Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00077-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2021-00077-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 52001-23-33-000-2021-00077-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001 23 33 000 2021 00077 01 (1907-2024)
Demandante: Rodrigo Antonio Obando Rosales
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1.La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño el 20 de abril de 2022, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones
2.El señor Rodrigo Antonio Obando Rosales, por intermedio de apoderado
judicial solicitó declarar la nulidad de las Resolución No RDP 020154 del 04
de septiembre del 2020 y Resolución No RDP 029775 del 23 de
diciembre de 2020, por medio de las cuales la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP-, negó el reconocimiento y pago de una pensión
gracia y resolvió negativamente el recurso de apelación, respectivamente.
3.A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de dicha
prestación, incluyendo para su liquidación la totalidad de los factores
salariales devengados a partir de la adquisición del estatus jurídico, la
indexación de las sumas adeudadas, el pago de los intereses moratorios de
que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; que se ordene a la UGPP no
aplicar descuentos de salud sobre las mesadas que se reconozcan;
1 0003NulidadRestablecimientoDerecho.pdf este archivo puede verse en el expediente digital que
reposa en el aplicativo SAMAI
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Rodrigo Antonio Obando Rosales
declaraciones y condenas ultra y extrapetita; y se condene en costas a la
entidad demandada.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
4.El señor Rodrigo Antonio Obando Rosales, indicó que nació el 05 de
septiembre de 1955, por lo tanto, cumplió 50 años el 05 de septiembre de
2005, y que estuvo vinculado como docente municipal en los siguientes
períodos:
i) Por orden del Decreto 028 del 05 de septiembre de 1978, desde el
05 de septiembre de 1978 hasta el 30 de agosto de 1983.
ii) Mediante Decreto 038 del 29 de febrero de 1996, desde el 29 de
febrero de 1996 hasta el 07 de mayo de 2000.
iii) A través del Decreto 56 del 08 de abril de 2000 desde el 08 de
mayo de 2000 hasta el 31 de enero de 2021.
5.Precisó que el 28 de abril de 2020 radicó solicitud de reconocimiento y pago
de una pensión gracia ante la UGPP, la cual fue desatada de forma
desfavorable por medio de la Resolución RDP 020154 del 04 de
septiembre del 2020.
6.Inconforme con la respuesta, interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto mediante la Resolución RDP 029775 del 23 de diciembre de
2020 también de forma negativa a sus intereses.
1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación
7.Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada
infringió los artículos 1, 2, 6, 25, 29, 48, 53, 90, 121 y 209 de la Constitución
Política, así como las Leyes 4° de 1966, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933, 4° de 1976, 33 de 1985 y 91 de 1989; y los Decretos 081 de 1976 y
2277 de 1979. Expuso que se cumplieron todos los requisitos exigidos para
el reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada
negó el derecho prestacional en clara omisión de la jurisprudencia del
Consejo de Estado sobre el asunto.
8.En resumen, en el concepto de la violación después de realizar un recuento
normativo de la pensión gracia, adujo que la entidad demandada desconoce
los certificados de tiempos de servicio que señalan que el demandante prestó
servicio como docente del orden municipal, así como los decretos de
nombramiento y posesión. Que a la entidad que certifica no le asiste la
facultad de definir el tipo de vinculación de un docente, toda vez que esto se
define por el tipo de nombramiento.
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Demandante: Rodrigo Antonio Obando Rosales
1.4 Contestación de la demanda2
9.Luego de presentada la demanda el 25 de febrero de 2021, y admitida el
24 de marzo de 2021, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, una vez notificada,
mediante apoderado judicial presentó escrito en el que opuso a la
prosperidad de las pretensiones, indicando que la actuación de la entidad se
ajustó derecho. Señaló que el demandante no logró acreditar una vinculación
de carácter territorial y/o nacionalizada ni con anterioridad ni con
posterioridad al 31 de diciembre de 1980, por cuanto no aportó original o
copia auténtica del decreto de nombramiento y acta de posesión que den
cuenta de dicha vinculación legal y reglamentaria.
10.Por otro lado, manifestó que, la certificación electrónica de tiempos
laborados CETIL presenta inconsistencias, debido a que se había certificado
por parte de la entidad empleadora que el docente laboró desde el 05 de
septiembre de 1978 hasta el 30 de junio de 1983 y desde el 15 de marzo de
1996 hasta el 12 de diciembre de 2013. Sin embargo, también señaló que
aquél trabajó de corrido desde el 05 de septiembre de 1978 al 06 de agosto
de 2013.
10.Que mediante los informes de seguridad No. 2646/2013 de fecha 04 de
septiembre de 2013 y No. 281160 de 2020 se advierten irregularidades en
cuanto a la existencia y autenticidad de los actos administrativos de
nombramiento que menciona el docente. Que además no existe
reconstrucción de dichos actos.
11.Propuso para terminar las excepciones de i) inexistencia de vulneración
de principios constitucionales y legales; ii) cobro de lo no debido; y iii)
prescripción.
1.5 Sentencia de primera instancia3
12. El Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión,
mediante sentencia del 20 de abril de 2022, negó las pretensiones de la
demanda, y condenó en costas al demandante.
13.Para el efecto, de conformidad con el material probatorio, estableció que
no hay certeza de la vinculación del señor Rodrigo Antonio Obando Rosales
al servicio docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
14. Lo anterior, por cuanto los actos administrativos mediante los cuales se
nombró y posesionó al señor Rodrigo Antonio Obando Rosales en el cargo
de maestro rural municipal en propiedad en la escuela Chajal - Río Maguí,
2 11ConstestaciónDemandaUGPP.pdf
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del municipio de Tumaco (Decreto 028 del 5 de septiembre de 1978 y el acta
de posesión de la misma fecha) se encuentran actualmente bajo
investigación por parte de la entidad demandada.
15. En efecto, la UGPP llevó a cabo una indagación con el fin de verificar la
autenticidad de dichos documentos, lo que derivó en la presentación de una
denuncia penal en contra del señor Obando Rosales por los delitos de
falsedad en documento público agravada por el uso, fraude procesal y estafa
agravada.
16. Aunado lo anterior, se observa que el a quo requirió a la entidad
nominadora para dar claridad de la vinculación; y esta atendió dicho
requerimiento precisando que no tiene certeza de la autenticidad de los actos
de nombramiento y posesión correspondientes al 05 de septiembre de 1978.
17. Por último, advirtió que al comparar la certificación electrónica de tiempos
laborados-CETIL-, con el formato único para la expedición de certificado de
historia laboral, los periodos laborados por el demandante no coinciden, pues
en una certificación se relaciona que el periodo donde inicialmente comenzó
al prestar el servicio el señor Obando Rosales va desde el 05 de septiembre
de 1978 al 06 de agosto de 2013, mientras que en el otro, se señala el
periodo comprendido entre el 05 de septiembre de 1978 al 30 de junio de
1983.
1.6 Recurso de apelación4
18. A través de apoderado el señor Rodrigo Antonio Obando Rosales
presentó recurso de apelación solicitando revocar la sentencia de primera
instancia.
19. En especial hace énfasis, en que su poderdante adquirió el derecho a la
pensión gracia, toda vez que cumplió con los requisitos consagrados en la
ley 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989
concretamente, haber prestado servicios como docente departamental,
distrital, municipal o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980.
20. Consideró que el juez de primera instancia no interpretó en debida forma
las pruebas documentales aportadas al proceso, ya que el certificado CETIL
unifica el tiempo de servicios prestado por el demandante desde el inicio
hasta la terminación, mientras que el certificado de tiempo de servicios lo que
hace es detallar dichos periodos por nombramientos, por lo tanto, dicha
comparación no va a coincidir.
4 34Recursodeapelacióndemandante.pdf
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21. Señaló que las pruebas deben ser valoradas en conjunto y según la
idoneidad y eficiencia que cada una merezca.
22. Finalmente, solicitó condenar en costas a la demandada.
1.7 Trámite correspondiente a segunda instancia
23. Mediante auto de 20 de mayo de 2024, se admitió el recurso de
apelación.
24. En esta instancia, el actor y el agente del Ministerio Publico delegado
ante esta Corporación, guardaron silencio.
25. Por su parte la entidad demandada reiteró que el docente no acreditó
los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia con argumentos
similares a los de la contestación, y que por tanto debe confirmarse la
sentencia.
26. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado,
se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
27. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.
28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita
a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia,
únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, el análisis se
encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Problema jurídico
29. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Rodrigo
Antonio Obando Rosales, tiene derecho al reconocimiento y pago de una
pensión gracia por haber cumplido los requisitos para ello, en especial lo
5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
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relativo a la vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, y los 20
años de servicio como docente territorial o nacionalizado; o si, por el
contrario, no acredita las exigencias para dicho reconocimiento.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. La pensión gracia
30. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114
de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que
hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.
31. En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión
gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse
desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena
conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de
carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la
Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
32. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio
de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales,
junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la
suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en
la enseñanza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar
el tiempo requerido para acceder a la pensión.
33. Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión
gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado
el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza
secundaria.
34. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió entre
los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el
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cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de
1975.» [Negrillas fuera de texto].
35. El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento
de la pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad
al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren
a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y
cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la
nación. […]»
36. De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que
la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los
requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está
prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con
exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 19977 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no
quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber
estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren
a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan
con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989,
en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo
15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal
pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter
de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].»
37. Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente
(nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda
del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del
21 de junio de 20188 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la
Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y
hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no
obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los
presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los
referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los
recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de
participaciones, por asignación directa del artículo 356 de la Carta
Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para
atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29
del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el
servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos
destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal—
como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el
universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas
exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o
nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el
acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la
entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo
fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de
que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o
fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se
pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de
vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de
carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo
esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por
la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las
rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —
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situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones.» (Resaltado del texto original)
38. Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022
del 11 de agosto de 20229 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente
como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después
del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una
vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
39. Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que
las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en
sede administrativa como judicial.
40. Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor
docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o
municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de
instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna
posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980 y que cumplió los demás requisitos exigidos por la Ley
114 de 1913.
2.4 Actuación administrativa
41. El demandante, actuando por intermedio de apoderado, presentó el 28
de abril de 2020, ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia, la cual fue negada
mediante la Resolución RDP 020154 del 04 de septiembre de 202010, por
considerar que aquél no allegó documentación original o copia auténtica de
la designación de que fue objeto con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
lo que impide el reconocimiento pensional.
42. Inconforme con la respuesta, el docente interpuso recurso de apelación,
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el cual fue desatado de manera negativa mediante la Resolución RDP
029775 del 23 de diciembre de 2020.
2.5 Caso concreto
43. Así entonces, pasa la Sala a resolver el problema jurídico planteado, en
orden a determinar si el demandante cumple con las exigencias contenidas
en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia
del Consejo de Estado, para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente si acredita el tiempo de servicio docente del orden territorial o
nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
• Edad
44. Revisado el expediente, la Sala encuentra acreditado que el señor
Obando Rosales nació el 05 de septiembre de 1955, razón por la que, el 05
de septiembre de 2005, cumplió 50 años; requisito este frente al cual no
existe discusión.
• Buena conducta
45. En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches
que pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por
lo que también se entiende cumplido dicho requisito; siendo pertinente
destacar que, dicho aspecto tampoco fue objeto de reproche por la
demandada.
• Vinculación del demandante y tiempo de servicios
• Con anterioridad al 31 de diciembre de 1980
46. En el expediente reposa copia del Decreto 028 de 05 de septiembre de
197811, por medio del cual el alcalde municipal de Tumaco - Nariño en uso
de sus atribuciones constitucionales y legales, y de conformidad con el
código de régimen municipal nombró en propiedad a Rodrigo Antonio
Obando Rosales, como maestro en la escuela de Chajal Río Chagüi.
47. Pues bien, aun cuando en el recurso de apelación la parte demandante
alega tener derecho a la pensión gracia porque cumplió con todos los
requisitos, se rememora que la entidad en el curso de la actuación
administrativa y en sede judicial cuestiona la acreditación de esta vinculación,
aduciendo que no se aportó acto de nombramiento original o en copia
11 Paginas 26 y 27 0003NulidadRestablecimientoDerecho.pdf
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auténtica.
48. Al respecto, cabe señalar que para la Sala dicho documento tampoco
ofrece certeza respecto a su contenido, con miras a demostrar la vinculación
territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, lo anterior, por
cuanto, si bien se menciona que corresponde a una copia auténtica, se trata
de una trascripción, ya que se reseña que fue firmado por el alcalde y el
secretario, pero no figuran las firmas de estos en dicho documento.
49. Llama la atención de esta Colegiatura que el acto de nombramiento tiene
un sello de la Secretaría de Educación de Tumaco – Oficina Hojas de Vida y
Archivo, de fecha 13 de octubre de 2020, que da cuenta que aquel es copia
del archivo que reposa en la hoja de vida del actor, no obstante, la misma
dependencia certificó el 28 de enero de 201312, lo siguiente:
“Que revisada la hoja de vida, del señor RODRIGO ANTONIO OBANDO
ROSALES identificado con cédula de ciudadanía número 13.103.389
expedida en Charco (Nariño), que reposa en la Oficina de Hojas de Vida
y Archivo de la Secretaria de Educación se pudo constatar dentro de su
expediente, que por motivos de los incendios ocurridos en los años 1979
y 1981 en la Alcaldía Municipal de Tumaco se destruyeron los archivos,
para lo cual los docente debieron presentar los soporte que tuvieran en
su poder y para el caso lo fue el Acta de Posesión así como las
Declaraciones Extraproceso siendo este como único soporte de Acto
Administrativo de Nombramiento.”
50. Ahora, cabe destacar que, se aportó un acta de posesión de fecha 05 de
septiembre de 1978 con el fin de acreditar la vinculación al servicio docente
en el periodo en cita, no obstante, la UGPP precisó que se realizó un estudio
técnico pericial, para lo cual se adelantó labor de campo en los archivos
existentes en la alcaldía de Tumaco que arrojó como resultado “inconforme”.
51. Así, luego de la revisión respectiva, se señaló lo siguiente:
“(…)
RESULTADOS Y OBSERVACIONES
Atendiendo al resultado obtenido en las labores de verificación
adelantadas dentro del presente caso, se resalta principalmente lo
siguiente:
Se encontró que en los archivos de la Secretaría de Educación de la
Alcaldía Municipal de Tumaco, no existen los libros de decretos de
nombramiento y actas de posesión del año 1978, debido a los siniestros
ocurridos en los años 1979 y 1981 en la Alcaldía Municipal, según
información suministrada por la señora Jefe encargada del Archivo ANA
12 Pagina 219 del archivo 20RespuestaPruebasUGPP.pdf del expediente digital
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LIDIA OCAMPO.
Como no existen documentos originales de decretos de nombramiento y
actas de posesión en el Archivo de la Secretaría de Educación, lo que se
pudo evidenciar en la revisión a la hoja de vida del docente, es que reposa
copia autenticada del acta de posesión que él mismo aporto, la cual ha
sido validada por los funcionarios de la Secretaria como documento
idóneo, y que en su momento ha servido de soporte para la expedición
de las respectivas certificaciones laborales.
Se pudo establecer que las imágenes de las firmas como del Alcalde
Municipal, Secretario General, Notario Único de Tumaco y los respectivos
sellos que avalan el acta de posesión, fueron obtenidas por el método de
montaje.
CONCLUSIÓN
Con base en los elementos de juicio con los que se cuenta al momento
de la elaboración del presente informe, se determina que la acta de
posesión de fecha 05 de septiembre de 1978 de la Alcaldía Municipal de
Tumaco Nariño, aportada por el docente RODRIGO ANTONIO OBANDO
ROSALES para la solicitud de Pensión Gracia, no reúne las condiciones
necesarias que permitan considerarlo documento idóneo para ser tenido
en cuenta como soporte para un reconocimiento pensional, por tratarse
de una reproducción obtenida mediante el proceso de montaje.
En virtud de lo anterior se deja a disposición de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social UGPP, el presente informe para los fines pertinentes.
(…)”13
52. Con fundamento en el informe investigativo de veracidad que antecede,
la UGPP inició un proceso penal contra el demandante por falsedad en
documento público agravado por el uso, fraude procesal y estafa agravada,
del cual no se tiene conocimiento del estado actual como tampoco de las
decisiones que hayan podido emitirse en el mismo.
53. Ahora bien, las dudas sobre la autenticidad de los actos en mención
cobran mayor relevancia al percatarse la Sala que al ser requerida la alcaldía
de Tumaco en primera instancia para que constatara los pormenores de la
vinculación del señor Obando Rosales, indicó en certificado del 25 de marzo
del 2022 que para el periodo comprendido desde «05 de septiembre de 1978
hasta el 30 de junio de 1983 el docente aporta Acta de Posesión sin número
en la que se manifiesta que fue nombrado con Decreto No. 028 del 05 de
septiembre de 1978, del cual la Secretaria de Educación no tiene certeza de
13 Informe de seguridad del 04 de septiembre de 2013 visible en la página 193 del archivo
20RespuestaPruebasUGPP.pdf que reposa en el expediente digital de la plataforma
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su autenticidad manifestándose que su vinculación es de carácter
Municipal»14 (sic) negrillas de la Sala.
54. Así entonces, si bien se aportaron certificados de tiempo de servicio, que
relacionan esta vinculación como municipal por los mismos periodos ya
citados, lo cierto es que no puede darse mérito probatorio a los mismos, pues,
se infiere que tuvo sustento en el mismo acto administrativo de designación
-Decreto 028 de 05 de septiembre de 1978-, el acta de posesión de la misma
fecha que está siendo objeto de una investigación penal y constancias por
parte de la entidad nominadora frente a actos de los cuales no tiene certeza.
55. Advierte la Sala, que el anterior trámite adelantado por la entidad en sede
administrativa, si bien puede servir como insumo para que determine la
viabilidad de iniciar acciones judiciales respecto del docente, lo cierto es que
no pueden ser valoradas en sede judicial de cara a determinar el
cumplimiento o no de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia.
56. De manera que, al margen de las gestiones adelantadas por la entidad,
las labores de campo que afirma se hicieron, y el requerimiento de primera
instancia, lo cierto es que, para la Sala no se encuentra suficientemente
probada la prestación del servicio durante este periodo, en atención a que
las pruebas documentales aportadas al plenario no ofrecen certeza por las
razones ya expuestas.
57. Importante mencionar que, como lo ha señalado esta Subsección15, no
corresponde a esta jurisdicción determinar la falsedad de los documentos
aportados con miras a acreditar el cumplimiento de las exigencias para
obtener la pensión gracia, sino su idoneidad y conducencia.
58. Ahora, al tenor de la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21
de junio de 201816, la prueba de la calidad de docente territorial se puede
acreditar con copia de los actos administrativo en los que conste con claridad
el vínculo y la naturaleza de la plaza, o en su defecto, se puede demostrar
con la certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta inequívoca del
tipo de vinculación.
59. En ese orden, la Sala no echa de menos que el acto no haya sido
aportado en original, pues las copias tienen mérito probatorio, sino que
analizada en conjunto la evidencia física, la misma no ofrece certeza de
manera inequívoca frente al hecho que se pretende probar. Además, no
existen otras pruebas con las cuales se pueda contrastar el contenido del
14 Pg 7 0030OficioRespondeRequerimientoMpioTumaco.pdf. Expediente electrónico visible en SAMAI.
15 Ver entre otras, sentencia de 14 de noviembre de 2024, expediente 52001-23-33-000-2021-00140-01 (4685-
2023), C.P. Jorge Iván Duque
16 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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mentado acto administrativo de designación, ya que como se ha
mencionado, las certificaciones aportadas, se infiere, tiene como sustento el
mismo acto administrativo 028 de 1978 y el acta de posesión que se enfrenta
a un juicio de carácter penal.
60. Vale la pena resaltar que, quien demanda tenía pleno conocimiento que
el motivo que generó la negativa al reconocimiento de la pensión gracia por
parte de la UGPP, fue la prestación del servicio docente con anterioridad al
31 de diciembre de 1980, pues ante la mencionada entidad se allegó la
misma documentación, la cual como se mencionó no ofrece certeza; y aun
así, el interesado no aportó nuevos elementos probatorios que pudieran
llevar al convencimiento pleno de la prestación real del servicio docente en
la modalidad exigida para efectos del reconocimiento de la prestación en
comento, se itera, como territorial o nacionalizado. Para el efecto, bien pudo
aportar constancias de nóminas o pagos de salarios, actos de
reconocimiento de prestaciones correspondientes a la época; o en su defecto
los resultados del proceso penal en su contra.
61. En punto a la carga de la prueba, se tiene que el artículo 167 del Código
General del Proceso, prevé que «Incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»,
por lo que era el actor el que tenía la carga de demostrar el cumplimiento de
los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia deprecada, lo cual
se itera, no ocurrió.
62. La Corte Constitucional se pronunció respecto de la carga de la prueba
en materia pensional cuando existan inconsistencias en la historia laboral del
solicitante, al respecto, la sentencia SU-182 de 2019 señaló:
«En este punto es importante precisar que la carga de la prueba sobre
las posibles inconsistencias o irregularidades recae, en principio, sobre
la administradora de pensiones, pues “el trabajador sigue siendo el
sujeto jurídico más débil del sistema, por lo cual merece una especial
protección del Estado”16. Además, la administradora cuenta con “mejores
y mayores elementos de juicio que le permitan adoptar una decisión más
fiel a la realidad de los hechos que se le plantean” 17. Pero cuando la
administradora de pensiones presenta una “justificación bien
razonada”, soportada en medios probatorios que advierten
razonablemente sobre una inconsistencia o una irregularidad en la
historia laboral, le corresponde al afiliado desvirtuar tal hecho. En
términos similares, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido
que, frente a una “censura fundada” de la administración, la carga de la
prueba se traslada al afiliado, quien podrá hacer uso de los distintos
medios probatorios a su alcance.18» (Negrilla de la Sala)
63. En vista de lo expuesto, para la Sala, los documentos presentados por la
parte demandante con el fin de demostrar la prestación del servicio docente
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 no logran ofrecer certeza sobre
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tal hecho, lo cual imposibilita continuar con el estudio de los demás tiempos
de servicios.
64. En cuanto a la condena en costas impuesta por el tribunal en contra del
demandante, si bien es cierto se advierte que se omitió realizar el estudio de
dicho asunto a la luz de las modificaciones efectuadas por la Ley 2080 de
2021, dado que la sentencia se dictó el 20 de abril de 2022; lo cierto es que
la parte actora no presentó argumento alguno que habilite a la Sala para
verificar si la decisión se ajusta o no a derecho, sino que únicamente se limitó
a solicitar que se revoque la sentencia y se levante la condena en costas, lo
cual resulta insuficiente en sede de alzada.
2.6 Conclusión
65. De conformidad con lo anteriormente expuesto, el señor Rodrigo Antonio
Obando Rosales, no cumplió con el requisito mínimo de haber prestado
servicio docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, con una
vinculación del orden territorial y/o nacionalizado, el cual resulta
indispensable para obtener la pensión gracia, y que acreditado, habilita la
revisión de las demás exigencias de ley.
66. Ante dicho incumplimiento, debe la Sala confirmar la decisión dictada en
primera instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala Primera de
Decisión del 20 de abril de 2022.
2.7 Condena en costas
67. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a
condenar en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer
extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha
situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en
defensa jurídica de los intereses y, por ende, no se condenará en costas.
68. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 20 de abril de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo del Nariño-Sala Primera de Decisión, por medio de
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la cual se negaron las pretensiones de la demanda de conformidad con las
razones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo con lo
expuesto en esta providencia.
TERCERO. Acéptese la renuncia presentada por los abogados Omar
Andrés Viteri Duarte y Edgar José Polanco Pereira quienes actuaban en
calidad de apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social de
conformidad con el memorial que reposa en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”.
CUARTO. Reconocer personería para actuar al abogado Jhonier
Alejandro Trejos Valencia como apoderado de la UGPP en atención al
memorial anexo en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, aunado a ello, se acepta la
sustitución de poder al abogado John Edison Londoño Hernández que
consta en el mismo índice.
QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada
esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de
la fecha
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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