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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06443-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06443-01

Fecha
30 de enero de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06443-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE 8 Radicación: 11001-03-15-000-2025-06443-01 Accionante: Carlos Drago León Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico -Sala de Decisión C Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 13 de noviembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social del señor Carlos Drago León y, en consecuencia, dejar sin efectos la providencia de 9 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión C en el marco del proceso 08-001-33-33-010-2022- 00337-01 para que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia profiera un nuevo fallo en el que valore los aspectos probatorios puestos en consideración en esta providencia. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06443-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

30 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06443-01
Accionante: Carlos Drago León
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – REVOCA /
AMPARO - Defecto fáctico por indebida valoración probatoria.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 13 de noviembre de 2025 por el Consejo de Estado – Sección
Quinta, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 14 de octubre de 2025, el señor Carlos Drago León interpuso acción de tutela
en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión C, con el fin
de proteger sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, tercera
edad, debido proceso y petición. Consideró que dichas prerrogativas fueron
vulneradas con la expedición del fallo de 9 de septiembre de 20251, dictado al interior
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió junto con otro3
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social; cuyo propósito era la nulidad de los actos por
medio de los cuales se negó la indemnización sustitutiva de la pensión de
sobrevivientes.

2.
El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla mediante sentencia
de 31 de marzo de 2025 concedió parcialmente las pretensiones de la demanda. En
primer orden, denegó las pretensiones formuladas por el señor Johnny De Jesús
Drago Aldana, por cuanto encontró ajustadas a derecho las razones por las cuales
la UGPP denegó las reclamaciones radicadas en sede administrativa por aquel. En
segundo lugar, determinó que el señor Carlos Drago León, en su condición de
cónyuge supérstite, tenía derecho al reconocimiento y pago de la indemnización
solicitada, dado que acreditó una convivencia con la causante por espacio de 32

1 Notificada el 22 de septiembre de 2025.
2 Radicado 08-001-33-33-010-2022-00337-01
3 Johnny De Jesús Drago Aldana.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06443-01
Accionante: Carlos Drago León
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico -Sala de Decisión C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

años, precisando que tratándose de la muerte del afiliado y no del pensionado, la
acreditación de los 5 años de convivencia no necesariamente debía ser los últimos
al fallecimiento, sino que estos podían sumarse en cualquier tiempo.

3.
El Tribunal Administrativo del Atlántico en decisión de 9 de septiembre de 2025
revocó la decisión de primera instancia. Estableció que los medios de prueba
conllevaban a afirmar que el señor Carlos Drago León no cumplía con los requisitos
previstos por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de
la Ley 797 de 2003, para ser beneficiario de la indemnización sustitutiva de la
pensión de sobrevivientes, pues no probó haber realizado vida marital con la
causante hasta su muerte. Ello, en tanto no acreditó la pervivencia de los lazos de
solidaridad, la prestación de socorro mutuo y la dependencia económica, así como
que hubiera convivido de manera efectiva por 5 años anteriores a su fallecimiento.

4.
El accionante solicitó aclaración de la anterior sentencia con respecto a la falta de
respuesta a la petición presentada por el demandante frente a la entidad demandada
y, la acreditación del requisito de convivencia efectiva durante más de 5 años. En
auto de 3 de octubre de 2025 el Tribunal accionado resolvió no acceder a la solicitud,
al considerar que en el proceso no fue desvirtuada la presunción de legalidad del
acto ficto presunto que se originó con la petición, por no haberse acreditado el
requisito exigido.

5.
El señor Drago León indicó que en el expediente se demostró que contrajo
matrimonio con la señora Idalia Aldana De Drago el 10 de septiembre del 1961, con
quien tuvo 7 hijos. Además se presentó una declaración jurada ante notario de la
convivencia con su difunta esposa y realizó una declaración ante el juzgado de
primera instancia en donde expuso la convivencia con su esposa durante 59 años,
desde la fecha del matrimonio hasta el día de su muerte; sumado a que se demostró
que no existió separación legal, porque la sociedad conyugal se mantuvo vigente
hasta el día de la muerte de la señora Idalia. Aseveró que, sin verificar los anteriores
medios probatorios y la falta de respuesta a su petición, el Tribunal Administrativo
del Atlántico acogió la posición de la UGPP para revocar la decisión de primera
instancia.

6.
Afirmó que con la decisión proferida en segunda instancia el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión C incurrió en un desconocimiento del
precedente judicial. Consideró que se apartó de la postura reiterada por la Corte
Constitucional sobre el requisito de convivencia efectiva durante más de 5 años para
ser beneficiario de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente.

7.
En virtud de lo anterior, trajo a colación las sentencias T-109 de 2015, T-182 de
2013, T-124 de 2018, T-228 de 2023, T-344 de 2021, C-336 de 2014, SU-149 de
2021 y SU-056 de 2025 proferidas por la Corte Constitucional, al igual que la
sentencia de radicado 11001-03-25-000-2013-00212-00 de 2016, dictada por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado y, la 05001-31-05-012-
2020-00202-01 del Tribunal Superior de Medellín.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06443-01
Accionante: Carlos Drago León
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico -Sala de Decisión C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

8.
Indicó que las providencias mencionadas señalan que el requisito contenido en el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de
2003, sobre la convivencia durante 5 años, debe ser interpretado de forma flexible y
razonable, pudiendo acreditarse en cualquier tiempo, y no necesariamente en los 5
años inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante, siempre que se
demuestre una relación de pareja estable y permanente.
9.
También adujo que existió una violación (i) al mínimo vital, al privarlo de la
indemnización sustitutiva de la pensión, que constituye su único medio de
subsistencia; (ii) a la tercera edad, por cuanto en razón del grupo etario al que
perteneces se trata de una persona en condición de vulnerabilidad protegida
constitucionalmente; (iii) al debido proceso, al apartarse injustificadamente del
precedente judicial obligatorio sin motivación suficiente, y desconocer la
jurisprudencia de las altas cortes, sin fundamentación o en contravía de la doctrina
constitucional, incurriendo en una vía de hecho por defecto sustantivo; (iv) al
derecho de petición, en el entendido que la falta de atención efectiva o la respuesta
evasiva a las solicitudes presentadas configuran una violación directa de este
derecho; y, (v) al derecho a la seguridad social, por el desconocimiento de los
requisitos jurisprudenciales establecidos por las altas cortes para el reconocimiento
de la pensión de sobreviviente o indemnización sustitutiva.

B. Sentencia de primera instancia

En fallo de 13 de noviembre de 2025, el Consejo de Estado – Sección Quinta
10.

declaró improcedente el amparo solicitado al no encontrar superado el requisito
general de relevancia constitucional. Consideró que la providencia del 9 de
septiembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico no centró
su análisis exclusivamente en la demostración de la convivencia durante los 5 años
anteriores al fallecimiento de la causante.

11.
Afirmó que la argumentación planteada en el escrito de tutela se limitó a
cuestionar solo uno de los elementos que fundamentaron la decisión de negar las
pretensiones del medio de control, esto es, el extremo temporal de la convivencia.
Pero, el Tribunal motivó lo decidido no solamente en dicha premisa, sino también en
la falta de prueba del apoyo mutuo y de la dependencia económica, presupuestos
ante los cuales el actor no formuló reproche alguno, razón por la cual, en criterio de
la Sala, no cumplió con la carga iusfundamental requerida para superar el requisito
general de relevancia constitucional.

C. La impugnación

12.
La parte accionante indicó que el Tribunal Administrativo del Atlántico revocó la
sentencia de primera instancia incurriendo en una vía de hecho, al desconocer
pruebas claras, tales como la convivencia ininterrumpida con la señora Idalia por 59
años, demostradas con el registro civil de matrimonio, los registros civiles de sus 7
hijos, la declaración jurada ante notario y la declaración de parte, así como la falta

3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06443-01
Accionante: Carlos Drago León
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico -Sala de Decisión C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de respuesta por parte de la UGPP de las peticiones radicadas en el 2021,
incurriendo en un defecto fáctico.

13.
Además, se configuró un desconocimiento del precedente y un defecto sustantivo
por omitir el fallo de la Corte Suprema SL1730 de 2020, que establece que no es
exigible demostrar convivencia mínima de 5 años para la indemnización sustitutiva,
cuando existe vínculo conyugal y núcleo familiar consolidado; así como la doctrina
constitucional sobre pensiones de sobrevivientes y protección del adulto mayor, al
igual que el artículo 49 Ley 100 y 47 modificado por Ley 797 de 2003.

14.
Por otra parte, afirmó que existió un error del juez constitucional al declarar
improcedencia, ya que pasó por alto que el accionante es adulto mayor, sujeto de
especial protección, y se afectó directamente su mínimo vital y seguridad social, por
cuanto no percibe ingresos y depende de la indemnización sustitutiva, de manera
que la tutela procede para evitar un perjuicio irremediable. Además, los recursos
ordinarios del proceso ordinario ya se agotaron y no existe otro medio judicial eficaz.

15.
El accionante amplió su escrito de impugnación para indicar que el asunto es de
relevancia constitucional, reiterando la existencia de los defectos fáctico, sustantivo
y el desconocimiento del precedente judicial, esgrimidos en su primer memorial.

16.
Agregó que el a quo aplicó erradamente la sentencia SU-215 de 2022 y limitó el
análisis a si el accionante pretendía reabrir el debate probatorio, pero omitió que la
mencionada jurisprudencia protege de manera reforzada los derechos
fundamentales de adultos mayores cuando se afecta su seguridad social. Adicionó
que se desconoció que no se trata de reabrir un debate probatorio sino de corregir
un defecto por desconocimiento del precedente obligatorio y que el Tribunal
Administrativo del Atlántico ignoró la doctrina reiterada de la Corte Constitucional
sobre la posibilidad de acreditar convivencia en cualquier tiempo.

17.
Reiteró lo indicado en el escrito de tutela relativo con la configuración del
desconocimiento del precedente constitucional; indicando que el a quo ignoró este
defecto y omitió completamente el estudio del precedente obligatorio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

18.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19914.

E. Análisis del caso concreto

.4 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06443-01
Accionante: Carlos Drago León
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico -Sala de Decisión C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

19. LaSala anticipa que revocará la decisión de primera instancia, al encontrar
configurado un defecto fáctico en la decisión acusada dictada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

20. En primer lugar, esta Subsección discrepa de lo expuesto por el a quo, pues

encuentra que el presente asunto satisface los requisitos generales para habilitar la
procedencia excepcional del mecanismo de amparo.

21. Previa constatación de la suficiencia argumentativa ofrecida en la demanda al

haberse identificado de forma clara y concreta los motivos de la violación que
atribuye a la decisión acusada, la Sala considera que la cuestión que se debate en
esta oportunidad trasciende el ámbito de la mera legalidad y es de relevancia
constitucional, en la medida en que se persigue la efectiva protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, presuntamente
vulnerados con ocasión de un vicio en el que incurrió la autoridad accionada, al negar
el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, a
partir de exigencias probatorias que para el caso pueden resultar excesivas y
desproporcionadas.

22. Aunado a lo anterior, (i) el accionante hizo uso de todos los medios que tenía a su

alcance para procurar la salvaguarda de los derechos fundamentales que estima
transgredidos5; (ii) el recurso de amparo constitucional fue ejercido oportunamente
(14 de octubre de 2025), es decir, dentro de un término razonable, pues la
notificación de la providencia que resolvió la solicitud de aclaración tuvo lugar el 10
de octubre de 2025; y, (iii) no se trata de una tutela interpuesta contra una sentencia
proferida en un proceso de la misma naturaleza o de aquellas respecto a las cuales
la jurisprudencia constitucional ha indicado que esta acción es absolutamente
improcedente.

23. Respecto a la configuración de las causales específicas de procedibilidad
atribuidas en el caso bajo estudio, si bien la accionante alegó un defecto sustantivo,
un desconocimiento del precedente judicial, también dio a entender la configuración
de un defecto fáctico, aunque no lo invocó en forma expresa en la demanda.

24. Sin perjuicio de ello, es importante recordar que la jurisprudencia constitucional6

ha indicado que el juez de tutela cuenta con amplias facultades para determinar el
problema jurídico a resolver, que incluyen la de interpretar la demanda a efectos de
dilucidar el asunto que motiva la controversia. De manera que, no está limitado
estrictamente a lo que indiquen las partes y puede fijar el alcance real del litigio, de
conformidad con los presupuestos fácticos puestos a su consideración; tal y como
sucede en esta ocasión, con el último defecto mencionado, sobre el cual se centrará
el análisis del caso.

5 Contra el fallo de 31 de marzo de 2025 presentó apelación, la cual fue resuelta en fallo de 9 de septiembre de

2025 y, contra esta última radicó aclaración, resuelta por auto de 3 de octubre de 2025.
6 Entre otras decisiones, se puede consultar las sentencias SU-222 de 2016 y SU-150 de 2021.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06443-01
Accionante: Carlos Drago León
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico -Sala de Decisión C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

25. En el presente asunto, el demandante solicita que se deje sin efectos la sentencia

del 9 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico –
Sala de Decisión C, que negó el reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, por considerar que no se encontraba
demostrado el cumplimiento del requisito de cinco años de convivencia previos al
fallecimiento de la causante, establecido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y, por ende, la vida marital, la
pervivencia de los lazos de solidaridad, la prestación de socorro mutuo y, la
dependencia económica.

26. Al proceso ordinario se allegaron, en otras, las siguientes pruebas: (i) resolución

RDP 038282 de 18 de septiembre de 2015 “Por la cual se niega el reconocimiento y
pago de una pensión de vejez”; (ii) registro civil de defunción de la señora Idalia
Aldana De Drago, con fecha de fallecimiento de 15 de junio de 2020; (iii) registro civil
de matrimonio entre la señora Idalia Aldana De Drago y Carlos Drago León de 10 de
septiembre de 1960, sociedad conyugal que se mantuvo vigente hasta la fecha de
fallecimiento de la causante; (iv) resoluciones RDP 006781 de 15 de marzo de 2022,
RDP 012783 de 20 de mayo de 2022 y RDP 013197 de 24 de mayo de 2022, por
medio de la cual la UGPP niega una indemnización sustitutiva de pensión de
sobrevivientes y; (v) declaración de parte del señor Carlos Drago León ante el juez
de primera instancia, donde, entre otras cosas, indicó que cuando convivía con su
difunta esposa residían en el barrio Samarcanda en el municipio de Magangué, hasta
el 15 de junio de 2020.

27. Por estimarlo relevante para el abordaje del caso, se pone de presente que en

sentencia del 1 de septiembre de 2025, proferida en el marco de la acción de tutela
11001-03-15-000-2025-04813-007, esta Subsección resolvió amparar los derechos
invocados en aquella ocasión, en la que se presentó una situación similar a la que
se estudia. Se encontró que el Tribunal accionado, en punto al estudio del requisito
de convivencia para definir sobre el reconocimiento de una pensión de sobreviviente
exigió pruebas adicionales, desconociendo que cuando se acredita la existencia del
vínculo matrimonial y no existe un tercero que dispute el derecho, deben
considerarse las presunciones que derivan de aquella relación, entre las que destaca
justamente la presunción de convivencia. Entre otras cosas, la Sala precisó lo
siguiente:

«El Tribunal demandado incurrió en defecto fáctico, ya que no tuvo en cuenta en su
estudio el valor del matrimonio y las afirmaciones de la demandante, sustentadas en
el principio de buena fe constitucional. Para esta Subsección, la demandante se
beneficiaba de la presunción de convivencia que se deriva del matrimonio, sin
separación de hecho, y del principio de buena fe que soportan sus afirmaciones. La
Sala toma nota de que esta institución crea obligaciones que solo terminan por
disolución del matrimonio por divorcio, muerte o por su declaración de nulidad. En la
Sentencia C-840 de 2010, la Corte Constitucional precisó que uno de estos deberes
son las que se refieren a la comunidad de vida y a la fidelidad mutua. Así los casados
son personas jurídicamente vinculadas que tienen una comunidad. El Tribunal pasó

7 Consejero Ponente: Fernando Pardo Flórez.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06443-01
Accionante: Carlos Drago León
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico -Sala de Decisión C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

por alto estas consideraciones probatorias. Por lo tanto, operaba la presunción legal
de que los cónyuges convivían y no se separaron de hecho. Este hecho no se analizó
en el fallo impugnado y era indispensable, ya que habría dado lugar a un fallo
diferente.

(…)

La Sala no desconoce que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 exige haber convivido
durante los cinco años anteriores al fallecimiento del causante y la presente decisión
no implica inaplicar dicha disposición. Sin embargo, advierte que su cumplimiento
debe evaluarse conforme a las reglas de la carga probatoria y al sistema de la sana
crítica. En ese sentido, se configura un defecto fáctico en la decisión judicial, cuando
se deja incólume un acto ficto que niega una pensión de sobrevivientes, con las
siguientes circunstancias: i) ninguna de las partes controvirtió la existencia de dicha
convivencia entre la señora Sayde Esther Alvis de Jiménez y el señor Pedro José
Jiménez Ballestas; ii) no obra prueba de disolución de la sociedad conyugal ni de
separación de cuerpos; y iii) no se identificó a un tercero que alegara convivencia
simultánea con el causante. Adicionalmente, el municipio de San Benito Abad, en su
calidad de entidad territorial demandada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, guardó silencio en todas las etapas administrativas y
procesales, sin controvertir la convivencia ni pronunciarse sobre los aspectos
sustanciales de la solicitud pensional, la demanda llevada a cabo en la jurisdicción
contenciosa o la acción de tutela»8.

28. En este caso, la Sala de Subsección estima que el Tribunal demandado
igualmente incurrió en un defecto fáctico, ya que aun cuando reconoció la existencia
del vínculo matrimonial que se encuentra vigente desde 1961, desconoció la
presunción de convivencia que deriva de aquel, y optó por imponer una carga
probatoria que para el caso no se antoja razonable, pues pasando por alto las
declaraciones descartó la referida convivencia ante la inexistencia de pruebas
adicionales.

29. Aunado a ello, sin considerar la avanzada edad del accionante valoró con estricto

rigor la declaración que rindió ante el despacho de primera instancia, censurando
que el señor Drago León no tenía presente fechas y datos que a juicio del Tribunal
hacían dudar de la veracidad de lo declarado. Según la autoridad judicial, aunque se
informó que el mencionado señor padecía de problemas de memoria, ello no se
acreditó. Para la Sala ese argumento no puede ser de recibo, pues esto último no
era objeto de discusión en el proceso, y por ende no era exigible una prueba, sin
mencionar que las reglas de la experiencia eran suficientes para considerar que la
avanzada edad del demandante (87 años) hacía irrazonable la pretensión de
exactitud del Tribunal.

30. En este punto, resulta importante destacar que en su declaración el señor Drago

afirmó, en pocas palabras, que vivió con su difunta esposa hasta el día de su
fallecimiento -15 de junio de 2020, aseveración que no fue controvertida por ninguna

8 Sentencia del 1 de septiembre de 2025, proferida en el marco de la acción de tutela 11001-03-15-000-2025-

04813-00, C.P. Fernando Pardo Flórez.
7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06443-01
Accionante: Carlos Drago León
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico -Sala de Decisión C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de las partes y, además, no existe prueba alguna a partir de la cual se pueda inferir
que al momento del fallecimiento de la causante aquello no fuera cierto o existiera
una convivencia simultánea con otra persona.

31. Por lo anterior, la Sala llama la atención al Tribunal accionado por afirmar que “No

hay una sola afirmación en el libelo introductorio justificativa o demostrativa de la
acreditación de los 5 años de convivencia anteriores a la fecha del fallecimiento de
la causante por parte del señor Carlos Drago León”; pues aquello es desechar por
completo, como ya se dijo, el valor del matrimonio; las afirmaciones del demandante
en su declaración de parte, sustentadas en el principio de buena fe constitucional y;
la ausencia de pruebas que siquiera infieran que el señor Drago León no vivió con
su esposa.

32. Por otra parte, también se vislumbra que la autoridad judicial accionada pasó por

alto que la entidad demandada, aunque cuestionó la convivencia entre la causante y
el demandante en el trámite judicial, nunca allegó material probatorio que desvirtuara
o pusiera en duda el decir del actor; por lo que la benefició sin que esta hubiese
ejercido la respectiva carga probatoria, es decir, descargó a la UGPP de demostrar
por qué el actor incumplió el requisito de convivencia para el acceso a la
indemnización solicitada.

33. En ese sentido, como se indicó en la referida sentencia del 1 de septiembre de

2025 (radicado 11001-03-15-000-2025-04813-00), se configura un defecto fáctico en
la decisión judicial, cuando se deja incólume un acto ficto que niega una
indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes, con las siguientes
circunstancias: (i) la demandada nunca logró acreditar que lo dicho por el actor en la
declaración de parte no fuera verdad, a pesar de que controvirtió la existencia de la
convivencia entre él y la causante; (ii) no obra prueba de divorcio, disolución de la
sociedad conyugal, ni de separación de cuerpos y; (iii) no se identificó a un tercero
que alegara convivencia simultánea con la causante, lo cual podía poner en duda la
convivencia requerida.

34.
En ese orden de ideas, la Sala REVOCARÁ la sentencia de 13 de noviembre de
2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, para en su lugar
AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, y
se dejará sin efectos la sentencia del 9 de septiembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión C. Asimismo, esta
Corporación dispondrá que dicha autoridad judicial, dentro de su autonomía, emita
un fallo en el que valore los aspectos probatorios puestos en consideración en esta
providencia.

35.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06443-01
Accionante: Carlos Drago León
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico -Sala de Decisión C
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 13 de noviembre de 2025 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Quinta.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social del señor Carlos Drago León y, en consecuencia, dejar sin efectos
la providencia de 9 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico – Sala de Decisión C en el marco del proceso 08-001-33-33-010-2022-
00337-01 para que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la
notificación de la presente providencia profiera un nuevo fallo en el que valore los
aspectos probatorios puestos en consideración en esta providencia.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

9 VF

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