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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00421-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00421-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 8 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda dentro del proceso de la referencia. SEGUNDO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. Las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2021-00421-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., cinco (05) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 52001 23 33 000 2021 00421 01 (3676-2024)
Demandante: Miguel Estupiñán Solís
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la vinculación
docente. Prueba de la calidad docente. Valor probatorio de actos de
nombramiento y actas de posesión en contraste con certificaciones
laborales. Libertad probatoria. Aplicación de estándar probatorio
adoptado en la sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de
junio de 2018.

Decisión: Se confirma la sentencia de primera instancia porque la actora no
acreditó la vinculación docente de carácter territorial y/o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia del 8 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

1. La parte demandante ejerció el medio de control de la referencia pretendiendo la
nulidad del Auto ADP 006150 del 31 de agosto de 2018, mediante el cual la entidad
accionada le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación.

2. Como restablecimiento del derecho, pidió que se le otorgue dicha prestación
periódica a partir del 30 de marzo de 2013, fecha en la cual cumplió con los requisitos
exigidos por la ley, con inclusión de todos y cada uno de los factores salariales
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico de pensionado.

1 En adelante UGPP.
2Ver expediente digital, archivo 1_520012333000202100421001EXPEDIENTEDIGI20211108093723 IND 3 TRIB
DEMANDA.pdf.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 52001 23 33 000 2021 00421 01 (3676-2024)
Demandante: Miguel Estupiñán Solís

3. Así mismo, solicitó el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141
de la Ley 100 de 1993, que no se apliquen los descuentos para efectos de salud en forma
retroactiva ni futura y la condena por el daño material y moral por la pérdida y disminución
de su patrimonio y la acción culposa y dolosa de la entidad. Finalmente, deprecó que se
condene en costas a la entidad demandada.

4. Como hechos relevantes, expuso que cumplió los 50 años de edad el 5 de julio de
2011 y prestó los servicios como docente de tiempo completo mediante vinculación
municipal desde el 1.° de septiembre de 1978 hasta el 30 de mayo de 1989 y desde el
1.° de enero de 2004 hasta el 23 de mayo de 2016. Mencionó que ha ejercido sus
funciones con idoneidad y buena conducta.

5. Añadió que el 26 de julio de 2018 solicitó ante la entidad demandada el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, la cual fue decidida en forma negativa a
través del acto administrativo acusado bajo el argumento de haberse iniciado una
denuncia contra el demandante ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos
delitos de falsedad en documento público agravado por el uso, fraude procesal y estafa
agravada.

Contestación de la demanda3

6. La parte demandada se opuso a las pretensiones arguyendo que en el expediente
administrativo no se allegó el original o copia del decreto de nombramiento y del acta de
posesión que evidencie la vinculación como docente con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980. Asimismo, esgrimió que no se ha efectuado la reconstrucción de los decretos
de nombramiento ni se han acreditado los requisitos legales para proceder a ello.

7. Indicó que el acta de posesión del 1.° de septiembre de 1978 de la alcaldía
municipal de Tumaco no reúne las condiciones necesarias para considerarla como
documento idóneo para acceder al reconocimiento pensional por tratarse de una
reproducción obtenida mediante un proceso de montaje, situación que generó una
denuncia penal en contra del demandante por los delitos de falsedad en documento
público agravado por el uso, fraude procesal y estafa agravada.

8. Asimismo, sostuvo que el tiempo de servicio prestado a partir del 1.° de enero de
2004 debe desestimarse por ser éste de carácter nacional y corresponder a una nueva
vinculación. Por lo demás, señaló que los recursos utilizados para el pago de salarios
fueron financiados por la Nación a través del Sistema General de Participaciones, lo que
evidencia a una vinculación de orden nacional.

9. Propuso las excepciones de mérito que denominó «inexistencia de vulneración de
principios constitucionales y legales», «cobro de lo no debido» y «prescripción».

3 Ibidem, archivo 010 ContestaciónDemandaUGPP.pdf

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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00421 01 (3676-2024)
Demandante: Miguel Estupiñán Solís

Sentencia apelada4

10. El Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia el 8 de marzo de 2024, en
la cual negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante al
estimar que no se acreditó la vinculación docente con anterioridad al 31 de diciembre de
1980, requisito indispensable para el reconocimiento de la pensión gracia.

11. Para tal efecto, valoró que la entidad demandada demostró —con fundamento en
un informe de seguridad documental elaborado por CYZA— que el acta de posesión del
1.º de septiembre de 1978 carecía de autenticidad por ser producto de un foto montaje y
no existir certeza sobre su autoría ni respaldo en archivos oficiales, los cuales habrían
sido destruidos como consecuencia de siniestros ocurridos entre los años 1979 y 1981.

12. Adicionalmente, el tribunal destacó que el demandante, pese a conocer dichas
inconsistencias desde el año 2013, no promovió la reconstrucción documental
correspondiente ni aportó otros medios de prueba idóneos que permitieran acreditar de
manera efectiva el ejercicio de la labor docente con anterioridad a la fecha límite legal.

13. Así, a partir de una valoración integral del material probatorio, el a quo determinó
que subsistían dudas insuperables sobre la veracidad de los documentos allegados,
conclusión que se vio reforzada por precedentes de la misma Sala en asuntos de similar
naturaleza. Por consiguiente, al no demostrarse de forma plena el requisito de haberse
vinculado como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, se
negaron las pretensiones de la demanda y se declararon probadas las excepciones de
inexistencia del derecho y cobro de lo no debido.

14. Finalmente, al resultar vencido en el proceso, se impuso condena en costas a la
parte actora sin que se considerara necesario efectuar un análisis sobre la eventual
temeridad o mala fe de las partes.

Recurso de apelación5

15. El demandante interpuso recurso de apelación cuestionando que el tribunal
incurrió en una valoración probatoria defectuosa, al desestimar documentos públicos —
como el Decreto de Nombramiento del 1.º de septiembre de 1978, el acta de posesión,
comunicaciones oficiales de la Inspección Municipal de Tumaco, certificaciones de la
Alcaldía y el certificado FOMAG— bajo el único fundamento de un informe de seguridad
elaborado por investigadores privados contratados por la entidad demandada.

16. Afirmó que dichos documentos gozan de presunción de legalidad y fueron
expedidos por las autoridades en ejercicio de sus funciones, sin que existan pruebas
judiciales que desvirtúen su autenticidad. Además, alegó que la falta de archivos oficiales
obedece a hechos ajenos al trabajador, como siniestros o desorden administrativo, lo cual
resulta inoponible a su derecho y refuerza la presunción de buena fe.

4 Ibidem, archivo 21_SENTENCIAPRIME_SENTENCIAPRIMERAINST_20240320085308 IND 25 TRIB SENTENCIA

PRIMERA.pdf
5 Ibidem, archivo 24_RECIBEMEMORIAL_029RECURSOAPELACIOND_20240411095712 IND 29 TRIB REC

APELACION DTE.pdf
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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00421 01 (3676-2024)
Demandante: Miguel Estupiñán Solís

17. También sostuvo que la jurisprudencia contenciosa-administrativa exige
únicamente una experiencia mínima docente anterior a 1981, requisito que —a su juicio—
se encuentra plenamente demostrado en el caso, especialmente el decreto de
nombramiento y el acta de posesión que evidencian que sirvió durante 10 años y 9
meses.

18. Por tales motivos de inconformidad, solicitó revocar íntegramente la sentencia
apelada, reconocer y pagar la pensión gracia con inclusión de todos los factores salariales
del último año, ordenar el pago de intereses moratorios conforme al artículo 141 de la
Ley 100 de 1993 y condenar en costas a la entidad demandada.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

19. Mediante auto del 19 de septiembre de 20246 se admitió el mentado recurso de
apelación y se advirtió a la parte demandada que contaba con plazo hasta la ejecutoria
de dicha providencia para pronunciarse al respecto. Igualmente, se indicó que el
Ministerio Público podía rendir concepto hasta antes de ingresar el expediente al
despacho para sentencia.

20. El Ministerio Público7 conceptuó que debía confirmarse la decisión de primera
instancia por cuanto los actos administrativos aportados no ofrecieron certeza suficiente
para acreditar la vinculación docente alegada, en la medida en que la información allí
contenida no pudo ser verificada con los actos originales de nombramiento y posesión,
los cuales no obran en los archivos oficiales debido a los siniestros ocurridos entre 1979
y 1981, que ocasionaron su destrucción.

21. En ese contexto, concluyó que el actor no logró demostrar el cumplimiento del
requisito de 20 años de servicio docente en el orden departamental, distrital, municipal o
nacionalizado, razón por la cual estimó improcedente el reconocimiento de la prestación
solicitada.

22. La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

6 Índice 4 de Samai.
7Índice 9 de Samar, archivo 8_8_520012333000202100421011YYY10285221 IND 9 C EDO CONCEPTO MIN
PCO.pdf
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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00421 01 (3676-2024)
Demandante: Miguel Estupiñán Solís

Problema jurídico

24. En atención a los cargos específicos formulados en el recurso de apelación, la
Sala procederá a examinar si el demandante acreditó de manera suficiente el
cumplimiento del requisito previsto en el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989
para el reconocimiento de la pensión gracia, consistente en haber ejercido funciones
docentes —de carácter territorial y/o nacionalizado— con anterioridad al 31 de diciembre
de 1980. En particular, se verificará la existencia y naturaleza de la vinculación docente
que afirma haber mantenido con el municipio de Tumaco antes de la aludida fecha.

Análisis del problema jurídico

25. La Sala considera que la parte demandante no acreditó de forma inequívoca
haberse vinculado como docente de carácter territorial y/o nacionalizado antes del 31 de
diciembre de 1980. Por tal razón, se procederá a confirmar la sentencia emitida en
primera instancia, conforme a las motivaciones que se expondrán a continuación.

26. En el expediente obra copia del Decreto 089 del 1.° de septiembre de 1978,
identificado como expedido por el alcalde municipal de Tumaco, mediante el cual se
dispuso el nombramiento en propiedad del demandante en la Escuela Rural de Espriella
de ese ente territorial. Dicho acto aparece suscrito por el secretario general del municipio
y contiene constancia de ser copia auténtica comparada con el original que reposaba en
el archivo de la alcaldía8.

27. Asimismo, con la demanda se allegó el Oficio del 1.° de septiembre de 1978,
suscrito por el inspector escolar municipal de Tumaco, a través del cual se le comunicó
al demandante su designación en la Escuela Rural Mixta de Espriella9. Igualmente, obra
en el expediente el acta de posesión de la misma fecha, suscrita por el alcalde y el
secretario general del municipio de Tumaco, así como por el propio demandante10.

28. En el plenario se vislumbra el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral, expedido el 20 de abril de 2018 por la Secretaría de Educación Municipal
de Tumaco en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), en el cual se consigna la vinculación del actor como docente de
carácter municipal, en el nivel de educación básica primaria, mediante nombramiento en
propiedad. Se indica, además, que el demandante fue designado en la Escuela de
Espriella del municipio de Tumaco a través del Decreto 089 del 1.° de septiembre de
1978, que tomó posesión en esa misma fecha y que permaneció vinculado de manera
continua hasta el 30 de mayo de 198911.

29. A su vez, se observa el certificado laboral expedido el 30 de mayo de 1989 por el
secretario general de la Alcaldía Municipal de Tumaco, en el cual se informa que el
demandante estuvo vinculado al magisterio municipal entre el 1.° de septiembre de 1978

8 Ver expediente digital, archivo 002Anexos.pdf, pág. 10.
9 Ibidem, pág. 11.
10 Ibid., pág. 12.
11 Ibid., pág. 7.

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Demandante: Miguel Estupiñán Solís

y el 30 de mayo de 1989, con fundamento en el nombramiento realizado mediante el
Decreto 089 del 1.° de septiembre de 197812.

30. Según certificación expedida el 18 de septiembre de 2013 por el secretario de
educación municipal de Tumaco13, una vez revisada la hoja de vida del demandante, se
constató que en los archivos de esa dependencia únicamente reposa el acta de posesión
como soporte del acto administrativo de nombramiento, correspondiente al Decreto 089
del 1.° de septiembre de 1978.

31. De igual manera, en la certificación expedida el 14 de febrero de 2023 por la
Secretaría de Educación del municipio de Tumaco, se indicó que, tras la revisión de la
hoja de vida del actor, el tiempo de servicios comprendido entre el 1.° de septiembre de
1978 y el 30 de mayo de 1989 se encuentra soportado en un acta de posesión sin número,
aportada por el propio demandante, en la cual se afirma que su nombramiento se produjo
mediante el Decreto 089 del 1.° de septiembre de 1978, con carácter municipal. No
obstante, en dicha certificación se dejó expresa constancia de que no existe certeza sobre
la autenticidad de ese documento14.

32. Durante la actuación surtida en sede administrativa se practicó el informe
investigativo 3232/2013 del 9 de octubre de 201315, elaborado por la firma CYZA
Outsourcing S.A., entidad encargada de la seguridad documental de la UGPP 16. Dicho
informe dio cuenta de una labor de verificación adelantada en la Secretaría de Educación
y en el Archivo Municipal de Tumaco, orientada a constatar la existencia y respaldo
documental de la presunta vinculación docente del solicitante desde el año 1978.

33. En el desarrollo de dichas diligencias se estableció que los libros originales de los
decretos de nombramiento y las actas de posesión correspondientes a ese período no
reposan en los archivos oficiales, debido a siniestros ocurridos en los años 1979 y 1981,
circunstancia que imposibilitó la realización de un cotejo directo con fuentes
documentales primarias.

34. Ante la inexistencia de registros oficiales originales, el análisis técnico se concentró
en el documento aportado por el propio interesado, esto es, el acta de posesión del 1.°
de septiembre de 1978. Del examen efectuado se advirtieron inconsistencias relevantes,
tales como similitudes atípicas en firmas y sellos, deficiencias en los procesos de
impresión, superposición de datos, patrones gráficos compatibles con reproducciones
mecánicas y otros elementos que sugieren la utilización de montajes o fotocomposiciones
a partir de documentos oficiales preexistentes.

35. Debido a lo anterior, el informe concluyó que los hallazgos identificados debilitaron
de manera significativa la fuerza demostrativa del acta de posesión en cuanto el
documento no reúne condiciones mínimas de idoneidad probatoria.

12
Ibid., pág. 13.
13 Expediente digital, archivo 012 ExpedienteAdministrativo.pdf, folios 33.
14 Expediente digita, carpeta «11 DocumentosAnexosRespuestaMunicipioDeTumaco», archivo «CERTIFICACION
ORIGEN RECURSOS MIGUEL ESTUPIÑAN_0158.pdf».
15 Ver expediente digital, archivo 012 ExpedienteAdministrativo.pdf, folios 1 a 9.
16 Ibidem, folios 22 a 25.

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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00421 01 (3676-2024)
Demandante: Miguel Estupiñán Solís

36. Así pues, la Sala valorará las pruebas documentales relacionadas en precedencia
conforme a los estándares probatorios adoptados por la Sala Plena de esta Sección del
Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de
2018, en la que se consolidó la siguiente regla jurisprudencial:

«vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.» (Negrillas de la Sala)

37. En ese sentido, corresponde al juez examinar integralmente el expediente con el
propósito de verificar la existencia de actos administrativos que permitan establecer, con
certeza y claridad, la naturaleza jurídica del vínculo o de la plaza docente de que se trate.
Ello resulta esencial, en tanto el acto administrativo de nombramiento constituye el medio
probatorio idóneo para identificar las condiciones jurídicas del empleo público, la
autoridad nominadora, la fuente de financiación y, en general, el régimen al cual quedó
sometido el servidor.

38. Empero, en ausencia de dichos actos administrativos el juez puede acudir de
manera subsidiaria a otros medios probatorios que deberán ser valorados de forma
conjunta y armónica, conforme a las reglas de la sana crítica, tales como certificaciones
expedidas por las autoridades nominadoras o educativas. No obstante, su aptitud
demostrativa está condicionada a que la información en ellas consignada resulte clara,
coherente y permita establecer de manera inequívoca la naturaleza del vínculo docente,
sin dejar márgenes razonables de duda.

39. En el presente asunto obra copia del acto administrativo de nombramiento
contenido en el Decreto 089 del 1.° de septiembre de 1978; no obstante, aunque en su
encabezado se indica que fue expedido en ejercicio de las facultades nominadoras del
alcalde municipal de Tumaco, lo cierto es que no aparece suscrito por dicho funcionario,
sino únicamente por el secretario general del ente territorial.

40. Adicionalmente, en el texto del documento se consigna que se trata de una
fotocopia del original que reposa en el archivo municipal; sin embargo, dicha anotación
se encuentra incorporada antes de la firma del secretario general, esto es, integrada a la
estructura interna del supuesto acto administrativo y no como una constancia posterior o
nota secretarial independiente.

41. Tales irregularidades debilitan de manera sustancial la fuerza demostrativa del
documento, en la medida en que no se acredita que el nombramiento haya sido efectuado
por la autoridad competente —esto es, el alcalde municipal, en su condición de
representante legal y máxima autoridad administrativa de la entidad territorial—, al no
constar su firma en el acto. A ello se suma que resulta atípico que una constancia propia
de autenticación de copias se incorpore como parte del contenido del acto administrativo
mismo.
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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00421 01 (3676-2024)
Demandante: Miguel Estupiñán Solís

42. Así, para la Sala, el referido documento no ofrece certeza suficiente sobre la
existencia y validez del acto de designación pues no solo se advierte la ausencia de la
firma de la autoridad nominadora sino también una estructura formal incoherente, al
integrar notas secretariales relativas a la autenticación de copias dentro del cuerpo del
acto toda vez que no resulta lógico ni jurídicamente consistente que la referencia a una
reproducción fotostática del supuesto original haga parte de los considerandos o de la
decisión administrativa misma; es decir, no es razonable que una constancia relativa a
una reproducción fotostática haga parte de los considerandos del acto administrativo
original.

43. Por otra parte, el apelante pretende justificar la existencia del nombramiento en
1978 con el Oficio del 1.° de septiembre de 1978 suscrito por el inspector escolar
municipal de Tumaco, mediante el cual se habría informado al demandante su
designación en la Escuela Rural Mixta de Espriella. No obstante, dicho documento
tampoco aporta elementos suficientes para tener por acreditado el vínculo docente
alegado.

44. El citado oficio no es un acto administrativo de nombramiento, no registra
constancia de recibido por parte del demandante ni de la entidad territorial, carece de
firma o refrendación del alcalde municipal —autoridad competente para efectuar la
designación— y tampoco incorpora ningún otro elemento verificable que permita a la Sala
establecer, de manera clara, precisa e inequívoca, la existencia y la naturaleza jurídica
de la presunta designación.

45. Se trata, entonces, de un documento que, valorado conforme a las reglas de la
sana crítica y a los estándares fijados por la jurisprudencia de unificación, no alcanza el
grado de certeza exigido para acreditar una vinculación docente de carácter territorial o
nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, la Subsección
procederá a valorar las certificaciones obrantes en el expediente.

46. Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
expedido el 20 de abril de 2018 por la Secretaría de Educación Municipal de Tumaco y
el certificado laboral del 30 de mayo de 1989 suscrito por el secretario general de la
Alcaldía Municipal de Tumaco, el actor estuvo vinculado como docente municipal entre
el 1.° de septiembre de 1978 y el 30 de mayo de 1989.

47. Además, obra en el expediente la certificación expedida el 18 de septiembre de
2013 por el secretario de educación municipal de Tumaco, en la cual se informó que en
los archivos de esa dependencia únicamente reposa el acta de posesión como soporte
del presunto nombramiento efectuado en 1978.

48. La certificación del 14 de febrero de 2023 emitida por la Secretaría de Educación
del municipio de Tumaco precisó que la alegada vinculación docente se sustentó en un
acta de posesión aportada por el propio demandante, respecto de la cual se dejó expresa
constancia de que no existe certeza sobre su autenticidad.

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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00421 01 (3676-2024)
Demandante: Miguel Estupiñán Solís

49. El informe investigativo 3232/2013 del 9 de octubre de 2013, elaborado por la firma
CYZA Outsourcing S.A., puso de presente que el referido documento (acta de posesión)
presenta inconsistencias relevantes particularmente en las firmas y sellos, que permiten
inferir la posible utilización de montajes o reproducciones mecánicas, lo cual afectó de
manera significativa su credibilidad como medio de prueba y así negar el derecho
reclamado en sede administrativa.

50. A partir de lo expuesto, la Sala concluye que las certificaciones aportadas no
ofrecen certeza probatoria en la medida en que se sustentaron exclusivamente en el
contenido del acta de posesión del 1.° de septiembre de 1978 allegada por el propio actor;
documento respecto del cual la misma autoridad nominadora manifestó, en certificación
del 14 de febrero de 2023, que no existe certeza sobre su autenticidad y sobre el cual,
además, recae un informe técnico investigativo que cuestiona seriamente su veracidad
para acreditar la vinculación docente alegada.

51. En suma, si el acta de posesión cuestionada constituyó el único soporte sobre el
cual se expidieron las certificaciones de la autoridad nominadora, resulta claro para la
Sala que sendas pruebas documentales no son idóneas para demostrar de manera
inequívoca la existencia ni la naturaleza jurídica del presunto vínculo docente antes del
31 de diciembre de 1980.

52. Es más, el acta de posesión, por sí sola, no acredita la efectiva prestación del
servicio, pues únicamente daría cuenta de la comparecencia del demandante ante la
alcaldía municipal para asumir el cargo17.

53. Debe advertirse que, para que dicho documento tenga la virtualidad de generar
certeza sobre el ejercicio real y continuo de las funciones durante un período
determinado, resulta indispensable valorarlo de manera conjunta con otros medios de
convicción que corroboren que, desde la fecha de posesión, el docente efectivamente
desempeñó la actividad asignada. Así lo ha precisado reiteradamente esta Sala 18 en
casos donde, a partir de un análisis integral del acervo probatorio, ha sido posible
establecer de forma inequívoca la efectiva prestación del servicio.

54. En ese orden, aun cuando del acta de posesión allegada podría inferirse el
presunto nombramiento efectuado mediante el Decreto 089 del 1.° de septiembre de
1978, su contenido aislado no permite concluir con certeza que la labor docente haya
sido realmente desarrollada, ni siquiera por un solo día de trabajo19.

55. Ahora, si bien las certificaciones aportadas registran que el actor prestó sus
servicios entre el 1.° de septiembre de 1978 y el 30 de mayo de 1989, tales documentos
no pueden ser considerados idóneos para fijar los extremos temporales del vínculo,
habida cuenta que se encuentra demostrado que en el archivo de la alcaldía no reposan

17 Este criterio fue adoptado por esta Sala en la sentencia del 23 de octubre de 2025, rad. 19001-23-00-000-2019-

00288-01 (7515-2023), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
18
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 20 de marzo de 2025 (exp. 20001 23 39 000
2017 00222 01 (2291-2019), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; del 27 de marzo de 2025 (exp. 52001-23-33-000-2018-
00333-01 (0943-2023), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, y del 27 de marzo de 2025 (exp. 50001 23 33 000 2019 00472
01 (0949–2024), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
19 Este criterio fue desarrollado en sentencia de esta Subsección calendada el 23 de octubre de 2025, radicado 19001-

23-00-000-2019-00288-01 (7515-2023), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00421 01 (3676-2024)
Demandante: Miguel Estupiñán Solís

antecedentes documentales relativos a ese período, sumado a que dichas certificaciones
se fundamentaron exclusivamente en el acta de posesión aportada por el propio
demandante, la cual —como ya se señaló— carece de soporte material confiable que
respalde la información allí consignada.

56. No puede perderse de vista que esta discusión viene planteada desde la negativa
en sede administrativa; por lo tanto, al ser ese el eje central del debate en esta causa
contenciosa, lo cierto es que la parte actora también pudo allegar —a manera de
ejemplo— un certificado laboral sustentado en material de archivo diverso, verificable y
dotado de credibilidad que acreditara de manera indiscutible la existencia y naturaleza
del vínculo docente; o, inclusive, acudir a la figura de la reconstrucción de expedientes
administrativos regulada por el Acuerdo 007 del 15 de octubre de 2014 expedido por el
Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado. Sin embargo, ello no ocurrió.

57. Los documentos aportados —los mismos que fueron desestimados en vía
administrativa— lejos de resultar contundentes y precisos en su información, generan
cuestionamientos e incertidumbre probatoria que impiden considerarlos como medios de
convicción inequívocos, según lo exige la jurisprudencia de unificación para estos casos.

58. Lo que se avizora en el expediente es que, pese al derecho a la libertad probatoria
previsto en el artículo 165 del CGP, el accionante no desplegó una actividad demostrativa
mayor que la de aportar los mismos documentos cuestionados previamente por la UGPP
en sede administrativa. En ese sentido, se configuró un incumplimiento de la carga de la
prueba que le correspondía al demandante para acreditar los supuestos de hecho en que
fundó su pretensión.

59. Tal exigencia deriva del artículo 167 del CGP, según el cual incumbe a las partes
probar los hechos afirmados en la demanda o las excepciones en la contestación. Así, la
inobservancia de esta carga crea consecuencias desfavorables para quien no la cumple
pues la ausencia de prueba sobre los hechos alegados conduce a que la decisión se
profiera en su contra, ya sea con fundamento en lo demostrado por la contraparte o en la
falta de acreditación del presupuesto fáctico requerido.

60. Por tanto, al constatar que el período alegado como sustento del requisito de la
vinculación docente territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 no fue
acreditado, resulta innecesario examinar las demás exigencias para la consolidación del
derecho pensional reclamado. En definitiva, al no superarse este requisito estructural
contemplado en el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, el reconocimiento de
la pensión gracia se torna improcedente.

61. Con base en las consideraciones expuestas, la Sala estima que no se desvirtuó la
conclusión alcanzada por el a quo. Por consiguiente, se confirmará íntegramente la
sentencia de primera instancia mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00421 01 (3676-2024)
Demandante: Miguel Estupiñán Solís

Condena en costas

62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

63. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

64. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

65. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo de Nariño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 8 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda
dentro del proceso de la referencia.

SEGUNDO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante. Las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y
las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00421 01 (3676-2024)
Demandante: Miguel Estupiñán Solís

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado conductor del
proceso en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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