Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00606-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2017-00606-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2017-00606-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
11 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001 23 33 000 2017 00606 01 (2610-2019)
Demandante: Luis Julián Cabezas Rodríguez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la
vinculación docente. Cofinanciación. Ley 1437 de 2011
Decisión: Revocar la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección A procede a dar cumplimiento al fallo de 25 de
noviembre de 2025 emitido por la Subsección B de la Sección Segunda, con
ponencia del Dr. Jorge Edison Portocarrero Banguera dentro de la acción de
tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-06506-00 mediante la cual se
ampararon los derechos fundamentales del señor Luis Julián Cabezas
Rodríguez.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Hechos y pretensiones
2. El señor Luis Julián Cabezas Rodríguez, por intermedio de apoderado
judicial solicitó declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 013759 del 10 de
abril de 2015 y RDP 046669 del 10 de noviembre de 2015, con las que la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, negó el reconocimiento y pago de
una pensión gracia y resolvió negativamente el recurso de apelación,
respectivamente.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de dicha
prestación, incluyendo para su liquidación la totalidad de los factores salariales
devengados a partir de la adquisición del estatus jurídico, la indexación de las
sumas adeudadas, el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo
1 Visible en el archivo 42_REGRESADELTRI_EXPDIGITA_201700606NRFs1a21_0_20260202170349013
del expediente digital de primera instancia que reposa en la aplicativo SAMAI
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Demandante: Luis Julián Cabezas Rodríguez
141 de la Ley 100 de 1993; así como se ordene a la UGPP no aplicar descuentos
de salud sobre las mesadas que se reconozcan, y se condene en costas a la
entidad demandada.
4. Manifestó que cumplió cincuenta (50) años de edad el 18 de mayo de
2011; y que prestó sus servicios a la educación oficial, desempeñándose como
docente en instituciones del orden municipal, en los siguientes periodos:
i. Desde el 12 de octubre de 1980 hasta el 30 de diciembre de 1983, en
virtud del Decreto 084 del 22 de octubre de 1980, mediante el cual fue
nombrado como docente municipal por la Alcaldía de Tumaco.
ii. Desde el 26 de febrero de 1993 hasta el 6 de mayo de 2001, conforme al
Decreto 0048 del 26 de febrero de 1993.
iii. Desde el 7 de mayo de 2001 hasta el 12 de diciembre de 2004, según el
Decreto 03669 del 7 de mayo de 2001.
iv. Desde el 13 de diciembre de 2004 hasta el 8 de junio de 2016, de
conformidad con el Decreto 059 del 13 de diciembre de 2004.
5. El 19 de diciembre de 2014 elevó solicitud ante la UGPP para el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual fue negada mediante la
Resolución RDP 013759 del 10 de abril de 2015, al considerar la entidad que
no se acreditaba una vinculación docente con anterioridad al 31 de diciembre de
1980.
6. Inconforme con dicha decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto desfavorablemente a través de la Resolución RDP 046669 del 10 de
noviembre de 2015.
1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación
7. Indicó que los actos administrativos demandados vulneraron, entre otros,
los artículos 1, 2, 6, 25, 29, 48, 53, 90, 121 y 209 de la Constitución Política, así
como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, y las
disposiciones reglamentarias que desarrollan el régimen de la pensión gracia.
8. En ese sentido, adujo que la entidad demandada efectuó una valoración
restrictiva e incompleta del material probatorio aportado, al desconocer el alcance
jurídico de los actos administrativos de nombramiento y posesión expedidos por
la autoridad municipal competente, así como de las certificaciones laborales que
reposan en su hoja de vida, documentos que, a su juicio, acreditan de manera
suficiente la naturaleza territorial de su vinculación docente.
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Demandante: Luis Julián Cabezas Rodríguez
1.4 Contestación de la demanda2
9. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones considerando que no se acreditó una vinculación
docente de carácter territorial o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980, por cuanto no aportó el acto de nombramiento ni el acta de posesión en
original o copia auténtica que permitieran demostrar una relación legal y
reglamentaria en los términos exigidos por la Ley 91 de 1989.
10. En relación con el periodo comprendido entre los años 1980 y 1983, indicó
que, en el marco de actuaciones administrativas adelantadas por la entidad, se
evidenciaron inconsistencias documentales y la inexistencia de archivos
originales, situación que, en su criterio, impedía otorgar valor probatorio suficiente
a las copias y certificaciones allegadas por el demandante.
11. Afirmó, además, que los servicios prestados con posterioridad al 1.º de
enero de 1990 corresponden a una vinculación del orden nacional, financiada con
recursos del Sistema General de Participaciones, razón por la cual no pueden ser
computados para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
12. Finalmente, propuso las excepciones de inexistencia de vulneración de
principios constitucionales y legales, cobro de lo no debido, prescripción y la
genérica.
1.5 Sentencia de primera instancia3
13. El Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión, mediante
sentencia del 13 de febrero de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda
y condenó en costas a la entidad demandada.
14. Para arribar a dicha conclusión, el a quo consideró que el demandante
acreditó estar vinculado al ramo docente con anterioridad al 31 de diciembre de
1980, la edad mínima, buena conducta y un tiempo de servicios superior a veinte
(20) años en la docencia oficial.
15. En torno a la naturaleza de la vinculación docente, estimó que, a partir del
acto de nombramiento, las certificaciones laborales expedidas por la autoridad
educativa municipal y los demás documentos obrantes en el expediente, se
encontraba demostrada una vinculación del orden territorial con anterioridad al
2
Visible en el archivo 43_REGRESADELTRI_EXPDIGITA_201700606NRFs22a172_1_20260202170349232 del
expediente digital de primera instancia que reposa en la aplicativo SAMAI. La demanda se presentó el 01 de noviembre
de 2017, y fue admitida el 20 de febrero de 2018
3
Visible en las páginas 255 a 263 del archivo
43_REGRESADELTRI_EXPDIGITA_201700606NRFs22a172_1_20260202170349232que reposa en el expediente
digital
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31 de diciembre de 1980, circunstancia que resultaba suficiente para habilitar el
estudio y cómputo de los tiempos posteriores.
16. Bajo ese entendido, concluyó que el actor consolidó el estatus jurídico para
acceder a la pensión gracia el 18 de mayo de 2011, fecha en la cual cumplió
cincuenta (50) años de edad, y ordenó su reconocimiento con efectos fiscales a
partir del 19 de diciembre de 2011, por prescripción trienal, liquidada en el setenta
y cinco por ciento (75 %) del promedio de lo devengado durante el año
inmediatamente anterior a la adquisición del derecho.
1.6 Recursos de apelación4
17. Inconforme con la decisión de primera instancia, la UGPP interpuso
recurso de apelación, solicitando su revocatoria y, en su lugar, la negativa de las
pretensiones de la demanda.
18. Como sustento de lo anterior, la entidad apelante sostuvo que el periodo
comprendido entre los años 1980 y 1983, no puede ser tenido en cuenta para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, al considerar que no se
encuentra debidamente acreditada la prestación del servicio docente durante
dicho lapso.
19. Al respecto, señaló que los documentos aportados por el demandante para
demostrar esa vinculación —en particular, el Decreto 084 de 22 de octubre de
1980 y el acta de posesión— no fueron allegados en original ni en copia auténtica
que permitiera verificar la existencia de un vínculo con la entidad territorial.
20. Adicionalmente, indicó que en el marco de actuaciones administrativas
adelantadas por la propia entidad se evidenció la inexistencia de archivos
originales correspondientes a dicha época, así como supuestas inconsistencias
entre distintas certificaciones y registros de hoja de vida, circunstancia que
impedía otorgar valor probatorio suficiente a las copias obrantes en el expediente.
21. Agregó que los servicios prestados por el actor a partir del año 1993
corresponden a una vinculación del orden nacional, financiada con recursos del
Sistema General de Participaciones, lo cual, excluye la posibilidad de computar
dichos tiempos para el reconocimiento de la pensión gracia.
22. Por último, solicitó revocar la condena en costas impuesta en primera
instancia, al considerar que no se cumplían los presupuestos exigidos por el
artículo 188 del CPACA. Esto por cuanto la actuación procesal no fue temeraria
ni abusiva, sino que obedeció al ejercicio legítimo del derecho de defensa, con
fundamento jurídico razonable, razón por la cual no podía sancionarse a la
4
Visible en las páginas 267 a 262 del archivo
43_REGRESADELTRI_EXPDIGITA_201700606NRFs22a172_1_20260202170349232 que reposa en el expediente
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entidad por el solo hecho de haber resultado vencida en el proceso. Que la
condena en costas no opera de manera automática, sino que exige un análisis
objetivo–valorativo de la conducta procesal de la parte, el cual aduce no fue
realizado por el a quo.
1.7 Trámite correspondiente a segunda instancia
23. Mediante auto de 23 de julio de 2019, se admitió el recurso de apelación,
y luego con proveído de 09 de septiembre de 2019, se dispuso correr traslado a
las partes para que presentaran alegatos de conclusión.
24. En esta instancia, el actor y el agente del Ministerio Publico delegado
ante esta Corporación, guardaron silencio.
25. Por su parte, la UGPP reiteró que el actor no cumple los requisitos de la
pensión gracia, con argumentos similares a los de la contestación y el recurso de
apelación, y que por tanto debe revocarse la sentencia.
26. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
27. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y,
comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte demandada
presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Problema jurídico
28. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Luis Julián
Cabezas Rodríguez, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión
gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio
como docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las
exigencias para dicho reconocimiento.
5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»
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2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1 La pensión gracia
29. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan
servido en el magisterio, y que cumplan, además de los 20 años de servicio como
territorial o nacionalizado, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos
con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por su parte,
la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial a más
tardar al 31 de diciembre de 1980.
30. A su vez, con las leyes 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 se regularon
distintos aspectos, a saber, se extendió el beneficio de dicha prestación a los
empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de
instrucción pública; así como a los maestros de escuela que hubieren completado
el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria. Y además con la mentada Ley 91, se distinguió entre los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales; y en el numeral 2 del artículo 15 de esta
última se limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
nación. […]»
31. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que
la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los
requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está
prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de
los docentes nacionales7.
32. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
7 Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997.
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junio de 20188 previó unas pautas jurisprudenciales relacionadas con el
entendimiento que había que darse en los casos en que los pagos a docentes
provienen del situado fiscal, lo que no implica que se traten de docentes
nacionales; y tampoco tienen está naturaleza por el hechos que en el acto de
vinculación intervenga además del representante legal de la entidad territorial, el
delegado de la junta administradora del fondo educativo regional, así este último
certifique la vacancia del cargo y la disponibilidad presupuestal; y tampoco
porque se aluda que los recursos destinados para el sostenimiento tiene origen
o fuente en la Nación.
33. Además, se establecieron pautas jurisprudenciales en torno a la prueba de
la calidad docente y origen de los recursos de la entidad nominadora que se
destacan:
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar,
esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los
lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los
educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal—
cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales; y
en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.» (Resaltado del texto original)
34. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022
del 11 de agosto de 20229 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como
regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a,
de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento».
35. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que
las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial. Por lo que se puede concluir entonces que, para
obtener la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en
establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumple con los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4 Actuación administrativa
36. El demandante, actuando por intermedio de apoderado, presentó el 19 de
diciembre de 2014, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, solicitud de
reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada mediante la
Resolución RDP 013759 del 10 de abril de 2015, por considerar que aquél no
allegó documentación original o copia auténtica del vínculo laboral con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, lo que impide el reconocimiento
pensional.
37. Inconforme con la respuesta, el docente interpuso recurso de apelación, el
cual fue desatado de manera negativa mediante la Resolución RDP 046669 del
10 de noviembre de 2015.
2.5 Caso concreto
38. Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en
orden a determinar si el demandante cumple con las exigencias contenidas en la
Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del Consejo
de Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
39. Edad. Se encuentra acreditado que el señor Luis Julián Cabezas
Rodríguez cumplió 50 años de edad el 18 de mayo de 2011.
40. Buena conducta. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se
observan reproches que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad
educativa, por lo que también se entiende cumplido dicho requisito.
41. Vinculación del demandante y tiempo de servicios
• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 22 de octubre
de 1980 hasta el 30 de diciembre de 1983. (3 años, 2 meses y 8 días)
42. Respecto a este periodo resulta pertinente destacar que en el fallo de
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tutela de 25 de noviembre de 202510, se ampararon los derechos fundamentales
al debido proceso y a la seguridad social del señor Cabezas Rodríguez, y se
ordenó a esta Subsección dictar sentencia de reemplazo atendiendo a las
consideraciones expuestas por dicha sala constitucional, la cual concluyó que se
había incurrido en un defecto fáctico “comoquiera que, sin mayor fundamento le
restó valor probatorio a las pruebas documentales aportadas con el fin de
acreditar el cumplimiento del requisito de vinculación a la docencia municipal con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, exigido por la Ley 91 de 1989, para
acceder a la pensión gracia, pese a que fueron expedidas y allegas por la entidad
competente y soportadas con certificados de tiempos laborados que tampoco
fueron tenidos en cuenta.”
43. En cumplimiento de lo anterior, y no sin antes mencionar que el fallo dejado
sin efectos fue debidamente motivado, se procede nuevamente ahondando en la
valoración en conjunto y atendiendo a las reglas de la sana crítica el material
probatorio recaudado en el plenario, con miras a determinar si con el mismo se
encuentra suficientemente probado el requisito de la vinculación al servicio
docente -nacionalizado o territorial- a más tardar al 31 de diciembre de 1980.
44. En ese orden, la controversia planteada ante esta instancia por la entidad,
se centra en cuestionar la acreditación de este requisito, considerando que no se
aportó acto de designación y acta de posesión original o en copia auténtica.
45. Pues bien, los artículos 165 y 167 del CGP, aplicables por remisión
expresa del artículo 306 del CPACA, regulan la libertad probatoria, y la carga de
la prueba, disponiendo que corresponde a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que establecen el efecto jurídico que se persigue; por lo que es al
señor Cabezas Rodríguez a quien en el asunto que convoca le asiste la carga de
demostrar el cumplimiento de los requisitos de la pensión gracia.
46. A lo anterior se suma que, en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18
del 21 de junio de 201811, la prueba de la calidad de docente territorial se puede
acreditar con copia de los actos administrativos en los que conste con claridad el
vínculo y la naturaleza de la plaza, o en su defecto, se puede demostrar con la
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta inequívoca del tipo de
vinculación. Lo anterior también resulta aplicable para demostrar la calidad de
nacionalizado.
47. Existiendo claridad sobre lo anterior, se tiene entonces que milita en el
expediente una transcripción del Decreto 084 de 22 de octubre de 198012, por
medio del cual el alcalde municipal de Tumaco - Nariño en uso de sus
10 Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección B, Radicado 11001-
03-15-000-2025-06506-00, C.P. Jorge Edinson Portocarrero Banguera
11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-
2014).
12 Folio 33 del expediente
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 - Bogotá D.C. – Colombia 9
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Radicado: 52001 23 33 000 2017 00606 01 (2610-2019)
Demandante: Luis Julián Cabezas Rodríguez
atribuciones constitucionales y legales nombró en propiedad a
Luis Julián Cabezas Rodríguez, como docente municipal en la escuela
de Chajal Río Chagüi; y con las mismas características reposa acta de posesión:
48. Respecto a dichos documentos debe señalarse, por un lado, que no le
asiste razón a la entidad recurrente, en cuanto a que estos debían aportarse en
original o copia autenticada, máxime cuando hace un tiempo se zanjó el debate
frente a la valoración de documentos aportados en copias, estimándose que, en
la medida que las copias simples no sean tachadas de falsas por la parte
contraparte, conservan su valor probatorio, refiriéndose así el Consejo de
Estado13 a una “autenticidad tácita”, lo cual propende por garantizar el derecho
sustancial sobre el formal, así como el principio de buena fe.
49. Empero, como ya se mencionó, el acto de nombramiento y el acta de
posesión relacionadas, no se aportaron en copias, y pese a que en las mismas
se indica que se trata de copia auténtica, lo cierto es que son transcripciones en
las que se manifiesta que el decreto 084 de 1980 y el acta de posesión fueron
firmados por el alcalde y el secretario, no obstante, no figuran tales rúbricas. Por
tanto, dichas pruebas no ofrecen certeza a la Sala respecto a la vinculación en
comento.
50. Aunque tales documentos -transcripción- fueron expedidos en el año 1981,
indicando que son fiel copia comparada con el archivo original que reposaba en
la entidad; en esta instancia se decretaron pruebas de oficio con auto de 8 de
agosto de 2024, allegándose por la secretaría de educación de Tumaco, entre
13 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Radicación número: 11001-03-15-000-2007
01081-00(REV)SU – sentencia de 30 de septiembre de 2014
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otros, la misma prueba a la que viene haciendo mención; no obstante, frente a
los demás tiempos de servicios se aportan actos administrativos en copia que si
contienen en su integridad la información y están suscritos por la autoridad
respectiva.
51. Ahora, atendiendo al estándar probatorio a que hace referencia la
sentencia de unificación citada en el párrafo 45 de esta providencia, la parte
actora puede demostrar el vínculo bien con el acto de designación o en su defecto
con certificados de tiempos de servicios que de manera inequívoca permitan
establecer la naturaleza de la designación. No obstante, aunque se aportaron
certificados de tiempo de servicio, como el de 18 de julio de 201714, que relaciona
el ejercicio como docente municipal del actor por los mismos periodos ya citados,
no le es posible a la Sala dar mérito probatorio a este, en tanto se infiere que tuvo
sustento en la misma transcripción del Decreto 084 de 22 de octubre de 1980,
con el que se nombró a aquél, que tal como se explicó no ofrece certeza.
52. El mismo razonamiento anterior aplica para los certificados de tiempo de
servicio expedidos por el secretario de educación del municipio de Tumaco, que
datan de 22 de octubre de 2014 y 05 de agosto de 2015, en los que se señaló
que una vez revisada la hoja de vida del demandante se pudo constatar que en
el año 1980 prestó servicio docente por orden del Decreto 084 de fecha 22 de
octubre de 1980 emanado de la alcaldía municipal de Tumaco, documento que
según se afirma reposa en copia auténtica en los archivos, es decir, que se refiere
al mismo al cual la Sala le resta mérito probatorio, por cuanto se insiste es una
transcripción.
53. Llama la atención de la Sala que una secretaría de educación certifique tal
14 Folio 32 del expediente
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periodo pasado más de 30 años, sin que se evidencie que tuvieron a la vista el
acto administrativo completo mediante el cual se nombró al señor Cabezas
Rodríguez, recuérdese que, en cumplimiento del decreto de pruebas de oficio
dispuesto en esta instancia, se remitió por parte de la secretaría de educación de
Tumaco, la misma transcripción del Decreto 084 de 1980 y del acta de posesión;
y que se infiere, es la que da origen a la certificación en cita.
54. Hay que destacar que como lo ha señalado esta Subsección15, no
corresponde a esta jurisdicción determinar la falsedad de los documentos
aportados con miras a acreditar el cumplimiento de las exigencias para obtener
la pensión gracia, sino su idoneidad y conducencia. Por ello, aun cuando las
transcripciones de los actos administrativos provienen de la autoridad
nominadora, no se está cuestionando su autenticidad sino se insiste, su
conducencia, con miras a ofrecer la certeza frente al requisito en estudio.
55. De otro lado, se tiene que aunque en el plenario obra información respecto
a sucesos ocurridos en el municipio de Tumaco que llevaron a la pérdida del
archivo de dicho ente (entre los años 1979 y 1981), como es el caso de un estudio
técnico pericial realizado en sede administrativa previo a resolver de fondo la
petición del actor, que refiere que el jefe de archivo de la alcaldía de Tumaco
expuso que no contaban con soportes originales para certificar tiempos servidos
antes del año 1980 a causa del terremoto ocurrido en el año 1979 y el incendio
de la alcaldía en los años 1980 y 1981; tal situación no conlleva a que de plano
se deba dar mérito probatorio a la información que provenga de la entidad, pues,
al margen de que se haya certificado en este caso por una autoridad pública,
corresponde emitir una valoración de contenido en conjunto con las demás
pruebas atendiendo a las reglas de la sana crítica.
56. En ese caso, tal como se ha mencionado, las pruebas recaudadas no
ofrecen certeza sobre la designación durante este periodo, sin que existan
elementos distintos a los ya mencionados, que respalden el nombramiento que
se cuestiona por la entidad.16
57. A lo anterior se suma que la controversia frente al requisito de prestación
del servicio docente a más tardar al 31 de diciembre de 1980, es de conocimiento
del actor desde que la entidad dio respuesta a su petición mediante el acto que
15 Ver entre otras, sentencia de 14 de noviembre de 2024, expediente 52001-23-33-000-2021-
00140-01 (4685-2023), C.P. Jorge Iván Duque
16 Se destaca que la Subsección ha resuelto casos similares en los que las designaciones
provienen del municipio de Tumaco, en los expedientes bajo radicado 52001 23 33 000 2019
00499 01 (7304-2023), 52001-23-33-000-2020-01115-01 (5806-2022),
52001 23 33 000 2021 00077 01 (1907–2024); en los expedientes 52001 23 33 000
2019 00328 01 (4700-2022) 52001 23 33 000 2017 00674 01 (2597-2019), 52001 23 33 000 2015
00875 01 (1429-2018); y en los procesos 52001-23-33-000-2021-00140-01 (4685-2023) y 52001-
23-33-000-2016-00439-01 (4925-2022).
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se cuestiona; y aun así, en sede judicial no aportó nuevos elementos probatorios
que pudieran llevar al convencimiento pleno de la prestación real del servicio en
la modalidad exigida para efectos del reconocimiento de la prestación en
comento, se itera, como territorial o nacionalizado.
58. Bien pudo el interesado solicitar la reconstrucción del expediente, o
inclusive aportar constancias de nóminas o pagos de salarios, actos de
reconocimiento de prestaciones correspondientes a la época, entre otros, que
analizados en conjunto respaldaran el nombramiento bajo estudio.
59. Y aunque la entidad en el recurso de apelación sugiere la practica de una
reconstrucción del expediente, tal solicitud es improcedente, pues, está no es la
oportunidad procesal para pedir decreto de pruebas al tenor de lo dispuesto en
el artículo 212 del CPACA; y, además, en sede judicial la entidad no tiene
competencia para proveer en torno al derecho que le puede asistir al interesado,
en este caso, frente a la pensión gracia.
60. En ese orden de ideas, la parte demandante no cumplió con la carga
probatoria que le corresponde, pues, la transcripción de los actos mencionados
genera dudas verdaderamente fundadas; y siendo estos el soporte de las
certificaciones de tiempos de servicios, no otra cosa se puede concluir, que las
mismas tampoco ofrecen certeza.
61. Ahora, el hecho de que las transcripciones del decreto de nombramiento y
del acta de posesión provengan de la autoridad nominadora, así como los
certificados de tiempo de servicio, no imposibilita su crítica probatoria, ya que a
la Sala no le corresponde establecer la autenticidad o no del documento, sino su
eficacia probatoria de la cual, se insiste, carece.
62. Para finalizar se destaca que, la UGPP en razón a las inconsistencias
encontradas como resultado del estudio técnico pericial adelantado en sede
administrativa, presentó denuncia penal por falsedad en documento público,
estafa en grado de tentativa y fraude procesal contra el docente, trámite del cual
se desconoce sus resultados; sin embargo, esta actuación no tiene incidencia
para establecer el cumplimiento de requisitos para obtener la pensión gracia, sino
que podría considerarse un insumo que le puede servir a la entidad para iniciar
acciones judiciales contra el docente si a bien lo tiene.
63. Conforme a lo aquí expuesto, se concluye entonces que el señor Cabezas
Rodríguez no acreditó la vinculación docente territorial o nacionalizada antes del
31 de diciembre de 1980, lo que releva a la Sala de revisar los tiempos de
servicios restantes con posterioridad a dicha data (entre los años 1993 y 2014);
y en consecuencia se impone revocar la sentencia de primera instancia.
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2.7. Condena en costas
64. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
65. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
66. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
67. En ese orden, comoquiera que en esta instancia resultó vencida la parte
actora, ya que prosperó el recurso de apelación presentado por la entidad, lo que
da lugar a revocar la sentencia y negar las pretensiones; se condenará en costas
a aquélla. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del respectivo tribunal.
68. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
69. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 13 de febrero de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Nariño-Sala Primera de Decisión, por medio de la cual
se accedió a las pretensiones, y en su lugar negar las pretensiones de la
demanda de conformidad con las razones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO: Se condena en costas en esta instancia a la parte actora, la cual
resultó vencida, conforme la motivación.
TERCERO. Se reconoce personería al abogado Edgar José Polanco Pereira
como apoderado de la UGPP, en consideración al poder allegado vía correo
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electrónico y que se encuentra visible en el expediente digital disponible en
SAMAI.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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