Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06472-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06472-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06472-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
19 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-06472-001
Accionante : Pedro José Arrieta Melendréz
Accionados : Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Quinto
Administrativo de Armenia
Vinculados : Daniel García Martínez, a la Dirección de Impuestos y Adunas
Nacionales, a la Comisión Nacional del Servicio Civil y los
integrantes de la lista Convocatoria DIAN 2497 de 2022,
concursando para el cargo Analista I, Código 201, Grado 01
con ficha del Manual Especifico de Requisitos y Funciones
MERF, PC-GJ-2014 y OPEC 198415
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, inaplicación de sanción por
desacato
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por Pedro José Arrieta Melendréz contra el Tribunal Administrativo del
Quindío y el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia, por la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva y al buen
nombre.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
El señor Pedro José Arrieta Melendréz, quien actúa a través de apoderada judicial,
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00
Demandante: Pedro José Arrieta Melendréz
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro
interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva y al buen
nombre, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Quindío.
Por consiguiente, solicitó:
1.3 Hechos2.
De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el
accionante, se puede evidenciar que, el señor Daniel García Martínez participó
en la Convocatoria DIAN 2497 de 2022 para el cargo de Analista I, código 201,
grado 01, y ocupó el puesto 47 en la lista de elegibles conformada mediante la
Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024.
Al no obtener una de las nueve vacantes ofertadas inicialmente, el señor García
interpuso una acción de tutela para solicitar el uso de dicha lista en la provisión
de los nuevos empleos creados por el Decreto 419 de 2023. Dicho proceso le fue
asignado al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, dentro del
radicado 63001-33-33-005-02025-00033-00. Luego de realizar el estudio de la
acción, negó las pretensiones mediante sentencia del 18 de marzo del 2025.
Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Quindío estudió la impugnación
propuesta por el accionante y, mediante sentencia de segunda instancia del 3 de
abril de 2025, revocó la decisión y ordenó a la DIAN solicitar ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil (CNSC) la autorización para el uso de la lista de
elegibles. Así las cosas, la DIAN elevó la consulta ante la CNSC el 11 de abril de
2025; no obstante, la entidad determinó que solo existían seis vacantes
adicionales con la ficha específica (PC-GJ-2014) en la que concursó el actor, lo
que permitió nombrar personas solo hasta el puesto 17 de la lista.
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00
Demandante: Pedro José Arrieta Melendréz
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro
Al estar en contra del nivel de cumplimiento, dado que la DIAN no había
adelantado las acciones pertinentes para lograr su nombramiento, el señor García
promovió un incidente de desacato que derivó en el auto del 15 de septiembre de
2025, a través del cual el juzgado sancionó con multa y un día de arresto
domiciliario a los directivos de la DIAN, incluyendo al accionante. Dicha decisión
fue confirmada por el Tribunal mediante Auto del 18 de septiembre del 2025.
Posteriormente, la entidad solicitó la modulación del fallo por imposibilidad
material y jurídica de cumplimiento, pero el despacho judicial negó tal petición el
6 de octubre de 2025, al considerar que la obligación continuaba pendiente de
ejecución.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 17 de
noviembre de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Quindío y al Juzgado Quinto
Administrativo de Armenia; y, (ii) dispuso vincular a Daniel García Martínez, a la
Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales, a la Comisión Nacional del Servicio
Civil y los integrantes de la lista Convocatoria DIAN 2497 de 2022, concursando
para el cargo Analista I, Código 201, Grado 01 con ficha del Manual Especifico de
Requisitos y Funciones MERF, PC-GJ-2014 y OPEC 198415, en los términos del
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 La Comisión Nacional del Servicio Civil3 solo manifestó que carece de
legitimación en la causa por pasiva en razón a que su marco funcional no habilita a
la entidad para brindar cumplimiento a las pretensiones traídas por el accionante,
por lo que solicitó ser desvinculada de esta acción constitucional.
2.1.2 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales4 realizó dos solicitudes,
primero la «[…] acumulación de la acción de tutela de la referencia a la acción de tutela que
actualmente cursa en el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo– Sección
Segunda – Subsección “B” – consejero ponente Juan Enrique BedoyaEscobar, la cual se encuentra
identificada bajo el radicado11001031500020250639900».
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Índice 00011 de Samai.
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Índice 00013 de Samai.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00
Demandante: Pedro José Arrieta Melendréz
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro
La segunda solicitud va encaminada a conceder las pretensiones del actor, dado
que considera que las decisiones acusadas desconocen el precedente planteado
en la sentencia C 197 del 2025 frente a la utilización de las listas de elegibles para
nombrar en empleos vacantes y por no encontrarse probada la responsabilidad
subjetiva del actor.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.
3.2 Cuestión Previa. - Acumulación de procesos
Se evidencia que, en el índice 11 del expediente electrónico en SAMAI, reposa una
solicitud, de parte de la DIAN, para acumular este expediente con el de radicado
11001-03-15-000-2025-06399-00.
Al respecto, cabe considerar que la figura de acumulación de procesos no fue
reglada por el Decreto 2591 de 1991, razón por la cual, de acuerdo con la
jurisprudencia pacífica de la Corte Constitucional, es dable dar aplicación a las
previsiones contenidas en el Código General del Proceso, siempre y cuando las
instituciones allí contenidas se acompasen con el objeto y materia de la acción de
tutela.
En lo concernido a la mencionada acumulación de procesos, el mencionado código
prevé:
Artículo 148. Procedencia de la acumulación en los procesos declarativos. Para
la acumulación de procesos y demandas se aplicarán las siguientes reglas:
1. Acumulación de procesos. De oficio o a petición de parte podrán acumularse dos (2)
o más procesos que se encuentren en la misma instancia, aunque no se haya notificado
el auto admisorio de la demanda, siempre que deban tramitarse por el mismo
procedimiento, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma
demanda.
b) Cuando se trate de pretensiones conexas y las partes sean demandantes y
demandados recíprocos.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00
Demandante: Pedro José Arrieta Melendréz
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro
c) Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones de mérito propuestas se
fundamenten en los mismos hechos.
Así las cosas, aunque en esta oportunidad, prima facie, resultaría procedente la
acumulación, habida cuenta que, las pretensiones formuladas habrían podido
acumularse en la misma demanda, en concordancia con Decreto 1834 de 2015, la
Sala advierte que negará tal solicitud, toda vez que los términos y naturaleza
expedita de la presente acción, imponen dar aplicación al trámite más célere posible
y, por ende, emitir, a la brevedad posible, la presente sentencia.
3.3 La acción.
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de
2021, fue establecida como un mecanismo directo y expedito para la protección de
los derechos constitucionales fundamentales.
Dicha acción de amparo permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata
de sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten amenazados o
vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares, siempre que, no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que, se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como
mecanismo transitorio.
3.3 Legitimación en la causa de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…]se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha considerado
que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».
La Comisión Nacional del Servicio Civil deprecó su desvinculación del presente
trámite constitucional, al carecer de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto
«[…] la CNSC no tiene competencia funcional ni material para atender o cumplir las pretensiones
formuladas, ni responsabilidad alguna en los hechos materia del proceso».
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00
Demandante: Pedro José Arrieta Melendréz
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro
Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad
de tercera con interés, por ser la entidad demandada dentro del proceso
contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción, por lo que, se negará su solicitud.
3.4 Problema jurídico.
Se contrae a determinar si la acción que nos ocupa supera los requisitos de
procedibilidad de la acción, de ser así, se deberá determinar si el Tribunal
Administrativo del Quindío vulnera el derecho al debido proceso del accionante, al
imponer una sanción por desacato mediante el auto del 18 de septiembre de 2025,
sin considerar la presunta imposibilidad jurídica y material de cumplir la orden de
nombramiento en los términos de la Sentencia C-197 de 2025 y el régimen de
carrera específica de la DIAN, configurándose así un defecto fáctico y otro
sustantivo.
En este punto, vale la pena aclarar que, si bien el actor alegó contra los autos
proferido dentro del incidente de desacato por el Juzgado y el Tribunal
Administrativo, lo cierto es que al ser el auto del 18 de septiembre el que concluyó
el debate propuesto, será este el que será objeto de estudio en la presente acción
constitucional.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.
Este es un mecanismo judicial que surge de la necesidad de garantizar la
efectividad del artículo 4° constitucional, manteniendo la prevalencia de los
derechos fundamentales en los casos en que los jueces en sus providencias
pudieran lesionarlos bien sea por tomar decisiones arbitrarias o cuándo su
contenido resquebraja el orden constitucional establecido.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual, sostuvo que, esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00
Demandante: Pedro José Arrieta Melendréz
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales, están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante la C-
590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir
cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: «(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración;
(iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación».
Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad contra
decisiones judiciales, la cual, solamente si tiene indudable relevancia constitucional
resulta procedente.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00
Demandante: Pedro José Arrieta Melendréz
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro
Al respecto, la Corte5 indica que, los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: «(i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto,
se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones;
(vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que
procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en
los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas
que afectan derechos fundamentales».
Por otra parte, se destaca que la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales6; sin embargo,
rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 20127, en el sentido de
disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la
ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo
citado ha aplicado en los términos antes expuestos8.
3.6 Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
5
Sentencia SU 304 del 2024.
6
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
7
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
8
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
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Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00
Demandante: Pedro José Arrieta Melendréz
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae en la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva y al buen
nombre; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en
cuenta que la providencia atacada quedó ejecutoriada el 18 de septiembre de 20259
y la solicitud de amparo se presentó el 16 de octubre siguiente, es decir, dentro de
los seis meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela, si bien se trata de una tutela
contra una providencia emanada dentro del trámite de un incidente de desacato, la
misma no busca cuestionar la efectividad de la sentencia judicial que la originó.
3.6.1 Defecto fáctico
Sea lo primero anotar que, una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico
en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos
ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»10.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o
dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario
judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la
segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración
probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado un
hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra11.
En el asunto sub examine, el demandante aduce que la providencia cuestionada
incurrió en defecto fáctico, comoquiera que incurrió en una valoración arbitraria y
omisiva del acervo probatorio técnico relacionado con la planta de personal.
Específicamente, señala el desconocimiento de la certificación de la Comisión
Nacional del Servicio Civil (CNSC) y los reportes de la Subdirección de Gestión de
Personal, documentos que acreditaban que, tras la creación de cargos por el
Decreto 419 de 2023, solo existían 6 vacantes con la ficha técnica específica (PC-
GJ-2014) en la que concursó el señor García.
9
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 1 de junio de 2025, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 9 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.
10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
9
Acción de tutela: 11001-03-15-000-2025-06472-00
Demandante: Pedro José Arrieta Melendréz
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío y otro
Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en la providencia objeto de
censura, concluyó:
En ese orden se tiene que la DIAN, en respuesta al requerimiento realizado por el juzgado
de conocimiento, manifestó que, Los funcionarios competentes para el cumplimiento del
fallo de tutela es el señor LUIS EDUARDO LLINAS CHICA, en calidad de Director General
de la DIAN, PEDRO JOSÉ ARRIETA MELENDREZ, en calidad de Director de Gestión
Corporativa de la DIAN y la señora MARIA JOSÉ BARRERA ÁNGELCARLOS, en calidad
de Subdirector de Gestión de Empleo Público de la DIAN.
Por lo anterior al señor LUIS EDUARDO LLINAS CHICA, en calidad de Director General
de la DIAN, PEDRO JOSÉ ARRIETA MELENDREZ, en calidad de Director de Gestión
Corporativa de la DIAN y la señora MARIA JOSÉ BARRERA ÁNGEL CARLOS, en calidad
de Subdirector de Gestión de Empleo Público de la DIAN, les correspondía acreditar la
realización de las acciones tendientes al cumplimiento del fallo de tutela, que para el caso
de estas actuaciones implicaba adelantar los trámites administrativos pertinentes, a fin de
solicitar ante la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL autorización para el uso
dela lista de elegibles de la Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024, respecto al
cargo ANALISTA I, Código 201, Grado 1, identificado con el Código OPEC No. 198415,
diferente al Nivel Profesional, en cumplimiento del Decreto 419 del 2023.
De manera general, sustenta la DIAN que, resulta errado y desproporcionado, que se
pretenda cubrir la totalidad de los cargos de Analista I con una sola OPEC y una sola ficha
MERF, al señalar que, los 537 cargos para Analista I, Código 201, Grado 1, se encuentran
distribuidos en 16 fichas, siendo la ficha “PC-GJ-2014” de la OPEC No. 198415 en la que
está el accionante, siendo esta solo una de las fichas.
Explica que el Manual Especifico de Requisitos y Funciones -MERF- de la DIAN contempla
466 fichas de las cuales dieciséis (16) hacen parte empleo Analista I Código 201 Grado
01, lo que evidencia que propósitos y funciones son diferentes para cada uno.
Esgrime que, el empleo Analista I Código 201 Grado 01, Código de ficha “PC-GJ2014”
proceso: “Planeación, Estrategia y Control”, Subproceso “Gestión jurídica”, el cual
pretende el accionante es tan solo uno (1) de los dieciséis (16) perfiles con los cuales
cuenta la Entidad en su MERF, para hacer la provisión a través del mecanismo de uso de
listas de elegibles.
Concluyendo que, la distribución de las vacantes creadas con ocasión del Decreto 419
de2023 para el empleo Analista I Código 201 Grado 01 en sus diferentes perfiles ya fueron
distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° ibidem.
Al respecto huelga señalar que, si bien el empleo de Analista I Código 201 Grado 01, se
divide en dieciséis (16) perfiles, y la DIAN aportó un cuadro en el cual se discrimina y se
distribuyen los cargos nuevos de Analista I en los diferentes procesos y subprocesos,
creados en virtud del Decreto 419 del 2023, en la misma, no se vislumbra si estos ya fueron
ofertados, se encuentran vacantes o si están ocupados en provisionalidad o en encargo.
En ese orden, no advierte esta Sala una información certera y confiable por parte de la
DIAN sobre los empleos creados para la OPEC 191485, pues en este caso, respecto a lo
discernido por la DIAN, no existirá un orden a la hora de realizar los nombramientos
conforme a la lista de elegibles de la Resolución No. 7408 del 12 de marzo de
2024,respecto al cargo ANALISTA I, Código 201, Grado 1, identificado con el Código
OPEC No.198415, ya que esta comportaría a su vez unas subdivisiones en virtud de
“Procesos” y “Subprocesos”, lo que conllevaría a que el accionante fuera nombrado con
anterioridad a personas que se encuentran anteriores a él, o en su defecto, se podría
nombrar a una persona que ocupa un puesto con posterioridad al ocupado por el
accionante. Adicionalmente, al igual que lo señalo el a quo, no existe certeza en el número
de vacantes, pues en una oportunidad se hablan de 6, luego de 2, y más delante de 8.
Por lo tanto, al no existir una claridad en las gestiones adelantadas por la DIAN en aras de
adelantar los trámites administrativos con el fin de solicitar a la Comisión Nacional del
Servicio Civil autorización para el uso de la lista de elegibles del cargo ANALISTA I
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OPEC198415, continúa dicha entidad vulnerando los derechos fundamentales amparados
respecto al señor DANIEL GARCÍA MARTÍNEZ.
Respecto a la sanción económica de un (1) salario mínimo legal mensual vigente y un
(1)día de arresto, huelga aclarar que si bien, bastaría con imponer solo la sanción
económica, dicha sanción resulta ser una medida proporcional al desacato cometido, esto
en virtud que el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 establece, entre otras, el arresto
como limitación del derecho fundamental a la libertad, que debe aplicarse bajo los
principios de razonabilidad y proporcionalidad, como lo ha sostenido la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado.
Por lo anterior, la Sala considera que la decisión de sancionar por desacato al señor
LUISEDUARDO LLINAS CHICA, en calidad de Director General de la DIAN, PEDRO
JOSÉARRIETA MELENDREZ, en calidad de Director de Gestión Corporativa de la DIAN
y la señora MARIA JOSÉ BARRERA ÁNGEL CARLOS, en calidad de Subdirector de
Gestión de Empleo Público de la DIAN, deberá ser CONFIRMADA, puesto que no se
acreditó el acatamiento de la orden dada en el numeral CUARTO del fallo de tutela del 3
de abril de2021 proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío, y en atención a que
los funcionarios responsables de su cumplimiento han sido renuentes al momento de ser
requerido para que den alcance efectivo a las decisiones o un avance significativo en su
materialización; por lo cual en el sub examine concurren los supuestos objetivos y
subjetivos para considerar la existencia del desacato de la acción de amparo. (sic)
De lo expuesto se colige que, contrario a lo indicado por el tutelante, la valoración
probatoria del Tribunal se considera acertada porque aplicó el principio de sana
crítica para determinar que las pruebas aportadas por la DIAN eran contradictorias,
insuficientes y carentes de certeza, lo cual es inaceptable en un trámite de amparo
de derechos fundamentales. El Tribunal detectó que la entidad no logró probar con
claridad el número de vacantes disponibles, mismas que oscilaban entre 2, 6 y 8
cargos, ni el estado de ocupación real de la nueva planta, lo que convirtió sus
certificaciones técnicas en indicios de una actitud evasiva más que en pruebas de
una imposibilidad material de cumplimiento12.
12
Sobre todo respecto de las ordenes daadas en los numerles 4 6 de la sentencia de tutela, mismos que se dn en los
siguientes términos:
«[...] CUARTO: ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓNDE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES – DIAN que por sí o por conducto de quien corresponda, dentro del lapso de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a adelantar los trámites administrativos pertinentes, a fin de solicitar
ante la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL autorización para el uso dela lista de elegibles de la Resolución No.
7408 del 12 de marzo de 2024, respecto al cargo ANALISTA I, Código 201, Grado 1, identificado con el Código OPEC No.
198415, diferente al Nivel Profesional, en cumplimiento del Decreto 419 del 2023 por el cual se amplía la planta de personal
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, susceptibles de ser provistas
con la lista de marras -artículo36 PARÁGRAFO TRANSITORIO del Decreto 927 de 2023; sin desconocer los principios de
economía, sostenibilidad fiscal y austeridad en el gasto, que da cuenta el Decreto en mención.
QUINTO: A fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable, ORDÉNASE a la COMISION NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL – CNSC, que una vez sea recibida por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANASNACIONALES – DIAN, la solicitud de autorización para el uso de la lista de elegibles dela
Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024, respecto al cargo ANALISTA I, Código201, Grado 1, identificado con el
Código OPEC No. 198415, diferente al Nivel Profesional; proceda a pronunciarse de fondo dentro de un prudente y perentorio
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la mencionada solicitud.
SEXTO: Dependiendo del pronunciamiento de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIOCIVIL – CNSC -, y, únicamente en
el evento que sea autorizado el uso de la lista de elegibles de la Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024, respecto al
cargo ANALISTA I, Código 201, Grado 1, identificado con el Código OPEC No. 198415, diferente al Nivel Profesional;
ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALDIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN,
dentro del término delas cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la respuesta definitiva emitida por la CNSC,
procederá a adelantar los trámites administrativos necesarios, para continuar con el trámite de provisión de los cargos
creados mediante Decreto 419 de 2023,en estricto orden de mérito, conforme lo establecido en el artículo 36 del Decreto
927 de 2023.
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Al contrastar estas deficiencias con la estructura de "fichas" y "subprocesos" del
MERF, el juez determinó que dicha fragmentación técnica no lograba desvirtuar la
existencia de cargos equivalentes, concluyendo que la entidad falló al no demostrar
de forma unívoca y transparente que el derecho al mérito del señor García fuera de
imposible satisfacción, lo que habilitó legalmente la imposición de la sanción por
desacato.
Es decir, la apreciación de las pruebas, realizada por el Tribunal accionado no fue
arbitrario u omisivo como lo planteó el actor en su escrito, en consecuencia, no se
configuró el defecto fáctico alegado por el accionante, puesto que el accionado dio
cuenta de las pruebas que el actor relacionó como desconocidas.
3.6.1 Defecto sustantivo.
Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
La jurisprudencia constitucional13 ha estimado que la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en
una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada,
declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el
decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se
omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 14.
En el asunto sub examine, el demandante aduce que la providencia cuestionada
incurrió en defecto fáctico, dado que las providencias cuestionadas se apartaron
del marco normativo y jurisprudencial que rige la carrera administrativa y el
incidente de desacato. El desconocimiento alegado recae sobre la Sentencia C-197
13
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
14
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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de 2025, que fija los límites para el uso de listas de elegibles en vacantes
posteriores, y el Decreto Ley 927 de 2023, que regula el sistema específico de la
DIAN. El accionante argumenta que el juez realizó una interpretación errónea al
omitir la aplicación del Manual Específico de Requisitos y Funciones (MERF),
pretendiendo que la lista de elegibles tuviera un alcance ilimitado sobre cargos con
funciones distintas.
Con el fin de determinar si la decisión adoptada por el Tribunal fue arbitraria, debe
indicarse inicialmente que el argumento referente a la inaplicación de la sentencia
de la sentencia C 197 del 2025 no fue expuesto ante los jueces de instancia, por lo
que no puede ser analizado en este punto por el juez constitucional. Por otra parte,
respecto de la aplicación del Decreto Ley 927 de 2023 y el MERF, en la cita
referenciada previamente se puede evidenciar que hubo un abordaje adecuado en
la providencia cuestionada.
En efecto, el Tribunal abordó el Decreto Ley 927 de 2023 y el MERF reconociendo
que, si bien el cargo de Analista I se divide técnicamente en 16 perfiles distintos,
esta fragmentación administrativa no puede utilizarse como un obstáculo formal
para impedir el acceso al cargo por mérito. La corporación concluyó que la DIAN
no logró acreditar que la aplicación estricta de dichas normas derivara en una
verdadera imposibilidad material de cumplimiento, pues la entidad se limitó a citar
la división de "fichas" sin aportar información certera y confiable sobre el estado
real de vacancia u ocupación de los nuevos empleos, lo que llevó al juez a
interpretar el uso de este argumento técnico no como una obediencia a la legalidad,
sino como una maniobra dilatoria (renuencia) que vulneraba la eficacia de la orden
judicial.
Por ello, esta Sala, tal y como lo hiciera en un proceso anterior de similares
contornos15, encuentra que no se configuró el defecto sustantivo alegado, por lo
que nos vemos obligados a reiterar el criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
15
Sentencia del 18 de noviembre del 2025, radicado 11001-03-15-000-2025-06399-00. Consejero Ponente: Juan Enrique
Bedoya Escobar.
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IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el actor no
acreditó que la providencia de 18 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, hubiere incurrido en defecto sustantivo o fáctico. Por tal
motivo, se negará la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, de conformidad con lo antes expuesto.
SEGUNDO. NEGAR la solicitud de acumulación presentada por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con las razones esbozadas.
TERCERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
tutela judicial efectiva y al buen nombre invocados por el señor Pedro José Arrieta
Melendréz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
QUINTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
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Demandante: Pedro José Arrieta Melendréz
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Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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