Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06502-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06502-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06502-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
26 de febrero de 2026
Demandante: Nancy Stella Quintero Ocampo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06502-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06502-01
Demandante: NANCY STELLA QUINTERO OCAMPO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma el fallo de
primera instancia por no superar el requisito de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación instaurada por la actora contra la sentencia del 13 de
noviembre de 2025, por la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela impetrada.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
La señora Nancy Stella Quintero Ocampo, por intermedio de apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
Estimó vulneradas las garantías constitucionales invocadas con ocasión de la
providencia del 8 de agosto de 2025 dictada por la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado que revocó la sentencia proferida el 12 de mayo de 2023
por el Tribunal Administrativo de Caldas y, en su lugar negó, las pretensiones de la
demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 17001-23-33-000-2022-00107-00/01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
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Demandante: Nancy Stella Quintero Ocampo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06502-01
Solicito muy respetuosamente que, tanto por defecto sustantivo como por
defecto fáctico y desconocimiento del precedente, se anule la sentencia
proferida por el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A, el día 8 de agosto de 2025, dentro del proceso de
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE CARÁCTR
LABORAL, adelantado por NANCY STELLA QUINTERO OCAMPO,
radicado con el número 17001-23-33-000-2022-00107-01 (3206-2024).
En relación con el fallo de primera instancia, solicito su confirmación y,
como decisión definitiva, que se acceda a las pretensiones de la
demanda, manteniéndose en su integridad las condenas impuestas en la
sentencia de primera instancia1.
1.3. Hechos
La parte actora narró los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la sala,
resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto.
La actora estuvo vinculada al Servicio Nacional de Aprendizaje [en adelante SENA]
mediante contratos de prestación de servicios celebrados entre el 15 de marzo de
2011 y el 18 de diciembre de 2020. Al interior de la institución se desempeñó como
como instructora virtual en el Centro Agropecuario de Buga y en la regional Caldas,
donde impartió formación en las áreas de contabilidad, hotelería y salud
ocupacional.
Comentó que el 26 de mayo de 2022 promovió una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el SENA. Fundamentó el medio de control en
la negativa de la entidad de reconocer sus derechos laborales. Solicitó que se
declarara la existencia de una relación laboral encubierta por la modalidad de
contratación de prestación de servicios y que, en consecuencia, se ordenara el pago
de las prestaciones sociales derivadas de dicha relación laboral.
Explicó que el 12 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Caldas dictó
sentencia a su favor, al declarar la existencia del contrato realidad y, en
consecuencia, condenó al SENA a liquidar y pagar las prestaciones sociales,
salarios y aportes pensionales2, al establecer que la demandante ejecutó sus
funciones bajo subordinación.
1 Transcripción literal del escrito de tutela presentado, con posibles errores.
2 «Se ordenará liquidar y pagar a favor de Nancy Stella Quintero Ocampo, las sumas equivalentes a
todas las prestaciones sociales y salariales ordinarias dejadas de percibir, liquidadas conforme al
valor de los honorarios percibidos por la accionante de manera mensual, debidamente indexadas.
Dicha liquidación y pago de prestaciones deberá efectuarse para los siguientes periodos: Del 15 de
marzo de 2011 al 30 de noviembre de 2018 y del 4 de febrero al 18 de diciembre de 2020, de acuerdo
a los periodos señalados en los contratos de prestación de servicios». Sentencia No. 100 del 12 de
mayo de 2023 del Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Tercera de Decisión. Radicado. 17001-
23-33-000-2022-00107-00.
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Demandante: Nancy Stella Quintero Ocampo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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Indicó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, resolvió el 8 de
agosto de 20253 la apelación interpuesta por el SENA que este revocó la sentencia
del Tribunal Administrativo de Caldas. La corporación concluyó que los contratos
suscritos entre marzo de 2011 y diciembre de 2020, junto con los informes de
supervisión y ejecución, evidenciaban únicamente una coordinación propia de la
contratación estatal, sin que se acreditara subordinación continuada. Asimismo,
desestimó las pruebas testimoniales al considerar que las declaraciones carecían
de especificidad, que el uso de plataformas y bibliografía resultaba lógico para el
desarrollo de los cursos y que no existían pruebas sobre el ejercicio de poder
disciplinario por parte del SENA. Finalmente, sostuvo que no se demostró ausencia
de autonomía, integración en el círculo rector de la entidad ni facultades
disciplinarias sobre la actora.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora sostuvo que la sentencia del Consejo de Estado vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. Argumentó que la providencia desconoció la realidad probatoria contenida
en el expediente y la jurisprudencia vigente, lo que impidió la efectividad de los
derechos laborales reconocidos en primera instancia.
Específicamente la accionante alegó los siguientes defectos:
• Defecto fáctico, por omisión y valoración errónea de pruebas por parte del
Consejo de Estado. Señaló que el alto tribunal no valoró integralmente el
acervo probatorio, lo que derivó en una decisión contraria a la realidad
procesal. Precisó que se omitieron 546 folios documentales que acreditaban
subordinación, se desestimaron pruebas sobre ausencia de autonomía
técnica, se ignoraron registros de control de tiempo y horario, se negó la
existencia de poder disciplinario y se dejaron sin análisis testimonios de
funcionarios de planta que confirmaban la falta de independencia de la
actora.
• Desconocimiento del precedente en materia de contrato realidad4, toda vez
que, en su criterio, la autoridad judicial omitió aplicar las subreglas sobre
subordinación establecidas en la sentencia del Consejo de Estado del 9 de
septiembre de 2021 y en la Sentencia 00260 de 2016. La Sección Segunda
del Consejo de Estado, mediante sentencia 05001-23-33-000-2013-01143-
01 (1317-2016), fijó como criterios para acreditar la existencia de una relación
3 El despacho precisa que la fecha señalada por la parte actora en el escrito de tutela, 21 de agosto
de 2025, no es correcta. Informa que la providencia que resuelve el recurso de apelación se profiere
el 8 de agosto de 2025 y se notifica el 28 del mismo mes y año mediante correo electrónico. Índices
20 y 23 de Samai. Rad. 17001-23-33-000-2022-00107-00/01.
4 También se citaron: Sentencia 00260 DE 2016, Consejo de Estado, CESUJ2 No. 5 del 25 de agosto
de 2016, radicación 23001233300020130026001 (00882015), proferida por la Sección Segunda.
Sentencia C-614 de 2009, Sentencia SU 448 de 2016, Sentencia SL2857 de 2023 de la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia.
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laboral la prestación personal del servicio y la subordinación. La primera se
acreditó con los contratos y testimonios que confirmaron que la demandante
debía ejecutar directamente las labores sin delegarlas en terceros. La
segunda se evidenció en las comunicaciones internas que imponían horarios
de capacitación y en las instrucciones precisas sobre la forma de ejecutar el
objeto contractual. Los testigos señalaron que el SENA le suministraba
instrumentos de trabajo y bibliografía obligatoria, mientras verificaba el
cumplimiento de los planes de estudio y cuestionarios diseñados por la
entidad.
Precisó que en el fallo se ignoró que la subordinación se acredita mediante órdenes,
condiciones de desempeño impuestas y uso de elementos de trabajo de la entidad,
todos probados en el caso. Además, reprochó que el máximo tribunal exigiera
pruebas imposibles de aportar para efectos de demostrar la falta de autonomía,
desconociendo la Sentencia SU 448 de 2016 de la Corte Constitucional, que ordena
inferir la relación laboral a partir de indicios y aplicar el principio de primacía de la
realidad sobre las formas.
1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
Mediante auto del 22 de octubre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.
Asimismo, se dispuso la vinculación del Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA] y
del Tribunal Administrativo de Caldas como terceros con interés directo en el
resultado del proceso.
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6. Contestaciones
1.6.1. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Óscar Andrés Maldonado Mora, en calidad de director regional encargado del
SENA, Regional Caldas, sostuvo que la acción de tutela interpuesta por Nancy
Stella Quintero Ocampo resultaba improcedente. Argumentó que la demandante
pretendía usar este mecanismo constitucional como una instancia adicional para
reabrir un debate probatorio y legal ya resuelto por el juez natural.
Afirmó que el Consejo de Estado resolvió el asunto en su sentencia del 8 de agosto
de 2025. Indicó que la corporación revocó el fallo inicial y determinó la inexistencia
de una relación laboral, al considerar que no se acreditó la subordinación como
elemento esencial.
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Sostuvo que los testimonios aportados por la actora no acreditaban subordinación,
pues los testigos no conocían las particularidades del contrato en el periodo y lugar
reclamados o se apoyaban en vivencias propias ajenas al caso. En consecuencia,
pidió al Juez Constitucional declarar improcedente la tutela, al estimar que no existió
vulneración de derechos fundamentales y que se garantizó el debido proceso.
1.6.2. Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado
Con escrito del 27 de octubre de 20255, el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo
rindió informe en los siguientes términos:
Sostuvo que la decisión del 8 de agosto de 2025 revocó el fallo inicial al concluir
que no se demostró subordinación permanente. Afirmó que no se configuró defecto
fáctico, ya que la providencia realizó un análisis completo del material probatorio,
incluyendo documentos electrónicos, registros de planillas, comunicaciones y
declaraciones testimoniales.
Determinó que la demandante no acreditó subordinación continuada, sino la
coordinación característica de la contratación por prestación de servicios. Las
directrices presentadas resultaron aisladas y sin la contundencia necesaria para
modificar la naturaleza del contrato.
Argumentó que las providencias invocadas por la accionante, en las que se
reconoció relación laboral, no constituían precedente aplicable, pues sus supuestos
fácticos diferían del caso objeto de análisis. Señaló que la parte actora no identificó
una norma concreta que hubiera sido inaplicada o interpretada de manera
irrazonable en la decisión cuestionada.
Con fundamento en lo anterior, solicitó al juez constitucional denegar las
pretensiones de la acción de tutela.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 13 de noviembre de 2025, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela promovida contra la providencia
del 8 de agosto de 2025, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado 17001‑23‑33‑000‑2022‑00107‑00/01.
Consideró que el asunto no cumplió con el requisito de relevancia constitucional
porque la parte accionante no formuló la controversia desde un enfoque
constitucional y, en su lugar, pretendió que la tutela operara como una tercera
instancia destinada a reabrir un debate jurídico que el juez natural ya había resuelto.
5 Índice 12 Samai, rad 11001-03-15-000-2025-06502-00.
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La corporación examinó la providencia cuestionada y estableció que el juez de
segunda instancia no incurrió en arbitrariedad ni vulneró los derechos
fundamentales invocados. Precisó que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado revocó la sentencia inicial al constatar la ausencia de pruebas
que acreditaran una subordinación permanente en el contrato de prestación de
servicios. Por esa razón, la Sección Primera reiteró que la tutela contra providencias
judiciales se ejerció como un juicio de validez y no como un mecanismo adicional
para controvertir aspectos probatorios.
1.8. Impugnación
La accionante manifestó que la acción de tutela no se dirigió contra la valoración de
los testimonios ni contra el convencimiento derivado de ellos por parte del juez. En
oposición, la impugnante alegó que el fallador de segunda instancia incurrió en un
defecto fáctico consistente en la omisión de elementos probatorios.
Sostuvo que la providencia examinada limitó su estudio a los testimonios y a los
contratos de prestación de servicios, omitiendo la valoración de 490 6 piezas
documentales que obraban en el expediente y que acreditaban la subordinación, la
dirección sobre la ejecución y la intensidad del trabajo, así como la existencia de
medidas disciplinarias impuestas a la demandante.
Indicó que la ausencia de valoración de dicho material probatorio evidenció la
vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, concluyó que, al encontrarse acreditados los hechos a partir de
la documentación omitida, resultaba imperativo garantizar la aplicación del
precedente judicial ajustable al asunto.
1.9. Actuaciones en segunda instancia
El 21 de enero de 20267, estando el expediente al despacho para resolver la
impugnación presentada por la parte demandada, el magistrado ponente de esta
6 Citaciones mensuales obligatorias para asistir al grupo primario entre 2016 y 2018, registros en la
plataforma SOFÍA PLUS que evidencian las horas laboradas y el cumplimiento de las actividades,
equivalentes al horario de trabajo de los instructores presenciales. Listas de chequeo que establecían
el tiempo, modo y cantidad de trabajo exigidos por el SENA, incluyendo observaciones correctivas y
calificaciones de desempeño. Estadísticas de actividades realizadas por la demandante en la
plataforma, que muestran la hora de ingreso, salida y las actividades ejecutadas. Documentos sobre
citaciones presenciales para reuniones obligatorias, capacitaciones y actividades en las oficinas del
SENA, incluyendo actas de asistencia firmadas. Correos electrónicos enviados por el SENA, que
contenían cronogramas, planeadores de actividades y directrices sobre cómo debía realizar sus
funciones. Informes de seguimiento realizados por los gestores virtuales, que incluían observaciones
sobre el desempeño de la demandante y llamados de atención. Registros de conexión y actividades
realizadas por la demandante en las plataformas virtuales del SENA, como BlackBoard y Territorium.
Documentos sobre el reglamento interno de trabajo, que establecen la obligación de cumplir con las
normas internas del SENA. Pruebas relacionadas con el contrato realidad, como los contratos de
prestación de servicios, que evidencian la prestación personal del servicio, subordinación y
remuneración.
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decisión manifestó estar impedido para conocer del asunto de la referencia al
invocar la causal prevista en el numeral 1° del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal8; sin embargo, mediante auto del 29 de enero9 de la misma
anualidad, la sala la declaró infundada al no encontrar demostrado el interés
invocado.
Asimismo, la magistrada Gloria María Gómez Montoya manifestó impedimento para
conocer y decidir el presente mecanismo constitucional. Indicó que se encuentra
incursa en la causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal.10
Al respecto, expuso que sostiene una amistad íntima y entrañable con el magistrado
Jorge Iván Duque Gutiérrez, quien suscribió la providencia del 21 de agosto de 2025
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, enjuiciada al
interior de la presente acción de tutela.
La sala por auto de la misma fecha de la presente providencia, declaró infundado el
impedimento manifestado por la doctora Gómez Montoya, pues no se encontraron
los supuestos de hecho establecidos en la norma para la configuración de la causal
invocada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de
199111, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como por el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019, de la sala plena
de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si procede confirmar, revocar o modificar el fallo
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela promovida por la
señora Nancy Stella Quintero Ocampo contra la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
8 ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
(…)
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente
suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la
actuación procesal.
9 Índice 9 Samai, rad. 11001-03-15-000-2025-06502-01.
10
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: […] 5. Que
exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o
perjudicado y el funcionario judicial.
11 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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La parte actora alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la providencia
del 8 de agosto de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con radicado 11001-03-15-000-2025-06502-00/01.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales;
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados
se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201212, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
12 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Del requisito de relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022, en cuanto a la procedencia
de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…) (Énfasis de la Sala)
La sala en sentencia del 29 de septiembre de 202213, modificó la postura que tenía
hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en
especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan
a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la necesidad de
desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una garantía
constitucional.
De esta manera, la sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y
acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no
basta que simplemente se aduzca la vulneración de aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo solo
está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la
discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser
un debate exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas
a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede convertirse en una
tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de
una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este
mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre 14.
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
2.5. Caso concreto
La señora Nancy Stella Quintero Ocampo interpuso acción de tutela contra la
sentencia emitida el 8 de agosto de 2025 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 17001‑23‑33‑000‑2022‑00107‑01
(3206‑2024).
Expuso que la providencia incurrió en un defecto fáctico debido a la omisión en la
valoración de 546 folios que evidenciaban la inexistencia de autonomía técnica y la
presencia de subordinación mediante la fijación de horarios y la utilización de
plataformas institucionales.
Alegó también que la autoridad desconoció el precedente jurisprudencial relativo a
la primacía de la realidad sobre las formas, pues las pruebas demostraron que
desempeñó funciones permanentes y comparables a las del personal de planta.
14 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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Sostuvo que el fallo, pese a ello, descartó la existencia de una relación laboral
encubierta por contratos de prestación de servicios.
El a quo constitucional declaró improcedente la acción de tutela tras advertir la
ausencia de relevancia constitucional, pues observó que la accionante buscaba
utilizar este mecanismo como una tercera instancia destinada a reabrir un debate
jurídico y probatorio sobre la existencia del contrato realidad, ya resuelto por la
jurisdicción ordinaria competente.
Determinó que la providencia cuestionada no era arbitraria, dado que efectuó una
valoración razonada del material probatorio para descartar la subordinación
continuada. Concluyó que la mera inconformidad frente a un fallo adverso no
constituía motivo suficiente para habilitar la intervención del juez constitucional.
La señora Quintero Ocampo impugnó la decisión del a quo constitucional al iterar
que la segunda instancia ignoró documentos que demostraban control sobre su
trabajo y la existencia de reglamentos internos.
Señaló que el fallo solo revisó testimonios y contratos, y pasó por alto pruebas que
desmentían que no existieran llamados de atención o facultades disciplinarias
(contenidos en los 490 documentos presentes en el expediente). Afirmó que no se
trató de una diferencia de interpretación, sino de una omisión probatoria que afectó
su derecho de acceso a la justicia.
Luego de revisar los antecedentes, la pretensión constitucional, las intervenciones,
el fallo inicial y su impugnación, la sala concluye que la acción de amparo no
procede, porque no cumple con el estándar de relevancia constitucional.
Lo anterior se explica en la medida en que el planteamiento carece de viabilidad
constitucional porque la accionante intenta reactivar un debate ya concluido en la
jurisdicción ordinaria, donde opera la cosa juzgada como mecanismo de seguridad
jurídica y cierre del litigio. Se advierte que la accionante reitera en sus escritos que
la falta de valoración de correos electrónicos, listas de chequeo que establecían el
tiempo, modo y cantidad de trabajo exigidos por el SENA, incluyendo observaciones
correctivas y calificaciones de desempeño e imágenes tomadas con dispositivo
celular constituye el error estructural que incidió en el sentido en que se dictó
sentencia ordinaria y en la decisión de tutela impugnada.
Así, resulta claro que las objeciones planteadas por la accionante se limitan a
manifestar su desacuerdo con la decisión que cerró el proceso del nulidad y
restablecimiento del derecho, sin que ese disenso permita afirmar, prima facie, la
existencia de una afectación a sus derechos constitucionales.
Como se estableció en líneas anteriores, para determinar si un asunto cuenta con
relevancia constitucional no basta con hacer la simple indicación de su
cumplimiento, pues como presupuesto general de la acción de tutela “…supone
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justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple
relación con aquel…”15. De igual manera, se precisa que dicho requisito tiene tres
finalidades, a saber:
… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional16 y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad17; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales18 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en
una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces19.
Por lo anterior, lo que se observa es un desacuerdo con las conclusiones
alcanzadas por la autoridad judicial, situación que no constituye razón suficiente
para la intervención del juez constitucional en la protección de derechos
fundamentales. De aceptarse lo contrario, se invadirían las competencias del juez
natural y se vulneraría el principio de autonomía judicial.
Por ello, esta sala concluye que no se acreditaron los criterios establecidos por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para superar el requisito de relevancia
constitucional. Pues resulta evidente que, la acción de tutela y los defectos
invocados por la parte accionante reflejan únicamente una inconformidad con lo
decidido por los jueces naturales y se reducen a una controversia de carácter legal.
En consecuencia, la sala confirmará la decisión que declaró improcedente el
mecanismo constitucional interpuesto por la parte actora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 13 de noviembre de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
15 Sentencia SU 573 de 2019.
16 “Sentencia C-590 de 2005.”
17 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
18 “Sentencia C-590 de 2005.”
19 “Sentencia T-102 de 2006.”
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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
y enviar copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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