Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00137-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2019-00137-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00137-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2019-00137-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00137 01 (5201-2022)
Demandante: Luz Betty Cabezas Sevillano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Incumplimiento de carga de la
prueba. Valoración probatoria de actos administrativos y actas de
posesión en contraste con certificaciones de autoridad nominadora.
Para efectos de pensión gracia, no se analiza falsedad de
documentos, sino su idoneidad y conducencia. Aplicación de
sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018.
Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia porque la actora no
acreditó de forma inequívoca la existencia de una vinculación docente
de carácter territorial y/o nacionalizada antes del 31 de diciembre de
1980.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 30 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA),
solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Auto ADP 015185
del 21 de diciembre de 2016, mediante el cual la entidad demandada negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar la referida prestación periódica, en cuantía equivalente
al 75% del promedio de los salarios y factores salariales devengados durante el último
año de servicios, con efectos a partir del 9 de enero de 2014, fecha en la cual afirmó
haber adquirido el estatus pensional. Asimismo, solicitó que se reconozcan las mesadas
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00137 01 (5201-2022)
Demandante: Luz Betty Cabezas Sevillano
debidamente reajustadas conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que se
condene en costas a la entidad demandada.
3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, manifestó que nació el 9 de enero
de 1964 y que se desempeñó como maestra municipal en Tumaco (Nariño) en propiedad,
desde el 16 de septiembre de 1980 hasta el año 2018, ejerciendo sus funciones con
honradez y buena conducta.
4. Relató que el 18 de junio de 2015 solicitó ante la entidad demandada el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, petición que fue negada mediante el acto
administrativo RDP 047758 del 18 de noviembre de 2015. Posteriormente, el 2 de
septiembre de 2015, elevó una nueva solicitud de reconocimiento del derecho pensional,
la cual fue igualmente negada a través de la Resolución RDP 054677 del 18 de noviembre
de 2015. Finalmente, indicó que, mediante el Auto ADP 015185 del 21 de diciembre de
2016, la entidad demandada negó una última petición radicada el 9 de agosto de 2016,
acto que constituye el objeto del presente medio de control.
Contestación de la demanda
5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones al considerar que la actora no
acreditó los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión gracia. Sostuvo que
no existe prueba idónea de la vinculación docente antes ni después del 31 de diciembre
de 1980 dado que no se aportaron actos de nombramiento ni posesión que permitan
establecer con certeza la naturaleza de la relación, las fechas de servicio y la autoridad
nominadora, sumado a que las certificaciones allegadas son incompletas e imprecisas.
6. Indicó que la carga de la prueba recae en la demandante y que no se justificó la
ausencia de los documentos exigidos ni la procedencia de prueba supletoria. Asimismo,
cuestionó la acreditación del tiempo de servicios por falta de soporte claro y suficiente.
7. De otra parte, alegó que la actora percibió salarios financiados con recursos del
Sistema General de Participaciones, lo que, a su juicio, implica el incumplimiento del
requisito de no haber recibido remuneración de carácter nacional. Añadió que, tras la
certificación del ente territorial en educación y la expedición de la Ley 91 de 1989, no es
posible predicar el reconocimiento de esta prestación con cargo a la Nación. Finalmente,
sostuvo que tampoco se acreditó el requisito de buena conducta.
8. Propuso como excepciones de fondo las que tituló como «inexistencia de
vulneración de principios constitucionales y legales», «cobro de lo no debido»,
«prescripción» y el reconocimiento oficioso de excepciones.
Sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo de Nariño dictó sentencia el 30 de marzo de 2022,
mediante la cual declaró la nulidad del acto administrativo impugnado y, como
restablecimiento del derecho, condenó a la entidad demandada a reconocer a favor de la
actora la pensión gracia equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00137 01 (5201-2022)
Demandante: Luz Betty Cabezas Sevillano
devengados en el año previo a la consolidación del estatus pensional, a saber, el 9 de
enero de 2014. Asimismo, decretó la prescripción de las mesadas pensionales causadas
con anterioridad al 4 de marzo de 2016 y condenó en costas a la accionada.
10. Con fundamento en el material probatorio, se estableció que la demandante
cumplió los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión gracia. En particular,
acreditó el requisito de edad, al haber cumplido 50 años el 9 de enero de 2014.
Adicionalmente, se probó la vinculación docente anterior al 31 de diciembre de 1980
mediante el Decreto 329 del 16 de septiembre de 1980 como maestra municipal del
Municipio de Tumaco, corroborada con el certificado de historia laboral del FOMAG y el
acta de posesión.
11. El a quo desestimó los reparos de la entidad demandada sobre la falta de
acreditación del tipo de vinculación y del origen de los recursos, al constatar que la
vinculación fue de carácter municipal, extremo ratificado por certificaciones de la
Secretaría de Educación Municipal (2017 y 2020), incluso respecto de la financiación con
recursos propios del ente territorial. En cuanto al tiempo de servicios, se verificó que a la
fecha de consolidación del estatus pensional la demandante acumulaba más de 20 años
(240 meses) de servicio docente.
12. Conforme a la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, el tribunal reiteró
que lo determinante es la acreditación de la plaza concluyendo que la demandante ocupó
plazas de carácter territorial, sin que se evidenciara la ocupación de plazas nacionales
que impidieran el cómputo. Conjuntamente, tuvo por acreditada la buena conducta ante
la ausencia de sanciones disciplinarias.
13. Por último, justificó la condena en costas contra la accionada habida cuenta de
que prosperaron las pretensiones de la demanda.
Recurso de apelación
14. La entidad demandada presentó recurso de apelación en el que solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia al estimar que incurrió en errores de
valoración probatoria y de interpretación normativa.
15. Sostuvo que no se acreditó de manera idónea la vinculación docente anterior al 31
de diciembre de 1980 pues no se aportaron los decretos de nombramiento ni actas de
posesión en original o copia auténtica, documentos indispensables para probar una
vinculación legal y reglamentaria.
16. Afirmó que las certificaciones allegadas —incluidas las del FOMAG y de
autoridades municipales— no suplen dicha exigencia ni permiten establecer con certeza
el tipo de vinculación ni el origen de los recursos con los que se pagaron los salarios.
Reiteró que la carga de la prueba recae en la demandante y que no se configuraron los
presupuestos para acudir a prueba supletoria conforme a la Ley 50 de 1886.
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00137 01 (5201-2022)
Demandante: Luz Betty Cabezas Sevillano
17. Alegó que, aun en gracia de discusión, el FOMAG evidencia una posesión efectiva
en abril de 1984, lo que demostraría una vinculación posterior a 1980 excluyente del
derecho reclamado.
18. Adicionalmente, afirmó que la demandante percibió salarios financiados con
recursos del nivel nacional, a través del Situado Fiscal y/o el Sistema General de
Participaciones (SGP), los cuales no pueden considerarse recursos propios de las
entidades territoriales. En tal sentido, sostuvo que se incumple el requisito del numeral 3
del artículo 4 de la Ley 114 de 1913 (no haber recibido ni recibir remuneración de carácter
nacional) y que el cómputo de tiempos nacionalizados o nacionales no es procedente
para la pensión gracia.
19. Invocó jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado y salvamentos
de voto en casos análogos, para sostener que los recursos del SGP conservan su
naturaleza nacional y que los tiempos vinculados mediante órdenes de prestación de
servicios no pueden computarse sin una declaración judicial previa que reconozca el
vínculo legal y reglamentario.
20. De manera subsidiaria, solicitó revocar la condena en costas alegando que no
hubo conducta temeraria ni abusiva de su parte, que operó la prescripción trienal y que
no se acreditó la causación material de costas, conforme a los artículos 188 del CPACA
y 365 del CGP y la jurisprudencia aplicable.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
21. Mediante auto del 16 de marzo de 2023 se admitió el recurso de apelación y se le
advirtió a la parte demandante que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia para
pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que podía emitir concepto
hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para sentencia.
22. La parte demandante solicitó confirmar la sentencia de primer grado argumentando
que acreditó los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión gracia. Señaló
que cuenta con más de 20 años de servicio en la docencia oficial con nombramiento de
carácter municipal e ingresó al magisterio antes del 1 de enero de 1981 con salarios
pagados con recursos propios municipales y sin sanciones disciplinarias. Indicó que la
historia laboral y los decretos de nombramiento demuestran de forma continua la
vinculación municipal y que, conforme a las sentencias de unificación del 21 de junio de
2018 y 11 de agosto de 2022, procede confirmar el fallo apelado.
23. Por su parte, la entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en el recurso
de apelación y la contestación de la demanda.
24. El Ministerio Público conceptuó que la sentencia de primera instancia debe
confirmarse debido a que está acreditado que la demandante ingresó al servicio docente
el 17 de septiembre de 1980 mediante Decreto 329 del 16 de septiembre de 1980, prestó
servicios de manera continua hasta el 5 de junio de 2017 y acumuló más de 20 años de
servicio a entidades del orden territorial, cumpliendo además la edad exigida y sin que se
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00137 01 (5201-2022)
Demandante: Luz Betty Cabezas Sevillano
evidencien sanciones disciplinarias. Además, estimó superado el criterio restrictivo del
origen de la financiación, al señalar que conforme a la jurisprudencia de unificación del
Consejo de Estado de 2018 lo determinante es la naturaleza territorial de la plaza
ocupada.
25. Mediante auto del 20 de noviembre de 20251, la Sala decretó pruebas de oficio,
consistentes en requerir a la Secretaría de Educación de Tumaco para que allegara el
expediente administrativo laboral de la demandante, incluidos los actos de nombramiento,
actas de posesión, documentos aportados para la posesión y las certificaciones de tiempo
de servicio. Seguidamente, la Secretaría Distrital de Educación, Cultura y Deportes de
Tumaco dio respuesta mediante oficio del 12 de febrero de 20262, en el cual remitió los
documentos requeridos.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
26. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
Problemas jurídicos
27. De conformidad con los reparos planteados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si se acreditó de manera idónea la vinculación docente
de la demandante con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, a partir del Decreto 329
del 16 de septiembre de 1980, del acta de posesión y de las certificaciones expedidas
por el FOMAG y el municipio de Tumaco; o si, por el contrario, como lo sostiene la entidad
apelante, la ausencia de los actos de nombramiento y posesión en original o copia
auténtica, así como la información obrante en las certificaciones de la autoridad
nominadora, impiden tener por demostrado dicho requisito.
28. De acreditarse lo anterior, deberá establecerse si los tiempos de servicio invocados
por la demandante pueden ser computados como vinculación de carácter territorial, para
efectos de cumplir el requisito de los 20 años de servicios exigido en el artículo 1 de la
Ley 114 de 1913, pese a que los salarios habrían sido sufragados con recursos del
Situado Fiscal y/o del Sistema General de Participaciones, y si tal circunstancia resulta
determinante para modificar la naturaleza jurídica del vínculo docente.
29. Finalmente, en el evento de confirmarse el reconocimiento de la pensión gracia,
corresponde a la Sala analizar si la condena en costas impuesta a la entidad demandada
se ajusta a lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, atendiendo a la
conducta procesal de las partes, a la prosperidad parcial de las pretensiones —derivada
1 SAMAI, índice 21.
2 SAMAI, índice 28.
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00137 01 (5201-2022)
Demandante: Luz Betty Cabezas Sevillano
de la declaratoria de prescripción trienal— y a la exigencia jurisprudencial de acreditación
de la causación real y concreta de las costas reclamadas.
Análisis de los problemas jurídicos
30. La Sala anuncia que la parte demandante no acreditó de forma inequívoca haberse
vinculado como docente de carácter territorial y/o nacionalizado antes del 31 de diciembre
de 1980. Por tal razón, se procederá a revocar la sentencia emitida en primera instancia,
conforme a las motivaciones que se expondrán a continuación.
Examen del requisito de vinculación territorial y/o nacionalizada con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980
• Periodo desde el 17 de septiembre de 1980 hasta el 30 de enero de 1984 (3
años, 4 meses y 14 días)
31. En el expediente obra copia «tomada del original» del Decreto 329 del 16 de
septiembre de 1980 del alcalde de Tumaco y firmada por el secretario general del ente
territorial, mediante el cual fue designada la demandante en el cargo de maestra
municipal adscrita a la Escuela Rural Mixta de Dosquebradas, Río Caunapí, de esa
localidad3.
32. Se avizora también el acta de posesión del 17 de septiembre de 1980, en la cual
se dejó constancia de que la demandante compareció al despacho del alcalde municipal
de Tumaco para asumir el cargo de maestra municipal, en cumplimiento del
nombramiento efectuado mediante el Decreto 329 del 16 de septiembre de 1980. Dicho
documento se encuentra suscrito por el secretario general de la Alcaldía de Tumaco y
por la demandante4.
33. En el plenario obra oficio del año 1980, mediante el cual el secretario general de
la Alcaldía de Tumaco informó al director de la Escuela Rural Mixta de Dosquebradas
sobre el nombramiento de la demandante como maestra municipal; no obstante, en dicho
documento no se advierte constancia ni sello de recibido5.
34. Igualmente, reposan los Formatos Únicos para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral expedidos por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y por la Secretaría de Educación de Tumaco con fechas del 23 de enero de
20196 y del 12 de febrero de 20267, respectivamente.
35. En dichos certificados se relacionan múltiples vinculaciones de la demandante
entre los años 1980 y 2026, informándose que se desempeñó como docente con tipo de
vinculación municipal, así como como directiva docente y que fue nombrada mediante el
3 SAMAI, índice 28, archivo «32_RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL52012022RESP_0_20260219153602640», pág. 4.
4 Ibidem, pág. 5.
5 Ibidem, pág. 6.
6 SAMAI, índice 02, archivo «01 Demanda.PDF», págs. 30-31.
7 SAMAI, índice 28, archivo «32_RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL52012022RESP_0_20260219153602640», págs.
26-27.
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00137 01 (5201-2022)
Demandante: Luz Betty Cabezas Sevillano
Decreto 329 del 16 de septiembre de 1980 prestando servicios en virtud de dicho acto
entre el 17 de septiembre de 1980 y el 30 de enero de 1984.
36. El secretario de Educación Municipal de Tumaco expidió certificaciones del 5 de
junio de 20178 y 23 de enero de 20199, en las cuales señaló que, una vez revisada la hoja
de vida de la demandante, se constató que se desempeñó como maestra municipal entre
el 17 de septiembre de 1980 y el 30 de enero de 1984, en virtud del nombramiento
efectuado mediante el Decreto 329 del 16 de septiembre de 1980, con vinculación de
carácter municipal, en un cargo perteneciente a la planta de personal del ente territorial,
cuya remuneración se efectuó con recursos propios del municipio.
37. De igual manera, el secretario de Educación de Tumaco certificó, mediante
documento del 20 de julio de 2014, que una vez revisada la hoja de vida obrante en la
Oficina de Hojas de Vida y Archivo de esa dependencia se pudo cotejar que únicamente
reposa el acta de posesión como soporte del acto administrativo de nombramiento de la
actora correspondiente al Decreto 329 del 16 de septiembre de 198010.
38. Así las cosas, a partir del recuento probatorio efectuado y puntualmente del
escrutinio del acto de nombramiento contenido en el Decreto 329 del 16 de septiembre
de 1980, la Sala constata que este no se encuentra signado por el alcalde municipal de
Tumaco, sino por el secretario general del ente territorial. Adicionalmente, el documento
contiene una anotación expresa de ser «fiel copia tomada del original», lo cual evidencia
que se trata de una transcripción del acto.
39. En relación con la existencia del original en el archivo municipal, la Sala decretó
prueba de oficio en esta instancia requiriendo a la Secretaría de Educación de Tumaco
para que remitiera copia del referido acto administrativo; sin embargo, el documento
allegado corresponde al anteriormente descrito. Por tanto, no existe certeza de que en
los archivos de la entidad repose el original o copia del Decreto 329 del 16 de septiembre
de 1980 firmado directamente por el representante legal del ente territorial, sino
únicamente la transcripción ya mencionada.
40. Resulta llamativo que, de existir en los archivos de la entidad el original o copia
directa del acto de nombramiento que habría servido de base para expedir una fiel copia
auténtica, dicho documento no haya sido aportado al plenario, pese a que la controversia
se ha centrado precisamente en este aspecto, incluso desde las etapas iniciales del
trámite pensional en sede administrativa.
41. La relevancia de esta circunstancia radica en que, conforme al artículo 4 del
Decreto-Ley 2400 de 1968, vigente para la época de los hechos, uno de los requisitos
esenciales para el ingreso al empleo público consistía en haber sido nombrado por
autoridad competente, exigencia que plantea un interrogante jurídico frente a la existencia
del acto de nombramiento en los términos acreditados.
8 SAMAI, índice 02, archivo «CC 59664002.pdf», pág. 100.
9 SAMAI, índice 02, archivo «01 Demanda.PDF», pág. 34.
10 SAMAI, índice 02, archivo «CC 59664002.pdf», pág. 32.
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00137 01 (5201-2022)
Demandante: Luz Betty Cabezas Sevillano
42. Cabe destacar que, conforme a lo señalado de manera reiterada por esta
Subsección11, no corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa determinar la
falsedad de los documentos aportados con el fin de acreditar el cumplimiento de los
requisitos para acceder a la pensión gracia, sino examinar su idoneidad y conducencia
probatoria. Esto para indicar que, aun cuando la transcripción del acto administrativo
allegada proviene del secretario general, no se cuestiona su autenticidad, sino que se
cuestiona si su contenido resulta conducente para generar certeza en relación con el
requisito específico que se encuentra bajo estudio.
43. En lo concerniente al acta de posesión del 17 de septiembre de 1980, si bien en
ella se deja constancia de que la demandante compareció al despacho del alcalde
municipal de Tumaco para asumir el cargo, lo cierto es que el acto fue practicado por el
secretario general de la Alcaldía Municipal. En este acto, tampoco se advierte la rúbrica
del burgomaestre, ni existe referencia alguna que indique que dicha función hubiese sido
delegada formalmente al secretario general.
44. A su vez, debe considerarse que la demandante nació el 9 de enero de 1964 12,
razón por la cual al momento de la posesión —septiembre de 1980— contaba con 16
años de edad. Si bien para la época era jurídicamente posible la vinculación de menores
de edad como docentes, en los documentos examinados no se observa referencia alguna
a esta circunstancia especial, ni se menciona la exhibición de tarjeta de identidad u otro
documento de identificación, ni siquiera un número identificador que permita verificar
plenamente su individualización, tanto en el acto de nombramiento como en el de
posesión.
45. Conviene advertir que el artículo 49 del Decreto 1950 del 24 de septiembre de
1973, reglamentario del Decreto-Ley 2400 de 1968, disponía que para tomar posesión de
un empleo público debía presentarse la cédula de ciudadanía en el caso de los mayores
de edad y la tarjeta de identidad o cédula de extranjería para los demás. Sin embargo,
del examen del acta de posesión no se desprende referencia alguna a que la actora,
quien para ese momento era menor de edad, hubiere exhibido su tarjeta de identidad,
circunstancia que constituye un elemento adicional a considerar en la valoración de la
falta de idoneidad y suficiencia probatoria de dicho documento.
46. En estos términos, para la Sala la transcripción del Decreto 329 del 16 de
septiembre de 1980 y el acta de posesión allegadas al proceso no resultan idóneas para
establecer de manera clara e inequívoca que la actora se hubiera desempeñado como
maestra municipal durante el período comprendido entre el 17 de septiembre de 1980 y
el 30 de enero de 1984, razón por la cual es dable concluir que no se encuentra
suficientemente acreditado el requisito en estudio.
47. Por otra parte, si bien los Formatos Únicos para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral expedidos por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) con fechas del 23 de enero de 2019 y del 12 de febrero de 2026, así como las
11 Ver entre otras, sentencia de 14 de noviembre de 2024, rad. 52001-23-33-000-2021-00140-01 (4685-2023), C.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez.
12 SAMAI, índice 02, archivo «01 Demanda.PDF», pág. 19.
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00137 01 (5201-2022)
Demandante: Luz Betty Cabezas Sevillano
certificaciones del 5 de junio de 2017 y del 23 de enero de 2019 emitidas por el secretario
de Educación Municipal de Tumaco, informan sobre la existencia de una designación
docente de carácter municipal durante el período analizado, lo cierto es que no pueden
tenerse como prueba idónea para efectos del reconocimiento de la pensión gracia. Ello,
en la medida en que el análisis previo del decreto de nombramiento y del acta de posesión
permite desvirtuar la idoneidad probatoria de dichos documentos para generar certeza
sobre la naturaleza y la existencia misma del vínculo invocado.
48. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que las certificaciones expedidas por
la autoridad nominadora se sustentan precisamente en los actos de nombramiento y en
las actas de posesión que reposan en el expediente administrativo laboral archivado en
las dependencias de la entidad territorial. Así, al haber descartado la Sala el valor
probatorio de dichos actos en el caso concreto por no cumplir con los estándares de
certeza exigidos, la misma suerte deben correr las certificaciones que de ellos derivan al
carecer de autonomía suficiente para subsanar las deficiencias advertidas en los
documentos de origen.
49. En ese orden de ideas, la Sala no echa de menos que el acto de nombramiento no
haya sido aportado en original, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 244 CGP las
copias simples conservan mérito probatorio siempre que no hayan sido tachadas o
desconocidas. La deficiencia radica en que en el presente asunto su contenido no ofrece
certeza clara e inequívoca respecto del hecho que se pretende demostrar.
50. A ello se suma que no existen otros elementos probatorios que permitan contrastar
o corroborar el contenido del referido acto administrativo de designación habida cuenta
de que —como se ha expuesto— las certificaciones de tiempo de servicio allegadas se
sustentan, según se infiere, en la misma transcripción previamente analizada.
51. Cabe resaltar, además, que quien acudió a esta jurisdicción tenía pleno
conocimiento de que uno de los motivos determinantes de la negativa administrativa al
reconocimiento de la pensión gracia fue, entre otros aspectos, la no acreditación de la
prestación del servicio docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Pese a ello,
la interesada no allegó nuevos medios probatorios que permitieran generar un
convencimiento pleno acerca de la prestación real del servicio docente en la modalidad
exigida, esto es, de carácter territorial o nacionalizado.
52. Para tal efecto, bien pudo aportar, entre otros medios, actos de reconocimiento de
prestaciones correspondientes a la época, o incluso el acto de nombramiento original, el
cual —según se afirmó— reposa en los archivos del ente territorial, sin que ello hubiese
ocurrido. Incluso, bien pudo la interesada solicitar la reconstrucción administrativa del
expediente en el que tuvo la opción aportar constancias de nóminas o pagos de salarios,
entre otros, que analizados en conjunto respaldaran el nombramiento bajo estudio.
53. Debe señalarse que el criterio jurisprudencial desarrollado en los apartados
precedentes ha sido aplicado de manera reiterada y pacífica por esta Subsección en
asuntos de análogos contornos fácticos, como se evidencia en las sentencias proferidas
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00137 01 (5201-2022)
Demandante: Luz Betty Cabezas Sevillano
los días 14 de noviembre de 202413, 23 de abril de 202514, 14 de mayo de 202515, 28 de
agosto de 202516, 16 de octubre de 202517, 20 de noviembre de 202518 y 11 de febrero
de 202619.
54. En adición a lo anterior, se hace menester señalar que los artículos 165 y 167 del
CGP, aplicables a esta jurisdicción por remisión expresa del artículo 306 del CPACA,
consagran los principios de libertad probatoria y carga de la prueba, conforme a los cuales
corresponde a las partes acreditar los supuestos fácticos de las normas que consagran
el efecto jurídico pretendido.
55. En consecuencia, en el presente asunto era a la parte demandante a quien le
asistía la carga de demostrar de manera inequívoca20 el cumplimiento del requisito legal
relativo a la vinculación como docente de carácter territorial o nacionalizada con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, exigencia que no se encuentra acreditada en el
caso concreto, según el análisis probatorio previamente desarrollado.
56. En ese contexto y teniendo en cuenta que los requisitos previstos por la Ley 114
de 1913 y sus normas concordantes son de carácter concurrente, el incumplimiento de
uno solo de ellos resulta suficiente para negar el reconocimiento de la prestación
reclamada. Por consiguiente, al no haberse acreditado el presupuesto relativo a la
vinculación docente territorial o nacionalizada en el lapso exigido, se impone revocar la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, sin
que sea necesario efectuar consideraciones adicionales sobre los demás requisitos
legales.
Condena en costas
57. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
58. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
13 Rad. 52001-23-33-000-2021-00140-01 (4685-2023) y 52001-23-33-000-2016-00439-01 (4925-2022), C.P. Jorge Iván
Duque Gutiérrez.
14 Rad. 52001-23-33-000-2020-01115-01 (5806-2022), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
15 Rad. 52001 23 33 000 2021 00077 01 (1907–2024) y 52001 23 33 000 2021 00423 01 (1327-2024), C.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves.
16 Rad. 52001 23 33 000 2017 00674 01 (2597-2019), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
17 Rad. 52001 23 33 000 2015 00875 01 (1429-2018), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
18 Rad. 52001 23 33 000 2019 00499 01 (7304-2023), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; rad. 52001 23 33 000 2019
00328 01 (4700-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
19
Rad. 52001 23 33 000 2017 00606 01 (2610-2019), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
20 La Sala Plena de esta Sección mediante la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 fijó la
siguiente regla jurisprudencial para efectos de acreditar la naturaleza de la vinculación docente en materia de pensión
gracia: «(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste
el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación
de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.»
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00137 01 (5201-2022)
Demandante: Luz Betty Cabezas Sevillano
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
59. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
60. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias a la parte
demandante por cuanto se revoca la sentencia de primera instancia y se niegan en su
integridad las pretensiones de la demanda. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Nariño.
61. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR en su totalidad la sentencia del 30 de marzo de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso de la referencia. En su lugar,
NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
incoada por la señora Luz Betty Cabezas Sevillano contra la UGPP.
SEGUNDO. Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00137 01 (5201-2022)
Demandante: Luz Betty Cabezas Sevillano
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.