Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00499-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00499-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2019-00499-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001 23 33 000 2019 00499 01 (7304-2023)
Demandante: Sara Elena Rodríguez Rincón
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente.
Naturaleza de la vinculación docente. Análisis condena en
costas. Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 19 de mayo de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad de las Resoluciones RDP 019588 del
02 de julio de 2019 y RDP 0026149 del 02 de septiembre de 2019 por medio de
las cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, negó el reconocimiento y pago de
una pensión gracia; y resolvió negativamente el recurso de apelación,
respectivamente.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, reajustados conforme al
IPC; se condene a la UGPP el pago de intereses moratorios; y se condene en costas
en los términos del artículo 188 del CPACA y el artículo 361 del CGP.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
4. La señora Sara Elena Rodríguez Rincón señaló que nació el 08 de enero de 1964,
por tanto, cumplió 50 años el 08 de enero de 2014.
1 0001 2019-00499 CUADERNO 1.PDF
Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Sara Elena Rodríguez Rincón
5. Indicó que prestó sus servicios como docente municipal desde el 18 de enero de
1980 hasta el 12 de diciembre de 1992; y luego desde el 29 de febrero de 1996
hasta el 10 de septiembre de 2019; que además desempeñó el cargo con honradez
y buena conducta, por lo que estima cumple los requisitos para obtener la pensión
gracia.
6. El 18 de febrero de 2019 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión
gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta
de manera negativa mediante los actos hoy demandados.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
7. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 53 de la
Constitución; las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 4° de 1966 y 91 de
1989. Alegó que se cumplieron todos los requisitos exigidos para el reconocimiento
de la pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada negó el derecho
prestacional de la docente, en clara omisión de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado sobre el asunto.
8. En resumen, en el concepto de la violación después de realizar un recuento
normativo de la prestación, expuso que la entidad demandada desconoció la
idoneidad de los documentos aportados, y considera que contrario a lo señalado
por aquella, dichos pruebas si dan cuenta del tiempo de servicio, factores de salario,
situación laboral y tipo de nombramiento.
1.4. Contestación de la demanda2
9. Luego de presentada la demanda el 26 de septiembre de 2019 y admitida el 10
de febrero de 2020, una vez notificada, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a través
de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, indicando que la
demandante no demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para
hacerse acreedora de la pensión gracia, pues no demostró el tipo de vinculación
que ostentaba con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, ni el origen de los
recursos con que se pagaron sus salarios. Además, el vínculo a partir de 1996 de
conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de orden nacional.
10. Precisó que no existe prueba idónea en donde conste el tipo de nombramiento,
la fecha de vinculación o el origen de los recursos, pues la demandante no aportó
2
01 CONTESTACION DEMANDA.pdf
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el original o copia del acto de nombramiento, así como tampoco adjuntó el
certificado de información laboral en formato CETIL expedido por la autoridad
competente.
11. Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de principios
constitucionales y legales; ii) cobro de lo no debido; y ii) prescripción.
1.5. Sentencia de primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia de 19 de mayo de 2023,
accedió a las pretensiones de la demanda. En ese orden, i) declaró la nulidad de
las Resoluciones RDP 019588 de 02 de julio de 2019 y RDP 026149 de 02 de
septiembre de 2019 expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección-UGPP a través de las que
se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la actora; ii) a título de
restablecimiento del derecho condenó a la UGPP a reconocer y pagar la pensión
gracia a partir del 08 de enero de 2014, teniendo en cuenta los factores devengados
en el año anterior a la adquisición del estatus pensional; iii) declaró la prescripción
de las mesadas causadas con anterioridad al 26 de septiembre de 2016; iii) la
indexación sobre las sumas adeudadas; y iv) condenó en costas en un 80% a la
parte demandada.
13. Lo anterior, teniendo en cuenta que encontró probado que la demandante se
desempeñó como docente del orden territorial, acreditando la totalidad de los
requisitos exigidos por la ley para obtener la prestación deprecada. Destacó que si
bien, no se aportaron los actos de nombramiento, si se advierte que se allegó copia
de las actas de posesión y certificados de tiempo de servicios en los cuales hay
suficiente claridad acerca del ejercicio de la docencia de la señora Sara Elena
Rodríguez Rincón, la autoridad que efectuó el nombramiento, los extremos
temporales y el origen de los recursos.
1.6. Recurso de apelación
14. A modo de síntesis, se tiene que la UGPP, mediante apoderado judicial,
interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria de la sentencia de primera
instancia, alegando que la parte actora no cumple con los requisitos contemplados
en la Ley 114 de 1913, concretamente, haber prestado servicio docente por 20 años
de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado, esto, con ocasión a
que no fueron aportados los actos administrativos de nombramiento y posesión.
15. Alegó que los documentos que se encuentran en el expediente administrativo
no son idóneos para el reconocimiento de la prestación, ya que, aunque
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anteriormente se utilizaban los certificados FOMAG para este fin, desde el 1° de
julio de 2019 solo se requiere el formato CETIL. Esto se debe a que el Decreto 726
de 2018 establece que las entidades encargadas del reconocimiento no pueden
tramitar las solicitudes de prestaciones utilizando formatos distintos al CETIL,
excluyendo, a partir de esa fecha, los formatos CLEBP establecidos en la Circular
Conjunta No. 13 de 2007 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio
de la Protección Social.
16. Por otro lado, advirtió que el actor devenga otra pensión remunerada con
recursos de la Nación y, así las cosas, se debe determinar que el actor incurriría en
la prohibición de doble remuneración proveniente de recursos de la Nación.
17. Consideró que desde el año 1990 el tipo de vinculación en el departamento de
Nariño fue del orden nacional en razón a la entrada en vigencia de la Ley 91 de
1989.
18. Por último, solicitó revocar la condena en costas, toda vez que no hubo una
actuación transgresora de los principios de buena fe y lealtad procesal por parte de
la UGPP.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
19. Mediante auto de 28 de febrero de 2024, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada.
20. A su turno, el apoderado de la UGPP reiteró su petición de revocar la sentencia
de primera instancia, en tanto aduce que los recursos con que fueron pagados los
salarios de la demandante provenían del situado fiscal, razón por la cual el vínculo
es de naturaleza nacional.
21. Por su lado, la parte demandante solicitó confirmar la sentencia de primera
instancia, en razón a que cumple con los requisitos exigidos por la ley.
22. El Agente del Ministerio Público que actúa ante esta Corporación, guardó
silencio.
23. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
24. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.
25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso4, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente
la parte demandada presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a
lo allí plasmado.
2.2. Problema jurídico
26. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Sara Elena
Rodríguez Rincón, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia
por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a los 20 años de
servicio como docente del orden territorial y/o nacionalizado; o si, por el contrario,
no acredita las exigencias para obtener dicha prestación.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1. Pensión gracia
27. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en
el magisterio por un término no menor de 20 años.
28. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además
de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos
con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por su parte, se
reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial
con antelación al 31 de diciembre de 1980.
3
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
4 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
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29. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
30. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
31. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el
alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera de texto).
32. El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será
regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
33. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
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nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la
Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y
cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»5
34. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20186 previó, entre otras la siguiente pauta jurisprudencial:
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
35. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».7
36. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
37. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria
o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad
de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
6
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
7
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió con los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4 Actuación administrativa
38. La demandante, actuando por intermedio de apoderada, el 18 de febrero de
2019 solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP el reconocimiento y
pago de una pensión gracia, la cual fue negada a través de la Resolución RDP
019588 del 02 de julio de 2019, sustentada en que para demostrar el tipo de vínculo
es indispensable aportar original o copia auténtica de los actos de nombramiento y
posesión.
39. Inconforme con la respuesta, la interesada interpuso recurso de apelación el
cual fue desatado de forma negativa mediante la Resolución RDP 026149 del 02
de septiembre de 2019.
2.5 Caso concreto
40. Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema
jurídico planteado, en orden a verificar si la actora cumple con las exigencias
contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la
jurisprudencia del Consejo de Estado para el reconocimiento de la acreencia
pensional en discusión.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
• Edad
40. Revisado el expediente, se encuentra acreditado que la señora Rodríguez
Rincón nació el 08 de enero de 19648, razón por la que, el 08 de enero de 2014,
cumplió 50 años; requisito este frente al cual no existe discusión.
• Buena conducta
41. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, la actora adjuntó declaración
juramentada en la que señala haber ejercido la docencia con buena conducta,
además no se observan reproches que pongan en duda su actuar en el desarrollo
de la actividad educativa, por lo que también se entiende cumplido dicho requisito.
• Vinculación de la demandante y tiempo de servicios
42. Previo a la verificación de este requisito, advierte la Sala que el debate frente a
la valoración de los documentos aportados en copias simples se zanjó hace un
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tiempo, estimándose que, en la medida que las copias simples no sean tachadas
de falsas por la contraparte, conservan su valor probatorio, refiriéndose así el
Consejo de Estado9 a una “autenticidad tácita”, lo cual propende por garantizar el
derecho sustancial sobre el formal, así como el principio de buena fe. Debido a lo
anterior, la Sala dará merito probatorio a las pruebas aportadas en copias, las cuales
valga resaltar, fueron decretadas e incorporadas al proceso.
43. Por otro lado, en vista de las inconformidades planteadas con el recurso de
apelación, resulta necesario indicar que, teniendo en cuenta lo señalado en
sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022
proferida por esta Sección del Consejo de Estado, la interpretación que debe darse
al artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia, es que los docentes pueden acceder a la
misma antes y después del 29 de diciembre de 1989, en la medida que cumplan
con el requisito de demostrar una vinculación territorial o nacionalizada antes del 31
de diciembre de 1980, y claro está, acrediten los demás requisitos de ley, esto
último, incluso con posterioridad a dicha data.
44. En ese orden, no tiene vocación de prosperidad el argumento de la parte
recurrente, relacionado con que todo tiempo de prestación de servicio docente luego
de la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 es de carácter nacional.
45. Ahora bien, se observan las siguientes novedades laborales de la solicitante
como docente oficial:
• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 18 de enero de 1980
hasta el 12 de diciembre de 1992 (12 años, 10 meses y 24 días)
46. Revisado el expediente, se observa que reposa acta de fecha 18 de enero de
1980, que da cuenta que la actora tomó posesión del cargo de maestra municipal
en la Escuela Rural Mixta Congal Frontera, para el cual fue nombrada mediante
Decreto 022 de 1980 proferido por el alcalde municipal de Tumaco, acto este último
que no obra en el plenario.
47. Con relación a este periodo la Secretaría de Educación de Tumaco en Formato
Único para la Expedición de Historia Laboral del 10 septiembre de 2019, certificó
que la señora Sara Elena Rodríguez Rincón fue nombrada maestra municipal en la
Escuela Rural Mixta Congal Frontera de Tumaco a través del Decreto 022 de 18 de
9 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Radicación número: 11001-03-15-000-2007-
01081-00(REV)SU – sentencia de 30 de septiembre de 2014
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enero de 1980, en donde laboró desde esta última data hasta el 12 de diciembre de
1992.
48. En igual sentido, la entidad territorial en esa misma fecha certificó que la
educadora se desempeñó en el periodo de la referencia con una vinculación de
naturaleza municipal a cargo de la planta de personal del municipio de Tumaco
(Nariño), y su pago se efectuaba con recursos propios del municipio.
49. Sumado a lo anterior, en atención al requerimiento realizado en primera
instancia, la Secretaría de Educación del municipio de Tumaco certificó el 15 de
noviembre de 2022, que la señora Rodríguez fue designada i) maestra municipal en
la Escuela Rural Mixta Congal Frontera, zona rural del municipio de Tumaco,
mediante Decreto 022 de 18 de enero de 1980 hasta el 12 de diciembre de 1992; ii)
luego, vinculada mediante orden de prestación de servicios en la Escuela Ciudadela
Tumaco a partir del 13 de septiembre de 1993; iii) mediante orden de prestación de
servicios en la Escuela San José del Guayabo a partir del 01 de septiembre de 1995;
y por último iv) nombrada docente municipal en propiedad en la Escuela Rural
Puerto Nidia hoy Institución Educativa Integrada Chilvi, mediante Decreto 038 de 29
de febrero 1996.
50. A su vez, en virtud del decreto de pruebas de oficio emitido en esta instancia 10,
la Secretaría de Educación del municipio de San Andrés de Tumaco remitió i)
certificado en el que indica que la actora labora como docente municipal en la
Institución Educativa Integrada de Chilvi -sede N° 06 Puerto Albania; ii) Formato
Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral de fecha 15 de julio de
2025, en el que consta que reafirma el vínculo docente municipal de la actora desde
el 18 de enero de 1980 hasta el 12 de diciembre de 1992, designación que tuvo
lugar mediante Decreto 022 de 18 de enero de 1980, adjuntando nuevamente el
acta de posesión y iv) oficio de esta última fecha informando al director de la Escuela
Rural Mixta Congal Frontera de Tumaco, sobre dicha novedad administrativa,
reiterando la calidad de docente municipal.
51. En punto a este periodo, estima esta Sala que, contrario a lo sostenido por el
tribunal de instancia, no es posible computar el tiempo de servicio alegado por la
parte actora de 18 de enero de 1980 a 12 de diciembre de 1992, dado que el material
probatorio obrante en el plenario no ofrece certeza suficiente sobre el desarrollo de
la labor educativa en el orden territorial o nacionalizado.
52. Lo anterior, en vista que la Sala en esta instancia decretó prueba de oficio a fin
de obtener, entre otros, los actos administrativos de designación, especialmente el
10 Auto de 5 de junio de 2025; y las pruebas aportadas reposan en índices 25 a 30 en Samai.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00499 01 (7304-2023)
Demandante: Sara Elena Rodríguez Rincón
del año 1980 para establecer la naturaleza del cargo; sin embargo, la secretaría de
educación de Tumaco, nuevamente remitió acta de posesión y certificado laboral
actualizado, reiterando que la actora ejerció durante ese interregno.
53. Valga mencionar que, si bien es cierto a la luz de la sentencia de unificación
CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201811, la prueba de la calidad docente
territorial puede acreditarse no solo a partir del acto de designación sino también de
certificaciones expedidas por el nominador que de manera inequívoca permitan
establecer ello; empero, en el asunto que convoca, revisada el acta de posesión
allegada al plenario se observa que si bien se incluyó el nombre de la docente
demandante, dicha acta no contiene su número de identificación y menos aún se
encuentra firmada por aquella. A ello se suma que, aunque la entidad empleadora
reafirma mediante certificado laboral, que la actora prestó servicios por el lapso que
se analiza, infiere la Sala que tal información se basó en la misma acta de posesión
a la cual en esta ocasión se le resta merito probatorio, y a esa conclusión se arriba
en tanto, como se explicó, se solicitó prueba del acto de nombramiento y no fue
allegada, y no se informó de alguna imposibilidad para su remisión.
54. En ese orden, el certificado de tiempos de servicios resulta insuficiente, en la
medida que no permite establecer de manera inequívoca la prestación del servicio
docente territorial o nacionalizado, por las razones mencionadas en párrafo anterior,
habiendo incumplido la demandante la carga probatoria que le asiste al tenor del
artículo 167 del CGP.
55. Así, se concluye que la actora no demostró la vinculación docente en las
modalidades mencionadas, antes del 31 de diciembre de 1980, requisito
indispensable para continuar con el análisis de las demás exigencias, entre estas,
la labor docente durante 20 años, para lo cual se aportaron actos de nombramiento
a partir del año 1996 y hasta el 10 de septiembre de 2019, tiempo frente al cual no
se emitirá ninguna valoración, pues se itera, no se prueba el requisito esencial del
vínculo antes de 1980.
56. Por lo anterior, se impone revocar en su totalidad12 la sentencia de primera
instancia para en su lugar negar las pretensiones de la demanda.
2.6. De la condena en costas
57. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
11
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
12 Incluida la condena en costas a la entidad
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frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
58. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
59. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
60. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias a la actora -parte
vencida- dado que se revoca en su totalidad la sentencia apelada, prosperando el
recurso presentado por la UGPP. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Nariño.
61. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 19 de mayo de 2023, que accedió a las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la entidad, conforme la
motivación.
SEGUNDO: En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones
expuestas.
TERCERO. Condenar en costas en ambas instancias a la parte vencida -
demandante-, conforme la motivación. Para tal efecto, las agencias en derecho
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serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.
TERCERO. Reconózcase poder a la abogada Rocío Del Pilar Arenas España para
actuar en calidad de apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social de conformidad con
el memorial que reposa en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”; quien a su vez le sustituye poder a la
abogada Mayra Alejandra Padilla Niviayo mediante memorial que reposa en el
mismo índice.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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