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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2019-00130-01

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2019-00130-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 21 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se negaron a las pretensiones de la demanda incoada por Rafael Enrique Ramírez Contreras contra el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone: Segundo. Declarar la nulidad del Oficio 2-2018-001431 del 3 de diciembre de 2018, por medio del cual el Sena le negó la existencia de una relación laboral y el reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaban de ella. Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Rafael Enrique Ramírez Contreras y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) durante el periodo comprendido entre el 21 de julio de 2004 y el 25 de julio de 2018, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales. Cuarto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a reconocer a Rafael Enrique Ramírez Contreras las prestaciones sociales comunes a su cargo, propias de los empleados públicos, las cuales deberán liquidarse con base en la asignación salarial del cargo de instructor, así como el pago del reajuste salarial. Quinto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que tome el ingreso base de cotización o IBC del demandante, dentro de los períodos laborados por prestación de servicios, esto es entre el 21 de julio de 2004 y el 25 de julio de 2018, salvo las interrupciones, mes a mes, y efectúe los aportes para pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador, los cuales deberán liquidarse con base en la asignación salarial del cargo de instructor. Sexto. Declarar probada la excepción de prescripción del derecho reclamado por el actor, respecto de las prestaciones sociales causadas entre el 21 de julio de 2004 y el 30 de noviembre de 2014, salvo en lo relacionado con los aportes para pensión. Séptimo. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2019-00130-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2019-00130-01 (6609-2022)
Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras
Demandados: Servicio Nacional de Aprendizaje1

Temas: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 21 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Cesar,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Rafael Enrique Ramírez Contreras presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio 2-2018-001431 del 3 de diciembre
de 2018, por medio del cual el Sena le negó el reconocimiento de la existencia de
una relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de
ella.

1 En lo que sigue Sena.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2019-00130-01 (6609-2022)
Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el reconocimiento de la existencia de la relación laboral entre el 21 de
julio de 2004 y el 25 de julio de 2018 ii) el reconocimiento y pago de los conceptos
salariales y prestacionales que de ello se derivaran, tales como trabajos
suplementarios, dotación, vacaciones, cesantías, intereses de las cesantías,
primas por la suma de $666.477.436; iii) el pago de la suma equivalente a los
dineros descontados por concepto de retención en la fuente; iv) el pago y/o reajuste
de los aportes a pensión correspondientes al empleador por el tiempo de la relación
laboral; v) el pago de los intereses moratorios sobre las sumas reconocidas desde
la ejecutoria de la sentencia; vi) el reajuste de las sumas, teniendo en cuenta los
índices de precios al consumidor de acuerdo con la certificación que expida el
DANE; y vii) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Rafael Enrique Ramírez Contreras laboró en el Sena mediante contratos y
órdenes de servicio del 21 de julio de 2004 al 25 de julio de 2018.

3.2. A través de esos contratos se trató de ocultar una relación laboral pues
desarrolló sus funciones de forma personal, cumplió un horario, estuvo bajo la
subordinación de los subdirectores de turno del Sena, Regional Cesar, recibió una
remuneración por la prestación de sus servicios personales profesionales, de la cual
le descontaron un porcentaje por concepto de retención en la fuente.

3.3. El 27 de noviembre de 2018 solicitó el reconocimiento de una relación laboral
y el consecuente pago de salarios y prestaciones que de ello emanaban; sin
embargo, a través del acto demandado, el Sena negó tal petición.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4.Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 13, 25 y 53 de la Constitución
Política; 3 y 138 del CPACA; y 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos3:

5.1. Con la expedición del acto acusado el Sena vulneró sus derechos a obtener
una retribución justa y favorable por la prestación de sus servicios, puesto que la
entidad ocultó la verdadera relación laboral con la suscripción constante y habitual

3 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_CORREO_RV2000123330002(.msg) NroActua

2», carpeta C01 Principal, documento 02Demanda.pdf

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Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

de contratos de prestación de servicios, lo que le permitió sustraerse de la obligación
de pagarle las prestaciones sociales y los aportes a seguridad social en pensión y
salud que le correspondían como empleador. Lo anterior, es contrario al mandato
constitucional de igualdad laboral y primacía de lo sustancial sobre las formalidades,
contenido en el artículo 53 de la Constitución Política.

5.2. Estuvo vinculado al Sena, Regional Cesar, durante más de 13 años sin
solución de continuidad a través de contratos de prestación de servicios simulados,
ejerció una labor de carácter personal, recibió una remuneración como retribución y
siempre estuvo bajo la subordinación de los subdirectores de esta entidad, razón
por la cual es clara la relación laboral.

5.3. Se han emitido varios pronunciamientos jurisprudenciales que traen a
colación temas similares al tema objeto de estudio, específicamente, la sentencia
de unificación del Consejo de Estado del 25 de agosto del 2016, de la cual se extrae
la configuración de los elementos constitutivos de la relación laboral como en el
presente asunto.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Sena se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en que:

6.1. El demandante no suscribió un contrato laboral sino que se materializaron
contratos de prestación de servicios, los cuales se rigieron por el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993; por tanto, no se configuró una relación de carácter laboral y las
funciones cumplidas por él se desarrollaron bajo el principio de coordinación de
partes contratantes para la ejecución de las actividades pactadas, lo que implica
que aquel se debía someter a las condiciones necesarias para el desarrollo de la
actividad de manera satisfactoria, sin que con ello se esté frente a una
subordinación. Por lo tanto, este tipo de vinculación no genera el pago de salarios
ni prestaciones sociales, sino únicamente el reconocimiento de honorarios como
contraprestación al desarrollo del objeto contractual previamente pactado, y así lo
ha reconocido la jurisprudencia.

6.2. La inexistencia de la subordinación y continuidad en la contratación del
demandante para con el Sena desvirtúa la existencia de un contrato laboral. Lo que
ocurrió en el presente asunto fue que a éste le fueron asignados supervisores de
contrato para constatar que se cumpliera con las obligaciones contractuales, en
razón al seguimiento y control de los contratos estatales a que la entidad está
obligada. En todo caso, no se afirmó y tampoco se demostró la existencia de una
subordinación.

6.3. De acuerdo con la jurisprudencia, la discrecionalidad de los contratistas está

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Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

limitada por razones objetivas en la prestación de los servicios, tales como las
pautas de la entidad referentes a cómo está desarrollada su función pública, o cómo
ejecuta sus acciones para el cumplimiento de la misión institucional, entre otras.

6.4. Asimismo, el demandante desconoció el principio de buena fe, pues al
momento de la celebración de cada uno de los contratos de prestación de servicios
reconoció su condición de contratista, firmó libre y voluntariamente, no hubo vicios
de consentimiento, constituyó pólizas de cumplimiento, se afilió al Sistema de
Seguridad Social como trabajador independiente, cobró sus honorarios a
satisfacción, sin realizar ningún tipo de reclamo o solicitud a la entidad y sólo con
posterioridad a su despido, por terminación del contrato, pretendió el reconocimiento
de un «contrato realidad», el cual es inexistente4.

6.5. Propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de relación laboral;
ii) mala fe del demandante; iii) prescripción; iv) cobro de lo no debido; v) buena fe
del Sena; y vi) genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

7.El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia proferida el 21 de julio
de 2022 negó las pretensiones de la demanda, y condenó en costas al demandante.
Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos5:

7.1. De las pruebas documentales aportadas al proceso se pudo establecer: i) la
prestación personal de los servicios por parte del actor, puesto que el servicio debía
ser realizado por éste en forma directa, en atención a sus capacidades laborales y
sin que le fuera posible delegar el ejercicio de sus actividades en personas ajenas
al contrato celebrado; ii) la remuneración recibida, en tanto, los llamados honorarios
se le pagaron en forma periódica y habitual, y pese a que no se soportó prueba que
diera cuenta de dichos pagos tal manifestación no fue controvertida por el Sena.

7.2. Pese a lo anterior, de los medios de prueba no se advirtió la subordinación,
contrario a ello el demandante tenía autonomía en relación con su horario de
trabajo, al punto que podía ejercer sus labores sin someterse a la directriz constante
de la entidad contratante; así como de escoger el lugar de trabajo, que no le era
impuesto.

7.3. De los testimonios, se observó que para el ejercicio de las funciones por parte
de Rafael Enrique Ramírez Contreras hubo una relación de coordinación propia de

4 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_CORREO_RV2000123330002(.msg) NroActua

2», carpeta C02 Principal, documento 19ContestacionDemanda.pdf
5 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_CORREO_RV2000123330002(.msg) NroActua

2», carpeta C02 Principal, documento 49Sentencia.pdf

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la ejecución de contratos de prestación de servicios, más no una relación de
dependencia o subordinación hacia su contratante, principalmente, por la manera
en que este ejercía sus labores y porque todos los declarantes coinciden en que
como contratistas tenían la obligación de rendir informes mensuales pero no se
refieren a una constante imposición de órdenes que conduzca a una subordinación.
En todo caso, la supervisión de sus tareas se debió a la naturaleza del contrato,
figura propia de la Ley 80 de 1993.

7.4. Finalmente, si bien es cierto en anteriores oportunidades el Consejo de
Estado había reconocido, frente a los instructores del Sena, que la subordinación
se presumía por la naturaleza de las labores por ellos desempeñadas, también lo
es que dicho criterio cambió y actualmente, según los parámetros contenidos en la
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, todo vínculo laboral debe
probarse desde la configuración de sus elementos, lo que no ocurrió en el presente
asunto respecto de la subordinación.

1.4. El recurso de apelación

8.Rafael Enrique Ramírez Contreras interpuso recurso de apelación en el cual
manifestó lo siguiente6:

8.1. Contrario a lo concluido por el tribunal de instancia, las pruebas allegadas al
proceso dan cuenta de la configuración de los elementos de la relación laboral.

8.2. Las actividades desempeñadas como instructor son las propias de un
trabajador de planta del Sena, porque hacen parte del objeto de la institución, en
otras palabras, para que el Sena cumpla su objetivo de existencia legal debe tener
en su planta instructores, en cuyo caso lo hizo, pero a través de contratos de
prestación de servicios, celebrados de manera continua y eludiendo sus
obligaciones como empleador.

8.3. La jurisprudencia establece claramente la diferencia entre una relación
laboral y un contrato de prestación de servicios, especialmente, al configurarse el
elemento diferenciador de la subordinación. En esa medida y en relación con la
labor docente se ha señalado que no es una actividad que se ejecuta de forma
independiente, pues está subordinada al cumplimiento de los reglamentos propios
del servicio de la educación y acorde con los lineamientos e instrucciones de los
superiores de las instituciones, por lo que no es posible hablar de coordinación en
estos casos.

6 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_CORREO_RV2000123330002(.msg) NroActua

2», carpeta C02 Principal, documento 51RecursoApelación.pdf

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8.4. Hubo una indebida valoración probatoria que dio como resultado que se
encontrara acreditada la coordinación entre las partes contratantes para el
cumplimiento de las obligaciones pactadas y no la subordinación propia de una
relación laboral, pues los testimonios y documentos dan cuenta de que debía dar
por enterado a su empleador de todas las actividades realizadas, sus funciones eran
aquellas ordenadas por un jefe y por la entidad, en las condiciones de un empleado
de la planta cumplía un horario que era asignado y percibía un salario mensual.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

9. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar7.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio8.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

11. Se circunscribe a establecer ¿si entre Rafael Enrique Ramírez Contreras y el
Sena se configuró una relación laboral? y si, en consecuencia, ¿aquel tiene derecho
al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de esa relación
laboral?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

12. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)
3º. Contrato de Prestación de Servicios.

7 Índice 4 de Samai
8 Índice 7 de Samai

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Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

13. Por su parte, el Decreto 2209 de 19989 precisó que «(l)os contratos de
prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar
cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se
contratarán».

14. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de
planta. De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará
una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación
social.

15. La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta
o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas
en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el
ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral
personal subordinada y dependiente.

16. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto
señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las

9 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Se resalta].

17. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)10 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 11, desarrolló
el principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se
halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».

18. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y
culturales»12 y que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los
Estados parte deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas
y satisfactorias», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos
los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias
y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

19. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

10 Aprobada el 11 de abril de 1919.
11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
12 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

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b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

20. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato
de prestación de servicios.

21. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación13 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes
y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto
de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación
propia de las relaciones laborales14». [se resalta].

22. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
14 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

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como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.

23. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una
relación laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
referida sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios». (sic)

24. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de
los aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

25. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es
que solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento
de la labor contratada.

26. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-
025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202115 estableció las siguientes reglas
de unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas,
como son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente
indispensable» (temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993; ii) la delimitación del término de solución de continuidad en los
contratos estatales de prestación de servicios que ocultaron la existencia de una
relación laboral que se declara, a efectos de determinar la prescripción de
derechos; y iii) la improcedencia de la devolución de los aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».(sic)

27. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».

28. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que
desvirtuar inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo
32 de la Ley 80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de
la relación laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación
continuada y dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo
prestado, para que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.2.2. En torno a los instructores del Sena

29. El Sena fue creado mediante el Decreto Ley 118 de 195716 y según el
Decreto 164 del 6 de agosto de 195717 sus funciones iniciales consistían en
brindar formación profesional a los trabajadores de la industria, el comercio, la
agricultura, la minería y la ganadería.

30. Posteriormente, la Ley 119 de 199418 dispuso que el Sena sería un
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio

16 «Por el cual se decretan aumentos de salarios, se establece el subsidio familiar y se crea el

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA».
17 «Por el cual se organiza el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y se dictan otras

disposiciones».
18 «Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149

de 1992 y se dictan otras disposiciones».

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Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del
Trabajo, cuya misión, de acuerdo con su artículo 2, consiste en «cumplir la función
que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo social y técnico de los
trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para
la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país». Asimismo, los
objetivos específicos de acuerdo con el componente misional son los siguientes:

«Artículo 3. Objetivos. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tendrá los siguientes
objetivos:

1. Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades
económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese
medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y
social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva.

2. Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al desarrollo
comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades
productivas de interés social y económico».

31. Así, la misión especial encomendada al Sena comprende la formación y
capacitación de los aprendices, funciones de carácter permanente que cumple en
desarrollo de su actividad. Como se dijo, la entidad está adscrita al Ministerio del
Trabajo y, por ende, no está sometida a las orientaciones del Ministerio de
Educación o las secretarías de educación; no obstante, ejerce una labor docente
para desarrollar programas de formación de educación no formal que ofrece la
institución.

32. Ahora bien, el instructor es una figura propia de esa entidad y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1424 de 199819, este grupo
ocupacional «comprende los empleos cuyas funciones principales consisten en impartir
formación profesional y desempeñar actividades de coordinación académica de la
formación e investigación aplicada». Según el manual específico de funciones,
requisitos mínimos y competencias laborales para los empleos de la planta de
personal del Sena contenido en el Decreto 986 del 27 de mayo de 2007 (vigente
entre 2007 y 2015), el cargo de instructor hace parte de dicha planta, con la
descripción de las siguientes funciones20:

«ii. Propósito principal

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.

19 «Por el cual se establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los Instructores del

Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena»
20 Información consultada en la página electrónica: http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx.

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Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

iii. Descripción de funciones esenciales

Instructor:

1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa
de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad
con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos
para la ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con
le [sic] Manual de Evaluación vigente.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo».

33. En relación con la actividad que desarrollan los instructores, la Sección
Segunda del Consejo de Estado tuvo oportunidad de pronunciarse en sentencia
del 10 de septiembre de 201421. Al respecto, la autoridad judicial señaló:

«DOCENTES O CATEDRÁTICOS OCASIONALES O POR HORAS

Esta Corporación ha señalado que los profesores de cátedra también tienen una relación
laboral subordinada por cuanto cumplen una prestación personal del servicio. Igual que
los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados ocasionales, ellos
devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una
subordinación, como se les exige a los otros, con horarios, reuniones, evaluaciones, etc.
contemplados en el reglamento. Dada la similar situación de hecho que identifica la
misma relación de trabajo subordinado de estos servidores públicos debe
corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales, que deben
pagárseles proporcionalmente al trabajo desempeñado, pues otro tratamiento
desconocería el principio de igualdad y de justicia y sería evidentemente discriminatorio.

Igualmente la Corte Constitucional22 señaló que al igual que los catedráticos, cumplen
las mismas funciones que un profesor de planta, además deben acreditar para efectos
de su vinculación similares requisitos de formación y experiencia, y tienen las mismas
obligaciones que los docentes empleados públicos; la diferencia con aquellos estriba en
su forma de vinculación, a través de resolución, y en la temporalidad de la misma, lo cual
no justifica que se le restrinjan sus derechos como trabajador. Textualmente señaló:

Si su vinculación es transitoria, el reconocimiento de las prestaciones sociales será proporcional
al término de la misma, pero no se podrá negar, pues ello además de contrariar el principio de
igualdad que consagra la Constitución, atenta contra lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta,
en el sentido de que "...toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.",
las cuales no se dan en un régimen que establece similares obligaciones para unos y otros

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de septiembre de 2014, radicado 20001

23 31 000 2011 00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón.
22 Sentencia C-006 de 1996, Magistrado Ponente Fabio Morón Díaz

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Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

profesores, pero restringe los derechos y prerrogativas de los ocasionales, vulnerando la
dignidad de dichos docentes, que se ven privados del derecho al descanso remunerado, a las
primas de servicios y de maternidad, a la cesantía, que precisamente pretende proteger al
trabajador en los lapsos en que éste se encuentre desempleado, entre otros, además de ser
excluido de los programas de capacitación y mejoramiento profesional.

(…)

No se encuentra fundamento constitucional que justifique la negación expresa que hace la
disposición demandada, del derecho que tienen los profesores ocasionales, en tanto
trabajadores al servicio del Estado, al reconocimiento, obviamente proporcional, de las
prestaciones sociales que consagra la legislación laboral, mucho menos, cuando ellas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la C.N. constituyen beneficios mínimos
irrenunciables:

La regulación anterior aplicable a los Instructores del SENA, establece que dicha
entidad tiene como función permanente impartir formación laboral y profesional
certificando a los estudiantes que cursan los programas y cursos que imparte; define la
educación como todos aquellos procesos especializados tendientes a la obtención de
certificados, títulos o grados; e indica que el cargo de Instructor coordina y ejecuta
actividades académicas.

Conforme con la normativa citada, la función prestada por el SENA a través de los
Instructores se orienta a una formación integral, profesional y laboral certificando
a sus estudiantes, o sea, que por estas características y su naturaleza se clasifica dentro
de un sistema de educación no formal. No puede ser otra su categoría pues no hace
parte de los niveles propios de educación formal establecidos en el artículo 11 de la Ley
115 de 1994 (preescolar, educación básica y educación media) ni se cataloga dentro de
la definición de educación informal, regulándose en lo concerniente por las normas
generales del Servicio Público de Educación». [se resalta].

34. En efecto, en la medida en que esta entidad ejecuta una actividad
académica, debe ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga a lo
dispuesto en la normativa aplicable, por expresa disposición del numeral 6 del
artículo 4 de la citada Ley 11923. Es decir que el contenido de los programas que
ofrece el Sena está sometido al régimen académico previsto en la Ley 30 de
199224. Así lo concluyó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado25, que sobre su naturaleza, misión y funciones precisó:

«La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es
reiterada en los artículos 3 y 4 de esa ley. Ahora bien, el numeral 6 del artículo 4 permite
al SENA adelantar “programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los
términos previstos en las disposiciones legales respectivas”.

23 artículo 4o. Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las
siguientes:
[…]
6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en
las disposiciones legales respectivas. […]”. (se resalta).
24 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”
25 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2026 del 16 de septiembre de

2010, radicado 11001-03-06-000-2010-00089- 00, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

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Integrando la ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la ley 30 de 1992,
es posible distinguir tres situaciones:

i) En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación
a los trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado en
1957, se aplicarán las normas especiales de la ley 119 de 1994.

ii) En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo
cual es concordante con la ley 30 de 1992, y,

iii) En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico
de esa actividad será el de la ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o reformen.

Esto último significa que en desarrollo de esa actividad académica, según se ha
explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que
otorga a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la
ley 30 de 1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de
la ley 749 de 2002.

Advierte la Sala que la autorización dada al SENA para ofrecer programas en la modalidad
de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma en institución
de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico definido por ley ha
establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión específica encomendada
y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe agregarse que nunca ha sido
considerada como institución de educación superior por las normas que rigen ese
servicio

De esta manera lo dispuesto en la ley 119 en el sentido de autorizar al SENA para
ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación
tecnológica y técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes
30 y 749 sobre el régimen académico aplicable al SENA respecto de tales programas, y
con la naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la ley 119, sin
que ello signifique que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias
de una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza,
misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades.[…]» [se
resalta].

35. De esta manera el Consejo de Estado26 ha reconocido que la función
prestada por el Sena a través de los instructores se orienta a una formación
integral, profesional y laboral, dentro de un sistema de educación no formal. Sin
embargo, tal clasificación no desconoce su calidad de labor educativa, es decir,
de docencia.

36. Con todo, esta corporación ha resaltado la libertad del juez a efectos de
determinar la existencia de una relación laboral encubierta en los casos en los

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 10 de

septiembre de 2014, expediente identificado con número único de radicación 20001 23 31 000 2011
00503 01, M.P. Alfonso Vargas Rincón y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, sentencia de 27 de febrero de 2014, expediente identificado con número único de
radicación 20001 23 31 000 2011 00312 01, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

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Radicado: 20001-23-33-000-2019-00130-01 (6609-2022)
Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

que los instructores se vincularon al Sena a través de contratos de prestación de
servicios. En efecto, a través de sus diferentes subsecciones ha exigido la
comprobación de todos los elementos que sirven para determinar sobre la
existencia de dicha relación a efectos de declararla27. En específico, sobre la
subordinación ha exigido que obren «elementos de convicción, acerca de las
actividades ejecutadas»28 pues, aunque se haya señalado que estas hacen parte
las funciones propias de la entidad, «tal situación no evidencia una relación de
sujeción directa frente a la prestación del servicio», puesto que puede coincidir con el
estricto cumplimiento del objeto contractual. De esta manera, ha privilegiado un
análisis del material probatorio «bajo las reglas de la sana crítica»29 a fin de
establecer la configuración o no del elemento de la subordinación continuada.

2.3. Caso en concreto

37. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente30:

37.1. Rafael Enrique Ramírez Contreras celebró los siguientes contratos de
prestación de servicios con el Sena, tal y como consta en los diferentes instrumentos
jurídicos aportados, tales como certificados, constancias y contratos:

Fecha Duración
Contrato Objeto Fecha inicio
terminación pactada

30 de
Prestar servicios personales como instructor para impartir 460 21 de julio 4 meses
317 noviembre
horas de formación en el curso de Viverista Forestal de 2004 y 9 días
de 2004
23 de 27 de
Prestar servicios personales como instructor para impartir 360 4 meses
132 agosto de diciembre
horas de formación en el curso de Viverista Forestal y 4 días
2005 de 2005
27 de
Prestar servicios personales como instructor para impartir 320 27 de junio
41 febrero de 4 meses
horas de formación en el curso de Viverista Forestal de 2006
2006
[…] prestación de servicios personales, como instructor
contratista, impartiendo 220 horas de formación profesional
en el Programa de HORTALIZAS ORGANICAS en el curso de 17 de 1 de 2 meses
375 HORTALIZAS ORGANICAS del Programa Jóvenes Rurales, octubre de diciembre y 16
en el municipio de La Paz (San Jase de Oriente), de acuerdo 2006 de 2006 días
a la programación suministrada por el Coordinador
Académico del Centro Agropecuario de Valledupar y se

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del i) 27 de abril de 2016, radicado 66001-23-

31-000-2012-00241-01(2525-14); ii) 15 de mayo de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00123-
01 (3257-16); iii) 28 de noviembre de 2018, radicado 17001-23-33-000-2014-00282-01 (2093-16);
iv) 19 de julio de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00010-01 (3928-15); v) 25 de noviembre de
2021, radicado 66001-23-33-000-2017-00317-01(2118-20); entre otros.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021; radicado

18001-23-33-000-2016-00214-01(0008-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2020; 25000-

23-42-000-2016-02481-01(5519-18), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
30 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo «ED_CORREO_RV2000123330002(.msg) NroActua

2», carpeta C01 Principal, documento 04Anexos.pdf

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Radicado: 20001-23-33-000-2019-00130-01 (6609-2022)
Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

compromete a entregar en las fechas que el SENA estipule,
los reportes estadísticos y registros inherentes al proceso de
formación estipulados por el SENA de conformidad con los
horarios de formación del Centro
Prestar servicios personales como instructor para impartir 240
horas de formación en el Área Agrícola en el municipio del 12 de abril 18 de mayo 1 mes y
49
Copey, dentro del programa de Atención a personas en de 2007 de 2007 6 días
situación de desplazamiento
26 de 3 meses
Prestar servicios personales como instructor para impartir 330 9 de julio de
178 octubre de y 17
horas de formación en el curso de Viverista Forestal 2007
2007 días
[…] prestación de servicios personales, como instructor/a
15 de 5 meses
para desarrollar acciones de formación profesional dentro del 12 de abril
69 octubre de y 24
Programa Jóvenes Rurales con el Centro Biotecnológico del de 2008
2008 días
Caribe del SENA Regional Cesar
[…] prestación de servicios personales, como instructor/a
24 de 12 de
para desarrollar acciones de formación profesional dentro del 1 mes y
412 octubre de diciembre
Programa Formacion Titulada en el Centro Biotecnológico del 13 días
2008 de 2008
Caribe del SENA Regional Cesar
[…] Prestar servicios profesionales de carácter temporal, 2 de
2 de abril de
88 como instructor impartiendo formación profesional integral en septiembre 6 meses
2009
los programas de Formación Titulada y Complementaria. de 2009
[…] Prestar los servicies profesionales de carácter temporal 18 de 3 de 2 meses
299 como instructor impartiendo formación profesional integral en septiembre diciembre y 14
los programas de Formación Titulada de 2009 de 2009 días
[…] Prestar los servicios personales de carácter temporal
como instructor diseñando, orientando y asesorando con los
Equipos de Desarrollo Curricular y Ejecutor, el Proceso de
Formación teórico - práctico del aprendiz, aplicando la 1° de 1° de
125 estrategia de Formación por Proyectos, formación profesional febrero de agosto de 6 meses
integral para DESARROLLAR COMPETENCIAS EN 2010 2010
CURSOS DE MA '~EJO Y CONSERVACIÓN DF. PÁRAMOS
Y BOSQUES DE NIEBLA PARA LOS BATALLONES DE
ALTA MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE CODAZZI
[…] Prestar los servicios personales de carácter temporal
como instructor DE PRESERVACION DE LOS RECURSOS
NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE (CONVENIO SENA-
9 de 9 de
FFMM) BATALLON ALTA MONTAÑA, en la población de
33131 septiembre diciembre 3 meses
CODAZZI-Serranía del Perijá, diseñando, orientando y
de 2010 de 2010
asesorando con los Equipos de Desarrollo Curricular y
Ejecutor, el Proceso de Formación teórico - práctico del
aprendiz, aplicando la estrategia de Formación por Proyectos.
[…] Prestación de servicios personales de carácter temporal
como Instructor del Área de Preservación de Recursos
Naturales en los municipios de Agustín Codazzi y Manaure, 1° de
1° de julio
30 Cesar en el Programa de Formación titulada y/o febrero de 5 meses
de 2011
Complementaria, al interior del centro Biotecnológico del 2011
Caribe y su radio de acción, según la ficha caracterizada en el
sistema Sofía
[…]Prestación de servicios personales de carácter temporal
16 de 4 meses
como Instructor en el área de PRODUCCION LIMPIA, dentro 25 de julio
345 diciembre y 22
de los programas de Formación Titulada y/o Complementaria de 2011
de 2011 días
en sus distintas modalidades, pertenecientes al Centro

31 Pese a que en la certificación expedida el 15 de febrero de 2013 por la oficina de relaciones

laborales se relaciona un contrato 331 con el objeto contractual «Prestar sus servicios como
contratista como secretaria, en las instalaciones del centro Multisectorial» con duración de 5 meses
y 14 días, de conformidad con la copia del contrato y el acta de inicio de este se indica como fecha
de inicio y terminación 9 de septiembre y 9 de diciembre de 2010, respectivamente, es decir, con
una duración de 3 meses y con el objeto contractual que se indica en el cuadro

17

Radicado: 20001-23-33-000-2019-00130-01 (6609-2022)
Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

Biotecnológico del Caribe de! SENA Regional Cesar, en el
Departamento del Cesar

[…] Prestación de servicios personales de carácter temporal,
como instructor para periodos fijos para impartir formación
15 de 4 meses
profesional en el área de AGRÍCOLA, con el fin de atender la 29 de junio
13712 febrero de y 14
demanda de formación del programa de Atención a población de 2012
2012 días
desplazada, dentro y fuera del Centro Biotecnológico del
Caribe del SENA regional del Cesar
Prestación de servicios personales de carácter temporal,
como instructor para periodos fijos para impartir formación
8 de
profesional en el área de AGRÍCOLA, con el fin de atender la 8 de agosto
63712 diciembre 4 meses
demanda de formación del programa de Atención a población de 2012
de 2012
desplazada, dentro y fuera del Centro Biotecnológico del
Caribe del SENA regional del Cesar
[…] Prestación de servicios personales de carácter temporal,
como instructor por periodos fijos para impartir formación
profesional en la Red de Conocimiento Agrícola, con el fin de 25 de 31 de
529 atender la demanda de formación del programa de Atención a febrero de agosto de 7 meses
población Victima dentro y fuera del Centro Biotecnológico del 2013 201332
Caribe del SENA regional del Cesar, que se ofertaran durante
la vigencia de 2013
[…] Prestación· de Servicios Profesionales de carácter
temporal, como instructores por periodos fijos para impartir
formación profesional en la Red de Conocimiento Agrícola,
con el fin de atender la demanda de formación del Programa 16 de 7 de
1 mes y
925 de Atención a Población Víctima dentro y fuera del Centro octubre de diciembre
23 días
Biotecnológico del Caribe del SENA Regional Cesar, que se 2013 de 2013
ofertarán durante la vigencia 2013., así como las actividades
de capacitación y/o auditoria para el Sistema Integrado de
Gestión de Calidad del SENA que acuerden las partes.
[…] Prestar los servicios profesionales de carácter temporal,
como instructor, para impartir formación, con el fin de atender
30 de
la demanda de formación del programa de Atención a 23 de enero 7 meses
517 agosto de
Población Victima - Desplazados, así como las actividades de de 2014 y 9 días
2014
capacitación y/o Auditoria para el Sistema Integrado de
Gestión de Calidad del SENA que acuerden las partes
[…] Prestar los servicios personales de carácter temporal
como instructor para impartir formación, con el fin de atender
1° de 30 de
la demanda de formación del Programa de Atención a
1049 octubre de noviembre 2 meses
Población Víctima-Desplazados, así como las actividades de
2014 de 2014
capacitación y/o auditoria para el Sistema Integrado de
Gestión de Calidad del SENA que acuerden las partes
[…] Prestación de servicios Personales de Carácter
Temporal, como instructor en et Programa de Atención a
20 de 18 de 9 meses
Población Victima del Desplazamiento por la Violencia para
606 febrero de diciembre y 27
impartir formación en la Red de conocimiento Agrícola dentro
2015 de 2015 días
de los programas de formación articulados con el Centro
Biotecnológico del Caribe
[…] Prestación de Servicios Personales de· Carácter
13 de
Temporal, como Instructor en el Programa de Atención a
diciembre 9 meses
Población Victima del Desplazamiento por la violencia para 1° de marzo
598 de 2016, y 13
impartir formación en la red de conocimiento agrícola dentro de 2016
producto de días
de los programas de formación articulados con el Centro
una adición.
Biotecnológico del Caribe
14 de
Prestación de servicios personales de carácter temporal,
16 de diciembre 9 meses
como instructor en el programa de atención a población
481 febrero de de 2017, y 27
víctima del desplazamiento por la violencia para impartir
2017 producto de días
formación en la red de conocimiento agrícola dentro de los
una

32 Según se indica en la cláusula de valor y forma de pago del contrato se realizaría un primer pago

por los días de febrero y 6 pagos de los meses de marzo a agosto

18

Radicado: 20001-23-33-000-2019-00130-01 (6609-2022)
Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

programas de formación articulado en el centro biotecnológico modificació
del Caribe, vigencia 2017. n al
contrato
[…] Prestación de Servicios Personales de Carácter
Temporal, como Instructor en el Programa de Atención a
1° de 8 meses
Población Victima del Desplazamiento por la violencia para 25 de julio
541 febrero de y 24
impartir formación en la red de conocimiento AGRÍCOLA de 201834
201833 días
entro de los programas de formación articulados con el
Centro Biotecnológico del Caribe

37.2. Petición del 27 de noviembre de 2018 en la que Rafael Enrique Ramírez
Contreras solicitó al Sena el reconocimiento de la relación laboral y el pago de todas
las prestaciones sociales y salariales a su juicio adeudadas por los servicios
prestados entre el 21 de julio de 2004 y el 25 de julio de 2018.

37.3. Respuesta del 3 de diciembre de 2018 emitida en el radicado 2-2018-001431,
en el que el subdirector del Centro Biotecnológico del Caribe del Sena respondió de
forma negativa a la solicitud presentada por el demandante, para tal efecto
argumentó que los vínculos que tuvo con la entidad no generan a su favor el pago
de dichos emolumentos pues correspondieron a contratos de prestación de
servicios y no existe prueba que acredite el cumplimiento del requisito de
subordinación exigible para una relación laboral.

37.4. Constancia de ejecución de los contratos de prestación de servicios de
Rafael Enrique Ramírez Contreras, suscrita por el subdirector del Centro, de los
años 2005 y del 2013 al 2018.

37.5. Certificación de tiempo de servicios de Rafael Enrique Ramírez Contreras,
suscrita por la oficina de relaciones laborales desde el contrato 317 del 21 de julio
de 2004 hasta el 63712 del 8 de agosto de 2012.

37.6. En la audiencia de pruebas celebrada el 9 de noviembre de 2020, se
recibieron los siguientes testimonios:

37.7. Jaime Jesús Morón Armenta es zootecnista y trabaja en el Sena desde el
año 2003. Conoció al demandante desde el año 2004 cuando este ingresó al Sena
y prestó sus servicios como instructor al igual que él desde ese año en adelante.

Rafael Enrique era instructor de agricultura, porque es ingeniero agrónomo;
37.7.1.
y debía cumplir un horario, comoquiera que el Sena no se puede realizar ningún

33 Según se indica en la cláusula de valor y forma de pago del contrato se realizaría 8 pagos iguales

por los meses de febrero a septiembre y un segundo pago por 24 días de octubre
34
De acuerdo con el contrato la fecha de terminación seria el 24 de octubre de 2018, no obstante,
tanto en la reclamación administrativa como en la demanda los extremos temporales en los que se
solicita el reconocimiento de la relación laboral son del 21 de julio de 2004 al 25 de julio de 2018, sin
que exista otro documento del que se pueda constatar la fecha de terminación.

19

Radicado: 20001-23-33-000-2019-00130-01 (6609-2022)
Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

programa con la dirección del instructor, sino en cumplimiento de un horario, en sus
casos, en diferentes veredas. El coordinador es el que asigna el horario y los
instructores se desplazan para cumplirlo.

37.7.2.El coordinador de la época era José Mendoza, quien impartía las
instrucciones para el cumplimiento de las obligaciones contratadas.

Recibía una remuneración mensualmente y el pago se hacía inicialmente con
37.7.3.
un cheque y con posterioridad a la cuenta bancaria.

El Sena no suministraba uniforme, ni un machete, ni pala, tan solo le daba al
37.7.4.
emprendedor para realizar su proyecto, pero al contratista no le proporcionaba
ningún elemento.

El manejo del horario fuera de Valledupar no podía extenderse más de las 6
37.7.5.
pm porque la ARL no respondía, pero ocasionalmente podía superar dicho horario,
además, por las dificultades de acceso y transporte a las diferentes veredas; y
algunas veces debían asistir días festivos, o fines de semana.

37.7.6. Los informes se rinden mensualmente para poder cobrar el mes.

37.8. Daider Alberto Medina Quiñonez es egresado Sena, instructor a través de
convenio y actualmente se desempeña como autoridad indígena tradicional del
pueblo Zenú.

37.8.1.Es amigo del demandante, fue su compañero de trabajo en el Sena en la
parte de formación en el área de mejoramiento continuo y en la especialización
técnica en pedagogía en la formación profesional integral y aquel fue su instructor
en algunos programas complementarios en temas agrícolas. Lo conoció desde el
año 2000 por una cooperativa que manejaba su esposa en calidad de gerente y
establecieron cercanía, el actor como agrónomo y el cómo líder social y agrario.

37.8.2.Tiene conocimiento de que Rafael Enrique Ramírez Contreras ejerció como
instructor del Sena desde el año 2004 hasta 2020 de forma virtual con ocasión de
la pandemia, y en el tiempo que él estuvo como instructor fueron compañeros de
trabajo.

37.8.3.Como instructores les asignaban un cronograma de trabajo y unos horarios
que debían cumplir, es decir, si debían impartir formación en un corregimiento o
vereda debían presentarse y salir a una hora determinada, pues les tocaba cumplir
unas metas y no podían salirse de esos tiempos; el horario era asignado por el líder
del programa o el funcionario de la institución, como por ejemplo el que manejaba
el programa de joven rural en el departamento; uno de ellos es José Eduardo

20

Radicado: 20001-23-33-000-2019-00130-01 (6609-2022)
Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

Mendoza quien asignaba los horarios.

37.8.4.Además de orientación en el horario daba otras instrucciones porque como
instructores están sujetos a cumplir metas, tan es así que les impartían
capacitaciones y en algunas reuniones en las instalaciones del Sena les daban
orientaciones directas de cómo debían desarrollar las labores en el campo con los
aprendices.

Todos los vinculados a la institución recibían un pago mensual, desde los
37.8.5.
administrativos hasta los instructores, consignación que se hace a una cuenta
bancaria.

El Sena suministraba material de trabajo y formación de la institución, incluso
37.8.6.
el demandante aportaba elementos de forma autónoma para el desarrollo de los
programas como semillas y plantas, dentro y fuera del Centro.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

38. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los elementos
que permiten configurar una relación de trabajo entre Rafael Enrique Ramírez
Contreras y el Sena.

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

39. De acuerdo con los elementos de prueba que obran en el expediente, se advierte
que Rafael Enrique Ramírez Contreras suscribió contratos de «prestación de servicios
personales» como instructor en diferentes programas de formación, pues así se dejó
consignado en el clausulado de los contratos.

40. En efecto, de dichos contratos y de los testimonios se advierte que efectivamente
el demandante fue contratado por el Sena para prestar «servicios personales» como
instructor por sus conocimientos en temas agrícolas de acuerdo con su perfil
profesional como agrónomo; asimismo, los testigos indicaron que era instructor, e
incluso lo fue de Daider Alberto Medina Quiñonez, e impartía formación en
diferentes veredas del departamento del Cesar, sin posibilidad de que otra persona
pudiera cumplir con esta labor, como se extrae de la cláusula de cesión incluida en
todos los contratos en la que se manifestó que el contratista no podría cederlos total
o parcialmente sin autorización previa y expresa del contratista, lo que no se probó
o alegó que hubiese ocurrido; de lo que se sigue que era el actor y no otra persona
quien debía ejecutar las obligaciones pactadas.

21

Radicado: 20001-23-33-000-2019-00130-01 (6609-2022)
Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

41. Asimismo, en las consideraciones de diferentes contratos, como por ejemplo el
345 de 2011, se indicó que el actor presentó su hoja de vida ofreciendo sus servicios
al Sena, quien la seleccionó, además, porque «de conformidad con la certificación
expedida por el Subdirector del Centro el CONTRATISTA se encuentra en capacidad de
ejecutar el objeto del contrato y demostró la idoneidad y experiencia directamente
relacionada requerida», lo que evidencia que era él quien debía cumplir con las
actividades convenidas en atención a su experiencia e idoneidad.

2.4.1.2. Remuneración

42. Rafael Enrique Ramírez Contreras percibió una remuneración por el trabajo
realizado, tal y como se evidencia en los contratos de prestación de servicios que
suscribió, en los que se advierte que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que
se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado,
independientemente de su denominación (honorarios o salario).

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

43. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, se tiene que las funciones desempeñadas por el demandante no se
realizaron de forma autónoma e independiente, sino que estuvo sujeto a horarios,
instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada pues atienden al control
de un superior (coordinadores o líderes de área) para ejecutar las obligaciones
contractuales, por lo que existe una sujeción de él hacia la entidad demandada y,
en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su
servicio, y aquel, a su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que
evidencia el ejercicio del ius variandi por parte del Sena.

44. Los testimonios de Jaime Jesús Morón Armenta y Daider Alberto Medina
Quiñonez dan buena cuenta de las condiciones bajo las cuales el demandante
prestaba sus servicios al Sena, de las que se resalta que en ejercicio de sus
funciones cumplía con un horario y seguía órdenes e instrucciones de los líderes de
los programas de formación; específicamente manifestaron que se asignaba un
cronograma de trabajo y un horario para cumplir en diferentes veredas y que para
la ejecución de las obligaciones pactadas se atendía las instrucciones del líder
quienes coincidieron en afirmar que para la una época fue José Eduardo Mendoza.

45. Asimismo, se indicó que a los instructores se les impartían capacitaciones y en
algunas reuniones en las instalaciones del Sena les daban orientaciones directas
de cómo debían desarrollar sus labores.

46. Las manifestaciones de los testigos dejan ver que la actividad desplegada por
Rafael Enrique Ramírez Contreras se realizó de conformidad con las orientaciones

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Radicado: 20001-23-33-000-2019-00130-01 (6609-2022)
Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

emanadas del centro educativo, en cabeza del líder de programa, y no bajo su
propia dirección y gobierno.

47. Por todo lo anterior, resulta evidente que el empleador impuso las condiciones de
tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos para que
el trabajador desarrollara sus labores, pues si bien es cierto Jaime Jesús Morón
Armenta indicó que no se le suministraban elementos propios de actividades
agrícolas como machetes o palas, también lo es que Daider Alberto Medina
Quiñonez hizo referencia a la proporción de material de trabajo o de formación lo
que no representa una contradicción en las manifestaciones de los testigos, en el
entendido de que por la misión encomendada al Sena se imparte una formación
integral que atiende a los programas curriculares ofertados y a las políticas
institucionales, cuyo material de formación debe atender a ello, por lo que se
advierte que en la ejecución de sus actividades recibió otro tipo de elementos de
trabajo, y aun cuando no se le entregaron los aludidos elementos de trabajo
agrícola, con ello no se desvirtúa el ejercicio del poder subordinante, pues no se
observa que le hubiere asistido ningún tipo de independencia en el desarrollo de la
labor contratada.

48. Esto se advierte también luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las
funciones que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos
entre los extremos procesales y de los testimonios recibidos en el proceso. En ellos
se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria dependencia y
subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las reglas de la
sana crítica, encuentra que es posible determinar la existencia de una relación
laboral subordinada, pues es incuestionable el ánimo de la entidad contratante de
emplear de modo permanente y continuo los servicios del demandante.

49. Así,Rafael Enrique Ramírez Contreras prestó sus servicios al Sena como
instructor en el área agrícola vinculado al Centro Biotecnológico del Caribe, por
alrededor de 14 años, en consideración a su formación y experiencia en la entidad.

50. En virtud de ello ejecutó obligaciones como «[c]umplir el objeto del contrato
descrito en las cláusulas primera y segunda, en los horarios y lugares que el SENA
indique. (…). [r]esponder por los bienes y elementos puestos a su disposición para el
cumplimiento del objeto contratado (…) [r]ealizar las actividades que le asigne el
Subdirector del Centro y que tengan relación directa con el objeto del presente contrato»
igualmente «[c]umplir el objeto y alcance del objeto del contrato, en los horarios necesarios
para dictar la formación profesional y lugares que el SENA indique, prestando sus servicios
con seriedad, responsabilidad, profesionalidad y eficiencia. [c]umplir con Ocho (8) horas
diarias laboral entre horas directas de formación y actividades. [v]igilar y salvaguardar
los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y
racionalmente, para los fines que les fueron entregados de conformidad con el objeto del

23

Radicado: 20001-23-33-000-2019-00130-01 (6609-2022)
Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

contrato suscrito. (…) [d]emostrar el oportuno registro de las evaluaciones y
novedades de los aprendices bajo su responsabilidad, esta obligación será requisito para
el pago. [r]eportar información académica y administrativa según las
responsabilidades institucionales asignadas dentro de los términos establecidos.» y
«[c]omunicar al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias,
novedades de aprendices y hallazgos en el registro de la información»35.

51. Ahora bien, para ejecutar las obligaciones contratadas en la cláusula «alcance
del contrato» contenida, entre otros, en los contratos 88 y 299 de 2009 y 125 de
2010 se manifestó que el demandante debía «además a: a) Seleccionar estrategias de
enseñanza - aprendizaje -- evaluación de los programas de Formación Profesional y el
enfoque metodológico adoptado. b) seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los
resultados propuestos y en las características y requerimientos de los aprendices. c)
Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos
de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes. d)
Programar las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación de conformidad con los
módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos
para la ejecución de acciones de Formación profesional. e) Reportar información
académica y administrativa según las responsabilidades institucionales asignadas dentro
de los términos establecidos. f) Evaluar oportunamente la formación de los aprendices
durante el proceso educativo de acuerdo con el manual de evaluación».

52. Asimismo, «[p]articipar en el proceso de inducción de aprendices asegurando el alcance
de los objetivos propuestos en la Institución. (…) [a]plicar instrumentos de evaluación de
acuerdo a los criterios establecidos en el programa de formación h) Registrar en el
Aplicativo Vigente los juicios de evaluación de competencias o resultados de aprendizaje
alcanzado por los aprendices». Todo lo anterior evidencia que la labor no podía ser
desarrollada en forma autónoma e independiente.

53. En esa medida, se advierte que la misión del Sena es la de «intervenir en el
desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en
actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del
país»36, función que cumple en desarrollo de su actividad y que guarda similitud con
las labores desempeñadas por el demandante, es decir, este ejecutó labores que
permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad, como instructor, pues la
labor formadora es de carácter permanente.

54. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
instructor o formador al servicio del Sena, al tiempo que corrobora que no puede
dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual,
puesto que se trata de funciones que atañen a la esencia y finalidad de la entidad.

35
Contrato 1049 de 2014
36 Ley 119 de 1994, artículo 2.

24

Radicado: 20001-23-33-000-2019-00130-01 (6609-2022)
Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

55. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»37.

56. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»38.

57. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte del demandante estaba sujeto a
medidas u órdenes del Sena, a saber: la imposición de un horario y/o el
cumplimiento de un esquema formativo, la sujeción a directrices de los
coordinadores o líderes de área de las que se resalta el ejercicio del ius variandi al
establecerle responsabilidades particulares en cuanto a los programas de
formación, la evaluación de los aprendices, y la ejecución de actividades
curriculares, lo que demuestra que la entidad, en su calidad de empleadora, contaba
con la posibilidad de disponer del trabajo del demandante y lo que denota la
existencia de una indiscutible subordinación.

58. Ahora bien, la Sala echa de menos que pese a las disposiciones contenidas en
la Ley 909 de 2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas
temporales que atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio
formativo, por lo tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las
obligaciones para las cuales fue contratado el demandante no es un argumento que
enerve las consideraciones expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia
de planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se
ejercieron bajo la subordinación de la entidad por espacio de 14 años.

59. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, el demandante
haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en el
contrato de prestación de servicios resulta indiferente en una situación como la
expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como argumento válido para

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
38 Ibidem.

25

Radicado: 20001-23-33-000-2019-00130-01 (6609-2022)
Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley prevé en su favor»39,
tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.

60. Así las cosas, se encuentra demostrada la existencia de los elementos de la
relación laboral de acuerdo con los contratos de prestación de servicios y los
testimonios practicados.

2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

61. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

62. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta corporación
en sentencia de unificación dispuso que:

«[…] 150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el

39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,

radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

26

Radicado: 20001-23-33-000-2019-00130-01 (6609-2022)
Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse […]».

63. Esta decisión fue aclarada en auto del 11 de noviembre de 2021, en el que la
Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales […]».

64. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:

«[…]

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)». [Se resalta].

65. Así las cosas, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual»40.

66. En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 27 de noviembre de
2018 y existieron interrupciones injustificadas superiores a 30 días hábiles entre los
lapsos en que se declaró la existencia de una relación laboral, ello implicó la solución
de continuidad en la prestación del servicio y la exigencia de presentar la
reclamación administrativa dentro de los 3 años siguientes; no obstante, se

40 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.

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Radicado: 20001-23-33-000-2019-00130-01 (6609-2022)
Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

determinará que acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción de las prestaciones
sociales a que tiene derecho antes del 30 de noviembre de 2014. Lo anterior se
advierte en el siguiente recuento:

Contrato Fecha inicio Fecha terminación Interrupción en días hábiles

317 21 de julio de 2004 30 de noviembre de 2004 -

132 23 de agosto de 2005 27 de diciembre de 2005 178 días
41 27 de febrero de 2006 27 de junio de 2006 43 días
375 17 de octubre de 2006 1° de diciembre de 2006 75 días
49 12 de abril de 2007 18 de mayo de 2007 87 días
178 9 de julio de 2007 26 de octubre de 2007 32 días
69 12 de abril de 2008 15 de octubre de 2008 112 días
412 24 de octubre de 2008 12 de diciembre de 2008 7 días
88 2 de abril de 2009 2 de septiembre de 2009 75 días
299 18 de septiembre de 2009 3 de diciembre de 2009 12 días
125 1° de febrero de 2010 1° de agosto de 2010 38 días
33141 9 de septiembre de 2010 9 de diciembre de 2010 22 días
30 1° de febrero de 2011 1° de julio de 2011 37 días
345 25 de julio de 2011 16 de diciembre de 2011 14 días
13712 15 de febrero de 2012 29 de junio de 2012 42 días
63712 8 de agosto de 2012 8 de diciembre de 2012 25 días
529 25 de febrero de 2013 31 de agosto de 2013 53 días
925 16 de octubre de 2013 7 de diciembre de 2013 32 días
517 23 de enero de 2014 30 de agosto de 2014 31 días
1049 1° de octubre de 2014 30 de noviembre de 2014 23 días
606 20 de febrero de 2015 18 de diciembre de 2015 56 días
13 de diciembre de 2016,
598 1° de marzo de 2016 48 días
producto de una adición.
14 de diciembre de 2017,
481 16 de febrero de 2017 producto de una modificación 46 días
al contrato
541 1° de febrero de 2018 25 de julio de 2018 32 días

67. Pues bien, entre los contratos 317 del 2004 y 132 del 2005; 41 del 2006 y 375
del 2006; 49 del 2007 y 178 del 2007; y 529 del 2013 y 925 del 2013, hubo
interrupciones superiores a 30 días hábiles sin justificación; y entre los contratos
375 del 2006 y 49 del 2007; 178 del 2007 y 69 del 2008; 412 del 2008 y 88 del 2009;
63712 del 2012 y 529 del 2013; 1049 del 2014 y 606 del 2015; y 606 del 2015 y 598
del 2016 pese a descontar el periodo de vacaciones según el calendario académico

41 Pese a que en la certificación expedida el 15 de febrero de 2013 por la oficina de relaciones

laborales se relaciona un contrato 331 con el objeto contractual «Prestar sus servicios como
contratista como secretaria, en las instalaciones del centro Multisectorial» con duración de 5 meses
y 14 días, de conformidad con la copia del contrato y el acta de inicio de este se indica como fecha
de inicio y terminación 9 de septiembre y 9 de diciembre de 2010, respectivamente, es decir, con
una duración de 3 meses y con el objeto contractual que se indica en el cuadro

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Radicado: 20001-23-33-000-2019-00130-01 (6609-2022)
Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

del Sena, pues se dieron entre diciembre y enero, aun así se superó el periodo de
30 días hábiles] como indicador temporal de la no solución de continuidad entre
contratos.

68. Ahora bien, aunque entre la terminación del contrato 606 el 18 de diciembre de
2015 y la suscripción del 598 el 1° de marzo de 2016 transcurrieron más de 30 días,
la reclamación administrativa se presentó el 27 de noviembre de 2018, es decir,
dentro de los 3 años siguientes a la terminación de la relación contractual.

69. Es así como, la interrupción que implica el acaecimiento del fenómeno jurídico de
la prescripción extintiva es aquella que se presenta entre los contratos 1049 del
2014 y 606 del 2015, pues el primero terminó el 30 de noviembre de 2014 y el
segundo inició el 20 de febrero de 2015, plazo que aun descontando los días de
vacaciones excede los 30 días hábiles, sin que se haya alegado alguna otra razón
que justifique tal interrupción.

70. En tal sentido, y ante dicha interrupción, la oportunidad para que el demandante
presentara la reclamación venció el 30 de noviembre de 2017. Sin que sea
necesario pronunciarse sobre las interrupciones anteriores pues en todo caso
superaron la exigencia de los 3 años con los que contaba el demandante para
solicitar por vía administrativa el reconocimiento de la relación laboral y por ende el
pago de los salarios y prestaciones correspondientes.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

71. Con base en todo lo anterior, se establece que Rafael Enrique Ramírez Contreras
tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores que por concepto de
prestaciones legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle, con base
en el salario de un empleado de planta que desarrolle iguales funciones, pero
únicamente el valor correspondiente a los periodos en los que no operó el
fenómeno prescriptivo, esto es entre el 20 de febrero de 2015 y el 25 de julio de
2018, salvo sus interrupciones.

72. Sin embargo, el Sena deberá calcular el ingreso base de cotización (IBC)
pensional de Rafael Enrique Ramírez Contreras, que corresponde a los salarios
de un empleado de planta que desarrollara funciones de instructor por todos
los periodos laborados, por su carácter de imprescriptibles42, para lo cual deberá
cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía como
empleador. Para estos efectos, el demandante deberá acreditar las cotizaciones

42Sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 2016, expediente con radicación
23001233300020130026001 (0088-2015).

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Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la
salvedad de que en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su
contra, tendrá la carga de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como
empleado.

73. Como puede apreciarse, las consideraciones expuestas en esta decisión se
fundamentan en el principio de «a trabajo igual salario igual», que se deriva del artículo
7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales43 frente al
cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de los trabajadores
en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad, cantidad y
calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de condiciones, sin
desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata de hipótesis
distintas44.

74. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Rafael Enrique Ramírez Contreras debía ser remunerada
de conformidad con lo devengado por un instructor de planta, en la medida en que
realizaba iguales funciones a las suyas.

75. Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia 45 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público […]», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud del aludido
principio de «a trabajo igual salario igual».

76. En consideración a esto, al actor le asiste el derecho al reconocimiento de las
prestaciones de carácter legal que devengara un instructor de la entidad

43 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
44 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).

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Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

demandada que desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales como vacaciones,
primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.

77. Por tal razón, la entidad deberá calcular las prestaciones de orden legal, para lo
cual tomará como referente los salarios de un empleado de planta, en el periodo
reconocido y frente al cual no operó la prescripción.

78. Si bien en oportunidades anteriores esta Subsección ha señalado que por el
reconocimiento de una relación laboral «no surge el derecho al reconocimiento y pago
de las diferencias salariales»46; esta Sala modificó su postura para señalar que en
estos asuntos el restablecimiento del derecho comporta, además, el
reconocimiento y pago de la diferencia que pueda existir entre lo devengado por los
empleados de planta de la entidad y los honorarios que le fueron pagados a los
contratistas.

79. Lo anterior tiene soporte en las garantías de orden constitucional que impone a
las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales47, en virtud de los cuales le corresponde al juez
proteger a los trabajadores de las arbitrariedades que se puedan presentar en sus
condiciones laborales.

80. En efecto situaciones como las descritas en el sub judice plantean un dilema que
debe resolverse a la luz de los principios y derechos garantizados por la
Constitución Política de manera que el debate jurídico imponga un análisis que evite
vaciar el contenido y alcance los derechos en pugna, que no son otros que los de
los trabajadores en el marco de un Estado social de derecho, en el que debe existir
proporcionalidad entre el servicio y su remuneración, «puesto que ello es una lógica
consecuencia de la naturaleza sinalagmática y conmutativa de la relación laboral»48.

81. Así las cosas, en casos como el que es objeto de estudio por la Sala, a pesar de
tratarse de funciones iguales a las de los empleados de planta, los contratistas no
reciben la remuneración correspondiente al ejercicio de esa función pública, pues la
retribución por los servicios prestados es denominada honorarios, los cuales son
consecuencia del ejercicio irregular de una figura contractual que se desnaturalizó,
lo que desconoce el carácter fundamental del derecho al trabajo y la especial
protección que ordena la Constitución y que está estrechamente ligada con la

46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001-23-33-000-2013-00091-01 (0237 2014), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
47 Artículo 53 de la Constitución Política.
48 Sentencia T-102 de 1995.

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Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

dignidad humana y la justicia material.

82. Aunado a lo expuesto, reconocer iguales condiciones laborales a los contratistas
que acrediten que prestaron sus servicios a la entidad en el marco de una verdadera
relación laboral, implica darle eficacia a ese principio constitucional al que se ha
aludido en esta decisión y aplicarlo en su integridad para así eliminar las diferencias
surgidas en esa relación contractual que encubría una laboral.

83. De esta manera el juez de lo contencioso administrativo en material laboral, al
advertir que la carga de igualdad se rompió, pues el contratista fue remunerado en
forma disímil de los demás empleados de planta, debe utilizar los mecanismos
necesarios para combatir esa situación de inequidad y garantizar así la movilidad
salarial.

84. Así las cosas, no reconocer el reajuste salarial constituye no solo una violación a
la legislación laboral contenida en el ordenamiento interno, sino también a los
tratados internacionales ratificados por Colombia, los cuales al tenor del artículo 93
de la Constitución hacen parte del bloque de constitucionalidad.

85. De acuerdo con lo anterior, es procedente el reconocimiento y pago de las
diferencias que resulten entre lo que recibió aquel por concepto de honorarios y lo
percibido por un instructor del Sena que cumplía sus mismas funciones en igualdad
de condiciones de dicho cargo de la entidad.

86. Ahora bien, es improcedente la devolución de las retenciones efectuadas, en
consideración a lo dispuesto por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del 13 de mayo de 201549, según la cual «no hay lugar a ordenar la
devolución de los descuentos realizados al actor por concepto de retención de la fuente,
pues si bien es cierto se desnaturalizó la vinculación de origen contractual, también lo es
que la declaración de la existencia de dicha relación no implica per se la devolución de
sumas de dinero que se generaron en virtud de la celebración contractual, pues la finalidad
del restablecimiento de derecho es el reconocimiento de emolumentos salariales y
prestacionales dejados de percibir con la relación laboral oculta más no la devolución de
sumas pagadas con ocasión del contrato50».

87. En cuanto al trabajo suplementario no se aportó material probatorio que
permitiera establecer de manera cierta su causación, es decir, pruebas de las que
fuera posible determinar con exactitud las horas extraordinarias o fuera del horario
habitual ordinario, el número cierto de dominicales y/o festivos y los horarios en que

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 13

de mayo de 2015. Expediente: 68001233100020090063601 (1224-2014). M.P.: Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
50 «Ver Sentencia de 17 de noviembre de 2011 proferida por esta Subsección, M.P. Víctor Hernando

Alvarado Ardila, Expediente N. 25000232500020080065501 (1422-2011)».

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Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

se le asignaron. Por ende, era necesario que el interesado demostrara que trabajó
tiempo extra, si fue ordinario, festivo o dominical, si existió compensación o no y si
se le autorizó para tal efecto, pero no lo hizo. En consecuencia, no hay lugar a tal
reconocimiento.

88. Se ha de señalar que, no por el hecho de haber laborado para el Estado se
adquiere la calidad de empleado público, dadas las condiciones especiales que se
predican de dicha vinculación establecidas en la Constitución y la ley. Por lo tanto,
al demandante no se le puede dar dicha connotación.

89. Por lo analizado, la Sala revocará la sentencia apelada que negó las pretensiones
de la demanda.

2.4. Costas

90. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

91. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

92. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma51.

93. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

51En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

94. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

95. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que hubo una relación laboral
entre Rafael Enrique Ramírez Contreras y el Sena entre el 21 de julio de 2004 y el
25 de julio de 2018, salvo sus interrupciones. Sin embargo, las prestaciones a que
tiene derecho en virtud de la prestación de sus servicios en el periodo comprendido
entre el 21 de julio de 2004 y el 30 de noviembre de 2014 se extinguieron en virtud
de la prescripción, pero este será tenido en cuenta para efectos pensionales.

96. A diferencia de ello, por los periodos restantes, esto es del 20 de febrero de 2015
al 25 de julio de 2018, el demandante tiene derecho al reconocimiento de las
prestaciones de orden legal, para lo cual la entidad tomará como referente los
salarios de un empleado de planta que desarrollaba funciones de instructor en dicho
periodo.

4. Aceptación de renuncia

97. La abogada July Paola Fajardo Silva, identificada con cédula de ciudadanía
1.020.720.692 de Bogotá y portadora de la tarjeta profesional 185.456 del Consejo
Superior de la Judicatura, presentó renuncia al poder conferido por el Servicio
Nacional de Aprendiza (Sena). Para ello, adjuntó la comunicación de la renuncia a
los correos electrónicos janame@sena.edu.co y judicialcesar@sena.edu.co. Por lo
tanto, se aceptará la renuncia del poder conferido a ella en los términos del artículo
76 del CGP.

98. Por su parte, el abogado Amauri José Villareal Tordecilla, identificado con cédula
de ciudadanía 91.521.585 y portador de la tarjeta profesional 176457 del Consejo
Superior de la Judicatura, solicitó que se aceptara su renuncia como apoderado del
Servicio Nacional de Aprendiza (Sena). No obstante, no obra en el expediente el
poder a él conferido. Por lo tanto, no se le reconoció personería para actuar en el
presente proceso y, en consecuencia, no hay lugar a pronunciarse sobre la renuncia
presentada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicado: 20001-23-33-000-2019-00130-01 (6609-2022)
Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 21 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, mediante la cual se negaron a las pretensiones de la
demanda incoada por Rafael Enrique Ramírez Contreras contra el Servicio Nacional
de Aprendizaje (Sena) de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. En su lugar se dispone:

Segundo. Declarar la nulidad del Oficio 2-2018-001431 del 3 de diciembre de
2018, por medio del cual el Sena le negó la existencia de una relación laboral y el
reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.

Tercero. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, declarar la existencia de una relación laboral entre Rafael Enrique Ramírez
Contreras y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) durante el periodo
comprendido entre el 21 de julio de 2004 y el 25 de julio de 2018, tiempo que se
tendrá en cuenta para efectos pensionales.

Cuarto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a reconocer a Rafael
Enrique Ramírez Contreras las prestaciones sociales comunes a su cargo, propias
de los empleados públicos, las cuales deberán liquidarse con base en la asignación
salarial del cargo de instructor, así como el pago del reajuste salarial.

Quinto. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que tome el ingreso
base de cotización o IBC del demandante, dentro de los períodos laborados por
prestación de servicios, esto es entre el 21 de julio de 2004 y el 25 de julio de
2018, salvo las interrupciones, mes a mes, y efectúe los aportes para pensión solo
en el porcentaje que le correspondía como empleador, los cuales deberán liquidarse
con base en la asignación salarial del cargo de instructor.

Sexto. Declarar probada la excepción de prescripción del derecho reclamado por el
actor, respecto de las prestaciones sociales causadas entre el 21 de julio de 2004 y
el 30 de noviembre de 2014, salvo en lo relacionado con los aportes para pensión.

Séptimo. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) hará la actualización sobre las
sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final)
del CPACA, en consideración a los índices de precios al consumidor (IPC)
certificados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y
mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado,
a saber:

R = Rh. índice final__

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Demandante: Rafael Enrique Ramírez Contreras

índice inicial

Octavo. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Noveno. Aceptar la renuncia de July Paola Fajardo Silva, identificada con cédula
de ciudadanía 1.020.720.692 de Bogotá y portadora de la tarjeta profesional
185.456 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada del Servicio
Nacional de Aprendiza (Sena).

Décimo. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

Undécimo. No condenar en costas en esta instancia.

Duodécimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

36

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