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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00328-01

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00328-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR en su totalidad la sentencia proferida el 16 de marzo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso de la referencia. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a lo explicado en la parte considerativa. SEGUNDO. Condenar costas en ambas instancias a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño. 18 Según el numeral 4 del artículo 365 del CGP, aplicado a esta jurisdicción por remisión de los artículos 188 y 306 del CPACA, «Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias». 8 Radicación: 52001 23 33 000 2019 00328 01 (4700-2022) Demandante: Ruby Stella Cortés Casanova TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00328-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 52001 23 33 000 2019 00328 01 (4700-2022)
Demandante: Ruby Stella Cortés Casanova
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Naturaleza de la vinculación
docente. Prueba de la plaza docente. Falta de autenticidad de acta
de posesión. Requisito de vinculación docente territorial y/o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980.

Decisión: Se revoca la sentencia de primera instancia porque la actora no
acreditó la vinculación docente de carácter territorial y/o
nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 16 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

1. La parte demandante interpuso demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho solicitando la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones RDP 006474 del 27 de febrero de 2019 y RDP 012993 del 24 de abril de
2019, mediante las cuales la entidad accionada negó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia y resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión inicial.

2. Como restablecimiento del derecho, pidió que se le reconozca dicha prestación
periódica en cuantía equivalente al 75 % del promedio de los salarios devengados
durante el último año de servicio, con inclusión de todos los factores salariales, a partir
del 4 de junio de 2012 (fecha en que considera adquirió el estatus pensional). Igualmente,
solicitó los reajustes de ley conforme a la variación del índice de precios al consumidor

1 En adelante UGPP.
2 Ver expediente digital, archivo 01 Demanda.PDF, folios 2 a 17.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 52001 23 33 000 2019 00328 01 (4700-2022)
Demandante: Ruby Stella Cortés Casanova

certificado por el DANE, los intereses moratorios previstos en el artículo 192 del CPACA
y la condena en costas a la entidad demandada.

3. Como sustento fáctico, indicó que se desempeñó como maestra en el municipio
de Tumaco entre el 12 de septiembre de 1980 y el 30 de diciembre de 1992, vinculada a
la planta de personal de dicha entidad. Posteriormente, ingresó nuevamente al magisterio
el 2 de febrero de 1998, mediante órdenes de prestación de servicios (OPS), las cuales
se mantuvieron hasta el 1.º de agosto de 2001. Luego, fue designada en propiedad el 31
de diciembre de 2003, cargo que ejerció de manera continua hasta el 9 de mayo de 2019.

4. Añadió que el 16 de octubre de 2018 presentó ante la entidad demandada la
solicitud de reconocimiento de la pensión gracia, la cual fue negada bajo el argumento
de que, para el 29 de diciembre de 1989 —fecha de entrada en vigor de la Ley 91 de
1989— solo acreditaba 9 años de servicio y 27 años de edad, por lo que no cumplía los
requisitos para acceder a dicha prestación.

5. Manifestó que adquirió el estatus de pensionada el 4 de junio de 2012 y que,
durante su desempeño como educadora, actuó con honradez y buena conducta sin haber
sido objeto de sanción disciplinaria alguna.

Contestación de la demanda3

6. La entidad demandada se opuso a las pretensiones argumentando que no se
encuentran debidamente acreditados los tiempos de servicio prestados por la actora
antes ni después del 31 de diciembre de 1980, ni el tipo de vinculación que ostentaba,
como tampoco el origen de los recursos destinados al pago de sus salarios y prestaciones
sociales. Asimismo, señaló que no fue aportado el decreto de nombramiento que
evidencie su designación como docente.

7. Añadió que la vinculación iniciada el 31 de diciembre de 2003 debe desestimarse,
por cuanto se produjo con posterioridad al 1.º de enero de 1990, lo que le otorga carácter
nacional y la excluye del régimen previsto por la Ley 114 de 1913.

8. Afirmó que los servicios prestados entre el 2 de febrero de 1998 y el 1.º de agosto
de 2001, bajo contratos de prestación de servicios, no pueden computarse para efectos
pensionales dado que no configuraron una relación legal y reglamentaria. Agregó que,
de considerarse lo contrario, sería necesario que previamente se hubiera declarado
judicialmente la existencia de un «contrato realidad».

9. Alegó además que no existe certeza sobre la fuente de los recursos utilizados para
el pago de los salarios puesto que, si estos provinieron de la Nación, la docente
incumpliría el requisito previsto en el numeral 3 de la Ley 114 de 1913, que exige no
haber recibido ni recibir pensión o retribución de carácter nacional.

10. Propuso las excepciones denominadas «prescripción del derecho frente a los
contratos de prestación de servicios», «inexistencia de vulneración de principios

3 Ver expediente digital, archivo 04 ContestacionDemanda.PDF, folios 104 a 116.

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Radicación: 52001 23 33 000 2019 00328 01 (4700-2022)
Demandante: Ruby Stella Cortés Casanova

constitucionales y legales», «cobro de lo no debido», «prescripción» y «reconocimiento
oficioso de excepciones».

Vinculación y posterior desvinculación al Municipio de Tumaco

11. Mediante auto del 23 de septiembre de 20204, el Tribunal Administrativo de Nariño
ordenó la vinculación del Municipio de Tumaco al proceso y dispuso la notificación
personal del auto admisorio de la demanda al alcalde municipal.

12. El Municipio se opuso a las pretensiones alegando que carece de legitimación en
la causa por pasiva por cuanto no le corresponde reconocer ni pagar la pensión gracia
reclamada.

13. La demandante solicitó la desvinculación del ente territorial por considerar
improcedente su comparecencia toda vez que la pensión gracia es una prestación de
carácter especial y no contributivo5. Mediante auto del 10 de diciembre de 2020, el a quo
accedió a la solicitud y ordenó la desvinculación al concluir que dicha prestación no
implica aportes al sistema pensional y que la relación mediante OPS no incide en el
derecho reclamado6.

Sentencia apelada7

14. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 16 de marzo de 2022,
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y condenó a la entidad a
reconocer y pagar a la actora la pensión gracia, liquidada en el 75 % del promedio de los
ingresos percibidos durante el año inmediatamente anterior a la consolidación del estatus
pensional (del 4 de junio de 2011 al 4 de junio de 2012). Además, declaró prescritas las
mesadas causadas antes del 16 de octubre de 2015 y condenó a la entidad al pago del
90 % de las costas procesales.

15. Fundamentó su decisión en que se demostró que la demandante fue nombrada
como maestra en el municipio de Tumaco mediante el Decreto 165 del 12 de septiembre
de 1980, de acuerdo con el Formato Único de Certificación de Historia Laboral y el acta
de posesión, a los cuales otorgó pleno valor probatorio. En cuanto al tipo de vinculación,
el Tribunal determinó que se trató del orden municipal, en tanto el decreto de
nombramiento fue expedido por el alcalde de Tumaco y el FOMAG así lo certificó.

16. Asimismo, precisó que en el cómputo de los 20 años de servicio debían incluirse
los periodos laborados mediante contratos de prestación de servicios, en tanto existieron
la subordinación y dependencia propias de una relación laboral. Consideró, además, que
los tiempos de servicio posteriores a 2003 conservan carácter municipal puesto que el
acto de nombramiento fue emitido por el alcalde de Tumaco y los certificados de historia
laboral confirman el origen territorial de la vinculación.

4 Ver expediente digital, archivo 07 AutoOrdenaVinculaciónMunicipioTumaco.pdf.
5 Ver expediente digital, archivo 10SolicitudDesvinculaciónAuto.pdf.
6 Ver expediente digital, archivo 13 AutoDesvinculacionAuto.pdf.
7 Ver expediente digital, archivo 24 SentenciaPrimeraInstancia.pdf.

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Radicación: 52001 23 33 000 2019 00328 01 (4700-2022)
Demandante: Ruby Stella Cortés Casanova

17. En consecuencia, ordenó el reconocimiento de la pensión a partir del 4 de junio de
2012, aunque declaró prescritas las mesadas anteriores al 16 de octubre de 2015, dado
que la solicitud de reconocimiento pensional fue presentada el 16 de octubre de 2018.

Recurso de apelación8

18. La entidad demandada interpuso recurso de apelación señalando que no existe
certeza sobre los tiempos de servicio acreditados por la actora, ni sobre el tipo de
vinculación ni el origen de los recursos salariales. Afirmó que no se allegó copia auténtica
del acto de nombramiento que respalde la existencia de una relación legal y
reglamentaria.

19. Insistió en que la vinculación iniciada el 31 de diciembre de 2003 no puede
calificarse como del orden municipal en los términos del artículo 15 de la Ley 91 de 1989
ya que se produjo con posterioridad al 1.º de enero de 1990, por lo que debe considerarse
nacional.

20. De igual modo, sostuvo que los tiempos laborados entre el 2 de febrero de 1998 y
el 1.º de agosto de 2001, mediante contratos de prestación de servicios, no pueden
contabilizarse por carecer de sustento documental y por no corresponder a una relación
de carácter legal y reglamentaria. Reiteró que la existencia de un eventual «contrato
realidad» debía ventilarse en un proceso judicial independiente.

21. Agregó que los recursos con los cuales se cancelaron los salarios de la
demandante provenían de la Nación a través del Sistema General de Participaciones,
razón por la cual la vinculación ostenta naturaleza nacional e incompatible con la pensión
gracia, reservada exclusivamente a docentes de carácter territorial o nacionalizado.

22. Finalmente, cuestionó la condena en costas, aduciendo que no se demostró mala
fe o temeridad en su actuación procesal.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

23. Mediante auto del 26 de enero de 20239 se admitió el recurso de apelación y se le
advirtió a la parte demandante que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia para
pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que disponía hasta antes de
que el expediente ingresara al despacho para emitir concepto.

24. En cumplimiento de lo anterior, la parte demandante sostuvo que los argumentos
expuestos por la entidad demandada deben ser desestimados habida cuenta que se
acreditó mediante prueba idónea su vinculación a la docencia oficial con nombramiento
del orden municipal, la cancelación de los salarios con recursos propios del municipio, el
ingreso al servicio antes del 1.º de enero de 1981 y que no ha sido objeto de sanciones
disciplinarias durante el ejercicio de sus funciones10.

8 Ver expediente digital, archivo 27 ApelaciónSentenciaUGPP.pdf
9 Índice 6 de Samai.
10 Índice 12 de Samai, archivo 9_130012333000201900272012MemorialWeb20221118194027.

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Radicación: 52001 23 33 000 2019 00328 01 (4700-2022)
Demandante: Ruby Stella Cortés Casanova

25. La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

26. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

27. En atención a los cargos específicos presentados en el recurso de apelación, la
Sala procederá a evaluar si los períodos durante los cuales la demandante prestó sus
servicios docentes tuvieron un carácter nacional o, en su defecto, si se limitaron al ámbito
territorial y/o nacionalizado. En particular, se verificará la naturaleza de la vinculación
docente que mantuvo con el municipio de Tumaco.

28. Esta evaluación se realiza con el propósito de verificar el cumplimiento de los
requisitos que establecen que la solicitante debe haberse vinculado como docente oficial
de carácter territorial y/o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980 y en tal calidad
durante al menos 20 años continuos o discontinuos, tal como lo estipulan las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación.

Análisis del problema jurídico

29. En relación con la vinculación docente de carácter territorial y/o nacionalizada
anterior a 1980, obra en el expediente el oficio del 12 de septiembre de 1980, suscrito
por el secretario general de la Alcaldía de Tumaco11, mediante el cual se informó a la
actora su designación como maestra municipal en la Escuela Buenos Aires, efectuada a
través del Decreto 165 de la misma fecha.

30. De igual manera, obra en el expediente copia del acta de posesión del 12 de
septiembre de 198012, suscrita ante el alcalde municipal y el secretario general de
Tumaco, en la cual la actora tomó posesión del cargo de maestra municipal, en virtud de
la designación efectuada mediante el Decreto 165 de esa misma fecha.

31. A su vez, obra en el expediente el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral expedido el 3 de octubre de 2018 por la Secretaría de Educación
Municipal de Tumaco13, en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG), en el cual se consigna que la vinculación de la actora
corresponde al orden municipal, en el nivel de básica primaria, con nombramiento en
propiedad. El referido certificado señala que la actora fue nombrada maestra de la

11 Ver expediente administrativo, archivo CC 59662856.pdf, folio 9.
12 Ver expediente administrativo, archivo CC 59662856.pdf, folio 85.
13 Ver expediente administrativo, archivo CC 59662856.pdf, folios 36 a 39.

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Radicación: 52001 23 33 000 2019 00328 01 (4700-2022)
Demandante: Ruby Stella Cortés Casanova

Escuela Urbana Buenos Aires del municipio de Tumaco mediante el Decreto 165 del 12
de septiembre de 1980, tomando posesión y vinculándose en esa misma fecha, vínculo
que se mantuvo hasta el 30 de diciembre de 1992.

32. Adicionalmente, obra en el expediente carta aclaratoria del 29 de octubre de 2020,
aportada por la parte demandante y suscrita por la Secretaría de Educación Distrital de
Tumaco, en la cual se precisó que no existe certeza sobre la autenticidad del acta de
posesión del 12 de septiembre de 198014.

33. Del análisis del material probatorio se advierte que en el cuerpo del acta de
posesión del 12 de septiembre de 1980 se indica que corresponde a una copia auténtica;
sin embargo, obra en el expediente una carta aclaratoria suscrita por la Secretaría de
Educación de la Alcaldía Distrital de Tumaco15, en la que se deja constancia de que dicho
documento no ofrece claridad ni certeza sobre su contenido, por lo cual no permite
establecer de manera fehaciente la vinculación territorial o nacionalizada de la actora
antes del 31 de diciembre de 1980

34. En consecuencia, si bien obran en el expediente certificaciones de tiempo de
servicio que registran la vinculación de la actora como docente municipal entre el 12 de
septiembre de 1980 y el 30 de diciembre de 1992, lo cierto es que no pueden otorgárseles
plenos efectos probatorios cuando existen dudas fundadas sobre la autenticidad y
veracidad de los documentos que las soportan, así como sobre la efectiva prestación del
servicio docente durante dicho período.

35. Cabe resaltar que en el acta de posesión aparece un sello de la Secretaría de
Educación de Tumaco fechado el 19 de noviembre de 201816, en el cual se certifica que
se trata de una copia proveniente de los archivos que reposan en la hoja de vida de la
actora. No obstante, pudo haberse aportado copia del acto de nombramiento y del acta
de posesión de 1980 máxime cuando se dejó constancia de que la copia era fiel al
original.

36. En este contexto, surgen dudas a la Sala sobre la idoneidad y conducencia del
acta de posesión, la cual adquiere mayor relevancia si se considera que la propia
Secretaría de Educación de Tumaco certificó que no tiene certeza sobre la veracidad
sobre su contenido y respecto a los documentos correspondientes al período
comprendido entre el 12 de septiembre de 1980 y el 30 de diciembre de 1992. En
consecuencia, no es posible tener por acreditada la vinculación territorial alegada por la
actora antes del 31 de diciembre de 1980.

37. Es importante mencionar que la Sala Plena de esta Sección, en sentencia de
unificación del 21 de junio de 201817, estableció directrices pertinentes a la prueba de la
calidad docente consolidando así la siguiente regla jurisprudencial:

14 Ver expediente digital, archivo 11ContestaciónMunicipioTumaco.pdf, folio 19.
15 Ver expediente digital, archivo 11ContestaciónMunicipioTumaco.pdf, folio 19.
16 Ver expediente administrativo, archivo CC 59662856.pdf, folio 85.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Radicación: 52001 23 33 000 2019 00328 01 (4700-2022)
Demandante: Ruby Stella Cortés Casanova

«vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.» (Negrillas de la Sala)

38. Conforme a lo anterior, en estos casos el juez debe examinar el expediente con el
fin de verificar la existencia de actos administrativos (o el acta de posesión) que le
permitan determinar la naturaleza jurídica del vínculo o de la plaza docente en cuestión.
Esto es fundamental, toda vez que el contenido del acto administrativo de nombramiento
—o del acta de posesión— proporciona al fallador información crucial sobre las
condiciones jurídicas del cargo a desempeñar, así como las implicaciones a las que
quedó sujeto el servidor.

39. No obstante, en ausencia de estos documentos, el juez tiene la opción de recurrir
a otros que deben ser analizados en conjunto bajo las reglas de la sana crítica, tales
como las certificaciones emitidas por las autoridades nominadoras constatando que la
veracidad de la información contenida en ellas sea inequívoca.

40. Así, en el presente caso la actora no aportó el acto administrativo de
nombramiento, concretamente el Decreto 165 del 12 de septiembre de 1980. Únicamente
obra en el expediente el acta de posesión, cuyo valor probatorio fue desvirtuado conforme
a las consideraciones previamente expuestas por esta Subsección.

41. Por lo anterior, no existen documentos idóneos ni fundamentos suficientes que
permitan a esta Sala otorgar credibilidad a la certificación emitida por la Secretaría de
Educación Municipal de Tumaco, en la que se afirmó que la actora se vinculó como
maestra municipal desde el 12 de septiembre de 1980. Dicho de otro modo, no se
demostró de manera inequívoca la existencia misma de esa vinculación, ante la ausencia
del acto administrativo de nombramiento y la falta de idoneidad y conducencia del acta
de posesión allegada.

42. Así las cosas, teniendo en cuenta que el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de
1989 exige como requisito esencial para acceder a la pensión gracia la acreditación de
una vinculación docente del orden territorial y/o nacionalizada antes del 31 de diciembre
de 1980, y al no haberse probado tal circunstancia en el presente caso, resulta
improcedente reconocer la prestación reclamada, por lo cual se descarta la necesidad de
examinar los demás tiempos de servicio.

43. En virtud de lo anterior, esta Sala revocará en su integridad la sentencia de primera
instancia, en tanto la actora no acreditó el requisito mínimo de vinculación territorial o
nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, presupuesto indispensable
para el reconocimiento de la pensión gracia.

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Radicación: 52001 23 33 000 2019 00328 01 (4700-2022)
Demandante: Ruby Stella Cortés Casanova

Condena en costas

44. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

45. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

46. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

47. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias18 a la parte
demandante por cuanto se accedió totalmente a las peticiones del recurso de apelación
tendientes a la revocatoria de la sentencia de primera instancia. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR en su totalidad la sentencia proferida el 16 de marzo de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso de la referencia. En su lugar,
NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a lo explicado en la parte
considerativa.

SEGUNDO. Condenar costas en ambas instancias a la parte demandante. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.

18 Según el numeral 4 del artículo 365 del CGP, aplicado a esta jurisdicción por remisión de los artículos 188 y 306 del

CPACA, «Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias».
8

Radicación: 52001 23 33 000 2019 00328 01 (4700-2022)
Demandante: Ruby Stella Cortés Casanova

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado conductor del
proceso en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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