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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00339-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00339-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 28 de febrero de 2025 por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, según lo explicado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 40 Corte Constitucional. Sentencia SU 427 de 2016. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 41 Corte Constitucional. Sentencia SU – 068 de 2018. M.P.: Alberto Rojas Ríos. 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2025 00339 01 Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00339-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación nro. 11001 03 15 000 2025 00339 01
Accionante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SALA
DE DECISIÓN ORAL A

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando es presentada por
un fondo público de pensiones en contra de la providencia judicial que
ordenó el reconocimiento de una prestación periódica, sin que haya sido
interpuesto el recurso extraordinario de revisión

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo
de tutela proferido el 28 de febrero de 2025 por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP promovió acción de tutela en contra
de la sentencia proferida el 20 de marzo de 2024 por la Sala de Decisión Oral A del
Tribunal Administrativo del Atlántico, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado nro. 08001 33 33 001 2019 00315 00/01, y
formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] PRINCIPALES:

Primero. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por
la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO SALA DE DECISIÓN ORAL "A", al
ordenar reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes desde el 14 de

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del

proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00339 00.

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febrero de 2017 desconociendo que, desde esa fecha hasta la vigencia
2024, la prestación ya había sido pagada en un 100%.

Segundo. Consecuentemente:

a. Se DEJE PARCIALMENTE sin efectos la sentencia del 20 de marzo de
2024 proferida por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO
DEL ATLANTICO SALA DE DECISIÓN ORAL "A" en el proceso contencioso
administrativo No. 08001333300120190031500, únicamente en lo que
respecta a la orden del pago del retroactivo pensional, por la flagrante vía
de hecho y el abuso palmario del derecho en que incurrieron los estrados
judiciales

b. ORDENAR al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ATLANTICO SALA DE DECISIÓN ORAL "A", que proceda a dictar
nueva sentencia ajustada a derecho, esto es, modificando la providencia del
20 de marzo de 2024, ordenando el reconocimiento pensional de la señora
CECILIA ARIAS LOBO a partir de la fecha efectiva de la redistribución
pensional del 20% para la señora ARIAS LOBO y el 80% para la señora
PULIDO RODRIGUEZ, es decir, desde la fecha de ejecutoria de la decisión
judicial, sin que implique efectuar dobles pagos por periodos que dónde ya
se pagó del 100% de la pensión de sobrevivientes.

ACCESORIAS:

En caso de que esa H. Magistratura determine que en este caso procede
otro medio de defensa judicial solicitamos:

Primero. AMPARAR de manera TRANSITORIA los derechos
fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO SALA DE
DECISIÓN ORAL "A", al ordenar reconocer y pagar la pensión de
sobrevivientes desde el 14 de febrero de 2017 y no desde la fecha efectiva
de la redistribución pensional del 20% para la señora CECILIA ARIAS LOBO
y del 80% MARÍA HAIDEE PULIDO RODRIGUEZ, lo cual deberá ser a partir
de la ejecutoria del fallo aquí controvertido, sin que implique efectuar dobles
pagos por periodos dónde ya se pagó del 100% de la pensión de
sobrevivientes.

Segundo. Como consecuencia a lo anterior, SUSPENDER
PARCIALMENTE el cumplimiento de la sentencia del 20 de marzo de 2024
dictadas por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ATLANTICO SALA DE DECISIÓN ORAL "A" dentro del proceso contencioso
administrativo No. 08001333300120190031500, en lo que respecta al
retroactivo pensional, para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable al Erario equivalente al pago de más de $96.538.483 M/cte, a
favor de la señora CECILIA ARIAS LOBO, mientras se resuelve la
actuación judicial que esa H. Corporación determine debemos iniciar para
controvertir la legalidad de las órdenes impartidas […]”. (Mayúsculas,
negrillas y resaltado originales del escrito de tutela).

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2. SITUACIÓN FÁCTICA

La entidad accionante informó que, mediante la Resolución nro. 39255 del 3 de
noviembre de 1987 la empresa Puertos de Colombia le reconoció al señor Virgilio
Homero Hoyos Mejía, una pensión de jubilación efectiva a partir del 1 de febrero de
1986.

Manifestó que, el señor Hoyos Mejía falleció el 13 de febrero de 2014 y que, con
ocasión de su muerte, por medio de la Resolución RDP 023345 del 28 de julio de
2014, la UGPP reconoció y ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes a favor
de la señora María Haidee Pulido Rodríguez, en calidad de compañera permanente
del causante, en un porcentaje del 100%.

Señaló que, a través de la Resolución RDP 035052 del 28 de agosto de 2018, la
UGPP le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora Cecilia
Arias Lobo al considerar que no acreditó el requisito de convivencia. Agregó que,
mediante Resolución nro. RDP 016467 del 30 de mayo de 2019, se negó
nuevamente el reconocimiento de la mencionada pensión a la señora Arias Lobo
por la misma razón anotada previamente.

Continuó relatando que la señora Arias Lobo promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 08001 33 33 001 2019 00315 00/01 en su contra,
con el fin que se declarara la nulidad de los actos administrativos dispuestos en las
precitadas resoluciones y que, en consecuencia, se le reconociera la pensión de
sobrevivientes.

Indicó que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Barranquilla que, en sentencia del 17 de mayo de 2023 negó las
pretensiones.

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación y la Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico, en
sentencia del 20 de marzo de 2024 la revocó y, en su lugar, accedió a las
pretensiones de la demanda declarando la nulidad de los actos administrativos
demandados y ordenando el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
a favor de la señora Arias Lobo en un porcentaje del 20% a partir del 14 de febrero
de 2017 y el 80% restante a favor de la señora Pulido Rodríguez, sin aplicación de
la figura de la compensación pensional por las mesadas ya pagadas.

En el acápite del escrito de tutela denominado “ASPECTOS RELACIONADOS CON
LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA”, sostuvo que
la presente solicitud de amparo “adquiere relevancia constitucional, en cuanto se
discute no solo la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio de la
sostenibilidad financiera del sistema de pensiones de la Unidad, sino que además
3

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se ha generado una ostensible vía de hecho con lo cual se atenta contra la Carta
Política y los fines propios del Estado Social de Derecho, a raíz de la decisión
adoptada el 20 de marzo de 2024 por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO SALA DE DECISIÓN ORAL "A"”2.

Adujo que “el actuar del despacho accionado al ordenar el pago de la pensión de
sobreviviente en un 20% a favor de la señora CECILIA ARIAS LOBO desde el 14
de febrero de 2017, demuestra la omisión probatoria en razón a que la mesada
pensional del causante se venía pagando en un 100% a favor de la señora MARÍA
HAIDEE PULIDO RODRIGUEZ desde el 14 de febrero de 2014, lo que implica que
atender el fallo que en esta acción constitucional se controvierte, hace que se
incurra en un doble pago en el periodo comprendido entre el 14 de febrero de 2017
hasta la fecha, en el que se pagaría una mesada pensional en un 120%, lo que
ocasiona un perjuicio al erario y como consecuencia de ello al sistema pensional;
asimismo, demuestra la omisión de ordenar aplicar la figura de la compensación
entre beneficiarias conforme se prevé en el artículo 5 de la Ley 1204 de 2008”3.

En cuanto al requisito de subsidiariedad, aseveró que ya fueron agotados todos los
recursos ordinarios que tenía a su alcance, comoquiera que se surtieron las dos
instancias correspondientes en el proceso objeto de debate.

Frente a los recursos extraordinarios, explicó que “ante la grave irregularidad que
se da en grave detrimento del Erario, por la orden [de] reconocer la prestación de
sobrevivientes a favor de la señora CECILIA ARIAS LOBO en un 20% desde el 14
de febrero de 2017 y no desde la fecha en que se redistribuya de forma real el 100%
de la pensión de sobrevivientes para cada una de las beneficiarias, es decir, desde
la ejecutoria del fallo judicial que hoy se controvierte, lo que arroja un retroactivo
pensional que no le asiste a la señora ARIAS LOBO en la suma aproximada de
$96.538.483 M/cte, (…) hace que podamos incoar esta acción constitucional como
medio principal para evitar dicho pago y así se deje parcialmente sin efectos la
sentencia del 20 de marzo de 2024 proferida por el TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO SALA DE DECISIÓN ORAL
"A", dentro del proceso contencioso administrativo con Rad.
08001333300120190031500, en lo atinente a la fecha de los efectos fiscales, ya
que esta acción de tutela no controvierte el derecho pensional de la señora CECILIA
ARIAS LOBO”4.

Expuso que “el recurso extraordinario de revisión no es el medio eficaz para evitar
la consumación del perjuicio irremediable que se ocasiona al erario y el sistema
pensional, por dos razones: i.- porque no admite medidas provisionales,
generándose que aun cuando se interponga, ii.- se debe cumplir la orden judicial
del 20 de marzo de 2024, esto es, pagar una pensión de sobreviviente en un monto

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.

4

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del 120% entre el 14 de febrero de 2017 hasta la fecha, causado por la omisión del
despacho accionado de valorar el acto administrativo que reconoció en un 100% la
presión de sobrevivientes a favor de la señora MARÍA HAIDEE PULIDO
RODRIGUEZ desde el 14 de febrero de 2014, resolviendo ordenar el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora CECILIA
ARIAS LOBO desde el 14 de febrero de 2017, sin considerar que hasta la fecha se
viene haciendo el pago del 100% de esa prestación”5.

Resaltó que, con la presentación de esta acción constitucional, la UGPP busca la
protección del erario y del sistema pensional que, según afirmó, se ve afectado con
la orden impartida por el tribunal accionado en la sentencia cuestionada que, bajo
su consideración, genera un perjuicio irremediable.

Posteriormente, sobre los requisitos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, alegó que la providencia acusada incurrió en
defecto fáctico, defecto sustantivo y violación directa de la constitución.

En relación con el defecto fáctico, reprochó que el tribunal accionado no valoró
adecuadamente las pruebas aportadas al expediente, comoquiera que, según
advirtió, “pasaron por alto el contenido de la Resolución RDP 023345 del 28 de julio
de 2014 que obra en el proceso contencioso (…), en donde se puede verificar los
términos en que se efectuó el reconocimiento del derecho a la pensión de
sobrevivientes en favor de la señora MARÍA HAIDEE PULIDO RODRIGUEZ”6.

Destacó que “el despacho accionado conocía, de las pruebas obrantes en el
expediente, que la pensión del causante VIRGILIO HOMERO HOYOS MEJIA fue
negada a quien se presentó en calidad de cónyuge supérstite, la señora CECILIA
ARIAS LOBO, en virtud de que no se acreditó el requisito de la convivencia ante la
administración, en consecuencia, se sustituyó el 100% a favor de la señora MARÍA
HAIDEE PULIDO RODRIGUEZ, quien acreditó todos los requisitos legales. Esta
situación debió ser prevista por el despacho accionado ya que esto le impedía
ordenar el pago de un retroactivo pensional desde el 14 de febrero de 2017 sin
cerciorarse de que la prestación para ese momento ya se había pagado en un 100%
hasta la vigencia 2024, lo que imposibilita pagar ahora adicionalmente el 20% de la
prestación desde el 14 de febrero de 2017, dado que se incurriría automáticamente
en dobles pagos pensionales”7.

Advirtió que no discute el derecho a la pensión de sobrevivientes que le corresponde
a la señora Arias Lobo, sino, la fecha desde la que se ordenó el pago de dicha
prestación, esto es el 14 de febrero de 2017, sin que el tribunal accionado se
hubiese percatado que la prestación se pagó en un 100% hasta la vigencia 2024.

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Ibidem.

5

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Frente al defecto sustantivo manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió
en dicho defecto porque “la aplicación de una norma requiere interpretación
sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la
decisión adoptada”8.

Señaló que el tribunal accionado debió dar aplicación al artículo 5 de la Ley 1204
de 2008 sobre la compensación de pagos entre beneficiarios de una sustitución
pensional. En igual sentido, sostuvo que en la providencia controvertida se pasó por
alto el monto de la pensión de sobrevivientes dispuesto en el artículo 48 de la Ley
100 de 1993.

En cuanto a la violación directa de la Constitución indicó que “el despacho
accionado incurre en este defecto por el total desconocimiento de la Constitución y
la ley, con respecto a la figura de los DOBLES PAGOS totalmente prohibida en
Colombia si se tiene en cuenta que con la orden del 20 de marzo de 2024
relacionado con el periodo del reconocimiento pensional de sobrevivencia, se están
trasgrediendo los postulados legales y constitucionales, referentes a la prohibición
de percibir dos emolumentos del tesoro público como se desprende del artículo 128
de la Constitución Política”9.

En el acápite del escrito de tutela denominado “DEL ABUSO PALMARIO DEL
DERECHO”, la entidad accionante expuso que la Corte Constitucional determinó
que lo que se entiende por abuso del derecho, no es la realización de conductas
ilícitas por parte del interesado o administrador de justicia, sino la interpretación
errónea de la norma con la finalidad de favorecer al pensionado con un derecho al
cual no debía acceder o que si bien era merecedor, no lo era en la forma como se
reconoció en un fallo judicial.

En ese sentido, argumentó que “para el presente caso se configura el ABUSO
PALMARIO DEL DERECHO, como circunstancia de procedencia excepcional de
esta acción de tutela, en la indebida orden del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO SALA DE DECISIÓN ORAL "A" de reconocer
y pagar pensión de sobrevivientes a la señora CECILIA ARIAS LOBO desde 14 de
febrero de 2017, generando dobles pagos ya que, como se ha indicado, para esa
fecha aún estaba activa en nómina de pensionados la señora MARÍA HAIDEE
PULIDO RODRIGUEZ, lo que genera un grave detrimento del Erario”10.

Finalmente arguyó que “al darse estricto cumplimiento a las decisiones adoptadas
por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO
SALA DE DECISIÓN ORAL "A", en la sentencia del 20 de marzo de 2024, genera
un perjuicio irremediable a las arcas del Estado por los DOBLES PAGOS causados
por pago del 120% de la pensión de sobrevivientes en el periodo comprendido entre

8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem.

6

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el 14 de febrero de 2017 hasta la vigencia 2025, lo que hace que sea esta acción
constitucional el medio pertinente y eficaz para evitar esa irregularidad en protección
del Sistema Pensional, que es de donde se obtienen los dineros para pagar las
pensiones administradas por la nómina de pensionados de la UGPP, pues ellos son
con cargo a la cuenta del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional - FOPEP,
afectando consecuentemente la sostenibilidad financiera del sistema que debe ser
garantizada por el Estado de conformidad con el mandato constitucional contenido
en el Acto Legislativo 01 de 2005”11.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 23 de enero de 202512 y fue asignada por reparto a la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación que, por auto del 19 de
mayo de 202513 la admitió, negó la medida provisional solicitada y dispuso notificar14
al Tribunal Administrativo del Atlántico, como parte accionada; así como vincular al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla15 y a las señoras María
Haidee Pulido Rodríguez16 y Cecilia Arias Lobo17, como terceros interesados en el
resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Barranquilla para que remitiera copia digital del proceso identificado con el radicado
nro. 08001 33 33 001 2019 00315 00/01, el cual fue remitido18.

3.2. El titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla allegó
escrito19 en el que indicó que se abstenía de hacer pronunciamiento alguno sobre
las pretensiones de la parte actora porque lo pretendido se dirige a que se deje sin
efectos, de forma parcial, la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de
Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico en el proceso ordinario
objeto de debate, en lo relativo a la orden de pago del retroactivo pensional.

11 Ibidem.
12 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 00339 00.
13 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 00339 00.
14 Esta orden se cumplió el 29 de enero de 2025. Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00339 00.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 00339 00.
18 Visto en los índices 11 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00339 00.
19 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 00339 00.
7

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3.3. La magistrada ponente de la sentencia cuestionada rindió informe 20 en el que
solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo o, en su defecto,
que se nieguen las pretensiones.

Señaló que “la providencia emanada por esta Corporación de fecha 20 de marzo de
2024, a través de la cual se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de
sobrevivientes en favor de la señora Cecilia Arias Lobo, se motivó en el estudio de
la norma, los precedentes jurisprudenciales aplicables sobre la materia, y en
particular, del análisis y valoración conforme al principio de la Sana Crítica, de todos
y cada uno de los elementos de confirmación probatoria aportados al proceso”.

Anotó que “del proveído objeto de tutela emanado de esta Corporación al estudiar
el fondo del asunto, no se pueda predicar que haya incurrido en defecto material y
procedimental, y en tal sentido violentado el derecho fundamental al debido proceso,
pues el trámite de éste se realizó acorde al procedimiento y normas establecidas
para el mismo, conforme al estudio de las documentales aportadas al expediente y
la extensa, prolija y reiterada línea jurisprudencial que sobre el tema en comento
(pensión de sobreviviente – en caso de convivencias plurales no simultaneas) ha
expuesto el Tribunal de cierre de esta jurisdicción contencioso administrativa como
de la Jurisdicción Ordinaria Laboral y la de la Corte Constitucional, estableciendo
que, para determinar que, en caso de convivencias simultaneas sucesivas, cuando
existe vínculo matrimonial vigente, el requisito de la convivencia igual o superior a
los 5 años puede acreditarse en cualquier tiempo, de lo cual debe dar cuenta los
elementos de convicción obrantes en el proceso; lográndose establecer en el caso
en concreto, luego del análisis minucioso de los elementos de convicción arrimados
al proceso, que, el elemento de la convivencia igual o superior a dicho tiempo,
emergía nítido, lo cual implicaba acceder a las súplicas de la demanda”.

Aclaró que “el Tribunal tuvo en consideración que, con el cumplimiento de la
sentencia se generaría un pago doble por parte de la administración, respecto del
mismo derecho pensional, dado que, la compañera permanente del causante venía
percibiendo la prestación en porcentaje del 100%, sin embargo, no se ordenó
compensación de suma alguna con base en que, no se demostró por parte de la
entidad demandada, que la compañera permanente o la esposa del causante
hubieren incurrido en conductas para la dolosa o malintencionada consecución de
propósitos contrarios a derecho, concluyéndose que, las sumas recibidas por la
señora Haydee Pulido Rodríguez por concepto de mesadas pensionales, se trataron
de dineros percibidos de buena fe, precisamente porque no ejerció ninguna
conducta fraudulenta que derivara en ello”.

20 Visto en los índices 15 y 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00339 00.
8

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3.4. El señor Ramón Fidel Morales Vásquez, quien manifestó que actuaba como
apoderado de la señora Cecilia Arias Lobo, presentó escrito21 en el que solicitó que
se declare improcedente la acción de tutela, sin embargo, no allegó poder alguno
que acreditara tal condición, por lo tanto, el escrito no será tenido en cuenta.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 28
de febrero de 202522, notificada el 22 de abril de 202523, declaró improcedente la
acción de tutela por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad.

Para ello, expuso que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-427 de 2016,
determinó que las acciones de tutela promovidas por la UGPP ante un presunto
abuso del derecho por parte del pensionado, con el propósito de proteger el sistema
de seguridad social en pensiones, son improcedentes, dado que la entidad dispone
del recurso extraordinario de revisión.

Adujo que “los argumentos alegados por la entidad accionante no se enmarcan
dentro de los supuestos que permiten tener como cierto un abuso del derecho en
los términos de la jurisprudencia constitucional, en la medida que no se demostró
una situación de desventaja que ponga en riesgo los recursos del sistema pensional,
o que la entidad esté obligada a hacer erogaciones cuantiosas en cumplimiento de
la orden judicial criticada y que atenten contra la equidad y la sostenibilidad del
sistema, o incluso, que generen un riesgo para sus afiliados”.

Finalmente, resaltó que “no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable
que torne en procedente el amparo de manera transitoria en la medida que la
providencia cuestionada fue notificada en forma electrónica mediante mensaje de
datos enviado el 29 de julio de 2024, por lo que para este momento no han
transcurrido los 10 meses previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 para
que la UGPP de cumplimiento y realice el pago”.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la entidad accionante lo impugnó24
manifestando, inicialmente, lo siguiente:

21 Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 00339 00.
22 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 00339 00.
23 Visto en el índice 25 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 00339 00.
24 Visto en los índices 26 y 27 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00339 00.
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“[…] Con base en las consideraciones expuestas por el a quo en el fallo del
28 de febrero de 2025 que dan lugar a la declaratoria de improcedencia de
la acción, esta entidad se permite esgrimir dicha posición, al considerar que
la acción de tutela en este caso es el mecanismo idóneo para garantizar la
protección de los derechos fundamentales vulnerados a la UGPP, aun
cuando exista un mecanismo alterativo de defensa judicial como lo es el
recurso extraordinario de revisión, el cual, debido a sus ritualidades
procesales supedita necesariamente que la protección de estos derechos se
postergue y no sea inmediata, lo que a su vez genera que el perjuicio
ocasionado al Sistema General de Pensiones se incremente con el paso del
tiempo. En consecuencia, se procede a sustentar la procedencia de esta
acción:

1. CON RESPECTO AL PERJUICIO IRREMEDIABLE

A pesar de que en el fallo de tutela de primera instancia se manifiesta que
no existe un perjuicio irremediable, esta entidad considera que, conforme a
los criterios jurisprudenciales definidos por la Corte Constitucional, para
determinar la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de uso
inminente e impostergable, el a quo debió realizar una valoración objetiva
de los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la demanda de tutela,
y de las pruebas aportadas, con el fin de determinar si existe un perjuicio
irremediable que amerite que la acción de tutela sea el mecanismo para
evitar la materialización de un riesgo inminente de perdida de recursos
públicos.

Esta entidad, en la demanda de tutela demostró a su despacho que en la
sentencia judicial del decisión del 20 de marzo de 2024, que ordenar
reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a favor de la señora CECILIA
ARIAS LOBO, con ocasión del fallecimiento del señor VIRGILIO HOMERO
HOYOS MEJÍA, en su calidad de cónyuge supérstite, en cuantía del 20% y
el 80% a favor de la señora MARIA PULIDO RODRIGUEZ, en su condición
de compañera permanente, se determinó que no hay lugar a la devolución
de dineros adicionales pagados a la señora PULIDO RODRIGUEZ, quien
se encontraba devengando la pensión de sobrevivientes en un 100% desde
el 14 de febrero de 2014 hasta la fecha, lo cual incide de forma grave sobre
los recursos del sistema general de pensiones. De esta manera, para
efectos de determinar de manera diáfana la existencia de un perjuicio
irremediable, el a quo debió sustentar su decisión con base en los criterios
jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional que determinan la
procedencia de la acción de tutela ante la existencia del perjuicio de esta
naturaleza, previa valoración de cuatro aspectos fundamentales, a saber:

• Que el perjuicio sea inminente y próximo a suceder.
• Que el perjuicio sea grave.
• Deben requerirse medidas urgentes para superar el daño.
• Las medidas de protección deben ser impostergables, “esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la
consumación de un daño antijurídico irreparable”

De la lectura de los fallos es evidente que el a quo no realizó una valoración
basada en los criterios anteriormente descritos, aun cuando en el presente
caso esos criterios se cumplen, tal como se reitera a continuación:

El perjuicio es inminente y próximo a suceder, porque, aunque se pueda
acceder al recurso extraordinario de revisión, la decisión del 20 de marzo de
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2024 en este momento debe ser acatadas por la entidad, toda vez que tienen
plenos efectos y tal como lo señala el parágrafo del artículo 253 del CPACA,
“En ningún caso, el trámite del recurso de revisión suspende el cumplimiento
de la sentencia.”

El perjuicio es grave, ya que se deben efectuar una serie de pagos de sumas
de dineros que comprometen seriamente los recursos del sistema general
de pensiones y su sostenibilidad financiera, esto al tener asumir un doble
pago que asciende a la suma de $96.538.483 M/cte , correspondiente al
20% de las mesadas de la pensión de sobreviviente desde el 14 de febrero
de 2017 hasta el 31 de octubre de 2024 (fecha de liquidación), periodo en el
que la mesada pensional a favor de la señora ARIAS LOBO no debía ser
ordenada por encontrarse para esta fecha la señora HOYOS MEJIA con el
100% de la prestación reconocida (…).

Deben requerirse medidas urgentes para superar el daño: en este caso si
bien es posible presentar el recurso de revisión, este no reviste la mismas
características que la acción de tutela que permitan superar de forma
urgente y rápida la vulneración a los derechos fundamentales deprecados,
por lo cual, dentro de las pretensiones de la demanda, se ha señalado de
forma clara que en caso de que no se acceda a la pretensión principal, se
tenga en consideración suspender de manera transitoria la decisión judicial
del 20 de marzo de 2024, hasta tanto se emita una decisión con respecto al
recurso extraordinario de revisión (…).

Las medidas de protección deben ser impostergables, la acción de tutela
como medida de protección resulta impostergable, ya que hacerlo generaría
una grave afectación a los recursos públicos esto debido a que estamos
frente al pago de una prestación periódica sobre la cual se ordenó su
reconocimiento, por ende, la presente acción esta llamada a ser estudiada
de fondo, toda vez que se presenta irregularidades evidentes en un
reconocimiento de un derecho pensional excediendo las disposiciones
normativas aplicables (…).

De acuerdo con lo expuesto, esta entidad evidencia que en el fallo de tutela
del 28 de febrero de 2025 no se hizo una valoración adecuada, basada en
criterios jurisprudenciales, sobre la existencia, en este caso, de un perjuicio
irremediable y que justifican plenamente la procedencia de la acción de
tutela, aun cuando existe un medio de defensa alternativo como lo es el
recurso extraordinario de revisión, recurso que si bien no debe ser obviado,
no es óbice para que vía acción de tutela se adopten las medidas que
protejan los derechos hasta tanto se profiera una decisión de fondo en el
recurso extraordinario.

2. CON RESPECTO AL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

[En] el fallo del 28 de febrero de 2025 se observa como el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN C, no hizo aplicación de las reglas fijadas en la
Sentencia SU 427 de 2016 que permiten a la Unidad incoar la acción de
tutela como mecanismo preferente, aún ante la existencia de otros medios
de defensa judicial, excepcionalidad que al ser pasada por el a-quo generó
un fallo nugatorio que no protege los derechos fundamentales alegados,
especialmente de acceso a la administración de justicia e igualdad y hoy va
a ocasionar un detrimento al Sistema Pensional que debe ser protegido
también por los jueces de la República en virtud del principio de moralidad
administrativa.
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Es importante señalar que, en el escrito de demanda de tutela se expuso
claramente cómo en las decisiones judiciales proferida por el TRIBUNAL DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO SALA DE
DECISIÓN ORAL “A” el 20 de marzo de 2024, se genera una evidente VÍA
DE HECHO y ABUSO DEL DERECHO, como requisitos excepcionales de
procedencia de este tipo de acciones tutelares, derivado de la orden
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pasando por alto los
siguientes aspectos:

La orden de reconocer el 20% de la pensión de sobreviviente a favor de la
señora CECILIA ARIAS LOBO en calidad de cónyuge supérstite a partir del
14 de febrero de 2017, hace que se genere la figura de los DOBLES
PAGOS (…).

Reconocer la mesada pensional en un 20% a la señora CECILIA ARIAS
LOBO, en su calidad de cónyuge supérstite, con efectos fiscales a partir
del 14 de febrero de 2017, como lo ordena el fallo aquí controvertido, hará
que esta entidad realice dobles pagos de la mesada por el interregno
comprendido entre el 14 de febrero de 2017 hasta la vigencia 2025, toda vez
que a la señora MARÍA HAIDEE PULIDO RODRIGUEZ se le pagó al 100%
desde el 14 de febrero de 2014 hasta la vigencia 2025, lo que implica que,
la pensión de sobrevivientes se hubiera reconocido en un 120% en dicho
periodo, lo cual es contrario a lo señalado en el en el artículo 48 de la Ley
100 de 1993 (…).
(…)

LA NO APLICACIÓN DE LA FIGURA DE LA COMPENSACIÓN

Como se lee del fallo controvertido, sin importar que por el mismo periodo
reconocido a la nueva beneficiaria, la señora CECILIA ARIAS LOBO, se le
venía pagando el 100% de la prestación a la señora MARÍA HAIDEE
PULIDO RODRIGUEZ, el despacho accionado decide desconocer lo
señalado en la Ley 1208 de 2008 que reguló la compensación en materia
pensional la cual era de obligatorio acatamiento, sin embargo, el despacho
accionado decide no solo pasarla por alto sino imponerle a la UGPP la
prohibición de recuperar esos dineros en el 50% pagados de más a la señora
PULIDO RODRIGUEZ, lo cual permitiría pagar a la nueva beneficiaria la
prestación en el 20%.

(…)

Bajo este grave contexto la Unidad solicita la intervención URGENTE del
juez constitucional para proteger el erario, motivo que está señalado como
excepción para presentar la tutela aún ante la existencia de otros medios de
defensa judicial, lo que hace que, la orden de acudir primero a los recursos
extraordinarios señalados por el a-quo, antes de presentar la tutela, esté
debidamente justificado a la luz del artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 2591 de 1991 y la sentencia SU 427 de 2017, ya que en caso de
darse cumplimiento a las sentencias del 20 de marzo de 2024, se generaría
la existencia de un perjuicio irremediable el cual, por vía de acción de tutela,
puede ser evitado por el juez constitucional de manera transitoria, hasta
tanto se agoten los recursos extraordinarios, como el de revisión señalado
en el artículo 20 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003, por lo cual esto hace
procedente y pertinente acceder al estudio de fondo de este caso y que

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ahora por vía de impugnación solicitamos sea analizado revocándose así la
sentencia de primera instancia […]”.

Con posterioridad, la entidad accionante reiteró los argumentos planteados en el
escrito de tutela inicial, alegando la configuración de una vía de hecho y el abuso
del derecho, e insistió en que la providencia acusada incurrió en defecto fáctico,
defecto sustantivo y violación directa de la constitución.

Finalmente, en el acápite del escrito de impugnación denominado “MEDIDA
PROVISIONAL”, la entidad accionante insistió en lo siguiente:

“[…] Conforme a las situaciones graves que se ponen de presente ante su
Despacho, solicitamos se SUSPENDA PARCIALMENTE la ejecución de la
sentencia del 20 de marzo de 2024 proferida por el TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO SALA DE
DECISIÓN ORAL "A", en lo que se refiere a la fecha de efectos fiscales del
14 de febrero de 2017, lo que implica el pago de un retroactivo pensional,
mientras se resuelve esta acción de tutela, con el fin de evitar pagar las
sumas de dinero por concepto de retroactivo irregular que equivale
aproximadamente a la suma de $96.538.483 M/cte, causando un riesgo al
Erario, ya que de encontrar procedente la configuración de los defectos aquí
enlistados y la procedencia de esta acción constitucional, el pago que se
haga no podrá ser recuperado en virtud del principio de buena fe que fue
amparado a la señora MARÍA HAIDEE PULIDO RODRIGUEZ en la
sentencia del 9 de mayo de 2024, pero que irá en contra del Sistema
Pensional que estamos buscando proteger con esta acción tutelar […]”.
(Negrillas originales del escrito de impugnación).

5.2. Por auto del 5 de mayo de 2025 se concedió la impugnación25 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 15 de mayo de 202526.

5.3. Por auto del 26 de junio de 202527, el Despacho negó la solicitud de medida
provisional formulada por la entidad accionante en el escrito de impugnación.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad
con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 28,

25 Visto en el índice 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 00339 00.
26 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 00339 01.
27 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.

11001 03 15 000 2025 00339 01.
28 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente

la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma,
cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá
solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes
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en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de
201529, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 30, así
como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201931, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de
2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución
de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente32:

6.2.1. La señora Cecilia Arias Lobo, actuando por conducto de apoderado, promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Especial – UGPP, para que se declarara la nulidad de “la resolución nro.
RDP-035052 del 28 de agosto de 2018”, “la resolución nro. RDP-016467 del 30 de
mayo de 2019” y “la resolución nro. RDP-025079 del 22 de agosto de 2019”.

Además, solicitó como restablecimiento del derecho que “se condene a la
demandada a reconocer y pagar la pensión de sobreviviente”, “se ordene (…) el
pago de las mesadas pensionales causadas desde la fecha de la muerta de su
excónyuge, hasta la fecha en que la demandante sea incluida en nómina de
pensionados por esa entidad”, “se ordene a la entidad demandada, el
reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados y los que se causen
hasta la inclusión en nómina de pensionados”, “se condene a la demandada al pago
de las mesadas pensionales y valores señalados debidamente indexada o ajustada
con base en el Índice de Precio al Consumidor – IPC” y “se condene a la parte
demandada al pago de las costas y agencias en derecho”.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Barranquilla que en providencia de 17 de mayo de 2023 negó las
pretensiones.

6.2.3. Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante interpuso recurso
de apelación y la Sala de Decisión Oral A del Tribunal Administrativo del Atlántico,

a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo
cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
29 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
30 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la
acción de tutela".
31 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado

el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
32 Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el radicado nro. 08001 33 33 001 2019 00315 00/01. Visto en los índices
11 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15
000 2025 00339 00.
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en sentencia del 20 de marzo de 2024, notificada el 29 de julio de 2024, revocó el
fallo de primera instancia y en su lugar declaró la “nulidad parcial de las resoluciones
No RDP 035052 de 28 de agosto de 2018, RDP 016467 de 30 de mayo de 2019 y
RDP 025079 de 22 de agosto de 2019” y condenó a la UGPP a reconocer “en favor
de la demandante señora Cecilia Arias Lobo, pensión de sobrevivientes en cuantía
y proporción al periodo de convivencia acreditado en el proceso”.

Además, en la decisión indicada se dispuso:

“[…] Teniendo en cuenta que en la actualidad la pensión de sobrevivientes
se encuentra siendo percibida en su totalidad por la señora María Pulido
Rodríguez, tal como se ordenó mediante Resolución RDP 023345 de 28 de
julio de 2014, dicha prestación deberá ser compartida en proporción al
periodo de convivencia de cada una de las beneficiarias, la conyugue
supérstite en razón de diez años, comprendidos entre el 9 de noviembre de
1952 y el 9 de noviembre de 1952, y la compañera permanente en razón de
cuarenta y seis (46) años y cuarenta y cinco (45) días, comprendidos entre
el año 1968 hasta el 13 de febrero de 2014. total tiempo de convivencia entre
esposa y compañera permanente: cincuenta y seis (56) años y cuarenta y
cinco (45) días. Así:

CUARTO: Declárase probado parcialmente el medio extintivo de la
prescripción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

QUINTO: Sin condena en costas […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de
la providencia).

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, al considerar que la entidad accionante no agotó el recurso
extraordinario de revisión que tenía a su alcance para cuestionar la sentencia del
20 de marzo de 2024 y tampoco demostró la existencia de un perjuicio irremediable
que permitiera la procedencia de la solicitud de amparo de manera transitoria.

La parte actora en su escrito de impugnación indicó que la acción de tutela sí es
procedente porque, si bien puede acudir al recurso extraordinario de revisión, en
este caso se configura un perjuicio irremediable en la medida en que la sentencia
cuestionada “determinó que no hay lugar a la devolución de dineros adicionales
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pagados a la señora PULIDO RODRIGUEZ, quien se encontraba devengando la
pensión de sobrevivientes en un 100% desde el 14 de febrero de 2014 hasta la
fecha, lo cual incide de forma grave sobre los recursos del sistema general de
pensiones”33.

Al respecto, sostuvo que dicho perjuicio es (i) inminente, porque “la decisión del 20
de marzo de 2024 en este momento debe ser acatada por la entidad, toda vez que
tienen plenos efectos”; y (ii) grave, porque “se deben efectuar una serie de pagos
de sumas de dineros que comprometen seriamente los recursos del sistema general
de pensiones y su sostenibilidad financiera, esto al tener asumir un doble pago que
asciende a la suma de $96.538.483 M/cte, correspondiente al 20% de las mesadas
de la pensión de sobreviviente desde el 14 de febrero de 2017 hasta el 31 de octubre
de 2024 (fecha de liquidación)”34.

Adicionalmente alegó que, “para el presente caso se configura el ABUSO
PALMARIO DEL DERECHO, como circunstancia de procedencia excepcional de
esta acción de tutela, en la indebida orden del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO SALA DE DECISIÓN ORAL "A" de reconocer
y pagar pensión de sobrevivientes a la señora CECILIA ARIAS LOBO desde 14 de
febrero de 2017, generando dobles pagos ya que, como se ha indicado, para esa
fecha aún estaba activa en nómina de pensionados la señora MARÍA HAIDEE
PULIDO RODRIGUEZ, lo que genera un grave detrimento del Erario”35.

La Sala considera que debe confirmarse el fallo de tutela de primera instancia que
declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito general
de subsidiariedad.

Al efecto, el artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela
no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

33 Aparte del escrito de impugnación. Visto en los índices 26 y 27 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 00339 00.
34 Ibidem.
35 Ibidem.

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Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida
que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable 36.

La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad
envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial37: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en
que no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios,
y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los
recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al principio
de subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de
defensa no es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos
fundamentales, y (ii) cuando se pretende evitar la configuración de perjuicio
irremediable, el cual debe acreditarse que cumple con la características de ser
inminente y grave, que requiere de la adopción de medidas de carácter urgente para
superar el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es impostergable38.

En el asunto bajo examen, lo pretendido por la entidad accionante es que se
amparen los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera
del sistema pensional y se deje sin efectos la providencia controvertida por
considerar que no había lugar a reconocer la pensión de sobrevivientes a favor de
la señora Cecilia Arias Lobo desde el 14 de febrero de 2017, sino que, según estima,
se debió reconocer desde la fecha en que se redistribuya el 100% de la pensión
para cada una de las beneficiarias, es decir, desde la ejecutoria del fallo judicial que
hoy se cuestiona.

Bajo ese contexto, la Sala considera que el recurso extraordinario de revisión es el
medio idóneo para controvertir la decisión que ataca la parte actora. Lo anterior
debido a que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-427 de 201639, señaló que,
en principio, la tutela no es la vía para debatir las decisiones judiciales cuando se
controviertan providencias judiciales que reconocen una prestación periódica, en

36 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero

Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso
concreto, se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria
del mecanismo de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y
evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el
sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos
es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.
37 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
38 Sentencia T-150 de 2016.
39 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Parafiscales de la Protección Social – UGPP

tanto que para ello las entidades encargadas del pago de dichas prestaciones
cuentan con el instrumento previsto por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La Corte Constitucional40 ha explicado que, ante la existencia del recurso
extraordinario de revisión, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la
UGPP contra providencias judiciales en las que presuntamente se incurrió en un
abuso del derecho en el reconocimiento y/o liquidación de una prestación periódica
son improcedentes, salvo en aquellos casos en los que de manera palmaria se
evidencie la ocurrencia de dicha irregularidad.

En tal sentido, la Corte Constitucional ha señalado que: “En sentencias SU-631 de
2017 y SU-437 de 2016, se precisó que la acción de tutela desplazaba el recurso
extraordinario de revisión ante un abuso palmario del derecho, institución que se
evidencia con dos condiciones: i) la verificación de que hubo vinculación precaria;
ii) el incremento excesivo de la mesada pensional producto de la sentencia
cuestionada”41.

En lo atinente a la configuración del perjuicio irremediable, la Sala observa que la
entidad accionante lo fundamenta en el pago de retroactivo por el monto aproximado
de $96.538.483, correspondiente al 20% de las mesadas de la pensión de
sobreviviente reconocida a la señora Arias Lobo desde el 14 de febrero de 2017
hasta el 31 de octubre de 2024.

Sin embargo, esta circunstancia no constituye un perjuicio irremediable.

En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por
cuanto no cumple con el requisito general de subsidiariedad, por lo que se
confirmará el fallo proferido el 28 de febrero de 2025 por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 28 de febrero de 2025 por la
Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, según lo explicado en la
parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en los
artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

40 Corte Constitucional. Sentencia SU 427 de 2016. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
41 Corte Constitucional. Sentencia SU – 068 de 2018. M.P.: Alberto Rojas Ríos.

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Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de estado (E)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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