Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06446-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06446-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06446-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
3 de diciembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06446-00
Demandante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06446-00
Demandante: JONATHAN STIVEL VÁSQUEZ GÓMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Los argumentos expuestos en la solicitud de amparo evidencian que
se pretende utilizar este mecanismo constitucional como una instancia adicional.
La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Jonathan Stivel Vásquez
Gómez, en nombre propio y en calidad de alcalde distrital de Barrancabermeja
(Santander), contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Primero
Administrativo de Bucaramanga.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 14 de octubre de 2025, el señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez interpuso
acción de tutela contra las autoridades judiciales mencionadas por considerar
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. Formuló las siguientes
pretensiones (se transcriben):
Primera: Se me tutele derecho fundamental del debido proceso (art.29).
Segunda: En consecuencia, de la anterior solicitud se ordene al Juez Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja y al Tribunal
Administrativo de Santander que dejen sin efectos los autos de fecha 25 de
agosto de 2025 y 18 de septiembre de 2025, respectivamente, dictados dentro
del incidente de desacato radicado bajo el No. 2015-00220.
Tercera: Se ordene al Juez Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Barrancabermeja y al Tribunal Administrativo de Santander levantar la sanción
impuesta al suscrito por haber dado cumplimiento a las decisiones judiciales de
acuerdo a la interpretación normativa en vigor y a los presupuestos
1
Se advierte que el 11 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez
establecidos en el precedente jurisprudencial referenciado, y/o
subsidiariamente deje sin efectos la sanción que me fue impuesta en mi
condición de Alcalde Distrital de Barrancabermeja.
Cuarto: se ordene al Consejo Superior de la Judicatura realizar a favor del
suscrito la devolución del pago por valor de siete millones ciento diecisiete mil
quinientos pesos M/cte ($7.117.500), por concepto de sanción impuesta por el
Juzgado Primero Administrativo Oral de Barrancabermeja y confirmada por el
Tribunal Administrativo de Santander, pagada el día 3 de octubre de 2025.
2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En 2015, se presentó demanda en ejercicio del medio de control de
cumplimiento en contra del Distrito de Barrancabermeja por el supuesto
incumplimiento de la Ley 400 de 1997, Ley 1185 de 2008 (artículo 7, numeral 1),
Decreto Reglamentario 1080 de 2015 (artículos 2.4.1.1, 2.4.1.1.2, y 2.4.1.1.3) en
relación con el Plan Especial de Manejo y Protección del bien inmueble denominado
Plaza de Mercado Central.
4. El proceso le correspondió al Juzgado Primero Administrativo de
Barrancabermeja y se le asignó el radicado 68081-33-33-001-2015-00220-00. En
sentencia del 24 de agosto de 2015, resolvió lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR que el municipio de Barrancabermeja viene
incumpliendo las obligaciones contempladas en el artículo 2.4.1.3.1 del Decreto
1080 de 2015, conforme a lo señalado en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA que dentro
del término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia proceda a iniciar las actuaciones administrativas tendientes a que
en un término no superior a diez (10) meses elabore y adopte mediante acto
administrativo el PEMP del inmueble denominado “PLAZA DE MERCADO
CENTRAL” del municipio de Barrancabermeja, el cual deberá desarrollarse
teniendo en cuenta las directrices establecidas por el ministerio de cultura en
el artículo 2.4.1.1.1 del Decreto 1080 de 2015 y las demás normas relacionadas
con el tema.
5. Mediante auto del 30 de enero de 2024, el Juzgado Primero Administrativo de
Barrancabermeja requirió al señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez, alcalde distrital
de Barrancabermeja para que informara los motivos por los cuales no había dado
cabal cumplimiento a la sentencia del 24 de agosto de 2015. El 7 de febrero siguiente,
se atendió el requerimiento y expuso que había adelantado diferentes trámites para
cumplir lo allí ordenado2.
2 Celebración del contrato 3399-de 2017, cuyo objeto era formular e implementar el plan especial de
manejo y protección de la plaza de mercado; el Acuerdo 033 de 2022, que adoptó la revisión del
ordenamiento territorial vigente; Contrato Interadministrativo 1712 de 2023, con el fin de que se
realizara un estudio técnico para la actualización, diagnóstico y valoración de los bienes muebles e
inmuebles candidatos a bienes de interés cultural de carácter distrital, en el cual se incluyó la plaza
de mercado; Decreto 398 de 2023, a través del cual se creó y conformó la lista indicativa de
candidatos a bienes de interés cultural de Barrancabermeja.
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6. En providencia del 9 de febrero de 2024, el referido juzgado se abstuvo de dar
inicio al trámite incidental de desacato, toda vez que el Distrito había acreditado el
inicio de las actuaciones correspondientes para adoptar el acto administrativo PEMP
de la plaza de mercado de ese municipio.
7. El 28 de julio de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja
requirió nuevamente al Distrito de Barrancabermeja para que informara sobre los
trámites que había adelantado para acatar la sentencia proferida en el medio de
control de cumplimiento en el año 2015.
8. En obedecimiento al anterior requerimiento, el alcalde Vásquez Gómez se
limitó a reiterar las actuaciones que informó en el trámite incidental que se surtió en
el año 2024.
9. Mediante providencia del 25 de agosto de 2025, sancionó por desacato al
señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez, en su condición de alcalde del Distrito de
Barrancabermeja, con multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, al
considerar que no se allegaron documentos que acreditaran avances reales en la
elaboración y adopción del PEMP.
10. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto del 18 de septiembre
de 2025, confirmó la sanción impuesta.
11. El accionante considera que las autoridades judiciales demandadas
incurrieron en:
12. Defecto sustantivo por aplicación errónea de la normativa en vigor,
porque el Tribunal Administrativo de Santander ha proferido 3 decisiones en las
cuales ha desarrollado la manera en cómo se debe interpretar los artículos 68 a 79
del Acuerdo 018 de 2002 en consonancia con lo regulado por el artículo 8 de la Ley
393 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 1185 de 2008:
– Sentencia de segunda instancia dictada en el expediente 68001-33-33-001-2014-
00220-01 del 7 de mayo de 2018.
– Sentencia de segunda instancia proferida en el expediente 68001-33-33-002-2018-
00128-01 del 27 de julio de 2018.
– Auto dictado en el proceso con radicado 68001-33-33-003-2023-00217-00.
13. Según la parte actora, dichas providencias concluyeron que el referido
acuerdo municipal no hizo una declaración de bienes de interés cultural en sus
artículos 69 a 71, puesto que el Concejo no contaba con la competencia para hacerlo,
puesto dicha facultad recae en el alcalde municipal, previo agotamiento del
procedimiento estipulado en la Ley 393 de 1997.
14. Expuso que de dar cumplimiento a la decisión desacatada «conlleva en sí
mismo a utilizar una norma que no está vigente, en mi condición de administrador
del Distrito, y se ocasiona otro tipo de consecuencia, y es la relacionada con la
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ordenación del gasto del ente territorial» toda vez que se deberán invertir recursos
públicos para expedir el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP.
15. Desconocimiento del precedente judicial, toda vez que no se tuvieron en
cuenta las consideraciones de la sentencia SU-034 de 2018. En su criterio, está
demostrado que en el Municipio de Barrancabermeja no existen bienes de interés
cultural, de manera que no se ha negado el cumplimiento de la orden judicial, sino
que existe una imposibilidad jurídica y material de cumplir lo ordenado.
16. Explicó que el Distrito demandó en el medio de control de nulidad simple la
legalidad de los artículos 69 a 71 del Acuerdo 018 de 2002, y ese proceso se
encuentra pendiente de decisión en el Juzgado Primero Administrativo de
Barrancabermeja (radicado 68001-33-33-001-2024-00019-00).
17. Violación directa de la Constitución, pues las decisiones cuestionadas
desconocieron la existencia de pronunciamientos jurisprudenciales que establecen
el amparo al derecho fundamental al debido proceso y al patrimonio, omitiendo
valorar las conductas positivas tendientes al cumplimiento del fallo.
B. Trámite impartido e intervenciones
18. Mediante auto de 22 de octubre de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a las autoridades judiciales demandadas, a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, como terceros con interés, a los señores
Ludwing Barajas Mendoza y Arnulfo Basto Álvarez. También se tuvieron como
prueba los documentos aportados con la demanda.
19. El Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja manifestó que el
Distrito no aportó documentos que acreditaran avances reales o efectivos en la
elaboración y adopción del PEMP. Indicó que las actuaciones descritas en la
contestación al requerimiento previo y a la apertura formal del incidente, tales como
la creación de la LICBIC, la suscripción del contrato de estudios y las capacitaciones,
ya habían sido valoradas en el incidente que se tramitó con anterioridad, que, en
todo caso, no equivalen al cumplimiento de la orden judicial que consistía en expedir
un acto administrativo que adopte el PEMP de la Plaza de Mercado Central.
20. Expuso que en la decisión desacatada se concluyó que el referido inmueble
ostentaba la condición de bien de interés cultural en virtud del literal b del artículo 1
de la Ley 1185 de 2008, por lo que «su insistencia en un requisito inexistente para el
presente caso constituye una forma de resistencia injustificada frente a una orden
judicial perentoria».
21. Por lo anterior, sostuvo que la parte actora pretende convertir la acción de
tutela en una instancia adicional.
22. El magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, ponente de la
decisión censurada, señaló que la alegada imposibilidad de cumplimiento carece
de sustento pues la orden judicial es clara y exigible y la resistencia del ente territorial
es injustificada. Aunado al hecho de que no se aportó prueba nueva o diferente a
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aquella en la cual desde el año 2023, fecha de suscripción del contrato
interadministrativo 17129 y de expedición del decreto distrital 398 que creó y
conformó la lista indicativa de candidatos a bienes de interés cultural de
Barrancabermeja, la entidad tenga avances mínimos y diferentes a las ya conocidas.
23. Indicó que los reproches efectuados a las providencias están directamente
relacionados con los puntos de derecho que se resolvieron en el año 2015, de
manera que la tutela no es el mecanismo idóneo para discutir la interpretación
efectuada en la sentencia de 24 de agosto de 2015, en lo relacionado a la aplicación
otorgada a la Ley 1185 de 2008.
24. El señor Ludwing Barajas Mendoza manifestó que no existió vulneración
del debido proceso pues en el trámite incidental se le permitió el ejercicio del derecho
de defensa. Asimismo, precisó que las decisiones estuvieron debidamente
motivadas y sustentadas en relación con la persistencia del incumplimiento de la
sentencia.
25. Expuso que entre el auto del 9 de febrero de 2024 y el auto del 26 de
septiembre de 2025, transcurrieron 1 año, 7 meses y 17 días, periodo en el cual se
verificó que no había iniciado las actuaciones orientadas a cumplir con el fallo judicial.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
26. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema Jurídico
27. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de relevancia constitucional. Sólo
en el evento de que se reúnan estas exigencias, se analizará si las autoridades
judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales en cabeza del señor
Jonathan Stivel Vásquez Gómez.
E. Análisis de la Sala
28. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
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29. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 3 reiterado de la
Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la
acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional no es el idóneo si lo pretendido es que el juez de tutela
se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
30. En el caso bajo estudio, el señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez alegó que,
en la providencia del 25 de agosto de 2025, confirmada mediante auto del 18 de
septiembre siguiente, el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja y el
Tribunal Administrativo de Santander incurrieron en defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, porque no se
tuvo en cuenta que, según su criterio, existe imposibilidad jurídica de dar
cumplimiento a la sentencia proferida el 24 de agosto de 2015 en el medio de control
de cumplimiento.
31. Sería del caso analizar si se configuraron o no los referidos defectos; no
obstante, la Sala advierte que la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional, porque se está ejerciendo para convertir este valioso mecanismo de
protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del trámite
incidental de desacato. De la simple comparación entre las razones esgrimidas en
el informe de cumplimiento, en el escrito de oposición al auto que le impuso la
sanción por desacato y los propuestos en la demanda de la referencia, se evidencia
que los supuestos vicios en los que incurrieron las autoridades judiciales
demandadas fueron invocados para continuar el debate jurídico que ya fue decidido
razonablemente.
32. En efecto, en el escenario que propone el accionante, la Sala tendría que
examinar nuevamente los argumentos expuestos en el escrito de oposición al auto
del 25 de agosto de 2025. En esta providencia, el Juzgado Primero Administrativo
de Barrancabermeja sostuvo que la sentencia proferida el 24 de agosto de 2015,
cuyo cumplimiento se consideró desacato se estableció con absoluta claridad que
la Plaza de Mercado Central del Distrito de Barrancabermeja es un Bien de Interés
Cultural -BIC-. Lo anterior, toda vez que en aplicación directa del literal b) del artículo
1° de la Ley 1185 de 2008, dicho inmueble adquirió esa naturaleza al haber sido
incluido en el POT del año 2002.
33. Esto consideró la referida sentencia en el proceso de cumplimiento:
Definido lo anterior, se debe resaltar que el inmueble objeto del presente
proceso es efectivamente un BIC, en los términos del inciso tercero del literal
b) del artículo 1 de la Ley 1185 de 2008, toda vez que fue incluido como bien
de interés en el Acuerdo 018 de 2002 – POT de Barrancabermeja. Igualmente,
es evidente que pro haber adquirido su estatus de Bien de protección con
3 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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anterioridad a la promulgación de la Ley 1185 de 2008, la implementación del
PEMP se hace obligatoria conforme a lo señalado en el artículo 2.4.1.1.3 del
Decreto 1080 de 2015.
34. Consideró que la obligación fijada en esa providencia no se circunscribía a
adelantar estudios previos o promover una nueva declaratoria como bien de interés
cultural, sino a elaborar y adoptar el PEMP en un plazo máximo de 10 meses.
35. Sostuvo que el señor Vásquez Gómez no logró acreditar avances reales o
efectivos en la elaboración y adopción del Plan Especial de Manejo y Protección,
pues las actuaciones que describió en la contestación al incidente daban cuenta,
consistentes en la creación de la LICBIC, la suscripción de un contrato de estudios,
y las capacitaciones, ya habían sido valoradas en un incidente que se tramitó en el
año 2024. En todo caso, precisó que esas actuaciones no equivalían al
cumplimiento de la orden judicial, pues esta fue clara en ordenar la expedición de
un acto administrativo que adoptara el PEMP de la Plaza de Mercado Central.
36. Advirtió que el argumento central de la administración de Barrancabermeja
consiste en que, a su juicio, se requiere de la declaratoria formal del inmueble como
bien de interés cultural. Lo anterior, en criterio del juzgado demandado contradice
lo resuelto en la sentencia del 24 de agosto de 2015, en la cual se determinó que
dicho inmueble ostentaba esa condición «por lo que su insistencia en un requisito
inexistente para el presente caso constituye una forma de resistencia injustificada
frente a una orden judicial perentoria».
37. La parte sancionada sostuvo que la Plaza de Mercado Central no es un bien
de interés cultural, porque el Acuerdo 018 de 2002 fue expedido sin la respectiva
competencia al proferirse luego de la entrada en vigor de la Ley 393 de 1998 y sin
la existencia del concepto previo del Consejo Departamental de Patrimonio. Esa
tesis, en su criterio, ha sido ratificada en diversas providencias proferidas por el
Tribunal Administrativo de Santander, incluida una acción popular resuelta en el año
2024.
38. Explicó que no era jurídicamente exigible la adopción del PEMP sobre ese
inmueble, pues dicha situación implicaría un desconocimiento del principio de
legalidad del gasto. En todo caso, reiteró que había adelantado actuaciones
tendientes para dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia: un contrato en el
año 2017, ajustes normativos en el año 2021, la expedición del Acuerdo 033 de
2022, los estudios técnicos en 2023 y la conformación de la Lista Indicativa de
Candidatos a BIC mediante el Decreto 398 de 2023, lo que daba cuenta de que no
había sido negligente.
39. Al resolver el grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo de
Santander concluyó razonablemente que el elemento subjetivo se encontraba
configurado en atención a que habían transcurrido más de 10 años para ejecutar lo
ordenado y, a pesar de ello, la administración «persiste en una interpretación
restrictiva que desconoce lo resuelto en la sentencia y reabre un debate ya zanjado
sobre la condición de BIC del inmueble». Señalo que la alegada imposibilidad de
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cumplimiento carece de sustento pues la orden judicial es clara y exigible, y, por
tanto, la resistencia en cumplir del Distrito resulta injustificada.
40. Consideró que no se aportaron pruebas diferentes que le indicaran a la Sala
que desde el año 2023, fecha en la cual se suscribió el contrato interadministrativo
1712 y la expedición del Decreto Distrital 398 que creó y conformó la Lista Indicativa
de Candidatos a Bienes de Interés Cultural de ese ente territorial, la entidad hubiera
realizado avances mínimos o diferentes a los ya conocidos en el trámite incidental
anterior.
41. Finalmente, señaló que la multa impuesta se enmarca en las facultades
correccionales previstas en los artículos 25 y 29 de la Ley 393 de 1997 y es acorde
con lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia C-542 de 2010, por
lo que «el prolongado incumplimiento por más de diez años permite entender que
la medida fue adoptada por el juez de primera instancia como una reacción
proporcional frente a la reiterada desatención del mandato judicial».
42. A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche
alguno desde el punto de vista constitucional. El hecho de que el señor Jonathan
Stivel Vásquez Gómez no los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a
estudiar un asunto que ya fue decidido por el Tribunal Administrativo de Santander.
43. En este punto, conviene precisar que, tal como lo sostuvo razonablemente la
autoridad judicial demandada, el señor Vásquez Gómez insiste en desconocer las
consideraciones que tuvo en cuenta el Juzgado Primero Administrativo de
Barrancabermeja al proferir la decisión destacada, pues resulta claro que en el
proceso que se tramitó bajo el radicado 68001-33-33-001-2015-00220-00. Ese era
el escenario idóneo y eficaz para cuestionar lo concluido por la referida autoridad
judicial demandada en relación con la calidad o no de bien de interés cultural de la
Plaza de Mercado Central de ese municipio.
44. En consecuencia, la acción de tutela no puede ser utilizada como un
mecanismo alterno para reabrir un debate ya definido en sede ordinaria, ni para
sustituir los recursos procesales previstos en la ley. Lo decidido por el juez del
desacato se enmarca en el ejercicio legítimo de sus competencias y en la aplicación
de las normas que regulan la protección del patrimonio cultural, sin que pueda
derivarse de ello una vulneración a los derechos fundamentales que amerite la
intervención del juez de tutela.
45. Sin embargo, la Sala observa que, contra la sentencia del 24 de agosto de
2015, en la que se sostuvo de manera clara que la Plaza de Mercado Central ostenta
la connotación de bien de interés cultural y, en consecuencia, el Municipio de
Barrancabermeja estaba obligado a adoptar el Plan Especial de Manejo y
Protección, el ente territorial no interpuso recurso alguno. Desde que dicha
providencia adquirió firmeza han transcurrido más de diez años sin que se acredite
su efectivo cumplimiento.
46. Esa circunstancia pone de manifiesto, por un lado, la ejecutoria y
obligatoriedad de la decisión, y por otro, la omisión prolongada e injustificada del
municipio en dar cumplimiento a un mandato que busca preservar el patrimonio
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cultural del Distrito de Barrancabermeja. La inactividad del ente territorial no puede
trasladarse al escenario de la acción de tutela, como si se tratara de una instancia
adicional del medio de control de cumplimiento o del trámite incidental de desacato,
toda vez que lo decidido por el juez natural fue claro y razonable. En esos términos,
no se advierte irregularidad alguna que se le pueda atribuir a las autoridades
judiciales que profirieron las decisiones cuestionadas.
47. En cuanto al supuesto desconocimiento del precedente fijado en la sentencia
SU-034 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, la Sala considera que
tampoco se cumple con el requisito de relevancia constitucional. Lo anterior, porque
de acuerdo con la tesis del demandante, según la cual existe imposibilidad jurídica
para dar cumplimiento a lo ordenado, no debió imponerse sanción por desacato.
48. En efecto, la sanción por desacato exige la concurrencia del requisito de
responsabilidad subjetiva en el incumplimiento de la orden judicial, lo cual implica la
demostración de una actitud negligente o contumaz del obligado frente al
cumplimiento de la orden judicial. En el presente asunto, como se ha expuesto
reiteradamente, el tribunal consideró que ante la omisión prolongada y la falta de
gestión efectiva del señor Vásquez Gómez, alcalde del Distrito de Barrancabermeja,
para ejecutar lo dispuesto en la sentencia del 24 de agosto de 2015 constituyen una
clara manifestación de resistencia que justifica la imposición de la sanción.
49. Así las cosas, lo que pretende el accionante mediante la acción de tutela es
desconocer las consideraciones que tuvo en cuenta el Juzgado Primero
Administrativo de Barrancabermeja, al adoptar al sostener que la Plaza de Mercado
Central de Barrancabermeja era un bien de interés cultural, escenario que no
corresponde reabrir en sede de tutela.
50. La tutela es un valioso mecanismo de protección de derechos
fundamentales, mas no es una instancia adicional de los procesos judiciales
resueltos por el juez de la causa. Las diferencias con el juez, respecto de la forma
en que decide el conflicto jurídico, son cuestiones propias del proceso ordinario,
que es el escenario ideal para zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se
convierta en la instancia adicional de todos los procesos judiciales no solo le resta
vigor a la acción, sino que termina por desconocer los principios de autonomía
judicial y del juez natural.
51. Conforme a todo lo razonado, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo presentada por el señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
52. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Jonathan Stivel Vásquez Gómez, por las consideraciones anotadas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06446-00
Demandante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez
SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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