Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00054-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2020-00054-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2020-00054-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001 23 33 000 2020 00054 01 (5205-2022)
Demandante: María Honoria Muñoz Riascos
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Incumplimiento de carga de la
prueba. Valoración probatoria de actos administrativos y actas de
posesión en contraste con certificaciones de autoridad nominadora.
Para efectos de pensión gracia, no se analiza falsedad de
documentos, sino su idoneidad y conducencia. Aplicación de
sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018.
Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia porque la actora no
acreditó de forma inequívoca la existencia de una vinculación docente
de carácter territorial y/o nacionalizada antes del 31 de diciembre de
1980.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 24 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA),
solicitó que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones RDP 029480 del 30 de septiembre de 2019 y RDP 034640 del 18 de
noviembre de 2019, mediante el los cuales la entidad demandada negó el reconocimiento
y pago de una pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar la referida prestación periódica, en cuantía equivalente
al 75% del promedio de los salarios y factores salariales devengados durante el último
Radicación: 52001 23 33 000 2020 00054 01 (5205-2022)
Demandante: María Honoria Muñoz Riascos
año de servicios, con efectos a partir del 16 de marzo de 2015, fecha en la cual afirmó
haber adquirido el estatus pensional. Asimismo, solicitó que se reconozcan las mesadas
debidamente reajustadas conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que se
condene en costas a la entidad demandada.
3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la demandante afirmó que se
desempeñó como maestra municipal en el municipio de Tumaco (Nariño) desde el 15 de
marzo de 1980 hasta el 3 de diciembre de 2019, en un cargo que hacía parte de la planta
de personal del ente territorial y cuya remuneración se efectuaba con recursos propios.
Indicó, además, que adquirió el estatus pensional el 16 de marzo de 2015, al haber
cumplido 50 años de edad —pues nació el 16 de marzo de 1965— y reunir el tiempo de
servicios exigido, así como que durante su ejercicio docente actuó con honradez y buena
conducta.
4. Asimismo, relató que el 15 de julio de 2019 solicitó ante la entidad demandada el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, petición que fue negada mediante los actos
administrativos acusados bajo el argumento de que los documentos aportados no
resultaban idóneos para acreditar el tiempo de servicios requerido.
Contestación de la demanda
5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones dado que la demandante no
acreditó de manera idónea los requisitos para acceder a la pensión gracia, en particular
el requisito de vinculación antes del 31 de diciembre de 1980, el tiempo de servicios, el
tipo de vinculación y el origen de los recursos.
6. Señaló que no se allegaron los actos de nombramiento y posesión en copia
auténtica, documentos indispensables para demostrar la relación legal y reglamentaria
antes del 31 de diciembre de 1980, ni se justificó la ausencia de tales pruebas para acudir
a prueba supletoria conforme a la Ley 50 de 1886, por lo que las certificaciones aportadas
resultan insuficientes e incompletas.
7. Adicionalmente, alegó que los tiempos posteriores al 19 de octubre de 1990 no
pueden computarse, al tratarse de una nueva vinculación de carácter nacional, conforme
al artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que excluye de la pensión gracia a los docentes
vinculados a partir de 1990.
8. Sostuvo también que los salarios fueron financiados con recursos del Sistema
General de Participaciones, lo que implica el incumplimiento del requisito del numeral 3
del artículo 4 de la Ley 114 de 1913, relativo a no recibir remuneración de carácter
nacional. A su vez, indicó que no se encuentra plenamente acreditado el requisito de
buena conducta y reiteró que el incumplimiento de cualquiera de las exigencias legales
impide el reconocimiento de la prestación.
9. Propuso como excepciones de fondo las que tituló como «inexistencia de
vulneración de principios constitucionales y legales», «cobro de lo no debido»,
«prescripción» y el reconocimiento oficioso de excepciones.
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Demandante: María Honoria Muñoz Riascos
Sentencia apelada
10. El Tribunal Administrativo de Nariño dictó sentencia el 24 de mayo de 2022,
mediante la cual declaró la nulidad de los actos administrativos impugnados y, como
restablecimiento del derecho, condenó a la entidad demandada a reconocer a favor de la
actora la pensión gracia equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados en el año previo a la consolidación del estatus pensional, a saber, 16 de
marzo de 2015. Asimismo, decretó la prescripción de las mesadas pensionales causadas
con anterioridad al 15 de julio de 2016 y condenó en costas a la accionada.
11. Con fundamento en el material probatorio, el tribunal concluyó que la demandante
acreditó el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia, al
verificar que cumplió el requisito de edad al haber alcanzado los 50 años el 16 de marzo
de 2015 y que se vinculó como docente antes del 31 de diciembre de 1980 mediante
Decreto 088 de 1980, circunstancia corroborada con certificados de historia laboral y
certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación del Municipio de Tumaco.
12. Por su parte, desestimó los cuestionamientos de la entidad demandada explicando
que dichas certificaciones provenían de autoridad competente, no fueron controvertidas
y permitían establecer el carácter municipal de la vinculación y la financiación con
recursos propios del ente territorial.
13. En relación con el tiempo de servicios, el a quo encontró probado que la
demandante acumuló más de 402 meses de servicio docente (más de 20 años), sumando
los períodos comprendidos entre 1980 y 2015, lo que satisface el requisito legal. También
se acreditó la buena conducta, ante la ausencia de sanciones disciplinarias.
14. En consecuencia, se ordenó el reconocimiento de la pensión gracia a partir del 16
de abril de 2015, equivalente al 75% del promedio de los factores salariales del año
anterior (16 de marzo de 2014 a 16 de marzo de 2015). No obstante, declaró la
prescripción de las mesadas causadas antes del 15 de julio de 2016, al considerar que la
solicitud presentada el 15 de julio de 2019 interrumpió la prescripción por el término legal.
15. Por último, justificó la condena en costas contra la accionada habida cuenta de
que prosperaron las pretensiones de la demanda.
Recurso de apelación
16. La entidad demandada presentó recurso de apelación en el que solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia al estimar que incurrió en errores de
valoración probatoria y de interpretación normativa.
17. Sostuvo que la demandante no demostró de manera idónea la vinculación docente
anterior al 31 de diciembre de 1980, al no aportar los actos de nombramiento y posesión
en original o copia auténtica, que constituyen el único medio válido para acreditar una
relación legal y reglamentaria. En ese orden, afirmó que las certificaciones allegadas son
insuficientes pues no precisan con certeza el tipo de vinculación ni el origen de los
recursos y no se configuraron los presupuestos para acudir a prueba supletoria conforme
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Demandante: María Honoria Muñoz Riascos
a la Ley 50 de 1886, por lo que la carga probatoria —que corresponde a la demandante
según el artículo 167 del CGP— no fue satisfecha.
18. Asimismo, alegó que los tiempos laborados con posterioridad al 19 de octubre de
1990 no pueden ser computados ya que constituyen una nueva vinculación de carácter
nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, de modo que la
demandante no acreditó los 20 años exigidos como docente territorial o nacionalizado.
Añadió que el retiro y posterior nombramiento implican la pérdida del tipo de vinculación
inicial, por lo que no es posible acumular tiempos de distinta naturaleza.
19. Afirmó que los salarios devengados fueron financiados con recursos del Sistema
General de Participaciones y del situado fiscal, los cuales conservan naturaleza nacional,
por lo que se incumple el requisito del numeral 3 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913,
relativo a no haber recibido remuneración de carácter nacional. Por lo tanto, sostuvo que
aun tratándose de un docente territorial, el hecho de recibir recursos provenientes de la
Nación excluye el reconocimiento de la pensión gracia y configura una incompatibilidad
con dicha prestación.
20. Adicionalmente, invocó jurisprudencia del Consejo de Estado y salvamentos de
voto en casos análogos, para reforzar la tesis según la cual los recursos del Sistema
General de Participaciones no se convierten en propios de las entidades territoriales y,
por tanto, no alteran la naturaleza nacional de la vinculación.
21. Finalmente, de manera subsidiaria, solicitó revocar la condena en costas
esgrimiendo que no hubo conducta temeraria o abusiva de su parte, que la controversia
es jurídicamente discutible y que no se acreditó la causación material de las costas,
conforme a los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
22. Mediante auto del 16 de marzo de 2023 se admitió el recurso de apelación y se le
advirtió a la parte demandante que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia para
pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que podía emitir concepto
hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para sentencia.
23. La parte demandante solicitó confirmar la sentencia de primer grado argumentando
que acreditó los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión gracia. Señaló
que cuenta con más de 20 años de servicio en la docencia oficial con nombramiento de
carácter municipal e ingresó al magisterio antes del 1 de enero de 1981 con salarios
pagados con recursos propios municipales y sin sanciones disciplinarias. Indicó que el
formato único para expedición de historia laboral y los decretos de nombramiento
demuestran de forma continua la vinculación municipal y que, conforme a las sentencias
de unificación del 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022, procede confirmar el fallo
apelado.
24. Por su parte, la entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en el recurso
de apelación y la contestación de la demanda.
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Demandante: María Honoria Muñoz Riascos
25. El Ministerio Público conceptuó que la sentencia de primera instancia debe
confirmarse debido a que la demandante acreditó los requisitos para la pensión gracia,
en particular su vinculación docente territorial o, al menos, nacionalizada anterior al 31 de
diciembre de 1980 mediante Decreto 088 del 15 de septiembre de 1980, su permanencia
en el servicio hasta el 3 de diciembre de 2019 y un tiempo superior a 20 años de servicio,
además de cumplir con la edad y la buena conducta.
26. Mediante auto del 20 de noviembre de 20251, la Sala decretó pruebas de oficio,
consistentes en requerir a la Secretaría de Educación de Tumaco para que allegara el
expediente administrativo laboral de la demandante, incluidos los actos de nombramiento,
actas de posesión, documentos aportados para la posesión y las certificaciones de tiempo
de servicio. Seguidamente, la Secretaría Distrital de Educación, Cultura y Deportes de
Tumaco dio respuesta mediante oficio del 18 de febrero de 20262, en el cual remitió los
documentos requeridos.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
27. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
Problemas jurídicos
28. De conformidad con los reparos planteados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si se acreditó de manera idónea la vinculación docente
de la demandante con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, a partir del Decreto 088
del 15 de septiembre de 1980, del acta de posesión y de las certificaciones expedidas
por el FOMAG y el municipio de Tumaco; o si, por el contrario, como lo sostiene la entidad
apelante, la ausencia de los actos de nombramiento y posesión en original o copia
auténtica, así como la información obrante las certificaciones de la autoridad nominadora
que daría cuenta de una posesión efectiva en 1990, impiden tener por demostrado dicho
requisito.
29. De acreditarse lo anterior, deberá establecerse si los tiempos de servicio invocados
por la demandante pueden ser computados como vinculación de carácter territorial, para
efectos de cumplir el requisito de los 20 años de servicios exigido en el artículo 1 de la
Ley 114 de 1913, pese a que los salarios habrían sido sufragados con recursos del
Situado Fiscal y/o del Sistema General de Participaciones, y si tal circunstancia resulta
determinante para modificar la naturaleza jurídica del vínculo docente.
30. Finalmente, en el evento de confirmarse el reconocimiento de la pensión gracia,
corresponde a la Sala analizar si la condena en costas impuesta a la entidad demandada
1 SAMAI, índice 22.
2 SAMAI, índice 29.
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Demandante: María Honoria Muñoz Riascos
se ajusta a lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, atendiendo a la
conducta procesal de las partes, a la prosperidad parcial de las pretensiones —derivada
de la declaratoria de prescripción trienal— y a la exigencia jurisprudencial de acreditación
de la causación real y concreta de las costas reclamadas.
Análisis de los problemas jurídicos
31. La Sala anuncia que la parte demandante no acreditó de forma inequívoca haberse
vinculado como docente de carácter territorial y/o nacionalizado antes del 31 de diciembre
de 1980. Por tal razón, se procederá a revocar la sentencia emitida en primera instancia,
conforme a las motivaciones que se expondrán a continuación.
Examen del requisito de vinculación territorial y/o nacionalizada con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980
• Periodo desde el 15 de marzo de 1980 hasta el 30 de diciembre de 1989 (9
años, 9 meses y 15 días)
32. En el expediente obra copia «tomada del original» del Decreto 088 del 15 de marzo
de 1980 del alcalde de Tumaco y firmada por el secretario general del ente territorial,
mediante el cual fue designada la demandante en el cargo de maestra municipal adscrita
a la Escuela Rural Tablón Dulce, de esa localidad3.
33. Se avizora también el acta de posesión del 15 de marzo de 1980, en la cual se
dejó constancia de que la demandante compareció al despacho del alcalde municipal de
Tumaco para asumir el cargo de maestra municipal, en cumplimiento del nombramiento
efectuado mediante el Decreto 088 del 15 de marzo de 1980. Dicho documento se
encuentra suscrito por el alcalde de Tumaco, el secretario general de la Alcaldía y por la
demandante4.
34. En el plenario obra oficio del 15 de marzo de 1980, mediante el cual el secretario
general de la Alcaldía de Tumaco informó al director de la Escuela Rural Tablón Dulce
sobre el nombramiento de la demandante como maestra municipal; no obstante, en dicho
documento no se advierte constancia ni sello de recibido5.
35. Igualmente, reposan los Formatos Únicos para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral expedidos por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y por la Secretaría de Educación de Tumaco con fechas del 17 de enero de
20196, del 3 de diciembre de 20197 y del 10 de febrero de 20268, respectivamente.
36. En dichos certificados se relacionan múltiples vinculaciones de la demandante
entre los años 1980 y 2019, informándose que se desempeñó como docente con tipo de
3 SAMAI, índice 29, archivo « 35_RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL52052022RESP_0_20260219153800044», pág. 4.
4 Ibidem, pág. 5.
5 Ibid., pág. 6.
6 SAMAI, índice 02, archivo «2019700101752222-4.pdf».
7 SAMAI, índice 02, archivo « 01DemandayAnexos.pdf», pág. 22.
8 SAMAI, índice 29, archivo « 35_RECIBEMEMORIAL_MEMORIAL52052022RESP_0_20260219153800044», pág.
20.
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Demandante: María Honoria Muñoz Riascos
vinculación municipal en el nivel básica primaria y que fue nombrada mediante el Decreto
088 del 15 de marzo de 1980 prestando servicios en virtud de dicho acto entre la misma
fecha y el 30 de diciembre de 1989.
37. El secretario de Educación Municipal de Tumaco expidió certificación del 3 de
diciembre de 20199, en la cual señaló que, una vez revisada la hoja de vida de la
demandante, se constató que se desempeñó como maestra municipal entre el 15 de
marzo de 1980 y el 30 de diciembre de 1989, en virtud del nombramiento efectuado
mediante el Decreto 088 del 15 de marzo de 1980, con vinculación de carácter municipal,
en un cargo perteneciente a la planta de personal del ente territorial, cuya remuneración
se efectuó con recursos propios del municipio.
38. Así las cosas, a partir del recuento probatorio efectuado y puntualmente del
escrutinio del acto de nombramiento contenido en el Decreto 088 del 15 de marzo de
1980, la Sala constata que este no se encuentra signado por el alcalde municipal de
Tumaco, sino por el secretario general del ente territorial. Adicionalmente, el documento
contiene una anotación expresa de ser «fiel copia tomada del original», lo cual evidencia
que se trata de una transcripción del acto.
39. En relación con la existencia del original en el archivo municipal, la Sala decretó
prueba de oficio en esta instancia requiriendo a la Secretaría de Educación de Tumaco
para que remitiera copia del referido acto administrativo; sin embargo, el documento
allegado corresponde al anteriormente descrito. Por tanto, no existe certeza de que en
los archivos de la entidad repose el original o copia del Decreto 088 del 15 de marzo de
1980 firmado directamente por el representante legal del ente territorial, sino únicamente
la transcripción ya mencionada.
40. Resulta llamativo que, de existir en los archivos de la entidad el original o copia
directa del acto de nombramiento que habría servido de base para transcribir una fiel
copia auténtica, dicho documento no haya sido aportado al plenario, pese a que la
controversia se ha centrado precisamente en este aspecto, incluso desde las etapas
iniciales del trámite pensional en sede administrativa.
41. La relevancia de esta circunstancia radica en que, conforme al artículo 4 del
Decreto-Ley 2400 de 1968, vigente para la época de los hechos, uno de los requisitos
esenciales para el ingreso al empleo público consistía en haber sido nombrado por
autoridad competente, exigencia que plantea un interrogante jurídico frente a la existencia
del acto de nombramiento en los términos acreditados.
42. Cabe destacar que, conforme a lo señalado de manera reiterada por esta
Subsección10, no corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa determinar la
falsedad de los documentos aportados con el fin de acreditar el cumplimiento de los
requisitos para acceder a la pensión gracia, sino examinar su idoneidad y conducencia
probatoria. Esto para indicar que, aun cuando la transcripción del acto administrativo
allegada proviene del secretario general, no se cuestiona su autenticidad, sino que se
9 Ibid., pág. 26.
10 Ver entre otras, sentencia de 14 de noviembre de 2024, rad. 52001-23-33-000-2021-00140-01 (4685-2023), C.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez.
Radicación: 52001 23 33 000 2020 00054 01 (5205-2022)
Demandante: María Honoria Muñoz Riascos
cuestiona si su contenido resulta conducente para generar certeza en relación con el
requisito específico que se encuentra bajo estudio.
43. En lo concerniente al acta de posesión del 15 de marzo de 1980, debe
considerarse que la demandante nació el 16 de marzo de 196511, razón por la cual al
momento de la posesión contaba con 14 años de edad. Si bien para la época era
jurídicamente posible la vinculación de menores de edad como docentes, en los
documentos examinados no se observa referencia alguna a esta circunstancia especial,
ni se menciona la exhibición de tarjeta de identidad u otro documento de identificación, ni
siquiera un número identificador que permita verificar plenamente su individualización,
tanto en el acto de nombramiento como en el de posesión.
44. Conviene advertir que el artículo 49 del Decreto 1950 del 24 de septiembre de
1973, reglamentario del Decreto-Ley 2400 de 1968, disponía que para tomar posesión de
un empleo público debía presentarse la cédula de ciudadanía en el caso de los mayores
de edad y la tarjeta de identidad o cédula de extranjería para los demás. Sin embargo,
del examen del acta de posesión no se desprende referencia alguna a que la actora,
quien para ese momento era menor de edad, hubiere exhibido su tarjeta de identidad,
circunstancia que constituye un elemento adicional a considerar en la valoración de la
falta de idoneidad y suficiencia probatoria de dicho documento.
45. En estos términos, para la Sala la transcripción del Decreto 088 del 15 de marzo
de 1980 y el acta de posesión allegadas al proceso no resultan idóneas para establecer
de manera clara e inequívoca que la actora se hubiera desempeñado como maestra
municipal durante el período comprendido entre el 15 de marzo de 1980 y el 30 de
diciembre de 1989, razón por la cual es dable concluir que no se encuentra
suficientemente acreditado el requisito en estudio.
46. Por otra parte, si bien los Formatos Únicos para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral expedidos por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) con fechas del 17 de enero de 201912, del 3 de diciembre de 201913 y del 10
de febrero de 2026, así como la certificación del 3 de diciembre de 2019 emitida por el
secretario de Educación Municipal de Tumaco, informan sobre la existencia de una
designación docente de carácter municipal durante el período analizado, lo cierto es que
no pueden tenerse como prueba idónea para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia. Ello, en la medida en que el análisis previo del decreto de nombramiento y del
acta de posesión permite desvirtuar la idoneidad probatoria de dichos documentos para
generar certeza sobre la naturaleza y la existencia misma del vínculo invocado.
47. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que las certificaciones expedidas por
la autoridad nominadora se sustentan precisamente en los actos de nombramiento y en
las actas de posesión que reposan en el expediente administrativo laboral archivado en
las dependencias de la entidad territorial. Así, al haber descartado la Sala el valor
probatorio de dichos actos en el caso concreto por no cumplir con los estándares de
certeza exigidos, la misma suerte deben correr las certificaciones que de ellos derivan al
11 SAMAI, índice 02, archivo « 01DemandayAnexos.pdf», págs. 19-21.
12 SAMAI, índice 02, archivo «2019700101752222-4.pdf».
13 SAMAI, índice 02, archivo « 01DemandayAnexos.pdf», pág. 22.
Radicación: 52001 23 33 000 2020 00054 01 (5205-2022)
Demandante: María Honoria Muñoz Riascos
carecer de autonomía suficiente para subsanar las deficiencias advertidas en los
documentos de origen.
48. En ese orden de ideas, la Sala no echa de menos que el acto de nombramiento no
haya sido aportado en original, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 244 CGP las
copias simples conservan mérito probatorio siempre que no hayan sido tachadas o
desconocidas. La deficiencia radica en que en el presente asunto su contenido no ofrece
certeza clara e inequívoca respecto del hecho que se pretende demostrar.
49. A ello se suma que no existen otros elementos probatorios que permitan contrastar
o corroborar el contenido del referido acto administrativo de designación habida cuenta
de que —como se ha expuesto— las certificaciones de tiempo de servicio allegadas se
sustentan, según se infiere, en la misma transcripción previamente analizada.
50. Cabe resaltar, además, que quien acudió a esta jurisdicción tenía pleno
conocimiento de que uno de los motivos determinantes de la negativa administrativa al
reconocimiento de la pensión gracia fue, entre otros aspectos, la no acreditación de la
prestación del servicio docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980. Pese a ello,
la interesada no allegó nuevos medios probatorios que permitieran generar un
convencimiento pleno acerca de la prestación real del servicio docente en la modalidad
exigida, esto es, de carácter territorial o nacionalizado.
51. Para tal efecto, bien pudo aportar, entre otros medios, actos de reconocimiento de
prestaciones correspondientes a la época, o incluso el acto de nombramiento original, el
cual —según se afirmó— reposa en los archivos del ente territorial, sin que ello hubiese
ocurrido. Incluso, bien pudo la interesada solicitar la reconstrucción administrativa del
expediente en el que tuvo la opción aportar constancias de nóminas o pagos de salarios,
entre otros, que analizados en conjunto respaldaran el nombramiento bajo estudio.
52. Debe señalarse que el criterio jurisprudencial desarrollado en los apartados
precedentes ha sido aplicado de manera reiterada y pacífica por esta Subsección en
asuntos de análogos contornos fácticos, como se evidencia en las sentencias proferidas
los días 14 de noviembre de 202414, 23 de abril de 202515, 14 de mayo de 202516, 28 de
agosto de 202517, 16 de octubre de 202518, 20 de noviembre de 202519 y 11 de febrero
de 202620.
53. En adición a lo anterior, se hace menester señalar que los artículos 165 y 167 del
CGP, aplicables a esta jurisdicción por remisión expresa del artículo 306 del CPACA,
consagran los principios de libertad probatoria y carga de la prueba, conforme a los cuales
corresponde a las partes acreditar los supuestos fácticos de las normas que consagran
el efecto jurídico pretendido.
14 Rad. 52001-23-33-000-2021-00140-01 (4685-2023) y 52001-23-33-000-2016-00439-01 (4925-2022), C.P. Jorge Iván
Duque Gutiérrez.
15
Rad. 52001-23-33-000-2020-01115-01 (5806-2022), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
16 Rad. 52001 23 33 000 2021 00077 01 (1907–2024) y 52001 23 33 000 2021 00423 01 (1327-2024), C.P. Luis Eduardo
Mesa Nieves.
17 Rad. 52001 23 33 000 2017 00674 01 (2597-2019), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
18 Rad. 52001 23 33 000 2015 00875 01 (1429-2018), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
19 Rad. 52001 23 33 000 2019 00499 01 (7304-2023), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; rad. 52001 23 33 000 2019
00328 01 (4700-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
20 Rad. 52001 23 33 000 2017 00606 01 (2610-2019), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
Radicación: 52001 23 33 000 2020 00054 01 (5205-2022)
Demandante: María Honoria Muñoz Riascos
54. En consecuencia, en el presente asunto era a la parte demandante a quien le
asistía la carga de demostrar de manera inequívoca21 el cumplimiento del requisito legal
relativo a la vinculación como docente de carácter territorial o nacionalizada con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, exigencia que no se encuentra acreditada en el
caso concreto, según el análisis probatorio previamente desarrollado.
55. En ese contexto y teniendo en cuenta que los requisitos previstos por la Ley 114
de 1913 y sus normas concordantes son de carácter concurrente, el incumplimiento de
uno solo de ellos resulta suficiente para negar el reconocimiento de la prestación
reclamada. Por consiguiente, al no haberse acreditado el presupuesto relativo a la
vinculación docente territorial o nacionalizada en el lapso exigido, se impone revocar la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, sin
que sea necesario efectuar consideraciones adicionales sobre los demás requisitos
legales.
Condena en costas
56. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
57. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
58. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
59. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias a la parte
demandante por cuanto se revoca la sentencia de primera instancia y se niegan en su
integridad las pretensiones de la demanda. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Nariño.
21 La Sala Plena de esta Sección mediante la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 fijó la
siguiente regla jurisprudencial para efectos de acreditar la naturaleza de la vinculación docente en materia de pensión
gracia: «(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde conste
el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación
de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.»
Radicación: 52001 23 33 000 2020 00054 01 (5205-2022)
Demandante: María Honoria Muñoz Riascos
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR en su totalidad la sentencia del 24 de mayo de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso de la referencia. En su lugar,
NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
incoada por la señora María Honoria Muñoz Riascos contra la UGPP.
SEGUNDO. Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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