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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03104-01

Fecha
29 de julio de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03104-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 28 de mayo de 2026 por la Sección Segunda del Consejo de Estado – Subsección A, mediante la cual se negó el amparo por el defecto fáctico deprecado. En su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la seguridad social de la señora Tránsito Benites de Rodríguez. 10 Sentenciadel 1 de septiembre de 2025, proferida en el proceso 11001-03-15-000-2025-04813-00. CP Fernando Alexei Pardo Flórez. Radicación: 11001-03-15-000-2026-03104-01 Accionante: Tránsito Benites de Rodríguez Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo Referencia: Acción de tutela SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 23 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo en el proceso 86001-33-33-002-2021- 00190-01, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta providencia, y en ejercicio de su autonomía judicial, profiera un nuevo fallo en el que tenga en cuenta lo indicado en esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03104-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

29 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03104-01
Accionante: Tránsito Benites de Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Revoca la
decisión de haber negado el amparo solicitado por el defecto fáctico deprecado. Se
amparan los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
seguridad social.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 28 de mayo de 2026 por la Sección Segunda del Consejo
de Estado – Subsección A, mediante la cual se declaró improcedente la acción frente
al defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa a
la Constitución Política, y se negó el amparo sobre el defecto fáctico deprecado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 22 de abril de 2026, Tránsito Benites de Rodríguez instauró acción de tutela,

con el propósito de que se deje sin efectos la providencia de 23 de octubre de 20251,
proferida por el Tribunal Administrativo de Putumayo al interior de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho2, que promovió en contra de la Nación –
Ministerio de Educación, FOMAG y el Departamento del Putumayo, con la pretensión
de que se declarara la nulidad del acto administrativo que le negó la pensión de
sobreviviente que solicitó con ocasión del fallecimiento de su cónyuge Fabio Augusto
Rodríguez López.

2. A través de la referida providencia, el Tribunal Administrativo de Putumayo
confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Mocoa que negó las pretensiones. Consideró que el causante no era
beneficiario del régimen establecido para el Magisterio, en virtud de la Ley 812 de
2003, pues se vinculó al servicio del Departamento de Nariño como docente el 24 de
septiembre de 1974. No obstante, en aplicación al principio de favorabilidad,

1 Decisión notificada a la accionante el 27 de octubre de 2025
2 Con radicado número 86001-33-33-002-2021-00190-01.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03104-01
Accionante: Tránsito Benites de Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Acción de tutela

determinó que le resultaba aplicable el régimen general de seguridad social. Pero, a
pesar de ello y que se cumplían los demás presupuestos legales, no se acreditó el
requisito de convivencia mínima. Adujo que, si bien la demandante probó que
contrajeron matrimonio el 7 de junio de 1990, lo cierto es que no acreditó la
convivencia real y efectiva.

3. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora sostuvo que las autoridades

enjuiciadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva, desconocimiento del precedente
jurisprudencial, seguridad social, mínimo vital e igualdad, toda vez que incurrió en el
defecto sustantivo, violación directa a la Constitución Política y desconocimiento del
precedente constitucional.

4. Al respecto, indicó que el Tribunal efectuó una indebida valoración probatoria, pues

dentro de los elementos materiales de evidencia, obraba el registro civil de
matrimonio que indicó que el matrimonio católico entre el señor Augusto Rordríguez
López y la señora Tránsito Benítes de Rodríguez se celebró el 9 de octubre de 1965,
de ahí que, llevaban casados más de 31 años y no 6, como lo adujo la autoridad
enjuiciada. Así mismo, en el registro de defunción se consignó que el causante
estaba casado y que su cónyuge era la aquí accionante.

5.De otro lado, arguyó que el Tribunal se pronunció sobre una circunstancia que no

fue cuestionada en la primera instancia -acreditación de la convivencia-, ni analizada
en la decisión apelada, así como tampoco en los cargos de la alzada; de ahí que
dicha consideración no pudo ser objetada oportunamente en el cauce ordinario del
proceso.

6.Por lo anterior, la accionante consideró que se dejó en desprotección, al afectar su

subsistencia en condiciones mínimas, con lo que se trasgredió directamente la norma
superior y el precedente constitucional.

B. Sentencia de primera instancia

7. Mediante sentencia de 28 de mayo de 2026, la Sección Segunda, Subsección A

del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción frente al defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa a la constitución por
carecer de relevancia constitucional; y negó el amparo deprecado, respecto del
defecto fáctico.

8.De un lado, consideró que la acción de tutela no cumplió con la carga argumentativa

exigida bajo la acreditación de la relevancia constitucional, en la medida que no
identificó de manera precisa las razones por las cuales se configuraba la supuesta
vulneración de derechos fundamentales, pues no explicó en concreto las normas ni
la jurisprudencia trasgredidas por la decisión cuestionada. De ahí que, al
pronunciarse sobre el defecto sustantivo, el desconocimiento del precedente y la

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Accionante: Tránsito Benites de Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
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violación a la Constitución comportaría una irrupción a la autonomía e interpretación
del Tribunal Administrativo de Putumayo, quien determinó que la accionante no
cumplió los requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993.

9.En cuanto al defecto fáctico, apreció que superó la exigencia de la relevancia
constitucional. No obstante, negó el amparo frente a dicho cargo, en la medida que
la demostración plena de calidad de cónyuge de la aquí accionante no fue el
supuesto fáctico que echó de menos la autoridad enjuiciada para considerar
acreditados los requisitos del artículo 47 ibídem; pues la decisión cuestionada
consideró que no obraban pruebas acerca de la vida marital con el causante hasta
el momento de su muerte, ni la convivencia real y efectiva en los dos últimos años
de su vida, y tampoco que hubieren procreado hijos en común.

D. Actuaciones con posterioridad al fallo de primera instancia

10. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia. Señaló que el debate

planteado si cumplía con el requisito de relevancia constitucional, en la medida que
se reclamaba la pensión de sobrevivientes en favor de una persona mayor de 82
años, a la que tenía derecho con ocasión al fallecimiento de su cónyuge; añadió que
era claro que el análisis debía efectuarse sobre la base de los artículos 46 y 47 de la
Ley 100 de 1993.

11. Respecto al defecto fáctico, expuso que el juez constitucional de la primera
instancia reprodujo el mismo, en la medida que también afirmó que la aquí
accionante contrajo matrimonio con el señor Rodríguez López el 7 de junio de 1990;
es decir, computó la vigencia del matrimonio desde la inscripción en el registro civil
y no desde la celebración real del rito católico. Al respecto, expuso que el defecto no
se propuso para considerar que la prueba no se valoró, sino sobre la interpretación
o comprensión errónea que sobre el mismo efectuó el juez de la causa.
Adicionalmente, que dicho registro debía valorarse en conjunto con el matrimonio
celebrado en 1965 y el registro de defunción que anotó que la aquí accionante era
su esposa, así como la ausencia de otra compañera o posible beneficiara que
hubiera alegado el mismo derecho.

12.Aunado a ello, explicó que tanto el juez de la causa como el constitucional
interpretaron indebidamente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Indicó que se le
impuso a la accionante una carga probatoria propia de la hipótesis de muerte del
pensionado, pese a que estaba claro que el causante en este caso era afiliado y no
pensionado.

13.Insistió sobre la finalidad protectora de la Constitución en relación con la pensión

de sobrevivientes. Finalmente, reprochó que la decisión del juez constitucional de
primera instancia trasgredió el principio de congruencia y el derecho de
contradicción, pues no consideró que en el cauce ordinario del proceso, respecto a
la acreditación de la convivencia, la aquí demandante no pudo objetar dicho aspecto.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03104-01
Accionante: Tránsito Benites de Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
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II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

14.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su
contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

15. Esta Subsección encuentra que hay lugar a revocar el fallo de primera instancia,

en la medida que se constató una vulneración de derechos fundamentales bajo el
defecto fáctico deprecado, previa verificación de los requisitos generales de
procedencia.

16. En primer lugar, laSala constató que en el presente asunto (i) el accionante hizo
uso de todos los medios que tenía a su alcance para procurar la salvaguarda de los
derechos fundamentales que estima transgredidos; (ii) el recurso de amparo
constitucional fue ejercido oportunamente (22 de abril de 2026), pues la notificación
de la providencia censurada se realizó el 27 de octubre de 2025, lo que supone un
término razonable; y, (iii) no se trata de una tutela interpuesta contra una sentencia
proferida en un proceso de la misma naturaleza o respecto de alguna otra
providencia frente a la cual este mecanismo de protección constitucional sea
absolutamente improcedente.

17.
De otro lado, la Sala considera que la cuestión que se debate trasciende el ámbito
de la mera legalidad y es de relevancia constitucional, en la medida en que se
persigue la efectiva protección de los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, debido proceso, tutela judicial efectiva, seguridad social,
mínimo vital e igualdad, presuntamente vulnerados con ocasión a una indebida
valoración probatoria en el que incurrió la autoridad accionada y que condujo a negar
las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
impetrado por la actora contra un acto que negó el reconocimiento de pensión de
sobrevivientes.

18.
Se encuentra que se está frente a una posible afectación de derechos
constitucionales que desbordaría el juicio del juez natural. La controversia planteada
propone establecer si la providencia judicial cuestionada incurrió en un defecto
fáctico relacionado de manera directa con el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes y, por tanto, con los derechos fundamentales a la seguridad social y
al mínimo vital de la accionante.

19.
Sumado a lo anterior, la señora Tránsito Benites de Rodríguez es una persona de
la tercera edad, sujeto de especial protección constitucional; tal como se demostró

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Accionante: Tránsito Benites de Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Acción de tutela

con su documento de identificación aportado con la demanda 3, tiene 82 años. De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional 4 , recae en el Estado, la familia y la
comunidad, el deber de contribuir al acceso de una vida en condiciones de bienestar
y dignidad de las personas mayores. De otro lado, el presente caso involucra los
efectos jurídicos y el valor probatorio que ostenta el matrimonio, en relación con la
pensión de sobreviviente.

20.
En el presente asunto, la demandante solicita que se deje sin efectos la
providencia de 23 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Putumayo que negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, por
considerar que no se encontraba demostrado el requisito contemplado en el artículo
47 de la Ley 100 de 1993, que impone la acreditación de la convivencia real y efectiva
por los últimos dos años de vida del causante.

21. La parte actora alegó la ocurrencia de un defecto fáctico, por haberse efectuado

una indebida valoración probatoria, respecto de su registro civil de matrimonio, en
cuanto al tiempo de duración de la unión y en la exigencia que subsistió de acreditar
la convivencia real y efectiva, pese a haberse acreditado dicho vínculo. De otro lado,
si bien se refirió al defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación
directa a la constitución, estos no se analizarán, por cuanto no fueron sustentados;
como se vio, la argumentación de la demanda descansa sobre la base del reproche
de la indebida valoración probatoria. De ahí que, sobre dichos defectos, no se supere
el lumbral de la relevancia constitucional por ausencia argumentativa.

22.El defecto fáctico se configura cuando el juez:
(i) omite el decreto y práctica de
pruebas relevantes; (ii) realiza una apreciación defectuosa o contraevidente de las
pruebas; o (iii) deja de valorar en su integridad el material probatorio allegado al
proceso; (iv) estudia pruebas nulas de pleno derecho; (v) omite el deber probatorio
oficioso; (vi) desconoce reglas probatorias5.

23. Revisado el expediente, se encuentra que con la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho se aportaron las siguientes pruebas6: (i) registro civil
de nacimiento de Fabio Augusto Rodríguez López, (ii) su registro civil de defunción,
(iii) registro civil de matrimonio, (iv) certificados del tiempo laborado ante el
Departamento de Nariño y el de Putumayo, (v) certificado salarial, (vi) derecho de
petición de 19 de septiembre de 2003 radicado ante el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y (vii) Resolución No. FPSM-173 de 15 de
octubre de 2003 expedida por Oficina Regional de Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio de Putumayo.

3 Página 19 del libelo demandatorio.
4 Sentencia T-077 de 2024.
5 Al respecto, ver, entre otras, sentencias SU-416 de 2015, SU-190 de 2021 y T-168 de 2025 de la Corte

Constitucional.
6 Páginas 15 a 24 del archivo: 01Demanda.pdf. Samai, índice 10 del proceso de primera instancia
(11RECIBEMEMORIAL_OneDrive_20260430zip(.zip) NroActua 10).

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Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Acción de tutela

24. Se encuentra que el señor Fabio Augusto Rodríguez López laboró al servicio del

Departamento de Nariño desde el 24 de septiembre de 1974 hasta el 27 de marzo
de 1991, en los siguientes intervalos de tiempo: (i) 24 de septiembre de 1974 hasta
el 29 de enero de 1975; (ii) 6 de diciembre de 1977 hasta el 31 de diciembre
siguiente; (iii) los años escolares completos desde 1978 a 1983; (iv) a comienzos de
1984 fue suspendido, se reintegró el 17 de marzo y laboró hasta el 21 de mayo; se
suspendió nuevamente y laboró desde el 23 de julio hasta terminar ese año; (v)
desde 1985 a 1990 laboró los años escolares completos; y (vi) en 1991 hasta el 26
de marzo. Con dicha cronología, el Jefe del Archivo General del Departamento de
Nariño certificó el 3 de diciembre de 1992, que completó un tiempo de servicios de
13 años, 3 meses y 3 días.

25. Sumado a ello, obra certificación emitida por el Coordinador de Archivo de la

Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Putumayo del 15 de
septiembre de 2003, en la que consta que el señor Rodríguez López prestó sus
servicios como docente sin interrupciones laborales, desde el 25 de enero de 1996
hasta el 24 de agosto de 1996 (fecha en que se expidió el decreto de terminación del
nombramiento a petición de Jesús Villota Paredes); de ahí que, se indicó que
completó 7 meses de servicio. De otro lado, el registro civil de defunción da cuenta
que el señor Rodríguez López falleció el 15 de agosto de 1996.

26.El Tribunal Administrativo del Putumayo, en la sentencia enjuiciada, definió que si

bien no le era aplicable el régimen pensional del magisterio que entró en vigor desde
el 2003, en virtud del principio de favorabilidad, debía aplicarse en este caso el
régimen general previsto en la Ley 100 de 1993 -normativa vigente en el momento
del deceso-; en la medida que se acreditó que el causante se encontraba cotizando
al momento de su fallecimiento y que acumuló 7 meses de cotización (30 semanas);
esto es, cumplía el requisito consagrado en el artículo 46, según el cual el causante
debía encontrarse cotizando en el sistema por lo menos 26 semanas al momento de
su muerte. Tiempo de servicio al que además debía sumársele el periodo laborado
ante el Departamento de Nariño de 13 años, 3 meses y 13 días.

27. Ahora bien, de acuerdo con el registro civil de matrimonio de 7 de junio de 1990,

se encuentra que el causante estaba casado con la señora Tránsito Benites
Montenegro desde el 9 de octubre de 1965, según acta parroquial allí consignada.

28.No obstante, el Tribunal enjuiciado consideró que el causante y la aquí
demandante contrajeron matrimonio el 7 de junio de 1990. Por tanto, en virtud del
artículo 47 ibídem7, adujo que la cónyuge supérstite en este caso no cumplía con el

7
ARTÍCULO 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión
de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido
con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

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Accionante: Tránsito Benites de Rodríguez
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Referencia: Acción de tutela

requisito allí consignado para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, toda
vez que no aportó ninguna prueba tendiente a acreditar la convivencia real y efectiva
por los últimos dos años de vida del causante. Se agrega que acudió a la
jurisprudencia administrativa8, que dispone: “(…) la exigencia de ese requisito busca
evitar que con base a vínculos adquiridos a último momento y convivencia que no
tenga el carácter de permanencia, se origine el derecho a sustituir, en forma vitalicia,
la prestación”.

29.Sobre la anterior consideración, la Sala estima que la autoridad judicial demandada

incurrió en un defecto fáctico, toda vez que en su decisión no fue considerado el valor
de la institución del matrimonio, además de haber considerado que dicho vínculo se
había adquirido en años recientes al fallecimiento del causante, cuando lo cierto era
que, a la fecha de su fallecimiento llevaban 31 años de casados, situación que
denotaba que, más allá de los efectos civiles, se podía presumir la convivencia por
un lapso considerable.

30.La Sala recuerda que la institución del matrimonio crea obligaciones que sólo se

terminan por su disolución o por divorcio, muerte o su declaración de nulidad 9 .
Específicamente, uno de esos deberes se concreta en la comunidad de vida y la
fidelidad mutua. De ahí que, las personas casadas están jurídicamente vinculadas a
una vida en comunidad. Dicho de otro modo, bajo la institución matrimonial opera la
presunción legal de que los cónyuges conviven, siempre que no se hayan separado
de hecho. Por tanto, el Tribunal omitió efectuar dicha valoración probatoria sobre el
vínculo matrimonial en este caso. Sobre este particular, esta Subsección, en fallo de
tutela del 1 de septiembre de 2025 indicó lo siguiente:

«34. El Tribunal demandado incurrió en defecto fáctico, ya que no tuvo en cuenta en su
estudio el valor del matrimonio y las afirmaciones de la demandante, sustentadas en el
principio de buena fe constitucional. Para esta Subsección, la demandante se
beneficiaba de la presunción de convivencia que se deriva del matrimonio, sin
separación de hecho, y del principio de buena fe que soportan sus afirmaciones. La Sala
toma nota de que esta institución crea obligaciones que solo terminan por disolución del
matrimonio por divorcio, muerte o por su declaración de nulidad. En la Sentencia C-840
de 2010, la Corte Constitucional precisó que uno de estos deberes son las que se
refieren a la comunidad de vida y a la fidelidad mutua. Así los casados son personas
jurídicamente vinculadas que tienen una comunidad. El Tribunal pasó por alto estas
consideraciones probatorias. Por lo tanto, operaba la presunción legal de que los
cónyuges convivían y no se separaron de hecho. Este hecho no se analizó en el fallo
impugnado y era indispensable, ya que habría dado lugar a un fallo diferente.

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a
la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La
pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este
caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si
tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
8 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Bogotá, D.C., cuatro (4) de
marzo de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 23001-23-33-000-2014-00074-02(6180-18).
9 Corte Constitucional, Sentencia C-533 de 2010.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03104-01
Accionante: Tránsito Benites de Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Acción de tutela

35.En esta misma lógica, el defecto fáctico mencionado se extendió a un
desconocimiento en las reglas probatorias de un proceso. De ahí que, la autoridad
judicial demandada pasó por alto que la entidad territorial jamás cuestionó la convivencia
entre el causante y la demandante en el trámite administrativo o judicial, por lo que la
benefició sin que esta hubiese ejercido la respectiva carga probatoria que se desprende
de la excepción sobre el incumplimiento de los requisitos. El Tribunal demandado
desconoció el valor probatorio del matrimonio y descargó al Municipio de San Benito
Abad, Sucre, de demostrar su excepción o indicar por qué la actora incumplió el requisito
de convivencia para el acceso a pensión»10.

31.Así mismo, el defecto fáctico se configuró al haberse desconocido las reglas
probatorias existentes para el proceso. Sobre todo, por cuanto el Tribunal -al igual
que en el caso previo que se acaba de citar- pasó por alto que: (i) no hubo prueba o
siquiera manifestación de una separación de hecho, (ii) la entidad en su decisión
administrativa jamás cuestionó la convivencia del causante y tampoco durante el
trámite judicial; es decir, adoptó una conclusión probatoria que la favorecía y sin que
dicha entidad haya ejercido su derecho de defensa en el sentido de formular alguna
excepción sobre el incumplimiento del requisito; y, (iii) no fue solicitada la vinculación
en ninguno de los trámites de algún tercero con derecho o interés para tal beneficio.

32.Así las cosas, el Tribunal demandado desconoció el valor probatorio del
matrimonio y anuló la carga procesal a los entes demandados de demostrar o alegar
que la actora incumplió el requisito de convivencia para el acceso a la pensión.

33.Enese orden de ideas, se ampararán los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social de la
demandante. Por tanto, se dispondrá dejar sin efectos la sentencia de 23 de octubre
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo; así mismo, se le
ordenará que dentro de su autonomía judicial, emita un fallo en el que tenga en
cuenta las anteriores consideraciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 28 de mayo de 2026 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado – Subsección A, mediante la cual se negó el amparo
por el defecto fáctico deprecado. En su lugar, AMPARAR los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la
seguridad social de la señora Tránsito Benites de Rodríguez.

10 Sentenciadel 1 de septiembre de 2025, proferida en el proceso 11001-03-15-000-2025-04813-00. CP
Fernando Alexei Pardo Flórez.

Radicación: 11001-03-15-000-2026-03104-01
Accionante: Tránsito Benites de Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Acción de tutela

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 23 de octubre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Putumayo en el proceso 86001-33-33-002-2021-
00190-01, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre que, en el término de
treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta providencia, y en ejercicio
de su autonomía judicial, profiera un nuevo fallo en el que tenga en cuenta lo indicado
en esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Salvamento de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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