Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07712-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-07712-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-07712-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Mery Luz Vargas Bocanegra
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07712-00
Asunto: Tutela contra autoridad judicial. Improcedencia por falta de legitimación
en la causa por activa
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El señor Yesid Hernando Camacho Jiménez promovió acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué al considerar vulnerado su
derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de las
providencias proferidas el 18 de septiembre de 2025 y el 23 de marzo
de 2022 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 73001-33-33-006 2019-00330-
00/01.
1.2. El conocimiento del referido mecanismo de amparo le correspondió a la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que, en
auto de 16 de octubre de 2025 la admitió.
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1.3. El 27 de octubre de 2025, el referido proceso ingresó al despacho del
magistrado de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado para proferir fallo de primera instancia.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que se encuentra afiliada y hace parte de la junta
directiva de la asociación sindical “[…] ANTHOC SUBDIRECTIVA IBAGUÉ y
TOLIMA […]”.
Refirió que: “[…] Actualmente estamos atravesando unas dificultades en
nuestra organización sindical por culpa del señor YESID CAMACHO, quien fue
despedido desde el 2019 y perdió dos procesos jurídicos, uno de fuero sindical
y otro en lo contencioso administrativo, y actualmente radicó tutela contra la
sentencia del tribunal administrativo, cuya tutela quedó radicada bajo el
número 11001-03-15-000-2025-06436-00 desde el 14 de octubre de 2025 y
admitida el 16 de octubre de 2025 […]”.
Sostuvo que pese a que han transcurrido más de cincuenta (50) días desde
que se admitió la acción de tutela a la fecha no se ha proferido la respectiva
sentencia de primera instancia, lo que vulnera “[…] los derechos
fundamentales del accionante y de todos los afiliados de ANTHOC, que nos
urge saber si el señor CAMACHO continúa como empleado afiliado o no. Me
parece supremamente extraño que desde el 16 de octubre a hoy 3 de
diciembre no haya podido el señor magistrado fallar la tutela […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Se tutelen mis derechos fundamentales y los de nuestros afiliados de
la municipal Ibagué, ya que el accionante en la tutela radicada con el
numero 11001-03-15-000-2025-06436-00 ante el consejo de estado, para
el momento del despido era afiliado y directivo de ANTHOC
SUBDIRECTIVA IBAGUÉ, y hoy en día nos tiene altamente afectados la
demora en la resolución de la tutela.
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Ruego al despacho, se ordene al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
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SUBSECCIÓN B, se profiera la decisión que en derecho corresponda.
[…]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 11 de diciembre de 2025, se admitió la presente acción de
tutela y se vinculó al Tribunal Administrativo del Tolima, al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, al Hospital Federico Lleras Acosta ESE y al señor Yesid
Hernando Camacho Jiménez como terceros con interés directo en el resultado
del proceso.
III. INTERVENCIONES
1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó negar
el amparo deprecado porque “[…] no es posible atribuir la tardanza que plantea
la accionante, pues el curso del expediente obedeció a causas objetivas tales
como: la alta congestión judicial, el ejercicio legítimo del derecho de
contradicción y defensa de las partes requeridas y terceros con interés y la
existencia de múltiples procesos de similar naturaleza y jerarquía equivalente,
los cuales deben ser tramitados bajo el principio de igualdad sin alterar el orden
de turnos […]”.
Igualmente, advirtió que el proceso dentro del cual se alega la mora judicial
fue decidido mediante sentencia de 18 de noviembre de 2025, por lo que para
el momento de presentación de esta acción -3 de diciembre- dicha decisión ya
se había proferido.
2. El Tribunal Administrativo del Tolima manifestó que se “[…] deben negar las
pretensiones de la presente acción, habida cuenta que de la lectura del escrito
tutelar, claramente se colige que lo que la parte actora pretende es lograr un
nuevo pronunciamiento judicial frente a su caso, resaltándose que conforme
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el parágrafo 4 del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, no procederá la tutela
contra fallos de tutela […]”.
3. La Comisión Nacional del Servicio Civil rindió informe en el que advirtió que
carece de legitimación en la causa por pasiva porque no es la llamada a
responder por ninguna de las pretensiones formuladas por la accionante en el
marco de la presente acción de tutela.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Cuestión previa
La Sala advierte que la Comisión Nacional del Servicio Civil solicitó su
desvinculación del presente trámite de tutela.
La Sala considera que, comoquiera que la Comisión Nacional del Servicio Civil
es sujeto procesal dentro del proceso con radicación 11001-03-15-000-2025-
06436-00 que es objeto de estudio en la presente acción de tutela, la Sala
concluye que le asiste interés directo en la decisión de la acción constitucional
de la referencia, razón por la que se le negará la solicitud de desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer si
en el presente asunto se cumple con el presupuesto procesal de la legitimación
en la causa por activa en las acciones de tutela. En caso negativo:
A) Si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales de
la parte actora, con ocasión de la presunta dilación injustificada
dentro del mecanismo de amparo con radicación 11001-03-15-000-
2025-06436-00.
4. Caso concreto
4.1. Del análisis de la legitimación en la causa por activa
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en
que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial
que se discute en el proceso de tutela, de modo que el derecho cuya
protección se persigue debe ser propio del demandante y no de otra persona2.
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que “[…] toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad […]”. [Negrilla fuera de texto].
Por su parte, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 19913 establece que “[…]
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
2
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
3 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
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presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”. [Negrillas fuera del texto].
A partir de lo anterior, es claro que el o la titular de los derechos fundamentales
que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción de tutela: i)
por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de agente
oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las razones
por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman
amenazados o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.
Sobre la agencia oficiosa, la Corte Constitucional ha considerado que es
indispensable que el agente oficioso afirme que actúa en dicha condición y
demuestre que el titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentra en
imposibilidad de promover su propia defensa, “[…] bien sea por circunstancias
físicas, como la enfermedad, o por razones síquicas que pudieren haber
afectado su estado mental, o en presencia de un estado de indefensión que le
impida acudir a la justicia […]”4. De ahí que dicha corporación ha establecido
los siguientes requisitos para su configuración:
“[…] La Corte Constitucional se ha ocupado de establecer algunos
requisitos que deben verificarse cuando un ciudadano actúa como agente
oficioso de otra persona. En primer lugar, debe manifestar que actúa en
tal calidad. En segundo lugar, debe encontrarse acreditado en el
expediente que la persona a favor de quien actúa no puede
interponer por sí misma el amparo que se invoca. En tercer lugar, no
es necesario que exista una relación jurídica entre el agente y el
agenciado o agenciados titulares de los derechos fundamentales. Y en
cuarto lugar, cuando ella sea posible, debe existir una ratificación
oportuna por parte del agenciado respecto de los hechos o las
pretensiones que se consignan en el escrito de tutela. Sin embargo, los
anteriores requisitos deben aplicarse en forma flexible, atendiendo a las
circunstancias particulares de cada caso concreto […]”. [Se destaca]
4
Sentencia SU-707 de 1996. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara.
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En el presente caso, la señora Mery Luz Vargas Bocanegra promovió acción
de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
con ocasión de la presunta dilación injustificada dentro del mecanismo de
amparo con radicación 11001-03-15-000-2025-06436-00.
Ahora bien, la Sala advierte que los sujetos procesales dentro del expediente
objeto de tutela identificado con el radicado 11001-03-15-000-2025-06436-00
son: el señor Yesid Hernando Camacho Jiménez (accionante), el Tribunal
Administrativo del Tolima (accionado), el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué (accionado), la Comisión Nacional del Servicio Civil
(vinculado) y el Hospital Federico Lleras Acosta ESE (vinculado).
De ahí que resulta acertado advertir que la señora Vargas Bocanegra no figura
como sujeto procesal dentro del proceso objeto de esta acción, por tanto,
carece de legitimación en la causa por activa para promover, en nombre
propio, el mecanismo de amparo de la referencia con el propósito de
cuestionar la supuesta mora judicial dentro del expediente con radicación
11001-03-15-000-2025-06436-00.
Sobre el particular, cabe indicar que los únicos legitimados para promover el
mecanismo de amparo con el objeto de cuestionar una actuación u omisión
dentro de un proceso judicial son los sujetos procesales del proceso que se
cuestiona por vía de tutela, ya que ellos serían los eventualmente afectados y
quienes tendrían el interés de que el juez constitucional proteja sus derechos
fundamentales.
Adicionalmente, nótese que la señora Mery Luz Vargas Bocanegra en el
escrito de tutela además de actuar en nombre propio adujo representar los
intereses de “[…] los afiliados de [de la asociación sindical] ANTHOC […]”. Sin
embargo, la Sala considera que la accionante carece de legitimidad para tal
fin porque no demostró la imposibilidad de los supuestos agenciados para
promover la acción de tutela por sí mismo o a través de sus representantes
legales.
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Así las cosas, la Sala considera que no se encuentran satisfechos los
requisitos exigidos en los artículos 86 de la Constitución Política y 10º del
Decreto Ley 2591 de 1991, motivo por el cual declarará improcedente la acción
de tutela de la referencia por falta de legitimación en la causa por activa de la
señora Mery Luz Vargas Bocanegra.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Comisión
Nacional de Servicio Civil, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
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PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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