Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06399-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-06399-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-06399-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06399-00
Demandante: Luis Eduardo Llinas Chica, en calidad de director general de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Demandados: Tribunal Administrativo de Quindío y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Procedencia excepcional de la
solicitud de tutela contra providencia que decide sobre incidente
de desacato
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Luis Eduardo Llinas Chica, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Luis Eduardo Llinas Chica promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre y tutela
judicial efectiva, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la providencia
proferida el 18 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Quindío, en
el trámite de desacato adelantado en el expediente constitucional identificado con el
radicado 63001-33-33-005-2025-00033-03.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. Daniel García Martínez, en ejercicio de la petición de tutela, presentó demanda
en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil2 y la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales3 con la finalidad de que se ampararan sus derechos
fundamentales de acceso a la carrera administrativa, trabajo, confianza legitima,
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_OFICIO_CONSEJO_ESTAD(.pdf) NroActua 2».
2 En adelante CNSC.
3 En adelante DIAN.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06399-00
Demandante: Luis Eduardo Llinas Chica
favorabilidad, igualdad y debido proceso, los cuales consideró vulnerados con
ocasión al no ser nombrado en el empleo con OPEC 198415 de la DIAN en virtud de
la ampliación de la planta de personal de dicha entidad.
2.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, en
sentencia del 18 de marzo de 2025 declaró improcedente lo pretendido ante la
ausencia de un perjuicio irremediable. Explicó que, aunque la planta de personal de
la DIAN fue ampliada, esta entidad únicamente solicitó la utilización de lista de
elegibles para empleos específicos en los que no se encontraba aquel para el que
concursó el demandante.
2.3. El Tribunal Administrativo del Quindío, en sentencia del 3 de abril de 2025
revocó la decisión del a quo para, en su lugar, amparó los derechos fundamentales
invocados y ordenó adelantar los trámites administrativos pertinentes, a fin de
solicitar ante la CNSC autorización para el uso de la lista de elegibles de la
Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024, respecto al cargo ANALISTA I, Código
201, Grado 1, identificado con el Código OPEC No. 198415. Posteriormente, el
demandante presentó incidente de desacato.
2.4. En cumplimiento de la anterior decisión, se expidió el Oficio 10015 1185-1056
del 11 de abril de 2025 dirigido a la CNSC, en el que se solicitó autorización para el
uso de la lista de elegibles de la Resolución 7408 del 12 de marzo de 2024, respecto
al cargo Analista I, Código 201, Grado 1, identificado con la OPEC N. 198415.
2.5. La entidad se encontraba en imposibilidad de cumplimiento para nombrar al
demandante, debido a la distribución que el director hizo de esas 534 vacantes
creadas con el Decreto 419 de 2023, pues para el empleo al que concursó solamente
se distribuyeron 6 vacantes nuevas, esto quiere decir que, sumadas con las vacantes
ofertadas, la lista solamente podría ser nombrada hasta el puesto 17 y él ocupaba la
posición 47.
2.6. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, en
providencia del 15 de septiembre de 2025 sancionó con multa de 1 SMMLV y un día
de arresto a las personas encargadas del cumplimiento de los fallos de tutela de las
entidades demandadas, esto es, Luis Eduardo Llinas Chica, director general de la
DIAN; Pedro José Arrieta Melendrez, director de Gestión Corporativa de la DIAN; y
María José Barrera Ángel Carlos, subdirectora de gestión de empleo público de la
DIAN. Dicha decisión fue confirmada en grado jurisdiccional de consulta mediante
providencia del 18 de septiembre de 2025.
2.7. Se radicó solicitud de modulación e inaplicación de la sanción, para lo cual
aportó certificación expedida por la subdirectora de Gestión del Empleo Público, en
la que se demostraba que la entidad ya cumplió con la sentencia.
2.8. En providencia del 6 de octubre de 2025, el juzgado constitucional negó la
modulación del fallo de tutela solicitado por la DIAN al considerar que no se
2
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Demandante: Luis Eduardo Llinas Chica
configuraban los supuestos excepcionales que permiten alterar o complementar una
sentencia de tutela.
3. La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en un defecto sustantivo por indebida aplicación de la normativa que regula
el ingreso al servicio público y la ejecución de fallos constitucionales, pues se apartó
de los parámetros fijados por la ley, así como de los acuerdos de la CNSC; además,
impuso una sanción basada en una supuesta irregularidad sin considerar que se
solicitaron 9 plazas, razón por la cual la lista debía extenderse hasta el puesto 18
conforme al mérito. Se pasó por alto el régimen de carrera de la DIAN, que estructura
sus cargos según denominación, código, grado y OPEC.
3.1. En defecto fáctico ya que se sancionó a la DIAN al considerar que no había
buscado suficientes vacantes para nombrar al demandante, sin tener en cuenta que
se presentó una certificación de la subdirectora de Gestión del Empleo Público que
acreditaba la imposibilidad de cumplir con dicha orden. Tampoco se valoró
adecuadamente la imposibilidad jurídica y material acreditada, ni las pruebas que
demostraban la diligencia y buena fe de la entidad en el proceso.
3.2. La administración cumplió con las órdenes del fallo al solicitar la autorización
de uso de la lista de elegibles ante la CNSC, pero no podía extender dicha
autorización a vacantes no equivalentes sin infringir el Sistema Específico de Carrera,
el principio de legalidad y el precedente establecido en la sentencia C-197 de 2025,
que limita el uso de la lista a empleos iguales o equivalentes. Exigir una ejecución
imposible, como la solicitada por el fallo, desbordó las atribuciones legales de la
DIAN, ya que no se pueden hacer nombramientos sobre vacantes inexistentes, lo
que vulneraría el artículo 122 de la Constitución y afectaría el régimen de mérito y la
estructura técnica de la planta global de la entidad.
1.1.1. Pretensiones
4. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva
y buen nombre del suscrito.
En consecuencia, ORDENAR al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE ARMENIA y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DEL QUINDIO lo
siguiente:
a. Inaplicar la sanción y dejar sin efectos el Auto proferido por el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA el 15 de septiembre de 2025,
confirmado por el Tribunal Administrativo del Quindío – Sección Tercera – Subsección “A”
el 16 de septiembre del mismo año, en el marco del incidente de desacato identificado con
el radicado 63001-33-33-005-2025-00033-00 (03 en grado jurisdiccional de consulta).
b. Comunicar a las autoridades encargadas de la ejecución de la sanción, que la misma
se ha levantado.
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c. Acatar y aplicar los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del
levantamiento de la sanción. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
5. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia4
solicitó que se declarara improcedente la tutela, o en su defecto, se negara lo
pretendido comoquiera que, las actuaciones surtidas en el marco del incidente de
desacato han estado sujetas al marco jurídico contenido en el Decreto 2591 de 1991,
decisiones sancionatorias que han sido confirmadas por el superior jerárquico.
5.1. Asimismo, respecto a la modulación del fallo, en su momento, se consideró
que no se daban los supuestos erigidos por la Corte Constitucional para ello, por lo
cual, se negó. Por otra parte, el demandante cuestionó las órdenes contenidas en la
sentencia de segunda instancia, sin que la Corte Constitucional la hubiere
seleccionado para revisión, ante ello, la DIAN pudo insistir en su revisión, y aunque
la procuraduría si lo hizo, esta no fue aceptada, por lo que se configuró el fenómeno
de cosa juzgada constitucional.
6. La CNSC5 requirió su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva al considerar que, si bien llevó a cabo el proceso de selección, lo cierto es que
el desarrollo de la actividad judicial, corresponde a una función exclusiva de los
operadores judiciales, por lo que se encontraba imposibilitada para adelantar gestión
adicional alguna, con base en lo reportado por la DIAN, sin que se hubiera informado
acerca de la existencia de vacantes adicionales a las ya autorizadas hasta la posición
número 18.
6.1. Se emitió una comunicación el 10 de abril de 2025, mediante la cual solicitó a
la DIAN reportar las vacantes definitivas, si las hubiera, para el empleo de Analista I,
código 201, grado 1, en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la
Oportunidad (SIMO). Esto se debió a que Daniel García Martínez, participó en la
Oferta Pública de Empleo (OPEC) 198415, que ofertó vacantes con dicha
denominación, código y grado.
6.2. Esta solicitud se realizó en cumplimiento de la Circular Externa 11 de 2021,
que establece las instrucciones para el reporte de vacantes definitivas de empleos de
carrera administrativa en el SIMO. El objetivo de esta normativa fue asegurar que, de
ser procedente, la CNSC pueda adelantar las acciones necesarias para autorizar el
uso de la lista de elegibles de la OPEC 198415, en la que el entonces tutelante
figuraba como parte de los elegibles.
4 Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado
«15RECIBEPRUEBAS_CE256399TUTELAcontes(.pdf) NroActua 11».
5 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «27_MemorialWeb_Respuesta-
LUISEDUARDOLLINAS(.pdf) NroActua 12».
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Demandante: Luis Eduardo Llinas Chica
6.3. El reporte de las vacantes definitivas es fundamental para determinar si
corresponde proceder con el nombramiento en un cargo, conforme a la normativa
que regula el sistema de carrera administrativa y el proceso de selección.
6.4. El 26 de mayo de 2025, se revisó el SIMO Entidades, en el que la DIAN reportó
la existencia de 6 empleos con 27 vacantes definitivas del denominado Analista I,
Código 201, Grado 01. En este punto, se precisó que, si bien el tutelante menciona
la existencia de 500 vacantes del empleo, la entidad no ha reportado la existencia de
ese número.
6.5. Con el fin de dar cumplimiento a la orden judicial, a través de comunicación
con radicado de salida 2025RS068786 del 27 de mayo de 2025, se autorizó el uso
de la lista de elegibles correspondiente en estricto orden de mérito para la posición
número 18.
7. El Tribunal Administrativo del Quindío y los demás terceros con interés
guardaron silencio.
2. Consideraciones
8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa: iii) falta de legitimación
en la causa por pasiva; iv) procedencia de la tutela contra providencia judicial; v)
determinación del problema jurídico; y vi) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1.° del Decreto 333 del 6 de
abril de 20216 esta Sala es competente para conocer de la presente solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo de Quindío y otro.
2.2. Cuestión previa
10. Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestionan las decisiones
proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia y
el Tribunal Administrativo del Quindío, se observa que los argumentos que sustentan
sus pretensiones son similares respecto a una y otra.
11. Por lo anterior, y en atención que, frente a la providencia del 15 de septiembre
de 2025, dictada en el incidente de desacato, el Tribunal Administrativo del Quindío,
mediante decisión del 18 de septiembre de 2025 surtió el grado jurisdiccional de
6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
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Demandante: Luis Eduardo Llinas Chica
consulta, el reclamo constitucional será analizado únicamente respecto de esta
última, por ser la que puso fin al trámite.
2.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva
12. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o
por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, tal como lo señala el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
13. La Corte Constitucional7 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva en
los trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por
la vulneración o amenaza del derecho fundamental8. En la medida que refleja la calidad
subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario que comparece o es
citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será la llamada a
responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”10
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».
14. La CNSC solicitó su desvinculación del asunto al considerar que no se le
atribuyó la trasgresión que dio lugar a la interposición de la petición de amparo.
15. Respecto de lo anterior, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto
fue en calidad de tercera con interés, al ser una de las entidades demandadas en el
expediente constitucional en cuestión, y en aras de salvaguardar sus derechos de
defensa y contradicción, razón por la cual se negará su solicitud.
7 Sentencia T-1015/2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
8 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
9 Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.
10 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
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Demandante: Luis Eduardo Llinas Chica
2.4. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
16. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema12. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
17. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
18. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo13 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
19. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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Demandante: Luis Eduardo Llinas Chica
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
20. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad del
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales16.
21. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.5. Problema jurídico
22. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo del Quindío vulneró los derechos fundamentales de Luis Eduardo
Llinas Chica con ocasión de la providencia del 18 de septiembre de 2025, a través
de la cual se confirmó, en lo que a él se refiere, la declaratoria de desacato a
la orden de amparo del 3 de abril de 2025 proferida en favor de Daniel García
Martínez, con la que incurrió, presuntamente, en defectos fáctico y sustantivo?
2.6. Análisis de la Sala
2.6.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
23. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.6.2. Defecto sustantivo
24. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión
que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
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garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
25. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta sentencias que hayan
definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición aplicada se torna regresiva
o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una interpretación sistémica de la
norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
26. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.
2.6.3. Defecto fáctico
27. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,17 tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
28. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez»,18 «o cuando sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».19 La
segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas».20
29. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas
que adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.6.4. Sobre el caso concreto
30. Luis Eduardo Llinas Chica acude al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
17 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell.
19 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
20 Sentencia T-538 de 1994.
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Demandante: Luis Eduardo Llinas Chica
providencia proferida el 18 de septiembre de 2025, a través de la cual se confirmó,
en lo que a él se refiere, la declaratoria de desacato a la orden de amparo del 3 de
abril de 2025 proferida en favor de Daniel García Martínez.
31. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto sustantivo al aplicar de
manera desacertada la normativa que regula el ingreso al servicio público y la
ejecución de fallos constitucionales, pues se apartó de los parámetros fijados por la
ley, así como de los acuerdos de la CNSC; además, se impuso una sanción basada
en una supuesta irregularidad sin considerar que se solicitaron 9 plazas, razón por la
cual la lista debía extenderse hasta el puesto 18 conforme al mérito. Se pasó por alto
el régimen de carrera de la DIAN, que estructura sus cargos según denominación,
código, grado y OPEC.
32. En defecto fáctico al desconocer la certificación de la Subdirección de Gestión
del Empleo Público que acreditaba la imposibilidad de cumplir la orden y la actuación
diligente y de buena fe de la DIAN; asimismo, que la entidad acató el fallo al solicitar
la habilitación para usar la lista de elegibles ante la CNSC, sin que pudiera proyectarla
hacia cargos no equivalentes sin quebrantar el Sistema Específico de Carrera y el
principio de legalidad, de modo que exigir nombramientos sobre plazas inexistentes
excedía sus competencias.
33. Ahora bien, para la Sala es importante aclarar que los mencionados defectos
van a ser estudiados en conjunto debido que ambos van dirigidos a cuestionar la
decisión de la autoridad judicial demandada de declarar en desacato de una orden
de tutela a Luis Eduardo Llinas Chica, en calidad de director general de la DIAN, y
sancionarlo con multa de 1 SMLMV y 1 día de arresto, sin tener en cuenta que
resultaba de imposible cumplimiento, pues no existían las vacantes suficientes para
los nombramientos ordenados.
34. Al respecto, se recuerda el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo del
Quindío en la providencia enjuiciada, del cual concluyó que el demandante no
demostró el cumplimiento del fallo de tutela del 3 de abril de 2025, así:
«[…] En ese orden se tiene que la DIAN, en respuesta al requerimiento realizado por el
juzgado de conocimiento, manifestó que, Los funcionarios competentes para el
cumplimiento del fallo de tutela es el señor LUIS EDUARDO LLINAS CHICA, en calidad
de Director General de la DIAN, PEDRO JOSÉ ARRIETA MELENDREZ, en calidad de
Director de Gestión Corporativa de la DIAN y la señora MARIA JOSÉ BARRERA ÁNGEL
CARLOS, en calidad de Subdirector de Gestión de Empleo Público de la DIAN.
Por lo anterior al señor LUIS EDUARDO LLINAS CHICA, en calidad de Director General
de la DIAN, PEDRO JOSÉ ARRIETA MELENDREZ, en calidad de Director de Gestión
Corporativa de la DIAN y la señora MARIA JOSÉ BARRERA ÁNGEL CARLOS, en calidad
de Subdirector de Gestión de Empleo Público de la DIAN, les correspondía acreditar la
realización de las acciones tendientes al cumplimiento del fallo de tutela, que para el caso
de estas actuaciones implicaba adelantar los trámites administrativos pertinentes, a fin de
solicitar ante la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL autorización para el uso de
la lista de elegibles de la Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024, respecto al cargo
ANALISTA I, Código 201, Grado 1, identificado con el Código OPEC No. 198415, diferente
al Nivel Profesional, en cumplimiento del Decreto 419 del 2023.
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Demandante: Luis Eduardo Llinas Chica
De manera general, sustenta la DIAN que, resulta errado y desproporcionado, que se
pretenda cubrir la totalidad de los cargos de Analista I con una sola OPEC y una sola ficha
MERF, al señalar que, los 537 cargos para Analista I, Código 201, Grado 1, se encuentran
distribuidos en 16 fichas, siendo la ficha “PC-GJ-2014” de la OPEC No. 198415 en la que
está el accionante, siendo esta solo una de las fichas.
Explica que el Manual Especifico de Requisitos y Funciones -MERF- de la DIAN contempla
466 fichas de las cuales dieciséis (16) hacen parte empleo Analista I Código 201 Grado
01, lo que evidencia que propósitos y funciones son diferentes para cada uno.
Esgrime que, el empleo Analista I Código 201 Grado 01, Código de ficha “PC-GJ2014”
proceso: “Planeación, Estrategia y Control”, Subproceso “Gestión jurídica”, el cual
pretende el accionante es tan solo uno (1) de los dieciséis (16) perfiles con los cuales
cuenta la Entidad en su MERF, para hacer la provisión a través del mecanismo de uso de
listas de elegibles.
Concluyendo que, la distribución de las vacantes creadas con ocasión del Decreto 419 de
2023 para el empleo Analista I Código 201 Grado 01 en sus diferentes perfiles ya fueron
distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° ibidem.
Al respecto huelga señalar que, si bien el empleo de Analista I Código 201 Grado 01, se
divide en dieciséis (16) perfiles, y la DIAN aportó un cuadro en el cual se discrimina y se
distribuyen los cargos nuevos de Analista I en los diferentes procesos y subprocesos,
creados en virtud del Decreto 419 del 2023, en la misma, no se vislumbra si estos ya
fueron ofertados, se encuentran vacantes o si están ocupados en provisionalidad o en
encargo.
En ese orden, no advierte esta Sala una información certera y confiable por parte de la
DIAN sobre los empleos creados para la OPEC 191485, pues en este caso, respecto a lo
discernido por la DIAN, no existirá un orden a la hora de realizar los nombramientos
conforme a la lista de elegibles de la Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024,
respecto al cargo ANALISTA I, Código 201, Grado 1, identificado con el Código OPEC No.
198415, ya que esta comportaría a su vez unas subdivisiones en virtud de “Procesos” y
“Subprocesos”, lo que conllevaría a que el accionante fuera nombrado con anterioridad a
personas que se encuentran anteriores a él, o en su defecto, se podría nombrar a una
persona que ocupa un puesto con posterioridad al ocupado por el accionante.
Adicionalmente, al igual que lo señalo el a quo, no existe certeza en el número de
vacantes, pues en una oportunidad se hablan de 6, luego de 2, y más delante de 8.
Por lo tanto, al no existir una claridad en las gestiones adelantadas por la DIAN en aras
de adelantar los trámites administrativos con el fin de solicitar a la Comisión Nacional del
Servicio Civil autorización para el uso de la lista de elegibles del cargo ANALISTA I OPEC
198415, continúa dicha entidad vulnerando los derechos fundamentales amparados
respecto al señor DANIEL GARCÍA MARTÍNEZ.
Respecto a la sanción económica de un (1) salario mínimo legal mensual vigente y un (1)
día de arresto, huelga aclarar que si bien, bastaría con imponer solo la sanción económica,
dicha sanción resulta ser una medida proporcional al desacato cometido, esto en virtud
que el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 establece, entre otras, el arresto como
limitación del derecho fundamental a la libertad, que debe aplicarse bajo los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, como lo ha sostenido la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado.
Por lo anterior, la Sala considera que la decisión de sancionar por desacato al señor LUIS
EDUARDO LLINAS CHICA, en calidad de Director General de la DIAN, PEDRO JOSÉ
ARRIETA MELENDREZ, en calidad de Director de Gestión Corporativa de la DIAN y la
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Demandante: Luis Eduardo Llinas Chica
señora MARIA JOSÉ BARRERA ÁNGEL CARLOS, en calidad de Subdirector de Gestión
de Empleo Público de la DIAN, deberá ser CONFIRMADA, puesto que no se acreditó el
acatamiento de la orden dada en el numeral CUARTO del fallo de tutela del 3 de abril de
2021 proferido por el Tribunal Administrativo del Quindío, y en atención a que los
funcionarios responsables de su cumplimiento han sido renuentes al momento de ser
requerido para que den alcance efectivo a las decisiones o un avance significativo en su
materialización; por lo cual en el sub examine concurren los supuestos objetivos y
subjetivos para considerar la existencia del desacato de la acción de amparo.[…]». (sic)
35. Al respecto, luego de la lectura de la providencia enjuiciada, la Sala no observa
una ausencia de valoración probatoria ni desconocimiento de los trámites
interadministrativos, al contrario, se evidencia que la autoridad judicial demandada
tuvo en cuenta los informes rendidos por la entidad, caso distinto es que no le
permitieran comprobar el cumplimiento en su totalidad de las siguientes órdenes de
amparo:
«[…] CUARTO: ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN que por sí o por conducto de quien
corresponda, dentro del lapso de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta providencia, proceda a adelantar los trámites administrativos pertinentes, a fin de
solicitar ante la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL autorización para el uso de
la lista de elegibles de la Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024, respecto al cargo
ANALISTA I, Código 201, Grado 1, identificado con el Código OPEC No. 198415, diferente
al Nivel Profesional, en cumplimiento del Decreto 419 del 2023 por el cual se amplía la
planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN-, susceptibles de ser provistas con la lista de marras -artículo
36 PARÁGRAFO TRANSITORIO del Decreto 927 de 2023; sin desconocer los principios
de economía, sostenibilidad fiscal y austeridad en el gasto, que da cuenta el Decreto en
mención.
QUINTO: A fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable, ORDÉNASE a la
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, que una vez sea recibida por parte
de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES – DIAN, la solicitud de autorización para el uso de la lista de elegibles de
la Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024, respecto al cargo ANALISTA I, Código
201, Grado 1, identificado con el Código OPEC No. 198415, diferente al Nivel Profesional;
proceda a pronunciarse de fondo dentro de un prudente y perentorio término de cuarenta
y ocho (48) horas siguientes al recibo de la mencionada solicitud.
SEXTO: Dependiendo del pronunciamiento de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO
CIVIL – CNSC -, y, únicamente en el evento que sea autorizado el uso de la lista de
elegibles de la Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024, respecto al cargo
ANALISTA I, Código 201, Grado 1, identificado con el Código OPEC No. 198415, diferente
al Nivel Profesional; ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, dentro del término de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la respuesta definitiva emitida
por la CNSC, procederá a adelantar los trámites administrativos necesarios, para
continuar con el trámite de provisión de los cargos creados mediante Decreto 419 de 2023,
en estricto orden de mérito, conforme lo establecido en el artículo 36 del Decreto 927 de
2023. […]». (sic)
36. Como se observa, el análisis efectuado por la autoridad judicial se encuentra
soportado en lo informado por la DIAN acerca de los funcionarios encargados del
cumplimiento del fallo, así como en la obligación que recaía sobre ellos de adelantar
los trámites necesarios para solicitar ante la CNSC la autorización de uso de la lista
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Demandante: Luis Eduardo Llinas Chica
de elegibles de la Resolución 7408 de 2024 para el cargo Analista I OPEC 198415,
caso distinto es que la entidad, al invocar la existencia de 16 perfiles distintos del
empleo y la distribución interna de los cargos derivados del Decreto 419 de 2023,
pretendiera justificar su inactividad sin aportar evidencia que demostrara si tales
plazas habían sido ofertadas, permanecían vacantes o estaban ocupadas en
provisionalidad o encargo, lo que generó inconsistencias en el número real de
puestos disponibles y en el orden aplicable para la provisión conforme al mérito.
37. De allí que, ante la ausencia de información clara y confiable sobre las
gestiones adelantadas para cumplir la orden impartida, la autoridad judicial
demandada concluyera que persistía la vulneración de los derechos del tutelante y
que la sanción por desacato resultaba proporcionada en atención a la renuencia de
los responsables para acreditar un avance efectivo en la ejecución del mandato
contenido en la decisión de tutela.
38. A juicio de la Sala, tampoco se dejó de considerar las explicaciones ofrecidas
sobre la diversidad de perfiles del empleo Analista I, la distribución de las vacantes
creadas mediante el Decreto 419 de 2023 y la estructura interna del MERF; diferente
es que, la entidad no aportara información clara y verificable sobre la existencia,
estado o disponibilidad real de los cargos asociados a la OPEC 198415, ni lograra
demostrar que hubiese adelantado de manera completa y oportuna los trámites
necesarios para solicitar la autorización acerca del uso de la lista de elegibles, lo cual
generó inconsistencias en el número de vacantes y en el orden de provisión, e impidió
acreditar el cumplimiento efectivo de la orden impartida.
39. Este análisis también se refleja en la providencia del 6 de octubre de 2025,
proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia,
mediante la cual se negaron las solicitudes de inaplicación de la sanción y de
modulación del fallo. En dicha oportunidad, el demandante aportó la certificación
expedida por la Subdirección de Empleo Público, que afirmó fue desatendida; sin
embargo, contrario a lo señalado, la decisión se adoptó precisamente con base en
ese documento y en que, a la fecha, no se habían cumplido todas las órdenes
impartidas, así:
«[…] En este punto, es importante aclarar que el fallo de tutela no ordenó el nombramiento
del tutelante, pero si que se hiciera uso de la lista de elegibles en aquellas vacantes
susceptibles y equivalentes, sin embargo, para el Despacho, incluso para el Tribunal
Administrativo, la DIAN no ha demostrado certeramente la distribución de las 500 vacantes
creadas en el cargo de ANALISTA I CÓDIGO 201 GRADO 01, al contrario, genera dudas
en que se haya efectuado una búsqueda confiable, toda vez que se contradice en sus
intervenciones, incluso la CNSC de manera oficiosa halló un cargo equivalente, lo que no
hizo la DIAN, para la muestra uno de los anexos de la solicitud de modulación del fallo
señala lo siguiente:
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Ahora, téngase en cuenta que el argumento sostenido por la DIAN tanto en los incidentes
de desacato como en la solicitud de modulación del fallo es que no puede pretenderse
que se nombre al tutelante en cualquiera de los 500 cargos de ANALISTA I CÓDIGO 201,
GRADO 1 creados, pues esos cargos tienen diferentes fichas MERF y están distribuidas
en diversos procesos y subprocesos, sin tener equivalencia con la OPEC 198415,
argumento que no fue conocido ni en la primera ni en la segunda instancia del fallo de
tutela incumplido. Por el contrario, junto con los anexos de la demanda, se arrimó un anexo
de respuesta a una petición del actor por la que se informa “el estado de provisión con
fecha de corte 6 de noviembre de 2024 de las 534 vacantes definitivas del empleo
denominado AnalistaI, Código 201, Grado 1, creadas en la planta globa y flexible de la
DIAN con la expedición del Decreto 419 de 2023…”
Nótese que en tal respuesta no se habla de las fichas MERF – Manual Específico de
Requisitos y Funciones.
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Demandante: Luis Eduardo Llinas Chica
Aunado a lo anterior, el artículo 9º del Acuerdo 205 del 10 de octubre de 2024 por el que
se establecieron las reglas del proceso de selección y ascenso para proveer empleos en
vacancia definitiva de la DIAN de manera genérica oferta el cargo de ANALISTA I,
CÓDIGO 201, GRADO 1, sin determinar las diferentes fichas MERF, por lo que debe
entenderse que el actor concursó, de manera genérica, para la provisión del citado cargo,
sin importar las alegadas fichas MERF
Así, la obligación contenida en los numerales 4º y 6º de la resolutiva del fallo de tutela de
segunda instancia no vulnera el principio “ad impossibilia nemo tenetur”, pues no se trata
de una exigencia irreal o contradictoria, sino de una medida de gestión que puede ser
cumplida.
Cuarto, la solicitud de modulación no propone ajustes accidentales de modo, tiempo o
lugar, sino una alteración sustancial de la decisión judicial. La modulación no puede
convertirse en una vía para desnaturalizar el fallo ni para eludir su cumplimiento. […]».
(sic)
40. Ahora bien, también llama la atención de la Sala que, frente a la orden de
tutela, actualmente hay una solicitud de nulidad por falta de vinculación, la cual debe
ser resuelta por el juez de conocimiento, quien será el que determine si lo decidido
pueda tener impacto frente a las sanciones de desacato impartidas.
41. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
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Demandante: Luis Eduardo Llinas Chica
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia, lo que
conduce a la denegatoria del recurso de amparo.
42. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
43. En concordancia con lo expuesto, la Sala levantará la medida cautelar
decretada mediante auto del 15 de octubre de 202521, consistente en «suspend[er] la
ejecución de la orden de arresto decretada en contra de Luis Eduardo Llinas Chica, en calidad
de director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; Pedro José Arrieta
Melendrez, director de Gestión Corporativa; y María José Barrera Ángel, subdirectora de
Gestión de Empleo Público, hasta tanto se resuelva de fondo la presente solicitud de tutela».
3. Conclusión
44. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales invocados por Luis Eduardo Llinas Chica, en calidad
de director general de la DIAN, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo del Quindío, y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Armenia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Levantar la medida cautelar decretada mediante auto del 15 de octubre de
2025.
Segundo. Negar la solicitud de desvinculación de la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
Tercero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de por Luis Eduardo Llinas
Chica, en calidad de director general de la DIAN, en la solicitud de tutela presentada
contra el Tribunal Administrativo del Quindío, y el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Armenia.
Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
21 Ver índice 5 de Samai. Archivo denominado
«6Autoqueadmite_Autoavoca_11001031500020250639(.pdf) NroActua 5».
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Demandante: Luis Eduardo Llinas Chica
Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/ LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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