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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06656-01

Fecha
5 de junio de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06656-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 9 de febrero de 2026, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la cual se declaró la improcedencia de la demanda de tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06656-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

5 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Cinco (5) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-06656-01
Accionante: María José Barrera Rangel
Accionados: Tribunal Administrativo del Quindío y otro
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 9 de febrero
de 2026 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la
cual se negó el amparo solicitado.

SÍNTESIS1

La accionante cuestiona los autos mediante los cuales el Juzgado Quinto Administrativo
de Armenia impuso una sanción en el marco de un incidente de desacato por
incumplimiento de una orden judicial y, posteriormente, fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Quindío. Se confirma la decisión de primera instancia, mediante la
cual se negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 23 de octubre de 2025, la señora María José Barrera Rangel presentó una
demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva y buen nombre, los cuales, a
su juicio, fueron vulnerados con ocasión de (i) el auto proferido el 15 de septiembre de
2025 por el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia mediante el cual fue sancionada
con multa de 1 SMMLV y 1 día de arresto y (ii) la providencia del 18 de septiembre de
2025 emitida por el Tribunal Administrativo del Quindío por medio de la cual se confirmó
la providencia, en grado jurisdiccional de consulta, dentro del incidente de desacato
núm. 63001-33-33-005-2025-00033-02/03.

2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva y buen nombre del suscrito.

2. En consecuencia, ORDENAR al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE ARMENIA y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DEL

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Confirma decisión de primera instancia / Niega
amparo / Incidente de desacato

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06656-01
Accionante: María José Barrera Rangel
Se confirma decisión de primera instancia

QUINDIO lo siguiente:

3. Inaplicar la sanción y dejar sin efectos el Auto proferido por el JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA el 15 de septiembre de 2025,
confirmado por el Tribunal Administrativo del Quindío - Sección Tercera - Subsección
"A" el 16 de septiembre del mismo año, en el marco del incidente de desacato
identificado con el radicado 63001-33-33-005-2025-00033-00 (03 en grado
jurisdiccional de consulta).

4. Comunicar a las autoridades encargadas de la ejecución de la sanción, que la misma
se ha levantado.

5. Acatar y aplicar los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del
levantamiento de la sanción.2

B. Hechos

3.El señor Daniel García Martínez participó en el proceso de selección DIAN núm. 2022
para el empleo denominado analista 1 código núm. 201, grado 1, identificado con OPEC
núm. 198415, proceso en el cual superó todas las etapas y actualmente se encuentra
en la lista de elegibles dispuesta mediante Resolución núm. 7408 del 12 de marzo de
2024, en el cual ocupó el puesto 47.

4. Daniel García Martínez presentó demanda de tutela en contra de la Comisión
Nacional del Servicio Civil – CNSC y la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales –
DIAN con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales, los cuales, consideró
vulnerados debido a que no fue nombrado en el empleo identificado con código OPEC
núm. 198415 de la DIAN en virtud de la ampliación de la planta de personal de dicha
entidad.

5. Mediante sentencia del 18 de marzo de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo de
Armenia declaró la improcedencia de la demanda de tutela, al advertir que no se acreditó
ningún perjuicio irremediable por parte del accionante que permitiera utilizar el
mecanismo constitucional como medio de protección transitorio. Además, determinó
que el accionante no ocupó un lugar que le permitiera ser nombrado en periodo de
prueba para el cargo que concursó y, aunque la planta de personal de la DIAN fue
ampliada, tal entidad únicamente solicitó la utilización de lista de elegibles para empleos
específicos, dentro de los cuales no se encontraba el cargo para el cual concursó el
demandante.

6. El accionante presentó impugnación, en la que solicitó que se revocara la decisión
de primera instancia, y en su lugar, se ampararan los derechos fundamentales
invocados. Alegó, entre otros, que la discusión presentada debió abordarse desde la
perspectiva de la inaplicación de la Ley 1960 de 2019 por parte de la CNSC y la DIAN,
puesto que dichas entidades desconocieron el régimen de provisión de cargos vacantes
y la lista de elegibles emitida en el concurso que participó.

7. Por medio de sentencia del 3 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Quindío
revocó la decisión de primera instancia y amparó los derechos fundamentales del
accionante, al determinar que si bien las vacantes con las que cuenta la entidad

2 Índice 2 del expediente digital disponible en Samai.

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Se confirma decisión de primera instancia

accionada fueron generadas con posterioridad a la convocatoria en la cual participó, le
asiste el deber de proveerlas a las personas que hacen parte de la lista de elegibles
vigente, en estricto orden de mérito. De tal modo, concluyó que se vulneraron los
derechos del accionante, por lo cual dispuso:

CUARTO: ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN que por sí o por conducto de quien
corresponda, dentro del lapso de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
esta providencia, proceda a adelantar los trámites administrativos pertinentes, a fin de
solicitar ante la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL autorización para el uso de la
lista de elegibles de la Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024, respecto al cargo
ANALISTA I, Código 201, Grado 1, identificado con el Código OPEC No. 198415, diferente
al Nivel Profesional, en cumplimiento del Decreto 419 del 2023 […].

QUINTO: A fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable, ORDÉNASE a la
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, que una vez sea recibida por parte
de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES – DIAN, la solicitud de autorización para el uso de la lista de elegibles de la
Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024, respecto al cargo ANALISTA I, Código 201,
Grado 1, identificado con el Código OPEC No. 198415, diferente al Nivel Profesional; proceda
a pronunciarse de fondo dentro de un prudente y perentorio término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes al recibo de la mencionada solicitud.

SEXTO: Dependiendo del pronunciamiento de la COMISION NACIONAL DEL SERVICIO
CIVIL – CNSC -, y, únicamente en el evento que sea autorizado el uso de la lista de elegibles
de la Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024, respecto al cargo ANALISTA I, Código
201, Grado 1, identificado con el Código OPEC No. 198415, diferente al Nivel Profesional;
ORDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES – DIAN, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la respuesta definitiva emitida por la CNSC, procederá a
adelantar los trámites administrativos necesarios, para continuar con el trámite de provisión
de los cargos creados mediante Decreto 419 de 2023, en estricto orden de mérito, conforme
lo establecido en el artículo 36 del Decreto 927 de 2023. [Negrillas del texto citado]. […].

8.El 3 de julio de 2025, el accionante presentó, por segunda vez3, incidente de
desacato, tras aducir que la DIAN no había cumplido con lo ordenado por el Tribunal
Administrativo del Quindío.

9. Mediante auto del 15 de septiembre de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo de
Armenia sancionó, entre otros, a María José Barrera Rangel en calidad de subdirectora
de gestión de empleo público de la DIAN con multa de 1 salario mínimo legal mensual
vigente - SMLMV y 1 día de arresto, debido a que, si bien existieron algunas gestiones
para el cumplimiento de la sentencia de amparo, resultan confusas y, por lo tanto, se
configuró un incumplimiento de la providencia del 3 de abril de 2025.

10. Por medio de auto del 18 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Quindío, en grado jurisdiccional de consulta, confirmó la providencia del 15 de

3 El 22 de abril de 2025, el señor Daniel García Martínez promovió incidente de desacato, debido a que la

DIAN y la CNSC no habían desplegado ninguna actuación tendiente a dar cumplimiento a la sentencia de
amparo. Luego, el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia dio apertura al incidente de desacato y el 21
de mayo de 2025 la autoridad judicial resolvió imponer sanción por desacato con arresto de 1 día y multa
equivalente a 1 SMLMV a los señores Jhonatan Sánchez, en calidad de representante judicial y extrajudicial
de la CNSC y Jaime Muñoz, en calidad de Subdirector de Gestión del Empleo Público de la Dirección de
Gestión Corporativa de la UAE – DIAN. Tal sanción fue confirmada parcialmente el 11 de junio de 2025 por
el Tribunal Administrativo del Quindío.

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Se confirma decisión de primera instancia

septiembre de 2025, al considerar que no hubo claridad en las gestiones adelantadas
por la DIAN en aras de realizar los trámites administrativos con el fin de solicitar a la
CNSC autorización para el uso de la lista de elegibles del cargo Analista I, OPEC núm.
198415, por lo cual consideró que continuaba la transgresión de los derechos
fundamentales amparados de Daniel García Martínez.

C. Fundamentos de la vulneración

11. La accionante señaló que las providencias cuestionadas incurrieron en los defectos
fácticos y sustantivo.

12. Alegó que el defecto sustantivo se configuró por una interpretación
descontextualizada y equívoca de las normas que regulan el acceso a la función pública
y el cumplimiento de la sentencia de tutela, lo que conllevó a una decisión contraria a la
ley y la jurisprudencia constitucional aplicable al caso concreto.

13. Señaló que fue sancionada por una supuesta inconsistencia en los datos
reportados, no obstante, no se consideró que la DIAN ha informado con suficiente
claridad que se solicitó a la CNSC la autorización de 2 vacantes definitivas y,
posteriormente, se solicitó la autorización de 6 vacantes definitivas ocupadas por
provisionales o personal en encargo, para un total de 8 vacantes. Agregó, que se
informó que se solicitó la autorización de una vacante adicional por equivalencia, para
un total definitivo de 9 vacantes adicionales a las inicialmente ofertadas. De tal modo,
se autorizó la lista de elegibles hasta el puesto número 18.

14. Los autos sancionatorios desconocieron que la DIAN se encuentra bajo un régimen
específico de carrera administrativa que impone requisitos particulares para la
designación de vacantes definitivas, proceso en el cual debe considerarse la identidad
de funciones y requisitos y el orden de mérito establecido por la CNSC, parámetros que
se encuentran contenidos en la Ley 909 de 20044, el Decreto Ley 71 de 20205 y 927 de
20236 y los Acuerdos núm. 01667 y 0236 de 20208 de la CNSC, así como en la sentencia
C-197 de 2025, mandatos que prevalecen sobre las órdenes judiciales que implican su
vulneración.

15. Manifestó que los autos cuestionados desconocen el sistema específico mediante
el cual se determinan los empleos de la DIAN, ya que éstos se proveen de acuerdo con
la denominación, código, grado y distribución por OPEC. En ese contexto, la Resolución

4 Congreso de Colombia. Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público,

la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
5 Ministra del Interior de la República de Colombia delegataria de funciones presidenciales mediante el

decreto 053 de 2020. Decreto 71 de 2020. Por el cual se establece y regula el Sistema Específico de
Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, y se expiden normas relacionadas con la administración y gestión del talento humano de la
DIAN. (Derogado por el artículo 152 del Decreto 927 de 2023)
6 Presidente de la República de Colombia. Decreto 927 de 2023. Por el cual se modifica el Sistema

Específico de Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial -DIAN y la regulación
de la regulación de la administración y gestión de su talento humano.
7 Comisión Nacional del Servicio Civil. Acuerdo 166 de 2020. Por el cual se establece el procedimiento para

las Audiencias Públicas para escogencia de vacante de un empleo con diferentes ubicaciones en la
jurisdicción de un municipio, departamento o a nivel nacional.
8 Comisión Nacional del Servicio Civil. Acuerdo 236 de 2020. Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo

5° del Acuerdo 0166 del 12 de marzo de 2020.

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núm. 7408 del 12 de marzo de 2024 solamente es para el cargo analista I, código 201,
grado 1 con OPEC 198415, el cual únicamente cuenta con 9 vacantes adicionales a las
inicialmente ofertadas. Así, el uso de la lista de elegibles solo procederá cuando los
requisitos del empleo sean los mismos y sus funciones sean iguales o equivalentes, en
virtud de los parámetros del Decreto Ley 927 de 2023.

16. El juez interpretó de manera errónea las normas sobre el desacato al considerar
que es suficiente la no ejecución material del nombramiento para sancionar, sin analizar
la concurrencia de una imposibilidad jurídica y material debidamente acreditada, aun
cuando la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la sanción por desacato solo
procede cuando el obligado tiene capacidad real de cumplir y actúa con renuencia
injustificada.

17. Sobre el defecto fáctico señaló que el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia
determinó que la DIAN no ha buscado las suficientes vacantes para nombrar a Daniel
García Martínez, sin embargo, se omitió valorar el acervo probatorio que demostraba la
imposibilidad jurídica y material de cumplir la orden impuesta y las pruebas que
evidenciaban la actuación diligente y de buena fe de la entidad, en particular, la
certificación expedida por la Subdirectora de Gestión del Empleo Público de la DIAN.

18. En efecto, señaló que se cumplieron las órdenes respecto la solicitud de la
autorización para el uso de la lista de elegibles ante la CNSC, no obstante, no se puede
extender tal autorización a vacantes no equivalentes sin vulnerar el sistema específico
de carrera, el principio de legalidad y el precedente contenido en la sentencia C-197 de
2025.

19. Insiste en que las autoridades judiciales accionadas desconocieron los criterios
constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad y competencia funcional del
nominador, al exigir una orden que desborda las atribuciones legales de la entidad,
puesto que la DIAN no puede realizar un nombramiento frente a un empleo que no
existe, ya que se vulneraria el artículo 122 de la Constitución y se quebrantaría el
régimen de mérito y la estructura técnica de la planta global.

D. Trámite procesal

20. Mediante auto del 29 de octubre de 20259, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Quindío,
al Juzgado Quinto Administrativo de Armenia, y en calidad de terceros con interés, al
señor Daniel García Martínez, a la señora Edna Patricia Ortega Cordero, en calidad de
directora de administración de carrera de la CNSC, a Luis Eduardo Llinás Chica
(sancionado) en calidad de director general de la DIAN o quien haga sus veces y a
Pedro José Arrieta Meléndrez como director de gestión corporativa de la DIAN
(sancionado).

21.Por medio de auto del 20 de noviembre de 202510, la Sección Quinta del Consejo
de Estado ordenó la notificación del presente trámite constitucional a la CNSC y a la
DIAN, en calidad de autoridades accionadas en el incidente de desacato núm. 63001-

9 Índice 4 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
10 Índice 15 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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33-33-005-2025-00033-03.

22. A través de providencia del 2 de diciembre de 202511, la Sección Quinta del Consejo
de Estado remitió el expediente del presente trámite constitucional con destino al
proceso de tutela núm. 11001-03-15-000-2025-06399-00 a efectos de que se
determinara su posible acumulación. Sin embargo, mediante auto del 16 de enero de
202612, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la
acumulación y avocó el conocimiento de la solicitud de tutela.

E. Oposiciones e intervenciones

23.La DIAN13 (tercero con interés) señaló que le asiste razón a la accionante, debido
que la entidad ha demostrado ante las autoridades judiciales accionadas que existe una
imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de
segunda instancia proferida el 3 de abril de 2025.

24. En virtud de las órdenes impartidas, la DIAN cumplió con las obligaciones
impuestas, ya que solicitó la autorización del uso de la lista de elegibles en cuestión y
adelantó los trámites administrativos necesarios para la provisión de los cargos. Agregó,
que hacer uso de la totalidad de la lista de elegibles contenida en la Resolución núm.
7408 de 2024 o proceder con el nombramiento de Daniel García Martínez, quien ocupa
la posición 47 sin desempates, resulta una obligación imposible de cumplir, pues no
existen vacantes adicionales a las 9 ofertadas inicialmente y a las 9 que posteriormente
se reportaron y autorizaron. Así, solicitó que se concediera la solicitud de amparo.

25. El Juzgado Quinto Administrativo de Armenia14 (accionado) remitió el expediente
digital de la demanda de tutela núm. 2025-00033-00.

26.El Tribunal Administrativo del Quindío15 (accionado) allegó copia íntegra de la
demanda de tutela núm. 2025-00033-01 y los incidentes de desacato.

27. El CNSC16 (tercero con interés) indicó que los hechos y las pretensiones que expuso
la accionante en el escrito de tutela no corresponden a la competencia de la entidad,
razón por la cual solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.

28. Los señores Daniel García Martínez, Luis Eduardo Llinas Chica y Pedro José
Arrieta Melendrez fueron debidamente notificados17, sin embargo, guardaron silencio.

F. Fallo impugnado

29.Mediante sentencia del 9 de febrero de 202618, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó la solicitud de desvinculación presentada por la

11 Índice 23 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
12 Índice 29 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
13 Índice 9 y 21 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
14 Índice 10 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
15 Índice 11 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
16 Índice 13 y 20 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
17 Índice 18 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
18 Índice 36 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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CNSC y negó el amparo solicitado por la parte accionante.

30. La Sala no evidenció una ausencia de valoración probatoria ni desconocimiento de
los trámites interadministrativos, por el contrario, observó que el Tribunal Administrativo
del Quindío sí consideró los informes presentados por la DIAN, y en virtud de tal análisis,
determinó que no se comprobó el cumplimiento de la totalidad de las órdenes de amparo
impuestas en la sentencia del 3 de abril de 2025.

31. Agregó, que tampoco se dejó de considerar las explicaciones respecto la diversidad
de perfiles del cargo “Analista I”, la distribución de las vacantes creadas mediante el
Decreto núm. 419 de 2023 y la estructura interna del Manual Específico de Requisitos
y Funciones - MERF, distinto es que la DIAN no aportó información clara y verificable
frente el estado o la disponibilidad de los cargos asociados a la OPEC 198415, ni
demostró que hubiese adelantado los trámites pertinentes para solicitar la autorización
respecto el uso de la lista de elegibles, razón por la cual se generaron inconsistencias
en el número de vacantes y el orden de provisión, lo cual impidió que se acreditara el
cumplimiento efectivo e integral de las órdenes impuestas.

32. Precisó que el artículo 9°19 del Acuerdo 205 de 202420, mediante el cual se
establecieron las reglas del proceso de selección y ascenso para proveer empleos en
vacancia definitiva de la DIAN, se ofertó el cargo de analista I, código 201, grado 1 de
manera genérica, sin determinar las diferentes fichas MERF. En ese contexto, debe
entenderse que Daniel García Martínez concursó para dicho cargo sin considerar las
fichas MERF, por lo cual no se trata de una exigencia imposible o irreal, sino de una
medida de gestión que puede ser cumplida.

33. Concluyó que la parte accionante expone su inconformidad con la valoración
probatoria efectuada por el juez natural, la cual no debe ser objeto del mecanismo
constitucional, ya que la demanda de tutela no constituye una tercera instancia y, en
todo caso, la imposición de la sanción por desacato está debidamente razonada y
justificada.

G. Impugnación

34. Mediante escrito allegado el 9 de marzo de 202621, la accionante impugnó la
sentencia del 9 de febrero de 2026.

35. Alegó que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso dentro del trámite
incidental de desacato, debido a que el análisis de las autoridades judiciales accionadas
y del a quo se limitó a verificar el cumplimiento objetivo de la orden impuesta en la

19 Artículo 9. OPEC para el Proceso de Selección. La OPEC para este proceso de selección es la siguiente:

Tabla núm. 1. OPEC para el Proceso de Selección Modalidad Ascenso DIAN […]. Tabla núm. 2 OPEC para
el Proceso de Selección Modalidad Ingreso DIAN […]. Tabla núm. 3 OPEC para el Proceso de Selección
Modalidad Ingreso DIAN empleos que no requieren experiencia […]. Tabla núm. 4. Empleos modalidad
ingreso conductor.
20 Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC. Acuerdo núm. 205 del 10 de octubre de 2024. “Por el cual

se convoca y se establecen las reglas del Proceso de Selección de Ingreso y Ascenso para proveer
empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta
de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN,
Proceso de Selección DIAN 2667”
21 Índice 40 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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sentencia del 3 de abril de 2025, sin considerar si existía o no la posibilidad jurídica y
material de cumplir la providencia de amparo, ni valorar si los funcionarios de la DIAN
desplegaron actuaciones diligentes orientadas a su cumplimiento.

36. Así, el incidente de desacato se desnaturalizó y se convirtió en un mecanismo
meramente sancionatorio, fundamentado en el resultado y no en la conducta, lo cual
conlleva a la transgresión del artículo 29 de la Constitución Política.

37. Insistió en que, dentro del trámite incidental, se acreditó con suficiencia la
imposibilidad jurídica y material de cumplir la orden impuesta, debido a que el Tribunal
Administrativo del Quindío ordenó a la DIAN a que adelantara los trámites
administrativos necesarios para solicitar ante la CNSC la autorización para el uso de la
lista de elegibles del empleo de analista 1, código 201, grado 1, OPEC 198415, no
obstante, tal disposición dependía de dos supuestos externos a la voluntad de la parte
accionante: (i) la autorización previa de la CNSC y (ii) la existencia de vacantes
susceptibles de provisión.

38. Si bien la DIAN solicitó ante la CNSC la autorización para el uso de la lista de
elegibles, actuación que se encuentra acreditada, también se demostró que no existían
vacantes adicionales disponibles para la OPEC 198415, circunstancia que impedía
efectuar nuevos nombramientos, en virtud del régimen de carrera administrativa, el
sistema específico de carrera de la DIAN y fichas MERF. Por lo tanto, exigir el
cumplimiento de la orden implicaría realizar nombramiento sobre vacantes inexistentes
o no equivalentes, lo que supone desconocer el principio de legalidad frente el empleo
público, el régimen constitucional del mérito y el artículo 125 de la Constitución Política.

39. Alegó que ya no ostenta la calidad de funcionaria de la DIAN y tampoco tiene
competencia para ejecutar las actuaciones administrativas requeridas, por lo cual se
está imponiendo una orden a una persona que no tiene la capacidad jurídica de
ejecutarla, asunto que resulta incompatible con la responsabilidad subjetiva que orienta
los trámites incidentales por desacato.

40. Reiteró la configuración del defecto fáctico, debido a que no se valoraron las
pruebas aportadas por la DIAN mediante las cuales se demostraba la diligencia
institucional desplegada para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, por el
contrario, se concluyó que hubo insuficiencia en las gestiones realizadas sin acreditar
la existencia de una conducta negligente o dolosa por parte de los sancionados.

41. Además, se debe considerar que la sentencia de tutela impartió una orden de
gestión y no de resultado, ya que no se indicó que debía nombrarse al accionante en un
cargo determinado, sólo se dispuso a adelantar los trámites administrativos para
continuar con la provisión de cargos, no obstante, en sede de desacato se consideró
que la orden solo podía cumplirse con el nombramiento efectivo del accionante, lo cual
excede el alcance de la decisión.

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II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

42. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver, en segunda instancia, la demanda de acción de tutela interpuesta por la señora
María José Barrera Rangel contra el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia y el
Tribunal Administrativo del Quindío, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de
la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el Reglamento
del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).

I. Providencia objeto de análisis

43. Aunque la parte accionante cuestionó los autos proferidos el 15 y 18 de septiembre
de 2025 por el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia y el Tribunal Administrativo del
Quindío, respectivamente, el reproche constitucional se dirige contra el auto emitido el 18
de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante el cual se
confirmó la sanción de desacato, por lo tanto, la Sala centrará su análisis sobre esta
última providencia.

J. Sentido de la decisión

44. La Sala confirmará la decisión de primera instancia mediante la cual se negó el
amparo solicitado por la accionante, debido a que no se evidenció que la providencia
judicial cuestionada hubiera incurrido en los defectos fáctico y sustantivo.

K. Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia que resuelve incidente
de desacato

45. La presente acción de tutela cumplió con los requisitos generales de procedencia22,
en particular, no existe otro mecanismo judicial ordinario que permita a la accionante
alegar lo que ahora pretende en el trámite constitucional y la demanda de tutela fue
presentada en un término razonable – 23 de octubre de 2025 -, ya que fue dentro de los
6 meses siguientes a la notificación de la providencia judicial proferida el 18 de
septiembre de 2025.

46. Por otro lado, la demanda que presentó la parte accionante resulta procedente para
cuestionar vía acción de tutela la providencia que resolvió un incidente de desacato,
debido a que (i) la decisión que puso fin al trámite incidental se encuentra ejecutoriada,
(ii) se acreditaron los requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela
contra providencias judiciales, en particular, debido a que la discusión que propone la
accionante trasciende la mera inconformidad con la decisión adoptada, pues está

22
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha
establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado
todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06656-01
Accionante: María José Barrera Rangel
Se confirma decisión de primera instancia

orientada al contenido, alcance y protección de sus derechos fundamentales y (iii) existe
identidad entre los argumentos expuestos en el trámite constitucional y en el curso del
incidente de desacato.

L. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

47. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

48. En el asunto sub iudice, la accionante cuestiona el auto proferido el 18 de
septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Quindío, porque, a su juicio,
considera que incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. A continuación, la Sala
describirá las características y elementos de los defectos alegados, con el propósito de
determinar el objeto de la litis y examinar a fondo la presunta vulneración de derechos
fundamentales.

49. El defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica.

50. El defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración del material
probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se configura
cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”23.

M. El caso concreto

51. La Sala confirmara la decisión de primera instancia que negó el amparo solicitado,
por cuanto no se configuraron los defectos alegados por la accionante en el presente
trámite constitucional. En todo caso, el estudio de los reparos presentados se hará de
manera conjunta, debido a que los defectos que expuso la parte accionante en su escrito
de tutela se encuentran intrínsicamente relacionados.

52. Mediante la demanda de tutela la accionante cuestiona el auto proferido el 18 de
septiembre de 2025, toda vez que incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. A su
juicio, no se valoró la imposibilidad jurídica y material de cumplir con la orden de amparo
dispuesta el 3 de abril de 2025 y tampoco se consideraron las normas que regulan el
acceso a la función pública y provisión de cargos en la DIAN.

53. A su vez, en el escrito de impugnación insiste en los defectos invocados y reitera
que las autoridades judiciales accionadas no realizaron un análisis suficiente para
fundamentar la configuración de la responsabilidad subjetiva requerida para sustentar
la sanción impuesta.

23 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06656-01
Accionante: María José Barrera Rangel
Se confirma decisión de primera instancia

54.La Sala evidencia que la decisión adoptada el 18 de septiembre de 2025 fue
debidamente sustentada en el acervo probatorio allegado al trámite incidental y las
normas que lo regulan, en particular, el Decreto 2591 de 1991 y la sentencia T-271 de
2015.

55. En efecto, en el acápite de antecedentes del auto del 18 de septiembre de 2025 el
a quo recapituló las respuestas allegadas por la DIAN mediante los cuales se
manifestaba el cumplimiento a la sentencia del 3 de abril de 2025. En concreto, la
entidad insistió en la imposibilidad jurídica y material de dar cumplimiento a las órdenes
de amparo desde el primer incidente de desacato, en los siguientes términos:

Mediante escrito del 09 de junio de 2025, el apoderado de la DIAN, allegó relación de
los empleos creados con el Decreto 419 para el cargo Analista I, describiendo la cantidad
de Analistas I creados y manifestando la imposibilidad de nombrar al accionante, y por
tanto, se tenga cumplido el fallo de tutela y se archive el incidente de desacato.

En escrito allegado el 20 de agosto de 2025, la DIAN manifestó que ha cumplimiento
sustancial y progresivamente de la orden judicial, que es imposible jurídica y
materialmente dar cumplimiento inmediato al fallo, que la ejecución del nombramiento
sin tener vacantes y sin agotar las etapas legales generaría nulidades y posibles
condenas contra la entidad.

En escrito allegado el 02 de septiembre de 202562, la DIAN solicito desestimar el
incidente de desacato en la medida que la DIAN ha demostrado que cumplió cabal y
estrictamente de manera objetiva el fallo emitido por Tribunal Administrativo del Quindío
del 3 de abril de 2025, circunstancia que lo releva de cualquier responsabilidad de
incumplimiento y de contera hace nugatorio cualquier trámite incidental de desacato.

56. A su vez, la accionante insiste en que se vulneraron sus derechos fundamentales,
debido a que no se realizó un estudio satisfactorio frente al elemento de responsabilidad
subjetiva en el incidente de desacato por incumplimiento de la sentencia del 3 de abril
de 2025.

57. Contrario a lo que alega la parte accionante, en el auto proferido el 18 de septiembre
de 2025 se explicó la naturaleza jurídica del incidente de desacato de tutela con
fundamento en los artículos 2724 y 5225 del Decreto 2591 de 1991 y las sentencias T-
088 de 2002, T-271 de 2015, T-482 de 2013 y C-367 de 2014 de la Corte Constitucional
y se determinó que para imponer la sanción es necesario que concurran los siguientes
aspectos: (i) que exista una orden en una sentencia de tutela, (ii) que tal providencia

24 Artículo 27. Cumplimiento del Fallo. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del

agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el
juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente
procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso
contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las
medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al
superior hasta que cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en
su caso. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá
la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la
amenaza.
25 Artículo 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente

Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios
mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta
y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez
mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días
siguientes si debe revocarse la sanción.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06656-01
Accionante: María José Barrera Rangel
Se confirma decisión de primera instancia

haya sido debidamente notificada a la autoridad encargada de dar cumplimiento a la
orden impuesta, (iii) que se encuentre vencido el plazo sin que se cumpla con la orden
y (iv) que haya contumacia frente al incumplimiento de la decisión. En ese sentido, el
Tribunal Administrativo del Quindío adujo:

De manera general, sustenta la DIAN que, resulta errado y desproporcionado, que se
pretenda cubrir la totalidad de los cargos de Analista I con una sola OPEC y una sola ficha
MERF, al señalar que, los 537 cargos para Analista I, Código 201, Grado 1, se encuentran
distribuidos en 16 fichas, siendo la ficha “PC-GJ-2014” de la OPEC No. 198415 en la que
está el accionante, siendo esta solo una de las fichas.

Explica que el Manual Especifico de Requisitos y Funciones -MERF- de la DIAN contempla
466 fichas de las cuales dieciséis (16) hacen parte empleo Analista I Código 201 Grado 01,
lo que evidencia que propósitos y funciones son diferentes para cada uno.

Esgrime que, el empleo Analista I Código 201 Grado 01, Código de ficha “PC-GJ- 2014”
proceso: “Planeación, Estrategia y Control”, Subproceso “Gestión jurídica”, el cual pretende
el accionante es tan solo uno (1) de los dieciséis (16) perfiles con los cuales cuenta la
Entidad en su MERF, para hacer la provisión a través del mecanismo de uso de listas de
elegibles.

Concluyendo que, la distribución de las vacantes creadas con ocasión del Decreto419 de
2023 para el empleo Analista I Código 201 Grado 01 en sus diferentes perfiles ya fueron
distribuidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3°ibidem.

Al respecto huelga señalar que, si bien el empleo de Analista I Código 201 Grado 01, se
divide en dieciséis (16) perfiles, y la DIAN aportó un cuadro en el cual se discrimina y se
distribuyen los cargos nuevos de Analista I en los diferentes procesos y subprocesos,
creados en virtud del Decreto 419 del 2023, en la misma, no se vislumbra si estos ya fueron
ofertados, se encuentran vacantes o si están ocupados en provisionalidad o en encargo.

En ese orden, no advierte esta Sala una información certera y confiable por parte de la
DIAN sobre los empleos creados para la OPEC 191485, pues en este caso, respecto a lo
discernido por la DIAN, no existirá un orden a la hora de realizar los nombramientos
conforme a la lista de elegibles de la Resolución No. 7408 del 12 de marzo de 2024,
respecto al cargo ANALISTA I, Código 201, Grado 1, identificado con el Código OPEC No.
198415, ya que esta comportaría a su vez unas subdivisiones en virtud de “Procesos” y
“Subprocesos”, lo que conllevaría a que el accionante fuera nombrado con anterioridad a
personas que se encuentran anteriores a él, o en su defecto, se podría nombrar a una
persona que ocupa un puesto con posterioridad al ocupado por el accionante.
Adicionalmente, al igual que lo señalo el a quo, no existe certeza en el número de vacantes,
pues en una oportunidad se hablan de 6, luego de 2, y más delante de 8.

Por lo tanto, al no existir una claridad en las gestiones adelantadas por la DIAN en aras de
adelantar los trámites administrativos con el fin de solicitar a la Comisión Nacional del
Servicio Civil autorización para el uso de la lista de elegibles del cargo ANALISTA I OPEC
198415, continúa dicha entidad vulnerando los derechos fundamentales amparados
respecto al señor DANIEL GARCÍA MARTÍNEZ.

58. De tal modo, la autoridad judicial accionada consideró que no se acreditó el
acatamiento de la orden dispuesta en el numeral cuarto de la sentencia de tutela del 3
de abril de 2025 y que los funcionarios encargados de dar cumplimiento han sido
renuentes al momento de ser requeridos para resolver efectivamente las órdenes o
demostrar un avance significativo en su materialización. Así, concluyó que se
configuraron los elementos objetivos y subjetivos para proceder con el desacato de la
providencia de amparo.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06656-01
Accionante: María José Barrera Rangel
Se confirma decisión de primera instancia

59. En ese sentido, el Tribunal Administrativo del Quindío no incurrió en los defectos
alegados, toda vez que la decisión del 18 de septiembre de 2025 fue debidamente
sustentada y determinada, pues se profirió con fundamento en el marco normativo y
jurisprudencial pertinente, con observancia en la configuración de la responsabilidad
subjetiva de los incidentados, de acuerdo con los elementos de prueba allegados por la
DIAN y la CNSC y considerando los límites, deberes y facultades del juez en el marco
del incidente de desacato, con especial atención al debido proceso.

60. Por otro lado, no resulta procedente el argumento de que ya no ostenta la calidad
de funcionaria de la DIAN, por cuanto, el trámite incidental se promovió por hechos que
ocurrieron en su calidad de Subdirectora de Gestión de Empleo Público de la DIAN.

61. Así las cosas, el auto del 18 de septiembre de 2025 no vulneró los derechos
fundamentales de la parte accionante, razón por la cual la Sala confirmara la decisión
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, toda vez
que no se configuraron los defectos alegados por la accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 9 de febrero de
2026, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la
cual se declaró la improcedencia de la demanda de tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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