Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2017-00222-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2025 › Radicado 20001-23-39-000-2017-00222-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2017-00222-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-39-000-2017-00222-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
20 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente.
Naturaleza de la vinculación docente. Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 24 de enero de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad de las Resoluciones RDP 045735 del 05
de diciembre de 2016 y RDP 010865 del 16 de marzo de 2017 por medio de las
cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, negó el reconocimiento y pago de
una pensión gracia; y resolvió negativamente el recurso de apelación,
respectivamente.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, debidamente indexados y
reajustados conforme al IPC; se condene a la UGPP al pago de intereses moratorios
en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; se ordene no aplicar
descuentos para efectos de salud; y se condene en costas.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
4. El señor Miguel Bohórquez Portillo nació el 30 de septiembre de 1961, por tanto,
cumplió 50 años el 30 de septiembre de 2011; que además desempeñó el cargo
con honradez y buena conducta, por lo que estima cumple los requisitos para
1 Folios 1 al 22 cuaderno #1 del expediente físico
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
obtener la pensión gracia.
5. Indicó que prestó sus servicios como docente, así: i) desde el 08 de julio de 1980
hasta el 31 de diciembre de 1984 nombrado por el Decreto 619 del 12 de junio de
1980; ii) desde el 13 de junio de 1986 hasta el 01 de septiembre de 1990,
nombramiento efectuado mediante la Resolución 000961 del 10 de junio de 1986; y
iii) desde el 12 de septiembre de 1990 hasta por lo menos la fecha de presentación
de la demanda, por orden del Decreto 0058 del 07 de septiembre de 1990.
6. El 7 de noviembre de 2013 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta
de manera negativa mediante las Resoluciones RDP 054486 del 29 de noviembre
de 2013, RDP 000619 del 10 de enero de 2014 y RDP 019976 del 26 de junio de
2014.
7. No obstante, el 25 de julio de 2016 presentó nuevamente solicitud en igual sentido
ante la UGPP, la cual fue resuelta de manera negativa mediante los actos hoy
demandados.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
8. Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 1°, 2°, 6°, 25, 29,
48, 53, 90, 121 y 209 de la Constitución; las Leyes 4° de 1966, 114 de 1913, 116 de
1928, 4° de 1976, 33 de 1985 y 91 de 1989; así como los Decretos 081 de 1976 y
2277 de 1979. Alega que se cumplieron todos los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada negó el
derecho prestacional del docente, en clara omisión de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado sobre el asunto.
9. En resumen, en el concepto de la violación después de realizar un recuento
normativo de la pensión gracia, se expone que la entidad demandada desconoce el
tiempo de servicio con posterioridad al año 1990 por considerarlos de carácter
nacional.
1.4. Contestación de la demanda2
10. Luego de presentada la demanda el 22 de mayo de 2017 y admitida el 03 de
agosto de 2017, a través de apoderado la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
se opuso a la prosperidad de las pretensiones, indicando que el demandante no
demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley para hacerse acreedor
2
Folios 121 a 124 del cuaderno #1 del expediente físico.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
de la pensión gracia, pues la labor desarrollada con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980 fue certificada como del orden nacional.
11. Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de la obligación
y ii) prescripción.
1.5. Sentencia de primera instancia3
12. El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia de 24 de enero de 2019,
accedió a las pretensiones de la demanda. En ese orden, i) declaró la nulidad de
las Resoluciones RDP 045735 del 05 de diciembre de 2016 y RDP 010865 del 16
de marzo de 2017 expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección-UGPP a través de las que
se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia al actor; ii) a título de
restablecimiento del derecho condenó a la UGPP a reconocer y pagar la pensión
gracia a partir del 30 de septiembre de 2011 – por prescripción trienal, teniendo en
cuenta los factores devengados en el año anterior a la adquisición del estatus
pensional; y iii) ordenó la indexación de las sumas adeudadas.
13. Lo anterior, teniendo en cuenta que encontró probado que el demandante se
desempeñó como docente del orden nacionalizado y/o territorial, acreditando la
totalidad de los requisitos exigidos por la ley para obtener la prestación deprecada.
Destacó que si bien, en principio al tenor de las certificaciones obrantes en el
plenario se certificaba que el actor tuvo un vínculo nacional, ello fue desvirtuado con
la documentación aportada en cumplimiento del decreto de pruebas de oficio, que
daban cuenta de la naturaleza de las instituciones educativas en las que laboró el
actor, las cuales no fueron del orden nacional. No hubo condena en costas.
1.6. Recurso de apelación4
14. A modo de síntesis, se tiene que la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, mediante
apoderado judicial, interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria de la
sentencia de primera instancia, alegando que la parte actora no cumple con los
requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913, concretamente, haber prestado
servicio docente por 20 años de carácter departamental, distrital, municipal o
nacionalizado, esto, con ocasión a que desde el año 1990 el tipo de vinculación en
el departamento del Cesar fue del orden nacional en razón a la entrada en vigencia
de la Ley 91 de 1989.
3
Folios 402 a 414 del cuaderno #3 del expediente físico.
4
Folios 418 a 421 del cuaderno #3 del expediente físico.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
15. Mediante auto de 02 de julio de 2019, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada. Luego, con auto de fecha 09 de septiembre de
2019 se dispuso correr traslado a las partes para que presentaran alegatos de
conclusión.
16. A su turno, el apoderado de la UGPP reiteró su petición de revocar la sentencia
de primera instancia, en tanto aduce que el sustento de lo pedido carece de
fundamentos fácticos y jurídicos al no cumplir con los requisitos legales para
acceder a tal prestación.
17. Por su lado, la parte demandante y el agente del Ministerio Público que actúa
ante esta Corporación, guardaron silencio.
18. Luego, el 10 de agosto de 20235 se dictó auto decretando pruebas de oficio,
requiriendo a la Secretaría de Educación de Norte de Santander, para que allegara
prueba documental relacionada con contratos de trabajo, órdenes de prestación de
servicios y actos de nombramiento y posesión que dieran cuenta del servicio
docente del actor, certificados de tiempos de servicio, así como de la naturaleza del
vínculo, de la institución educativa y de la plaza ocupada; y se informara de donde
provenían los dineros con que se efectuaron a aquél los pagos de salarios y
prestaciones.
19. En respuesta a lo anterior, la Secretaría Jurídica de Norte de Santander anexó
lo requerido6.
20.Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
21. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.
22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
5 Folios 507 y 508 del expediente físico
6Indice 43 de SAMAI
7
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
Proceso8, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente
la parte demandada presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a
lo allí plasmado.
2.2. Problema jurídico
23. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Miguel
Bohórquez Portillo, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia
por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a los 20 años de
servicio como docente del orden territorial y/o nacionalizado; o si, por el contrario,
no acredita las exigencias para obtener dicha prestación.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1. Pensión gracia
24. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en
el magisterio por un término no menor de 20 años.
25. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además
de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos
con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por su parte, se
reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial
con antelación al 31 de diciembre de 1980.
26. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
27. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
28. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera
de texto).
29. El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero
de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas
que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan
con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la
Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar
ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
30. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»9
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
31. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 201810 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a
las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante, su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban
a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados
para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las
entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que
ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
10
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de
la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
32. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».11
33. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
34. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria
o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad
de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió con los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4 Actuación administrativa
35. El demandante, actuando por intermedio de apoderado, el 07 de noviembre de
2013 solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP el reconocimiento y
pago de una pensión gracia, la cual fue negada a través de la Resolución RDP
054486 del 29 de noviembre de 2013, sustentada en que existían inconsistencias
11
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
entre los certificados de tiempo de servicio y el de factores salariales respecto al
tipo de vinculación docente.
36. Inconforme con la respuesta, el interesado interpuso recurso de reposición el
cual fue desatado de forma negativa mediante la Resolución RDP 000619 del 10
de enero de 2014.
37. Luego, el 17 de junio de 2014 solicitó la revocatoria directa de las Resoluciones
RDP 054486 del 29 de noviembre de 2013 y RDP 000619 del 10 de enero de
2014, siendo negado nuevamente el derecho deprecado a través de la Resolución
RDP 019976 del 26 de junio de 2014.
38. Así, el 25 de julio de 2016 presentó nuevamente solicitud ante la UGPP para el
reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue resuelta
desfavorablemente con la Resolución RDP 045735 del 05 de diciembre de 2016,
alegando la prestación de tiempos de servicios del orden nacional; contra dicho acto
presentó recurso de apelación el cual fue desatado mediante la Resolución RDP
010865 del 16 de marzo de 2017 confirmando la negativa.
2.5 Caso concreto
39. Teniendo en cuenta los antecedentes, pasa la Sala a resolver el problema
jurídico planteado, en orden a verificar si el actor cumple con las exigencias
contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la
jurisprudencia del Consejo de Estado para el reconocimiento de la acreencia
pensional en discusión.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
• Edad
40. Revisado el expediente, se encuentra acreditado que el señor Miguel Bohórquez
Portillo nació el 30 de septiembre de 196112, razón por la que, el 30 de septiembre
de 2011, cumplió 50 años; requisito este frente al cual no existe discusión.
• Buena conducta
41. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.
12 Folio 25 del cuaderno 1 del expediente físico
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
• Vinculación del demandante y tiempo de servicios
42. Ahora bien, se observan las siguientes novedades laborales del actor como
docente oficial:
• Con antelación al 31 de diciembre de 1980. Desde el 08 de julio de 1980
hasta el 31 de diciembre de 1984 (4 años, 5 meses y 23 días)
43. Revisado el expediente, se advierte que reposa acta de posesión de fecha 08
de julio de 1980, que da cuenta que el actor tomó posesión del cargo de maestro
aspirante director en la escuela rural La Honda del municipio de Ocaña, Norte de
Santander, en reemplazo de Miralba Navarro Vergel, para el cual fue nombrado
mediante Decreto 619 de 12 de junio de 1980, acto este último que no obra en el
plenario.
44. Por su parte, la secretaria de educación departamental de Norte de Santander
en Formato Único para la Expedición de Historia Laboral del 03 noviembre de 2023
certificó que el señor Bohórquez Portillo fue nombrado docente en propiedad en la
Escuela Nueva La Honda ubicada en el municipio de Ocaña – Norte de Santander
a través del Decreto 619 de 12 de junio de 1980, en donde laboró desde el 08 de
julio de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1984. Véase:
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
45. Teniendo en cuenta el material probatorio referenciado, estima la Sala que el
tiempo de labor oficial del demandante como educador en el Escuela Nueva La
Honda – Ocaña (Norte de Santander) durante el periodo comprendido entre el 08
de julio de 1980 y el 31 de diciembre de 1984 (4 años, 5 meses y 23 días),
efectivamente puede ser tenido en cuenta para colmar la exigencia de 20 años de
servicio necesarios para acceder a la prestación solicitada, pues, la naturaleza de
esa designación fue del orden territorial, más no nacionalizado como se sostuvo
por la entidad en los actos acusados. Ello por cuanto, si bien el nombramiento se
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
efectuó el 12 de junio de 1980, esto es, con posterioridad a la expedición de la Ley
43 de 1975, que ocurrió el 11 de diciembre de dicha anualidad y por medio de la
cual se adelantó la nacionalización de la educación, no se advierte, a partir del acta
de posesión, la intervención o delegación de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional para efectuar el nombramiento antes señalado, en los términos del
procedimiento de la referida norma (Ley 43 de 1975), y tampoco se hizo referencia
a que la plaza ocupada por el hoy demandante hubiese sido parte de aquellas que
fueron modificadas en el proceso de nacionalización; observándose que el docente
tomó posesión del cargo ante el alcalde municipal y el secretario general de Ocaña
– Norte de Santander, y sin que se haga mención a la participación del FER.
46. En todo caso, siendo el vínculo nacionalizado o territorial, resulta computable
para efectos de pensión gracia; a lo que se suma que este tiempo de servicio no fue
objeto de cuestionamiento por la entidad en sede administrativa y tampoco en sede
judicial.
• Desde el 13 de junio de 1986 hasta el 01 de septiembre de 1990. (4 años,
2 meses y 19 días)
47. El gobernador del departamento del Cesar, en uso de sus atribuciones legales,
expidió la Resolución 000961 del 10 de junio de 1986 “por la cual se causan unas
novedades en Educación Media y Diversificada”, y nombró, entre otros, al señor
Miguel Bohórquez Portillo como profesor del colegio de educación media de San
Alberto, en reemplazo de otro educador.
48. Para la Sala resulta claro que el docente tuvo un vínculo durante este periodo,
de carácter territorial, dado que, por un lado, el acto fue suscrito por el gobernador
de Santander, de manera autónoma, sin intervención alguna del Ministerio de
Educación o delegado de esta cartera y tampoco se indicó en el mismo que se
actuara por instrucciones de dicho ministerio; y por otro lado, por cuanto pese a que
se profirió en vigencia de la Ley 43 de 1975, mediante la cual se nacionalizó la
educación en Colombia, lo cierto es que no se invoca dicha normativa, y menos aún
se desprende del material probatorio aportado que la plaza ocupada por el señor
Miguel Bohórquez Portillo haya sido objeto de nacionalización, como tampoco se
avizora que los recursos fueran de aquéllos para atender dicho proceso y que eran
administrados por los Fondos Educativos Regionales, con sujeción a los planes
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, conforme lo dispuso el artículo
6 de la ley en mención.
49. De manera que, se insiste, prestó sus servicios como docente territorial, lo cual
se acompasa con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, que dispone:
«Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975»,
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
50. En esa línea de consideraciones, esta Corporación tendrá en cuenta, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia en estudio, el tiempo servido como
docente territorial, teniendo como límite temporal el señalado en el formato único
para la expedición de historia laboral13, y el acta de posesión que reposa en el
expediente a folio 259, esto es desde el 13 de junio de 1986 hasta el 01 de
septiembre de 1990 (4 años, 2 meses y 19 días).
Desde el 12 de septiembre de 1990 hasta el 08 de abril de 2014. (23 años,
6 meses y 27 días)
51. Por medio del Decreto 0058 de 07 de septiembre de 1990, el demandante fue
nombrado en propiedad como docente de secundaria en el colegio nacional Jorge
Eliécer Gaitán, en el municipio de González, tomando posesión del cargo el 12 de
septiembre de 199014, así:
13 Folio 27 del cuaderno #1 del expediente físico
14 Acta de posesión visible a folio 258 del cuaderno #2 del expediente físico
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
52. Pese a la indicación de que se designaba en un colegio nacional; con oficio de
7 de septiembre de 1990, se le comunicó dicho nombramiento para prestar servicios
en el colegio nacionalizado Jorge Eliécer Gaitán, y en el acta de posesión 0029
de 12 de septiembre de 1990, se señaló que se trataba de ese mismo colegio
nacionalizado Jorge Eliécer Gaitán.15
53. De manera que, debe concluirse entonces que fue nombrado como docente
nacionalizado, pues se evidencia que para la promulgación de los actos
administrativos de nombramiento, resultó procedente garantizar la disponibilidad de
los recursos para sufragar los salarios del educador con cargo al entonces situado
15 Folio 258 del expediente
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
fiscal, a través del delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante
el F.E.R. Cesar; circunstancia que en todo caso no conlleva a concluir que su
vinculación fue en calidad de docente nacional, máxime cuando en el decreto de
nombramiento no se refirió la participación de la Nación ni que se actuara por
delegación de esta.
54. En cuanto a la plaza ocupada, si bien existen algunas certificaciones laborales
que refieren que fue del orden nacional, lo cierto es que a folio 378 del expediente
se encuentra respuesta enviada el 14 de diciembre de 2018 por el rector de la
institución educativa Jorge Eliecer Gaitán del municipio de González (departamento
del Cesar), en cumplimiento al decreto de pruebas efectuado por el tribunal de
instancia, en la que se informó que en “1990 la institución se denominaba Colegio
Nacionalizado Jorge Eliécer Gaitán, Naturaleza: oficial, nivel u orden territorial:
Departamental.” Asimismo, se destaca que el plantel fue nacionalizado a partir de
la Ley 12 de 198916 y que el señor Miguel Bohórquez Portillo fue nombrado para
desempeñar labores en la institución el 7 de septiembre de 1990, mediante la
Resolución N.º 0058 previamente descrita.
55. Sobre este particular, esta Corporación ha venido insistiendo que la condición
de docente nacional no se adquiere por el hecho de que en el acto administrativo
de nombramiento intervenga un delegado de esa cartera ministerial y/o porque sus
salarios hayan sido pagados con recursos del situado fiscal, ni mucho menos porque
las autoridades territoriales obraran como presidentes de las Juntas
Administradoras de los FER17, sino que lo que resulta de interés es la plaza a
ocupar, así se indicó por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201810
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto
de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad
territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional
como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la
disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
16 Por la cual se nacionaliza la educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional,
que oficialmente viene prestando el Departamento del Cesar y sus municipios.
17 Ver las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo
de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001
23 33 000 2017 00661 01 (0605– 2019).
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de
la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada,
pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en
lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias
provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a
través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con
los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.» (Resaltado del texto original)
56. Por tanto, dado que la naturaleza del nombramiento del aquí demandante fue
del orden nacionalizado y que las novedades de las que fue objeto
administrativamente no modificaron dicha naturaleza, es claro que el tiempo de
servicio docente desde el 12 de septiembre de 1990 hasta el 08 de abril de 2014
es válido para efectos de obtener la pensión gracia; extremos temporales que se
encuentran certificados en Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral, expedido el 08 de abril de 2014, que fue aportado con la demanda
y que obra a folio 31 del expediente. De tal manera que no le asiste razón a la
entidad recurrente cuando afirma que el tiempo laborado desde el año 1990 fue del
orden nacional, pues como se concluye, lo determinante es la naturaleza de la plaza
ocupada, respecto de la cual existe certeza que fue nacionalizada.
57. En ese orden de ideas, el demandante logra acreditar un total de 32 años, 3
meses y 9 días de servicio como docente territorial y nacionalizado, por lo que hay
lugar al reconocimiento y pago de la pensión gracia, como lo sostuvo el tribunal de
instancia, y como se describe a continuación
Extremos temporales Total tiempo servido Tipo de nombramiento
Desde el 08 de julio de 4 años, 5 meses y 23 días Territorial
1980 hasta el 31 de
diciembre de 1984
Desde el 13 de junio de 4 años, 2 meses y 19 días Territorial
1986 hasta el 01 de
septiembre de 1990
Desde el 12 de 23 años, 6 meses y 27 Nacionalizado
septiembre de 1990 hasta días
el 08 de abril de 2014
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
58. Ahora bien, con el recurso la entidad cuestiona la decisión del tribunal de
acceder a las pretensiones, señalando que existen certificaciones que dan cuenta
que el actor laboró como docente del orden nacional, al respecto considera la Sala
que aun cuando en efecto algunos certificados de tiempo de servicio y de factores
salariales señalan que el señor Bohórquez Portillo era docente nacional, lo cierto es
que de conformidad con el análisis en conjunto del material probatorio a la luz de la
sana critica, se estima que el actor no ostentó en ninguno de los periodos analizados
una vinculación del orden nacional, sino como se mencionó, lo fue primero territorial
y luego nacionalizado.
59. De lo hasta aquí expuesto, resulta claro para la Sala que hay lugar a confirmar
la sentencia de primera instancia, dado que el señor Miguel Bohórquez Portillo
cumple con los requisitos para hacerse acreedor a la pensión gracia, especialmente
está demostrado que cumplió 50 años de edad, tuvo vinculación docente territorial
antes de 1980, así como con posterioridad ejerció dicha profesión mediante un
vínculo territorial y nacionalizado, cumpliendo con los 20 años de servicios el 30 de
septiembre de 2011, fecha en la cual adquirió el status pensional -momento para el
cual ya había superado los 20 años de servicio, lo cual ocurrió en el año 2001-, tal
como lo determinó el juez de primera instancia.
60. En cuanto a la prescripción de las mesadas pensionales, si bien no fue objeto
de apelación la Sala se permite poner de presente que, en el asunto de la referencia,
tal como lo dispuso el tribunal de instancia, operó la figura de la prescripción toda
vez que la adquisición del estatus pensional se dio el 30 de septiembre de 2011, -
fecha en la que cumplió 50 años de edad- y la reclamación administrativa se radicó
el 25 de julio de 2016, es decir, cuando habían transcurrido más de los tres años
desde que causó el derecho.
2.6. Conclusión
61. El señor Miguel Bohórquez Portillo cumplió con el requisito mínimo de haber
servido en el magisterio por un término de 20 años, con una vinculación como
docente del orden territorial o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de
1980, así como las demás exigencias para ser acreedor de la pensión gracia, por
tanto, esta Sala confirmará la decisión dictada en primera instancia por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones, de acuerdo con las
razones expuestas en esta providencia.
2.7. Condena en costas
62. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto a la existencia de carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer extensiva esa
interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los argumentos presentados
por la entidad con el recurso, no puede observarse dicha situación, contrario a ello,
se estima que se sustentaron las razones en defensa jurídica de sus intereses y,
por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí resuelto tiene que ver
directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales trazadas en las
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.
63. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 24 de enero de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones de la demanda;
de conformidad con las consideraciones expuestas.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia, de acuerdo con lo expuesto
en esta providencia.
TERCERO. Acéptese la renuncia presentada por la abogada YURY TATIANA
NOVOA PEÑALOZA quien actuaba en calidad de apoderada de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social de conformidad con el memorial que reposa en el índice 52 de la
Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 39 000 2017 00222 01 (2291-2019)
Demandante: Miguel Bohórquez Portillo
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.