Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06425-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06425-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-06425-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06425-01
Accionante: JUAN CARLOS CANO FLÓREZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas: Tutela contra providencia de la misma naturaleza. Requisitos
generales. Relevancia constitucional por carga mínima. Cosa juzgada
fraudulenta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por Juan Carlos Cano Flórez, quien actúa en nombre propio, contra la
sentencia de 30 de octubre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 14 de octubre de 2025, el demandante pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la información y de
petición supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formula las siguientes pretensiones:
1. -sic a toda la cita-“Pido muy respetuosamente al Honorable Concejo de Estado
Revocar el Acto administrativo 17 de Julio de 2025 e fallo Sentencia de Segunda
instancia de la Sección Quinta de la Sala Contenciosa Administrativa firmada por
la Señora Presidente Gloria María Gómez Montoya.
2. A este expediente se anexe el auto de la Majistrada Gloria Maria Gomez Montoya
de 20 o 24 de Febrero de 2025 donde remitió el proceso de Acción de Tutela base
terminado el número de rad: 27-00 de tribunal 34 Administrativo de Bogotá del
Circuito de Riohacha y todo la documentación fidedigna de ese proceso”
2. Hechos
El accionante interpuso una primera acción de tutela bajo el radicado núm. 11001-
33-36-034-2025-00027-00 que conoció el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo
del Circuito de Bogotá, quien negó las pretensiones por sentencia proferida el 10 de
febrero de 2025. Agregó que dicha decisión fue confirmada el 9 de abril de 2025 por
la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Aseveró que después de ese pronunciamiento, el juzgado de origen resolvió una
solicitud de aclaración el 29 de abril de 2025 respecto del auto que ordenó el
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06425-01
Demandante: Juan Carlos Cano Florez
cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal. Relató que, ante la persistencia de una
presunta violación al derecho de información, instauró una nueva acción de tutela
contra el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá.
Manifestó que este asunto fue radicado bajo el núm. 25000-23-15-000-2025-00339-
01, repartido en primera instancia a la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, autoridad judicial que declaró la improcedencia del amparo por
medio de sentencia de 26 de mayo de 2025.
Indicó que, en segunda instancia, dicho proceso lo conoció la Sección Quinta del
Consejo de Estado, que por auto de 27 de junio de 2025 profirió auto en el que puso
en conocimiento a la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca de una posible nulidad saneable por falta de notificación a dicha
Corporación1.
Expuso que por sentencia de 17 de julio de 2025, se confirmó la decisión de
improcedencia de la acción de tutela tras considerar que no se demostró
arbitrariedad alguna en las decisiones judiciales previas.
Por último, adujo que el 28 de septiembre de 2025 remitió una solicitud en ejercicio
del derecho de petición, vía correo electrónico, para cuestionar anomalías
detectadas en el auto de nulidad y la falta de visibilidad de las actuaciones en el
sistema Samai. Afirmó que esta petición fue contestada de forma anómala en dos
ocasiones distintas por el Consejo de Estado, la primera el 29 de septiembre de
2025 y la segunda el 10 de octubre del mismo año.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que se presentó la vulneración de las siguientes garantías
constitucionales:
Explicó que el derecho de petición2 fue quebrantado debido a la falta de una
respuesta de fondo, precisa y clara por parte del Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Bogotá y el Ministerio de Justicia y del Derecho, a lo
que agregó que la omisión en la resolución de sus solicitudes iniciales y de los
“recursos de aclaración” constituyó el punto de partida de la afectación.
Sostuvo que la existencia de nulidades procesales, la falta de notificaciones
oportunas a terceros interesados y el incumplimiento de los términos legales para
fallar generó la vulneración del derecho al debido proceso3, y aseveró que el trámite
se vio viciado por maniobras dilatorias que impidieron un juicio justo y transparente.
Alegó que el impedimento para visualizar documentos, resoluciones y
contestaciones en el sistema Samai limitó su capacidad de defensa y vulneró su
derecho de acceso a la información.
1
Hecho que se reconstruye con información tomada del Sistema de Información SAMAI, en atención a que los hechos
narrados en el escrito de tutela no son claros.
2
Consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.
3
Consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
2
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Argumentó también que se ignoró el carácter preferente y sumario de la acción de
tutela al no respetarse el término de 10 días hábiles para resolver de fondo la
cuestión, conforme lo reglamenta el Decreto 2591 de 1991.
Finalmente, expuso que el origen de su inconformidad también reside en que la
respuesta a su derecho de petición no provino directamente de la “magistrada
ponente” Gloria María Gómez Montoya, y presidenta de la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
4. Oposición
4.1. Respuesta de la Sección Quinta del Consejo de Estado
El magistrado ponente alegó la improcedencia de la acción de tutela, tras considerar
que el escrito inicial del accionante resulta sustancialmente confuso y carente de la
coherencia necesaria para identificar una vulneración clara. No obstante, precisó
que el accionante vagamente hace referencia a tres puntos: el primero corresponde
al fondo del asunto conocido por esa Sección en la segunda instancia del proceso
de tutela 11001-03-15-000-2025-00339 01; el segundo, a la petición que presentó
ante esta Corporación el 29 de septiembre de 2025 y, en tercer lugar, al hecho de
que la anterior solicitud no hubiera sido resuelta por la presidente de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, la magistrada Gloria María Gómez Montoya.
Explicó que, al tratarse de una tutela dirigida contra una providencia judicial de la
misma naturaleza, el actor omitió realizar el ejercicio argumentativo obligatorio que
demostrara una actuación fraudulenta o una arbitrariedad manifiesta por parte de la
corporación. Precisó, además, que la decisión de 17 de julio de 2025 se fundamentó
en la falta de relevancia constitucional, toda vez que el accionante no justificó cómo
la providencia del Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá
afectó de manera directa sus garantías fundamentales.
En relación con la solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición radicada
en septiembre de 2025, sostuvo que todas las inquietudes técnicas fueron resueltas
oportunamente mediante el oficio del 8 de octubre de 2025. Por otro lado, aseveró
que el auto de nulidad saneable fue notificado legalmente al correo electrónico del
peticionario desde el 1 de julio de 2025 y que, por tanto, el vicio procesal detectado
por la falta de vinculación de terceros ya era de su entero conocimiento.
Manifestó que no existió irregularidad alguna respecto al acceso a la información,
ya que la sentencia definitiva le fue remitida en formato digital, lo que hizo
innecesaria la consulta exclusiva a través del aplicativo Samai.
Finalmente, aclaró que, aunque la solicitud fue dirigida a la presidencia de la
Sección, su despacho era el competente para emitir la respuesta por ser el titular
del expediente asignado. Aseveró que el trámite administrativo se cumplió
estrictamente bajo los términos de ley, e incluso envió los documentos del
expediente en dos ocasiones para garantizar la transparencia del proceso.
En consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción o, en su defecto,
negar el amparo solicitado, al quedar demostrado que las garantías del debido
proceso y de acceso a la administración de justicia fueron plenamente respetadas.
3
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4.2. Respuesta del Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de
Bogotá
La titular del despacho alegó que la acción de tutela interpuesta carece de los
requisitos mínimos de procedencia, toda vez que el escrito incurre en una falta de
claridad y coherencia sustancial, a lo que agregó que el demandante se limitó a
enunciar normas y deberes abstractos de los funcionarios públicos y omitió
establecer con precisión los hechos concretos que sustentarían la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales. Precisó que emitir un pronunciamiento
de fondo bajo tales condiciones obligaría al funcionario judicial a especular sobre
los motivos reales de inconformidad del accionante.
Respecto a los antecedentes del caso, la funcionaria relató que su despacho
conoció previamente una tutela del mismo actor contra el Ministerio de Justicia y del
Derecho, la cual fue resuelta negativamente el 10 de febrero de 2025 y confirmada
posteriormente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Aseveró que la actual reclamación debe ser negada de plano, si se considera que
no se evidencia una afectación real a los derechos del solicitante y que la tutela es
improcedente cuando se dirige contra decisiones adoptadas dentro de otro trámite
de la misma naturaleza.
Por último, sostuvo que el actuar del accionante genera un desgaste innecesario
para la administración de justicia, razón por la cual solicitó que se le exhorte a no
presentar escritos manifiestamente improcedentes.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en fallo de 30 de
octubre de 2025, decidió:
“Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por el señor
Juan Carlos Cano Flórez, en contra de la sentencia del 17 de julio de 2025, conforme a
la parte motiva de la providencia.
Segundo: NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición”.
Para el efecto, explicó que la inconformidad del accionante se funda en que la
Sección Quinta del Consejo de Estado, transgredió sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión de la
providencia de 17 de julio de 2025 proferida dentro de la acción de tutela 25001-23-
15-000-2025-00339-00/01 y porque resolvió, en dos ocasiones, la solicitud de
información que elevó el 29 de septiembre de 2025.
En ese orden, sostuvo que la acción de tutela resulta improcedente cuando se dirige
contra sentencias de la misma naturaleza salvo que se logre acreditar la existencia
de una cosa juzgada fraudulenta. Por ello, concluyó que la tutela contra la sentencia
del 17 de julio de 2025 resultaba improcedente porque el actor se limitó a manifestar
su desacuerdo con la decisión judicial que declaró improcedente la tutela anterior,
sin alegar ni demostrar la existencia de la cosa juzgada fraudulenta ni un defecto
constitucional que habilite excepcionalmente la tutela contra otra tutela. Por tanto,
indicó, el escrito pretendía reabrir el debate como si fuera una nueva instancia.
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De otro lado, el a quo examinó el reproche del actor según el cual su derecho
fundamental de petición habría sido vulnerado porque la solicitud presentada el 29
de septiembre de 2025 fue respondida en más de una oportunidad y no
directamente por la presidenta de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Al respecto, advirtió que la Secretaría General y la Sección Quinta de esta
Corporación emitieron comunicaciones en las que explicaron la razón del auto de
nulidad saneable —consistente en la falta de vinculación de terceros con interés—,
indicaron al actor los mecanismos de acceso al expediente, remitieron documentos
del proceso y aclararon que la providencia del 17 de julio de 2025 había sido
notificada al correo electrónico del accionante. En ese sentido, concluyó que la
información suministrada respondió directamente a los interrogantes planteados y
no se trató de respuestas evasivas o meramente formales.
Para terminar, la Sala precisó que el hecho de que la solicitud hubiera sido
contestada mediante varias comunicaciones no configuraba, por sí mismo,
vulneración del derecho fundamental de petición, siempre que las respuestas fueran
coherentes y complementarias, como ocurrió en el caso. De igual manera, consideró
que la respuesta podía ser emitida por el funcionario o despacho competente que
tuviera a su cargo la información, por lo que no resultaba exigible que la contestación
proviniera personalmente de la presidenta de la Sección Quinta del Consejo de
Estado.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual expuso que la decisión reproduce de manera automática lo resuelto en los
procesos anteriores y que no tuvo en cuenta que, como ciudadano no abogado, no
formuló adecuadamente los argumentos constitucionales en el trámite inicial.
El escrito insiste en que la acción de tutela debe resolverse con prontitud conforme
al artículo 86 de la Constitución Política y al artículo 29 del Decreto 2591 de 1991,
afirmando que los jueces excedieron los términos legales en ambas instancias. En
ese marco, cuestionó el trámite procesal porque el proceso habría sido interrumpido
y remitido a Riohacha, lo que, según afirma, generó dilación, afectó la posibilidad
de defensa y produjo decisiones sucesivas con distintos radicados.
A partir de esa lectura, el actor sostiene que la providencia de 17 de julio de 2025
vulneró el debido proceso y la “tutela efectiva”, sugiere la existencia de fraude
procesal y reiteró que la acción de tutela debe proteger derechos fundamentales
incluso frente a decisiones judiciales.
Finalmente, solicitó la nulidad del acto que correspondió a la sentencia cuestionada,
que se anexe el auto de remisión a Riohacha y que se “ampare” su impugnación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
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Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 30 de octubre de 2025 de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el amparo al derecho
fundamental de petición y declaró la improcedencia de la acción de tutela contra
providencias de la misma naturaleza.
En ese orden, la Sala precisa que se limitará a examinar si los argumentos de la
impugnación desvirtúan la decisión del a quo, en cuanto declaró improcedente la
acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada, para lo cual se verificará
si se acreditan los presupuestos excepcionales que habilitan su estudio de fondo,
precisando que no se realizará pronunciamiento alguno respecto del análisis del
derecho fundamental de petición, por no haber sido objeto de cuestionamiento en
la impugnación.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias y
acciones de tutela
La Corte Constitucional ha señalado que, como regla general, la acción de tutela
contra providencias judiciales no procede cuando la decisión cuestionada es una
sentencia de tutela4, con el propósito de evitar la interposición indefinida de nuevos
amparos y garantizar la seguridad jurídica. Sin embargo, en la sentencia SU-627 de
2015 precisó que esta regla no es absoluta y que la procedencia excepcional
depende del tipo de actuación cuestionada —sentencia, actuación previa y
actuación posterior— y del cumplimiento de exigentes presupuestos.
En particular, cuando la tutela se dirige contra una sentencia de tutela proferida por
un juez distinto de la Corte Constitucional, el amparo solo procede de manera
excepcional si, además de los requisitos generales5, (i) la acción de tutela
presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada;
(ii) se demuestre de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la
sentencia fue producto de una situación de fraude (cometida por una de las partes,
por las dos o, incluso, con anuencia del juez); y (iii) no exista otro mecanismo judicial
eficaz para conjurar la situación. En este contexto, la Corte explicó que el principio
fraus omnia corrumpit permite desvirtuar la presunción de legalidad de las
decisiones judiciales cuando estas se originan en actuaciones fraudulentas que
afectan la recta administración de justicia, tal como lo indicó en la sentencia T-218
de 2012, al señalar que la cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos
cuando entra en tensión con la justicia material.
Posteriormente, la Corte reiteró en la sentencia SU-245 de 2021 que la tutela contra
sentencias de tutela procede de manera excepcional cuando se configura la cosa
4
Sentencia SU-1219 de 2001; T-1204 de 2008; T-218 de 2012, T-272 de 2014 y T 286 de 2018, entre otras.
5
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii)
que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en la
providencia atacada.
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juzgada fraudulenta, la cual surge una vez la decisión queda en firme, esto es,
cuando no es seleccionada para revisión y vence el término de insistencia. Solo en
ese momento el fallo adquiere estabilidad constitucional, por lo que no es posible
alegar cosa juzgada fraudulenta antes de que se consolide dicha firmeza, dado que
aún subsiste la posibilidad de revisión por parte de la Corte Constitucional.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor Juan Carlos Cano Flórez promovió acción de tutela contra la sentencia del
17 de julio de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
la cual se declaró improcedente la tutela que él había presentado contra el Juzgado
Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá6, por considerar que no
cumplía el requisito de relevancia constitucional. De manera concurrente, cuestionó
la respuesta brindada a la petición radicada el 29 de septiembre de 2025, al estimar
que fue irregular por haberse emitido en varias comunicaciones y no directamente
por la presidenta de esa Sección7.
Bajo ese contexto, en relación con la procedencia de la acción de tutela, la Sala
observa que la presente solicitud constituye una tutela dirigida contra una
providencia judicial proferida en el marco de otra acción de tutela, supuesto frente
al cual la jurisprudencia constitucional ha establecido una regla general de
improcedencia, salvo que se acredite la existencia de cosa juzgada fraudulenta u
otra circunstancia excepcional que habilite el control constitucional.
Sin embargo, previo al análisis de los requisitos generales de procedencia de tutela
contra tutela, se considera necesario precisar que revisada la página de consulta de
procesos de la Corte Constitucional8 se evidenció que la acción de tutela núm.
11001-03-15-000-2025-00339 01 fue excluida de revisión por auto de 30 de
septiembre de 2025, tal como se observa en la imagen inserta:
Por lo tanto, procede determinar si la tutela cumple con los requisitos generales de
procedencia. Para el efecto se tiene que, en el escrito de la demanda como en el de
impugnación el accionante se limita afirmar de manera genérica la existencia de
fraude y a cuestionar la duración del trámite, la remisión del expediente y su
condición de ciudadano no abogado, sin desarrollar un ejercicio argumentativo
6
Del material probatorio se advierte que el origen del conflicto radicó en la inconformidad del actor con el auto del 29 de abril
de 2025, mediante el cual el Juzgado 34 resolvió desfavorablemente una solicitud de aclaración dentro del proceso de tutela
inicial.
7
Sobre el cuestionamiento de la respuesta brindada a la petición, tal como se anticipó en el problema jurídico, la Sala no
hará análisis por cuanto no fue objeto de reproche en la impugnación.
8
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=2&expediente=T11424464&lista=datosExpedientes_
1771965251205
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mínimo que dé cuenta por qué la discusión que plantea reviste una clara, marcada
e indiscutible relevancia constitucional u orientado a demostrar que la decisión
judicial cuestionada sea producto de una actuación dolosa, arbitraria o
manifiestamente contraria al ordenamiento superior.
Para la Sala, el actor pretende controvertir la decisión de improcedencia declarada
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, sin proponer un genuino debate
constitucional lo cual resulta incompatible con la naturaleza excepcional del amparo
contra providencias judiciales y con la regla que prohíbe la tutela contra tutela
cuando no se superan los requisitos generales y en ausencia de cosa juzgada
fraudulenta.
Para la Sala, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa de explicar por
qué su solicitud de amparo trasciende las inconformidades contra el fallo que
declaró improcedente su petición de amparo, por lo que ha de precisarse que el
simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no es suficiente
para tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional, puesto que es
necesario, se reitera, que se ponga en evidencia con una carga mínima y explicativa
la afectación desproporcionada de los derechos fundamentales alegados, pues “la
acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel9”
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala encuentra que la inconformidad del demandante,
relativa al término para proferir el fallo, la supuesta remisión del caso y los dos fallos
que según afirma recibió, no comporta la carga argumentativa que se exige para
quien pretende la revocatoria de sentencias de tutela, pues no se constata una
situación de fraude que configure lo que la jurisprudencia constitucional ha
denominado la cosa juzgada fraudulenta.
Si bien la tutela contra providencia judicial exige una mayor cualificación en la carga
argumentativa, cuando se cuestionan decisiones de tutela es aún mayor, no solo
porque se ha configurado la cosa juzgada constitucional material -cuando la Corte
Constitucional excluye de revisión un caso-, sino porque las discusiones no pueden
quedar en un estado de indefinición, pues ello compromete seriamente la
presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales.
Los argumentos propuestos no se dirigen a demostrar una actuación dolosa o
extremadamente negligente por parte del juez de tutela, como tampoco que se trate
de unas decisiones incorrectas que conlleven la afectación grave del patrimonio
público.
Por el contrario, se insiste, se trata de inconformidades respecto de la declaratoria
de improcedencia de la acción de tutela, pero que no tienen la entidad suficiente
para que la Sala analice de fondo las sentencias de tutela cuestionadas. Por lo tanto,
al no prosperar los argumentos de la impugnación, corresponde confirmar la
decisión de primera instancia.
9
Corte Constitucional, sentencia SU573 de 2019.
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III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 30 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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