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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06383-01

Fecha
9 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06383-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

9 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06383-01 (1479)
Accionantes: Ana Esther del Rosario Chaves y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de reparación directa.
Subtema 2: responsabilidad administrativa por lesiones. Subtema 3: falta de
legitimación.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por el apoderado de la parte actora contra la sentencia
del 9 de diciembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A.

1. Síntesis del caso

El abogado Jhordan Andrey López Jurado, actuando en su calidad de agente
oficioso de los señores Ana Esther del Rosaro Chaves1, Juanita y Catalina Chaves
Guerrero y Mesías Rafael Chaves Caicedo, presentó acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia e igualdad, que consideró vulnerados con ocasión de
la sentencia del 28 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, dentro del expediente de reparación directa con radicado núm. 52001-33-
33-005-2017-00286-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1.
A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

1
En el escrito de tutela se menciona que la señora Ana Esther del Rosario Chaves es la representante legal de la sociedad
Inversiones Pasto S.A.S.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06383-01 (1479)
Accionantes: Ana Esther del Rosario Chaves y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

2.
Los señores Ana Esther del Rosario Chaves, Juanita y Catalina Chaves
Guerrero y, Mesías Rafael Chaves Caicedo son propietarios de un terreno
denominado «Chupadero» junto con sus mejoras (trapiche y casa de habitación),
ubicado en la vereda «Catauca» corregimiento de Santacruz de Robles del
municipio de La Florida, Nariño.

3.
Las empresas Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P., (CEDENAR),
PROVEINGSUR S.A.S. celebraron el contrato núm. 135-2015 de 15 de enero de
2015, con el objeto de que esta última prestara el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo del sistema de distribución de CEDENAR S.A. E.S.P., en las
redes de Nivel I, II y III de la zona occidente, entre los municipios de Sandoná y La
Florida.

4. El señor José Daniel Quistial Rojas es propietario de una finca denominada
como «Chitaurco», ubicada en el municipio de Sandoná, en la que existe un trapiche
que no contaba con licencia de construcción o licencia ambiental.

5. El 14 de septiembre de 2015, en la propiedad del señor Quistial Rojas se originó
un incendio, con ocasión de un corto circuito de la red eléctrica de CEDENAR S.A.
E.S.P., el cual se propagó hasta los terrenos de los señores Ana Esther del Rosaro
Chaves, Juanita y Catalina Chaves Guerrero y, Mesías Rafael Chaves Caicedo.

6. Los accionantes presentaron demanda de reparación directa contra CEDENAR
S.A. E.S.P. y la compañía de seguros la Previsora S.A., con el fin de obtener el
resarcimiento de los perjuicios materiales y morales ocasionados con los hechos
ocurridos el 14 de septiembre de 2015, en los que resultaron afectados sus cultivos
de caña panelera, azúcar, limón, maracuyá y pasto nativo.

7. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pasto, mediante sentencia del
10 de febrero de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Contra dicha decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación.

8.
El Tribunal Administrativo de Nariño, a través de providencia del 28 de febrero
de 2025, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que no se demostró el nexo causal entre el daño
alegado por los demandantes y la actividad de las entidades demandadas.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:

CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad, en favor de la señora ANA ESTHER DEL
ROSARIO CHAVES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.715.325 expedida
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06383-00, índice 2, certificado núm. AB559647AA63EC05 EDDB12BFC94C9D2C
6517BB426E821252 16CD1CFAE2BC1360.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06383-01 (1479)
Accionantes: Ana Esther del Rosario Chaves y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

en Pasto, quien obra en representación de INVERSIONES PASTO S.A.S., con NIT
814003209-9; JUANITA CHAVES GUERERRO, identificada con cédula de ciudadanía
No. 1.085.295.245 de Pasto; CATALINA CHAVES GUERRERO, identificada con
cédula de ciudadanía No. 1.085.254.221 de Pasto y MESÍAS RAFAEL CHAVES,
identificado con cédula de ciudadanía No. 12.969.968 de Pasto.

DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, el día 28 de febrero de 2025.

ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, que profiera sentencia
con el respeto a mis garantías constituciones y con apego al precedente
jurisprudencial correspondiente al régimen de responsabilidad objetiva por riesgo
excepcional en actividades peligrosas, sin incurrir en la solicitud de pruebas
excesivas.

En forma especial solicitó al señor Juez se sirva adoptar todas las medidas que
considere pertinentes para asegurar la protección de los derechos fundamentales
enunciados en la presente acción3.

10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte tutelante manifestó que la
providencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente porque no tuvo
en cuenta que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha determinado que los
daños ocasionados con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas deben
analizarse bajo el régimen de responsabilidad objetiva, con base en la teoría del
riesgo excepcional como lo es la labor de conducción de energía eléctrica.

11. Asimismo, agregó que en el proceso ordinario se argumentó y se demostró que
las entidades demandadas no realizaron el mantenimiento de la red de baja tensión
en los términos exigidos por la normativa. Así pues, a pesar de conocer los riesgos
que podía generar la construcción artesanal de un poste de energía, no adoptaron
las medidas necesarias para prevenir o mitigar el peligro.

12. Resaltó que, la actividad probatoria desarrollada por los demandantes al interior
del proceso de reparación directa fue suficiente, pues tratándose de un régimen de
responsabilidad objetiva, no se requería acreditar la falla en el servicio.

13. Por otra parte, expuso que la parte demandada no logró acreditar ninguna
causal eximente de responsabilidad. Por lo que no hay motivo razonable para que
se exigiera una carga probatoria mayor a lo demostrada.

2.3. Trámite procesal

14. El despacho ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante auto del 15 de octubre de 20254, requirió al apoderado de los
señores Ana Esther del Rosaro Chaves, Juanita y Catalina Chaves Guerrero y
Mesías Rafael Chaves Caicedo para que expresara los motivos por los cuales

3
Se transcribe incluso con errores
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06383-00, índice 4, certificado núm. 664071877BC092F6 20F3C34C3D837268
FDA2A25331667CE2 E7631A9026DC143B.
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06383-01 (1479)
Accionantes: Ana Esther del Rosario Chaves y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

encontraban imposibilitados para ejercer directamente la defensa de los derechos
fundamentales cuya protección se invocó.

15. El apoderado de la parte actora, a través de memorial del 20 de octubre de
20255, informó que los titulares del derecho se encuentran en una situación de
imposibilidad material para ejercer por sí mismos la tutela, debido a que no cuentan
con el nivel de escolaridad ni los conocimientos jurídicos necesarios para estructurar
adecuadamente una tutela contra una providencia judicial. Además, carecen de
acceso a herramientas tecnológicas e internet, debido a que residen en una zona
de difícil acceso y, son personas extremadamente humildes.

16. Posteriormente, el despacho ponente de la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, por auto del 4 de noviembre de 20256, admitió la acción,
ordenó notificar a la autoridad accionada, esto es, al Tribunal Administrativo de
Nariño y, puso en conocimiento el escrito de tutela a la empresa Centrales Eléctricas
de Nariño, CEDENAR S.A. E.S.P y a la Previsora S.A. Compañía de Seguros, en
calidad de terceros interesados.

2.4. Intervenciones

17. El Tribunal Administrativo de Nariño7 manifestó que, si bien la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha considerado de forma pacífica que la conducción de energía
eléctrica es una actividad peligrosa, también es cierto que en cada proceso judicial
es necesario demostrar cuáles fueron las circunstancias en las que se ocasionó el
daño, que permitan atribuirlo a la entidad pública demandada, en tanto puede
ocurrir, que la parte interesada por falta de prueba hubiese demostrado que existió
un nexo causal.

18. Expuso que no es dable trasladar las falencias de la actividad probatoria de las
partes a las autoridades judiciales que deciden los procesos.

19.
Por otra parte, indicó que en el escrito de tutela no se enunciaron las
providencias judiciales que fueron desconocidas, en cuyo contenido se hayan
resuelto asuntos de similares condiciones fácticas y jurídicas al planteado por los
tutelantes. De manera que no era posible deducir la vulneración de los derechos
alegados.

20. Agregó que el acceso a la administración de justicia no implica una declaración
positiva a las pretensiones de los actores, en detrimento de la normativa
constitucional y legal y, el desconocimiento del derecho procesal.

21. Expresó que la tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario y que

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06383-00, índice 8, certificado núm. 52AA4FBEA701967D D71B27C3434584AF
647BA5FB74B51AF8 728FB21B5125B648
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06383-00, índice 10, certificado núm. AD072D6C588B25D6 4E370004E71D9394
68289106E773E352 BC6D05732BE80E16.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06383-00, índice 15, certificado núm. 2DC6657099B9F802 7E81EBEAD110D0D2
CEC515E33F8A6884 FFE23C1C0829D58E.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06383-01 (1479)
Accionantes: Ana Esther del Rosario Chaves y otros
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en ningún caso las situaciones que se demostraron en este se pueden variar a
través de la acción constitucional.

22. La empresa CEDENAR S.A. E.S.P.8 afirmó que el Tribunal accionado no
incurrió en el defecto endilgado por la parte tutelante, toda vez que la providencia
cuestionada realizó un estudio adecuado y pertinente de la culpa exclusiva y
determinante de un tercero, con base en las pruebas allegadas al proceso.
Igualmente efectuó una valoración de los alcances de la jurisprudencia relativa al
título de imputación objetiva por riesgo excepcional.

23.El Juzgado Quinto Administrativo de Pasto9 remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de reparación directa, sin pronunciarse sobre los
hechos y pretensiones del escrito de tutela.

24. El abogado Jhordan Andrey López Jurado10, mediante escrito del 18 de
noviembre de 2025, solicitó que se tenga en cuenta como prueba sobreviviente la
sentencia del 31 de enero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, radicado núm. 52001333300920170003501 acumulado con
52001333300920170002701 (11257), la cual constituye precedente horizontal,
debido a que versa sobre hechos similares e involucra a las mismas entidades.
Además, fue expedida por el Tribunal accionado, pero por diferente Sala.

2.5. Sentencia de primera instancia

25. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del
9 de diciembre de 202511 declaró improcedente la tutela, al considerar que el
profesional del derecho Jhordan Andrey López Jurado carece de legitimación en la
causa por pasiva.

26. Al respecto, indicó que el señor López Jurado no aportó poder para actuar en
esta acción de tutela como representante de los señores Ana Esther del Rosario
Chaves, Juanita y Catalina Chaves Guerrero y Mesías Rafael Chaves Caicedo.

27. Expresó que, una vez revisado el expediente del proceso ordinario se advierte
que el mencionado abogado no actuó como demandante, demandado, tercero con
interés, coadyuvante o sucesor procesal dentro del proceso de reparación directa
con radicado 52001-33-33-005-2017-00286-00/01; sino que fue el apoderado
judicial de la parte actora.

28.Así pues, afirmó que el señor López Jurado no es el sujeto procesal afectado
con la providencia cuestionada la que le atribuye la vulneración de los derechos

8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06383-00, índice 16, certificado núm. 0A24287EAF25B861 7ACC6652CE92333E
01DE0F1C4E1E8C32 02BEB8733CF5870A.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06383-00, índice 14, certificado núm. 1FB381720623BBBF 8D478ADD7AA12038
178BAE855B01A240 4D7EFD4FF8E327CE.
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06383-00, índice 10, certificado núm. 0C439B47E055868A 3EA1CC31104B3B7C
28A16C14D3D4ED53 785B095B36B8A62B.
11
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06383-00 índice 20, certificado núm. 536B55A35BE0B2E4 94870E0378D5DD37
43D8CA8A9906D279 9A87713FC7B2670D.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06383-01 (1479)
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Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

fundamentales invocados, toda vez que el fallo emitido por el Tribunal Administrativo
de Nariño tiene incidencia directa únicamente en los derechos de los demandantes
del proceso ordinario.

29. Por otro lado, aclaró que, si bien el señor Jhordan Andrey López Jurado afirmó
actuar como agente oficio de los demandantes del proceso ordinario, lo cierto es
que ni si quiera de forma sumaria indicó el motivo por el cual los titulares de los
derechos estaban imposibilitados para promover su propia defensa.

30. En efecto, aunque el promotor de la tutela refirió que los señores Ana Esther del
Rosario Chaves, Juanita y Catalina Chaves Guerrero y Mesías Rafael Chaves
Caicedo: i) no cuentan con el nivel de escolaridad ni los conocimientos jurídicos
necesarios para estructurar adecuadamente una tutela contra una providencia
judicial; (ii) carecen de acceso a herramientas tecnológicas e internet, debido a que
residen en una zona de difícil acceso y; (iii) son personas extremadamente
humildes, lo cierto es que no aportó prueba alguna de dichas afirmaciones.

31. En concreto destacó que una de las agenciadas es la representante legal de
una sociedad, concretamente, de Inversiones Pasto S.A.S., empresa que según el
registro único empresarial y social, está activa, con un capital suscrito, autorizado y
pagado de más de $600.000.000, y cuenta con un correo electrónico para
notificaciones judiciales. De manera, que tales circunstancias desvirtúan por
completo los argumentos esgrimidos por el actor para justificar su actuar como
agente oficioso.

2.6. Impugnación

32. El señor Jhordan Andrey López Jurado presentó impugnación12 en contra de la
sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con el argumento
que se encuentra legitimado para actuar como agente oficio de los señores Ana
Esther del Rosario Chaves, Juanita y Catalina Cháves Guerrero y Mesías Rafael
Cháves.

33.
Explicó que el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 no exige una imposibilidad
absoluta, médica o física, sino una imposibilidad material o real. La sentencia
impugnada impone un estándar más gravoso que el previsto por el legislador.

34. La Corte Constitucional en las sentencias T-531 de 2002, T-416 de 2013 y T-
084 de 2017 ha sostenido de manera reiterada que la agencia oficiosa procede
cuando el titular del derecho se encuentra en una situación de debilidad manifiesta,
vulnerabilidad social o barreras de acceso a la justicia.

35.Insistió en que los afectados son personas de bajo nivel de escolaridad, que se
encuentran en condiciones de humildad extrema, residen en una zona rural de difícil

12
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06383-00, índice 24, certificado núm. DDCB05A0AB0CE356 E5DE1A37FC515D0A
04204CC6D2646C85 E1B749FC5282222E.
6

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acceso y carecen de los medios tecnológicos. Tales circunstancias, en su criterio,
no fueron controvertidas ni desvirtuades en el trámite constitucional; sin embargo,
fueron desestimadas sin motivación suficiente.

36. Consideró que la providencia impugnada al negar el estudio de fondo de la
tutela por una interpretación restrictiva de la agencia oficiosa constituye una barrera
injustificada de acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas en
condición de vulnerabilidad.

37. Asimismo, mencionó que la sentencia objeto de impugnación incurrió en un
yerro constitucional adicional, consistente en desconocer los efectos jurídicos del
auto admisorio de la acción de tutela proferido el 4 de noviembre de 2025, mediante
el cual el despacho sustanciador validó expresamente la actuación del suscrito
como agente oficioso y dispuso continuar el trámite constitucional, por lo que no era
dable que, en el fallo se reabriera dicho debate para negar el amparo por una
«supuesta falta de acreditación de la agencia oficiosa».

38.Por lo anterior, solicitó que se revoque el fallo impugnado y, en su lugar, se
conceda el amparo de tutela.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

39. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 9 de
diciembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado.

3.2. Legitimación en la causa por activa

40.
La legitimación en la acción de tutela tiene su fundamento en el artículo 86 13 de
la Constitución Política, el cual establece que toda persona que considere que sus
derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran amenazados, por la
acción u omisión de cualquier autoridad, o incluso por los particulares podrá
interponer acción de tutela a través de un representante o en nombre propio.

41.Acorde con lo mencionado, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción de tutela es un mecanismo al que se puede acudir directamente por

13
Constitución Política, Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción
o la omisión de cualquier autoridad pública.
7

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la persona que se considera vulnerada, o a través de apoderado judicial, para lo
cual se debe presentar el respectivo poder14.

42. La Corte Constitucional en la sentencia T-292 de 2021 se pronunció sobre la
posibilidad de acudir al trámite de tutela a través de apoderado, en los siguientes
términos:

[…] el ejercicio de la representación judicial en sede tutela requiere de un mandato
específico, bien sea que se encuentre consignado en un acto de apoderamiento
especial y concreto o en un poder de carácter general. Al respecto, ha señalado
que “la falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un
apoderado judicial, aun cuando tenga poder específico o general en otros asuntos, no
lo habilita para ejercer la acción de amparo constitucional a nombre de su mandante
y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta
de legitimación por activa”. Ahora bien, aunque los apoderados judiciales en sede
tutela tienen el deber de acreditar tal calidad, ello no obsta para que el juez de tutela,
en ejercicio de sus facultades, adopte medidas tendientes a subsanar irregularidades
formales, con el fin de no comprometer la protección de los derechos fundamentales
invocados.

43. Conforme la regla anterior, quien acude a la acción de tutela en su condición de
apoderado, debe presentar el escrito respectivo en los términos que exige el artículo
74 del Código General del Proceso (CGP), es decir, que, si se trata de un poder
especial en él se describirán los asuntos para el que fue conferido de manera clara
y determinada.

44. Conviene mencionar que la jurisprudencia constitucional ha manifestado desde
hace tiempo que en los eventos en que la acción de tutela se ejerza a través de
apoderado judicial, el mandante debe otorgar poder especial, de modo que el
profesional del derecho no puede hacer valer el poder otorgado en un proceso
ordinario u en otro asunto para solicitar el amparo constitucional, pues «es necesario
contar con poder especial para legitimar su interposición. La carencia de la citada
personería para iniciar la acción de amparo constitucional, no se suple con la
presentación del apoderamiento otorgado para un asunto diferente»15.

45.
Adicionalmente, el inciso 2 del artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
dispone que en el trámite de tutela es posible «agenciar derechos ajenos
cuando el titular de estos no esté en condiciones de promover su propia
defensa», siempre que se demuestre que el titular del derecho no se encuentra en
condiciones de ejercer su propia defensa.

46. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha precisado que la agencia oficiosa
atiende a los principios de eficacia de derechos fundamentales, prevalencia del
derecho sustancial y solidaridad y «se constituye en una institución excepcional,
pues requiere que se presente una circunstancia de indefensión e impedimento

14
Sentencia T-194 del 2012. «(…) Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda de tutela
acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender hacer valer un poder
otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional».
15
Corte Constitucional, Sentencia T-658 de 2002.
8

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físico o mental del afectado que le imposibilite recurrir a los mecanismos existentes
para buscar por sí mismo la protección de sus derechos»16.

47. En consecuencia, para promover la acción de tutela por conducto de agente
oficioso debe procurarse, cuando sea posible, el consentimiento expreso de la
persona cuyos derechos se pretenden proteger. Asimismo, es necesario acreditar
que el titular de los derechos se encuentra en una imposibilidad que le impide acudir
directamente al juez constitucional y manifestar expresamente que se actúa en tal
calidad.

48. Respecto del primer requisito, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que:
«El juez debe constatar que existe prueba “siquiera sumaria”17 de que el agenciado
no se encuentra en condiciones para interponer la acción18. La imposibilidad para
acudir directamente a la acción de tutela «desborda el marco estricto de lo que
legalmente constituye la capacidad»19 y, en este sentido, también puede
presentarse por «circunstancias físicas, como la enfermedad», «razones síquicas”
que hubieren afectado el estado mental del accionante, o un «estado de indefensión
que le impida acudir a la justicia20»21.

49. La Corte Constitucional ha resaltado que el cumplimiento de este requisito «no
está supeditado a la existencia, dentro de la petición de tutela, de frases
sacramentales o declaraciones expresas»22. Asimismo, ha indicado que el juez de
tutela debe ser flexible y deferente al momento de valorar la prueba de la
imposibilidad del agenciado. Esto implica que (i) tal imposibilidad puede
demostrarse «por cualquier medio probatorio»23, (ii) puede inferirse razonablemente
de los hechos narrados en la solicitud de amparo 24 y (iii) en cualquier caso, el juez
debe «desplegar sus atribuciones en materia probatoria para establecer la certeza
de las afirmaciones hechas» en relación con falta de capacidad del titular de los
derechos fundamentales para presentar la acción25.

3.3 Caso concreto

50. En el asunto bajo estudio, el abogado Jhordan Andrey López Jurado, en calidad
de agente oficioso de los señores Ana Esther del Rosario Chaves, Juanita y Catalina
Chaves Guerrero y Mesías Rafael Chavea Caicedo, presentó escrito de tutela con
el fin de obtener la protección de los derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, que consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Nariño, al proferir la sentencia del 28 de febrero de 2025, dentro
del expediente de reparación directa con radicado núm. 52001-33-33-005-2017-
00286-01.

16
Corte Constitucional. Sentencia T 614 de 2012.
17
Corte Constitucional, sentencias T-709 de 1998, T-1326 de 2000 y SU-173 de 2015.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-288 de 2016.
19
Corte Constitucional, sentencia T-174 de 2017.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-707 de 1996. Ver también, sentencia T-976 de 2000.
21
Corte Constitucional, T-382 de 2021.
22
Corte Constitucional, sentencia T-452 de 2001.
23
Corte Constitucional, sentencia T-543 de 2003.
24
Corte Constitucional, sentencias T-729 de 2017 y T-720 de 2016.
25
Ibidem.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06383-01 (1479)
Accionantes: Ana Esther del Rosario Chaves y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

51.
No obstante, la Sala advierte el incumplimiento de un presupuesto de
procedibilidad necesario para emitir decisión de fondo en el caso concreto. En
efecto, de las pruebas aportadas al expediente de tutela, se observa que la
demanda de reparación directa fue promovida por los señores Ana Esther del
Rosario Chaves y otros, en contra de CEDENAR S.A. E.S.P. y la compañía de
seguros la Previsora S.A.

52. En ese orden, los derechos fundamentales que puedan verse afectados por la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Nariño al interior del referido
proceso de reparación directa son de manera exclusiva de titularidad de los señores
Ana Esther del Rosario Chaves, Juanita y Catalina Chavea Guerrero y Mesías
Rafael Chavea Caicedo, por tal motivo, quien tenía el deber de acudir a la acción
de tutela para solicitar la protección de sus garantías constitucionales eran los
sujetos procesales que participaron del proceso con radicado 52001-33-33-005-
2017-00286-01.

53. Por lo expuesto, a quo, en ejercicio de la obligación que le asiste al juez de
tutela de subsanar irregularidades formales, en auto del 15 de octubre de 2025,
requirió al abogado para que explicara «con suficiencia los motivos por los cuales
los señores Ana Esther del Rosario Chaves, Juanita y Catalina Chavea Guerrero y
Mesías Rafael Chavea Caicedo se encuentran imposibilitados para ejercer
directamente la defensa de los derechos fundamentales cuya protección se invoca
en el presente trámite».

54. En cumplimiento de lo anterior, el mencionado profesional del derecho allegó
memorial el 20 de octubre de 2025 en el que se limitó a informar que los titulares
del derecho se encuentran en una situación de imposibilidad material para ejercer
por sí mismos esta acción, debido a que no cuentan con el nivel de escolaridad ni
los conocimientos jurídicos necesarios para estructurar adecuadamente una tutela
contra una providencia judicial. Además, carecen de acceso a herramientas
tecnológicas e internet, debido a que residen en una zona de difícil acceso y, son
personas extremadamente humildes.

55. Dichos argumentos fueron reiterados por el accionante en el memorial de
impugnación, con el fin de insistir en la procedencia y estudio de fondo de la solicitud
de amparo.

56. Así pues, al examinar los escritos presentados por el actor, se observa que
estos documentos dejan ver algunas circunstancias sobre las condiciones
socioeconómicas de los titulares de los derechos fundamentales invocados, pero
que no resultan suficientes, al menos de manera sumaria, para constatar la situación
y tener certeza de la imposibilidad de los demandantes para ejercer la acción
constitucional directamente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06383-01 (1479)
Accionantes: Ana Esther del Rosario Chaves y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

57.En este punto, es importante resaltar que la agencia oficiosa es permitida
constitucionalmente cuando se demuestra que el afectado se encuentra
imposibilitado para interponerla la acción de tutela. Esto significa que es necesario
aportar al menos prueba sumaria (documentos, testimonios, indicios) que
demuestre la imposibilidad del afectado para promover su propia defensa.

58. En el caso bajo estudio, llama la atención de la Sala que en el escrito de tutela
se indica con claridad que la señora Ana Esther del Rosario Chaves es la
representante de la empresa «INVERSIONES PASTO S.A.S., con NIT 814003209-
9». Esta información consta en el certificado de existencia y representación legal
que obra en el expediente del proceso ordinario, en cuyo contenido se puede
observar que se trata de una empresa que se encuentra activa, que cuenta con un
capital suscrito, autorizado y pagado de más de $600.000.000 y tiene por objeto
social el transporte de carga terrestre y el mantenimiento y la reparación de
vehículos. Además de que cuenta con un correo electrónico para notificaciones
judiciales.

59. Así las cosas, contrario a lo dicho por el profesional del derecho, no es posible
inferir que los señores Ana Esther del Rosario Chaves, Juanita y Catalina Chaves
Guerrero y Mesías Rafael Chaves Caicedo se encuentren en una situación de
imposibilidad que les impida acudir directamente a la acción de tutela y requieran
de la actuación de un agente oficioso para obtener la protección de sus derechos
fundamentales.

60. En este orden, como quiera que el abogado Jhordan Andrey López Jurado no
allegó prueba alguna que permita advertir el estado de indefensión o de
imposibilidad de los titulares de las garantías constitucionales reclamadas ni expuso
con suficiencia las razones por las cuales no le fue posible contactar a sus
representados para obtener un poder que lo habilitara para ejercer su defensa en
sede constitucional, resulta evidente que no acreditó sumariamente los
presupuestos para actuar como agente oficioso de los sujetos en los que recaen los
derechos invocados.

61.
De esta manera, la Sala concluye que el señor López Jurado no tiene
legitimación en la causa por activa en el presente asunto, en la medida en que no
es el titular de los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela, cuya
vulneración pretende atribuírsele al Tribunal administrativo de Nariño.

4. Conclusión

62. Por las anteriores razones, se considera que la solicitud de amparo como bien
lo indicó el juez de primera instancia resulta improcedente, por cuanto no quedó
acreditada la legitimación en la causa por activa del señor Jhordan Andrey López
Jurado ni que actuara en representación de los señores Ana Esther del Rosario
Chaves, Juanita y Catalina Chaves Guerrero y Mesías Rafael Chaves Caicedo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06383-01 (1479)
Accionantes: Ana Esther del Rosario Chaves y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

63. En consecuencia, se confirmará la sentencia del 9 de diciembre de 2025
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia del 9 de diciembre de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por los motivos
contenidos en esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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