RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 70001-23-33-000-2019-00189-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2019-00189-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 70001-23-33-000-2019-00189-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 26 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que accedió a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho incoadas por el señor Augusto Rafael Muñoz Benítez contra la UGPP. En su lugar, SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por el señor Augusto Rafael Muñoz Benítez. TERCERO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante, en atención a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen. 9 Radicación: 70001 23 33 000 2019 00189 01 (3540-2024) Demandante: Augusto Rafael Muñoz Benítez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 70001-23-33-000-2019-00189-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 70001 23 33 000 2019 00189 01 (3540-2024)
Demandante: Augusto Rafael Muñoz Benítez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Insuficiencia probatoria. Vinculación docente
territorial anterior al 31 de diciembre de 1980. Condena en costas.

Decisión: Se revoca la sentencia apelada y, en su lugar, se niegan las
pretensiones de la demanda puesto que el actor no acreditó
inequívocamente haberse vinculado como docente territorial o
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 26 de julio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El accionante promovió el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011 (CPACA), con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones RDP
004319 del 13 de febrero de 2019, RDP 008445 del 15 de marzo de 2019 y RDP 12896
del 24 de abril de 2019 proferidas por la entidad demandada, mediante las cuales se le
negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le conceda la referida
prestación periódica a partir del 4 de julio de 2017, de conformidad con lo dispuesto en
las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, junto con el pago de las mesadas
pensionales debidamente indexadas desde el momento en que adquirió el estatus. Así
mismo, que se ordenen los reajustes previstos en el artículo 187 del CPACA y el
cumplimiento de la providencia en los términos señalados en el artículo 192 ibidem.
Finalmente, pidió que se condene en costas a la entidad.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 70001 23 33 000 2019 00189 01 (3540-2024)
Demandante: Augusto Rafael Muñoz Benítez

3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, expuso que laboró durante 21
años, 1 mes y 29 días como docente en diferentes instituciones educativas del municipio
de San Benito Abad (Sucre), alcanzando los 20 años de servicios el 4 de julio de 2017,
fecha en la que adquirió el estatus pensional.

4. Indicó que, el 10 de septiembre de 2018, presentó reclamación administrativa ante
la entidad accionada para obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia. Sin
embargo, dicha solicitud se negó mediante los actos administrativos acusados.

Contestación de la demanda

5. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
argumentando que el accionante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia
ya que no existe sustento jurídico ni fáctico que respalde tal solicitud pues no acreditó de
manera suficiente ni idónea la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley, en
particular el tipo de vinculación como docente territorial o nacionalizado ni el tiempo de
servicio de 20 años exigido para acceder a dicha prestación.

6. Adicionalmente, indicó que si bien es cierto que el demandante laboró en calidad
de docente desde el año 1980 en diferentes instituciones educativas del municipio de
San Benito Abad (Sucre), no se probó que el tiempo de servicios reconocido se haya
prestado bajo una vinculación territorial o nacionalizada, lo que impide computarlo para
efectos pensionales.

7. Propuso las excepciones de mérito que denominó «inexistencia de la obligación
por indebida acreditación del tipo de vinculación al servicio docente – falta de certeza
respecto a la vinculación como docente territorial o nacionalizado», «inexistencia de la
obligación por el incumplimiento de los requisitos de ley para hacerse acreedor a una
pensión gracia», «buena fe» y «prescripción trienal».

Sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 26 de julio de 2023,
accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la nulidad de los
actos administrativos acusados y ordenar a la entidad el reconocimiento y pago de la
pensión gracia en favor del actor a partir del 4 de julio de 2017 y en cuantía del 75% del
promedio de todos los factores salariales devengados durante el año inmediatamente
anterior a la consolidación del estatus pensional. Sin embargo, se abstuvo de condenar
en costas a la entidad.

9. Como fundamento de la decisión, estimó que el demandante acreditó haber
cumplido 50 años de edad el 16 de febrero de 2011 y que no se evidenciaron causales
de mala conducta en el desempeño del cargo. Por su parte, respecto al requisito de haber
prestado sus servicios por un término no menor a 20 años, adujo que, en efecto, se
demostró que el libelista laboró, aunque de manera interrumpida, durante 21 años, 1 mes
y 29 días como docente del orden territorial al servicio del departamento de Sucre
(municipio de San Benito Abad) iniciando sus labores el 25 de abril de 1980.
2

Radicación: 70001 23 33 000 2019 00189 01 (3540-2024)
Demandante: Augusto Rafael Muñoz Benítez

10. En cuanto a la excepción de prescripción trienal, concluyó que no había lugar a
declararla probada ya que el actor adquirió el estatus jurídico de pensionado el 4 de julio
de 2017 y la petición de reconocimiento pensional la hizo el 10 de septiembre de 2018,
es decir, dentro de los 3 años siguientes, conforme lo regula el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969.

Recurso de apelación

11. La entidad accionada presentó recurso de apelación en el que solicitó revocar la
sentencia de primera instancia argumentando que se reconoció la pensión gracia sin que
el demandante hubiera acreditado de manera suficiente los requisitos legales exigidos
para ello, en especial la vinculación territorial o nacionalizada y el ejercicio de la docencia
en dichas circunstancias durante 20 años o más.

12. Afirmó que en el caso concreto no se probó fehacientemente que el actor estuviera
vinculado como docente territorial o nacionalizado ni que su plaza se financiara con
recursos propios de una entidad territorial, por lo que la mayor parte del tiempo laborado
como docente nacional no puede tenerse en cuenta.

13. Asimismo, adujo que el fallo apelado desconoció principios como la legalidad y la
sostenibilidad financiera del sistema, así como que contrarió el artículo 128 de la
Constitución, que prohíbe percibir más de una asignación proveniente del tesoro público.

14. A su vez, solicitó que no se impongan costas en contra de la entidad porque ni en
el trámite administrativo ni judicial ha actuado con temeridad ya que sus actuaciones
están revestidas por el principio de buena fe.

15. Por último, pidió que, en caso de que se confirme el fallo cuestionado, se declare
la prescripción trienal de las mesadas causadas con anterioridad a la reclamación
administrativa, con base en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto
1848 de 1969.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

16. Mediante auto del 19 de septiembre de 20241 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada y se indicó que la parte accionante disponía hasta
la ejecutoria de esta providencia para pronunciarse sobre la alzada y el Ministerio Público
tenía plazo para emitir concepto hasta que el expediente ingresara al despacho para
emitir sentencia.

17. El Ministerio Público2 conceptuó que se debe confirmar la sentencia apelada por
cuanto el demandante probó debidamente haber laborado para el municipio de San
Benito Abad del departamento de Sucre por más de 20 años, con vinculaciones que se

1
Índice 4 de SAMAI del Consejo de Estado.
2
Índice 18, ibidem.

3

Radicación: 70001 23 33 000 2019 00189 01 (3540-2024)
Demandante: Augusto Rafael Muñoz Benítez

originaron en dicha entidad territorial con recursos propios. Por su parte, el demandante
guardó silencio.

18. Mediante auto del 5 de febrero de 20263, la Sala decretó prueba de oficio en la que
se ordenó oficiar a la Alcaldía Municipal de San Benito Abad, departamento de Sucre,
para que remitiera con destino a las presentes diligencias la totalidad del expediente
administrativo a través del cual se adelantó y culminó el proceso de reconstrucción del
Decreto 180 del 25 de abril de 1980, mediante el cual se nombró al señor Augusto Rafael
Muñoz Benítez como maestro de la Escuela Urbana de Varones de ese ente territorial.

19. Dicho requerimiento fue atendido por la entidad mediante oficio del 13 de abril de
20264 y de las pruebas allegadas se corrió traslado a las partes para el ejercicio de su
contradicción5, sin que se pronunciaran al respecto.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

Problemas jurídicos

21. Conforme a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, le corresponde
a esta Sala determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia por reunir todos los requisitos legales para tal fin, en especial haberse
vinculado como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980.

22. En caso afirmativo, establecer si hay lugar a revocar lo concerniente a la no
declaratoria del fenómeno de la prescripción trienal de mesadas pensionales.

Análisis de los problemas jurídicos

23. Para beneficiarse de la pensión gracia, el interesado debe cumplir de manera
concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente territorial o nacionalizado
antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado servicios como docente
nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por un período no inferior a 20
años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber cumplido 50 años de edad; iv) haber
ejercido la docencia con honradez, consagración y buena conducta; y v) no haber recibido
ni estar recibiendo otra pensión o recompensa de carácter nacional.

3
Índice 14 ibidem.
4
Índices 20 y 21, ibidem.
5
Índice 22, ibidem.

4

Radicación: 70001 23 33 000 2019 00189 01 (3540-2024)
Demandante: Augusto Rafael Muñoz Benítez

24. En el asunto sub judice no está en discusión que el demandante satisfizo el
requisito de la edad, pues nació el 26 de febrero de 1961 y cumplió 50 años el 26 de
febrero de 20116. Tampoco se controvierte lo relacionado con el requisito de haber
laborado con buena conducta y honradez, pues en el recurso de apelación no se planteó
un reparo al respecto ni obra en el expediente prueba alguna que demuestre que al actor
se le haya impuesto alguna sanción disciplinaria7.

25. Sin embargo, con base en las pruebas que obran en el plenario, la Sala advierte
que el actor no demostró de manera inequívoca su vinculación con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, como docente territorial o nacionalizado, tal como se pasa a explicar
a continuación.

26. Al proceso se aportó copia del Certificado de Tiempo de Servicio emitido el 3 de
septiembre de 2018 por la Secretaría de Educación de Sucre8, en el que registró que el
actor prestó sus servicios en el nivel básica secundaria, «con vinculación en propiedad,
como municipal en forma continua», en los siguientes períodos:

• Del 25 de abril al 30 de noviembre de 1980, en la Escuela Urbana de Varones de
San Benito Abad (Sucre), en virtud del nombramiento efectuado a través del
Decreto 00180 del 25 de abril de 1980.

• Del 11 de febrero de 1998 al 12 de febrero de 1999, en el Colegio BTO
Agropecuario de Callejón, en el municipio de San Benito Abad (Sucre), en virtud
del nombramiento efectuado a través del Decreto 00040 del 2 de febrero de 1998.

• Del 13 de febrero de 1999 al 12 de marzo de 2001, en el Colegio BTO Agropecuario
de Callejón, en el municipio de San Benito Abad (Sucre), en virtud del
nombramiento efectuado a través del Decreto 00061 del 8 de febrero de 1999.

• Del 13 de marzo de 2001 al 3 de septiembre de 2018, en la Institución Educativa
María Inmaculada del municipio de San Benito Abad (Sucre), en virtud de la
reubicación realizada a través del Decreto 00032 del 12 de marzo de 2001.

27. Con relación al primer período certificado, esto es, el comprendido del 25 de abril
al 30 de noviembre de 1980, en el expediente obra copia del Decreto 183 del 6 de junio
de 20189, mediante el cual se inició la actuación administrativa tendiente a reconstruir el
Decreto 180 del 25 de abril de 1980 expedido por el alcalde municipal de San Benito
Abad (Sucre), por el cual el actor fue nombrado y posesionado como maestro de la
Escuela Urbana de Varones, cargo que se informa como desempeñado hasta el 30 de
noviembre de 1980.

28. Asimismo, se aportó copia auténtica del Acta de Posesión del 25 de abril de 198010

6
Cfr. Cédula de ciudadanía obrante en el folio 18 del expediente digitalizado, archivo «001EscritoDemanda».
7
Cfr. Certificado de Antecedentes Disciplinarios 113232963 del 2 de agosto de 2018 (folio 22 ibidem) y declaración extrajuicio del 3
de agosto de 2018 (folio 23, ibidem).
8
Folio 20.
9
Folio 24.
10
Índice 21 de SAMAI del Consejo de Estado.

5

Radicación: 70001 23 33 000 2019 00189 01 (3540-2024)
Demandante: Augusto Rafael Muñoz Benítez

en la que se advierte que el demandante tomó posesión del cargo de maestro en
interinidad de la Escuela Urbana de Varones de ese ente territorial, para el cual fue
nombrado por el Decreto 180 de esa misma fecha, emanado de la Alcaldía de San Benito
Abad.

29. De igual modo, en virtud de la prueba de oficio decretada por esta Sala, el 13 de
abril de 2026 la Secretaría General Administrativa y de Gobierno de la Alcaldía de San
Benito Abad (Sucre) certificó que en dicha dependencia ni en el Archivo Central del
municipio reposaba copia física o digital del Decreto 180 del 25 de abril de 1980.
Asimismo, informó que, si bien obraba copia del Decreto 183 del 6 de junio de 2018, «no
se encontró documento alguno de reconstrucción»11.

30. Con todo, la mencionada entidad aportó copia de la petición elevada por el
demandante el 21 de mayo de 2018, a través de la cual solicitó la reconstrucción del
Decreto 180 del 25 de abril de 1980, mediante el cual fue nombrado maestro en
interinidad de la Escuela Urbana de Varones del municipio de San Benito Abad (Sucre),
indicando que prestó sus servicios hasta el 30 de noviembre de 1980.

31. El fundamento de dicha solicitud radicó en que no reposaban en los archivos de
la entidad copia de los actos de nombramiento ni de retiro definitivo del servicio. Para
efectos de ese trámite, el actor allegó como soporte copias del acta de posesión y de los
Decretos 040 del 11 de febrero de 1998 y 061 del 13 de febrero de 1999, con el fin de
que fueran autenticadas por la entidad y sirvieran de base para la reconstrucción del
expediente administrativo correspondiente.

32. Así las cosas, la Sala valorará las pruebas documentales relacionadas en
precedencia conforme a los estándares probatorios adoptados por la Sala Plena de esta
Sección del Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 201812, en la que se consolidó la siguiente regla jurisprudencial:

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que
la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su
defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. (Negrillas de la Sala)

33. En ese sentido, corresponde al juez examinar integralmente el expediente con el
propósito de verificar la existencia de actos administrativos que permitan establecer, con
certeza y claridad, la naturaleza jurídica del vínculo o de la plaza docente de que se trate.
Ello resulta esencial, en tanto el acto administrativo de nombramiento constituye el medio
probatorio idóneo para identificar las condiciones jurídicas del empleo público, la
autoridad nominadora, la fuente de financiación y, en general, el régimen al cual quedó
sometido el servidor.

11
Índice 14 ibidem.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación proferida el 21 de junio de
2018, dentro del expediente 25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805-14), con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.

6

Radicación: 70001 23 33 000 2019 00189 01 (3540-2024)
Demandante: Augusto Rafael Muñoz Benítez

34. Empero, en ausencia de dichos actos administrativos el juez puede acudir de
manera subsidiaria a otros medios probatorios que deberán ser valorados de forma
conjunta y armónica, conforme a las reglas de la sana crítica, tales como certificaciones
expedidas por las autoridades nominadoras o educativas. No obstante, su aptitud
demostrativa está condicionada a que la información en ellas consignada resulte clara,
coherente y permita establecer de manera inequívoca la naturaleza del vínculo docente,
sin dejar márgenes razonables de duda.

35. En el presente asunto, comoquiera que no obra en el expediente copia del acto
administrativo de nombramiento contenido en el Decreto 180 del 25 de abril de 1980,
para la Sala se hace necesario examinar si los demás medios de prueba allegados al
plenario resultan pertinentes, conducentes y útiles para acreditar de manera inequívoca
la existencia, naturaleza y extensión temporal del vínculo docente analizado, conforme a
las reglas de la sana crítica y a los estándares fijados por la jurisprudencia de esta
Corporación.

36. Pues bien, no es posible tener como prueba idónea el Decreto 183 del 6 de junio
de 2018 «por el cual se da inicio a una actuación administrativa tendiente a efectuar la
reconstrucción de un decreto de nombramiento a un docente municipal», dado que este
no corresponde a un acto administrativo definitivo, sino a uno de trámite.

37. En efecto, si bien a través de este se inició la actuación administrativa para
reconstruir el Decreto 180 del 25 de abril de 1980, dicho trámite no se culminó, tal como
lo certificó la Secretaría General Administrativa y de Gobierno de la Alcaldía de San
Benito Abad (Sucre) mediante el oficio del 13 de abril de 2026, allegado en cumplimiento
de la prueba de oficio decretada por esta Subsección mediante auto del 5 de febrero de
2026.

38. Ahora bien, en lo concerniente al acta de posesión del 25 de abril de 1980, debe
decirse que en esta se indica que en esa fecha el demandante asumió el empleo de
maestro en interinidad en la Escuela Urbana de Varones del municipio de San Benito
Abad (Sucre), en virtud del nombramiento efectuado mediante el varias veces citado
Decreto 180 proferido por dicho ente territorial.

39. No obstante, es oportuno señalar que para que dicho documento tenga la
virtualidad de generar certeza sobre el ejercicio real y continuo de las funciones durante
un período determinado, resulta indispensable valorarlo de manera conjunta con otros
medios de convicción que corroboren que, desde la fecha de posesión, el docente
efectivamente desempeñó la actividad asignada. Así lo ha precisado reiteradamente esta
Sala13 en casos donde, a partir de un análisis integral del acervo probatorio, ha sido
posible establecer de forma inequívoca la efectiva prestación del servicio.

13
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 20 de marzo de 2025 (exp. 20001 23 39 000 2017 00222 01
(2291-2019), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; del 27 de marzo de 2025 (exp. 52001-23-33-000-2018-00333-01 (0943-2023), C.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez, y del 27 de marzo de 2025 (exp. 50001 23 33 000 2019 00472 01 (0949–2024), C.P. Luis Eduardo Mesa
Nieves.

7

Radicación: 70001 23 33 000 2019 00189 01 (3540-2024)
Demandante: Augusto Rafael Muñoz Benítez

40. En este orden, de la referida acta de posesión no se puede extraer con certeza la
naturaleza de la plaza docente ni los extremos temporales de la relación legal y
reglamentaria que el actor sostuvo en 1980, pues si bien se puede inferir que la fecha de
inicio fue el 25 de abril de ese año, no se puede determinar su fecha final. Sobre este
último punto, vale decir que, si bien en la petición de reconstrucción del acto de
nombramiento el actor mencionó que el vínculo estuvo vigente hasta el 30 de noviembre
de 1980, no obra prueba que respalde esa afirmación.

41. Además, aunque en el Certificado de Tiempo de Servicios del 3 de septiembre de
2018 la Secretaría de Educación de Sucre dio constancia de que el precitado vínculo
transcurrió entre el 25 de abril y el 30 de noviembre de 1980, lo cierto es que esa
constancia se emitió conforme a los documentos que reposaban en la hoja de vida del
actor, dentro de los cuales, como quedó visto, no obraba copia del acto de nombramiento,
ni el de retiro del servicio, ni el acto definitivo de reconstrucción de los anteriores, por lo
que la Sala no puede darle certeza probatoria a lo allí registrado.

42. Por último, de la solicitud de reconstrucción del 21 de mayo de 2018 tampoco
pueden extraerse elementos de prueba idóneos e inequívocos para establecer con
certeza la naturaleza y la duración del vínculo derivado del Decreto 180 del 25 de abril
de 1980, ya que el único soporte tendiente a demostrar su existencia fue el acta de
posesión de la misma fecha y la afirmación de que el retiro del servicio ocurrió el 30 de
noviembre de 1980, sin que se aportaran otros elementos de convicción, tales como
testimonios, declaraciones extrajuicio, o cualesquiera otros que permitieran
fehacientemente la reconstrucción efectiva del acto de nombramiento.

43. Así las cosas, en el expediente no reposan pruebas suficientes e inequívocas que
permitan establecer con certeza la duración y la naturaleza de la vinculación que el actor
sostuvo antes del 31 de diciembre de 1980, lo cual evidencia una manifiesta insuficiencia
probatoria de su parte para demostrar sus afirmaciones.

44. En relación con la carga de la prueba, el artículo 167 del Código General del
Proceso dispone que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». En ese orden, correspondía a la
parte demandante aportar prueba idónea que permitiera acreditar la naturaleza territorial
o nacionalizada, así como los extremos temporales, del vínculo docente que sostuvo con
el municipio de San Benito Abad (Sucre) antes del 31 de diciembre de 1980.

45. En ese contexto y teniendo en cuenta que los requisitos previstos por la Ley 114
de 1913 y sus normas concordantes son de carácter concurrente, el incumplimiento de
uno solo de ellos resulta suficiente para negar el reconocimiento de la prestación
reclamada. Por consiguiente, al no haberse acreditado el presupuesto relativo a la
vinculación docente territorial o nacionalizada en el lapso exigido, se impone revocar la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, sin
que sea necesario efectuar consideraciones adicionales sobre los demás requisitos
legales.

8

Radicación: 70001 23 33 000 2019 00189 01 (3540-2024)
Demandante: Augusto Rafael Muñoz Benítez

Condena en costas

46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

49. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora en ambas instancias, por
cuanto se revoca en su totalidad la sentencia de primera instancia y prosperaron los
argumentos de la apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 26 de julio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, que accedió a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho incoadas por el señor Augusto Rafael Muñoz Benítez contra la UGPP. En su
lugar,

SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por el señor Augusto
Rafael Muñoz Benítez.

TERCERO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte demandante, en
atención a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

9

Radicación: 70001 23 33 000 2019 00189 01 (3540-2024)
Demandante: Augusto Rafael Muñoz Benítez

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Ausente con permiso)

CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.