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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06472-01

Fecha
29 de mayo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06472-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 19 de diciembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, mediante la cual se negó el amparo solicitado por Pedro José Arrieta Meléndrez. En su lugar, DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por Pedro José Arrieta Meléndrez contra el Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 16 Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06472-01 Accionante: Pedro José Arrieta Meléndrez Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06472-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

29 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06472-01

Accionante: PEDRO JOSÉ ARRIETA MELENDEZ

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Unidad Administrativa Especial-
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN- contra la sentencia proferida
el 19 de diciembre de 2025 por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección
B, mediante la cual se negó el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

El 15 de octubre de 2025, Pedro José Arrieta Meléndrez, en nombre propio y en
calidad de director de Gestión Corporativa de la Unidad Administrativa Especial-
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, formuló acción de tutela contra
el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia y el Tribunal Administrativo
del Quindío. Solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la tutela judicial efectiva y al buen nombre, que estimó vulnerados con ocasión del
auto del 15 de septiembre de 2025, por medio del cual el juzgado declaró el
incumplimiento de la orden impartida en la sentencia de tutela1 del 3 de abril de 2025

1 Proceso identificado con número de radicación: 63001-33-33-005-2025-00033-00/03.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06472-01
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndrez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

y le impuso sanción de arresto y multa, así como del auto del 25 de septiembre de
2025, que confirmó dicha decisión en sede de consulta.

El actor sostuvo que la DIAN había desplegado actuaciones administrativas para
cumplir la orden proferida a favor de Daniel García Martínez, integrante de la lista de
elegibles de la Convocatoria DIAN 2497 de 2022 para el empleo de Analista I, Código
201, Grado 1, identificado con la OPEC 198415. No obstante, afirmó que la ejecución
material del mandato resultaba jurídica y técnicamente imposible, porque no existían
vacantes suficientes ni empleos equivalentes que permitieran efectuar los
nombramientos reclamados. Por ello, señaló que las autoridades judiciales
desconocieron la autonomía funcional de la entidad, las competencias de la CNSC,
el sistema específico de carrera de la DIAN, el parágrafo transitorio del artículo 36
del Decreto Ley 927 de 2023 y la Sentencia C-197 de 2025.

En virtud del amparo, la parte accionante solicitó textualmente:

«10.1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva y buen nombre del suscrito.

10.2. En consecuencia, ORDENAR al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE ARMENIA y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DEL QUINDÍO lo siguiente:

10.3. Inaplicar la sanción y dejar sin efectos el Auto proferido por el JUZGADO
QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA el 15 de septiembre
de 2025, confirmado por el Tribunal Administrativo del Quindío - Sección Tercera
• Subsección A el 16 de septiembre del mismo año, en el marco del incidente de
desacato identificado con el radicado 63001-33-33-005-2025-00033-00 (03 en
grado jurisdiccional de consulta).

10.4. Comunicar a las autoridades encargadas de la ejecución de la sanción, que
la misma se ha levantado.

10.5. Acatar y aplicar los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia
del levantamiento de la sanción».

2. Hechos relevantes

Daniel García Martínez promovió acción de tutela contra la Unidad Administrativa
Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN y la Comisión

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06472-01
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndrez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Nacional del Servicio Civil-CNSC, con el propósito de que se protegieran sus
derechos fundamentales dentro del marco de la Convocatoria DIAN 2497 de 2022.
El actor de ese trámite hizo parte de la lista de elegibles conformada para el empleo
de Analista I, Código 201, Grado 1, identificado con la OPEC 198415, y solicitó que
aquella fuera utilizada para proveer vacantes definitivas creadas con posterioridad,
en especial las derivadas del Decreto 419 de 2023.

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia conoció en primera
instancia la acción de tutela promovida por Daniel García Martínez y negó el amparo
solicitado. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Quindío revocó esa decisión
mediante sentencia del 3 de abril de 2025 y, en su lugar, ordenó a la DIAN solicitar
ante la CNSC el uso de la lista de elegibles contenida en la Resolución 7408 del 12
de marzo de 2024, con el fin de proveer empleos iguales o equivalentes al cargo
ofertado en la Convocatoria DIAN 2497 de 2022.

La DIAN, según lo expuesto por Pedro José Arrieta Meléndrez, adelantó actuaciones
administrativas para acatar la orden judicial. En particular, elevó solicitud ante la
CNSC a través del Oficio 100151185-1056 del 11 de abril de 2025, con el fin de que
se autorizara el uso de la lista de elegibles. La entidad también explicó que el
cumplimiento material de la orden dependía de la verificación técnica de los empleos
disponibles, de la equivalencia funcional entre cargos y de las reglas propias del
sistema específico de carrera administrativa de la DIAN.

Posteriormente, Daniel García Martínez promovió incidente de desacato, al
considerar que la orden impartida por el Tribunal Administrativo del Quindío no había
sido cumplida. En desarrollo de ese trámite, la DIAN sostuvo que no existía una
conducta renuente o negligente de sus funcionarios, pues la entidad había solicitado
la autorización correspondiente a la CNSC y había revisado las fichas MERF de los
cargos, de las cuales concluyó que no todas las vacantes creadas por el Decreto 419
de 2023 podían proveerse con la lista de elegibles de la OPEC 198415, por tratarse
de empleos con requisitos, funciones o equivalencias distintas.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06472-01
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndrez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia, mediante auto del 15 de
septiembre de 2025, declaró el incumplimiento de la orden de tutela y sancionó a
Pedro José Arrieta Meléndrez, en calidad de Director de Gestión Corporativa de la
DIAN, con multa equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente y arresto de
un día. La sanción también recayó sobre María José Barrera Rangel, en calidad de
Subdirectora de Gestión de Empleo Público de la DIAN.

La decisión sancionatoria fue remitida en grado jurisdiccional de consulta al Tribunal
Administrativo del Quindío. Según la demanda, dicha autoridad judicial confirmó la
sanción impuesta, pese a que, en criterio de Pedro José Arrieta Meléndrez, el
expediente demostraba que la DIAN había realizado gestiones efectivas para cumplir
la orden y que la imposibilidad alegada no obedecía a una voluntad de
incumplimiento, sino a restricciones jurídicas y técnicas asociadas al uso de listas de
elegibles y a la equivalencia de empleos.

Pedro José Arrieta Meléndrez formuló acción de tutela contra el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Armenia y el Tribunal Administrativo del Quindío.
Solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva y al buen nombre, al considerar que las providencias dictadas dentro
del incidente de desacato incurrieron en defectos sustantivo y fáctico, desconocieron
la responsabilidad subjetiva propia de ese trámite sancionatorio y omitieron valorar
las actuaciones desplegadas por la DIAN para cumplir la orden de tutela.

El actor sostuvo que las autoridades judiciales desconocieron el parágrafo transitorio
del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023, la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 071
de 2020, las normas del sistema específico de carrera de la DIAN y la Sentencia C-
197 de 2025. En su criterio, tales disposiciones impedían utilizar la lista de elegibles
para proveer cargos que no fueran iguales o equivalentes al empleo ofertado, por lo
que no era posible imponerle una sanción personal por no ejecutar nombramientos
que, a su juicio, carecían de viabilidad jurídica y técnica.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06472-01
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndrez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

3. Fundamentos de la acción

Pedro José Arrieta Meléndrez sostuvo que las providencias dictadas dentro del
incidente de desacato vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la tutela judicial efectiva y al buen nombre, porque le impusieron una sanción
personal de arresto y multa sin que se hubiera acreditado una conducta renuente,
negligente o dolosa de su parte. Afirmó que la DIAN no incumplió deliberadamente
la orden impartida en la sentencia del 3 de abril de 2025, sino que adelantó las
actuaciones administrativas que estaban a su alcance para solicitar ante la CNSC el
uso de la lista de elegibles correspondiente a la Convocatoria DIAN 2497 de 2022.

El actor alegó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto
sustantivo, porque interpretaron de manera equivocada las normas que regulaban el
uso de listas de elegibles y el sistema específico de carrera administrativa de la DIAN.
Expuso que el parágrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023, la
Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 071 de 2020 y la Sentencia C-197 de 2025 no
autorizaban la provisión de cargos que no fueran iguales o equivalentes al empleo
ofertado. Por esa razón, señaló que no era posible ordenar nombramientos
automáticos con cargo a la lista de elegibles de la OPEC 198415, sin una verificación
técnica previa sobre la equivalencia de funciones, requisitos y perfiles.

También sostuvo que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto fáctico,
porque, a su juicio, omitieron valorar las pruebas que demostraban las gestiones
adelantadas por la DIAN para cumplir la orden judicial. Indicó que la entidad elevó la
solicitud correspondiente ante la CNSC, revisó las vacantes disponibles, examinó las
fichas MERF y explicó las razones técnicas y jurídicas por las cuales no podía utilizar
la lista de elegibles para todos los cargos creados con posterioridad. En criterio del
accionante, esos elementos demostraban que la entidad actuó de buena fe y que no
existió incumplimiento atribuible a los funcionarios sancionados.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06472-01
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndrez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

El accionante afirmó que el juez del desacato no podía limitarse a verificar el
incumplimiento objetivo de la orden de tutela, sino que debía acreditar la
responsabilidad subjetiva de los funcionarios. En ese sentido, expuso que la sanción
impuesta desconoció la naturaleza del incidente de desacato, pues no bastaba
constatar que el beneficiario de la tutela no había sido nombrado, sino que era
necesario demostrar que el obligado había omitido injustificadamente el
cumplimiento del fallo.

Finalmente, indicó que las decisiones reprochadas desconocieron la autonomía
funcional y administrativa de la DIAN y las competencias de la CNSC, pues
trasladaron a los funcionarios sancionados una obligación que dependía de criterios
técnicos, de la existencia de empleos equivalentes y de la autorización de la
autoridad encargada de administrar las listas de elegibles. Por ello, solicitó dejar sin
efectos la sanción impuesta dentro del incidente de desacato, comunicar su
levantamiento a las autoridades encargadas de ejecutarla y aplicar los precedentes
jurisprudenciales relativos a la procedencia del levantamiento de sanciones por
desacato.

Trámite de primera instancia

El 17 de octubre de 2025, el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las autoridades accionadas para que,
dentro del término de dos (2) días, rindieran informe sobre los hechos expuestos en
la solicitud de amparo y remitieran la documentación que reposara en sus archivos.
Asimismo, vinculó a Daniel García Martínez, a la Unidad Administrativa Especial-
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, a la Comisión Nacional del
Servicio Civil-CNSC y a los integrantes de la lista de la Convocatoria DIAN 2497 de
2022 para el cargo de Analista I, Código 201, Grado 01, ficha MERF PC-GJ-2014 y
OPEC 198415. Además, requirió a la CNSC para que comunicara la admisión de la
tutela a los integrantes de dicha lista y solicitó al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Armenia que remitiera, con carácter urgente y dentro de las 24 horas
siguientes a la notificación del auto, copia digital del expediente con radicado 63001-

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06472-01
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndrez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

33-33-005-2025-00033-00/01/02/03. Finalmente, negó la medida provisional
solicitada por la parte actora.

En los escritos de contestación, la Unidad Administrativa Especial-Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN 2 solicitó como cuestión previa la
acumulación de esta acción de tutela al proceso con radicado 11001-03-15-000-
2025-06399-00, al estimar que ambos asuntos tenían identidad de sujeto pasivo,
causa y objeto, pues cuestionaban las sanciones impuestas dentro del incidente de
desacato tramitado en el expediente 63001-33-33-005-2025-00033-03. Frente al
fondo del asunto, coadyuvó las pretensiones del accionante y sostuvo que el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia y el Tribunal Administrativo
del Quindío vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva y al buen nombre, porque impusieron sanciones de multa y arresto
sin valorar la imposibilidad jurídica y material alegada por la entidad. Explicó que la
DIAN ya había solicitado y obtenido autorización para usar la lista de elegibles de la
Resolución 7408 del 12 de marzo de 2024 respecto de las únicas 9 vacantes
adicionales existentes para la ficha MERF PC-GJ-2014 y la OPEC 198415, por lo
que no era posible utilizar la totalidad de la lista ni nombrar a Daniel García Martínez,
quien ocupaba la posición 47. Agregó que las más de 500 vacantes aludidas en el
trámite correspondían a 16 perfiles distintos de Analista I, Código 201, Grado 1, con
diferentes fichas MERF, procesos, subprocesos y OPEC, razón por la cual solicitó
acceder al amparo y dejar sin efectos las sanciones impuestas.

La Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC3 se opuso a la acción de tutela y
solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló
que las pretensiones formuladas por Pedro José Arrieta Meléndrez no guardaban
relación con sus competencias, pues se dirigían a obtener la inaplicación de una
sanción judicial y el levantamiento de medidas adoptadas dentro de un incidente de
desacato, decisiones que fueron proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Armenia y el Tribunal Administrativo del Quindío. Agregó que sus

2 SAMAI, índice 13.
3 SAMAI, índice 11.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06472-01
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndrez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

funciones se limitaban a la administración y vigilancia de la carrera administrativa y
al desarrollo de procesos de selección, por lo que no tenía competencia funcional ni
material para atender las solicitudes del accionante ni había vulnerado los derechos
fundamentales invocados.

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia4 remitió el expediente
solicitado mediante auto admisorio; sin embargo, al igual que los demás sujetos
procesales que no presentaron informe, guardó silencio frente a los hechos y
pretensiones de la acción de tutela.

Mediante sentencia5 del 19 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B negó el amparo, al considerar que Pedro José Arrieta
Meléndrez no acreditó que el auto del 18 de septiembre de 2025, proferido por el
Tribunal Administrativo del Quindío dentro del incidente de desacato, hubiera
incurrido en defecto fáctico o sustantivo. La Sala estimó que la valoración probatoria
realizada por el tribunal no fue arbitraria ni omisiva, pues esa autoridad judicial
examinó las pruebas allegadas por la DIAN y concluyó que la entidad no aportó
información clara, suficiente y confiable sobre el número real de vacantes disponibles
ni sobre el estado de ocupación de los cargos creados. Además, señaló que el
argumento relacionado con la Sentencia C-197 de 2025 no había sido expuesto ante
los jueces del incidente y que, frente al Decreto Ley 927 de 2023 y al Manual
Específico de Requisitos y Funciones-MERF, el tribunal había realizado un análisis
razonable dentro del margen de autonomía judicial. En consecuencia, concluyó que
no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a
la tutela judicial efectiva y al buen nombre. Asimismo, negó la solicitud de
desvinculación de la CNSC y la solicitud de acumulación presentada por la DIAN.

La Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-
DIAN impugnó6 la decisión. Solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, amparar los derechos invocados, dejar sin efectos el trámite en el que se

4 SAMAI, índice 10.
5 SAMAI, índice 17.
6 SAMAI, índice 21.

9

Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06472-01
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declaró el desacato y revocar la sanción de multa de un salario mínimo legal mensual
vigente y un día de arresto impuesta. Sostuvo que no se configuró desacato, porque
la entidad cumplió la orden al solicitar ante la CNSC la autorización para usar la lista
de elegibles de la OPEC 198415, y porque no existían vacantes adicionales ni cargos
equivalentes que permitieran efectuar el nombramiento de Daniel García Martínez.

La recurrente alegó que la sentencia impugnada incurrió en defecto fáctico, al restar
valor a las certificaciones, reportes técnicos y documentos oficiales que, en su
criterio, demostraban la inexistencia de vacantes definitivas para el perfil específico
de Analista I, Código 201, Grado 1, ficha MERF PC-GJ-2014. También sostuvo que
se configuró defecto sustantivo, porque se aplicó el artículo 52 del Decreto 2591 de
1991 sin verificar la posibilidad jurídica y material de cumplir la orden, se desconoció
el régimen específico de carrera de la DIAN, la competencia de la CNSC y las reglas
del Acuerdo 205 de 2024 sobre OPEC, MERF y listas de elegibles. En ese sentido,
afirmó que la sanción convirtió el incidente de desacato en un mecanismo indirecto
de provisión de cargos, pese a que no se acreditó una conducta dolosa, negligente
o renuente de los funcionarios sancionados.

El 4 de marzo de 2026, se concedió la impugnación7.

CONSIDERACIONES

4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 19 de diciembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección B, mediante la cual se negó la acción de tutela promovida por Pedro
José Arrieta Meléndrez.

5. Análisis de la Sala

7 SAMAI, índice 23.

10

Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06472-01
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndrez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental8. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela9.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia

8 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
9 Ibidem.

11

Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06472-01
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndrez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

constitucional: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional10. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la
prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución
de discusiones de naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

El señor Pedro José Arrieta Meléndrez cuestionó las providencias dictadas dentro
del incidente de desacato promovido por Daniel García Martínez, en las cuales se
declaró incumplida la orden de tutela del 3 de abril de 2025 y se le impuso sanción
de multa y arresto, en su condición de director de Gestión Corporativa de la DIAN.

10 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06472-01
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndrez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

En primera instancia, el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B negó el
amparo, al estimar que no se configuraron los defectos fáctico y sustantivo alegados.

La DIAN impugnó esa decisión, con el argumento central de que no existió desacato,
porque la entidad había solicitado ante la CNSC la autorización para el uso de la lista
de elegibles de la OPEC 198415 y porque, según su criterio, no existían vacantes
adicionales ni empleos equivalentes que permitieran nombrar a Daniel García
Martínez.

La Sala advierte que la impugnación se dirigió, en esencia, a controvertir la forma en
que el Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Armenia interpretaron el alcance de la orden impartida en la sentencia de
tutela del 3 de abril de 2025, valoraron las actuaciones desplegadas por la DIAN y
concluyeron que persistía el incumplimiento de la decisión constitucional. Así,
aunque la recurrente invocó la configuración de defectos fáctico y sustantivo, sus
reparos no revelan un cuestionamiento de validez constitucional de las providencias
censuradas, sino una discrepancia frente al entendimiento que los jueces naturales
del desacato tuvieron sobre la suficiencia de las gestiones administrativas
efectuadas por la entidad.

En efecto, la orden de tutela objeto del incidente no se agotaba, según la lectura
efectuada por las autoridades judiciales accionadas, en la presentación formal de
una solicitud ante la CNSC. El fallo del 3 de abril de 2025 ordenó a la DIAN adelantar
los trámites administrativos pertinentes para solicitar la autorización de uso de la lista
de elegibles y, en caso de autorización, continuar con el trámite de provisión de los
cargos creados mediante el Decreto 419 de 2023, en estricto orden de mérito y
conforme al artículo 36 del Decreto 927 de 2023. Esa comprensión fue la que orientó
el análisis del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia y del Tribunal
Administrativo del Quindío, pues ambas autoridades verificaron no solo si la DIAN
había elevado una solicitud, sino también si había aportado información clara,
coherente y suficiente sobre las vacantes reportadas, las autorizaciones obtenidas y
el avance real del trámite de provisión.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06472-01
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndrez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Desde esa perspectiva, el argumento de la DIAN relativo a que la entidad ya había
cumplido la orden al solicitar la autorización de la lista de elegibles no demuestra,
por sí mismo, una controversia constitucional. Ese planteamiento fue precisamente
uno de los puntos examinados en el trámite incidental. El Tribunal Administrativo del
Quindío constató que, en el expediente, la DIAN alegó que solo existían vacantes
asociadas a la OPEC 198415 y que había cumplido el fallo; sin embargo, también
advirtió inconsistencias entre lo informado por la entidad y lo reportado por la CNSC,
pues mientras una indicó determinado número de vacantes autorizadas, la otra hizo
referencia a un número distinto, además de la ausencia de explicación suficiente
sobre el trámite de las vacantes ya reportadas.

En ese contexto, la inconformidad de la recurrente frente a la valoración de las
certificaciones, reportes técnicos y documentos oficiales no alcanza a estructurar un
defecto fáctico con relevancia constitucional. La autoridad judicial accionada no
omitió por completo el material probatorio allegado por la DIAN, ni decidió al margen
de las pruebas obrantes en el expediente. Por el contrario, examinó las respuestas
de la entidad, las comunicaciones de la CNSC, los pronunciamientos del incidentante
y las actuaciones surtidas dentro del trámite de desacato, pero concluyó que las
gestiones acreditadas eran insuficientes y confusas frente al cumplimiento integral
de la orden constitucional. Por tanto, lo que la impugnación propone es una nueva
valoración de los mismos documentos, con el fin de que el juez de tutela sustituya el
criterio probatorio del juez del desacato.

Tampoco se advierte que el reparo por defecto sustantivo tenga entidad
constitucional. La DIAN sostuvo que las autoridades accionadas desconocieron el
régimen específico de carrera de la entidad, las competencias de la CNSC, el
Acuerdo 205 de 2024, las reglas sobre OPEC y fichas MERF, así como la
imposibilidad de usar la lista de elegibles para empleos no equivalentes. No obstante,
esos argumentos se relacionan con la interpretación técnica y legal sobre el alcance
de la orden de tutela, la equivalencia de empleos y la disponibilidad de vacantes,
aspectos que fueron propios del trámite de cumplimiento y desacato. La tutela contra

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06472-01
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndrez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

providencia judicial no puede convertirse en el escenario para reabrir esa discusión,
ni para reemplazar el análisis del juez natural sobre si la entidad cumplió o no la
orden judicial.

Además, la Sala observa que la tesis de imposibilidad jurídica y material no fue ajena
al trámite posterior al desacato. La DIAN solicitó la inaplicación de la sanción y la
modulación del fallo, con fundamento en la inexistencia de vacantes suficientes para
nombrar al tutelante; sin embargo, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Armenia negó esa solicitud, al considerar que no se había acreditado el cumplimiento
de todas las órdenes impartidas y que la obligación no podía entenderse satisfecha
únicamente con la afirmación de ausencia de vacantes. Esta circunstancia confirma
que el debate propuesto por la recurrente corresponde al seguimiento del fallo de
tutela y al alcance de las medidas de cumplimiento, no a una vulneración
constitucional autónoma atribuible a las providencias censuradas.

Frente al argumento de ausencia de responsabilidad subjetiva, la Sala advierte que
este tampoco habilita la intervención excepcional del juez constitucional. El Tribunal
Administrativo del Quindío partió expresamente de la naturaleza sancionatoria del
desacato y de la necesidad de acreditar responsabilidad subjetiva en el
incumplimiento del fallo de tutela. A partir de ello, concluyó que los funcionarios
responsables habían sido renuentes al no dar alcance efectivo a las decisiones ni
acreditar un avance significativo en la materialización de la orden. De ese modo, la
recurrente no demostró que el tribunal hubiera impuesto una responsabilidad objetiva
o automática, sino que manifestó desacuerdo con la conclusión a la que llegó esa
autoridad judicial sobre la conducta de los funcionarios sancionados.

La Sala tampoco encuentra que la invocación del derecho al buen nombre permita
superar el requisito de relevancia constitucional. La sanción cuestionada fue
impuesta dentro de un trámite judicial previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de
1991, como consecuencia de la verificación realizada por el juez competente sobre
el presunto incumplimiento de una orden de tutela. En ese sentido, la afectación
alegada al buen nombre depende enteramente de la inconformidad frente a la

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Accionante: Pedro José Arrieta Meléndrez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

sanción de desacato, sin que se haya formulado una carga argumentativa autónoma
que evidencie una lesión constitucional independiente, grave y directa de esa
garantía fundamental.

Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no supera el requisito general
de relevancia constitucional. La solicitud de amparo no plantea un juicio de validez
constitucional sobre las providencias dictadas en el incidente de desacato, sino un
juicio de corrección sobre la forma en que el Tribunal Administrativo del Quindío y el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Armenia interpretaron la orden de
tutela, valoraron las pruebas del cumplimiento, apreciaron la equivalencia de los
cargos y determinaron la responsabilidad de los funcionarios sancionados. En esos
términos, el debate se contrae a una controversia legal, probatoria y técnica sobre el
cumplimiento de una orden judicial, que no puede ser reabierta por vía de tutela como
si se tratara de una instancia adicional.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia impugnada, que negó el amparo
solicitado por Pedro José Arrieta Meléndrez, y, en su lugar, declarará improcedente
la acción de tutela por no acreditarse el requisito general de relevancia constitucional
exigido para la procedencia excepcional del amparo contra providencias judiciales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 19 de diciembre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, mediante la cual se negó el
amparo solicitado por Pedro José Arrieta Meléndrez. En su lugar, DECLARAR
improcedente la acción de tutela promovida por Pedro José Arrieta Meléndrez contra
el Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Armenia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-06472-01
Accionante: Pedro José Arrieta Meléndrez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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