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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00107-01

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2022-00107-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia. 9 consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2022-00107-01 (3206-2024) Demandante: Nancy Stella Quintero Ocampo TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2022-00107-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00107-01 (3206-2024)
Demandante: Nancy Stella Quintero Ocampo
Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Tema: Relación laboral encubierta – instructor del SENA

Decisión: Revoca la decisión de acceder a las pretensiones.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo
de Caldas.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Nancy Stella Quintero Ocampo presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que
se declare la nulidad del Oficio NIS 2021-01-220508 del 15 de julio de 2021,
mediante el cual la entidad demandada negó el reconocimiento de la existencia
de una relación laboral en los siguientes lapsos: del 15 de marzo del 2011 al 30
de noviembre de 2018 y del 4 de febrero de 2020 al 18 de diciembre de 2020, así
como el pago de las acreencias laborales y prestacionales derivadas de dicha
vinculación, período en el que se desempeñó como instructora.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago
de los emolumentos laborales dejados de percibir, incluidos salarios,
prestaciones sociales, vacaciones, primas de vacaciones, de navidad y de
servicios, así como las cesantías.

3. Reclamó también la indemnización por mora en el pago de las cesantías
definitivas durante el tiempo de vinculación, el reintegro del porcentaje
correspondiente a las cotizaciones pensionales a cargo del SENA como
empleador y la actualización de todas las sumas, conforme al inciso final del
artículo 187 del CPACA.

4. Pidió además, que la sentencia se cumpla en los términos del artículo 192
del mismo código y, de no imponerse la condena establecida en la Ley 1071 de
2006, que se causen intereses según lo previsto en el artículo 195 del CPACA.

5. En la demanda afirmó que prestó sus servicios al SENA mediante
contratos de prestación de servicios entre el 15 de marzo de 2011 y el 30 de
noviembre de 2018, y luego del 4 de febrero al 18 de diciembre de 2020.

1
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00107-01 (3206-2024)
Demandante: Nancy Stella Quintero Ocampo

6. Durante esos periodos se desempeñó como instructora, impartiendo
formación profesional en el Centro Agropecuario del SENA de Buga y en la
subdirección del SENA Caldas, en áreas como contabilidad y finanzas, hotelería
y turismo, seguridad y salud en el trabajo.

7. Además, cumplió jornada laboral y funciones idénticas a las de los
funcionarios de planta. Recibió órdenes directas del supervisor del contrato.
Desarrolló sus actividades bajo continuada subordinación y percibió una
remuneración económica como contraprestación a su labor.

8. Como concepto de la violación argumentó que el acto acusado infringió
las normas en que debía fundarse1. En ese sentido, señaló que la jurisprudencia
del Consejo de Estado2 ha establecido «que la subordinación implica: i) una labor
permanente, ii) que se renueve el mismo objeto contractual con la misma
persona, iii) que las funciones sean del objeto social de la entidad, y, iv) que tenga
funciones iguales a las del personal de planta»; supuestos que se cumplen en su
caso concreto.

Contestación de la demanda

9. La entidad demandada guardó silencio.

Solicitud de nulidad

10. El apoderado judicial del SENA solicitó la nulidad procesal con
fundamento en una presunta indebida notificación del auto admisorio de la
demanda. Alegó que dicha providencia fue expedida el 28 de julio de 2022 y que
fue notificada por estado conforme al artículo 201 del CPACA, pero no se surtió
la notificación personal establecida en el artículo 199 del CPACA en debida
forma.

11. Al respecto, sostuvo que el correo electrónico enviado no especificaba el
tipo de actuación que se estaba notificando, ni hacía alusión expresa al contenido
del auto, lo que —a su juicio— impide tener por surtido el requisito de notificación
personal.

1
Artículos 2,4, 6, 13, 25, 28, 53, 83,90, 122, 123, 124, 125,209,226,229,300 y 305 de la
Constitución Política; 1,5,6 y 8 del Decreto 3135 de 1968; Decreto 1848 de 1969; 3 y 5 del Decreto
3130 de 1968; Decreto 1950 de 1973; Decreto 1042 de 1978; 32 de la Ley 80 de 1993; Ley 244
de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006; 23 y 24 CST; 2 del Decreto 2400 de 1968; Decreto
1950 de 1973; 3.4.2.5.1 del Decreto 734 del 2012, 43 reiterando el contenido del artículo 82 del
Decreto 2474 de 2008; 82 del Decreto 2474 de 2008, 42 modificado a su vez por el Decreto 4266
de 2010; numeral 29 del artículo 48 del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002); artículo 87
de la Ley 1474 de 2011.
2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación:
23001233300020130011701(3730-2014); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, radicación: 05001-23-33-000-2013-01143-01(1317-16)CE-
SUJ2-025-21.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00107-01 (3206-2024)
Demandante: Nancy Stella Quintero Ocampo

12. Mediante auto del 10 de noviembre de 2022, el Tribunal negó la solicitud
de nulidad procesal al considerar que la entidad demandada fue notificada en
debida forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 199 del CPACA. En cuanto
al argumento planteado, señaló que se remitió copia de la demanda y del auto
admisorio al correo electrónico judicialcaldas@sena.edu.co, con el asunto
«Notificación auto admite demanda 17-001-23-33-000-2022-00107-00»,
dirección que, según lo informado en la página web institucional del SENA, se
encuentra habilitada para recibir notificaciones judiciales.

13. Al no estar conforme con la decisión, la entidad demandada interpuso
recurso de reposición y, en subsidio, apelación, argumentando que resultaba
jurídicamente improcedente realizar la notificación de una misma actuación
procesal de forma simultánea conforme a los artículos 199 y 201 del CPACA. En
su criterio, ello configura una irregularidad que vulnera las reglas sobre los
medios de notificación establecidos en dicho estatuto procesal.

14. En audiencia celebrada el 9 de febrero de 2023, el Tribunal resolvió el
recurso de reposición interpuesto por la entidad demandada, confirmando la
decisión que negó la solicitud de nulidad procesal.

15. Así mismo, rechazó por improcedente el recurso de apelación propuesto,
por cuanto dicha providencia no se encuentra dentro de las susceptibles de
apelación conforme al listado taxativo del artículo 243 del CPACA.

Sentencia apelada

16. Mediante la sentencia del 12 de mayo de 20233, el Tribunal Administrativo
de Caldas accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

17. Como fundamentos de la decisión argumentó que, conforme a los
contratos de prestación de servicios aportados al proceso, se encuentra
debidamente acreditado que la demandante estuvo vinculada al SENA, en
calidad de instructora, durante los siguientes períodos: del 15 de marzo al 30 de
junio de 2011; del 11 de julio al 11 de diciembre de 2011; del 1 de febrero al 4 de
julio de 2012; del 16 de julio al 15 de diciembre 2012; del 13 de febrero al 16 de
diciembre de 2013; el 20 de enero al 15 de julio de 2014; del 17 de enero al 12
de diciembre de 2015; del 1 de febrero al 31 de octubre de 2016; del 1 de
noviembre al 16 de diciembre de 2016; del 1 de febrero al 13 de noviembre de
2017 y del 4 de febrero al 18 de diciembre de 20204.

18. Igualmente, se estableció que los objetos de los contratos consistían en
la prestación de servicios como instructora para impartir formación en diversas
áreas.

3
Índice 36 de SAMAI del Tribunal.
4
Contratos de prestación de servicios: 152 de 2011; 294 de 2011;120 de 2011; 335 de 2012;1135
de 2013,119 de 2014; 2573 de 2014; 194 de 2015; 289 de 2016; 1173 de 2016; 502 de 2017; 399
de 2018; y 1333765 de 2020.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2022-00107-01 (3206-2024)
Demandante: Nancy Stella Quintero Ocampo

19. Se advirtió que los testigos Alejandro Noreña Giraldo, Roger Meza
Martínez, Janelly Herrera, Marcelo García Salgado y Orlando Lizarazo
coincidieron en señalar que la señora Nancy Stella Quintero Ocampo se
desempeñó como instructora en cursos de hotelería, turismo y seguridad en el
trabajo dirigidos a aprendices del SENA.

20. Además, manifestaron que la formación se impartía a través de la
plataforma virtual, en la cual realizaba acompañamiento, resolvía dudas,
calificaba actividades y brindaba retroalimentación.

21. Respecto de la remuneración por los servicios prestados, observó que se
encuentra demostrado que en los contratos se estipuló una cláusula de «valor y
forma de pago», lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio
o el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios o
salario).

22. Señaló que conforme a los criterios establecidos en la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021, hay suficientes indicios para dar por
demostrado el elemento de la subordinación.

23. En ese sentido, afirmó que Alejandro Noreña Giraldo declaró que a la
demandante se le asignaban cinco cursos, cada uno con entre 80 y 90
aprendices, y que el acompañamiento era obligatorio por un mínimo de dos horas
por grupo.

24. También argumentó que Roger Meza Martínez, Janelly Herrera y Orlando
Lizarazo coincidieron en relatar que a la demandante se le asignaban cuatro
cursos de aprendices, los cuales debían ser acompañados mediante sesiones
virtuales.

25. Por otra parte, indicaron que laboraba más de ocho horas, dado que debía
responder las dudas en los foros y hacer seguimiento a las tareas asignadas. Las
clases se dictaban según el cronograma establecido por el SENA y en días
hábiles.

26. En consecuencia, concluyó que no puede hablarse de una simple relación
de coordinación, pues el ejercicio de las funciones por parte de la accionante
estaba sujeta a medidas y órdenes impuestas por la entidad demandada, tal
como la obligación de cumplir con un mínimo de dos horas por cada curso
asignado, lo que, al corresponderle cuatro grupos, implicaba una dedicación
diaria no inferior a ocho horas.

27. Además, se exigía que la prestación del servicio fuera realizada
directamente por la contratista, sin posibilidad de delegación, y que esta asumiera
diversas funciones relacionadas con la institución.

28. El tribunal determinó que no se configuró la prescripción extintiva de las
acreencias laborales, toda vez que, entre la finalización de los contratos y la fecha

4
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Demandante: Nancy Stella Quintero Ocampo

de reclamación (29 de junio de 2021), no transcurrieron más de 3 años, así
mismo, la demanda fue instaurada el 6 de octubre de 2021.

29. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas a la entidad
demandada.

Recurso de apelación

30. El apoderado de la entidad demandada interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia5, en el que reiteró que se cometió una
irregularidad que afecta el derecho fundamental al debido proceso por la indebida
notificación del auto admisorio de la demanda.

31. Por otra parte, argumentó que debe declararse la prescripción de las
prestaciones sociales que no fueron reclamadas dentro de los 3 años siguientes
a la finalización de los diferentes periodos contractuales con la salvedad a los
aportes a pensión.

32. A ello agregó que el Tribunal no efectuó el análisis de la prescripción
conforme a la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 y que para
los funcionarios del SENA el sábado se encuentra incluido dentro de la jornada
laboral, así como para los contratistas, respecto la contabilización de los días
hábiles referenció la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado6.

33. Señaló que en los contratos celebrados entre el 2017 y 2018 existió una
interrupción superior a 64 días hábiles teniendo en cuenta los sábados; y la
reclamación fue efectuada el 29 de junio de 2021, es decir que cualquier
reclamación que se realizara sobre el contrato 502 de 2017 hacía atrás se
encuentra prescrito.

34. Por último, precisó que los testimonios rendidos en el proceso no tienen la
suficiente claridad y contundencia para demostrar la subordinación para declarar
la existencia de la relación laboral.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

35. En auto del 29 de agosto de 20247, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada.

36. La parte demandante y la entidad demandada no emitieron
pronunciamiento alguno8.

5
Índice 35 de SAMAI del Tribunal.
6
Sentencia Nro. 10.174 de abril 29 de 1983
7
Índice 10 SAMAI del Consejo de Estado
8
Índice 13 SAMAI del Consejo de Estado.

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Demandante: Nancy Stella Quintero Ocampo

37. El agente del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que se
confirme la sentencia de primera instancia, al considerar que la labor
desarrollada por la demandante se ejecutaba de manera personal, era
remunerada y se prestaba bajo continuada subordinación9.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

38. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.

Problema jurídico

39. Conforme a los argumentos expuestos en el escrito de apelación,
corresponde determinar si: (i) debe declararse la nulidad de la providencia
impugnada por la indebida notificación del auto admisorio de la demanda; (ii) si
el Tribunal valoró indebidamente las pruebas relacionadas con la continuada
subordinación en la prestación del servicio; y (iii) si se presentó el fenómeno de
la prescripción de las prestaciones sociales.

Análisis del problema jurídico

40. En relación con el argumento planteado por el apoderado judicial del
SENA, relacionado con la indebida notificación del auto admisorio de la demanda,
cabe precisar que la entidad demandada presentó solicitud de nulidad ante el
Tribunal, la cual fue resuelta negativamente.

41. De igual manera, en el escrito de apelación se señaló que interpuso
acción de tutela10, la cual fue declarada improcedente.

42. Por otra parte, tal como lo advirtió el Tribunal en la providencia del 10 de
noviembre de 2022, el auto admisorio estuvo debidamente notificado.

43. En consecuencia, no resulta procedente tramitar la referida solicitud, toda
vez que se han agotado los mecanismos procesales establecidos por la ley.

9
Índice 16 SAMAI del Consejo de Estado.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, radicados:
11001031500020230036300 [01]

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44. De acuerdo con las pruebas documentales aportadas al proceso, la
demandante suscribió contratos de prestación de servicios con la entidad
demandada desde marzo de 2011 hasta diciembre de 2020.

45. Del análisis integral del acervo probatorio (documental y testimonial) la
Sala concluye que la accionante no acreditó el elemento de la continuada
subordinación por las siguientes razones:

46. Por un lado, las pruebas documentales (contratos de prestación de
servicios, informes de supervisión y ejecución de actividades, etc.)11 dan cuenta
de que la demandante se desempeñó como instructora del SENA entre marzo de
2011 y diciembre de 2020, de manera interrumpida, a cambio de unos honorarios,
y sus tareas estaban relacionadas con la formación en el Centro Agropecuario
del SENA de Buga y en la subdirección del SENA Caldas y no se puede
considerar que por sí mismos impliquen la continuada subordinación, puesto que
los contratistas son colaboradores del Estado y coadyuvan con las entidades en
el logro de sus fines.

47. En primera instancia se practicaron los testimonios de Janelly Herrera12,
Marcelo García Salgado13, Orlando Lizarazo14 , Alejandro Noreña Giraldo15 y
Roger Mesa Martínez16, quienes manifestaron que la demandante prestó
servicios como instructora de diferentes cursos virtuales en el SENA; además
aseveraron que a cada instructor se le asignaban cuatro grupos de aprendices, y
que era obligatorio el uso del cronograma y de la plataforma asignada por el
SENA; asimismo afirmaron que se debían conectar como mínimo dos horas y
contestar las preguntas del foro en menos de veinticuatro horas.

48. Por su parte, Roger Meza Martínez declaró que los instructores se
reunían mensualmente a través de las plataformas Blackboard y Territorium, a
las cuales accedían mediante un correo institucional asignado por el SENA; que
la asistencia era verificada por los coordinadores y que se exigía la prestación
del servicio durante cuatro horas en la mañana y cuatro en la tarde. No obstante,
en la práctica se laboraba por más de ocho horas, ya que era necesario atender
las dudas en los foros. De no hacerlo, podían recibir calificaciones desfavorables,
llamados de atención o incluso la terminación del contrato.

49. Igualmente, manifestó que no podían cambiar la bibliografía que
establecía el SENA para dictar los cursos y que tenían como jefe directo al
coordinador académico, el cual le reportaba al coordinador del centro.

11
Folio 93 al 572. Índice 36 SAMAI del Tribunal. Archivo demanda y anexos.
12
Presta sus servicios como instructor de planta en el SENA desde el 2006 hasta la fecha.
13
Presta sus servicios como contratista del SENA desde hace 11 años.
14
Presta sus servicios como instructor de planta en el SENA.
15
Prestó sus servicios en el SENA entre 2011 al 2020.
16
Prestó sus servicios como instructor en el SENA entre 2011 y 2018.

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50. En cuanto a la declaración de Alejandro Noreña Giraldo se resalta que
en esta aseveró que no era posible la modificación de la bibliografía utilizada en
los planes de estudio, ya que todo era previamente diseñado por el SENA; que
existía una lista de chequeo utilizada por los jefes directos con la cual se realizaba
una evaluación de desempeño de los instructores que se llevaba a cabo cada
mes o dos meses.

51. En este punto, la Sala debe recodar que la continuada subordinación
denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir
la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias
[…] se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el poder de
dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder
disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]»17.

52. Si bien es cierto los testimonios hicieron referencia a algunos elementos
que pueden ser indicativos de una relación laboral, no son concluyentes o no
demuestran fehacientemente la ausencia de independencia.

53. En ese sentido, es necesario poner de presente que, por una parte
hicieron afirmaciones generales acerca de la forma en la que todos los
instructores prestaban sus servicios, sin referirse a la situación concreta de la
demandante.

54. Por otra, de las escasas referencias a la forma en la que esta ejecutó sus
labores no es posible concluir su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la demandada, pues en el expediente no se encuentran pruebas
de llamados de atención, imposición de la forma en la que debía impartir los
cursos.

55. No es suficiente que se usen las plataformas dispuestas por la entidad,
puesto que es apenas lógico que exista un espacio establecido para desarrollar
el curso.

56. Por otra parte, si bien es cierto que existía una bibliografía dispuesta para
cada una de las áreas, no se demostró que careciera de libertad de cátedra, o
que se pueda advertir un verdadero direccionamiento en la manera de impartir
los cursos.

57. A pesar de las afirmaciones de los testigos, no se advierte que
concretamente a la demandante le hayan realizado calificaciones de desempeño,
y que los resultados obtenidos por esta hayan determinado su continuidad o no,
o la imposición de sanciones.

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).

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58. Adicionalmente, en el expediente no aparecen acreditados llamados de
atención a la demandante ni el ejercicio de alguna facultad disciplinaria o
correctiva por parte de la entidad accionada.

59. De acuerdo con lo anterior, se concluye que hay lugar a revocar la
decisión de acceder a las pretensiones, porque no se demostró el elemento de
la continuada subordinación.

60. Por ende, no hay lugar a analizar la prescripción de las prestaciones
sociales.

Condena en costas

61. El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil». Con base en esa regla legal, esta Subsección venía
sosteniendo que, para imponer la condena en costas en vigencia del CPACA, era
necesario realizar una valoración objetiva donde el juez, una vez comprobaba su
causación, y sin atender a factores subjetivos como la buena fe o la temeridad
de las partes, podía ordenarlas.

62. No obstante, dicha postura debe adecuarse a lo dispuesto por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, que adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA. En
este, se introdujo que la condena en costas procede cuando se establezca que
la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal, lo que
implica que sea forzoso examinar si los fundamentos vertidos en la actuación
procesal correspondiente se encuentran huérfanos de sustento legal plausible.
Tal situación acontece, por ejemplo, cuando las normas en que se fundamente
la tesis del caso no sean aplicables o se desconozcan reglas jurídicas pacíficas
producto de los precedentes fijados por esta Corporación.

63. En el presente caso, la demandante promovió la demanda con fundamento
en un respaldo legal serio y razonable, por lo que esta Sala se abstendrá de
imponer condena en costas de ambas instancias en su contra.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 12 de mayo de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Caldas, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO. Sin condena en costas en segunda instancia.

9
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Radicación: 17001-23-33-000-2022-00107-01 (3206-2024)
Demandante: Nancy Stella Quintero Ocampo

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes
y devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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