Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00875-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2015-00875-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2015-00875-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001 23 33 000 2015 00875 01 (1429-2018)
Demandante: Humberto Solarte Valencia
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales
de la Protección Social1
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Valor probatorio de actos
administrativos reconstruidos. Aplicación de la sentencia de
unificación jurisprudencial del 21 de junio de 2018. Naturaleza del
vínculo docente
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia porque el demandante
acreditó vinculación como docente de carácter territorial antes del 31
de diciembre de 1980
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia de primera instancia del 10 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.
I. ANTECEDENTES
Demanda2
1. El demandante interpuso el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, solicitando la nulidad de las Resoluciones RDP 019486 del 20 de junio de 2014
y RDP 026475 del 28 de agosto de 2014, expedidas por la entidad demandada, las cuales
le negaron el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
2. Como restablecimiento del derecho, requirió que se condene a la entidad a
reconocer y pagar la pensión gracia de jubilación a partir del 10 de abril de 2012 —fecha
en la que consolidó su estatus pensional— incluyendo todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicio y sin descuento por concepto de salud.
1
En adelante UGPP.
2
Folios 1 a 9.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 52001 23 33 000 2015 00875 01 (1429-2018)
Demandante: Humberto Solarte Valencia
3. Asimismo, pidió la actualización de las sumas adeudadas conforme al Índice de
Precios al Consumidor (IPC) o al por mayor, el pago de los intereses moratorios y la
imposición de las costas procesales a la demandada.
4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, manifestó haber cumplido 50 años
el 10 de abril de 2012 y haber prestado sus servicios como docente municipal en Tumaco,
desempeñándose con honestidad y buena conducta en las siguientes instituciones:
Escuela Urbana Pibi Negrital (del 28 de agosto de 1979 al 31 de diciembre de 1982),
Escuela Mixta Salahonda (del 1 de septiembre de 1983 al 31 de diciembre de 1996) y el
Instituto Técnico Agropecuario de Canelillas (del 31 de diciembre de 2003 al 15 de agosto
de 2013).
5. Añadió que el 3 de abril de 2014 presentó ante la entidad demandada la solicitud
de reconocimiento de la pensión gracia, la cual fue negada mediante los actos
administrativos impugnados.
Contestación de la demanda3
6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones alegando
que los actos acusados se ajustaron al ordenamiento superior teniendo en cuenta que el
demandante no demostró haberse desempeñado durante 20 años como profesor
departamental, distrital o municipal. Tampoco existe certeza sobre el origen de los
recursos con los que se financiaron sus vinculaciones.
7. Afirmó que la reconstrucción de los actos de nombramiento y posesión no se ajustó
a los postulados de las Leyes 50 de 1886 4 y 1564 de 20125. Además, no se indicó si los
documentos se destruyeron y cuál fue la causa de ello.
8. Propuso como excepciones las de «inexistencia de vulneración de principios
constitucionales y legales»; «cobro de lo no debido»; «prescripción»; y la «genérica o
innominada».
Sentencia apelada6
10. El Tribunal Administrativo de Nariño profirió sentencia de primera instancia el 10
de noviembre de 2017, en la que declaró la nulidad de los actos administrativos acusados
y ordenó a la entidad demandada reconocer al actor la pensión gracia, equivalente al
75% del promedio mensual de los salarios y factores salariales percibidos entre el 10 de
abril de 2011 y el 10 de abril de 2012, con efectos a partir de la fecha en que se consolidó
su estatus pensional. Asimismo, impuso a la entidad la condena en costas.
11. La decisión se sustentó en que el demandante demostró haber prestado servicios
docentes de carácter territorial por un periodo superior a 20 años, que los emolumentos
fueron pagados con recursos propios del ente territorial y que cumplió con los requisitos
3
Folios 376 a 380.
4
«que fija reglas sobre concesión de pensiones y jubilación»
5
Código General del Proceso, artículo 126 relativo al trámite de la reconstrucción
6
Folios 485 al 492.
2
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Demandante: Humberto Solarte Valencia
de edad y buena conducta en el ejercicio de la profesión.
12. El Tribunal consideró que, conforme a los actos administrativos de nombramiento,
el demandante ostentó la calidad de docente territorial durante más de 20 años,
ingresando a la docencia oficial antes del 31 de diciembre de 1980. Además, los actos
de vinculación fueron expedidos por los alcaldes municipales de Tumaco y Francisco
Pizarro (Nariño). Igualmente, se estableció que dicho ente territorial reconstruyó el acto
de nombramiento y posesión del actor para salvaguardar sus derechos laborales, en
concordancia con lo dispuesto en la sentencia T-398 de 2015 de la Corte Constitucional.
Recurso de apelación7
13. La entidad demandada interpuso recurso de apelación con el objetivo de que se
revoque la decisión adoptada en primera instancia. Argumentó que el demandante no
aportó pruebas idóneas que acreditaran su vinculación como docente antes del 31 de
diciembre de 1980, señalando que dicha circunstancia solo puede demostrarse mediante
el documento original o copia auténtica del acto de nombramiento.
14. Indicó que no se cumplió con el procedimiento de reconstrucción documental
previsto en las Leyes 50 de 1886 y 1564 de 2012; además, que resulta inadmisible la
prueba testimonial para acreditar hechos que conforme a la ley deben constar en
documentos o pruebas preestablecidas.
15. Expresó que no existe certeza sobre el tipo de vinculación —nacional,
nacionalizada o territorial— que tuvo el actor, ni sobre el origen de los recursos con los
que se le pagaron los salarios. Agregó que la planta docente del municipio de Tumaco
era financiada a través del Sistema General de Participaciones, por lo que, al recibir
fondos provenientes de la Nación, no se cumple con el requisito establecido en la Ley
114 de 1913 relativo a la prohibición de percibir una recompensa de carácter nacional.
16. Finalmente, sostuvo que no debió imponérsele condena en costas ya que no actuó
de manera temeraria; por el contrario, ha ejercido su defensa con argumentos
razonables.
II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
17. Mediante auto del 28 de junio de 20188 se admitió el recurso de apelación y el 16
de octubre de 20189 se corrió traslado a las partes por el término de 10 días para que
presentaran sus alegatos de conclusión. Asimismo, vencido dicho plazo, se ordenó poner
a disposición del Ministerio Público el expediente para que emitiera el correspondiente
concepto.
18. En esta etapa, la parte demandante10 sostuvo que la prueba aportada junto con
la solicitud de reconocimiento pensional es idónea para que la entidad reconozca el
7
Folios 494 a 496 reverso.
8
Folio 511.
9
Folio 529.
10
Folios 531 a 536.
3
Radicación: 52001 23 33 000 2015 00875 01 (1429-2018)
Demandante: Humberto Solarte Valencia
derecho ya que los diferentes certificados fueron expedidos como copia fiel de los
documentos que reposan en la hoja de vida. Señaló que el origen de los recursos con los
cuales se efectuaron los pagos a los docentes proviene del Sistema General de
Participaciones, es decir, de transferencias de la Nación; por lo tanto, este hecho por sí
solo no otorga la calidad de docente nacional.
19. Por su parte, la entidad demandada11 solicitó la revocatoria de la decisión de
primera instancia y, en su lugar, la negación de las pretensiones de la demanda. Arguyó
que no se acreditó la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 ni se aportaron los
decretos de nombramiento o actas de posesión correspondientes al periodo comprendido
entre el 1° de septiembre de 1979 y el 31 de diciembre de 1982. Reiteró que la
reconstrucción de los actos administrativos no cumplió con lo dispuesto en la Ley 50 de
1886, en tanto no es admisible la prueba testimonial para acreditar hechos que deben
constatarse mediante documentos.
20. El Ministerio Público12 conceptuó que debe confirmarse el fallo apelado
considerando que el acto de nombramiento no es el único documento válido para probar
la vinculación del servidor a la entidad permitiéndose, en ausencia de este, la
presentación de certificaciones expedidas incluso por los mismos planteles educativos
para acreditar el supuesto fáctico alegado.
21. Asimismo, indicó que, aunque la demandada cuestionó la autenticidad de la
constancia que certificó la vinculación del demandante antes del 31 de diciembre 1980
por tratarse de una copia simple, dichos documentos gozan de presunción de
autenticidad. La entidad no los tachó de falsos ni solicitó su cotejo con los originales, por
lo que no puede desconocerse su validez y contenido, máxime cuando debe prevalecer
el derecho sustancial sobre el formal.
22. Adicionalmente, mencionó que el demandante acreditó su vinculación en el nivel
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 mediante nombramiento expedido por el
alcalde municipal de Tumaco a partir del 1° de septiembre de 1979, aportando la
respectiva certificación que así lo demuestra.
23. En cuanto a la naturaleza de los recursos con los que se cancelaron sus servicios,
precisó que estos fueron girados a través del Sistema General de Participaciones para el
pago de la nómina docente, perteneciendo a las entidades territoriales receptoras. Por lo
tanto, no puede afirmarse que el interesado percibió una remuneración de carácter
nacional.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
24. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
11
Folio 547.
12
Folios 548 a 559 reverso.
4
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Demandante: Humberto Solarte Valencia
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
25. Teniendo en cuenta los cargos específicos expuestos en el recurso de apelación,
la Sala procederá a determinar la validez de los periodos de servicio prestados por el
actor antes del 31 de diciembre de 1980, con base en las pruebas documentales que
obran en el expediente. Este análisis se realizará especialmente a la luz del argumento
según el cual el acto de reconstrucción previsto en el Decreto 1822 del 6 de diciembre de
2013 no habría cumplido con las formalidades legales exigidas para su validez.
26. Esto es fundamental para verificar si se satisface el requisito estipulado en el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que exige demostrar los períodos de servicio como
docente, ya sea territorial o nacionalizada, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Análisis del problema jurídico
27. En el expediente está acreditado que, a través del Decreto 051 del 20 de agosto
de 197913 (reconstruido), el alcalde municipal de Tumaco (Nariño) nombró al demandante
como «Maestro municipal» designado a la Escuela de Pilbi Negrital a partir del 1 de
septiembre de 1979. También se observa en el plenario la certificación del Inspector
Escolar Municipal de Tumaco y acta de posesión del 1° de septiembre de 1979, según la
cual el actor inició funciones como maestro rural municipal en la referida escuela, por
nombramiento previo mediante el Decreto 051 de 197914.
38. Mediante el Decreto 068 de 1 de septiembre de 1983 15 (reproducido), el alcalde
del municipio de Francisco Pizarro (Nariño) designó al demandante como profesor
municipal de enseñanza primaria en la Escuela Urbana Mixta de Salahonda, cargo que
desempeñó hasta el 31 de diciembre de 199616.
39. Según la Resolución 1788 del 23 de mayo de 201617, a partir del 23 de mayo de
2016 el alcalde municipal de Tumaco (Nariño) dio por terminado el nombramiento
provisional del demandante como docente en el Instituto Técnico Agropecuario de
Candelillas Carretera realizado a través del Decreto 1235 del 31 de diciembre de 2003.
40. A través del Decreto 0295 del 23 de mayo de 2016 del municipio de Tumaco,
fueron nombrados en período de prueba varios docentes de primaria de la planta de
cargos de dicho ente territorial, pagados con recursos del Sistema General de
Participaciones, en el cual se incluyó al demandante18 en la Institución Educativa Llorente
13
Folio 122. Este acto administrativo fue reconstruido «en cumplimiento de la resolución número 1822 de
diciembre 06 de 2013, por medio de la cual se culmina el trámite de un proceso administrativo interno de
reconstrucción de un documento expedida por el señor Alcalde Municipal de Tumaco.»
14
Samai, índice 71, archivo “ACTOS ADMINISTRATIVOS TUMACO HUMBERTO SOLARTE”, págs. 1 y 2.
15
Folio 141.
16
Folio 473. Ver certificación emitida por el alcalde del municipio de Francisco Pizarro de fecha 25 de marzo
de 2014.
17
Folio 458.
18
Folios 452 a 456.
5
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Demandante: Humberto Solarte Valencia
en Tumaco, cargo del cual tomó posesión el 24 de mayo de 2016 19. Luego, este
nombramiento se hizo en propiedad mediante el Decreto 0042 del 16 de enero de 2017,
hasta el 22 de septiembre de 202320.
41. La Secretaría de Educación de Tumaco mediante certificado del 1 de marzo de
2017 hizo constar:
21
«1.- Que revisada la hoja de vida que reposa en el archivo de la Secretaría de Educación
del Municipio de Tumaco, se verificó que el señor SOLARTE VALENCIA HUMBERTO,
identificado con cédula de ciudadanía número 12.911.611 de Tumaco (Nariño), en los
períodos comprendidos entre el 20 de agosto de 1979 al 31 de diciembre de 1982, con
fecha de posesión a partir del 01 de septiembre de 1979, se desempeñó como Maestro
MUNICIPAL según Decreto de Nombramiento No. 051 de fecha 20 de agosto de 1979;
período del 01 de septiembre de 1983 al 31 de diciembre de 1996 con fecha de posesión
01 de septiembre de 1983 se desempeñó como Maestro municipal según Decreto de
nombramiento No. 068 de fecha 1 de septiembre de 1983 con VINCULACIÓN MUNICIPAL
cargos que estaban dentro de la planta de personal del Municipio de Tumaco y su pago se
efectuaba con RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO.
2.- El tiempo comprendido a partir del 31 de diciembre de 2003, con fecha de posesión a
partir del 01 de enero de 2004, con Decreto de Nombramiento No. 1235 de fecha 31 de
diciembre de 2003, hasta la fecha actual se desempeña como docente en provisionalidad,
y afilado al FONDO NACIONAL DEL MAGISTERIO (PRESTACIONES SOCIALES) el día
01 de enero de 2004, con VINCULACIÓN MUNICIPAL, HABERES DE RECURSOS
PROPIOS, de acuerdo a la información que se encuentra en la base de Datos del FOMAG,
el cual fue creado a partir del año 1989 con la Ley 91 del mismo año, por lo tanto los
docentes que venían vinculados a la planta del municipio de Tumaco con RECURSOS
PROPIOS fueron afiliados a dicho FONDO de acuerdo a su tipo de vinculación o régimen
prestacional.»
42. En el curso de la segunda instancia, se dictó auto para mejor proveer en el que se
requirió22 a la Secretaría de Educación de Tumaco para que allegara los siguientes
documentos23:
i. Documento suscrito por la Inspección Escolar Municipal de Tumaco en el cual
se indicó que el actor fue nombrado maestro municipal, mediante Decreto 051
del 20 de agosto de 1979, junto con el acta de posesión de fecha 1 de
septiembre de 1979.
ii. Órdenes de Trabajo y/o Prestación de Servicios Personales suscritas por la
Secretaría de Educación del municipio de Tumaco con el objeto de que el
demandante se desempeñara como docente en ese ente territorial, situación
que se verificó de manera interrumpida entre los años 1996 y 2002.
iii. Decreto 1235 del 31 de diciembre de 2003, suscrito por el alcalde de Tumaco,
por el cual se efectuaron «unos nombramientos provisionales en la Planta de
Cargos Docentes del Sector Educativo de Tumaco», entre los que se encuentra
el demandante, designado en el Instituto Técnico Agropecuario de Candelillas,
19
Folio 451.
20
Índice 55 y 71 registrado en Samai.
21
Folio 447.
22
Auto de mejor proveer del 9 de mayo de 2024, registrado en el índice 64 de Samai.
23
Índice 71 registrado en Samai.
6
Radicación: 52001 23 33 000 2015 00875 01 (1429-2018)
Demandante: Humberto Solarte Valencia
en el cual se aclaró que los salarios de los educadores serían pagados con
recursos del Sistema General de Participaciones.
iv. Formato Único Para la Expedición de Certificado de Historia Laboral, emanado
del FOMAG24 – Secretaría de Educación de Tumaco, de fecha 22 de
septiembre de 2023.
• Periodo I: entre el 1° de septiembre de 1979 y el 31 de diciembre de 1982 (3
años y 4 meses).
43. Ahora bien, en el recurso de apelación la entidad demandada sostuvo que el
Decreto 051 del 20 de agosto de 1979, a través del cual se nombró al demandante como
maestro en el municipio de Tumaco, se reconstruyó sin sujeción al trámite previsto en la
Ley 50 de 1886 y en el Código General del Proceso.
44. Es pertinente anotar que la jurisprudencia no ha sido pacífica en cuanto a la
vigencia de la primera de las citadas normas. Es así como en un asunto decidido por la
Sala Plena de esta Corporación se concluyó que «la Ley 50 de 1986 regula las
eventualidades en las cuales los hechos que deben ser demostrados mediante prueba
documental, puedan ser objeto de prueba supletoria en forma excepcional, mediante la
recepción de testimonios»25.
45. Lo anterior, fue reiterado por la Sección Segunda en otros casos26; sin embargo,
en sentencia del 22 de febrero de 202427, esta Subsección sostuvo que la Ley 50 de 1886
fue derogada y que en la actualidad el trámite de reconstrucción de historias laborales
debe sujetarse al Código General del Proceso y al Acuerdo 007 del 15 de octubre de
2014, suscrito por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación Jorge Palacios
Preciado.
46. Con todo, dado que la reconstrucción del acto en cuestión se realizó en el año
2013, no era procedente aplicar el Acuerdo 007 del 15 de octubre de 2014, ya que para
ese momento aún no había sido promulgado. Asimismo, el Código General del Proceso
tampoco se encontraba vigente, pues su artículo 627 establecía que su entrada en vigor
sería inicialmente el 1 de enero de 2014. Por lo tanto, la normativa aplicable a la
reconstrucción en el caso concreto correspondía al artículo 133 del Código de
Procedimiento Civil.
47. Ahora bien, el Consejo de Estado ha sido consistente en afirmar que la prueba
documental reviste especial idoneidad para acreditar el tiempo de servicio prestado a un
empleado público o privado; empero, ante la imposibilidad de obtenerla, es posible acudir
a otros elementos de juicio que permitan demostrar los extremos de la relación laboral.
24
Índice 55 de Samai.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de julio de 2002,
radicado 23001-23-31-000-1997-08732-02 (IJ 029). Importancia Jurídica. Consejera ponente: Ana
Margarita Olaya Forero.
26
Ver las siguientes sentencias: i) del 8 de febrero de 2001, radicado 66001-23-31-000-1997-4004-01 (460-
99); ii) del 18 de octubre de 2007, radicado 25000-23-25-000-2001-10933-01 (0485-05); iii) del 1 de marzo
de 2012, radicado 25000-23-25-000-2002-13488-01 (7318-05); iv) del 10 de julio de 2020, radicado 25000-
23-42-000-2016-01179-01 (1487-2018); v) del 13 de noviembre de 2020, radicado 76001-23-33-000-2016-
00704-01 (1974-18); y vi) del 29 de julio de 2021, radicado 50001-23-33-000-2013-00251-01 (4618-15).
27
Radicado 52001-23-33-000-2019-00450-01 (3759-2022).
7
Radicación: 52001 23 33 000 2015 00875 01 (1429-2018)
Demandante: Humberto Solarte Valencia
48. La entidad demandada alegó que el Decreto 051 del 20 de agosto de 1979 fue
reconstruido a partir de la prueba testimonial y que ello desconocía lo dispuesto en la Ley
50 de 1886, en el entendido que la vinculación laboral solo podía acreditarse a través de
documentos. Sin embargo, mediante prueba de oficio decretada en el trámite de la
segunda instancia28, se requirió nuevamente al municipio de Tumaco para que allegara
el expediente administrativo que contiene el trámite impartido a la reconstrucción del
nombramiento realizado a través del Decreto 051 del 20 de agosto de 1979.
49. La Oficina Jurídica de la Secretaría Distrital de Educación, Cultura y Deporte de la
Alcaldía Distrital de Tumaco, en respuesta29 al requerimiento realizado, manifestó que no
encontró la Resolución 1822 del 06 de diciembre de 2013; sin embargo, al revisar la hoja
de vida del actor, esta contiene el trámite impartido a la reconstrucción del acto de
nombramiento realizado a través del Decreto 051 del 20 de agosto de 1979 y en el cual
relacionó los siguientes documentos30:
i. La solicitud de reconstrucción del Decreto 051 de 1979.
ii. Certificación suscrita por el señor Mauro Erazo, Inspector Escolar Municipal.
iii. Acta de posesión ante la Alcaldía Municipal de Tumaco (en estado de deterioro
la cual sirvió de prueba para el proceso), de fecha 01 de septiembre de 1979,
mediante la cual asumió el cargo de Maestro Rural Municipal Rural, en la
Escuela Pilbi Negrital, mediante Decreto 051 del de agosto 20 de 1979.
iv. Auto No. ED-002 del 31 de octubre de 2013 emitido por el Alcalde Municipal
de Tumaco, con el visto bueno del Secretario de Educación Municipal, «Por
medio del cual se admite una solicitud de reconstrucción de documento público
y decreta práctica de pruebas», con su respectiva notificación personal.
v. Oficio de noviembre 15 de 2013 suscrito por el demandante, a través del cual
señala a la señora Fulvia Esther Martínez Rosero como testigo, para la
reconstrucción del acto administrativo.
vi. Auto ED No. 004 del 16 de noviembre de 2013, por medio del cual se decreta
práctica de pruebas dentro de la solicitud de reconstrucción del acto
administrativo de nombramiento y posesión.
vii. Declaración del señor Humberto Solarte de fecha 21 de noviembre de 2013,
programada mediante Auto ED - 002 del 31 de octubre de 2013, dentro del
proceso de reconstrucción del Decreto 051 de 1979 y acta de posesión.
viii. Declaración de la señora Fulbia Esther Martínez Rosero, de fecha 27 de
noviembre de 2013, programada mediante auto ED - 004 del 16 de noviembre
de 2013, dentro del proceso de reconstrucción del Decreto 051 de 1979 y acta
de posesión.
ix. Decreto reconstruido 051 del 20 de agosto de 1979 y acta de posesión, proceso
notificado el 26 de marzo de 2014.
50. La Secretaría de Educación Distrital de Tumaco allegó certificación del fundamento
legal a través del cual se ordenó la reconstrucción del Decreto 051 del 20 de agosto de
28
Auto del 19 de junio de 2025, folios 383 a 384.
29
Índice 88 de Samai, archivo 93_520012333000201500875012MemorialWeb202593213320.
30
Ibidem, archivo 94_520012333000201500875013MemorialWeb202593213320.
8
Radicación: 52001 23 33 000 2015 00875 01 (1429-2018)
Demandante: Humberto Solarte Valencia
197931, en ella, se estableció que la misma se realizó en virtud de lo dispuesto en los
artículos 7 a 9 de la Ley 50 de 1886, que refiere acerca de la importancia de la prueba
documental y que solo en ausencia insalvable y bien justificada, se puede acudir a otros
medios probatorios. A su vez, se refirió a los artículos 133, 251 y 252 del Código de
Procedimiento Civil, que establecen el procedimiento aplicable a la reconstrucción de
expedientes y a la veracidad de los documentos.
51. Conforme a lo expuesto, la Sala considera que no es posible dar por ciertas las
afirmaciones de la parte apelante respecto al desconocimiento de lo dispuesto en los
artículos 7 a 9 de la Ley 50 de 1886, habida cuenta que se trata de unas normas que
deben entenderse como derogadas. Al respecto, en un caso de similares premisas
fácticas, sobre la aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley 50 de 1886 en la
reconstrucción de expedientes, esta Subsección32 consideró lo siguiente:
«Contrario a esta tesis de la parte pasiva, la Sala precisa que la norma precitada
debe entenderse derogada, y por ello, no tiene aplicación en asuntos como el
particular, pues si bien esta en su momento previó un régimen en materia de
pensiones remuneratorias y gratuitas de jubilación por servicios prestados al
Estado, bien sea en calidad de militares o de personal civil, por ejemplo, los de la
instrucción pública (sector educativo), la misma fue “reformada” por la Ley 91 de
188722, en el sentido de que ello aplicaría solo para personal castrense de la
independencia.
Adicionalmente, si en gracia de discusión se asumiera que esta legislación sigue
vigente en la actualidad después de más de 136 años, lo cierto es que no podría
ser acatada en esta oportunidad, puesto que debido a su contenido restrictivo y
formalista que atenta contra el derecho sustancial, finalmente se desconocería el
principio de la realidad sobre las formas y se afectarían garantías constitucionales
vigentes desde 1991 como el debido proceso, el derecho de defensa y
contradicción, la igualdad y la tutela judicial efectiva».
52. En este contexto, la Sala advierte que existen pruebas suficientes para tener por
demostrado que el señor Humberto Solarte Valencia cumplió con el requisito de
vinculación como docente municipal antes del 31 de diciembre de 1980, ya que
prestó sus servicios como docente en el municipio de Tumaco entre el 1° de septiembre
de 1979 y el 31 de diciembre de 1982 (durante 3 años y 4 meses), en virtud del Decreto
051 del 20 de agosto de 1979. Esto se acreditó mediante el acto administrativo
reconstruido, el acta de posesión y la constancia expedida por la Inspección Escolar
Municipal de Tumaco.
53. Esta conclusión se ve respaldada por la certificación expedida por la Secretaría de
Educación Municipal de Tumaco, en la que se especifican los extremos de la relación
legal y reglamentaria, indicando que el demandante fue vinculado como docente
31
Ibidem, archivo 95_520012333000201500875014MemorialWeb202593213320.
32
Sobre el particular, ver las siguientes providencias de esta Subsección: i) sentencia del 22 de febrero de
2024, rad. 52001-23-33-000-2019-00450-01 (3759-2022), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; ii) sentencia
del 23 de octubre de 2024, rad. 52001 23 33 000 2020 01019 01 (6451-2022), C.P. Luis Eduardo Mesa
Nieves.
9
Radicación: 52001 23 33 000 2015 00875 01 (1429-2018)
Demandante: Humberto Solarte Valencia
municipal y que sus salarios fueron pagados con recursos propios de la entidad territorial.
Además, se corrobora con lo consignado en el Formato Único para la Expedición de
Historia Laboral emitido por el FOMAG el 22 de septiembre de 2023.
54. En este punto, la Sala precisa que la reconstrucción del acto administrativo de
nombramiento se llevó a cabo conforme a las etapas establecidas en el artículo 133 del
Código de Procedimiento Civil. Se evidencia la presentación de la solicitud formal por
parte del interesado, la citación a audiencia pública y la práctica de pruebas, tanto
testimoniales como documentales. Por lo tanto, dicha reconstrucción se realizó en estricto
cumplimiento de la normativa vigente en ese momento.
55. Por lo demás, conforme a lo establecido en la sentencia de unificación del 21 de
junio de 201833, las citadas certificaciones resultan idóneas para demostrar la relación
laboral, siempre que provengan de la autoridad nominadora y «que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es
de carácter territorial.»
56. Es menester destacar que el periodo en cuestión fue desempeñado como docente
de naturaleza territorial (municipal) toda vez que el nombramiento fue realizado por el
alcalde de Tumaco en ejercicio de las facultades previamente conferidas por el legislador.
Este acto fue suscrito únicamente por dicho funcionario como máxima autoridad
administrativa del ente territorial, sin que se advierta participación, delegación o
aprobación de algún delegado del Ministerio de Educación Nacional, ni referencia alguna
a una autorización por parte de la Nación para efectuar la designación, ni tampoco que
la plaza a ocupar correspondiera al ámbito nacional.
57. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, estas
circunstancias confirman que la vinculación mencionada es del orden territorial. La norma
establece que tienen esta naturaleza los docentes vinculados mediante nombramiento
por entidad territorial a partir del 1° de enero de 1976, sin cumplir el requisito previsto en
el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, el cual prohibía a los departamentos crear nuevas
plazas docentes sin la autorización del Ministerio de Educación Nacional.
58. En virtud de lo expuesto, se concluye que el demandante fue inicialmente
designado como docente en el municipio de Tumaco, desempeñándose entre el 1° de
septiembre de 1979 y el 31 de diciembre de 1982 (3 años y 4 meses). Su vinculación
tuvo carácter municipal. Este periodo resulta computable para el cumplimiento del
requisito de los 20 años de servicios docentes nacionalizados y/o territoriales.
• Periodo II: Del 1° de septiembre de 1983 y el 31 de diciembre de 1996 (13
años y 4 meses
59. En el expediente se evidencia la existencia de un acto administrativo y el acta de
posesión, ambos reproducidos por el alcalde del municipio de Francisco Pizarro.
Específicamente, se trata del Decreto 068 del 1° de septiembre de 1983 34 y su acta de
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-
23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
34
Ver acta de posesión folio 173.
10
Radicación: 52001 23 33 000 2015 00875 01 (1429-2018)
Demandante: Humberto Solarte Valencia
posesión, mediante el cual se nombró al actor como profesor municipal en la Escuela
Urbana Mixta de Salahonda, cargo que desempeñó desde el 1° de septiembre de 1983
hasta el 31 de diciembre de 1996, es decir, durante 13 años y 4 meses. Cabe resaltar
que dicha designación fue realizada por el alcalde sin la intervención o autorización del
Ministerio de Educación Nacional o sus delegados, y sin que se haya indicado que la
plaza a ocupar tuviera carácter nacional.
60. Respecto a este periodo, la Secretaría de Gobierno Municipal de Francisco Pizarro
respondió al requerimiento probatorio formulado por esta Sala, señalando que el Decreto
068 de 1983 no fue localizado en los archivos digitales ni físicos de la Administración
Municipal. Sin embargo, tras una búsqueda exhaustiva, se halló el Récord Laboral del 1°
de octubre de 2012, en el cual el burgomaestre de esa localidad detalla los servicios
docentes prestados y los salarios percibidos por el demandante desde 1983 hasta 1996.
61. Conjuntamente, en el plenario obra el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral, emitido el 29 de julio de 2015 por Fiduprevisora S.A.35, en
calidad de administradora y vocera del FOMAG. En dicho documento se informa que el
demandante ejerció funciones como docente de primaria en la Escuela Urbana Mixta
Salahonda del municipio de Pizarro, desde el 1° de septiembre de 1983 hasta el 31 de
diciembre de 1996, siendo designado mediante el Decreto 068 del 1° de septiembre de
1983 y ostentando la condición de docente municipal.
62. Así, considerando que este periodo no fue objetado por la parte demandada en su
recurso de apelación, la Sala concluye que corresponde a la categoría de docente
territorial (municipal), conforme lo acreditan las certificaciones laborales mencionadas y
la información certificada directamente por el alcalde municipal de Francisco Pizarro.
Además, los documentos referidos no fueron tachados ni desconocidos por la parte
demandada en las etapas procesales correspondientes.
63. En consecuencia, la Sala validará —para efectos de la pensión gracia— el tiempo
servido por el demandante como docente municipal en la Escuela Urbana Mixta
Salahonda del municipio de Francisco Pizarro, comprendido entre el 1° de septiembre
de 1983 y el 31 de diciembre de 1996, equivalente a 13 años y 4 meses.
• Periodo III: desde el 1° de enero de 2004 hasta el 22 de septiembre de
1993 (19 años, 8 meses y 20 días)
64. El demandante fue nombrado docente en provisionalidad, período de prueba y
propiedad, respectivamente, a través de los Decretos 1235 del 31 de diciembre de
200336, 0295 del 23 de mayo de 201637 y 0042 del 16 de enero de 201738, todos ellos
expedidos por el alcalde del municipio de Tumaco39.
35
Folio 24.
36
Ver acta de posesión, folio 292. Conforme lo registra el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral del 27 de marzo de 2014, folio 239.
37
Folios 451 a 457.
38
Índice 55 y 71 registrado en Samai.
39
Respaldan estas designaciones el acta de posesión del 1° de enero de 2004 como docente del Instituto
Técnico agropecuario de Candelillas, acta de posesión del 24 de mayo de 2016 y su Decreto 0295 del 23
11
Radicación: 52001 23 33 000 2015 00875 01 (1429-2018)
Demandante: Humberto Solarte Valencia
65. Estos períodos tampoco fueron objeto de apelación; con todo, son considerados
válidos para efectos del reconocimiento del derecho a la pensión gracia, dado que los
nombramientos se realizaron para ocupar una plaza docente de carácter municipal, a
través de actos administrativos suscritos exclusivamente por el alcalde de Tumaco, sin
intervención del Ministerio de Educación Nacional ni de sus delegados, y en los cuales
se dejó constancia expresa de que el cargo estaba adscrito a la planta de personal de
dicho ente territorial.
66. Y si bien en este lapso los salarios del demandante se pagaron con recursos del
Sistema General de Participaciones, dicha situación no modificó su condición de docente
territorial, en estricto acatamiento a la sentencia de unificación dictada por esta
Corporación el 21 de junio de 2018, teniendo en cuenta que los dineros provenientes del
entonces situado fiscal -hoy Sistema General de Participaciones- le pertenecían de forma
exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas40, por lo que los docentes territoriales y/o nacionalizados no se
convierten en nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su
sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación».
67. En ese orden de ideas, el demandante cumplió con el requisito de los 20 años
de servicios puesto que acreditó los siguientes tiempos como docente territorial
(municipal):
Vinculación Fechas Tiempo
Decreto 051/1979 Desde el 01/09/1979 3 años y 4 meses
hasta el 31/12/1982
Decreto 068/1983 Desde el 01/09/1983 13 años y 4 meses
hasta el 31/12/1996
Decreto 1235/2003 Desde el 01/01/2004 12 años, 4 meses y
hasta el 23/05/2016 22 días
Decreto 0295/2016 Desde el 24/05/2016 7 meses y 23 días
hasta el 16/01/2017
Decreto 042/2017 Desde el 16/01/2017 3 años, 5 meses y
hasta el 01/07/2020 15 días
Resolución Desde el 02/07/2020 3 años, 2 meses y
0854/2020 hasta el 22/09/2023 20 días
TOTAL 36 años, 4 meses y
20 días
68. Es pertinente señalar que el demandante completó 20 años de servicio el 1° de
mayo de 2007; sin embargo, aún no había alcanzado la edad de 50 años exigida por la
ley para acceder a la pensión gracia. En consecuencia, adquirió el estatus de pensionado
el 10 de abril de 2012, fecha en la que cumplió con el requisito etario mencionado.
69. De suerte que en el caso bajo estudio no se configuró la prescripción trienal
prevista en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969
de mayo de 2016, así como el 0042 del 16 de enero de 2017, todos emanados del despacho del alcalde
de Tumaco.
40
Ibidem
12
Radicación: 52001 23 33 000 2015 00875 01 (1429-2018)
Demandante: Humberto Solarte Valencia
toda vez que el actor formuló la solicitud de reconocimiento pensional el 3 de abril de
2014, es decir, dentro de los 3 años siguientes a la exigibilidad del derecho reclamado.
Adicionalmente, interpuso la demanda dentro del siguiente período trienal,
específicamente el 14 de diciembre de 2015.
70. En conclusión, para la Sala, el actor demostró de manera suficiente el
cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, razón por la cual
se confirmará la decisión adoptada por el a quo.
Condena en costas en primera instancia
71. La entidad demandada solicitó la revocatoria de la condena en costas impuesta
por el Tribunal en la primera instancia, discutiendo que su actuación no puede ser
considerada temeraria. Igualmente, sostiene que su proceder se enmarca dentro del
legítimo ejercicio del derecho de acceso a la administración de justicia, sin que la defensa
ejercida constituya un abuso de dicho derecho.
72. Al respecto, la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de
una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
73. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
74. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
75. Considerando los argumentos previamente expuestos y dado que en la sentencia
apelada se impusieron las costas a la entidad demandada por haber resultado vencida
en el proceso, no procede revocar dicha determinación ya que se encuentra debidamente
fundamentada conforme a lo señalado en los párrafos precedentes.
Condena en costas en segunda instancia
76. Con base al análisis normativo abordado en precedencia, en esta instancia
también se impondrán costas a la entidad demandada por cuanto se niegan totalmente
las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
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Radicación: 52001 23 33 000 2015 00875 01 (1429-2018)
Demandante: Humberto Solarte Valencia
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Nariño.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 10 de noviembre de 2017 emitida por el
Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la cual accedió a las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO. Condenar en costas a la entidad demandada en segunda instancia. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
14
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