Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2019-00472-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2019-00472-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2019-00472-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
27 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001 23 33 000 2019 00472 01 (0949–2024)
Demandante: Honorio Ruiz Rey
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 09 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta – Sala de Decisión Oral No. 1 que negó las súplicas de la
demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. El señor Honorio Ruiz Rey, por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar
la nulidad de las Resoluciones RDP 035748 del 15 de septiembre de 2017 y RDP
043051 del 16 de noviembre de 2017, por medio de las cuales la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP –, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia
y resolvió desfavorablemente un recurso de apelación, respectivamente.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia en cuantía del 75% con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, el
reajuste de las mesadas adeudadas; se condene a la UGPP al pago de intereses
moratorios y se dé cumplimiento a la sentencia teniendo en cuenta las disposiciones
del CPACA; y se condene en costas.
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 50001 23 33 000 2019 00472 01 (0949–2024)
Demandante: Honorio Ruiz Rey
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
4. El señor Honorio Ruiz Rey nació el 03 de noviembre de 1955, por lo que cumplió
50 años el 03 de noviembre de 2005; que fue vinculado al servicio docente a través
de la Resolución 012 del 15 de julio de 1979, ejerciendo desde esa misma data
hasta el 01 de octubre de 2019.
5. Radicó el 11 de agosto de 2017 solicitud de reconocimiento y pago de la pensión
gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta
de manera negativa con los actos demandados.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
6. Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los
artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 13, 23, 46, 48, 53, 58, 150 y 336 de la Constitución Política,
así como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 42 de 1975, 60 de 1993,
4° de 1992, 115 de 1994, 91 de 1989; artículos 25 y 27 del código civil; y el Decreto
2277 de 1979.
7. Adujo que la entidad negó la prestación reclamada alegando que el demandante
era docente nacional, lo cual tenía sustento en jurisprudencia y no en el estudio
acertado de la ley; que la posición que adoptó aquélla era contraria a la Constitución
y a la ley.
8. Indicó que a pesar de que el nombramiento fue suscrito por el Ministerio de
Educación Nacional ante el Coordinador Educativo del Ariari, se encuentra
demostrado que los salarios percibidos por el demandante fueron cancelados con
recursos provenientes del situado fiscal, lo que es indicativo de que la vinculación
es de orden nacionalizado.
1.4. Contestación de la demanda
9. Luego de presentada la demanda el 03 de diciembre de 2019 y admitida el 06 de
febrero de 2020, una vez notificada, la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, a través de apoderado, presentó escrito con el que se opuso a la prosperidad
de las pretensiones; afirmando que el demandante acreditó tiempos de servicio
docente del orden nacional, los cuales no pueden ser tenidos en cuenta para
acceder a la pensión gracia.
10. Finalmente propuso como excepciones i) ausencia de vicios en el acto
administrativo demandado; ii) inexistencia de la obligación; y iii) prescripción.
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Demandante: Honorio Ruiz Rey
1.5. Sentencia de primera instancia
11. En decisión de 09 de febrero de 2023 el Tribunal Administrativo del Meta – Sala
de Decisión Oral No. 1 negó las pretensiones de la demanda.
12. Como sustento de lo anterior, indicó que el demandante fue posesionado el 15
de julio de 1979 en el cargo de profesor nacional – Puerto Lleras, por parte del
Coordinador de Educación del Ariari con fundamento en el Decreto 2768 de 1975 y
en la Resolución 012 de 1979 suscrita por el Ministerio de Educación Nacional.
13. Posteriormente, en Resolución 2888 de 1988 el Ministerio de Educación
Nacional “en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el
numeral 1 del artículo 4 del Decreto 2155 de 1987”, ratificó el nombramiento
efectuado por el Ordinario Competente de la Prefectura Apostólica del Ariari.
14. Concluyendo entonces que, la vinculación del docente Honorio Ruiz Rey a partir
del 17 de julio de 1979 fue del orden nacional en forma continua, incumpliendo así
con el requisito de haber prestado servicio docente del orden territorial o
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, además de los 20 años de servicio
exigidos por la ley.
1.6. Recurso de apelación2
15. A través apoderado el señor Honorio Ruiz Rey presentó recurso de apelación
con el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia.
16. En especial hace énfasis, en que su poderdante adquirió el derecho a la pensión
gracia en virtud de la Ley 91 de 1989, la cual distingue a los docentes nacionales
de los nacionalizados por la entidad que efectúa el nombramiento; lo que a su
criterio no puede ser objeto de interpretación extensiva por tratarse de expreso
mandato legal.
17. Argumentó que, el nombramiento del docente fue luego de la expedición de la
Ley 43 de 1975 por medio de la cual se inició el proceso de nacionalización de la
educación, mismo que para la fecha de la vinculación en propiedad (1979) ya estaba
finalizado y que suponía que toda la educación estaba a cargo del nivel central.
18. De igual manera, indicó que los dineros con los que fueron cancelados los
salarios fueron pagados con el situado fiscal, hoy Sistema General de
Participaciones, y de acuerdo con ello la vinculación podría poseer naturaleza
territorial o nacionalizada, más no nacional.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
19. Con auto de 04 de marzo de 2024, se admitió el recurso de apelación.
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Demandante: Honorio Ruiz Rey
20. El señor Honorio Ruiz Rey, la UGPP y el Delegado del Ministerio Público
ante esta Corporación, guardaron silencio en esta etapa procesal.
21. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
22. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3.
23. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el
apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, solo una de las partes
presentó recurso de alzada –demandante-, el análisis se limita a los argumentos del
respectivo recurso.
2.2 Del problema jurídico
24. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Honorio Ruiz
Rey, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial si acredita haber tenido una
vinculación docente territorial o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980; o si, por el contrario, no se demuestran las exigencias para dicho
reconocimiento.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
25. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913
en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en
el magisterio por un término no menor de 20 años.
26. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además
de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos
con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
3
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
27. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
28. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
29. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de
texto].
30. El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de
la pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la nación. […]»
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31. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los
de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»4
32. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 20185 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
33. Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla
jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley
91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».6
34. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
35. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante
20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria
o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad
de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
6 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió con los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4. Actuación administrativa
36. El señor Honorio Ruiz Rey, actuando a través de apoderado, radicó el 11 de
agosto de 2017 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, que a través de la Resolución RDP 035748 del
15 de septiembre de 20177 negó la solicitud, en razón a que consideró que la
vinculación del demandante a la docencia fue del orden nacional.
37. Inconforme con la precitada decisión, el peticionario interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto negativamente con la Resolución RDP 043051 del
16 de noviembre de 2017 expedida por el director de pensiones de la UGPP.
2.5. Caso concreto
38. Pasa la Sala a determinar si el demandante cumple con las exigencias
contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente, si acredita la prestación del
servicio docente territorial o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de
1980.
2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos
a. Edad
39. Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico
planteado, la Sala encuentra acreditado que Honorio Ruiz Rey nació el 03 de
noviembre de 19558, razón por la cual, el 03 de noviembre de 2005 cumplió 50
años de edad.
b. Buena conducta9
40. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito.
c. Tiempo de servicio
41. Al respecto, se observan las siguientes novedades laborales como docente
oficial:
7 Pg 82 de la contestación de la demanda ACT_AGREGARMEMORIAL_1602202141802pm_52
8 Pf 22 ACT_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_2809202063211pm_96 en la cual reposa
copia del registro civil de nacimiento del señor Honorio Ruiz Rey
9 Pg 151 ACT_AGREGARMEMORIAL_1602202141802pm_52
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• Vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980
42. Revisado el expediente, se advierte que reposa acta de posesión de fecha 15
de julio de 1979, que da cuenta que el actor tomó posesión del cargo de profesor
nacional – Puerto Lleras, ubicado en el departamento del Meta, para el cual fue
nombrado mediante Resolución 012 del 15 de julio de 1979, acto este último que no
obra en el plenario.
43. Con relación a este periodo también reposan en el plenario certificados de
tiempo de servicio expedidos por la Secretaría de Educación del Meta10 en distintas
fechas, a saber i) de 29 de diciembre de 2005, ii) de 19 de junio de 2007, iii) de 08
de junio de 2017 y iv) de 05 de septiembre de 2019, en los cuales se indicó que el
docente prestó sus servicios con una vinculación en propiedad, como nacional en
forma continua desde el 15 de julio de 1979 hasta por lo menos la fecha de la
reclamación administrativa, esto es, 11 de agosto de 2017.
44. En igual sentido se adjuntaron certificados de factores salariales11 que advierten
un tipo de vinculación del orden nacional.
45. Ahora bien, respecto a la naturaleza de la vinculación, de la mencionada acta
de posesión se desprende que fue proferida por el Ministerio de Educación
Nacional, es decir, que la Nación es quien funge como nominador, por lo que para
la Sala no existe duda alguna respecto a que esta primera vinculación fue de
carácter nacional.
46. Además, observa la Sala que mediante la Resolución 2888 de 198812 el
Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de las facultades legales y en especial
las que le confiere el numeral 1° del artículo 4° del Decreto 2155 de 1987, ratificó
los nombramientos efectuados por el Ordinario Competente de la Prefectura
Apostólica del Ariari, entre ellos, el del señor Honorio Ruiz Rey quien fue vinculado
mediante la Resolución 012 del 15 de julio de 1979 de manera provisional en el
cargo de profesor de tiempo completo en el instituto docente oficial Escuela Rural
Caño Rayado de Puerto Lleras – Meta.
47. Sobre el particular, la Ley 91 de 1989, en el artículo 1º, dejó claro que un docente
«nacional» es el que es nombrado por el Gobierno nacional, a saber:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional».
10 Paginas 18, 35, 71, 109 y 126 del archivo ACT_AGREGARMEMORIAL_1602202141802pm_52
11 Páginas 19, 36, 75 y 126 del archivo ACT_AGREGARMEMORIAL_1602202141802pm_52
12 Página 67 ACT_AGREGARMEMORIAL_1602202141802pm_52
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48. En igual sentido, esta Corporación en reciente sentencia de unificación SUJ-
030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 2022 sentó la siguiente regla jurisprudencial:
«Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar la siguiente regla en cuanto al entendimiento que debe otorgarse
al artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de
reconocer la pensión gracia de jubilación:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después
del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una
vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento.» (Negrilla de la Sala)
49. Sumado a ello, esta Corporación en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997,
citada por el apoderado de la demandante en el escrito de apelación, se señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no
quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber
estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren
a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan
con la totalidad de requisitos”. […].»13
50. En ese orden de ideas, el período que el demandante laboró como docente
desde el 15 de julio de 1979 hasta por lo menos la fecha de la reclamación
administrativa, esto es, 11 de agosto de 2017, fue de carácter nacional y, en
consecuencia, no acreditó el cumplimiento del requisito de vinculación como
docente territorial o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. De
esta forma, resulta innecesario efectuar un análisis del resto de exigencias para
obtener la pensión gracia.
51. Así entonces, para esta Colegiatura no tienen vocación de prosperidad los
argumentos planteados con el recurso de apelación, en tanto, siendo evidente que
el nombramiento al señor Ruiz Rey se le realizó como docente nacional,
designación en la que intervino el Ministerio de Educación, no tiene incidencia
alguna el origen de los recursos. Ahora, tampoco varía el tipo de nombramiento el
hecho de que se haya realizado en vigencia de la Ley 43 de 1975, con la cual se
adelantó el proceso de nacionalización de la educación, pues, el análisis en conjunto
del material probatorio no permite establecer que se haya tratado de una plaza
nacionalizada, sino se insiste, del orden nacional.
52. Además, desde la ocurrencia de la primera designación en el año 1979, que se
dio con la Resolución 012 del 15 de julio de 1979, no se advierte un rompimiento
del vínculo laboral que, como se ha mencionado, inició como docente nacional, y
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
w w w . con se jod e e sta d o.go v. co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 50001 23 33 000 2019 00472 01 (0949–2024)
Demandante: Honorio Ruiz Rey
así permaneció por más de 40 años. En sentido, aunque el señor Honorio Ruiz Rey
demostró una prestación de servicio docente superior a los 20 años exigido por la
ley, no es posible computarlos para efectos de obtener la pensión gracia, dado que
es de naturaleza nacional, más no territorial o nacionalizada.
53. En cuanto a la condena en costas impuesta por el tribunal en contra del
demandante, si bien es cierto se advierte que se omitió realizar el estudio de dicho
asunto a la luz de las modificaciones efectuadas por la Ley 2080 de 2021, dado que
la sentencia se dictó el 9 de febrero de 2023; también es que la parte actora no
presentó argumento alguno que habilite a la Sala para verificar si la decisión se
ajusta o no a derecho, sino que únicamente se limitó a solicitar que se revoque la
sentencia y se levante la condena en costas, lo cual resulta insuficiente en sede de
alzada.
2.6. Conclusión
54. En ese orden de ideas, para la Sala no prosperan los argumentos planteados
en el recurso de apelación, pues, no había lugar a considerar que el actor tuvo un
vínculo territorial y/o nacionalizado, pues se insiste, se mantuvo en el orden nacional
conforme al acto administrativo de nombramiento. Con fundamento en lo antes
expuesto, tampoco se advierte un desconocimiento de la jurisprudencia de esta
Corporación ni de la Constitución.
55. Así, el demandante no cumple con el requisito de vinculación con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980 al servicio docente territorial o nacionalizado para ser
beneficiario de la pensión solicitada, como tampoco acredita 20 años de servicio
docente bajo dicha modalidad, razón por la cual, la Sala considera que deberá ser
confirmada la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
2.7. Condena en costas
56. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de
fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer extensiva esa
interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los argumentos presentados
por las partes, no puede observarse dicha situación, contrario a ello, se observa que
se sustentaron las razones en defensa jurídica de los intereses y, por ende, no se
condenará en costas, máxime cuando lo aquí resuelto tiene que ver directamente
con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales trazadas en las sentencias de
unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 50001 23 33 000 2019 00472 01 (0949–2024)
Demandante: Honorio Ruiz Rey
57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
3. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 09 de febrero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta – Sala de Decisión Oral No. 1, que negó las
pretensiones de la demanda; de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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