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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00423-01

Fecha
14 de mayo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00423-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 1° de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Nariño, por medio de la cual se accedió a las pretensiones, y en su lugar negar las mismas, de conformidad con las razones expuestas en esta sentencia. SEGUNDO. Sin condena en costas en ambas instancias, por lo ya señalado. TERCERO. Acéptese la renuncia presentada por el abogado Daniel Antonio Genes Benedetti quien actuaba en calidad de apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social de conformidad con el memorial que reposa en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”. CUARTO. Reconocer personería para actuar al abogado Omar Trujillo Polanía como apoderado de la UGPP en atención al memorial anexo en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, aunado a ello, se acepta la sustitución de poder al abogado Michael Stiven Gaviria Caicedo que consta en el mismo índice. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2021-00423-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

14 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001 23 33 000 2021 00423 01 (1327-2024)
Demandante: Mercie Daniela Valverde Castillo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio antes de 1980.
Naturaleza de la vinculación docente. Carga de la prueba. Ley
1437 de 2011

Decisión: Revoca sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1.La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño el 1° de septiembre de 2023, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones

2.La demandante solicitó la nulidad de las Resoluciones RDP 016351 del 14 de
julio de 2020 y RDP 021414 del 18 de septiembre de 2020, por medio de las
cuales, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, negó la solicitud de reconocimiento y pago
de la pensión gracia, y resolvió el recurso de apelación respectivamente.

3.A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad
demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia liquidada con el 75% del
promedio de los salarios devengados durante el año anterior a la adquisición del
estatus; (ii) realizar los ajustes conforme al índice de precios al consumidor y el
pago de intereses moratorios; y (iii) condenar en costas a la entidad demandada.

1 Escrito de la demanda visible en expediente digital cargado en la plataforma SAMAI

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2021 00423 01 (1327-2024)
Demandante: Mercie Daniela Valverde Castillo

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

4. La señora Mercie Daniela Valverde Castillo precisó que nació el 04 de junio de
1962; y que ejerció el servicio docente con honradez y buena conducta en
diferentes periodos:

• Desde el 16 de septiembre de 1980 hasta el 30 de diciembre de 1992.
• Desde el 1° de septiembre de 1997 hasta el 14 de mayo de 2002 mediante
contratos de prestación de servicio.
• Desde el 31 de diciembre de 2003 hasta el 18 de mayo de 2020.

5. Indicó que el 09 de agosto de 2019 solicitó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia, la cual fue negada por la UGPP mediante la Resolución 032011
de 25 de octubre de 2019; posteriormente, el 16 de marzo de 2020, solicitó
nuevamente el reconocimiento y pago de la pensión gracia, sin embargo, le fue
negado el derecho a través de los actos administrativos demandados.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

6. Argumentó que la entidad demandada inaplicó el artículo 53 de la Constitución,
así como las Leyes 114 de 1913; 116 de 1928; 37 de 1933; 4° de 1966 y 91 de
1989. Precisó que se cumplieron con todos los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada restó
merito probatorio a las pruebas documentales aportadas, indicando que las
certificaciones no son un medio idóneo para demostrar la prestación del servicio
docente, en clara omisión de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el
asunto.

1.4 Contestación de la demanda

7. Luego de presentada la demanda el 08 de noviembre de 2021 y admitida el 26
de enero de 2022, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, una vez
notificada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

8. Consideró que la docente no acreditó de forma suficiente la prestación del
servicio docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y con posterioridad
a dicha data, esto en cuanto no fueron aportados en original ni en copia auténtica
los actos administrativos que demuestren tanto el tiempo laborado como las
remuneraciones devengadas, requisito esencial para acceder a la pensión de
gracia.

9. En cuanto al tiempo de servicios prestados en el periodo comprendido entre el
1º de septiembre de 1997 y el 14 de mayo de 2002, indicó que debe ser
desestimado en atención a que la vinculación fue mediante contratos de

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prestación de servicios, la cual no genera vinculación directa con las entidades
con las que laboró, pues no se trata de una designación legal y reglamentaria.

10. Además, que por tratarse de un contrato realidad con el sector público, debe
ser debatido ante la jurisdicción contencioso-administrativa, a través de otra
acción, con el fin de obtener la indemnización por las prestaciones dejadas de
cancelar en virtud de un contrato realidad.

11. Agregó que la labor ejecutada en el municipio de Tumaco a partir del 31 de
diciembre de 2003, no puede valorarse por tratarse de una vinculación de
carácter nacional, por lo tanto, deben desestimarse en virtud de lo establecido en
el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

12. Para terminar propuso como excepciones: i) prescripción del derecho frente
a los contratos de prestación de servicios; ii) inexistencia de vulneración de
principios constitucionales y legales; iii) cobro de lo no debido; y iv) prescripción.

1.5 Sentencia de primera instancia

13. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 1° de septiembre
de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda; y condenó en costas a la
parte demandada.

14. Ello sustentado en que la docente cumple con los requisitos establecidos en
la ley para obtener la pensión gracia, destacando que las certificaciones de
historia laboral allegadas al proceso dan cuenta que aquélla tuvo una vinculación
de tipo municipal y la financiación de sus salarios, prestaciones y honorarios
fueron con recursos propios del municipio y a cargo del sistema general de
participaciones, por ende, no puede señalarse que las pruebas documentales
aportadas son insuficientes para tal efecto.

15. En consecuencia, condenó a la UGPP, a reconocer a la actora la prestación
a partir del 09 de agosto de 2016 – por prescripción trienal, tomando como base
para su cómputo el promedio de lo devengado durante el año anterior a la fecha
de adquisición del estatus pensional.

1.6 Recurso de apelación

16. A manera de síntesis se tiene que la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, mediante apoderado judicial, interpuso recurso de apelación solicitando
la revocatoria de la sentencia de primera instancia, alegando que se no cumple
con los requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913, concretamente, los 20
años de servicios como docente departamental, distrital, municipal o
nacionalizado, y por tanto la demandante no tiene derecho a la prestación

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reclamada.

17. Sostuvo que los tiempos laborados a través de ordenes de prestación de
servicio no pueden ser valorados, toda vez que no hubo una vinculación oficial a
la docencia de forma legal y/o reglamentaria.

18. Señaló que los certificados de información laboral allegados al proceso no
son prueba idónea para demostrar los tiempos laborados, pues, el documento
adecuado para ello debe ser el expedido en formato CETIL por la autoridad
competente, que en este caso sería la Secretaría de Educación del ente territorial.

1.7 Trámite en segunda instancia

19. Mediante auto de 16 de abril de 2024, se admitió el recurso de apelación.

20. En esta oportunidad, la parte actora, la entidad demandada y el Agente del
Ministerio Publico delegado ante esta Corporación guardaron silencio.

21. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo10, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.

23. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso11, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la
referencia, únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada, el
análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Problema jurídico

24. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Mercie
Daniela Valverde Castillo, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión
gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20 años de servicio
como docente territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las
exigencias para dicho reconocimiento.

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2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.3.1. La pensión gracia

25. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de
1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan
servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

26. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión
gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento,
además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los
empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o
recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de
edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

27. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de
la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto
a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los
servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza
primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido
para acceder a la pensión.

28. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo
de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

29. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir
de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera
de texto].

30. El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de
la pensión gracia para los docentes al establecer:

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«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero
de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

31. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la
pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para
los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 19972 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la
totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial
la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos
servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues
habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente
le asignó la ley. […].»

32. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 20183 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a
las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales
pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto

de 1997.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de
participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política
de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para
atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del
Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el
servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos
destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como
de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de
esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que
ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y
endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto
de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad
territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional
como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la
disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación
de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada,
pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en
lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias
provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o
de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a
través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con
los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.» (Resaltado del texto original)

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33. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del
11 de agosto de 20224 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como
regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a,
de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29
de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con
los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

34. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las
mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria
aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

35. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente
durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales,
en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública,
o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar
tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó
dicha vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumple
con los demás requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4. Actuación administrativa

36. La actora presentó por primera vez reclamación administrativa el 09 de agosto
de 2019, procediendo la UGPP a resolver negativamente con la Resolución RDP
032011 de 25 de octubre de 2019; decisión contra la cual la actora no presentó
ningún recurso.

37. Luego, el 16 de marzo de 2020, solicitó nuevamente el reconocimiento y pago
de la pensión gracia, la cual fue negada a través de la Resolución RDP 016351
del 14 de julio de 2020; está última fue objeto de recurso de apelación por parte
de la interesada, desatado mediante la Resolución RDP 021414 del 18 de
septiembre de 2020, confirmando la decisión desfavorable.

2.5. Caso concreto

38. Pasa la Sala a determinar si la demandante cumple con las exigencias
contenidas en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente, si acredita los 20 años de
servicio como docente territorial o nacionalizada.

4 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos

a. Edad

39. Revisado el expediente, la Sala encuentra acreditado que la señora Mercie
Daniela Valverde Castillo nació el 04 de junio de 19625, razón por la cual cumplió
50 años el 04 de junio de 2002.

b. Buena conducta

40. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, la actora presentó declaración
juramentada ante la notaría única del círculo de Tumaco, en la cual manifestó
que se desempeñó con honradez, idoneidad, consagración, buena conducta y
cumplimiento del deber; ahora, no se observan reproches que pongan en duda
su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que también se probó
tal exigencia.

c. Tiempo de servicio

41. Sea lo primero señalar, que la parte actora con la demanda no allegó los actos
de nombramiento y de posesión respectivos sino únicamente certificado de
tiempos de servicios. En todo caso, la entidad demandada aportó el expediente
administrativo de aquélla, en el que reposa “copia del Decreto 072 del 16 de
septiembre de 1980” con el cual, el alcalde del municipio de San Andrés de
Tumaco – Nariño nombró en propiedad a la señora Mercie Daniela Valverde
Castillo en la escuela urbana del Morrito. De igual modo, yace copia del acta de
posesión. Documentos que nuevamente fueron allegados por la Secretaría de
Educación de Tumaco Nariño, en cumplimiento de un decreto de pruebas
efectuado por el a quo. Véase:

5 Copia del registro civil de nacimiento en la página 56 y de la cedula de ciudadanía en la página 58 visible

en el escrito de la demanda que se encuentra en SAMAI.
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42. Pues bien, se rememora que la entidad en el recurso de apelación cuestiona
la acreditación de esta vinculación, alegando que no se aportó el acto
administrativo original o en copia auténtica.

43. Para la Sala, los documentos referenciados tampoco ofrecen claridad y
certeza sobre su contenido, a fin de demostrar la vinculación territorial o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980. Esto, por cuanto revisados
minuciosamente, se advierte que, aunque en dichos documentos se menciona
que corresponde a unas copias auténticas, lo cierto es que resultan ser
transcripciones, nótese que, aunque se reseña que fueron expedidos por la
autoridad competente, no figuran las firmas del alcalde -en el acto de
nombramiento-, y tampoco la actora y la autoridad ante la que habría tomado
posesión del cargo -en cuanto al acto de posesión-.

44. Además, llama la atención de esta Colegiatura que en los anteriores
documentos consta sello de la Secretaría de Educación de Tumaco, de fecha de
12 de julio de 2019, que da cuenta que son copias de archivos que reposan en
la hoja de vida de la actora. Sin embargo, de ser así, bien ha podido allegarse
copia de los actos de nombramiento y posesión que contengan las firmas de los
servidores que en el año 1980 los expidieron. Mas aun cuando en los mismos se
dejó constancia que eran fiel copia del original que reposan en los archivos de la
entidad.

45. Las dudas sobre la autenticidad de los actos en mención cobran relevancia
al percatarse la Sala que al ser requerida la alcaldía de Tumaco en primera
instancia para que constatara los pormenores de la vinculación de la señora

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 52001 23 33 000 2021 00423 01 (1327-2024)
Demandante: Mercie Daniela Valverde Castillo

Valverde Castillo, indicó en certificado del 27 de abril del 20226 que para el
periodo comprendido desde «16 de septiembre de 1980 hasta el 30 de diciembre
de 1992 la docente aporta Acta de Posesión sin número en la que se manifiesta
que fue nombrada con Decreto No. 072 del 16 de septiembre de 1980, del cual
la Secretaria de Educación no tiene certeza de su autenticidad manifestándose
que su vinculación es de carácter Municipal»7 (Resaltos de la Sala).

46. Con dicho documento, se infiere que dentro de los archivos de la entidad no
reposaron para la fecha de la certificación los instrumentos que de manera clara
y certera determinaran la calidad del vínculo que afirma la señora Valverde
Castillo, tuvo con la misma antes del 31 de diciembre de 1980.

47. Asimismo, si bien se aportaron junto con la demanda certificados de tiempo
de servicios, como por ejemplo el expedido el 27 de abril de 20228, y la Secretaría
de Educación de Tumaco incluso remitió certificado de salarios de los años 1980
a 1992 (entre otros), que relacionan el periodo de 16 de septiembre de 1980
hasta el 30 de diciembre de 1992, como una vinculación municipal, lo cierto es
que no puede darse mérito probatorio a estos, pues, infiere esta Corporación,
que tuvieron como sustento el mismo acto administrativo de designación –
Decreto 072 del 16 de septiembre de 1980 y acta de posesión-, que para la Sala,
contrario a lo sostenido por el tribunal de instancia, no ofrecen suficiente certeza.

48. En este punto resulta oportuno expresar que, el tiempo de servicios
exclusivamente no debe constar en certificado CETIL, para que resulte idónea la
prueba como lo pretende hacer ver la entidad recurrente, pues, las secretarías
de educación en su condición de nominador tienen competencia para dar
constancia de dicha información, como así se expuso en sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20189.

49. En suma, debe reiterar la Subsección que, resulta extraño que, si en los
archivos existe un original del acto de nombramiento y el de posesión, que a la
vista se tuvieron para expedir las copias auténticas, no hayan sido aportados al
plenario, pese a que la controversia gira en torno a este punto, incluso desde que
se inició el trámite en sede administrativa.

50. Es importante mencionar que, como lo ha señalado esta Subsección10, no
corresponde a esta jurisdicción determinar la falsedad de los documentos
aportados con miras a acreditar el cumplimiento de las exigencias para obtener
la pensión gracia, sino su idoneidad y conducencia.

6
0030OficioRespondeRequerimientoMpioTumaco.pdf. Expediente electrónico visible en SAMAI.
7
Pg 7 0030OficioRespondeRequerimientoMpioTumaco.pdf. Expediente electrónico visible en SAMAI.
8
Pg 8 0030OficioRespondeRequerimientoMpioTumaco.pdf. Expediente electrónico visible en SAMAI.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
10 Ver entre otras, sentencia de 14 de noviembre de 2024, expediente 52001-23-33-000-2021-00140-01 (4685-2023),
C.P. Jorge Iván Duque

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Demandante: Mercie Daniela Valverde Castillo

51. Ahora, al tenor de la mencionada sentencia de unificación CE-SUJ2-011-
18 del 21 de junio de 2018, la prueba de la calidad de docente territorial se puede
acreditar con copia de los actos administrativos en los que conste con claridad el
vínculo y la naturaleza de la plaza, o en su defecto, se puede demostrar con la
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta inequívoca del tipo de
vinculación. Lo anterior también resulta aplicable para demostrar la calidad de
nacionalizado.

52. En ese orden, la Sala no echa de menos que el acto no haya sido aportado
en original, pues las copias tienen mérito probatorio, sino que analizada en
conjunto la evidencia física, la misma no ofrece certeza de manera inequívoca
frente al hecho que se pretende probar. Además, no existen otras pruebas con
las cuales se pueda contrastar el contenido del mentado acto administrativo de
designación, ya que como se ha mencionado, las certificaciones aportadas tanto
de tiempo de servicio como de factores salariales, se infiere, tiene como sustento
el mismo acto administrativo 072 del 16 de septiembre de 1980 analizado con
anterioridad.

53. Vale la pena resaltar que, quien demanda tenía pleno conocimiento que el
motivo que generó la negativa al reconocimiento de la pensión gracia por parte
de la UGPP, fue entre otros aspectos, la prestación del servicio docente con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980; y aun así, la interesada no aportó nuevos
elementos probatorios que pudieran llevar al convencimiento pleno de la
prestación real del servicio docente en la modalidad exigida para efectos del
reconocimiento del derecho perseguido, se itera, como territorial o nacionalizado.
Para el efecto, bien pudo aportar actos de reconocimiento de prestaciones
correspondientes a la época, o el mismo acto de nombramiento, ya que según se
afirmó, reposa en los archivos del ente territorial, entre otros.

54. Así las cosas, en punto a la carga de la prueba, se tiene que el artículo 167
del Código General del Proceso, prevé que «Incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen», por lo que era la actora la que tenía la carga de demostrar el
cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia
deprecada, lo cual no ocurrió, y, por tanto, se impone revocar la sentencia de
primera instancia.

55. La Corte Constitucional se pronunció respecto de la carga de la prueba en
materia pensional cuando existan inconsistencias en la historia laboral del
solicitante, al respecto, la sentencia SU-182 de 2019 señaló:

«En este punto es importante precisar que la carga de la prueba sobre las
posibles inconsistencias o irregularidades recae, en principio, sobre la
administradora de pensiones, pues “el trabajador sigue siendo el sujeto
jurídico más débil del sistema, por lo cual merece una especial protección
del Estado”16. Además, la administradora cuenta con “mejores y mayores
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elementos de juicio que le permitan adoptar una decisión más fiel a la
realidad de los hechos que se le plantean”17. Pero cuando la
administradora de pensiones presenta una “justificación bien
razonada”, soportada en medios probatorios que advierten
razonablemente sobre una inconsistencia o una irregularidad en la
historia laboral, le corresponde al afiliado desvirtuar tal hecho. En
términos similares, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que,
frente a una “censura fundada” de la administración, la carga de la prueba
se traslada al afiliado, quien podrá hacer uso de los distintos medios
probatorios a su alcance.18» (Negrilla de la Sala)

56. En vista de lo expuesto, para la Sala, los documentos presentados por la
parte actora con el fin de demostrar la prestación del servicio docente con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 no logran ofrecer certeza sobre tal hecho,
lo cual imposibilita continuar con el estudio de los demás tiempos de servicios.

2.6. Conclusión

57. De conformidad con lo anteriormente expuesto, la señora Mercie Daniela
Valverde Castillo, no probó el requisito mínimo de haber prestado servicio
docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, con una vinculación del
orden territorial y/o nacionalizado, el cual resulta indispensable para obtener la
pensión gracia, y que acreditado, habilita la revisión de las demás exigencias de
ley.

58. Ante dicho incumplimiento, debe la Sala revocar la decisión dictada en
primera instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño del 1° de septiembre
del 2023, y en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda, de acuerdo
con las razones expuestas en esta providencia.

2.7. Condena en costas en ambas instancias

59. En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas,
no obstante, actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es
procedente efectuar un estudio respecto la existencia de carencia de
fundamentación jurídica.

60. En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de
primera instancia, debe darse aplicación al numeral 4. ° del artículo 365 del
CPG4, por tanto, no hay lugar a condena en costas de ambas instancias, toda
vez que se sustentaron las razones esgrimidas por la demandante en defensa
jurídica de sus intereses.

61. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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I. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 1° de septiembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo del Nariño, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones, y en su lugar negar las mismas, de conformidad con las razones
expuestas en esta sentencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas en ambas instancias, por lo ya señalado.

TERCERO. Acéptese la renuncia presentada por el abogado Daniel Antonio
Genes Benedetti quien actuaba en calidad de apoderado de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social de conformidad con el memorial que reposa en el índice 11 de
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.

CUARTO. Reconocer personería para actuar al abogado Omar Trujillo Polanía
como apoderado de la UGPP en atención al memorial anexo en el índice 13 de
la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”,
aunado a ello, se acepta la sustitución de poder al abogado Michael Stiven
Gaviria Caicedo que consta en el mismo índice.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la
plataforma SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes
del Código General del Proceso.

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