accionante: Ana Esther del Rosario Chaves y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
29.
Para el caso concreto, el señor López, indicó de manera expresa en el escrito de
tutela que actuaba en calidad de agente oficioso. No obstante, omitió acreditar, si
quiera de forma sumaria, el motivo por el cual los titulares de los derechos estaban
imposibilitados para promover su propia defensa o, en su defecto, otorgarle poder
para que los representara en esta acción. Ni la Sala pudo inferir que dichas personas
estén imposibilitadas para acudir a la acción de tutela directamente. Es decir, aunque
es posible el ejercicio de la acción de tutela a través de agente oficioso, incluso
cuando se cuestiona una providencia judicial, en el caso bajo estudio no se presentan
razones validas ni se acreditan situaciones razonables que habiliten al profesional
en derecho a actuar en nombre de las demandantes del proceso ordinario, sin contar
con un mandato.
30. Particularmente se advierte que una de las agenciadas es la representante legal
de una sociedad, concretamente, de Inversiones Pasto S.A.S., empresa que según
el registro único empresarial y social, está activa, con un capital suscrito, autorizado
y pagado de más de $600.000.000, y cuenta con un correo electrónico para
notificaciones judiciales. Esas situaciones desvirtúan por completo los argumentos
esgrimidos por el actor para justificar su actuar como agente oficioso de la misma y,
permite deducir que, por lo menos esa accionante no está impedida de forma alguna
para promover por cuenta propia esta acción u, otorgar poder a un profesional del
derecho. Resulta importante advertir que el certificado de existencia y representación
que se tomó es el que reposa en el expediente ordinario, pero el referido abogado
no aportó un documento actualizado que ponga en duda la información que ahí
reposa, o que pueda dar cuenta de un cambio en esos datos.
31. Así mismo, respecto a todos los agenciados, el abogado López Jurado omitió
expresar y demostrar el motivo por el cual le fue imposible comunicarse con ellos
para que, de ser el caso, le otorgaran poder para que los representara en este asunto
constitucional. Más aún, cuando ya había sido apoderado de los mismos en el
proceso de reparación directa, en el que fue emitida la decisión ahora cuestionada,
y dentro del cual no se vislumbró alguna de las situaciones que el profesional del
derecho ahora trae a colación.
32. LaSala estima que no se puede apelar a la figura de la agencia oficiosa,
simplemente destacando falencias económicas o ausencia de conocimientos
específicos, pues esas situaciones no constituyen por sí mismas impedimentos para
acudir a la acción de tutela. Más aún considerando que ante el juez constitucional
comparece un abogado que no expone situaciones que le hayan impedido contactar
a sus representados en el proceso ordinario para obtener un poder que lo habilite
para ejercer su defensa en sede constitucional.
33.
En este punto, es importante resaltar que, aunque el señor López fue el apoderado
judicial de los demandantes en el referido asunto ordinario, la personería con la que
allí contaba no lo faculta para promover la presente solicitud de amparo, toda vez
que para ello requiere un poder especial conferido en debida forma por los titulares
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-06383-00
Accionante: Ana Esther del Rosario Chaves y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
del derecho para poder interponer la acción de tutela en su nombre y
representación16.
34.
Por consiguiente, la Sala concluye que el señor Jhordan Andrey López Jurado
carece de legitimación en la causa por activa dado que no es parte en el proceso de
reparación directa donde fue expedida la decisión acusada y no se cumplen los
presupuestos para actuar como agente oficioso, razón por la cual, se debe declarar
improcedente el amparo solicitado.
35.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE17
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
16
Corte Constitucional, sentencia T-1025 de 2006, T-493 de 2007, entre otras, Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia
de 28 de marzo de 2019, rad. 20001233300020180030101.
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