Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04813-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04813-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04813-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
1 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., primero (1.°) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04813-00
Accionante: SAYDE ESTHER ALVIS DE JIMÉNEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad
social, a la igualdad y al mínimo vital - Principio constitucional de favorabilidad / MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Reconocimiento
pensional – Pensión de sobrevivientes / DEFECTO FÁCTICO POR INDEBIDA
VALORACIÓN PROBATORIA-
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por la señora Sayde Esther Alvis de Jiménez, en nombre propio, de conformidad
con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y
37 del Decreto 2591 de 1991.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 1.° de agosto de 2025, la parte accionante presentó acción de tutela contra el
Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo y el Tribunal
Administrativo de Sucre, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, a la seguridad social
y al principio de contradicción.
Hechos relevantes
2. El 15 de diciembre de 2016, la señora Sayde Esther Alvis de Jiménez solicitó
ante el municipio de San Benito Abad, Sucre, el reconocimiento y pago de la pensión
de sobreviviente, en su calidad de cónyuge supérstite del señor Pedro José Jiménez
Ballestas.
3. La entidad territorial no respondió la petición. En consecuencia, la accionante
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con el fin de obtener la nulidad del acto ficto o presunto y el pago de la
prestación pensional.
1
Que ingresó para fallo el 20 de agosto de 2025.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04813-00
Accionante: Sayde Esther Alvis de Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Referencia: Acción de tutela
4. El proceso correspondió al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Sincelejo que, por medio de sentencia del 5 de septiembre de 2022, negó las
pretensiones de la demanda. Esto, comoquiera que en el expediente no se
observaban elementos de prueba que demostraran que entre el causante y la parte
actora existiera una convivencia sólida, constante y permanente bajo un mismo
techo durante los últimos cinco años de vida del señor Pedro José Jiménez
Ballestas.
5. Contra dicha decisión la accionante interpuso apelación. Expuso que lo propio
era que el operador jurídico, al verificar la existencia de un contrato de matrimonio
vigente debidamente registrado, con sociedad conyugal vigente, no entrara a
efectuar otra clase de consideraciones, máxime cuando ni en la actuación
administrativa, ni en el proceso ordinario se planteó un debate por convivencia
simultánea.
6. El recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Sucre que, a través de
providencia del 29 de mayo de 2025, confirmó lo fallado en primera instancia.
Pretensiones
7. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):
“1. Que se garanticen los derechos fundamentales conculcados y los que
se encuentren en peligro de ser vulnerados.
2. Que se ordene a la JUZGADO 06 ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE SINCELEJO a través del funcionario que ostente la calidad
de Juez y la SALA CUARTA DE DECISIÓN ORAL DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE, M.P.: VIVIANA MERCEDES LOPEZ
RAMOS a través de su Presidente o quien haga sus veces, dejar sin efecto
la sentencia de primera instancia de fecha 5 de septiembre de 2022 y la
sentencia de segunda instancia de fecha 29 de mayo de 2025, dentro del
Radicado # 70001-33-33-006-2017-00143-00”2.
Fundamentos de la demanda de tutela
8. La parte demandante sostiene que la decisión acusada incurrió en una
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la
seguridad social ocurrida con ocasión a la negativa a efectuar el reconocimiento de
la pensión de sobreviviente por no acreditar cinco años de convivencia previos al
fallecimiento del causante.
9. Manifiesta que el caso que nos ocupa se configura un defecto fáctico, dado
que, a su juicio, no existe un debate procesal que obligue a la demostración de la
convivencia, por cuanto quien pretende el derecho pensional es la cónyuge y no
existe otra persona que exija ese mismo derecho. Asimismo, no se ha liquidado la
sociedad conyugal y está demostrado que la accionante estuvo casada con el señor
2
Folio 9 del escrito de tutela. Índice 2 de Samai.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04813-00
Accionante: Sayde Esther Alvis de Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Referencia: Acción de tutela
Pedro José Jiménez Ballestas hasta el momento de su muerte el 23 de octubre de
2014.
10. Además, alega un desconocimiento del precedente fijado por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 27 de enero de 2022, en el cual
se indicó lo siguiente:
“[…] Por lo anterior, si la señora Dubis Yolanda Merino Torres «cónyuge
supérstite», aparentemente, se había separado de hecho del señor Joaquín
Pablo Torres Díaz (q.e.p.d.) no habían liquidado la sociedad conyugal y,
además, no tenía convivencia simultánea con otra persona para el momento
del fallecimiento de éste, no le era aplicable lo previsto en el literal a) del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, el cual le exigía probar, su convivencia
con el causante dentro de los 5 años anteriores a su deceso, sino que su
situación se enmarcaba en lo dispuesto en el inciso tercero literal b) ibídem,
que refiere a hipótesis normativas no solo de disputas entre parejas del
causante, ya sea por convivencia simultánea con cónyuge supérstite y
compañero permanente, o convivencia no simultánea con el cónyuge
separado de hecho y sociedad conyugal vigente, sino al escenario que se
estudia en el presente caso, en donde la cónyuge no ha liquidado la
sociedad conyugal y no hay compañera permanente que pugne por el
derecho pensional. […]”3.
Trámite procesal
11. Mediante auto del 5 de agosto de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Sucre y al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo como
accionados y al municipio de San Benito Abad, Sucre y al ministerio público en
calidad de terceros con interés en las resultas del proceso, para que rindieran
informe.
12. Asimismo, vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente asunto.
Intervenciones
13. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo indicó que
en la providencia que se cuestiona se expusieron los argumentos de la decisión, los
cuales están conforme con “el estado del arte vigente en este momento”4.
14. Asimismo, adjuntó el link de acceso al expediente contentivo del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 70001-33-33-006-
2017-00143-00/01.
15. El Tribunal Administrativo de Sucre solicitó que declare improcedente la
acción de la referencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
Esto, en razón a que la tutela no puede convertirse en una tercera instancia que
3
Ibid.
4
Folio 2. Certificado EF5A6D61E57DBC38 8B8A04155FD75BB2 21908E9B579D7F58
73A68B661A45CA94. Índice 8 en Samai.
3
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Accionante: Sayde Esther Alvis de Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Referencia: Acción de tutela
promueva la revisión de asuntos ya finiquitados según los procedimientos y
ritualidades propias y ordinarias instituidas por el legislador.
16. Insistió en que en el caso bajo estudio era necesario determinar si la señora
Sayde Esther Alvis de Jiménez, en calidad de cónyuge del señor Pedro José
Jiménez Ballestas, acreditó la convivencia con el causante los cinco años anteriores
a su fallecimiento, tal como lo estipula la ley que regula la materia al momento del
fallecimiento del causante, esto es, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Supuesto
que no fue encontrado, debido a que no existieron pruebas testimoniales ni
documentales que lo demostraran.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
17. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
18. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad? De resultar afirmativo el anterior
interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal Administrativo de Sucre5, con la expedición
de la sentencia del 29 de mayo de 2025, incurrió en un defecto fáctico y, por
consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
a la defensa, a la igualdad, a la seguridad social y al principio de contradicción de la
parte accionante?
19. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
acción de tutela contra providencias judiciales y (ii) el caso concreto.
Acción de tutela contra providencias judiciales
20. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20057, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
21. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
5
Si bien la presente acción de tutela también se dirige contra la sentencia del 5 de septiembre de
2022, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, esta Subsección
considera necesario advertir que el estudio del caso concreto se realizará únicamente frente a la
decisión del 29 de mayo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, por ser esta la que
puso fin al proceso.
4
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Referencia: Acción de tutela
debe verificar8; i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); ii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia
de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional10 o el Consejo de Estado11,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-12; iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable13 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
22. Una vez superado los requisitos anteriores, la jurisprudencia propone estudiar
los defectos específicos, los cuales cuestionan la sentencia por yerros en su
configuración. Estos son los siguientes:
(i) Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia6.
(ii) Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto.7
(iii) Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso8.
(iv) Defecto material o sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se
toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o
cuando existe una clara contradicción entre los fundamentos de la
decisión9.
(v) Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de
6
Ver, por ejemplo, las Sentencias SU-041 de 2018, SU-373 de 2019 y SU-388 de 2021.
7
Esto es, cuando el juez desconoce las formas propias del proceso cuyo desconocimiento implica
la amenaza o violación de los derechos fundamentales. Para que este defecto se configure se exige
que este no sea atribuible al afectado, que sea manifiesto y capaz de influir en la decisión final. Ver,
por ejemplo, Sentencias: SU-424 de 2012 y SU-454 de 2016.
8
Ver, por ejemplo, las Sentencias: SU-842 de 2013; SU-355 de 2017 y SU-129 de 2021.
9
Ver, por ejemplo, las Sentencias: SU-556 de 2016 y SU-261 de 2021.
5
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influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica
probada en el caso10.
(vi) Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión11.
(vii) Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga
de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de
precedente12.
(viii) Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la
Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice13.
23. Con base en esto, se estudiará el caso concreto.
Requisitos generales de procedibilidad
24. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) la parte accionante no
cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, por
cuanto la providencia del 29 de mayo de 2025 puso fin al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho; (ii) la acción se presentó dentro del plazo razonable
porque la providencia enjuiciada se notificó el 27 de junio de 2025 y la tutela se
interpuso el 1.° de agosto del mismo año; (iii) no se invoca una irregularidad
procesal, por lo que este requisito no es aplicable en esta oportunidad; (iv) se
identificaron claramente los hechos generadores de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, a la
seguridad social y al principio de contradicción; y (v) no se trata de una sentencia
de tutela, de una decisión expedida en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado14 ni
de una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz15.
25. En este contexto, la Sala advierte además que (vi) se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, dado que la parte actora explicó las razones por las cuales
considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, a la seguridad social y al principio de
contradicción.
26. De igual modo, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia
interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la
intervención del juez constitucional porque, como ha resuelto en casos similares
10
Ver, por ejemplo, las Sentencias T-145 de 2014 y SU-261 de 2021.
11
Ver, entre otras, las Sentencias SU- 424 de 2012 y T-041 de 2018.
12
Ver, al respecto, las Sentencias: T-459 de 2017 y SU-918 de 2013
13
Ver, por ejemplo, las Sentencias: SU-542 de 2016 y SU-873 de 2014.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de
2020, SU-388 de 2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
15
Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2014 y SU-388 de 2023.
6
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Referencia: Acción de tutela
esta Subsección16, se está frente a una duda sobre la potencial afectación de
derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales. En
concreto, se trata de establecer si con la providencia judicial acusada se incurrió en
un defecto fáctico, relacionado de manera directa con el reconocimiento de una
pensión de sobreviviente y, por tanto, con los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital de la accionante.
27. Adicional a ello, en el expediente se encuentra demostrado que la señora Sayde
Esther Alvis de Jiménez tiene 83 años17, por lo que se trata de una persona de la
tercera edad, sujeto de especial protección constitucional. En ese sentido, de
acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional18, existe un marco legal claro
que hace partícipes al Estado, la familia y la comunidad de la corresponsabilidad de
colaborar para garantizar los derechos de las personas mayores, y su acceso a una
vida en condiciones de bienestar y dignidad. Así, en relación con el Estado, “esto
implica obligaciones especiales en torno a la materialización de los derechos a la
autonomía, la independencia y la salud de esta población”19. Además, el presente
caso involucra una discusión sobre los efectos y valor probatorio de un estado civil,
como el matrimonio, en relación con la pensión sobrevivientes.
28. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho o
un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos,
se trata de un asunto que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental”20 y se
justifica en la medida de una posible “afectación desproporcionada a derechos
fundamentales21”.
Análisis del caso concreto y de los defectos específicos
29. La Sala amparará los derechos fundamentales de la parte accionante por las
razones que se explican a continuación.
30. En el presente asunto, la demandante solicita que se deje sin efectos la
sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre,
que negó el reconocimiento y pago de su pensión de sobreviviente, por considerar
que no se encontraba demostrado el cumplimiento del requisito de cinco años de
convivencia previos al fallecimiento del causante, establecido en el artículo 13 de la
Ley 797 de 2003 y en la Ley 100 de 1993.
16
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1° de marzo de 2024. Rad.
11001-03-15-000-2023-07457-00. Consejera Ponente: María Adriana Marín.
17
De conformidad con los documentos obrantes en el expediente se advierte que la accionante nació
el 7 de febrero de 1942. Folio 2 del archivo “006ED_Prueba”.
18
Sentencia T-077 de 2024.
19
Ibid.
20
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
21
Ibid.
7
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Referencia: Acción de tutela
31. De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, en el asunto bajo
estudio se advierte lo siguiente:
̶ El señor Pedro José Jiménez Ballestas nació el 18 de abril de 1936.
̶ Se vinculó laboralmente con el municipio de San Benito Abad durante 21
años, 5 meses y 22 días, así:
⋅ Del 3 de junio de 1953 al 16 de noviembre de 1966.
⋅ Del 19 de diciembre de 1966 al 31 de diciembre de 1967.
⋅ Del 2 de enero de 1968 al 31 de diciembre de 1970.
⋅ Del 3 de enero de 1979 al 31 de diciembre de 1982.
̶ Contrajo matrimonio con la señora Sayde Esther Alvis de Jiménez el 20 de
noviembre de 1960, ceremonia celebrada bajo el rito católico.
̶ Adquirió el estatus de pensionado el 18 de abril de 1991, sin embargo, el
municipio de San Benito Abad, Sucre, no efectuó cotizaciones en favor del
causante en algún fondo de pensiones.
̶ Falleció el 23 de octubre de 2014.
̶ El 15 de diciembre de 2016, la señora Sayde Esther Alvis de Jiménez solicitó
el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes ante el municipio
de San Benito Abad, ente territorial que no respondió a la petición.
̶ No hay prueba que demuestre la liquidación de la sociedad conyugal.
32. Adicional a ello, se advierte que la parte accionante señaló en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que convivió con el señor Pedro José
Jiménez Ballestas “de manera continua e ininterrumpida desde la fecha de su
matrimonio hasta que él [el causante] falleció”22. Esta afirmación no fue
controvertida por ninguna de las partes y, además, no existe prueba alguna a partir
de la cual se pueda inferir que al momento del fallecimiento del titular del derecho
pensional existiera una convivencia simultánea con otra persona.
33. Sobre el defecto alegado debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia
constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales cuando el fallo cuestionado demuestra una indebida y contraevidente
valoración probatoria, una falta de análisis de pruebas que obran en el expediente,
un estudio de pruebas nulas de pleno derecho, una omisión en el deber probatorio
oficioso por parte de la autoridad judicial23 o el desconocimiento de reglas
probatorias24.
22
Folio 3 y 4 de la sentencia del 5 de septiembre de 2022.
23
Ver, por ejemplo, Corte Constitucional sentencias: SU-842 de 2013; SU-355 de 2017, SU-129 de
2021 y T-107 de 2023.
24
Corte Constitucional, Sentencia T-410 de 2024.
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34. El Tribunal demandado incurrió en defecto fáctico, ya que no tuvo en cuenta en
su estudio el valor del matrimonio y las afirmaciones de la demandante, sustentadas
en el principio de buena fe constitucional. Para esta Subsección, la demandante se
beneficiaba de la presunción de convivencia que se deriva del matrimonio, sin
separación de hecho, y del principio de buena fe que soportan sus afirmaciones25.
La Sala toma nota de que esta institución crea obligaciones que solo terminan por
disolución del matrimonio por divorcio, muerte o por su declaración de nulidad26. En
la Sentencia C-840 de 2010, la Corte Constitucional precisó que uno de estos
deberes son las que se refieren a la comunidad de vida y a la fidelidad mutua. Así
los casados son personas jurídicamente vinculadas que tienen una comunidad. El
Tribunal pasó por alto estas consideraciones probatorias. Por lo tanto, operaba la
presunción legal de que los cónyuges convivían y no se separaron de hecho. Este
hecho no se analizó en el fallo impugnado y era indispensable, ya que habría dado
lugar a un fallo diferente.
35. En esta misma lógica, el defecto fáctico mencionado se extendió a un
desconocimiento en las reglas probatorias de un proceso. De ahí que, la autoridad
judicial demandada pasó por alto que la entidad territorial jamás cuestionó la
convivencia entre el causante y la demandante en el trámite administrativo o judicial,
por lo que la benefició sin que esta hubiese ejercido la respectiva carga probatoria
que se desprende de la excepción sobre el incumplimiento de los requisitos. El
Tribunal demandado desconoció el valor probatorio del matrimonio y descargó al
Municipio de San Benito Abad, Sucre, de demostrar su excepción o indicar por qué
la actora incumplió el requisito de convivencia para el acceso a pensión.
36. La Sala no desconoce que el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 exige haber
convivido durante los cinco años anteriores al fallecimiento del causante y la
presente decisión no implica inaplicar dicha disposición. Sin embargo, advierte que
su cumplimiento debe evaluarse conforme a las reglas de la carga probatoria y al
sistema de la sana crítica. En ese sentido, se configura un defecto fáctico en la
decisión judicial, cuando se deja incólume un acto ficto que niega una pensión de
sobrevivientes, con las siguientes circunstancias: i) ninguna de las partes
controvirtió la existencia de dicha convivencia entre la señora Sayde Esther Alvis de
Jiménez y el señor Pedro José Jiménez Ballestas; ii) no obra prueba de disolución
de la sociedad conyugal ni de separación de cuerpos; y iii) no se identificó a un
tercero que alegara convivencia simultánea con el causante. Adicionalmente, el
municipio de San Benito Abad, en su calidad de entidad territorial demandada en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, guardó silencio en todas
las etapas administrativas y procesales, sin controvertir la convivencia ni
pronunciarse sobre los aspectos sustanciales de la solicitud pensional, la demanda
llevada a cabo en la jurisdicción contenciosa o la acción de tutela.
25
En Sentencia T-877 de 2029, la Corte Constitucional consideró que el INCORA vulneró el derecho
al debido proceso y el principio de buena fe, ya que negó una pensión de sobrevivientes con
fundamento en que no creía en las razones que adujo el actor de ese entonces respecto de a la
imposibilidad de acudir al registro civil de matrimonio y validó la demostración de la convivencia a
partir de declaraciones extrajuicio.
26
Corte Constitucional, Sentencia C-533 de 2010.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04813-00
Accionante: Sayde Esther Alvis de Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Referencia: Acción de tutela
37. En ese orden de ideas, se ampararán los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social de la parte
accionante, y se dejará sin efectos la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Sucre. Asimismo, esta Corporación dispondrá que
la autoridad impugnada, dentro de su autonomía judicial, emita un fallo en el que
valore la presunción de convivencia derivada del matrimonio, sin separación de
hecho, el principio de buena fe que respaldan las afirmaciones de la actora y la
ausencia de cuestionamiento sobre la convivencia por parte del Municipio de San
Benito Blas, Sucre, entidad demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento
que inició la actora para acceder a la pensión de sobreviviente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la seguridad social de la señora Sayde Esther Alvis
de Jiménez.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 29 de mayo de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre que, en el término de
treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta providencia, y en ejercicio
de su autonomía judicial, profiera un nuevo fallo en el que valore: (i) la presunción
de convivencia derivada del matrimonio, sin separación de hecho; (ii) el principio de
buena fe que respaldan las afirmaciones de la actora; y (iii) la ausencia de
cuestionamientos sobre la convivencia por parte del Municipio de San Benito Blas,
Sucre, entidad demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento que inició la
actora para acceder a la pensión de sobreviviente.
CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con salvamento de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04813-00
Accionante: Sayde Esther Alvis de Jiménez
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Referencia: Acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
11
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