Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06506-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06506-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06506-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
13 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., trece (13) de marzo de dos mil veintiséis (2026).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06506-01
Accionado: LUIS JULIÁN CABEZAS RODRÍGUEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a la equidad / MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Reconocimiento de
una pensión gracia / DEFECTO FÁCTICO – No se encuentra acreditado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por los magistrados Luis
Eduardo Mesa Nieves, Jorge Iván Duque Gutiérrez y Juan Camilo Morales Trujillo,
como integrantes de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
contra la sentencia del 25 de noviembre de 2025, proferida por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en
el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del Decreto 2591 de
19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 15 de octubre de 2025, a través de apoderada, el señor Luis Julián Cabezas
Rodríguez promovió acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social y a la equidad. Lo anterior, con ocasión de
la expedición de la providencia del 20 de marzo de 2025, dictada en el curso del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 52001-
23-33-000-2017-00606-01.
Hechos relevantes
2. El señor Luis Julián Cabezas Rodríguez indicó que cumplió 50 años el 18 de
mayo de 2011 y estuvo vinculado como docente municipal en los siguientes
períodos:
1 Que ingresó a despacho para fallo el 19 de febrero de 2026.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06506-01
Accionante: Luis Julián Cabezas Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
̶ Desde el 12 de octubre de 1980 hasta el 30 de diciembre de 1983, por orden
del Decreto 084 del 22 de octubre de 1980.
̶ Desde el 26 de febrero de 1993 hasta el 6 de mayo de 2001, nombramiento
efectuado mediante Decreto 0048 del 26 de febrero de 1993.
̶ Desde el 7 de mayo de 2001 hasta el 12 de diciembre de 2004, a través del
Decreto 03669 del 07 de mayo de 2001
̶ Desde el 13 de diciembre de 2004 hasta el 8 de junio de 2016, nombrado
mediante Decreto 059 del 13 de diciembre de 2004.
3. El 19 de diciembre de 2014, la actora solicitó ante la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP- el reconocimiento y pago de una pensión gracia. La petición fue resuelta
de manera desfavorable a través de las Resoluciones núms. RDP 013759 del 10 de
abril de 2015 y RDP 046669 del 10 de noviembre de 2015, que desató el recurso
de apelación también de forma negativa a sus intereses.
4. Con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos precitados, la
tutelante interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP.
5. El conocimiento del proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Nariño,
que mediante sentencia del 13 de febrero de 2019 accedió a las pretensiones de la
demanda. En consecuencia, condenó a la UGPP a reconocer la pensión en favor
de la parte demandante a partir del 18 de mayo de 2011, aunque con efectos fiscales
desde el 19 de diciembre de 2011, al considerar configurado el fenómeno jurídico
de la prescripción respecto de las mesadas causadas con anterioridad.
6. Asimismo, dispuso que la prestación debía liquidarse aplicando el 75% del
promedio de lo devengado por la demandante durante el año inmediatamente
anterior a la fecha de adquisición del estatus pensional.
7. Como fundamento de su decisión, el a quo encontró que el actor cumplía con
todos los requisitos para acceder a la pensión gracia, debido a que la vinculación
docente fue del orden territorial y/o nacionalizado, con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980 hasta el 18 de julio de 2017 y cumplió con más de veinte años
de servicio, de conformidad con lo establecido en la Ley 91 de 1989.
8. La UGPP presentó recurso de apelación contra la decisión precitada, por
considerar que existía una inconsistencia entre el certificado de tiempo de servicios
de 30 de julio de 2014 y el certificado de información laboral de 5 de agosto de 2015,
pues en el primero se relacionó que el demandante laboró como rector de tiempo
completo con vinculación nacional desde 1993 hasta 2014; y en segundo, se indicó
que por ese periodo tuvo una vinculación del orden municipal, con fuente de
recursos propios. Al respecto, la entidad administrativa recurrente expuso:
“Es importante tener en cuenta las inconsistencias observadas, con relación
en las diferentes hojas de vida diligenciadas de la función pública, ya que en
ellas figura la misma fecha de ingreso a laborar con la secretaria de
educación municipal “26/02/1993" у no 1980 y en las diferentes
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06506-01
Accionante: Luis Julián Cabezas Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
certificaciones laborales expedidas con anterioridad, solo le certificaban
como fecha de ingreso 1993.
Finalmente, es de anotar que dentro de la misma diligencia se conoció, que
no existen documentos originales correspondientes al año 1980, que
soporten las certificaciones expedidas por el secretario de educación de la
citada alcaldía y ha esta fecha no cuentan con soportes originales para
certificar tiempos laborados antes del año 1980 PUESTO QUE POR
HECHOS OCURRIDOS EN AÑOS ANTERIORES COMO EL TERREMOTO
DEL AÑO 1979 Y EL INCENDIO A LA ALCALDÍA DE TUMACO ENTRE LOS
AÑOS 1980 A 1981, SEGUN LO MANIFESTADO VERBALMENTE POR EL
JEFE DE ARCHIVO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA VICTOR HUGO
HOLGUIN”.2
9. El recurso de apelación fue resuelto por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado que, por medio de sentencia del 20 de marzo de 2025, revocó
lo fallado en primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Ello, con base en que, el
accionante “no cumplió con el requisito mínimo de haber prestado servicio docente
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, con una vinculación del orden territorial
y/o nacionalizado, el cual resulta indispensable para obtener la pensión gracia” 3,
pues, los documentos que aportó para acreditarlo generaban duda respecto de la
fecha de vinculación.
Pretensiones
10. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“1. Declarar vulnerados los derechos fundamentales del debido proceso,
igualdad, seguridad social y otros que su señoría considere están
amenazados o en riesgo de serlo.
2.Ordenar a la entidad accionada resolver de nuevo la decisión de segunda
instancia y más bien conceder el derecho, confirmando la decisión de
primera instancia; esto es, ordenar el reconocimiento y pago de una pensión
gracia a favor del señor LUIS JULIÁN CABEZAS RODRÍGUEZ.
3.Ordenar a la UGPP que allegue prueba de la denuncia presentada ante la
fiscalía en contra del señor Cabezas por los supuestos delitos que le asigna
presuntivamente a mi mandante”4.
Fundamentos de la demanda de tutela
11. La parte demandante sostiene que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, con la expedición de la sentencia del 20 de marzo de 2025,
incurrió en un defecto fáctico “al omitir darle el valor probatorio merecid[o] a
pruebas documentales cruciales y, al mismo tiempo, otorgarle un valor desmedido
a un supuesto no concluyente”5, máxime, cuando “no se avizoran reproches de
2 Folios 4 y 5 de la sentencia del 20 de marzo de 2025, dictada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Archivo “35_Sentencia_26102019PGRACIAPRUEB_0_2025033
1105235356”.
3 Folio 18 ibid.
4 Folio 6 del escrito de tutela.
5 Folio 2 ibid.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06506-01
Accionante: Luis Julián Cabezas Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
violación a los procedimientos judiciales de la conducencia de la demanda y sus
pasos uno a uno que permitieron que el Tribunal de Nariño llegara a la convicción
de su decisión; esto es, acceder a las pretensiones de la demanda más aún cuando
[…] es experimentado en los temas que conciernen a los certificados expedidos por
la Secretaría de Educación de Tumaco, por razones de infraestructura y
afectaciones por razón de fuerza mayor ocasionados por el terremoto y los
incendios que hace marras destruyeron los archivos de la época […]”6.
12. Señaló que el concepto de violación presentado por la UGPP en el recurso de
apelación no guarda congruencia con lo decidido por el juez de primera instancia,
debido a que los argumentos que fundamentaron el recurso ya habían sido resueltos
por el Tribunal Administrativo de Nariño. Por ejemplo, lo relacionado con la falta de
acreditación de la vinculación del accionante como docente antes de 1981, “a
sabiendas de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de las vicisitudes por las
que ha pasado la Secretaría de Tumaco para restablecer sus hojas Kárdex de los
docentes municipales”7.
13. Además, esbozó que la UGPP se atribuyó facultades de investigador propias de
la competencia de la Fiscalía General de la Nación, pues “el fallador de segunda
instancia señala que la UGPP denunció en proceso penal contra el tutelante por
falsedad en documento público, estafa en grado de tentativa y fraude procesal,
derivando en demanda administrativa, proceso penal y además fungiendo como
agente investigador la UGPP”8. Sin embargo, expone que, “si el Magistrado ponente
de segunda instancia observa y se entera que media un asunto penal sobre la
idoneidad y legalidad de un documento público, debió entonces esperar las resultas
de la investigación penal y en su defecto confirmar la sentencia de primer grado y
esperar que el competente decida para que a partir de ese resultado que sería del
Juez penal, declarara responsable o no, al supuesto agente responsable del tipo
penal”9.
Trámite procesal
14. Por medio de auto del 20 de octubre de 2025, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar a la Subsección A de la Segunda del Consejo de Estado como accionado
y al Tribunal Administrativo de Nariño y a la UGPP como terceros con interés en las
resultas del proceso.
Intervenciones
15. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló en
la decisión del 20 de marzo de 2025 no se incurrió en un defecto fáctico, por cuanto
la valoración probatoria se realizó bajo las reglas de la sana crítica y con fundamento
en el precedente unificado sobre la materia. Así, precisó que, en aras de determinar
6 Ibid.
7 Folio 3 ibid.
8 Folio 4 ibid.
9 Ibid.
4
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Accionante: Luis Julián Cabezas Rodríguez
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
la vinculación territorial alegada, analizó los actos administrativos de nombramiento
y posesión del docente, sin que pudiera constatarse que cumpliera con los requisitos
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
16. La UGPP solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, en razón a que los hechos y pretensiones de la demanda se dirigen contra
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
17. El Tribunal Administrativo de Nariño aportó el enlace de acceso al expediente
contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
núm. 52001-23-33-000-2017-00606-01.
La sentencia de primera instancia
18. Por medio de sentencia del 25 de noviembre de 2025, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social del señor Luis Julián Cabezas
Rodríguez y accedió a las pretensiones de la acción de tutela.
19. El a quo consideró errada la valoración probatoria efectuada por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, toda vez que, “si bien es cierto
que, para acreditar el requisito de vinculación a la docencia municipal con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, el tutelante presentó una copia auténtica
del Decreto 084 de 22 de octubre de ese año, también lo es que esta fue emitida
por la Secretaría de Educación de Tumaco”10, por lo que sostuvo que le “llam[ó] la
atención”11 que no se le otorgara mérito probatorio al documento aportado.
20. En ese sentido, señaló que no debió recaer la carga de la prueba en la parte
demandante y que, además, se le exigiera una explicación de por qué no se allegó
el Decreto 084 de 22 de octubre de 1980 original u otros certificados que lo
respaldaran, cuando era un hecho notorio a nivel nacional que, entre 1979 y 1981
el municipio de Tumaco sufrió un terremoto y dos incendios de tal gravedad que
destruyeron los archivos de la alcaldía de esa época.
21. Por otro lado, adujo que, en este caso, la UGPP afirmó que instauró una
denuncia penal contra el actor por presunta comisión de los delitos de falsedad en
documento público, estafa en grado de tentativa y fraude procesal, “sin embargo, (i)
esta se basó en el hecho de que aquel no aportó el documento original de su
nombramiento el 22 de octubre de 1980, pese a que, como se ha reiterado en
párrafos precedentes, la copia auténtica que aportó fue expedida a por la entidad
municipal donde laboró, que, además, con ocasión de eventos catastróficos
causados por fuerzas naturales, perdió muchos de sus archivos y, en todo caso, (ii)
solo se adjuntó su constancia de radicación, mas no una sentencia condenatoria en
firme, por lo que, para la Sala es desacertado que se le niegue el derecho pensional
10 Folio 19 de la decisión de primera instancia.
11 Folio 20 ibid.
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Accionante: Luis Julián Cabezas Rodríguez
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
al actor, conforme a simples conjeturas carentes de verdad más allá de toda duda,
máxime, cuando ese juicio le corresponde al juez natural”12.
La impugnación
22. Los magistrados Luis Eduardo Mesa Nieves, Jorge Iván Duque Gutiérrez y Juan
Camilo Morales Trujillo, en calidad integrantes de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, presentaron impugnación contra la sentencia de
primera instancia, por considerar que, contrario a lo manifestado por el a quo, en la
decisión del 20 de marzo de 2025 se realizó un cuidadoso estudio y valoración de
las pruebas documentales alegadas por las partes.
23. Afirmaron que el Decreto 084 de 1980, con el cual la parte actora pretendía
demostrar el vínculo docente antes del 31 de diciembre de 1980, no ofrecía certeza
por ser una transcripción del acto administrativo y no una copia auténtica. En ese
sentido, sostuvieron que no se evidenciaba que este hubiese sido suscrito por las
autoridades que intervinieron en su producción.
24. Precisaron que, al juez del proceso ordinario, al margen de quien expidiera la
prueba, le correspondía realizar la valoración probatoria de rigor, tal como se hizo.
Así, insistieron en que en el caso concreto del señor Luis Julián Cabezas Rodríguez,
se dio plena aplicación a los artículos 165 y 167 del Código General del Proceso -
CGP- que regulan la libertad probatoria y la carga de la prueba, así como se tuvo
en cuenta el estándar probatorio a que hace referencia la sentencia de unificación
CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, en la que se consolidaron las reglas
jurisprudenciales en materia de pensión gracia.
25. Señalaron que, si bien en el municipio de Tumaco ocurrieron hechos que
ocasionaron la destrucción de los archivos de la Alcaldía Municipal entre los años
1979 y 1981, tal circunstancia, por sí sola, no eximía al solicitante de la pensión
gracia de acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos legales
exigidos para su reconocimiento, en atención a que le asistía también un interés en
dicho trámite y bien había podido promover el mismo, por lo que exigirle ello no
vulnera sus derechos fundamentales.
26. Expusieron que, precisamente esa fue la conclusión a la que se arribó en el
proceso ordinario, en el cual se indicó que el demandante contaba con mecanismos
a su alcance para suplir la ausencia de los documentos, como el trámite de
reconstrucción del expediente o la aportación de otros medios probatorios que,
apreciados de manera conjunta conforme a las reglas de la sana crítica, permitieran
establecer sin duda alguna la existencia del vínculo antes del 31 de diciembre de
1980.
27. De otra parte, manifestaron que no compartían la conclusión según la cual, por
haber sido la Alcaldía Municipal de Tumaco quien allegó los documentos, no
resultaba exigible al actor aportar pruebas adicionales de las que no disponía. En
su criterio, con independencia de la parte que incorporara la prueba al proceso, esta
12 Folios 21 y 22 ibid.
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Accionante: Luis Julián Cabezas Rodríguez
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
debía ser objeto de análisis y valoración por el juez, puesto que, sostener lo
contrario implicaría asumir que, por el sólo hecho de provenir de una autoridad
pública, su contenido goza automáticamente de plena certeza, lo cual no
necesariamente correspondía a la realidad.
28. Así, iteraron que, en la sentencia cuestionada por el tutelante, se esgrimieron
las razones por las cuales no se daba mérito probatorio a las pruebas documentales
aportadas con miras a acreditar un vínculo docente territorial o nacionalizado antes
del 31 de diciembre de 1980, las cuales “no ofrecían plena certeza sobre tal hecho,
y es que, se insiste, resulta contradictorio que se remita transcripción del acto de
nombramiento, pero de la verificación realizada por la UGPP en los archivos del
municipio de Tumaco se concluya que solo existía fotocopia ilegible del decreto 084
de 1980 -acto de designación-; de manera que, resulta factible cuestionarse de
dónde proviene la información que se certifica”13.
29. Finalmente, resaltaron que la decisión contenida en la sentencia del 20 de marzo
de 2025 no era caprichosa, sino que fue suficientemente motivada y guarda
coherencia con las decisiones que en casos similares ha emitido la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, entre estas, los expedientes bajo
radicados núms. 52001 23 33 000 2019 00499 01 (7304-2023), 52001-23-33-000-
2020-01115-01 (5806-2022), 52001 23 33 000 2021 00077 01 (1907–2024)1; en los
expedientes 52001 23 33 000 2019 00328 01 (4700-2022) 52001 23 33 000 2017
00674 01 (2597-2019), 52001 23 33 000 2015 00875 01 (1429-2018)2; y en los
procesos 52001-23-33-000-2021-00140-01 (4685-2023) y 52001-23-33-000-2016-
00439-01 (4925-2022).
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
30. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
31. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad?
32. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con la expedición de la sentencia
del 20 de marzo de 2025, incurrió en un defecto fáctico y, por consiguiente, en la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la equidad y a la
seguridad social de la parte accionante?
13 Folio 4. Archivo “032RECIBEMEMORIAL_IMPUGNACIONTUTELA202”.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
33. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar el caso
concreto, particularmente: (i) los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales y (ii) el análisis de los defectos alegados.
Análisis formal de la acción de tutela
a) Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales
34. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200514,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
35. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar15; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela16, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional17 o el Consejo de Estado18,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP19; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable20 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
36. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
14 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
15 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
16 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
18 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
20 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.
i. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto;
iii. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas
contrarias a la garantía de los derechos fundamentales.
v. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de
influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica
probada en el caso;
vi. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii. Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga
de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de
precedente.
viii. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la
Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.
37. En este contexto, la Sala estudiará en el caso concreto los elementos formales.
En caso de superarlos se iniciará el estudio de mérito.
38. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) la parte accionante no
cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, por
cuanto la providencia del 20 de marzo de 2025 puso fin al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho; (ii) la acción se presentó dentro del plazo
razonable porque la última de las providencias enjuiciadas se notificó por vía
electrónica el 13 de mayo de 202521 y la tutela se interpuso el 15 de octubre de
2025; (iii) no se invoca una irregularidad procesal, por lo que este requisito no es
aplicable en esta oportunidad; (iv) se identificaron claramente los hechos
generadores de la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
21 Índice 49 de Samai. Certificado 4D91AD2AA297F651 9E6E1E8FD55E392E
D6865CB3D6EFBBA6 C475C39C1D118AB5.
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Accionante: Luis Julián Cabezas Rodríguez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
proceso, a la equidad y a la seguridad social; y (v) no se trata de una sentencia de
tutela, de una decisión expedida en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado 22 ni
de una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz23.
39. En este contexto, la Sala advierte que (vi) se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, dado que la parte actora explicó las razones por las cuales
considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la equidad y a la seguridad social.
40. De igual modo, no es un asunto de mera legalidad o de discrepancia
interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la
intervención del juez constitucional porque, como ha resuelto en casos similares
esta Subsección24, se está frente a una duda sobre la potencial afectación de
derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los jueces naturales, al
tratarse de una controversia relacionada con el reconocimiento de una pensión
gracia, aspecto que guarda relación con el derecho fundamental a la seguridad
social.
41. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho o
un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos,
se trata de un asunto que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental”25 y se
justifica en la medida de una posible “afectación desproporcionada a derechos
fundamentales26”.
42. De conformidad con lo expuesto, esta Subsección estudiará la procedencia
materia de la demanda.
b) Análisis del caso concreto y de los defectos específicos
43. La Sala revocará la decisión de primera instancia que concedió la solicitud de
amparo invocada por la parte accionante, por cuanto no encuentra configurado el
defecto fáctico, por las razones que se exponen a continuación.
44. En el presente asunto, la parte actora cuestiona que la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico, por cuanto
se: (i) omitió valorar pruebas documentales conducentes para acreditar la
vinculación del actor como docente antes del 31 de diciembre de 1980, como lo es
22 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de
2020, SU-388 de 2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
23 Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2014 y SU-388 de 2023.
24 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 1° de marzo de 2024. Rad.
11001-03-15-000-2023-07457-00. Consejera Ponente: María Adriana Marín.
25 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
26 Ibid.
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el Decreto 084 de 22 de octubre de 1980, por medio del cual el alcalde municipal de
Tumaco nombró al señor Luis Julián Cabezas Rodríguez en propiedad como
docente municipal de la escuela de Chajal Río Chagüi; y (ii) valoró indebidamente
un supuesto no concluyente, como es el caso de la denuncia penal que la UGPP
presentó contra el accionante por los delitos de falsedad en documento público,
estafa en grado de tentativa y fraude procesal.
45. Sobre el defecto alegado debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional27
ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
cuando el fallo cuestionado demuestra una indebida y contraevidente valoración
probatoria, una falta de análisis de pruebas que obran en el expediente, un estudio
de pruebas nulas de pleno derecho, una omisión en el deber probatorio oficioso por
parte de la autoridad judicial o el desconocimiento de reglas probatorias. Así, por
ejemplo, en los procesos de reconocimiento de la pensión gracia, deben tenerse en
cuenta los requisitos fijados para acreditar la vinculación de los maestros oficiales
como nacionales, nacionalizados y territoriales.
46. Así las cosas, frente a si se demostró si la vinculación del señor Luis Julián
Cabezas Rodríguez como docente oficial la efectuó una entidad territorial, esta
Subsección estima que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado no incurrió en un defecto en la valoración probatoria. Esto, debido a que su
conclusión sobre si el Decreto 084 de 22 de octubre de 1980 otorgaba certeza frente
al tipo de nombramiento se estableció a partir de las presunciones previstas en la
ley para el efecto y en la valoración de los elementos de prueba obrantes en el
proceso. Sobre este aspecto, la autoridad judicial accionada:
̶ Analizó la copia del Decreto 084 de 22 de octubre de 1980, por medio del
cual el alcalde municipal de Tumaco, en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, nombró en propiedad a Luis Julián Cabezas
Rodríguez, como docente municipal en la escuela de Chajal Río Chagüi.
̶ Advirtió que el documento se trataba de una transcripción, puesto que no
figuraban las firmas del alcalde municipal ni del secretario. Lo propio ocurrió
con el acta de posesión, en la que encontró que tampoco aparecía suscrita
por las autoridades competentes.
̶ Valoró que la UGPP, en sede administrativa, negó el reconocimiento de la
pensión gracia por considerar que debió aportarse el acto de nombramiento
y el de posesión en original. Además, halló que la entidad realizó un estudio
técnico pericial, para lo cual adelantó labor de campo en los archivos
existentes en la alcaldía de Tumaco y encontró que no existían archivos
originales de los actos mencionados del año 1980, sin embargo, si se halló
fotocopia ilegible del Decreto 084 de 1980, del certificado de tiempos de
servicios y de formatos de hojas de vida de la función pública diligenciados
por el demandante.
27 Sentencia T-410 de 2024.
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̶ Constató que, con fundamento en dicho informe investigativo, la UGPP inició
un proceso penal contra el demandante por falsedad en documento público,
estafa en grado de tentativa y fraude procesal, del cual no se tenía
conocimiento del estado actual como tampoco de las decisiones que
hubiesen podido emitirse.
̶ Asimismo, examinó los certificados de tiempo de servicio y concluyó que no
podía darse mérito probatorio, pues, se infería que también había tenido
sustento en el Decreto 084 de 22 de octubre de 1980, documento que no
ofrecía suficiente certeza.
47. A partir de los elementos descritos, no se evidencia un defecto en la valoración
probatoria de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
debido a que da cuenta de un examen integral de los elementos de prueba y de una
debida consideración de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
particularmente el relativo a la vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de
1980. De manera que, sobre este punto la parte accionante pretende cuestionar el
estudio sobre la prestación real del servicio docente en la modalidad exigida para
efectos del reconocimiento de la prestación en comento.
48. Ahora bien, en cuanto a la carga de la prueba sobre quien acuda ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el ordenamiento jurídico
colombiano existe un sistema mixto en materia probatoria, el cual le atribuye al juez
el deber de acudir a sus atribuciones oficiosas: (i) para distribuir de manera
razonable la carga probatoria, según la posición en la que se encuentren las partes
en cada caso, o (ii) en el decreto y práctica de pruebas. Es así como en el artículo
213 de la norma citada se establece la facultad para dictar pruebas de oficio de
forma conjunta con las que soliciten las partes para el esclarecimiento de la verdad
y cuando el proceso esté para sentencia en cualquiera de las instancias,
mediante auto de mejor proveer, con el fin de esclarecer puntos oscuros o
difusos del debate28.
49. En ese sentido, la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha establecido
que las pruebas de oficio proceden:
a. En el curso de la audiencia inicial de la primera instancia cuando son pedidas
por las partes. “Es decir que, si no han solicitado pruebas, el juez no está
facultado para decretarlas de oficio”29.
b. En el trámite de la segunda instancia cuando sean procedentes las pruebas
pedidas por las partes, por las causales previstas en la ley.
c. A través de auto de mejor proveer, en el evento en el que ya las etapas
procesales probatorias para la postulación de pruebas hayan sido superadas.
Esto, con la finalidad de aclarar aspectos confusos del debate.
28 Corte Constitucional. Sentencia T-113 de 2019. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado.
29 Ibidem.
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50. En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional30 también ha señalado
que si bien el C.P.A.C.A adoptó un sistema que impone la carga de la prueba a las
partes, dicho principio no es de carácter absoluto porque el operador judicial tiene
la facultad de imprimir dinamismo al debate probatorio y decretar pruebas de oficio
con el fin de obtener la verdad y “contar con los elementos de convicción necesarios
para resolver de fondo la controversia”.
51. Así las cosas, cuando las pruebas existentes en el proceso susciten dudas
significativas, es deber del juez de conocimiento emprender una actividad probatoria
completa, que incluya el decreto de pruebas de oficio, con el objeto de precisar las
condiciones en que tuvieron lugar los hechos. Sobre este punto, tampoco se
advierte que la autoridad judicial accionada haya incurrido en un defecto fáctico, por
cuanto, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 213 del CPACA, decretó
pruebas de oficio encaminadas a establecer el tipo de vinculación que tuvo el actor.
52. En efecto, por medio de auto del 8 de agosto de 2024, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado requirió a la Secretaría de Educación
Municipal de Tumaco para que remitiera, con destino el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho: a) copia de cada acto de nombramiento y posesión,
contratos de trabajo y órdenes de prestación de servicios como docente de Luis
Julián Cabezas Rodríguez, según las diferentes vinculaciones que mantuvo desde
1993 hasta la fecha de desvinculación o al presente si aún estuviera vinculado como
docente. En caso de no contar con los documentos solicitados, informar sobre ello;
b) certificado en el que se indicara con claridad el tipo de vinculación del docente
Luis Julián Cabezas Rodríguez desde el año 1993 en adelante, en especial lo
laborado bajo el convenio suscrito entre municipio de Tumaco y la Fiduciaria Popular
S.A, a través del cual se financiaron 15 plazas docentes en el mencionado
municipio; y c) certificación que especificara de donde provenían los recursos para
el pago de los salarios y prestaciones de Luis Julián Cabezas Rodríguez durante su
vínculo con el municipio de Tumaco.
53. De conformidad con lo expuesto, tampoco se advierte que el operador judicial
haya incurrido en una causal específica de procedibilidad por abstenerse de
emprender una actividad probatoria completa. Por el contrario, ante las dudas que
podían suscitar las pruebas existentes dentro del proceso, la autoridad demandada
desplegó una actividad probatoria orientada a esclarecer de manera adecuada las
circunstancias en que ocurrieron los hechos.
54. En efecto, la parte accionada no se inhibió de actuar frente a eventuales vacíos
o incertidumbres probatorias, sino que ejerció activamente sus facultades, a través
del decreto de pruebas de oficio, con el propósito de precisar los supuestos fácticos
relevantes para la decisión. De esta manera, procuró contar con un acervo
probatorio suficiente y adecuado que permitiera adoptar una determinación
debidamente fundada.
55. Ahora bien, de acuerdo con las sentencias SU-167 de 2024 y SU-129 de 2021,
proferidas por la Corte Constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez
30 Ibidem.
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incurre en errores graves en la actividad probatoria, a saber: (i) omitir decretar o
practicar pruebas pertinentes y decisivas, no valorar adecuadamente pruebas
relevantes (dimensión negativa); o (ii) apartarse arbitrariamente de los hechos
demostrados, o fundamentar su decisión en pruebas ilícitas, impertinentes o
inconducentes (dimensión positiva).
56. En este orden de ideas, el parámetro para evaluar un defecto fáctico en su
dimensión positiva es la razonabilidad, el cual se ha concretado en las siguientes
hipótesis: (i) cuando la conclusión extraída de las pruebas que obran en el
expediente es completamente equivocada, al punto de resultar irracional por ser
diametralmente opuesta –conforme a las reglas de la lógica– a lo que se desprende
del material probatorio, desproporción que puede ser advertida por cualquier
persona de juicio medio; (ii) cuando la valoración probatoria carece de fundamento
objetivo, esto es, cuando el juez decide con base en su capricho o voluntad y no en
razones verificables y jurídicamente atendibles; (iii) cuando las pruebas no son
apreciadas de manera integral, asignando a unas un mayor o menor peso frente a
otras sin justificación razonable; y (iv) cuando la conclusión se sustenta en pruebas
impertinentes, inconducentes o ilícitas, es decir, sin relación con el objeto del
proceso, sin aptitud para demostrar el supuesto de hecho, u obtenidas con
vulneración del debido proceso.
57. En el caso analizado no se configura ninguno de los parámetros de arbitrariedad
que permitirían estructurar un defecto fáctico en su dimensión positiva. En efecto, la
conclusión de la autoridad judicial accionada no fue irracional ni abiertamente
opuesta a lo que revelaba el expediente, pues partió de una valoración lógica de los
documentos aportados para acreditar la vinculación docente anterior al 31 de
diciembre de 1980, en especial del Decreto 084 de 1980, cuya fuerza demostrativa
fue razonablemente relativizada al advertirse que se trataba de una transcripción
sin las firmas de las autoridades competentes y que existían inconsistencias con
otros elementos documentales. Tampoco puede afirmarse que la valoración
careciera de fundamento objetivo, ya que la sentencia expuso razones verificables
y jurídicamente atendibles para negar mérito suficiente a esos documentos,
apoyadas además en las reglas probatorias aplicables y en el estándar
jurisprudencial consolidado sobre pensión gracia. De igual modo, no se observa una
apreciación fragmentaria o sesgada del acervo, pues la Subsección examinó de
manera conjunta los actos de nombramiento, las certificaciones laborales, la
información recaudada por la UGPP y las pruebas decretadas de oficio, sin asignar
pesos arbitrarios o inmotivados a unos medios de convicción sobre otros.
Finalmente, la decisión no se sustentó en pruebas impertinentes, inconducentes o
ilícitas, ya que incluso la referencia a la denuncia penal no fue determinante para la
ratio decidendi, dado que el juez natural precisó que no le correspondía definir la
falsedad de los documentos, sino evaluar su idoneidad y suficiencia para acreditar
el cumplimiento de los requisitos legales de la prestación reclamada.
58. Ahora bien, en lo relacionado con la valoración indebida de la denuncia penal
que la UGPP presentó contra el actor por los delitos de falsedad en documento
público, estafa en grado de tentativa y fraude procesal, esta Sala encuentra que
dicha consideración no fue determinante para que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado arribara a la decisión de segunda instancia del
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medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentado contra la
UGPP.
59. Al respecto, la autoridad judicial indicó que, si bien el trámite adelantado por la
UGPP podía servir como insumo que determinara la viabilidad de iniciar acciones
judiciales respecto del docente, resolvió no valorar dicho supuesto en sede judicial
de cara a determinar el cumplimiento o no de los requisitos para reconocimiento de
la pensión gracia. Ello, con fundamento en que “no corresponde a esta jurisdicción
determinar la falsedad de los documentos aportados con miras a acreditar el
cumplimiento de las exigencias para obtener la pensión gracia, sino su idoneidad y
conducencia”31.
60. En ese sentido, lejos de acreditarse alguna causal específica de procedibilidad
en la que haya incurrido la autoridad judicial accionada, en este caso lo que resulta
claro es una inconformidad de la parte accionante con las conclusiones y la
valoración probatoria efectuada por el juez de lo contencioso administrativo al
momento de resolver la segunda instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
61. La acción de tutela contra providencias judiciales no constituye una instancia
adicional orientada a verificar la mera corrección jurídica, probatoria o interpretativa
de la decisión cuestionada. Su objeto es estrictamente excepcional: controlar si, en
el ejercicio de la función jurisdiccional, la autoridad judicial incurrió en un yerro de
tal entidad que comprometa derechos fundamentales, en particular el debido
proceso. Por ello, no toda discrepancia con la apreciación de las pruebas configura
un defecto fáctico ni habilita la intervención del juez constitucional. Admitir lo
contrario desnaturalizaría la tutela y la convertiría en un mecanismo ordinario para
reabrir debates ya resueltos por el juez natura
62. Por lo anterior, se revocará la sentencia del 25 de noviembre de 2025, proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y, en su lugar,
se negará el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por el señor
Luis Julián Cabezas Rodríguez, por conducto de apoderada, contra la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
31 Folio 15 del fallo acusado.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
III. R E S U E L V E
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de noviembre de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Para en su lugar
NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por el señor
Luis Julián Cabezas Rodríguez, mediante apoderada, contra la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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