Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06580-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06580-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06580-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
11 de diciembre de 2025
Demandante: Henry Alfonso Garzón Sánchez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06580-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06580-00
Demandante: HENRY ALFONSO GARZÓN SÁNCHEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Henry Alfonso Garzón Sánchez, mediante apoderado judicial1, instauró
acción de tutela2 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A con
el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y al trabajo digno.
El accionante consideró vulneradas las garantías constitucionales mencionadas,
con ocasión de la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada el 23 de
abril de 2025, a través de la cual se revocó la decisión del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25000-23-42-000-2017-
00206-01, adelantado contra el Servicio Nacional de Aprendizaje [en adelante
Sena].
1.2. Pretensiones
1 Índice 02 Samai poder aportado junto al escrito de tutela Guillermo Jutinico Hortua
2 Índice 02 Samai 15 de octubre de 2025
1
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Demandante: Henry Alfonso Garzón Sánchez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06580-00
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…] 2. Dejar sin efectos la sentencia impugnada: Que se deje sin efectos la
providencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección “A”, dentro del proceso identificado con la radicación 25000-
23-42-000-2017-00206-01 (3886-2022), por vulnerar los derechos fundamentales
mencionados.
3. Restablecimiento del fallo de primera instancia o adoptar las medidas necesarias a
fin de que cese la vulneración de los derechos fundamentales: en consecuencia, se
ordene restablecer los efectos de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, que reconoció la existencia
de una relación laboral encubierta entre el accionante y el Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA, declarando el derecho al pago de las prestaciones sociales
derivadas de dicha relación durante el período comprendido entre el 28 de enero de
2010 y el 12 de diciembre de 2015.3
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El señor Henry Alfonso Garzón Sánchez presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Servicio Nacional de
Aprendizaje -Sena, reclamó la nulidad del oficio 004990 de 02 de marzo de 2016
mediante el cual la entidad negó el reconocimiento de una relación laboral.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la demandada a
reconocer, y pagar a favor de la demandante las prestaciones sociales a partir del
2010 hasta el 2015.
El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A4 que, mediante sentencia del 2 de diciembre de 2021,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Para el efecto, indicó que, de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del plenario se
demostró que el señor Henry Alfonso Garzón Sánchez prestó sus servicios a la
entidad demandada como instructor en el programa de análisis y desarrollo de
sistemas de información desde el 28 de enero de 2010 al 12 de diciembre de 2015,
a través de sendos contratos de prestación de servicios, y desarrolló de manera
permanente la actividad de impartir instrucción a los aprendices, que es el objeto
misional del Sena, sin autonomía, en condiciones de subordinación, sujeta al
cumplimiento una jornada laboral y debía solicitar permiso para ausentarse en sus
horarios de trabajo.
3 Transcripción original del texto con posibles errores.
4 Sala integrada por los magistrados José María Armenta Fuentes, Carmen Alicia Rengifo Sanguino
y Néstor Javier Calvo Chaves
2
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Demandante: Henry Alfonso Garzón Sánchez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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Consideró que, los negocios jurídicos celebrados entre el demandante y la entidad
pública demandada fueron realmente contratos de trabajo y no de servicios, dado
que durante la ejecución del objeto contractual se hizo evidente la subordinación y
la prestación personal del servicio contratado.
Teniendo en cuenta lo anterior, declaró la nulidad del acto administrativo acusado,
y la existencia de una relación laboral entre el señor Henry Alfonso Garzón Sánchez
y el Sena, desde el 28 de enero de 2010 al 12 de diciembre de 2015.
A título de restablecimiento del derecho condenó a la entidad demandada a
reconocer y pagar a favor del demandante las prestaciones sociales de orden legal
teniendo como ingreso base de liquidación el valor de los honorarios pactados en
los contratos, y a título de indemnización, le ordenó girar a favor de las entidades
de previsión a las que estaba afiliado el accionante, el valor correspondiente a las
sumas faltantes por concepto de aportes en pensión, únicamente en el porcentaje
que como empleador debió realizar, por el periodo que se demostró la vinculación
laboral.
Inconforme con la decisión, el apoderado de la entidad demanda formuló recurso
de apelación, indicó que debía probarse la existencia de la subordinación, deben
existir los medios probatorios que den cuenta de forma fehaciente sobre las
continuas órdenes a las que estaba sujeto el demandante al Sena.
Agregó que, los contratos tenían carácter temporal y limitado en el tiempo, pues
solamente se celebraron por el tiempo indispensable para ejecutar el objeto
contractual, los cuales eran diferentes uno del otro y expuso que lo que existió fue
una gestión de coordinación para el desarrollo de las actividades que entre el actor
y la entidad demandada.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante providencia del
23 de abril de 2025, revocó la decisión del a quo, argumentó que, de las pruebas
aportadas en el proceso no se logró acreditar el elemento de la subordinación, al
considerar que, el cumplimiento del horario debe entenderse, en los contratos de
prestación de servicios, como un parámetro lógico que guarda relación con la
coordinación entre el contratista y el contratante a fin de lograr la correcta ejecución
del objeto convenido.
Finalmente, concluyó que, no se demostró la existencia de direccionamientos
puntuales al demandante en cuanto al contenido, cantidad, forma o actividades
concretas y específicas con las que debía ejecutar las funciones convenidas en los
respectivos contratos, es decir, no se logó probar la continua subordinación y/o
dependencia del señor Garzón Sánchez respecto al Sena.
La anterior decisión, fue notificada a las partes a través de correo electrónico el 27
de mayo de 20255.
5 Índice 018 Samai
3
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1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
El señor Garzón Sánchez consideró que la autoridad judicial accionada, al proferir
la providencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales e incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.
En cuanto al yerro fáctico expuso que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A valoró indebidamente las pruebas documentales y testimoniales que
demostraban la existencia de una relación laboral encubierta entre el accionante y
el Sena, tales como contratos u órdenes de prestación de servicios, funciones
asignadas, cumplimiento de horarios, supervisión de labores, reportes y
evaluaciones, las cuales consideró que fueron ignoradas o interpretadas de manera
arbitraria, cuando estas evidenciaban la subordinación.
Respecto al defecto sustantivo o desconocimiento del precedente, señaló que la
autoridad judicial accionada desconoció la norma aplicable y la jurisprudencia
vigente, particularmente la Sentencia de Unificación de 9 de septiembre de 2021
(SUJ-025-CE-S2-2021)6 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda.
Precisó que, al apartarse injustificadamente de este precedente vinculante, el fallo
incurrió en un defecto sustantivo, en tanto aplicó erróneamente normas sobre
contratación estatal que no son pertinentes frente a una relación laboral
demostrada. Argumentó que, la decisión judicial cuestionada carece de fundamento
jurídico y probatorio suficiente.
Adujo que la autoridad judicial accionada otorgó un trato desigual e injustificado al
accionante, en comparación con otros contratistas del Sena que, en circunstancias
fácticas y jurídicas análogas, sí han obtenido el reconocimiento de la relación laboral
encubierta conforme a la jurisprudencia de unificación citada del propio Consejo de
Estado.
Referenció fallos del Consejo de Estado, Sección Segunda, en las cuales indicó que
se resolvió casos iguales en sentido favorable a los contratistas del Sena :
Sentencia del 23 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2016- 01152-02, M.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas: se determinó que las funciones desempeñadas por
el contratista eran inherentes al objeto misional del SENA, configurándose relación
laboral por la prestación continua del servicio.
Sentencia del 6 de marzo de 2024, Rad. 17001-23-33-000-2014- 00482-01, M.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas: se concluyó que el contratista desarrollaba
funciones análogas a las de un instructor de planta, bajo supervisión directa y
cumplimiento de horarios institucionales.
Sentencia del 9 de mayo de 2024, Rad. 08001-23-33-000-2019- 00687-01, M.P.
César Palomino Cortés: se reconoció que el instructor prestaba sus servicios en forma
subordinada, sin autonomía técnica ni administrativa, ejecutando actividades propias
de la misión institucional del SENA.
6 Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016)
4
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-06580-00
Sentencia del 26 de junio de 2024, Rad. 13001-23-33-000-2016- 00976-01, M.P.
Jorge Edison Portocarrero Banguera: se acreditó la existencia de subordinación,
continuidad y permanencia, declarando la relación laboral encubierta.
Sentencia del 27 de junio de 2024, Rad. 20001-23-33-000-2019- 00130-01, M.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar: se reiteró que las labores de formación profesional y
docencia son permanentes y esenciales al objeto misional del SENA, y por tanto, no
pueden desarrollarse mediante contratos civiles de prestación de servicios7
Adicionalmente, trajo a colación apartes de las providencias anteriormente citadas
en cuanto: 1) las funciones de los contratistas constituyen parte del objeto misional
del Sena, 2) estas se encuentran en el manual de funciones del Sena, y, 3) el
servicio no se puede ejercer de manera autónoma e independiente.
Así mismo, manifestó que la autoridad judicial accionada se apartó de las sentencias
SU-445 de 2019 SU-047 de 2019 SU-355 de 2015 y SU-259 de 2021 , así como la
C-154 de 1997 de la Corte Constitucional.
.
1.5. Trámite de la acción de tutela
La solicitud de amparo fue presentada el 16 de octubre de 2025, que correspondió
a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que mediante providencia
el 17 de octubre de 2025, remitió por competencia el expediente al Consejo de
Estado, en acatamiento a lo dispuesto en el numeral 68º del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
La acción de tutela fue radicada en el Consejo de Estado el 20 de octubre de 2025
y le correspondió por reparto a la Magistrada Ponente de esta decisión, quien
mediante escrito del 23 de octubre de 20259, manifestó́ estar impedida para conocer
de la acción constitucional al considerar que estaba inmersa en la causal 5º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, aplicable al caso por disposición del
artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.
La Sala, mediante proveído del 6 de noviembre de 202510, declaró infundada la
causal y, en consecuencia, ordenó la devolución del expediente.
Posteriormente, en auto del 20 de noviembre de 202511, se admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar12 al tutelante13, a los magistrados que integran el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A.14
7 Transcripción literal del escrito de tutela, incluye errores ortográficos
8 «las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá
por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto...».
9 Índice 04 Samai
10 Índice 09 Samai
11 Índice 16 Samai
12 Índice 19 Samai
13 Notificación al correo electrónico guillermojutinico@gmail.com.
14Notificación a los correos electrónicos notifjduque@consejodeestado.gov.co
dperezc@consejodeestado.gov.co,notifjmoralest@consejodeestado.gov.co,dgavirias@consejodee
stado.gov.co notiflmesa@consejodeestado.gov.co ces2secr@consejodeestado.gov.co .
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Así mismo, vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso, al Sena15
[extremo pasivo del proceso contencioso] y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A16 [juez de primera instancia del
ordinario].
1.6. Intervenciones.
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A17
El actual magistrado del Despacho18 expuso que, conforme a los atributos de
autonomía e independencia judicial, con fundamento en el análisis normativo,
jurisprudencial y probatorio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, tanto la primera, como la segunda instancia tomaron sus decisiones.
Además, señaló que, no existe vulneración a derecho fundamental alguno invocado
por el actor, sino una inconformidad con las providencias proferidas dentro del
proceso, en especial la de segunda instancia.
1.6.2. Servicio Nacional de Aprendizaje- Sena 19
El director del regional del distrito capital de la entidad solicitó que se desvincule a
la entidad del trámite constitucional. Se opuso a todas y cada una de las peticiones
presentada en el escrito de tutela y consideró que la solicitud de amparo debería
declararse improcedente por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que el accionante pretende reabrir el debate que se surtió en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, por encontrarse inconforme con la
valoración probatoria efectuada por el juez de segunda instancia.
1.6.3. Pese a que los magistrados que integran el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A fueron debidamente notificados20, no contestaron la acción
de tutela.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por el señor Henry Alfonso Garzón Sánchez, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021.
15Notificación a los correos electrónicos judicialdirecciong@sena.edu.co
judicialcundinamarca@sena.edu.co judicialdistrito@sena.edu.co.
16 Notificación a los correos electrónicos scs02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co
scs02sb01tadmincdm@notificacionesrj.gov.co.
17 Índice 20
18 Andrés José Quintero Gnecco
19 Índices 10 y 12 Samai
20 Índice 019 Samai
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2.2. Cuestión previa
El Sena solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional. Sin embargo,
no se accederá a lo pedido, puesto que su vinculación se dio en calidad de tercero
con interés jurídico legítimo, por ser la entidad demandada en el proceso del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Por esa razón, se considera
pertinente que ejerzan su derecho de defensa y contradicción dentro de la acción
de tutela.
2.3. Problema jurídico
Conforme con lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por
la parte accionante, el material probatorio recaudado y las intervenciones
presentadas, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, y al trabajo
invocados por el señor Henry Alfonso Garzón Sánchez, con ocasión de la
sentencia proferida el 23 de abril de 2025 que revocó el fallo dictado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
para, en su lugar, negar las pretensiones elevadas por el actor en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 25000-23-42-000-2017-00206-00/01.?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y, (iii) el estudio
del caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 21
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema22 y declaró su
procedencia.23
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth
García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
22 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
23 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7
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Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional
De manera preliminar, la Sala adelanta que el estudio de los yerros será separado
en atención a que el presente requisito no se encuentra satisfecho en uno de ellos;
para lo cual, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 202224, en cuanto a la procedencia de la
acción constitucional de cara a este presupuesto.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
24 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
8
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Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal25 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico26; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional27.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal28”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales29”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental […]
25 Sentencia SU-573 de 2019.
26 Sentencia SU-103 de 2022.
27 Sentencia SU-103 de 2022.
28 Sentencia SU-103 de 2022.
29 Sentencia SU-128 de 2021.
9
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Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto30, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal31. (Resaltado de la Sala)
2.6. Caso concreto
Como se expuso anteriormente, el señor Henry Alfonso Garzón Sánchez consideró
que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, y al trabajo, al proferir la sentencia
del 23 de abril de 2025, que revocó la decisión del a quo, para en su lugar, negar
las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
El tutelante señaló que, la autoridad judicial accionada, en la providencia
cuestionada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del
precedente.
Frente al yerro fáctico, el tutelante expuso que, se valoró indebidamente las
pruebas documentales y testimoniales, tales como contratos u órdenes de
prestación de servicios, funciones asignadas, cumplimiento de horarios, supervisión
de labores, reportes y evaluaciones que demostraban la existencia de una relación
laboral encubierta entre el accionante y el Sena.
Advierte la Sala que, revisada la decisión cuestionada, se observó que el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, examinó el material probatorio
aportado al plenario, y concluyó que, el señor Henry Alfonso Garzón Sánchez prestó
sus servicios entre el 28 de enero de 2010 y el 12 de diciembre de 2015 en el Centro
de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información del Sena, Regional Distrito
Capital como instructor en el área de teleinformática, por medio de sendos contratos
de prestación de servicios. Sin embargo, no acreditó el elemento de subordinación,
toda vez que no se logró establecer la existencia de direccionamientos puntuales
en cuanto al contenido, cantidad, forma o actividades concretas y específicas con
las que debía ejecutar las funciones convenidas con la entidad demandada.
Sobre la valoración de los medios de prueba, es importante mencionar que es un
ejercicio intelectual en el que el director del proceso, aplicando las reglas de la sana
crítica y las máximas de la experiencia, determina el valor que asigna a cada uno
de los elementos probatorios. Lo cual, se encuentra cobijado por la independencia
y autonomía que gozan las autoridades judiciales, por lo que, salvo en casos
excepcionalísimos, no es viable su reproche en esta instancia judicial.
La parte actora expuso que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
30 Sentencia SU-573 de 2019.
31 Ib.
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Demandante: Henry Alfonso Garzón Sánchez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06580-00
valoró indebidamente las pruebas aportadas y practicadas en el interior del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, no precisó como
el análisis diferente del material probatorio obrante en el expediente del proceso
ordinario era determinante para cambiar el sentido del fallo de segunda instancia.
Por otro lado, el accionante indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto sustantivo, en tanto aplicó erróneamente las normas sobre contratación
estatal que no son pertinentes frente a una relación laboral encubierta. Sin embargo,
no desplegó la carga argumentativa mínima que permita estudiar de fondo estos
reparos, pues no precisó los preceptos normativos desconocidos, ni expuso las
razones, como tampoco explicó su incidencia en la decisión cuestionada.
De igual manera, el tutelante adujo que en la decisión cuestionada se desconoció
el precedente judicial, particularmente la sentencia de unificación de 9 de
septiembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda.
Asimismo, referenció fallos judiciales de la misma Corporación que resolvieron
asuntos análogos en sentido favorable a los contratistas de Sena. Agregó que,
igualmente se apartó de las siguientes providencias SU-445 de 2019, SU-047 de
2019, SU-355 de 2015 y SU-259 de 2021 y C-154 de 1997 de la Corte
Constitucional.
Frente a este yerro es pertinente precisar que, la autoridad judicial acusada, en la
sentencia cuestionada consideró las precisiones establecidas por el Consejo de
Estado, Sección Segunda en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de
202132, en la cual se señalaron como reglas unos indicios para tener acreditado el
elemento de la subordinación dentro de una relación laboral, providencia que la
parte actora adujo como desconocida.
Así mismo, el actor como precedente judicial, referenció apartes de las providencias
proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda33 e indicó que resolvieron
asuntos análogos en sentido favorable a los contratistas de Sena. Sin embargo, no
demostró, ni argumentó que los casos analizados en esas decisiones fueran
similares o idénticos a su situación particular.
Igualmente, mencionó sentencias de la Corte Constitucional34 sin exponer
mínimamente las razones por la cuales considera que la autoridad judicial
accionada se apartó y desatendió los criterios establecidos en esas providencias, y
porqué debió aplicarlos en el estudio de su caso.
32 SUJ-025-CE-S2-2021
33 Sentencia del 23 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2016- 01152-02, M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas:
Sentencia del 6 de marzo de 2024, Rad. 17001-23-33-000-2014- 00482-01, M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas:
Sentencia del 9 de mayo de 2024, Rad. 08001-23-33-000-2019- 00687-01, M.P. César Palomino
Cortés
Sentencia del 26 de junio de 2024, Rad. 13001-23-33-000-2016- 00976-01, M.P. Jorge Edison
Portocarrero Banguera
Sentencia del 27 de junio de 2024, Rad. 20001-23-33-000-2019- 00130-01, M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar
34 SU-445 de 2019, SU-047 de 2019, SU-355 de 2015 y SU-259 de 2021 C-154 de 1997
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En este sentido, la parte actora pretende recabar una discusión legal, que ya fue
analizada por el juez ordinario, en ese orden no cumplió con la carga argumentativa
desde la perspectiva iusfundamental.
Los argumentos expuestos por el accionante no justifican una vulneración a los
derechos fundamentales invocados, todo lo contrario, evidencian una inconformidad
sobre la interpretación de la jurisprudencia vigente aplicable en los asuntos que se
reclama la existencia de una relación laboral, la valoración de las pruebas aportadas
y practicadas, así como la decisión adoptada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A en la providencia acusada, que resultó desfavorables a sus
intereses, toda vez que revocó la sentencia del a quo, para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala observa que el actor interpuso este amparo
como una instancia adicional, para reabrir el debate probatorio ya decidido por el
juez natural de la causa dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Razón por la cual, no amerita la intervención del juez constitucional.
Entrar a estudiar la decisión judicial acusada, sin sustentarse la vulneración de
derechos fundamentales invocados por la parte actora, resulta contraria a la
naturaleza del juez constitucional que está llamado a proteger aquellas garantías
fundamentales vulneradas y a proferir decisiones encaminadas a restablecer las
mismas.
La Corte Constitucional ya ha decantado que la acción de tutela no es una vía
alterna, ni un mecanismo para rectificar decisiones judiciales en firme, ni para
desautorizar interpretaciones jurídicas que se hacen dentro del marco de la
autonomía y de la independencia propia de los jueces, ni el instrumento para atacar
o impugnar las decisiones judiciales que tienen fuerza ejecutoria.35
Para la Sala, la solicitud de amparo presentada por el señor Henry Alfonso Garzón
Sánchez no cumple con el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en la medida que, si bien el actora enuncia la transgresión de derechos
fundamentales, sus argumentos pretenden reabrir la discusión ya zanjada por el
juez natural de la causa, y no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de
autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional
convirtiéndolo en una instancia adicional.
Por último, es relevante indicar que, cuando se cuestiona una providencia de un
órgano de cierre como lo es el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, la procedencia es aún más excepcional y debe ser más restrictivo el análisis del
35 Sentencia SU134 veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022). Magistrado sustanciador:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS.
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presupuesto bajo estudio.
Así las cosas, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por no superar
el requisito de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación realizada por el Servicio
Nacional de Aprendizaje- Sena, conforme a las razones expuestas en la parte
considerativa.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Henry Alfonso Garzón Sánchez por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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