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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06446-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06446-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-06446-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2025 06446 01
Accionante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito general de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante, actuando en nombre propio
y en calidad de alcalde Distrital de Barrancabermeja, en contra de la sentencia de tutela
del 3 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo constitucional.

1. LA SOLICITUD

El ciudadano Jonathan Stivel Vásquez Gómez, actuando en nombre propio y en calidad
de alcalde Distrital de Barrancabermeja, interpuso acción de tutela con el propósito de
obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró
vulnerado por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barrancabermeja1 y el Tribunal
Administrativo de Santander2, al proferir las providencias de 25 de agosto y 18 de
septiembre de 2025, respectivamente, dentro de la acción de cumplimiento - incidente de
desacato con el número único de radicación 68081 33 33 001 2015 00220 00/01.

Como pretensiones se indicaron las siguientes:

Primera: Se me tutele derecho fundamental del debido proceso (art. 29).

Segunda: En consecuencia, de la anterior solicitud se ordene al Juez Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja y al Tribunal
Administrativo de Santander que dejen sin efectos los Autos de fecha 25 de agosto
de 2025 y 18 de septiembre de 2025, respectivamente, dictados dentro del
incidente de desacato radicado bajo el No. 2015-00220.

Tercera: Se ordene al Juez Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Barrancabermeja y al Tribunal Administrativo de Santander levantar la sanción
impuesta al suscrito por haber dado cumplimiento a las decisiones judiciales de
acuerdo a la interpretación normativa en vigor y a los presupuestos establecidos
en el precedente jurisprudencial referenciado, y/o subsidiariamente deje sin

1 En adelante el Juzgado.
2 En adelante el Tribunal.

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06446 01
Demandante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro

efectos la sanción que me fue impuesta en mi condición de Alcalde Distrital de
Barrancabermeja.

Cuarto: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura realizar a favor del
suscrito la devolución del pago por valor de Siete Millones Ciento Diecisiete Mil
Quinientos Pesos M/cte ($7.117.500), por concepto de sanción impuesta por el
Juzgado Primero Administrativo Oral de Barrancabermeja y confirmada por el
Tribunal Administrativo de Santander, pagada el día 3 de octubre de 2025.

En el escrito de tutela, el accionante expuso, en síntesis, los siguientes hechos:
Indicó que, en el año 2015, se presentó una acción de cumplimiento en contra del Distrito
de Barrancabermeja3 por la presunta inobservancia de normas relacionadas con la
protección del inmueble denominado “Plaza de Mercado Central” y la obligación de
adoptar su Plan Especial de Manejo y Protección4.
Adujo que el Juzgado, mediante sentencia de primera instancia de 24 de agosto de 2015,
declaró el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 2.4.1.3.1 del Decreto
núm. 1080 de 2015 y ordenó iniciar las actuaciones necesarias para formular y adoptar
dicho plan.
Señaló que el Distrito argumentó que el inmueble no era formalmente un bien de interés
cultural, pues su inclusión en el Plan de Ordenamiento Territorial5 de 2002 no equivalía a
una “declaratoria válida” y, además, no era de su propiedad.
Sostuvo que, con posterioridad, adelantó diversas gestiones técnicas y contractuales,
pero no logró adoptar el PEMP, en parte por cambios normativos y por decisiones del
Tribunal Administrativo de Santander que señalaron que el Concejo Municipal no tenía
competencia para declarar bienes de interés cultural y que el Acuerdo núm. 018 de 2002
no constituía una “declaratoria válida”.
Manifestó que distintas decisiones judiciales posteriores reiteraron la anterior postura, en
el sentido de que los bienes incorporados al POT con posterioridad a la Ley 397 de 1997
no podían considerarse bienes de interés cultural sin el cumplimiento del procedimiento
legal correspondiente ni el concepto previo del Consejo de Patrimonio. Según indicó, ello
incidió en la imposibilidad de registrar formalmente el inmueble como bien de interés
cultural y, en consecuencia, en la imposibilidad jurídica de adoptar el PEMP.
Relató que el Juzgado, mediante providencia de 31 de enero de 2024, le requirió para
que informara los motivos por los cuales no se había dado cumplimiento a la orden
contenida en la sentencia de 24 de agosto de 2015.
Indicó que, el 6 de febrero de 2024, dio respuesta al requerimiento e informó las
actuaciones adelantadas, tales como: (i) la suscripción de un contrato para la formulación
del PEMP en 2017; (ii) la inclusión de la Plaza de Mercado Central en el Acuerdo 033 de
2022 (POT); (iii) la celebración del Contrato Interadministrativo 1712 de 2023 para el
estudio técnico de candidatos a bienes de interés cultural; y (iv) la expedición del Decreto
Distrital 398 de 2023, mediante el cual se creó la Lista Indicativa de Candidatos a bienes
de interés cultural, incluyendo la Plaza de Mercado Central.

3 En adelante le Distrito.
4 En adelante PEMP.
5 En adelante POT.

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Demandante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Señaló que, mediante providencia de 9 de febrero de 2024, el Juzgado se abstuvo de
sancionar al alcalde, al considerar que se estaban adelantando actuaciones
administrativas tendientes a dar cumplimiento a la sentencia de 24 de agosto de 2015.
Sostuvo que, posteriormente, luego de un nuevo requerimiento, el Juzgado, mediante
providencia de 25 de agosto de 2025, ordenó sancionarlo por incurrir en desacato, al
omitir la expedición del acto administrativo que adoptara el PEMP dentro del término
fijado y prolongar injustificadamente su incumplimiento por casi una década. Decisión que
fue apelada por los aquí terceros interesados y el accionante.
Adujo que el Tribunal, mediante providencia de 18 de septiembre de 2025, confirmó la
sanción que le fue impuesta.
Manifestó que las providencias acusadas adolecen de los siguientes defectos: (i)
sustantivo, por aplicación errónea de la normativa vigente; (ii) desconocimiento del
precedente constitucional; y (iii) violación directa de la Constitución.

En relación con el defecto sustantivo, sostuvo que el Tribunal ha emitido tres decisiones
en las cuales ha decantado la forma en que deben interpretarse los artículos 69 a 72 del
Acuerdo 018 de 2002, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 397 de
1997, modificado por la Ley 1185 de 2008, a saber:

• Sentencia de segunda instancia dictada en el expediente 68001-33-33-001-2014-
00220-01 del 7 de mayo de 2018.

• Sentencia de segunda instancia proferida en el expediente 68001-33-33-002-
2018- 00128-01 del 27 de julio de 2018.

• Auto dictado en el proceso con radicado 68001-33-33-003-2023-00217-00.

Expuso que las decisiones cuestionadas vulneran su derecho al debido proceso, pues le
exigen cumplir una orden judicial con fundamento en una normativa que, a su juicio, ya
no se encuentra vigente ni resulta aplicable.
Asimismo, manifestó que las autoridades judiciales desconocieron el precedente
constitucional sobre la responsabilidad subjetiva en el incidente de desacato, al imponer
la sanción sin analizar si existió culpa o dolo en el incumplimiento.
Finalmente, señaló que las decisiones judiciales cuestionadas configuran una violación
directa de la Constitución, en particular del derecho fundamental al debido proceso, al
mantener la sanción por desacato sin valorar adecuadamente la buena fe de la
administración ni las circunstancias de imposibilidad jurídica para cumplir la orden.

2. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 22 de octubre de 2025 6, en el cual
se ordenó notificar7 al Juzgado y al Tribunal, en su calidad de autoridades judiciales
accionadas. Asimismo, se dispuso vincular a los señores Ludwing Barajas Mendoza y
Arnulfo Basto Álvarez, en atención a que intervinieron en el trámite de acción de

6 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 06446 00.
7 Visto en los índices 9 y 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2025 06446 00.

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06446 01
Demandante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro

cumplimiento identificado con el radicado núm. 68081-33-33-001-2015-00220-00/02,
como terceros con interés directo en el resultado del proceso.

2.2. El Juzgado Primero Administrativo Oral de Barrancabermeja8 presentó informe en el
que solicitó declarar improcedente la acción de tutela, por cuanto, a su juicio, se pretende
utilizar este mecanismo constitucional como una instancia adicional para controvertir las
órdenes proferidas por ese despacho. Señaló que con ello se busca reabrir un debate
jurídico ya concluido, lo cual afectaría los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

2.3. El Tribunal Administrativo de Santander9 allegó informe en el que solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto considera que el accionante
pretende utilizar este mecanismo como una instancia adicional para cuestionar la
interpretación normativa y las decisiones adoptadas desde el año 2015 en relación con
la obligación de adoptar el PEMP, asunto que ya fue definido judicialmente. En ese
sentido, concluye que no se evidencian defectos de carácter constitucional ni vulneración
de derechos fundamentales, por lo que solicita declarar improcedente el amparo
solicitado.

2.4. Ludwing Barajas Mendóza10 presentó informe en el que solicitó negar por
improcedente la acción de tutela, por inexistencia de vulneración del derecho
fundamental al debido proceso.

Señaló que las decisiones del Juzgado y del Tribunal fueron adoptadas dentro del ámbito
de sus competencias y en concordancia con la Constitución y la ley, con el propósito de
proteger el patrimonio cultural. En ese sentido, afirmó que no se configura afectación
alguna al debido proceso del accionante; por el contrario, las providencias cuestionadas
garantizan el respeto al orden jurídico, al principio de legalidad y a la obligatoriedad de
las decisiones judiciales.

2.5. Arnulfo Basto Álvarez11 allegó informe en el que solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela, por cuanto no se demostró la vulneración de derecho fundamental
alguno. Señaló que las decisiones judiciales cuestionadas se ajustaron al ordenamiento
jurídico, a la función constitucional de protección del patrimonio cultural y al principio de
supremacía de las decisiones judiciales.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencia de
3 de diciembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no
cumple con el requisito general de relevancia constitucional.

Para ello, expuso que:

8 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 06446 00.
9 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 06446 00.
10 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2025 06446 00.
11
Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2025 06446 00.

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06446 01
Demandante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro

[…] la solicitud de amparo (…) se está ejerciendo para convertir este valioso
mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia
adicional del trámite incidental de desacato. De la simple comparación entre las
razones esgrimidas en el informe de cumplimiento, en el escrito de oposición al
auto que le impuso la sanción por desacato y los propuestos en la demanda de la
referencia, se evidencia que los supuestos vicios en los que incurrieron las
autoridades judiciales demandadas fueron invocados para continuar el debate
jurídico que ya fue decidido razonablemente […].

Explicó que, los argumentos señalados por en el auto del 25 de agosto de 2025 son
razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional. Al
respecto, anotó lo siguiente:

El hecho de que el señor Jonathan Stivel Vásquez Gómez no los comparta, no
habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido por
el Tribunal Administrativo de Santander.

En este punto, conviene precisar que, tal como lo sostuvo razonablemente la
autoridad judicial demandada, el señor Vásquez Gómez insiste en desconocer las
consideraciones que tuvo en cuenta el Juzgado Primero Administrativo de
Barrancabermeja al proferir la decisión destacada, pues resulta claro que en el
proceso que se tramitó bajo el radicado 68001-33-33-001-2015-00220-00. Ese era
el escenario idóneo y eficaz para cuestionar lo concluido por la referida autoridad
judicial demandada en relación con la calidad o no de bien de interés cultural de
la Plaza de Mercado Central de ese municipio.

Finalmente, arguyó lo siguiente:

44. En consecuencia, la acción de tutela no puede ser utilizada como un
mecanismo alterno para reabrir un debate ya definido en sede ordinaria, ni para
sustituir los recursos procesales previstos en la ley. Lo decidido por el juez del
desacato se enmarca en el ejercicio legítimo de sus competencias y en la
aplicación de las normas que regulan la protección del patrimonio cultural, sin que
pueda derivarse de ello una vulneración a los derechos fundamentales que
amerite la intervención del juez de tutela.

45. Sin embargo, la Sala observa que, contra la sentencia del 24 de agosto de
2015, en la que se sostuvo de manera clara que la Plaza de Mercado Central
ostenta la connotación de bien de interés cultural y, en consecuencia, el Municipio
de Barrancabermeja estaba obligado a adoptar el Plan Especial de Manejo y
Protección, el ente territorial no interpuso recurso alguno. Desde que dicha
providencia adquirió firmeza han transcurrido más de diez años sin que se acredite
su efectivo cumplimiento.

46. Esa circunstancia pone de manifiesto, por un lado, la ejecutoria y
obligatoriedad de la decisión, y por otro, la omisión prolongada e injustificada del
municipio en dar cumplimiento a un mandato que busca preservar el patrimonio
cultural del Distrito de Barrancabermeja. La inactividad del ente territorial no puede
trasladarse al escenario de la acción de tutela, como si se tratara de una instancia
adicional del medio de control de cumplimiento o del trámite incidental de
desacato, toda vez que lo decidido por el juez natural fue claro y razonable. En
esos términos, no se advierte irregularidad alguna que se le pueda atribuir a las
autoridades judiciales que profirieron las decisiones cuestionadas.

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4. LA IMPUGNACIÓN

El accionante presentó impugnación contra la sentencia de tutela de primera instancia,
donde solicitó su revocatoria y que, en su lugar, se conceda el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso.

Manifestó que:

La sentencia impugnada incurre en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente constitucional y jurisprudencial, al omitir analizar de fondo la
imposibilidad jurídica y material que enfrenta el Distrito de Barrancabermeja para
cumplir la orden judicial de adoptar un Plan Especial de Manejo y Protección
(PEMP) para la Plaza de Mercado Central, en los términos ordenados en la
sentencia de 24 de agosto de 2015.

La Sala se limitó a declarar la improcedencia por falta de relevancia constitucional,
argumentando que se pretende usar la tutela como “instancia adicional”, sin
valorar que la sanción por desacato fue impuesta sin considerar la responsabilidad
subjetiva y sin ponderar las actuaciones diligentemente adelantadas por el Distrito,
lo cual configura una violación directa al derecho fundamental al debido proceso.

Sostuvo que el Distrito ha actuado con diligencia y buena fe para cumplir la orden judicial,
pero enfrenta una imposibilidad jurídica objetiva para adoptar el PEMP, debido a que el
Tribunal ha determinado que el inmueble no cuenta con una declaratoria válida como
bien de interés cultural. En ese contexto, afirmó que la sanción impuesta desconoce esa
realidad jurídica y el precedente constitucional, al no valorar adecuadamente dichas
circunstancias.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 12, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201513, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202114, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201915, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

12 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
13 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
14 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
15 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.

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5.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

5.2.1. Mediante sentencia del 24 de agosto de 2015, proferida dentro de la acción de
cumplimiento con número único de radicación 68081-33-33-001-2015-00220-00, el
Juzgado declaró que el Distrito había incumplido las obligaciones previstas en el artículo
2.4.1.3.1 del Decreto 1080 de 2015. En consecuencia, ordenó lo siguiente:

SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA que dentro del
término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia proceda a iniciar las actuaciones administrativas tendientes a que en
un término no superior a diez (10) meses, elabore y adopte mediante acto
administrativo el PEMP del inmueble denominado “PLAZA DE MERCADO
CENTRAL” del municipio de Barrancabermeja, el cual deberá desarrollarse
teniendo en cuenta las directrices establecidas por el Ministerio de Cultura en el
artículo 2.4.1.1.1. del Decreto 1080 de 2015 y las demás normas relacionadas con
el tema.

5.2.2. Mediante auto del 28 de julio de 2025, el Juzgado requirió al Distrito para que
allegara un informe sobre los trámites y actuaciones adelantadas con el fin de dar
cumplimiento a la sentencia del 24 de agosto de 2015.

5.2.3. A través de auto del 25 de agosto de 2025, el Juzgado sancionó al accionante con
multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Contra esta
decisión, los señores Ludwing Barajas Mendoza, Arnulfo Basto Álvarez y el accionante
interpusieron recurso de apelación.

5.2.4. Mediante providencia de 18 de septiembre de 2025, el Tribunal resolvió lo
siguiente:

Primero. Declárase improcedentes los recursos de apelación interpuestos por
el incidentante Ludwing Barajas Mendoza y el accionante Arnulfo Basto Álvarez,
por carecer de legitimación en los términos del artículo 29 de la Ley 393 de 1997
y la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia C-542 de 2010.

Segundo. Confirmar la providencia de fecha veinticinco (25) de agosto de dos
mil veinticinco (2025)9, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Barrancabermeja, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

5.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional

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La Corte Constitucional, en la sentencia C - 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:

[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]16.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

A partir de la sentencia C-590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha sido
desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU- 573
de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades17:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional, deben
concurrir los tres elementos que integran el requisito de relevancia18. En consecuencia,
si no se acredita alguno de ellos, la acción de tutela deviene improcedente por no superar
dicho presupuesto de procedibilidad.

5.3.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que19:

[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra

16 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
17 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
18 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29

de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
19 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).

En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.

En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).

En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso que se discute y como
una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e
independencia del juez natural.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que el accionante pretende que se dejen
sin efecto las providencias del 25 de agosto y 18 de septiembre de 2025, proferidas,
respectivamente, por el Juzgado y el Tribunal, dentro del medio de control de
cumplimiento - incidente de desacato identificado con el número único de radicación
68081-33-33-001-2015-00220-00/01.

En vista de lo anterior, la Sala realizará el análisis de la presunta vulneración del derecho
fundamental invocado únicamente frente a la providencia de 18 de septiembre de 2025,
por cuanto fue esta la que puso fin al trámite incidental de desacato.

Precisado lo anterior, se observa que el accionante cuestiona la providencia mediante la
cual el Tribunal confirmó la sanción que le fue impuesta por no haber desplegado una
labor diligente orientada a materializar el cumplimiento de la orden contenida en la
sentencia de 24 de agosto de 2015.

No obstante, de la lectura de la providencia cuestionada se advierte que la autoridad
judicial accionada expuso que sí se configuró el elemento subjetivo del desacato, pues la
administración ha mantenido por años una postura jurídica que reabre un debate ya
resuelto sobre la condición de bien de interés cultural del inmueble, lo que constituyó una
resistencia injustificada frente a una orden clara y exigible impartida por el juez de
cumplimiento, estimando, en consecuencia, proporcionada la sanción impuesta al
accionante.

Ahora bien, de la lectura del libelo introductorio de la acción de tutela, así como del escrito
de impugnación, se observa que el accionante pretende que se dejen sin efectos las
providencias acusadas. Sin embargo, en realidad busca utilizar el mecanismo de amparo
para reabrir una discusión que ya fue objeto de pronunciamiento por el juez natural de la

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Radicación: 11001 03 15 000 2025 06446 01
Demandante: Jonathan Stivel Vásquez Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro

causa, convirtiendo la acción de tutela en una especie de instancia adicional en la que se
ventilen nuevamente sus inconformidades respecto de las decisiones cuestionadas, tal
como lo señaló el juez de tutela de primera instancia.

Asimismo, en su escrito de impugnación, el accionante manifestó que existe una
imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de 24 de agosto de 2015, por
cuanto, a su juicio, el Tribunal, en múltiples decisiones, ha señalado que el Acuerdo 018
de 2002 no constituye una “declaratoria válida” de bien de interés cultural, por falta de
competencia del Concejo Municipal y por la ausencia de concepto previo del Consejo
Departamental de Patrimonio.

En ese orden, consideró que, sin un bien de interés cultural formalmente declarado, no
existe fundamento legal para adoptar el PEMP, tal como lo exige el Decreto 1080 de
2015.

Así, resulta claro que el accionante pretende que el juez de tutela reexamine un asunto
ya definido por el juez natural, con el propósito de obtener una conclusión distinta y
favorable a sus intereses, lo que desborda la naturaleza excepcional de este mecanismo
y desconoce la autonomía judicial.

Si bien la parte actora sostiene que la providencia acusada incurrió en las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, lo que realmente
se evidencia es su desacuerdo con las conclusiones alcanzadas por el Tribunal
accionado en torno al incumplimiento de la sentencia de 24 de agosto de 2015.

En este punto, cabe destacar que, cuando el juez decide sobre la controversia planteada
y otorga la razón a alguna de las partes, está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley dentro del ámbito de sus competencias. Cualquier
intervención del juez constitucional para desconocer tales atribuciones implicaría un
pronunciamiento por fuera de su órbita funcional, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una situación de esta naturaleza, sería el propio juez constitucional quien podría
vulnerar el derecho al debido proceso, al entrar, sin competencia, en la valoración jurídica
y fáctica del asunto para modificar una decisión adoptada por el juez competente, dentro
de un término breve y mediante un procedimiento que no está previsto para sustituir el
debate propio del proceso de cumplimiento.

Distinto sería el caso si la decisión controvertida no hubiera atendido el debate planteado
o hubiera sorprendido a las partes con una determinación ajena a los hechos y al derecho
propuestos, pues en tal evento podría comprometerse el núcleo esencial del debido
proceso, en su dimensión del derecho de defensa. Sin embargo, ese no es el supuesto
que se presenta en la decisión aquí examinada, ya que el accionante no alega que el juez
se haya apartado de los hechos o del marco jurídico debatido en el proceso.

En consecuencia, al no advertirse la configuración de una arbitrariedad judicial ni la
vulneración directa de derechos fundamentales, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de diciembre de 2025, proferida por la
Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESEY CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 26 de
febrero de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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