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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00057-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00057-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR en su totalidad la sentencia del 9 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso de la referencia. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Yonia del Carmen Torres Mosquera contra la UGPP. SEGUNDO. Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2020-00057-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001 23 33 000 2020 00057 01 (2685-2023)
Demandante: Yonia del Carmen Torres Mosquera
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Incumplimiento de carga de la
prueba. Requisito de vinculación antes del 31 de diciembre de 1980.
Aplicación de sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio
de 2018.

Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia porque la actora no
acreditó de forma inequívoca la existencia de una vinculación docente
de carácter territorial y/o nacionalizado antes del 31 de diciembre de
1980.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 9 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA),
solicitó que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones RDP 029560 del 30 de septiembre de 2019 y RDP 034623 del 18 de
noviembre de 2019, mediante los cuales la entidad demandada negó el reconocimiento
y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar la referida prestación periódica, en cuantía equivalente
al 75% del promedio de los salarios y factores salariales devengados durante el último
año de servicios, con efectos a partir del 20 de octubre de 2015, fecha en la cual afirmó
haber adquirido el estatus pensional. Asimismo, solicitó que se reconozcan las mesadas

Radicación: 52001 23 33 000 2020 00057 01 (2685-2023)
Demandante: Yonia del Carmen Torres Mosquera

debidamente reajustadas conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que se
condene en costas a la entidad demandada.

3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la demandante afirmó que se
desempeñó como maestra municipal en el municipio de Tumaco (Nariño) desde el 27 de
octubre de 1980 hasta el 20 de mayo de 2016, en un cargo que hacía parte de la planta
de personal del ente territorial y cuya remuneración se efectuaba con recursos propios.
Indicó, además, que adquirió el estatus pensional el 20 de octubre 2015, al haber
cumplido 50 años de edad —pues nació el 20 de octubre de 1965— y reunir el tiempo de
servicios exigido, así como que durante su ejercicio docente actuó con honradez y buena
conducta.

4. Asimismo, relató que el 15 de julio de 2019 solicitó ante la entidad demandada el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, petición que fue negada mediante los actos
administrativos acusados bajo el argumento de que los documentos aportados no
resultaban idóneos para acreditar el tiempo de servicios requerido.

Contestación de la demanda

5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones dado que la demandante no
acreditó de manera idónea los requisitos para acceder a la pensión gracia, en particular
el requisito de vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, el tiempo de servicios, el
tipo de vinculación y el origen de los recursos.

6. Sostuvo que no existe prueba idónea del tiempo de servicios ni de la vinculación
docente ya que no se aportaron los actos de nombramiento y posesión en original o copia
auténtica, documentos indispensables para acreditar la relación legal y reglamentaria; ni
se cumplieron los presupuestos para acudir a prueba supletoria conforme a la Ley 50 de
1886.

7. Indicó que las certificaciones allegadas son incompletas e insuficientes, por no
precisar el tipo de vinculación ni el origen de los recursos y reiteró que la carga de la
prueba corresponde al demandante conforme al artículo 167 del CGP.

8. Adicionalmente, alegó que la demandante habría percibido salarios financiados
con recursos del Sistema General de Participaciones, lo cual implicaría el incumplimiento
del requisito previsto en el numeral 3 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913, relativo a no
haber recibido remuneración de carácter nacional. Así mismo, afirmó que no se acreditó
plenamente el requisito de buena conducta, al no obrar certificación disciplinaria
completa.

9. Propuso como excepciones de fondo las que tituló como «inexistencia de
vulneración de principios constitucionales y legales», «cobro de lo no debido»,
«prescripción» y el reconocimiento oficioso de excepciones.

Radicación: 52001 23 33 000 2020 00057 01 (2685-2023)
Demandante: Yonia del Carmen Torres Mosquera

Sentencia apelada

10. El Tribunal Administrativo de Nariño dictó sentencia el 9 de febrero de 2023,
mediante la cual declaró la nulidad de los actos administrativos impugnados y, como
restablecimiento del derecho, condenó a la entidad demandada a reconocer a favor de la
actora la pensión gracia equivalente al 75% del promedio mensual de todos los factores
salariales devengados en el año previo a la consolidación del estatus pensional.
Asimismo, decretó la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad
al 15 de julio de 2016 y condenó en costas a la accionada.

11. Con fundamento en el material probatorio, el tribunal concluyó que la demandante
acreditó los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, al verificar, en primer
lugar, el cumplimiento del requisito de edad, pese a haber alcanzado los 50 años el 20
de octubre de 2015.

12. En relación con la vinculación previa al 31 de diciembre de 1980 y el tiempo de
servicios, se desestimó la tesis de la entidad demandada que exigía exclusivamente actos
de nombramiento y posesión como prueba, al considerar aplicables los principios de
libertad probatoria e in dubio pro operario. En ese sentido, otorgó valor probatorio a
documentos como el acta de posesión del 27 de octubre de 1980, el certificado de historia
laboral del FOMAG y certificaciones de la Secretaría de Educación de Tumaco, con los
cuales se acreditó la vinculación docente desde 1980 y una prestación de servicios
superior a 20 años (más de 26 años acumulados).

13. De igual forma, el a quo estableció que la demandante tuvo una vinculación de
carácter territorial (municipal), evidenciada en los actos de nombramiento y certificaciones
laborales, así como la financiación con recursos del ente territorial, lo cual permite su
cómputo conforme al artículo 15 de la Ley 91 de 1989. Asimismo, se tuvo por acreditada
la buena conducta, ante la ausencia de sanciones disciplinarias certificada por las
autoridades competentes.

14. Por último, justificó la condena en costas contra la accionada habida cuenta de
que resultó vencida en el proceso.

Recurso de apelación

15. La entidad demandada presentó recurso de apelación en el que solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia al estimar que incurrió en errores de
valoración probatoria y de interpretación normativa.

16. Puntualmente, afirmó que no existe certeza sobre la vinculación de la demandante
entre el 27 de octubre de 1980 y el 30 de septiembre de 2002, pues aunque se allegaron
actas de posesión sin número, la propia Secretaría de Educación indicó que no tiene
certeza sobre la autenticidad del Decreto 170 de 1980. En ese sentido, afirmó que el
tribunal incurrió en un error al dar prevalencia al certificado del FOMAG, entidad que —
según la apelante— solo puede acreditar aportes, pero no la naturaleza de la vinculación
ni el carácter municipal de la plaza.

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Demandante: Yonia del Carmen Torres Mosquera

17. Adicionalmente, señaló que conforme al Decreto 1174 del 30 de diciembre de
2003, únicamente a partir de dicha fecha el Municipio de Tumaco administró directamente
cargos docentes financiados con recursos del Sistema General de Participaciones, lo que
implica que los períodos anteriores (1980–2002) eran financiados con recursos de la
Nación. Por ello, sostuvo que dichos tiempos no son computables para la pensión gracia,
y que aun aceptando los tiempos posteriores (2004–2016), no se alcanzarían los 20 años
exigidos.

18. Finalmente, alegó que es improcedente la condena en costas dado que no se
probó su causación material ni existió conducta temeraria o de mala fe por parte de la
entidad, razón por la cual solicitó su revocatoria junto con la decisión de fondo.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

19. Mediante auto del 21 de septiembre de 2023 se admitió el recurso de apelación y
se le advirtió a la parte demandante que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia
para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que podía emitir
concepto hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para sentencia.

20. La parte demandante solicitó confirmar la sentencia de primer grado argumentando
que acreditó los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión gracia. Señaló
que cuenta con más de 20 años de servicio en la docencia oficial con nombramiento de
carácter municipal e ingresó al magisterio antes del 1 de enero de 1981 con salarios
pagados con recursos propios municipales y sin sanciones disciplinarias. Indicó que el
formato único pala expedición de historia laboral y los decretos de nombramiento
demuestran de forma continua la vinculación municipal y que, conforme a las sentencias
de unificación del 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022, procede confirmar el fallo
apelado.

21. Por su parte, la entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en el recurso
de apelación y la contestación de la demanda.

22. El Ministerio Público conceptuó que la sentencia de primera instancia debe
confirmarse estimando que está probado que la demandante cumplió los requisitos para
acceder a la pensión gracia: acreditó la edad al cumplir 50 años el 20 de octubre de 2015,
la vinculación docente anterior al 31 de diciembre de 1980 mediante Decreto 170 del 27
de octubre de 1980 y un tiempo de servicio superior a 20 años como docente municipal
en Tumaco. Asimismo, destacó que la buena conducta se encuentra acreditada y que las
pruebas aportadas (certificados del FOMAG y de la Secretaría de Educación) permiten
establecer el carácter territorial de la vinculación, aun cuando existan cuestionamientos
sobre autenticidad no desvirtuados.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente

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Demandante: Yonia del Carmen Torres Mosquera

para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

Problemas jurídicos

24. De conformidad con los reparos planteados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si se acreditó de manera idónea la vinculación docente
de la demandante con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, a partir del Decreto 170
del 27 de octubre de 1980, del acta de posesión y de las certificaciones expedidas por el
FOMAG y el municipio de Tumaco; o si, por el contrario, como lo sostiene la entidad
apelante, la ausencia de los actos de nombramiento y posesión en original o copia
auténtica, así como la información obrante las certificaciones de la autoridad nominadora
que daría cuenta de una posesión efectiva en 2003, impiden tener por demostrado dicho
requisito.

25. De acreditarse lo anterior, deberá establecerse si los tiempos de servicio invocados
por la demandante pueden ser computados como vinculación de carácter territorial, para
efectos de cumplir el requisito de los 20 años de servicios exigido en el artículo 1 de la
Ley 114 de 1913, pese a que los salarios habrían sido sufragados con recursos del
Situado Fiscal y/o del Sistema General de Participaciones, y si tal circunstancia resulta
determinante para modificar la naturaleza jurídica del vínculo docente.

26. Finalmente, en el evento de confirmarse el reconocimiento de la pensión gracia,
corresponde a la Sala analizar si la condena en costas impuesta a la entidad demandada
se ajusta a lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP.

Análisis de los problemas jurídicos

27. La Sala anuncia que la parte demandante no acreditó de forma inequívoca haberse
vinculado como docente de carácter territorial y/o nacionalizado antes del 31 de diciembre
de 1980. Por tal razón, se procederá a revocar la sentencia emitida en primera instancia,
conforme a las motivaciones que se expondrán a continuación.

Examen del requisito de vinculación territorial y/o nacionalizada con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980

• Periodo desde el 27 de octubre 1980 hasta el 30 de septiembre de 2002 (21
años, 11 meses y 3 días)

28. En el expediente obra copia del acta de posesión del 27 de octubre de 1980, en la
cual se dejó constancia de que la demandante compareció al despacho del alcalde
municipal de Tumaco para asumir el cargo de maestra municipal en la Escuela Las
Mercedes Rio Chugui, en cumplimiento del nombramiento efectuado mediante el Decreto
170 del 27 de octubre de 1980. Dicho documento se encuentra suscrito por el alcalde de
Tumaco, el secretario general de la Alcaldía y por la demandante1.

1 SAMAI, índice 02, archivo «6g. Acta de posesion 27-10-1980.pdf», pág. 1.

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Demandante: Yonia del Carmen Torres Mosquera

29. También obra oficio del 27 de octubre 1980, mediante el cual el secretario general
de la Alcaldía de Tumaco informó al director de la Escuela Las Mercedes Rio Chugui
sobre el nombramiento de la demandante como maestra municipal; no obstante, en dicho
documento no se advierte constancia ni sello de recibido2.

30. Igualmente, reposan el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y por la Secretaría de Educación de Tumaco con fecha del 3 de diciembre de
20193.

31. En dicho certificado se registran diversas vinculaciones de la demandante entre
1980 y 2016, en las que se desempeñó como docente de básica primaria con vinculación
de carácter municipal. En particular, se indica que fue nombrada mediante Decreto 170
del 27 de octubre de 1980 y que prestó servicios de forma continua desde esa fecha
hasta el 30 de septiembre de 2002.

32. El secretario de Educación Municipal de Tumaco expidió certificación del 3 de
diciembre de 20194, en la cual señaló que, una vez revisada la hoja de vida de la
demandante, se constató que se desempeñó como docente entre el 27 de octubre de
1980 y el 20 de mayo de 2016 fueron de vinculación municipal, con fuente de recursos
propios.

33. En la audiencia inicial celebrada el 19 de septiembre de 2022, el tribunal de primera
instancia requirió a la Secretaría de Educación de Tumaco para que aportara información
completa sobre la relación laboral de la demandante, incluyendo certificaciones de tiempo
de servicio, la naturaleza de la vinculación, la fuente de financiación de los salarios, así
como los actos de nombramiento, posesión, traslados y demás soportes de su vínculo
legal y reglamentario con la entidad territorial.

34. La Secretaría de Educación de Tumaco dio respuesta mediante oficio del 27 de
septiembre de 20225, anexando certificación del 22 de septiembre de 2022 6, en la cual
indicó que respecto del periodo comprendido entre el 27 de octubre de 1980 y el 30 de
septiembre de 2002, la demandante aportó actas de posesión sin número que hacen
referencia al Decreto 170 del 27 de octubre de 1980, precisando expresamente que no
existe certeza sobre la autenticidad de dicho acto administrativo.

35. Así las cosas, la Sala valorará las pruebas documentales relacionadas en
precedencia conforme a los estándares probatorios adoptados por la Sala Plena de esta
Sección del Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20187, en la que se consolidó la siguiente regla jurisprudencial:

2
Ibid., pág. 2.
3 SAMAI, índice 02, archivo «001. 2020-0057 NRD - Folios 1 - 50.pdf», págs. 23-24.
4 Ibid., pág. 32.
5 SAMAI, índice 02, archivo «RESPUESTA SOLICITUD INFORMACION.pdf».
6 SAMAI, índice 02, archivo «3. Certficacion de origen de salarios.pdf», pág. 1.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación proferida el

21 de junio de 2018, dentro del expediente 25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805-14), con ponencia del magistrado
Carmelo Perdomo Cuéter.

Radicación: 52001 23 33 000 2020 00057 01 (2685-2023)
Demandante: Yonia del Carmen Torres Mosquera

«vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.» (Negrillas de la Sala)

36. En ese sentido, corresponde al juez examinar integralmente el expediente con el
propósito de verificar la existencia de actos administrativos que permitan establecer, con
certeza y claridad, la naturaleza jurídica del vínculo o de la plaza docente de que se trate.
Ello resulta esencial, en tanto el acto administrativo de nombramiento constituye el medio
probatorio idóneo para identificar las condiciones jurídicas del empleo público, la
autoridad nominadora, la fuente de financiación y, en general, el régimen al cual quedó
sometido el servidor.

37. Empero, en ausencia de dichos actos administrativos el juez puede acudir de
manera subsidiaria a otros medios probatorios que deberán ser valorados de forma
conjunta y armónica, conforme a las reglas de la sana crítica, tales como certificaciones
expedidas por las autoridades nominadoras o educativas. No obstante, su aptitud
demostrativa está condicionada a que la información en ellas consignada resulte clara,
coherente y permita establecer de manera inequívoca la naturaleza del vínculo docente,
sin dejar márgenes razonables de duda.

38. En el presente asunto no obra en el expediente copia del acto administrativo de
nombramiento contenido en el Decreto 170 del 27 de octubre de 1980, a pesar de que
dicho documento fue expresamente requerido por el tribunal de primera instancia en el
marco de la prueba decretada en la audiencia inicial. Esta ausencia probatoria obliga a la
Sala a examinar si los demás elementos allegados al plenario resultan idóneos,
suficientes y concordantes para acreditar la existencia, naturaleza y extensión temporal
del vínculo docente analizado, conforme a las reglas de la sana crítica y a los estándares
fijados por la jurisprudencia de esta Corporación.

39. Resulta llamativo que, de existir en los archivos de la entidad el original o copia
directa del acto de nombramiento, dicho documento no haya sido aportado al plenario,
pese a que la controversia se ha centrado precisamente en este aspecto, incluso desde
las etapas iniciales del trámite pensional en sede administrativa.

40. En lo concerniente al acta de posesión del 27 de octubre de 1980, debe
considerarse que la demandante nació el 20 de octubre de 19658, razón por la cual al
momento de la posesión contaba con 14 años de edad. Si bien para la época era
jurídicamente posible la vinculación de menores de edad como docentes, en los
documentos examinados no se observa referencia alguna a esta circunstancia especial,
ni se menciona la exhibición de tarjeta de identidad u otro documento de identificación, ni
siquiera un número identificador que permita verificar plenamente su individualización en
el acta de posesión.

8 SAMAI, índice 02, archivo «001. 2020-0057 NRD - Folios 1 - 50.pdf», págs. 20-22.

Radicación: 52001 23 33 000 2020 00057 01 (2685-2023)
Demandante: Yonia del Carmen Torres Mosquera

41. Conviene advertir que el artículo 49 del Decreto 1950 del 24 de septiembre de
1973, reglamentario del Decreto Ley 2400 de 1968, disponía que para tomar posesión de
un empleo público debía presentarse la cédula de ciudadanía en el caso de los mayores
de edad y la tarjeta de identidad o cédula de extranjería para los demás. Sin embargo,
del examen del acta de posesión no se desprende referencia alguna a que la actora,
quien para ese momento era menor de edad, hubiere exhibido su tarjeta de identidad,
circunstancia que constituye un elemento para considerar la falta de idoneidad y
suficiencia probatoria de dicho documento.

42. Aunado a lo expuesto, para que dicho documento tenga la virtualidad de generar
certeza sobre el ejercicio real y continuo de las funciones durante un período
determinado, resulta indispensable valorarlo de manera conjunta con otros medios de
convicción que corroboren que, desde la fecha de posesión, la docente efectivamente
desempeñó la actividad asignada. Así lo ha precisado reiteradamente esta Sala9 en casos
donde, a partir de un análisis integral del acervo probatorio, ha sido posible establecer de
forma inequívoca la efectiva prestación del servicio.

43. En ese orden, aun cuando del acta de posesión allegada podría inferirse el
presunto nombramiento efectuado mediante el Decreto 170 del 27 de octubre de 1980,
su contenido aislado no permite concluir con certeza que la labor docente haya sido
realmente desarrollada, ni siquiera por un solo día de trabajo10.

44. En lo que respecta al Oficio del 27 de octubre 1980, mediante el cual el secretario
general de la Alcaldía de Tumaco informó el nombramiento al director de la Escuela Las
Mercedes Rio Chugui, es menester señalar que dicho documento tampoco aporta
elementos suficientes para tener por acreditado el vínculo docente alegado.

45. El citado oficio no es un acto administrativo de nombramiento, no registra
constancia de recibido por parte del director de la escuela, ni de la demandante, carece
de firma o refrendación del alcalde municipal —autoridad competente para efectuar la
designación— y tampoco incorpora ningún otro elemento verificable que permita a la Sala
establecer, de manera clara, precisa e inequívoca, la existencia y la naturaleza jurídica
de la presunta designación.

46. Se trata, entonces, de un documento que, valorado conforme a las reglas de la
sana crítica y a los estándares fijados por la jurisprudencia de unificación, tampoco
alcanza el grado de certeza exigido para acreditar una vinculación docente de carácter
territorial o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

47. Por otra parte, si bien el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral expedido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) el 3 de diciembre de 2019 y la certificación laboral emitida por la Secretaría de
Educación Municipal en la misma fecha informan sobre la existencia de una designación

9 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 20 de marzo de 2025 (exp. 20001

23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; del 27 de marzo de 2025 (exp.
52001-23-33-000-2018-00333-01 (0943-2023), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, y del 27 de marzo de 2025
(exp. 50001 23 33 000 2019 00472 01 (0949–2024), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
10 Este criterio fue desarrollado en sentencia de esta Subsección calendada el 23 de octubre de 2025,

radicado 19001-23-00-000-2019-00288-01 (7515-2023), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

Radicación: 52001 23 33 000 2020 00057 01 (2685-2023)
Demandante: Yonia del Carmen Torres Mosquera

docente de carácter municipal durante el período analizado, lo cierto es que no pueden
tenerse como prueba idónea para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

48. Ello, en la medida en que el análisis previo sobre la ausencia del decreto de
nombramiento y la irregularidad en el acta de posesión permite desvirtuar la idoneidad
probatoria de dichos documentos para generar certeza sobre la naturaleza y la existencia
misma del vínculo invocado.

49. Esta conclusión se ve reforzada por lo informado por la Secretaría de Educación
de Tumaco en certificación del 22 de septiembre de 2022, en la cual se indicó que el acta
de posesión del 27 de octubre de 1980 fue aportada por la propia demandante, respecto
de la cual se dejó expresa constancia de que no existe certeza sobre su autenticidad.

50. Cabe resaltar, además, que quien acudió a esta jurisdicción tenía pleno
conocimiento de que uno de los motivos determinantes de la negativa administrativa al
reconocimiento de la pensión gracia fue, entre otros aspectos, la no acreditación de la
prestación del servicio docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Pese a ello,
la interesada no allegó nuevos medios probatorios que permitieran generar un
convencimiento pleno acerca de la prestación real del servicio docente en la modalidad
exigida, esto es, de carácter territorial o nacionalizado.

51. Para tal efecto, bien pudo aportar, entre otros documentos, actos de
reconocimiento de prestaciones correspondientes a la época, o incluso el acto de
nombramiento original, el cual —según se afirmó— no reposa en los archivos del ente
territorial. Incluso, bien pudo la interesada solicitar la reconstrucción administrativa del
expediente en el que tuvo la opción aportar constancias de nóminas o pagos de salarios,
entre otros, que analizados en conjunto respaldaran el nombramiento bajo estudio.

52. Debe señalarse que el criterio jurisprudencial desarrollado en los apartados
precedentes ha sido aplicado de manera reiterada y pacífica por esta Subsección en
asuntos de análogos contornos fácticos, como se evidencia en las sentencias proferidas
los días 14 de noviembre de 202411, 23 de abril de 202512, 14 de mayo de 202513, 28 de
agosto de 202514, 16 de octubre de 202515, 20 de noviembre de 202516, 5 de febrero de
202617 y 11 de febrero de 202618.

53. En adición a lo anterior, los artículos 165 y 167 del CGP, aplicables a esta
jurisdicción por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, consagran los principios de
libertad probatoria y carga de la prueba, conforme a los cuales corresponde a las partes
acreditar los supuestos fácticos de las normas que consagran el efecto jurídico
pretendido.

11 Rad. 52001-23-33-000-2021-00140-01 (4685-2023) y 52001-23-33-000-2016-00439-01 (4925-2022), C.P. Jorge Iván

Duque Gutiérrez.
12 Rad. 52001-23-33-000-2020-01115-01 (5806-2022), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
13
Rad. 52001 23 33 000 2021 00077 01 (1907–2024) y 52001 23 33 000 2021 00423 01 (1327-2024), C.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves.
14 Rad. 52001 23 33 000 2017 00674 01 (2597-2019), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
15 Rad. 52001 23 33 000 2015 00875 01 (1429-2018), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
16 Rad. 52001 23 33 000 2019 00499 01 (7304-2023), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; rad. 52001 23 33 000 2019

00328 01 (4700-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
17 Rad. 52001 23 33 000 2021 00421 01 (3676-2024), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
18 Rad. 52001 23 33 000 2017 00606 01 (2610-2019), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.

Radicación: 52001 23 33 000 2020 00057 01 (2685-2023)
Demandante: Yonia del Carmen Torres Mosquera

54. En consecuencia, en el presente asunto era a la parte demandante a quien le
asistía la carga de demostrar de manera inequívoca el cumplimiento del requisito legal
relativo a la vinculación como docente de carácter territorial o nacionalizada con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, exigencia que no se encuentra acreditada en el
caso concreto, según el análisis probatorio previamente desarrollado.

55. En ese contexto y teniendo en cuenta que los requisitos previstos por la Ley 114
de 1913 y sus normas concordantes son de carácter concurrente, el incumplimiento de
uno solo de ellos resulta suficiente para negar el reconocimiento de la prestación
reclamada. Por consiguiente, al no haberse acreditado el presupuesto relativo a la
vinculación docente territorial o nacionalizada en el lapso exigido, se impone revocar la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, sin
que sea necesario efectuar consideraciones adicionales sobre los demás requisitos
legales.

Condena en costas

56. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

57. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

58. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

59. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias a la parte
demandante por cuanto se revoca la sentencia de primera instancia y se niegan en su
integridad las pretensiones de la demanda. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Nariño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Radicación: 52001 23 33 000 2020 00057 01 (2685-2023)
Demandante: Yonia del Carmen Torres Mosquera

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR en su totalidad la sentencia del 9 de febrero de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso de la referencia. En su lugar,
NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
incoada por la señora Yonia del Carmen Torres Mosquera contra la UGPP.

SEGUNDO. Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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