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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00339-00

Fecha
28 de febrero de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00339-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico, en atención a lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíq ese y Cúmplase F RMADO ELECTRÓN CAMENTE WILLIAM BARRERA MUÑOZ Presidente de la Sala F RMADO ELECTRÓN CAMENTE F RMADO ELECTRÓN CAMENTE 11 “ARTÍCULO 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas (…) Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada” Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-00339-00 Accionante: UGPP ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES Magistrada Magistrado SFGS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9 www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00339-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

28 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00339-00
Accionante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrada ponente: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado número: 11001-03-15-000-2025-00339-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contrib ciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP –
Accionado: Trib nal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de t tela

Tema: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedibilidad. Subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico.

I. ANTECEDENTES
1. Solicit d de t tela

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social –UGPP-, en adelante UGPP, promovió acción de tutela en
procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional, que consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Atlántico con ocasión de la sentencia del 20 de marzo de 2024, que
revocó el fallo del 17 de mayo de 2023 dictado por el Juzgado Primero Administrativo
Oral de Barranquilla, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 8001-33-33-001-2019-00315-00/01. En dicha
decisión, el Tribunal ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente
a las señoras Cecilia Arias Lobo y María Haydee Pulido Rodríguez, en un 20 % y
80 %, respectivamente, como consecuencia del fallecimiento del señor Homero Virgilio
Hoyos Mejía.

2. Hechos probados

Mediante la Resolución 39255 del 3 de noviembre de 1987, se reconoció una pensión
a Homero Virgilio Hoyos Mejía. Tras su fallecimiento, la UGPP expidió la Resolución
RDP 023345 del 28 de junio de 2014, mediante la cual dispuso el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes a favor de María Haydee Pulido Rodríguez, en
su calidad de compañera permanente, asignándole el 100 % de la prestación.

Por su lado, Cecilia Arias Lobo, esposa del causante, presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de
obtener la nulidad de la Resolución RDP 035052 del 28 de agosto de 2018, mediante
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Accionante: UGPP

la cual la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, al
considerar que no acreditó el requisito de convivencia

Por medio de sentencia del 17 de mayo de 2023, el Juzgado Primero Administrativo
Oral de Barranquilla negó las pretensiones de la demanda. Contra esta decisión, la
señora Arias Lobo interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal
Administrativo del Atlántico en sentencia del 20 de marzo de 2024. En esta providencia,
el Tribunal ordenó reconocer a su favor la pensión de sobrevivientes en un 20% a partir
del 14 de febrero de 2017 y a María Haydee Pulido Rodríguez en un 80%, sin aplicar
la figura de la compensación pensional a cargo de esta última por las mesadas ya
pagadas.

3. Pretensiones y arg mentos de t tela

La entidad accionante solicitó que: i) se amparen sus derechos fundamentales; ii) se
deje sin efectos parcialmente la sentencia del 20 de marzo de 2024, en lo que respecta
a la orden de pago del retroactivo pensional; iii) se ordene al Tribunal Administrativo
del Atlántico dictar una nueva decisión en la que se disponga que “el reconocimiento
pensional de la señora CECILIA ARIAS LOBO a partir de la fecha efectiva de la
redistribución pensional del 20% para la señora ARIAS LOBO y el 80% para la señora
PULIDO RODRIGUEZ, es decir, desde la fecha de ejecutoria de la decisión judicial,
sin que implique efectuar dobles pagos por periodos que dónde ya se pagó del 100%
de la pensión de sobrevivientes”.

Como fundamento de sus pretensiones, afirmó que los jueces del proceso ordinario
incurrieron en defectos fáctico y material, así como en una violación directa de la
Constitución. En particular, señaló que omitieron decretar pruebas esenciales para
determinar la fecha en que se canceló el derecho pensional en un 100% a María
Haydee Pulido Rodríguez, única beneficiaria reconocida. Además, argumentó que no
se tuvo en cuenta que dicho derecho fue completamente pagado desde 2014, por lo
que la orden contenida en la sentencia de segunda instancia generó dobles pagos
sobre un mismo derecho, afectando la estabilidad del sistema pensional.

Adicionalmente, la UGPP sostuvo que la sentencia cuestionada no dispuso la
compensación entre las beneficiarias del derecho, en contravención de lo establecido
en el artículo 5 de la Ley 1205 de 2008.

4. Trámite de t tela e intervenciones

4.1 Por auto del 27 de enero de 20251, se admitió la demanda de tutela, se negó el
decreto de la medida provisional, y se dispuso la vinculación como terceros con interés
del Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla, Cecilia Arias Lobo y María
Haydee Pulido Rodríguez.

4.2 El J zgado Primero Administrativo Oral de Barranq illa, manifestó que se
abstiene se hacer algún pronunciamiento sobre los fundamentos de la acción de tutela,
dado que las pretensiones únicamente cuestionaron la sentencia proferida por el

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Tribunal Administrativo del Atlántico2. Además, aportó el enlace web del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho3.

4.3. El Trib nal Administrativo del Atlántico remitió el proceso ordinario en medio
digital4 y presentó informe en el que solicitó que se nieguen las pretensiones, o que
en su defecto se declare improcedente la solicitud de amparo constitucional5. A su
juicio, la entidad accionante busca crear una instancia adicional dentro del proceso
ordinario para controvertir nuevamente la sentencia de segunda instancia, sin cumplir
con el requisito de relevancia constitucional.

En lo referente a la doble erogación, indicó que “el Tribunal tuvo en consideración que,
con el cumplimiento de la sentencia se generaría un pago doble por parte de la
administración, respecto del mismo derecho pensional, dado que, la compañera
permanente del causante venía percibiendo la prestación en porcentaje del 100%, sin
embargo, no se ordenó compensación de suma alguna con base en que, no se
demostró por parte de la entidad demandada, que la compañera permanente o la
esposa del causante hubieren incurrido en conductas para la dolosa o malintencionada
consecución de propósitos contrarios a derecho, concluyéndose que, las sumas
recibidas por la señora Haydee Pulido Rodríguez por concepto de mesadas
pensionales, se trataron de dineros percibidos de buena fe, precisamente porque no
ejerció ninguna conducta fraudulenta que derivara en ello”.

4.3. Las señoras Cecilia Arias Lobo y María Haydee Pulido Rodríguez guardaron
silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Procedibilidad de la acción

La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos
que establece la ley.

3. Legitimación en la ca sa

La Sala encuentra acreditada la legitimación en la ca sa por activa de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP–, teniendo en cuenta que actuó demandada en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 8001-33-
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33-001-2019-00315-00/01, en el que se profirió la decisión que consideró lesiva para
sus derechos.

También está probada la legitimación en la ca sa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Atlántico, dado que es la autoridad judicial que profirió la sentencia
del 20 de marzo de 2024, que se cuestionó a través de esta acción constitucional.

4. S bsidiariedad.

Sobre el particular, resulta importante destacar que este requisito está definido
expresamente en el artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia
de la acción de tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho
presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 19916.

Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin
de: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el
proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos
atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la
forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial7.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que es deber de la parte
accionante desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el
riesgo de interferir en las competencias de las distintas autoridades judiciales 7.

5. Caso concreto

La Subsección anuncia que el presente asunto no superó el requisito de
subsidiariedad, conforme a las razones que pasan a exponerse:

5.1. La revisión de las actuaciones del expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho da cuenta de los siguientes hechos:

• La señora Cecilia Arias Lobo presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de obtener la
declaratoria de nulidad de las Resoluciones RDP-016467 del 30 de mayo de
2019 y RDP-025079 del 22 de agosto de 2019, mediante las cuales la UGPP le
negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente tras el fallecimiento del

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“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante. (…)”.
7
Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
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señor Homero Virgilio Hoyos Mejía. En consecuencia, solicitó que se le
reconociera el derecho en la proporción que le correspondiera.

• El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Primero Administrativo Oral de
Barranquilla, autoridad judicial que admitió la demanda y ordenó las respectivas
notificaciones. La UGPP aportó el escrito de contestación y formuló excepciones.

• Mediante auto del 19 de enero de 2021, se ordenó la vinculación de María
Haydee Pulido Rodríguez en calidad de litisconsorte necesario. Posteriormente,
la vinculada presentó escrito de contestación.

• Por medio de sentencia del 17 de mayo de 2023, se negaron las pretensiones
de la demanda. Contra esta decisión, la señora Cecilia Arias Lobo interpuso
recurso de apelación.

• El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de segunda
instancia del 20 de marzo de 2024, revocó la decisión del juzgado y, en su lugar,
dispuso:

En relación con el doble pago derivado de un mismo derecho pensional, la Corporación
señaló:

“El Tribunal no pierde de vista que con la orden impartida en esta decisión se
generará un doble pago por parte de la administradora de pensiones respecto
de un mismo derecho pensional. Sin embargo, sea del caso precisar, que
dichos pagos fueron ordenados por la entidad demanda y en favor de la
compañera permanente mediando buena fe, en efecto, fue la administradora
de pensiones la que decidió reconocer la pensión en porcentaje del 100% pese
a tener conocimiento de la pluralidad de reclamantes de la prestación como
beneficiarias (esposa – compañera permanente), aun cuando pudo dejar en
suspenso el reconocimiento a fin de que la controversia fuera dirimida por la
jurisdicción, pero más relevante aun, la negatoria de la pensión de la
demandante en sede administrativa estuvo fundada en un desacierto

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interpretativo de la norma jurídica aplicable al caso en concreto, esto es, el
convencimiento equivoco de la demandada sobre la temporalidad en la que se
debía acreditar la convivencia de cinco años (5) exigida para los conyugues
separados de hecho, lo que dio lugar a que ahora se genere un doble pago por
concepto de la prestación, lo cual, a juicio del Tribunal, exonera a la compañera
permanente de realizar cualquier compensación sobre los pagos recibidos en
exceso”.

5.2. En el contexto expuesto, es preciso señalar que, en la decisión SU-427 de 2016,
la Corte Constitucional determinó que las acciones de tutela promovidas por la UGPP
ante un presunto abuso del derecho por parte del pensionado, con el propósito de
proteger el sistema de seguridad social en pensiones, deben considerarse
improcedentes, dado que la entidad dispone del recurso extraordinario de revisión.

En efecto, el artículo 6, numeral 6, del Decreto 575 del 22 de marzo de 2013, establece
como una de sus funciones “adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o en las normas que la adicionen o
modifiquen”.

Atendiendo a las consideraciones expuestas por la Corte en la referida providencia, la
Sala considera pertinente destacar las siguientes:

“[…] 7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la
configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la
titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos
establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones
encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular,
pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por
su buen funcionamiento financiero8.

7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir ante
la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso
de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de
cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del
derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho
mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la
cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.

7.25. Así las cosas, ante la existencia otro mecanismo judicial como lo es el recurso de
revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio, las acciones
de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones judiciales en las que
presuntamente se haya incurrido en un abuso del derecho son improcedentes al tenor
del artículo 86 de la Constitución”.

Ahora bien, en la SU-631 de 2017 el Tribunal Constitucional reiteró la tesis de
improcedencia del mecanismo constitucional de cara a la subsidiariedad -expuesta en
la SU-427 de 2016- y precisó que, no obstante, la intervención del juez constitucional
resulta procedente, aun sobre la facultad para ejercer el recurso extraordinario de
revisión, cuando se está ante un abuso del derecho en forma palmaria9, y que “para
identificar este tipo de conductas, el juez en cada caso concreto, debe orientarse a
8
Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
9
En sentencia T-511 de 1993, la Corte Constitucional indicó que se presenta cuando en el ejercicio de
un derecho subjetivo se desbordan los límites que el ordenamiento le impone a este, con independencia
de que con ello ocurra un daño a terceros
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establecer “sobre la base de elementos objetivos demostrados en el proceso, [si de la
conducta del titular del derecho, puede] construir su pleno convencimiento de un
ejercicio abusivo y malintencionado de un derecho determinado”10, que por lo general
será el que trascienda el marco y la finalidad que el Constituyente y el Legislador le
han otorgado a una facultad individual”.

En lo referente a las situaciones de incremento excesivo de la mesada pensional, la
providencia consideró:

(ii) Del incremento excesivo en la mesada pensional La mesada pensional debe
haberse incrementado de tal forma que implica un tratamiento diferenciado para quien
la obtuvo. Tal incremento ha de ser verificado en cada caso concreto y dejará al
descubierto el resultado del abuso del derecho desde el punto de vista del pensionado.
La importancia de esta verificación es que tiene la virtualidad de revelarle al juez
constitucional la dimensión material de las ventajas ilegítimas, desde el punto de vista
legal o constitucional, en favor del pensionado.

Al respecto conviene aclarar que, si bien es cierto cualquier incremento en la mesada
pensional que desborde los principios y las reglas del sistema de seguridad social en
pensiones, atenta contra él, solo los que sean evidentes y se descubran de un primer
acercamiento al caso concreto, ameritan la intervención del juez de tutela. Los demás
pueden ser cuestionados a través de la jurisdicción laboral ordinaria o contencioso
administrativa, según sea el caso. La remisión de los casos al juez ordinario, no implica
de ningún modo restarle relevancia al caso, sino constatar que la urgencia que presenta
es relativa y no notoria.

Así, no basta con la existencia de una vinculación precaria para que proceda la acción
de tutela, sino que es preciso que aquella haya generado un incremento protuberante
de la mesada pensional. Solo así la aplicación del IBL de un régimen especial, cobra
una importancia tal que es imperiosa la intervención del juez de tutela.”

En el presente asunto la UGPP sostuvo, en síntesis, que existió un abuso palmario
del derecho, en la medida que: i) la providencia cuestionada ordenó el pago del
derecho pensional a favor de Cecilia Arias Lobo desde el 14 de febrero de 2017, lo
que implica una doble erogación, pues María Haydee Pulido Rodríguez percibe el
mismo derecho en cuantía del 100% desde el 14 de febrero de 2014 y; ii) no se hizo
uso de la figura de la compensación.

Los argumentos alegados por la entidad accionante no se enmarcan dentro de los
supuestos que permiten tener como cierto un abuso del derecho en los términos de la
jurisprudencia constitucional, en la medida que no se demostró una situación de
desventaja que ponga en riesgo los recursos del sistema pensional, o que la entidad
esté obligada a hacer erogaciones cuantiosas en cumplimiento de las orden judicial
criticada y que atenten contra la equidad y la sostenibilidad del sistema, o incluso, que
generen un riesgo para sus afiliados.

Esto, por cuanto el reconocimiento pensional en los porcentajes determinados por el
Tribunal Administrativo del Atlántico encontró soporte en las normas aplicables al caso
concreto y en el análisis de las pruebas, que dio como resultado la certeza del derecho
de las dos (2) beneficiarias, así como la necesidad de adoptar la decisión que
distribuyera la mesada pensional en el porcentaje que correspondía. Aunado, el monto

10
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral. Sentencia del primero (1) de marzo de dos mil once
(2011). Radicación No 46.175. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza.
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al que alude la UGPP como causante del detrimento del erario asociado a un posible
riesgo del sistema, no se probó como excesivo.

5.3. En consecuencia, la Sala no encuentra probada alguna situación excepcional que
impida a la UGPP ejercer el recurso extraordinario de revisión para cuestionar la
sentencia del 20 de marzo de 2024 y que permita tener por superado el requisito de
subsidiariedad o que justifique la flexibilización de la regla. Aceptar lo contrario
implicaría reemplazar los mecanismos ordinarios establecidos por el legislador para la
protección de los derechos y suplir la omisión de la parte interesada.

Además, cabe resaltar que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable
que torne en procedente el amparo de manera transitoria en la medida que la
providencia cuestionada fue notificada en forma electrónica mediante mensaje de datos
enviado el 29 de julio de 2024, por lo que para este momento no han transcurrido los 10
meses previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 para que la UGPP de
cumplimiento y realice el pago11. Con fundamento en lo anterior, se declarará
improcedente la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social –UGPP– en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico, en
atención a lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíq ese y Cúmplase

F RMADO ELECTRÓN CAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

F RMADO ELECTRÓN CAMENTE F RMADO ELECTRÓN CAMENTE
11
“ARTÍCULO 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas
(…)
Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de
dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la
ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago
correspondiente a la entidad obligada”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
8
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00339-00
Accionante: UGPP

ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

SFGS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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