Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06436-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06436-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06436-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
18 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., dieciocho (18) noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06436-00
Accionante: Yesid Hernando Camacho Jiménez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y Juzgado Sexto Administrativo de
Ibagué
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda presentada por el señor Yesid
Hernando Camacho Jiménez, contra las sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Tolima y el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué el 18 de septiembre
de 2025 y el 23 de marzo de 2022, respectivamente.
SÍNTESIS1
El accionante cuestiona las sentencias que negaron sus pretensiones en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Comisión Nacional del
Servicio Civil y el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos que convocaron al concurso de méritos
y, posteriormente, declararon insubsistente su nombramiento. A título de
restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro al cargo que venía desempeñando,
entre otras pretensiones. Se declara la improcedencia de la demanda por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que el accionante
reitera los argumentos que ya fueron debidamente debatidos y resueltos en el proceso
ordinario.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 14 de octubre de 2025, Yesid Hernando Camacho Jiménez presentó, en nombre
propio, una demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de
su derecho fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, fue vulnerado por las
sentencias proferidas el 23 de marzo de 2022 y el 18 de septiembre de 2025, por el
Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima,
respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado No. 73001333300620190033000/01, por medio del cual se
negaron las pretensiones de la demanda y, posteriormente, se confirmó la sentencia del
1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Improcedencia / Falta
de relevancia constitucional
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06436-00
Accionante: Yesid Hernando Camacho Jiménez
Se declara la improcedencia de la demanda
23 de marzo de 2022.
2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
PRIMERO. Solicito que deje sin efecto y valor la sentencia proferida en segunda instancia
por el Tribunal Administrativo del Tolima y la de primera instancia proferida por el Juzgado
Sexto administrativo.
SEGUNDO. Se ORDENE A LA JURISDICCIÓN JUDICIAL ACCIONADA, proceda a dictar
una nueva Sentencia, en la cual se estudien todos los elementos de hecho, de derecho,
legales, constitucionales, jurisprudenciales y los soportes probatorios que se decretaron
y allegaron oportunamente, en aras de adoptar una decisión acorde con el precedente
judicial de la Sentencia C-241 del 2014.
TERCERO. Que, como corolario de lo precedente, SE ACCEDAN A LAS SUPLICAS DE
LA DEMANDA, ordenándose el reintegro al cargo que venía ocupando en el Hospital
Federico Lleras Acosta ESE y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir
desde al momento de la declaratoria de insubsistente, en mi calidad de trabajador oficial.
CUARTO. SE ORDENE dar cumplimiento al fallo de tutela en los términos
constitucionales.
B. Hechos
3. El señor Yesid Hernando Camacho fue nombrado provisionalmente trabajador oficial
en el cargo de auxiliar de servicios generales del Hospital Federico Lleras Acosta de
Ibagué E.S.E mediante Resolución No. 1328 de 1974. Posteriormente, mediante acta
de posesión No. 0500 del 8 de noviembre de 1978, el accionante se posesionó como
auxiliar de enfermería (denominado auxiliar del área de salud, código 412, grado 19) del
Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E, para el cual se le había nombrado
mediante Resolución 3691 del 19 de febrero de 1978. Luego, el 7 de junio de 1993, el
Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué E.S.E celebró un contrato de trabajo a
término indefinido con el accionante para desempeñar el cargo de auxiliar de enfermería
(auxiliar del área de salud, código 412, grado 19.)
4.Mediante el Acuerdo No. CNSC-20161000001276 del 28 de julio de 2016, modificado
por los Acuerdos 20161000001416 del 30 de septiembre de 2016 y 20161000001466
del 23 de noviembre de 2016, la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó la
Convocatoria No. 426 de 20162, para proveer de manera definitiva los empleos vacantes
de la planta de personal de las empresas sociales del Estado.
5.En el marco de la convocatoria, se elaboró la lista de elegibles destinada a la provisión
de las vacantes, entre ellas la del cargo ocupado por el accionante.
6. Mediante Oficio No. 1206-GTH 000206 del 11 de enero de 2019 el accionante fue
desvinculado de su cargo de auxiliar del área de salud, ya que él se encontraba
vinculado al Hospital de manera provisional.
7. El 16 de diciembre de 2020, el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué admitió la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el accionante en contra
del acto administrativo mediante el cual la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó
al concurso de méritos y del acto expedido por el Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E,
con el cual declaró la insubsistencia del cargo que ocupaba. A título de restablecimiento
2 "Por el cual se convoca a Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes
de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Empresas
Sociales del Estado objeto de la presente Convocatoria, "Convocatoria No. 426 de 2016. - Primera
Convocatoria E.S.E."
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06436-00
Accionante: Yesid Hernando Camacho Jiménez
Se declara la improcedencia de la demanda
el accionante solicitó que se reintegrara a su cargo de auxiliar del área de salud.
8. El 23 de marzo de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué negó las
pretensiones de la demanda por cuanto no se configuró ninguna causal de nulidad
respecto los actos administrativos demandados. Además, señaló que el accionante
desempeñaba su cargo en condición de provisionalidad, razón por la cual la declaratoria
de insubsistencia del cargo fue consecuencia de la provisión definitiva del empleo de
carrera administrativa con la persona que posteriormente ocupó el puesto
correspondiente de la lista de elegibles.
9. El 8 de abril de 2022, el accionante apeló la sentencia emitida por el Juzgado Sexto
Administrativo de Ibagué. A su juicio, no se tuvo en cuenta la naturaleza de su vínculo
laboral, toda vez que ocupaba un cargo como trabajador oficial y aun así fue incluido en
la oferta pública de empleo. Además, señaló que se omitió la valoración integral de las
pruebas y se aplicó erróneamente el marco jurídico vigente.
10. El 18 de septiembre de 2025 el Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia
de segunda instancia y resolvió confirmar la sentencia del 23 de marzo de 2022 emitida
por el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué. Lo anterior, debido a que, a su juicio, la
finalización del vínculo de quien ocupa en provisionalidad un cargo de carrera no
constituye una vulneración de sus derechos, ya que la estabilidad intermedia reconocida
a dicha modalidad de los servidores está subordinada al derecho prevalente de los
concursantes que superan todas las etapas de selección y que, luego, conforman la lista
de elegibles.
C. Fundamentos de la vulneración
11. El accionante sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso. Afirma que las decisiones cuestionadas incurrieron en
un defecto fáctico y en desconocimiento del precedente.
12. Respecto al defecto fáctico, señaló que las autoridades judiciales demandadas
desconocieron las pruebas que acreditaban su vínculo laboral como trabajador oficial y
no como empleado público, pues omitieron valorar de manera adecuada el acervo
probatorio que demostraba dicha condición y la consecuente protección laboral derivada
de la Ley 10 de 1990 y el Decreto Ley 1399 de 1990.
13. En relación con el desconocimiento del precedente, alegó que se inaplicó el
precedente judicial contenido en la sentencia C-241 de 2014 de la Corte Constitucional.
14. Finalmente, indica que los accionados no realizaron el mínimo esfuerzo para
explicar las razones jurídicas por las cuales en su caso no se aplica el precedente
judicial. Además, tampoco hacen referencia a la protección especial que tiene y que ha
sido reiterada por la Corte Constitucional.
D. Trámite procesal
15. Mediante auto del 16 de octubre de 20253, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar al despacho del Magistrado Belisario Beltrán Bastidas del Tribunal
Administrativo de Tolima, al Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué y, en calidad de
terceros con interés, a la Comisión Nacional del Servicio Civil y al Hospital Federico
Lleras Acosta E.S.E. de Ibagué, para que rindieran un informe sobre los hechos objeto
3 Índice 5 del expediente digital disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06436-00
Accionante: Yesid Hernando Camacho Jiménez
Se declara la improcedencia de la demanda
de la demanda de tutela.
E. Oposiciones e intervenciones
16. El Tribunal Administrativo del Tolima4 rindió informe de los hechos de la acción de
tutela y solicitó que se denegaran las pretensiones, por cuanto de la demanda se colige
que lo que pretende el accionante es lograr un nuevo pronunciamiento judicial frente a
su caso. A su juicio, las providencias judiciales atacadas resultan suficientes para
soportar la defensa en el marco de la acción de tutela. Además, remitió el expediente
del radicado No. 73001333300620190033002.
17. El Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué5 remitió el expediente del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No.
73001333300620190033000.
18. El Hospital Federico Lleras E.S.E. de Ibagué señaló que el accionante se
encontraba adscrito a la planta definitiva de la entidad hospitalaria en provisionalidad
bajo el cargo de auxiliar del área de salud – código 412 grado 19, razón por la cual su
cargo salió a concurso. Por otro lado, indicó que el accionante no se inscribió a la
convocatoria convocada por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
19. En relación con los argumentos manifestados por el accionante, señala que no es
cierto que en el momento de su retiro tuviera la calidad de trabajador oficial, por el
contrario, ostentaba la calidad de servidor público en provisionalidad y el cargo ocupado
era un cargo de carrera cuya vacancia debía ser provista mediante concurso de méritos
en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución y la ley. Insiste en que el accionante
fue vinculado mediante acto administrativo de nombramiento en un cargo de la planta
de personal del Hospital en provisionalidad.
20. Señala que en la demanda de tutela no se sustentó en debida forma la relevancia
constitucional, y que el actor lo que pretende es que se reabra el debate jurídico, pues
todos los argumentos que presenta para control constitucional fueron debidamente
debatidos en el proceso ordinario. En esa medida, solicita que se denieguen las
pretensiones del accionante, toda vez que se limitó a exponer los mismos cargos que
se relacionaron en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, además,
tampoco logró demostrar los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para la
procedencia de la acción de tutela. También, solicitó que se declarara la inexistencia de
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
21. La Comisión Nacional del Servicio Civil6 solicitó ser desvinculada de la presente
acción por falta de legitimación por pasiva, debido a que los hechos y pretensiones del
accionante no corresponden a competencias de la entidad, puesto que lo relacionado
con las actuaciones administrativas de la planta de personal, corresponden a la entidad
nominadora. Agrega que lo pretendido por el accionante versa respecto al actuar del
Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué en el
marco del proceso ordinario, razón por la cual la Comisión no tiene injerencia en lo
4 Índice 10 del expediente digital disponible en Samai
5 Índice 9 del expediente digital disponible en Samai.
6 Índice 15 del expediente digital disponible en Samai.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06436-00
Accionante: Yesid Hernando Camacho Jiménez
Se declara la improcedencia de la demanda
presentado por el accionante.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
22. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Acuerdo 80 de 2019 de
esta Corporación.
G. Cuestión previa
23. La Sala negará la solicitud de desvinculación de la presente acción judicial formulada
por la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues dicha autoridad fue vinculada en calidad
de tercero con interés, por cuanto fue sujeto procesal y estuvo vinculado al proceso de
nulidad y restablecimiento de derecho objeto de la presente demanda de tutela.
H. Providencia objeto de análisis
24. El accionante cuestionó las sentencias proferidas el 18 de septiembre de 2025 y 23
de marzo de 2022, por el Tribunal Administrativo del Tolima y por el Juzgado Sexto
Administrativo de Ibagué, respectivamente. No obstante, la Sala analizará la providencia
judicial de segunda instancia, por cuanto fue la sentencia que dio por terminado el debate.
I. Sentido de la decisión
25. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, pues el accionante pretende revivir el debate que
fue resuelto en el proceso ordinario al presentar argumentos que ya fueron analizados.
En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela7.
J. El requisito de relevancia constitucional
26. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.8 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
7 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional
ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se
hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
8 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06436-00
Accionante: Yesid Hernando Camacho Jiménez
Se declara la improcedencia de la demanda
decisión cuestionada9, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional
sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial”.
27. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.10
28. En la sentencia SU-215 de 202211, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y
(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales
29. Para la Corte Constitucional12, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
9 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
10 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.
José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06436-00
Accionante: Yesid Hernando Camacho Jiménez
Se declara la improcedencia de la demanda
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
30. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez constitucional”13.
K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
31. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.
En el asunto sub iudice, el accionante cuestiona las sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Tolima y el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué el 18 de
septiembre de 2025 y el 23 de marzo de 2022, respectivamente, pues a su juicio
considera que incurrieron en el defecto fáctico y desconocimiento del precedente
judicial. A continuación, la Sala describirá las características y elementos de los defectos
alegados, con el propósito de determinar el objeto de la litis y examinar a fondo la
presunta vulneración de derechos fundamentales.
32. El defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del material
probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se configura
cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”14. La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto se manifiesta en dos dimensiones.
32.1. Por un lado, la dimensión negativa describe una omisión determinante por parte de
la autoridad judicial en las etapas probatorias15. Ello ocurre, por ejemplo, cuando no se
tiene en cuenta una realidad probatoria, no se valoran todos los medios de convicción
o, habiendo lugar a ello, no se decreta oficiosamente una prueba.
32.2. Por el otro, la dimensión positiva describe un error ostensible, flagrante y manifiesto
en la apreciación del hecho o de la prueba16. Bajo ese esquema, el defecto se produce
en los eventos en que la decisión se fundamenta en pruebas ilícitas, pruebas que por
disposición legal no son demostrativas del hecho o, por lo general, en una valoración
13 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-074 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06436-00
Accionante: Yesid Hernando Camacho Jiménez
Se declara la improcedencia de la demanda
abiertamente defectuosa de los medios de convicción17.
32.3. El desconocimiento del precedente18 se funda debido a la inaplicación de las
decisiones emitidas por la Corte Constitucional, ya que en el marco del control abstracto
de constitucionalidad o de revisión de tutelas, las sentencias hacen tránsito a cosa
juzgada y, por tanto, tienen fuerza vinculante.
32.4. Lo anterior, en virtud del principio de supremacía constitucional y la jerarquía del
sistema de fuentes formales de derecho, ya que hay una aplicación preferente de las
disposiciones que emanan de la Carta Política y de los contenidos normativos en los
cuales se reconoce la jurisprudencia constitucional, en ejercicio de su interpretación de
la Constitución.
L. El caso concreto
33. La Sala observa que la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto tiene como propósito reabrir el debate concluido en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se advierta una actuación arbitraria
o ilegítima por parte de las autoridades judiciales accionadas.
34. Se evidencia que los argumentos presentados por el accionante son los mismos
que expuso ante el Tribunal Administrativo del Tolima en el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia proferida el 23 de marzo de 2022 por el Juzgado Sexto
Administrativo de Ibagué.
35. En efecto, en el recurso de apelación el accionante manifestó lo siguiente:
“Por la naturaleza de las actividades del cargo al que fue vinculado y por el
ordenamiento legal vigente al momento de su vinculación en el año 1974, entro a
ocupar un cargo de trabajador oficial, indistintamente que le hayan hecho resolución
de nombramiento y acta de posesión, en protección del principio de primacía de la
realidad sobre la formalidad.
1.19.5. Con la entrada en vigencia del Decreto 694 de 1975 y al tener el carácter de
trabajador oficial, continuó con ese régimen de vinculación.
1.19.6. Que la clasificación determinada por la Resolución No 001629 del 24 de
agosto de 1989 ratificó el carácter de trabajador oficial.
1.19.7. Que el artículo 17 de la ley 10 de 1990 y los artículos 3 y 4 del Decreto Ley
1399 de 1990 protegieron su vínculo laboral como trabajador oficial mientras
subsistiera su vinculación con el hospital.
1.19.8. Que la ordenanza 09 de 11 de febrero de 1991, consolido la categoría de
trabajador oficial.
1.19.9. El contrato de trabajo suscrito entre el hospital y mi representado 7 de junio
de 1993, formalizo la vinculación como trabajador oficial que ya tenía mi
17 Corte Constitucional, sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06436-00
Accionante: Yesid Hernando Camacho Jiménez
Se declara la improcedencia de la demanda
representado.
1.19.10. La sentencia C-241 de 2014, le dio plena validez constitucional y legal a la
vinculación como trabajador oficial de mi representado.
(…)
En el año 2016 cuando se hizo la convocatoria, ya se había expedido la Sentencia
C-241 de 2014, de tal manera que se sabía que había trabajadores que venían
laborando desde antes de 1990 y que ostentaban la calidad de trabajadores
oficiales, como es el caso del Señor YESID CAMACHO.
Teniendo claro que las fallas cometidas por la Comisión del Servicio Civil son más
por omisión, al no verificar que la oferta pública presentada por el Hospital Federico
Lleras Acosta ESE, si correspondía a empleos públicos como lo dispone la misma
Ley 909 de 2004.
La principal responsabilidad sobre la Oferta Pública recae sobre el Hospital y
principalmente sobre la Profesional Talento Humano que es quien la elabora y la
envía a la Comisión del Servicio Civil, aspecto que no era posible controvertir por
parte de los afectados, si se tiene en cuenta que estos son actos impersonales que
hacen referencia a los empleos sin precisar las personas que los ocupan y sus
condiciones legales de vinculación
Habiéndose sustentado suficientemente que el señor CAMACHO ocupaba un cargo
de trabajador oficial resulta totalmente irregular haber incluido en la oferta pública
dicho empleo y haberlo sometido al concurso de mérito para posteriormente
terminar declarándolo insubsistente, lo que constituye otro hecho grave, ya que la
vinculación de los trabajadores oficiales es por contrato de trabajo y su
desvinculación mediante la terminación de dicho contrato.”
36. En suma, indicó que el Juzgado omitió la valoración integral de las pruebas, aplicó
el marco normativo vigente de manera errada y alegó el desconocimiento de la
verdadera naturaleza del vínculo laboral del accionante, pues señaló que el Juzgado
fundó su decisión en premisas erróneas al no considerar la naturaleza de su relación
laboral pues al estar vinculado como trabajador oficial estaba exceptuado del concurso
de carrera. En consecuencia, solicitó que se revocara la sentencia de 23 de marzo de
2022 y se concediera el reintegro del accionante al cargo que venía ejerciendo.
37. Ahora bien, en la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2025 el Tribunal
Administrativo de Tolima, con sustento en el acervo probatorio, señaló que, si bien el
tutelante se vinculó como trabajador oficial, su situación jurídica fue modificada a partir
de su nombramiento como auxiliar del área de salud, código 412, grado 19, ya que dicha
vinculación correspondió al régimen de los empleados públicos, derrotando así el yerro
que alegaba el demandante en su recurso de apelación. El Tribunal resaltó
jurisprudencia de esta Corporación en la que se ha establecido que los empleados
públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera gozan de una estabilidad
laboral intermedia o relativa, razón por la cual su retiro debe fundarse en una causa
legal y el acto de desvinculación deber ser motivado.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06436-00
Accionante: Yesid Hernando Camacho Jiménez
Se declara la improcedencia de la demanda
38. Asimismo, el Tribunal advirtió que las decisiones administrativas cuestionadas, por
medio de las cuales se produjo la desvinculación del demandante, tuvieron como
fundamento legal el cumplimiento de un deber del Hospital Federico Lleras Acosta
E.S.E, consistente en dar posesión a la persona que resultó vencedora en el concurso
de méritos adelantado por la CNSC y determinó que el acto administrativo por medio
del cual el accionante fue retirado, se ajusta al marco normativo vigente y goza de
legalidad de acuerdo con la provisión de un empleo de carrera administrativa.
39. Aun así, el accionante, en sede de tutela, reitera los argumentos que expuso en el
recurso de apelación, pues alega que se debe respetar el carácter de trabajador oficial
que ostentó y que “se restituyan mis derechos reintegrándome al cargo de auxiliar del
área de la salud”. Empero, dicho debate ya fue resuelto en el marco del proceso
ordinario, por cuanto se determinó que la declaración de insubsistencia del cargo que el
accionante ejercía obedeció a la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el
concurso de méritos, ya que los nombramientos provisionales, tal como era la situación
del accionante, son excepcionales y transitorios.
40. Adicionalmente, el accionante insiste en su argumento en que los demandados
centraron su análisis en las disposiciones jurídicas que regulan el empleo público con
posterioridad a la Ley 10 de 1990 y al Decreto ley 1399 de 1990, aun cuando dichos
argumentos ya habían sido presentados y estudiados en la resolución del recurso de
apelación. De esta manera, los defectos que el accionante advierte en la presente
acción de tutela, son los mismos alegados en sede de apelación.
41. Así las cosas, se observa que el accionante no presenta ningún argumento
novedoso que permita inferir la trasgresión a sus garantías fundamentales, pues los
argumentos que alega también fueron objeto de debate y resueltos en el marco del
proceso ordinario.
42. En este sentido, es claro que el accionante pretende reabrir el debate respecto a la
naturaleza de su vínculo laboral. Así, presenta argumentos repetitivos en los que alega
defectos que fueron advertidos en sede de apelación. En adición, no cumple con la
argumentativa suficiente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución
Política en función a la protección de sus derechos fundamentales, pues los argumentos
esbozados expresan su inconformidad con las decisiones adoptadas.
43. En atención a lo expuesto, la Sala encuentra que la solicitud de amparo no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto lo que se pretende es utilizar la
acción constitucional como una instancia adicional para discutir asuntos ya debatidos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06436-00
Accionante: Yesid Hernando Camacho Jiménez
Se declara la improcedencia de la demanda
SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación formulada por la Comisión Nacional
del Servicio Civil.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
CUARTO: Una vez notificada, y si no fuese. impugnada, ENVÍESE el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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