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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-01134-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-01134-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 21 de febrero de 2022 proferida por el 9 Radicación: 52001-23-33-000-2020-01134-01 (3758-2022) Demandante: Rubiela de Jesús Pantoja Rodríguez Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda dentro del proceso de la referencia. SEGUNDO. Condenar en costas a la parte demandante en ambas instancias. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2020-01134-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., nueve (09) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001-23-33-000-2020-01134-01 (3758-2022)
Demandante: Rubiela de Jesús Pantoja Rodríguez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Valor probatorio de actos
administrativos reconstruidos. Aplicación de sentencia de
unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018. Naturaleza
del vínculo docente.

Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia porque el
demandante no acreditó de forma inequívoca el requisito de la
vinculación como docente de carácter territorial y/o
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia de primera instancia del 21 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), solicitó que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos
en las Resoluciones RDP 8885 del 13 de abril de 2020 y RDP 18626 del 14 de
agosto de 2020, mediante las cuales, la entidad demandada le negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar la referida prestación periódica a partir del 8 de

1 SAMAI, Tribunal Administrativo de Nariño, Documento del proceso, 1EXPEDIENTE DIGITAL, archivo
0003NulidadREstablecimientoDerecho.pdf

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 52001-23-33-000-2020-01134-01 (3758-2022)
Demandante: Rubiela de Jesús Pantoja Rodríguez

marzo de 2011, fecha en la que adquirió el estatus pensional, liquidada en cuantía
equivalente al 75% del promedio de los salarios y factores salariales devengados
durante el año anterior a la consolidación del derecho, incluidos la asignación
básica, la prima de vacaciones, la prima de navidad, el auxilio de transporte y el
subsidio de alimentación.

3. Asimismo, requirió el pago de las mesadas causadas y no prescritas con sus
respectivos reajustes legales, la indexación de las sumas adeudadas conforme a la
variación del IPC, el reconocimiento de los intereses moratorios previstos en los
artículos 192 y 195 del CPACA, el cumplimiento oportuno de la sentencia y la
condena en costas.

4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, indicó que se vinculó al
magisterio oficial al servicio del municipio de Cumbal (Nariño) mediante la
Resolución 396 del 27 de agosto de 1980 —posteriormente reconstruida por el
Decreto 025 de 2011— como directora de alfabetización del orden municipal,
desempeñando dicho cargo hasta el 31 de agosto de 1981.

5. Afirmó que luego fue nombrada docente municipal mediante el Decreto 56
del 1 de septiembre de 1981 —reconstruido por el Decreto 026 del 13 de abril de
2011— asignada inicialmente a la Escuela Rural Mixta de Bellavista de Cumbal
(Nariño) hasta el 10 de enero de 1992 y después fue trasladada mediante Decreto
012 del 11 de enero de 1992 al Centro Educativo La Poma, donde continuó
prestando sus servicios hasta el 6 de marzo de 2012, completando 31 años, 7
meses y 7 días de servicio.

6. Además, afirmó que cumplió 50 años de edad el 8 de marzo de 2011, fecha
en la que adquirió el estatus pensional para acceder a la pensión gracia. En ese
orden, indicó que cumple los requisitos para gozar de esa prestación por cuanto se
vinculó al servicio docente oficial antes del 31 de diciembre de 1980, acreditó más
de 20 años de servicio y cumplió 50 años de edad.

Contestación de la demanda2

7. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó
negar en su totalidad las declaraciones y condenas pretendidas.

8. Al respecto, sostuvo que la demandante no acreditó de manera idónea los
requisitos para acceder a la pensión gracia, en particular la vinculación docente
territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980, ni la naturaleza de
los recursos con los cuales se financió su remuneración. Además, cuestionó la
validez de los actos administrativos reconstruidos mediante los Decretos 025 y 026
de 2011 al considerar que no cumplían los requisitos previstos en la Ley 50 de 1886

2 Ibidem, 30Contestación UGPP.pdf

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Demandante: Rubiela de Jesús Pantoja Rodríguez

y en el artículo 126 del CGP para la reconstrucción y acreditación de documentos
públicos.

9. Señaló igualmente que, aun en el evento de aceptarse la vinculación
acreditada mediante los actos reconstruidos, esta tendría carácter nacional y no
territorial, debido a la intervención del Ministerio de Educación en el proceso de
nombramiento y a que los salarios fueron financiados con recursos del nivel central.

10. Por último, alegó la falta de prueba suficiente sobre la totalidad de los tiempos
de servicio, la naturaleza de la vinculación docente y la procedencia de los recursos
con los cuales se sufragaron las asignaciones percibidas por la demandante.

Sentencia apelada3

11. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 21 de febrero
de 2022, declaró la nulidad de los actos administrativos y ordenó a la entidad
demanda reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la demandante, liquidada
con el 75% del promedio de lo percibido durante el año anterior a la adquisición del
estatus pensional y condenó en costas a la entidad demandada.

12. La decisión se basó en que se encontraba plenamente probado que la
demandante se vinculó al servicio docente oficial con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980 y que prestó servicios por más de 31 años en instituciones educativas del
municipio de Cumbal.

13. Por lo demás, concluyó que las certificaciones aportadas permitían
establecer de manera inequívoca el carácter territorial de su vinculación, que
cumplió el requisito de edad al haber alcanzado los 50 años el 8 de marzo de 2011
y que no registraba sanciones disciplinarias ni percibía otra pensión de carácter
nacional. Igualmente, precisó que el origen de los recursos destinados al pago de
su remuneración no determinaba la naturaleza jurídica de la vinculación docente ni
impedía el reconocimiento de la prestación, conforme a la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado.

14. No obstante, declaró probada la excepción de prescripción respecto de las
mesadas pensionales causadas con anterioridad al 10 de diciembre de 2016, habida
cuenta que la petición de reconocimiento pensional fue elevada el 10 de diciembre
de 2019.

Solicitud de aclaración y adición de la sentencia

15. La parte demandante solicitó la aclaración o adición de la sentencia 4 con el
fin de precisar que la pensión gracia debía reconocerse desde el 8 de marzo de
2011 e incluir en su liquidación la totalidad de los factores salariales acreditados.

3 SAMAI, Cuaderno principal\2_EXPEDIENTEDIGITAL_ONEDRIVE_1_2172022.zip, archivo 52sentencia.pdf
4 Ibidem, 54RecursoApelacionPartedemandante.pdf

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Demandante: Rubiela de Jesús Pantoja Rodríguez

Subsidiariamente, en caso de no accederse a dicha solicitud, interpuso recurso
parcial de apelación con el fin de que se modificara la decisión en esos mismos
aspectos, sin desconocer la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad
al 10 de diciembre de 2016.

16. Mediante auto del 28 de junio de 20245, el Tribunal Administrativo de Nariño
negó la solicitud de aclaración o adición presentada por la parte demandante, al
considerar que la sentencia del 21 de febrero de 2022 no contenía conceptos
oscuros ni había omitido decidir algún aspecto de la controversia, en tanto que había
precisado que la pensión gracia debía liquidarse con el 75% de lo percibido durante
el año anterior a la adquisición del estatus pensional. Asimismo, señaló que la
determinación de los factores salariales específicos corresponde a la administración
al momento de dar cumplimiento al fallo y no al juez mediante aclaración o adición.

Recursos de apelación6

17. La entidad demandada presentó recurso de apelación en el que solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia argumentando que la demandante
no acreditó plenamente los requisitos para acceder a la pensión gracia, pues no
existe certeza sobre sus tiempos de servicio ni fueron aportados actos
administrativos idóneos de nombramiento que permitan verificar la naturaleza
territorial o nacionalizada de su vinculación docente. Sostuvo, además, que los
servicios acreditados corresponden a una vinculación nacional o financiada con
recursos de la Nación, lo que impide el reconocimiento de la prestación. De manera
subsidiaria, solicitó revocar la condena en costas por no existir actuación temeraria
de la entidad ni prueba de su causación.

18. La parte demandante, insistió en que la sentencia debía precisar que la
pensión gracia se reconoce desde el 8 de marzo de 2011, fecha de adquisición del
estatus pensional, y que su liquidación debe efectuarse con la totalidad de los
factores salariales acreditados en el proceso, pues la prescripción declarada
respecto de las mesadas causadas antes del 10 de diciembre de 2016 solo afecta
su exigibilidad y no el nacimiento del derecho pensional.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

19. Mediante auto del 25 de julio de 20257, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por las partes y se ordenó notificar a los extremos y al Ministerio Público
para lo de su cargo.

20. El Ministerio Público8 conceptuó que la sentencia debe confirmarse dado que
se encuentra acreditado que la parte demandante cumplió los requisitos para
acceder a la pensión gracia. Al efecto, señaló que las pruebas obrantes en el
5 Ibidem, archivo 011Auto niega adic_202001134Autoniegaac.pdf
6Ibidem, archivo 55RecursoApelaciónUGPP.pdf
7 SAMAI, índice 20.
8 SAMAI, índice 28.

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Demandante: Rubiela de Jesús Pantoja Rodríguez

expediente permiten establecer la naturaleza territorial de la vinculación y que,
conforme a la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, el origen de los
recursos con que se financiaron los salarios no desvirtúa dicha condición ni impide
el reconocimiento de la prestación.

21. Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

23. Conforme a los reparos específicos expuestos en los recursos de apelación,
la Sala verificará si en el expediente se encuentra acreditado, de manera
inequívoca, que la parte demandante cumplió los requisitos legales para acceder a
la pensión gracia, en especial haberse vinculado como docente de carácter territorial
y/o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980 y haber prestado sus servicios
en esa calidad durante un tiempo mínimo de 20 años.

24. De establecerse el derecho al reconocimiento pensional, la Sala deberá
resolver si el pago de las mesadas pensionales debe ordenarse desde la fecha de
adquisición del estatus pensional, esto es, desde el 8 de marzo de 2011, sin
perjuicio de la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 10 de
diciembre de 2016.

25. Por último, la Sala analizará el reparo relacionado con la condena en costas
impuesta por el tribunal de primera instancia a la parte demandada.

Análisis del problema jurídico

26. La Sala considera que la parte demandante no acreditó de forma inequívoca
haberse vinculado como docente de carácter territorial y/o nacionalizado antes del
31 de diciembre de 1980, requisito indispensable para acceder a la pensión gracia.
Por tal razón, se procederá a revocar la sentencia emitida en primera instancia,
conforme a las motivaciones que se expondrán a continuación.

27. En efecto, la demandante sostuvo que prestó sus servicios como directora
de alfabetización en el Centro Cumbal, municipio de Cumbal (Nariño), desde el 27
de agosto de 1980 hasta el 31 de agosto de 1981, período que invocó para acreditar
la vinculación exigida por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

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Demandante: Rubiela de Jesús Pantoja Rodríguez

28. En el expediente administrativo obra copia del Decreto 25 del 13 de abril de
20119, mediante el cual se reconstruyó la Resolución 396 del 27 de agosto de 1980,
por la que se formalizó el nombramiento de la demandante como directora de
alfabetización del referido centro. Asimismo, reposa el acta de posesión10, en la que
se dejó constancia que la interesada compareció ante el alcalde municipal de
Cumbal para asumir el cargo en cumplimiento de la «Resolución Nro. 396 emanada
de la Secretaría de Educación del Departamento».

29. Igualmente, en virtud de la prueba decretada por el a quo en audiencia inicial,
se allegó al plenario la constancia expedida el 19 de enero de 2010 por la Alcaldía
de Cumbal, suscrita por el director del Núcleo de Desarrollo Educativo y Cultural de
Cumbal11, que detalla que la demandante:

«(…) Presta sus servicios docentes dentro del Magisterio del Municipio de
Cumbal, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

1980_RESOLUCION No. 396 de agosto 27, por la cual se nombra como
Directora del Centro Cumbal de Adultos del Colegio Llorente, Municipio de
Cumbal. (…)

1981 – DECRETO No. 56 de septiembre 1º. Nombrase como profesora de la
Escuela Rural Mixta Bellavista, Municipio de Cumbal.»

30. Del análisis de estas pruebas documentales, la Sala concluye que no es
posible otorgar valor probatorio a la reconstrucción realizada mediante el Decreto
25 del 13 de abril de 2011, toda vez que el plenario no se encontró evidencia que
respalde el procedimiento seguido en dicho trámite administrativo ni existe otro
medio probatorio que permita cotejar la información allí consignada, pese a los
requerimientos efectuados por el Tribunal Administrativo de Nariño.

31. En efecto, el acto de reconstrucción se limitó a reseñar la existencia de la
Resolución 396 del 27 de agosto de 1980 y a señalar el cargo desempeñado por la
demandante, sin incorporar elementos que permitan determinar con claridad si la
plaza ocupada tenía carácter territorial, nacionalizado o nacional, aspecto
determinante para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

32. Sumado a lo anterior, se evidencia que el acto administrativo fue reconstruido
con fundamento en la «Declaración extrajuicio sobre la existencia del mencionado
acto administrativo». Sin embargo, no se identifica el autor de dicha declaración ni
se precisa su contenido, las circunstancias sobre las cuales versó o la calidad en la
que compareció quien la rindió.

9 SAMAI, 1EXPEDIENTEDIGITAL.zip, 30.1ExpedienteAdmtvoAportadoPorUGPP, archivo 2019500503682002-

7.pdf
10 Ibidem, archivo 2019500503682002-8.pdf y allegado en respuesta al requerimiento realizado por el a quo

visible en el archivo 48RespuestaArequeimientoProbatorioSEDCumbal.pdf
11 Ibidem, folios 4 y 6.

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Demandante: Rubiela de Jesús Pantoja Rodríguez

33. En tales condiciones, no es posible establecer si se trató de una autoridad
con conocimiento directo de los hechos, de un tercero o de la propia demandante,
circunstancia que resta fuerza demostrativa al documento y dificulta verificar la
confiabilidad de la información utilizada para la reconstrucción del acto
administrativo. Por ello, dicha referencia carece de la solidez necesaria para
respaldar, por sí sola, la existencia y las características del nombramiento que se
pretende acreditar.

34. El acto de reconstrucción también señaló que el acta de posesión constituyó
el insumo para acreditar la existencia del nombramiento. No obstante, este
documento no permite establecer con certeza la naturaleza del vínculo docente ni
los extremos temporales alegados por la demandante.

35. Sobre el particular, para que el acta de posesión tenga la virtualidad de
generar certeza sobre el ejercicio real y continuo de las funciones durante un
período determinado, resulta indispensable valorarla conjuntamente con otros
medios de convicción que corroboren que, desde la fecha de posesión, se ha
desempeñado la actividad docente. Así lo ha sostenido reiteradamente la Sala12 en
aquellos casos en los que, a partir de un análisis integral del acervo probatorio, ha
sido posible establecer de manera inequívoca la efectiva prestación del servicio.

36. En ese orden, aun cuando del acta de posesión allegada podría inferirse el
presunto nombramiento efectuado mediante la Resolución 396 del 27 de agosto de
1980, su contenido, valorado de manera aislada, no permite concluir con certeza
que la labor docente hubiera sido realmente desarrollada, ni siquiera durante un
solo día13.

37. Por otra parte, resalta la Sala que no obran en el expediente documentos o
elementos probatorios adicionales que permitan comprender con mayor precisión
las particularidades de la vinculación docente alegada para el año 1980. En
contraste, el certificado allegado por la Secretaría de Educación de Nariño, emitido
el 3 de septiembre de 2021, únicamente da cuenta de una vinculación mediante el
Decreto 56 del 1.º de septiembre de 1981, sin registrar relación laboral alguna
durante el año 1980.

38. Esta circunstancia cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el acto
de reconstrucción afirma que el nombramiento contenido en la Resolución 396 del
27 de agosto de 1980 fue expedido por la Secretaría de Educación del
Departamento de Nariño. Por tanto, resultaría razonable esperar que dicho
antecedente apareciera reflejado en los registros oficiales de historia laboral del ente
departamental puesto que fue precisamente el nominador o, al menos, que existiera

12
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 20 de marzo de 2025 (exp. 20001 23 39
000 2017 00222 01 (2291-2019), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; del 27 de marzo de 2025 (exp. 52001-23-33-
000-2018-00333-01 (0943-2023), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, y del 27 de marzo de 2025 (exp. 50001 23
33 000 2019 00472 01 (0949–2024), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
13 Este criterio fue desarrollado en sentencia de esta Subsección calendada el 23 de octubre de 2025, radicado

19001-23-00-000-2019-00288-01 (7515-2023), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Radicación: 52001-23-33-000-2020-01134-01 (3758-2022)
Demandante: Rubiela de Jesús Pantoja Rodríguez

alguna prueba documental que permitiera corroborar su existencia. Sin embargo,
ninguna de esas circunstancias se encuentra acreditada en el expediente.

39. Cabe resaltar, además, que la demandante tenía conocimiento de que uno
de los motivos determinantes de la negativa administrativa al reconocimiento de la
pensión gracia consistía en la falta de acreditación de la prestación del servicio
docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. No obstante, durante el trámite
judicial no allegó elementos de convicción adicionales que permitieran despejar las
dudas y generar convencimiento acerca de la prestación real del servicio docente
durante ese período.

40. En particular, la demandante no aportó documentos contemporáneos a los
hechos, como pueden ser —a manera de ejemplo— certificaciones laborales,
registros de nómina, actos administrativos posteriores o reconocimientos
prestacionales que, valorados en conjunto, permitieran corroborar la existencia y la
ejecución material del vínculo que afirma haber desempeñado desde el 27 de
agosto de 1980.

41. En este contexto, las consecuencias derivadas de la incertidumbre probatoria
no pueden trasladarse a la administración ni al juez. Antes bien, de conformidad con
el principio de la carga de la prueba contenido en el artículo 167 del CGP,
correspondía a la demandante acreditar los supuestos fácticos constitutivos de su
derecho, en particular la existencia inequívoca de una vinculación docente territorial
o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 con la efectiva prestación del
servicio durante el período invocado, extremos que no quedaron demostrados en el
proceso.

42. A propósito, en la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18
del 21 de junio de 201814, la Sala Plena de esta Sección estableció como regla
jurisprudencial que, ante la ausencia de los actos administrativos de nombramiento,
el vínculo docente podía acreditarse mediante certificaciones expedidas por la
autoridad competente (o por otros medios de prueba, en aplicación del principio de
libertad probatoria), siempre que estos demostraran de manera inequívoca la
naturaleza territorial o nacionalizada del vínculo alegado.

43. Así las cosas, la Sala concluye que el material probatorio obrante en el
expediente resulta insuficiente para acreditar, con el grado de certeza requerido,
que la demandante estuvo vinculada como docente territorial o nacionalizada entre
el 27 de agosto de 1980 y el 31 de agosto de 1981.

44. Ahora bien, teniendo en cuenta que los requisitos previstos por la Ley 114 de
1913 y sus normas concordantes para acceder a la pensión gracia son de carácter

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación
proferida el 21 de junio de 2018, dentro del expediente 25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805-14), C.P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
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Demandante: Rubiela de Jesús Pantoja Rodríguez

concurrente, el incumplimiento de uno solo de ellos resulta suficiente para negar el
reconocimiento de la prestación reclamada.

45. Por tal razón, resulta innecesario efectuar consideraciones adicionales sobre
los demás presupuestos exigidos para acceder al derecho, así como sobre los
reparos formulados por la parte actora en relación con la liquidación de la
prestación, la prescripción trienal y la fecha de consolidación del estatus pensional.

Condena en costas

46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

49. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante en ambas
instancias, por cuanto prospera el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada, se revoca la sentencia de primera instancia y se niegan totalmente las
pretensiones de la demanda. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Nariño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 21 de febrero de 2022 proferida por el

9

Radicación: 52001-23-33-000-2020-01134-01 (3758-2022)
Demandante: Rubiela de Jesús Pantoja Rodríguez

Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se accedió a las pretensiones
de la demanda dentro del proceso de la referencia.

SEGUNDO. Condenar en costas a la parte demandante en ambas instancias. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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